Sáhara: lógica y razón

Por Luis Alejandre, general (EL PERIÓDICO, 19/09/08):

Causa impresión, por la amarga decepción que se desprende de ella, la lectura del testamento político que el recién cesado enviado personal del secretario General de Naciones Unidas para el Sáhara, Peter Van Walsum, difundió en forma de tribuna en el diario El País el pasado 28 de agosto.

El veterano diplomático holandés, de 74 años, había sido nombrado por el anterior secretario general de la ONU, Kofi Annan, en agosto del 2005, para suceder, después de un difícil paréntesis de un año, al norteamericano comisionado para ese cargo, James Baker, que presentó su dimisión en el mes junio del 2004.

Para Marruecos, Baker fue un hombre con coraje, que cumplió su misión con mucha objetividad. Tuvo la valentía, según el ministro portavoz del Gobierno marroquí, Khalid Naciri, de “afirmar aquello que todos los sabios del mundo admiten: que la creación de un sexto Estado en el Magreb es absurda”.

EN CAMBIO, la versión del Frente Polisario es muy diferente. Su líder, Mohamed Abdelaziz, había descalificado reiteradamente a Baker y había solicitado su destitución. Esa exigencia, planteada ante la ONU, era la condición previa para seguir negociando con Marruecos –en lo que sería una quinta ronda– en el suburbio neoyorquino de Manhasset, donde desde hace un año se celebran conversaciones bilaterales. “Se ha autoexcluido por su posición favorable al ocupante marroquí”, ha declarado recientemente Abdelaziz sobre Baker.

En mi opinión, la carta de Van Walsum es honesta y pretende prestar un último servicio a la comunidad internacional, alertando de los rígidos condicionantes que colapsan cualquier intento de solucionar el problema. Reconoce el diplomático holandés que el derecho internacional avala las tesis del Polisario. Esa tesis hace referencia a la resolución 1514 sobre descolonización y autodeterminación aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1960 y a la interpretación que posteriormente, en 1975, hizo la Corte Internacional de Justicia, que proclamó la “no existencia de vínculos precoloniales entre Marruecos y el Sáhara que pudieran afectar a dicha resolución”.

No obstante, Van Walsum sostiene que “la legalidad internacional no es lo mismo que el derecho internacional. Es evidente que el Consejo de Seguridad tiene que acatar el derecho, pero también tiene que tener en cuenta la realidad política”. Aquí radica el problema.

Tras su experiencia de tres años, Walsum afronta de forma valiente la difícil situación real. Parte de la base de que el Consejo de Seguridad impondrá siempre una fórmula consensuada. ¡Demasiados problemas hay en el mundo como para pensar en imponer un estatus determinado en el Sáhara aplicando las medidas coercitivas que contempla el capítulo VII de la carta fundacional de la ONU! Es lo que parece deducirse de estos hechos.

Pero esta solución consensuada choca con un primer escollo: Marruecos se niega a llevar a cabo el referendo reiteradamente recomendado por Naciones Unidas. Y un segundo escollo es aun más determinante: el Polisario solo quiere hablar de soberanía completa.

VAN WALSUM apunta que “si el Frente Polisario pudiera contemplar una hipotética solución negociada que no fuera la independencia total, contaría seguramente con un abrumador apoyo internacional” que garantizaría el pleno uso de sus libertades y constantes históricas. No debería despreciarse este último mensaje de un diplomático con experiencia y reconocida honestidad, si no se quiere perpetuar el problema del pueblo saharaui.

Cuando a este diplomático se le sugiere el caso de Timor Oriental, que permaneció ocupado por Indonesia durante 24 años antes de acceder a su independencia, y se pretende comparar esa situación con la del Sáhara, responde: “Es moralmente satisfactorio brindar un apoyo incondicional a los que están en su derecho, pero debe tenerse en cuenta el riesgo de crear falsas esperanzas y prolongar la agonía”.

El actual secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki Moon, estuvo hace unas semanas en Madrid. Por supuesto que le preocupa el tema, y por supuesto que España está muy sensibilizada con el problema del Sáhara y materializa su apoyo de mil formas, entre las que fluye la generosidad y un honesto sentimiento de apoyo al mas débil. En la agenda del Gobierno, y concretamente en la del ministro de Asuntos Exteriores, el tema está sobre la mesa. Si han pasado 33 años de la salida de España del territorio, ¿es posible proponer que sea un español el próximo enviado especial del secretario general de la ONU? Hay suficientes personas capaces de hacer esa labor, porque las posibles reticencias están más que superadas. Aquí se ama a marroquís y saharauis, estamos próximos a ellos y hemos demostrado ser generosos y buenos gestores en misiones internacionales.

ES BUENO el orgullo de un pueblo. Conocemos, y está más que constatado, el del pueblo saharaui. Pero el sacrificio de sucesivas generaciones no puede eternizarse. No es imposible encontrar soluciones históricas en los manuales de derecho internacional. Es cuestión de conjuntar razón y lógica.

>Sáhara: lógica y razón

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Por Luis Alejandre, general (EL PERIÓDICO, 19/09/08):

Causa impresión, por la amarga decepción que se desprende de ella, la lectura del testamento político que el recién cesado enviado personal del secretario General de Naciones Unidas para el Sáhara, Peter Van Walsum, difundió en forma de tribuna en el diario El País el pasado 28 de agosto.

El veterano diplomático holandés, de 74 años, había sido nombrado por el anterior secretario general de la ONU, Kofi Annan, en agosto del 2005, para suceder, después de un difícil paréntesis de un año, al norteamericano comisionado para ese cargo, James Baker, que presentó su dimisión en el mes junio del 2004.

Para Marruecos, Baker fue un hombre con coraje, que cumplió su misión con mucha objetividad. Tuvo la valentía, según el ministro portavoz del Gobierno marroquí, Khalid Naciri, de “afirmar aquello que todos los sabios del mundo admiten: que la creación de un sexto Estado en el Magreb es absurda”.

EN CAMBIO, la versión del Frente Polisario es muy diferente. Su líder, Mohamed Abdelaziz, había descalificado reiteradamente a Baker y había solicitado su destitución. Esa exigencia, planteada ante la ONU, era la condición previa para seguir negociando con Marruecos –en lo que sería una quinta ronda– en el suburbio neoyorquino de Manhasset, donde desde hace un año se celebran conversaciones bilaterales. “Se ha autoexcluido por su posición favorable al ocupante marroquí”, ha declarado recientemente Abdelaziz sobre Baker.

En mi opinión, la carta de Van Walsum es honesta y pretende prestar un último servicio a la comunidad internacional, alertando de los rígidos condicionantes que colapsan cualquier intento de solucionar el problema. Reconoce el diplomático holandés que el derecho internacional avala las tesis del Polisario. Esa tesis hace referencia a la resolución 1514 sobre descolonización y autodeterminación aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1960 y a la interpretación que posteriormente, en 1975, hizo la Corte Internacional de Justicia, que proclamó la “no existencia de vínculos precoloniales entre Marruecos y el Sáhara que pudieran afectar a dicha resolución”.

No obstante, Van Walsum sostiene que “la legalidad internacional no es lo mismo que el derecho internacional. Es evidente que el Consejo de Seguridad tiene que acatar el derecho, pero también tiene que tener en cuenta la realidad política”. Aquí radica el problema.

Tras su experiencia de tres años, Walsum afronta de forma valiente la difícil situación real. Parte de la base de que el Consejo de Seguridad impondrá siempre una fórmula consensuada. ¡Demasiados problemas hay en el mundo como para pensar en imponer un estatus determinado en el Sáhara aplicando las medidas coercitivas que contempla el capítulo VII de la carta fundacional de la ONU! Es lo que parece deducirse de estos hechos.

Pero esta solución consensuada choca con un primer escollo: Marruecos se niega a llevar a cabo el referendo reiteradamente recomendado por Naciones Unidas. Y un segundo escollo es aun más determinante: el Polisario solo quiere hablar de soberanía completa.

VAN WALSUM apunta que “si el Frente Polisario pudiera contemplar una hipotética solución negociada que no fuera la independencia total, contaría seguramente con un abrumador apoyo internacional” que garantizaría el pleno uso de sus libertades y constantes históricas. No debería despreciarse este último mensaje de un diplomático con experiencia y reconocida honestidad, si no se quiere perpetuar el problema del pueblo saharaui.

Cuando a este diplomático se le sugiere el caso de Timor Oriental, que permaneció ocupado por Indonesia durante 24 años antes de acceder a su independencia, y se pretende comparar esa situación con la del Sáhara, responde: “Es moralmente satisfactorio brindar un apoyo incondicional a los que están en su derecho, pero debe tenerse en cuenta el riesgo de crear falsas esperanzas y prolongar la agonía”.

El actual secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki Moon, estuvo hace unas semanas en Madrid. Por supuesto que le preocupa el tema, y por supuesto que España está muy sensibilizada con el problema del Sáhara y materializa su apoyo de mil formas, entre las que fluye la generosidad y un honesto sentimiento de apoyo al mas débil. En la agenda del Gobierno, y concretamente en la del ministro de Asuntos Exteriores, el tema está sobre la mesa. Si han pasado 33 años de la salida de España del territorio, ¿es posible proponer que sea un español el próximo enviado especial del secretario general de la ONU? Hay suficientes personas capaces de hacer esa labor, porque las posibles reticencias están más que superadas. Aquí se ama a marroquís y saharauis, estamos próximos a ellos y hemos demostrado ser generosos y buenos gestores en misiones internacionales.

ES BUENO el orgullo de un pueblo. Conocemos, y está más que constatado, el del pueblo saharaui. Pero el sacrificio de sucesivas generaciones no puede eternizarse. No es imposible encontrar soluciones históricas en los manuales de derecho internacional. Es cuestión de conjuntar razón y lógica.

El largo y complejo problema del Sáhara

Por Peter van Walsum, diplomático holandés y fue enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Traducción de Jesús Cuéllar Menezo (EL PAÍS, 28/08/08):

Escribo esta tribuna como antiguo enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Fui nombrado inicialmente por Kofi Annan en agosto de 2005, y la quinta prórroga semianual de mi nombramiento expiró el pasado 21 de agosto. La razón por la que escribo hoy es que me gustaría aprovechar el breve interludio entre el periodo en el que he tenido que contenerme a la hora de expresar mis opiniones personales porque era el enviado personal del secretario general y el momento, muy próximo, en el que mis opiniones personales ya no interesarán a nadie porque ya no soy el enviado personal del secretario general.

En vista de los 33 años que ha durado el contencioso sobre el Sáhara Occidental, en ocasiones caigo en la tentación de pensar que no he logrado encontrarle una solución porque es un problema insoluble. Si me resisto a esa tentación es porque continúo creyendo que con voluntad política sí podría resolverse.

Mi análisis no ha cambiado desde que presenté mi primer informe oral ante el Consejo de Seguridad en enero de 2006. Pensaba que los dos componentes principales que propiciaban el punto muerto al que se había llegado eran la decisión tomada por Marruecos en abril de 2004 de no aceptar ningún referéndum que planteara una posible independencia, y la inquebrantable convicción del Consejo de Seguridad, en el sentido de que el problema del Sáhara Occidental debía resolverse gracias a una solución consensuada. Yo me centré en este último componente, porque, como apunté entonces, si el Consejo hubiera estado dispuesto a imponer una solución, mi análisis habría sido muy diferente. En realidad, la necesidad de llegar a una solución consensuada tenía que ser el punto de partida de todo análisis.

Esto me llevó a la conclusión de que sólo había dos opciones: que se prolongara indefinidamente el punto muerto actual o que se iniciaran negociaciones directas entre las partes. En dichas negociaciones habría que embarcarse sin condiciones previas, y yo reconocía que lo más realista era pronosticar que, mientras Marruecos ocupara gran parte del territorio y el Consejo de Seguridad no estuviera dispuesto a presionarle, el resultado no llegaría a ser un Sáhara Occidental independiente.

La conclusión fue criticada por quienes pensaban que no era ético esperar que el Polisario aceptara la realidad política simplemente porque Marruecos y el Consejo de Seguridad no respetaban la legalidad internacional expresada en la resolución 1514 (sobre descolonización y autodeterminación), tomada por la Asamblea General en 1960, y en la opinión consultiva de 1975 de la Corte Internacional de Justicia (sobre la ausencia de vínculos precoloniales entre Marruecos y el Sáhara Occidental que pudieran afectar a la aplicación de dicha resolución). No eran éstas críticas que un mediador pudiera limitarse a pasar por alto, pero yo tenía la sensación de que había que ponerlas en la balanza con el riesgo de dar falsas esperanzas al Polisario, animándole a no tener en cuenta algo indiscutible, que desde el inicio del contencioso en 1975, el Consejo de Seguridad siempre había dejado claro que sólo podría tolerar una solución consensuada.

Por desgracia, lo que los partidarios del Polisario le prodigaron generosamente fue precisamente esa clase de ánimo. Insistían en que tarde o temprano el Consejo reconocería que había que respetar la legalidad internacional y obligaría a Marruecos a aceptar un referéndum que diera como opción la independencia.

La razón por la que no creo que esto vaya a ocurrir es que la legalidad internacional no es lo mismo que el derecho internacional. Evidentemente, el Consejo de Seguridad tiene que acatar el derecho internacional, pero también tiene que tener en cuenta la realidad política. Tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia son órganos principales de las Naciones Unidas. No se rigen por un orden jerárquico, sino que cada uno tiene sus propios poderes, descritos en la Carta de las Naciones Unidas y en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En el Artículo 24 de dicha Carta, los Estados miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Para cumplir con ella, el Consejo no tiene más remedio que tener en cuenta la realidad política. Si lo hace así, actúa dentro de los límites que para sus poderes determina la Carta de las Naciones Unidas y se atiene, por tanto, al derecho internacional.

El Consejo no suele debatir los factores políticos que tiene en consideración cada uno de los Estados miembros, de manera que su peso relativo en la génesis de una resolución nunca se sabe, ni siquiera lo conocen los propios miembros del Consejo. Los potenciales factores políticos pueden ser, por ejemplo, el miedo al efecto desestabilizador de una acción coactiva, la seguridad de que reparar una injusticia 33 años después pueda reportar nuevas injusticias, o la renuencia a contribuir a la posible creación de otro Estado fallido.

Cuando se enfrenta a un contencioso, el Consejo decide por sí solo si se va a atener al Capítulo VI (arreglo pacífico de controversias) o al Capítulo VII (posible uso de la fuerza en caso de amenazas a la paz o actos de agresión), y sus decisiones no pueden ser invalidadas por ningún otro órgano. No hay nada en el derecho internacional que obligue al Consejo de Seguridad a utilizar todos los poderes que tiene a su disposición para poner en práctica las resoluciones de la Asamblea General o las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia.

Ésta es la razón por la que las críticas a la falta de respeto del Consejo a la legalidad internacional han tenido siempre tan pocas consecuencias. Entre los Estados miembros del Consejo que con más decisión insisten en que sólo puede haber una solución consensuada para el problema del Sáhara Occidental, nunca me he topado con ninguno que pensara que esta insistencia pudiera, por tanto, vulnerar el derecho internacional. Todo esto no significa que en el Consejo no haya a quien le preocupe que se continúe en punto muerto. Sin embargo, sí está aumentando la sensación de que la insistencia del Polisario en la independencia total del Sáhara Occidental tiene la consecuencia no deseada de agravar el bloqueo y de perpetuar el statu quo.

Hay una salida, pero es muy laboriosa, y conllevaría el mantenimiento de difíciles y auténticas negociaciones. Si el Polisario pudiera contemplar una hipotética solución negociada que no fuera la independencia total, contaría inmediatamente con un abrumador apoyo internacional para su lógica insistencia en la plasmación de garantías sólidas, avaladas internacionalmente, de que en el futuro no se revoque el acuerdo constitucional pactado o de que, aduciendo razones de seguridad nacional, no se vayan socavando gradualmente derechos civiles como la libertad de expresión. Si en algún momento futuro el Polisario está dispuesto a examinar esta posibilidad, espero que no se limite a introducir enmiendas en la propuesta marroquí, sino que presente su propia propuesta global de autonomía.

No espero que el Polisario dé ese paso en un futuro previsible. Nada cambiará por el momento: el Polisario seguirá exigiendo un referéndum que plantee la opción independentista, Marruecos continuará rechazándolo y el Consejo de Seguridad seguirá insistiendo en alcanzar una solución consensuada. Entretanto, la comunidad internacional continuará acostumbrándose al statu quo.

>El largo y complejo problema del Sáhara

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Por Peter van Walsum, diplomático holandés y fue enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Traducción de Jesús Cuéllar Menezo (EL PAÍS, 28/08/08):

Escribo esta tribuna como antiguo enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Fui nombrado inicialmente por Kofi Annan en agosto de 2005, y la quinta prórroga semianual de mi nombramiento expiró el pasado 21 de agosto. La razón por la que escribo hoy es que me gustaría aprovechar el breve interludio entre el periodo en el que he tenido que contenerme a la hora de expresar mis opiniones personales porque era el enviado personal del secretario general y el momento, muy próximo, en el que mis opiniones personales ya no interesarán a nadie porque ya no soy el enviado personal del secretario general.

En vista de los 33 años que ha durado el contencioso sobre el Sáhara Occidental, en ocasiones caigo en la tentación de pensar que no he logrado encontrarle una solución porque es un problema insoluble. Si me resisto a esa tentación es porque continúo creyendo que con voluntad política sí podría resolverse.

Mi análisis no ha cambiado desde que presenté mi primer informe oral ante el Consejo de Seguridad en enero de 2006. Pensaba que los dos componentes principales que propiciaban el punto muerto al que se había llegado eran la decisión tomada por Marruecos en abril de 2004 de no aceptar ningún referéndum que planteara una posible independencia, y la inquebrantable convicción del Consejo de Seguridad, en el sentido de que el problema del Sáhara Occidental debía resolverse gracias a una solución consensuada. Yo me centré en este último componente, porque, como apunté entonces, si el Consejo hubiera estado dispuesto a imponer una solución, mi análisis habría sido muy diferente. En realidad, la necesidad de llegar a una solución consensuada tenía que ser el punto de partida de todo análisis.

Esto me llevó a la conclusión de que sólo había dos opciones: que se prolongara indefinidamente el punto muerto actual o que se iniciaran negociaciones directas entre las partes. En dichas negociaciones habría que embarcarse sin condiciones previas, y yo reconocía que lo más realista era pronosticar que, mientras Marruecos ocupara gran parte del territorio y el Consejo de Seguridad no estuviera dispuesto a presionarle, el resultado no llegaría a ser un Sáhara Occidental independiente.

La conclusión fue criticada por quienes pensaban que no era ético esperar que el Polisario aceptara la realidad política simplemente porque Marruecos y el Consejo de Seguridad no respetaban la legalidad internacional expresada en la resolución 1514 (sobre descolonización y autodeterminación), tomada por la Asamblea General en 1960, y en la opinión consultiva de 1975 de la Corte Internacional de Justicia (sobre la ausencia de vínculos precoloniales entre Marruecos y el Sáhara Occidental que pudieran afectar a la aplicación de dicha resolución). No eran éstas críticas que un mediador pudiera limitarse a pasar por alto, pero yo tenía la sensación de que había que ponerlas en la balanza con el riesgo de dar falsas esperanzas al Polisario, animándole a no tener en cuenta algo indiscutible, que desde el inicio del contencioso en 1975, el Consejo de Seguridad siempre había dejado claro que sólo podría tolerar una solución consensuada.

Por desgracia, lo que los partidarios del Polisario le prodigaron generosamente fue precisamente esa clase de ánimo. Insistían en que tarde o temprano el Consejo reconocería que había que respetar la legalidad internacional y obligaría a Marruecos a aceptar un referéndum que diera como opción la independencia.

La razón por la que no creo que esto vaya a ocurrir es que la legalidad internacional no es lo mismo que el derecho internacional. Evidentemente, el Consejo de Seguridad tiene que acatar el derecho internacional, pero también tiene que tener en cuenta la realidad política. Tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia son órganos principales de las Naciones Unidas. No se rigen por un orden jerárquico, sino que cada uno tiene sus propios poderes, descritos en la Carta de las Naciones Unidas y en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En el Artículo 24 de dicha Carta, los Estados miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Para cumplir con ella, el Consejo no tiene más remedio que tener en cuenta la realidad política. Si lo hace así, actúa dentro de los límites que para sus poderes determina la Carta de las Naciones Unidas y se atiene, por tanto, al derecho internacional.

El Consejo no suele debatir los factores políticos que tiene en consideración cada uno de los Estados miembros, de manera que su peso relativo en la génesis de una resolución nunca se sabe, ni siquiera lo conocen los propios miembros del Consejo. Los potenciales factores políticos pueden ser, por ejemplo, el miedo al efecto desestabilizador de una acción coactiva, la seguridad de que reparar una injusticia 33 años después pueda reportar nuevas injusticias, o la renuencia a contribuir a la posible creación de otro Estado fallido.

Cuando se enfrenta a un contencioso, el Consejo decide por sí solo si se va a atener al Capítulo VI (arreglo pacífico de controversias) o al Capítulo VII (posible uso de la fuerza en caso de amenazas a la paz o actos de agresión), y sus decisiones no pueden ser invalidadas por ningún otro órgano. No hay nada en el derecho internacional que obligue al Consejo de Seguridad a utilizar todos los poderes que tiene a su disposición para poner en práctica las resoluciones de la Asamblea General o las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia.

Ésta es la razón por la que las críticas a la falta de respeto del Consejo a la legalidad internacional han tenido siempre tan pocas consecuencias. Entre los Estados miembros del Consejo que con más decisión insisten en que sólo puede haber una solución consensuada para el problema del Sáhara Occidental, nunca me he topado con ninguno que pensara que esta insistencia pudiera, por tanto, vulnerar el derecho internacional. Todo esto no significa que en el Consejo no haya a quien le preocupe que se continúe en punto muerto. Sin embargo, sí está aumentando la sensación de que la insistencia del Polisario en la independencia total del Sáhara Occidental tiene la consecuencia no deseada de agravar el bloqueo y de perpetuar el statu quo.

Hay una salida, pero es muy laboriosa, y conllevaría el mantenimiento de difíciles y auténticas negociaciones. Si el Polisario pudiera contemplar una hipotética solución negociada que no fuera la independencia total, contaría inmediatamente con un abrumador apoyo internacional para su lógica insistencia en la plasmación de garantías sólidas, avaladas internacionalmente, de que en el futuro no se revoque el acuerdo constitucional pactado o de que, aduciendo razones de seguridad nacional, no se vayan socavando gradualmente derechos civiles como la libertad de expresión. Si en algún momento futuro el Polisario está dispuesto a examinar esta posibilidad, espero que no se limite a introducir enmiendas en la propuesta marroquí, sino que presente su propia propuesta global de autonomía.

No espero que el Polisario dé ese paso en un futuro previsible. Nada cambiará por el momento: el Polisario seguirá exigiendo un referéndum que plantee la opción independentista, Marruecos continuará rechazándolo y el Consejo de Seguridad seguirá insistiendo en alcanzar una solución consensuada. Entretanto, la comunidad internacional continuará acostumbrándose al statu quo.