>Los 100 días que no estremecieron al mundo

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Por CARLOS MENDO (El País.com, 19/12/2008)

El 6 de abril de 1994 empezó en Ruanda una orgía de violencia que duró 100 días. Cuando el mundo, poco interesado en saber y menos en intervenir, descubrió lo ocurrido, se estremeció ante el rastro de 800.000 tutsis y hutus moderados asesinados a machetazos por los Interahamwe, los que matan juntos, hutus. Las tensiones entre las etnias hutu y tutsi hunden sus raíces en la época colonial, pero lo ocurrido en 1994 fue un plan preparado para eliminar cualquier presencia tutsi en Ruanda. Era la solución final, la brutal alternativa a los recurrentes enfrentamientos entre ambas etnias.

Ruanda tenía un Gobierno hutu en 1990, cuando la milicia tutsi del Frente Patriótico de Ruanda (FPR) del actual presidente, Paul Kagame, inició sus ataques en el norte del país desde Uganda. La guerra civil en marcha fue el contexto en el que, desde emisoras de radios y aldeas, se fue fraguando el odio contra los tutsis como agresores que querían esclavizar a los hutus.

Los sucesivos intentos de sellar la paz, el más importante el acuerdo de Arusha de 1993, fueron boicoteados por las dos partes, especialmente por los radicales hutus, contrarios al acuerdo que dejaría el país en manos de un Gobierno de unidad. La delicada situación estalló por los aires, literalmente, el 6 de abril de 1994, cuando un atentado aún sin resolver desintegró el avión en el que viajaban los presidentes de Ruanda, Juvenal Habyarimana, y Burundi, Cyprien Ntaryamira. Al día siguiente, la guardia presidencial asesinó al primer ministro ruandés, el hutu moderado Agathe Uwilingiwimana, y se desataron los 100 días de horror a los que el Tribunal de la ONU para Ruanda trata ahora de poner un broche civilizado.

>Abdú no sabe quién acabó con su futuro

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Por Oriol Guell (ENVIADO ESPECIAL, El País.com, Goma 23/11/2008)

Una niña con su sobrina a cuestas busca a sus padres -AP

Abdú tiene 18 años, un cuerpo escuálido como si no hubiera cumplido ni 14 y la mirada ausente de un anciano. Deambula desde el pasado día 10 por el hacinado campo de refugiados Kigali I, en busca de noticias de su familia. No las consigue. El jueves, ni siquiera sabía si sus padres y hermanos fueron asesinados por los rebeldes tutsis del general Laurent N’Kunda o por el furioso Ejército regular en retirada. «Estaba fuera del pueblo cuando llegaron los rebeldes. Me escondí y no salí hasta que dejé de oír tiros. Unos vecinos me explicaron que mis padres habían muerto, que todo había sido destruido y que nos teníamos que ir a Goma».

El este de Congo se desliza de nuevo hacia la tragedia que en la última década ha dejado más de cuatro millones de muertos y una pesadilla de violaciones en masa y reclutamientos forzosos de niños. En una tierra tan fértil que da cuatro cosechas de patatas al año, la gente pasa hambre y la enorme riqueza del subsuelo -oro, diamantes, coltán…- sólo sirve para financiar las milicias que enquistan un conflicto al que un Estado ausente y unas Naciones Unidas impotentes son incapaces de poner fin.

La ofensiva rebelde de las últimas semanas ha sumido Goma -700.000 habitantes y fronteriza con Ruanda- en un estado de abatimiento. «¿Qué es lo que podemos esperar?», se pregunta Joseline, de unos 45 años, que regenta un puesto de telas en el mercado central de la ciudad, un laberinto de estrechas callejuelas de suelo de arena, puestos de tablas de madera y techo de planchas de zinc. Tiene 10 hijos y su marido, que trabaja en el catastro, hace tiempo que no recibe su salario. «Las cosas están mal desde los tiempos de Mobutu y no hay forma de que mejoren», se lamenta.

La milicia tutsi Congreso Nacional para la Democracia del Pueblo (CNDP) tomó Rutshuru, 75 kilómetros al norte de la ciudad, a finales de octubre y ya controla casi un tercio del Kivu Norte. La noche del 29 al 30, la milicia llegó a las puertas de la ciudad, víctima de la inoperancia de loscascos azules y de un Ejército en descomposición que huyó y se dio al saqueo. «Bajaron como hordas contra la población a la que deben proteger», recuerda el padre Alfonso Continente, misionero en Congo desde hace más de 20 años. «Fue espantoso. Al amanecer, contamos 16 muertos entre los vecinos. Pero nunca sabremos a cuántas mujeres violaron».

La ofensiva fue el último paso de la estrategia de presión sobre el Gobierno de Kinshasa del general N’Kunda, que poco a poco ha ido haciéndose con el control de un tercio del territorio del Kivu Norte. Incluso las agencias de la ONU y las ONG que trabajan sobre el terreno reconocen que N’Kunda maneja como quiere los movimientos y tiempos de esta guerra. «Si no tomó Goma fue porque aún no le interesaba. Quiere sentarse a negociar con el presidente Joseph Kabila y mientras éste no le reciba, N’Kunda dará pasos para mostrar su poder», opina Rosella Bottono, del Programa Muncial de Alimentos de Naciones Unidas en Goma. «Sus 6.000 hombres están mucho más motivados y mejor organizados que el Ejército. La mayoría de las veces, los combates duran el tiempo que los militares necesitan para recoger sus cosas y salir huyendo», admite un miembro de los cascos azules, que pide el anonimato.

Tras 22 años de tiranía de Mobutu Sese Seko (1965-1997) y dos guerras que desangraron el país entre 1997 y 2003, la llegada por las urnas de Joseph Kabila a la presidencia abrió en 2006 un tiempo de esperanza en Congo. Los acuerdos de Goma y Nairobi marcaron la hoja de ruta para la estabilización del país. Un primer paso era la creación del Ejército de la República Democrática del Congo, que debía integrar a la veintena de milicias existentes y ser un pilar del nuevo Estado en paz. Otro, el despliegue de 17.000 cascos azules -la Misión de Naciones Unidas en Congo (Monuc), la segunda mayor de la historia de la ONU tras la de Bosnia- para ayudar a pacificar el país. Y el tercero, la desmovilización por los dos anteriores de los 7.000 extremistas hutus de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), los restos de los Interhamwe -«los que matan juntos»- que en 1994 acabaron con la vida de 800.000 tutsis y moderados hutus en Ruanda y desestabilizan desde entonces la región de los Grandes Lagos.

Pero dos años después, casi nada ha salido como se esperaba. El pasado mes de agosto era la fecha fijada para la desmovilización del FDLR, pero pasó el verano y la milicia hutu no sólo seguía armada, sino que algunos informes alertaron de que el Ejército congoleño, en lugar de combatirla, colaboraba con ella en la explotación de algunas minas de oro. Este fue el pretexto de N’Kunda, un tutsi que dice defender a su pueblo del FDLR, para levantarse contra el Gobierno congoleño.

Una de las causas del desastre ha sido la debilidad del Ejército de Congo. Los soldados no cobran -sus salarios se pierden en manos de sus oficiales- y, a falta de un lugar donde dejar a sus familias seguras, se las llevan con ellos a las zonas de combate. Una de las imágenes que definen la Goma de hoy son los poblados de míseras casitas de madera levantadas por los soldados para alojar a sus mujeres e hijos.

«La integración de las milicias en el Ejército no ha funcionado», admite un miembro de la Monuc. «La corrupción, la falta de recursos, la disparidad de etnias y la indisciplina llegan a niveles que hacen imposible hablar de un Ejército tal y como lo entendemos en Occidente».

Tampoco la propia Monuc, según todas las fuentes, ha estado a la altura de las circunstancias. «Despertamos expectativas que no podíamos cumplir», afirma Fritz Krebs, agente de la misión. «Se dijo que no íbamos a dejar caer poblaciones en manos de los rebeldes, cuando no tenemos los medios para evitarlo. Y se dijo que veníamos a mantener la paz tras el conflicto, cuando éste nunca terminó y no ha habido paz que mantener».

Rosella Bottone constata que ni siquiera está claro «hasta donde hay voluntad de aplicar el mandato de la Monuc». Según la Resolución 1.592/2005 del Consejo de Seguridad, la misión «está autorizada a utilizar todos los medios necesarios» para «evitar todo intento de emplear la fuerza a fin de poner en peligro el proceso y asegurar la protección de los civiles».

«Pero los rebeldes arrasaron el campo de refugiados de Kibumba sin que los soldados de la Monuc, que estaban al lado, intervinieran», explica Bottone. Tampoco los vecinos de Goma están muy agradecidos a los soldados de la ONU. «¿La Monuc? Parece que están aquí de turismo», exclama Iman, un estudiante de Geología en la Universidad de Goma. «¿Cómo se explica que 17.000 cascos azules y el Ejército no puedan detener a 6.000 milicianos tutsis?», se pregunta.

El mandato de la Monuc termina el próximo 31 de diciembre y Naciones Unidas está a la espera de recibir un informe que ha encargado para valorar su renovación. «Las conclusiones no son nada buenas», explica un funcionario que conoce su contenido. «Demuestra una falta de voluntad de muchos de los países que la integran para entrar en acción. Un ejemplo son los indios. Hace dos años, cuando un pueblo era atacado, intervenían con sus helicópteros. En la última ofensiva, con el Kivu Norte en llamas, los helicópteros ni siquiera han sido utilizados para proteger a la población».

Todas las fuentes consultadas en Goma ilustran el fracaso de la Monuc con la dimisión del general español Vicente Díaz de Villegas a finales de octubre, en plena ofensiva rebelde y sólo dos meses después de ser nombrado por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. «Alegó motivos personales. Pero en realidad estaba muy frustrado y no quería asumir la catástrofe que se avecinaba», afirma Fritz Krebs.

El informe en preparación para el Consejo de Seguridad también contiene pruebas que demuestran la intervención de Ruanda en el conflicto, según las fuentes conocedoras de su contenido: «La noche del 29 al 30 de octubre, tanques del Ejército ruandés dispararon desde la frontera contra los soldados de Congo para cubrir la ofensiva tutsi». La intervención de Ruanda, gobernada por el tutsi Paul Kagame y aliada de Estados Unidos, levanta ampollas en un Congo que no olvida como Kigali invadió dos veces el este del país a finales del siglo pasado. «Hay que frenar a Ruanda y su apoyo a N’Kunda o esto volverá a ser una guerra abierta», alertan fuentes de la Monuc.

La comunidad internacional se moviliza para intentar poner freno al avance rebelde. La ONU prepara el envío de 3.000 cascos azules suplementarios. También las organizaciones de los Estados de la región, como la Comunidad de Desarrollo de África Austral, han anunciado que están dispuestas a enviar sus propias tropas. Pero pocos de los que están sobre el terreno consideran que esto sea suficiente. «3.000 soldados más no van a imponer la paz», opina Fritz Krebs, de la Monuc. «Esto es una guerra de baja intensidad, intermitente o como se quiera llamar. Pero es una guerra y si se quiere parar hay que movilizar muchos más medios», afirma Rosella Bottono.

La respuesta de N’Kunda a todos estos anuncios es de una medida suficiencia. Ayer mismo, cuando no hace ni un mes que sus milicias tomaron Rutshuru, acudió a la ciudad a bordo de un coche de lujo con las lunas tintadas. Ante más de un millar de personas, desplegó toda la escenografía para demostrar que ha llegado a la zona para quedarse y nombró al nuevo gobernador de la ciudad.

France-Rwanda: œil pour œil

Patrick de Saint-Exupéry, rédacteur en chef de la revue XXI (LIBERATION, 13/08/08):

Après le réquisitoire du juge Bruguière, qui fit porter la responsabilité du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994 sur les actuelles autorités de Kigali, voici venu le temps de la réplique. Dans un rapport rendu public le 5 août, une commission rwandaise chargée, voici près de deux ans, de «rassembler les preuves montrant l’implication de l’Etat français dans le génocide» conclut à la «responsabilité» de la France dans «la préparation et l’exécution du génocide».

Les deux thèses sont aujourd’hui sur la table. Elles sont bien sûr inconciliables. Et témoignent de la profondeur d’un différend vieux de dix-huit ans qui ne cesse de se creuser pour atteindre des extrêmes. Que deux Etats s’affrontent en se portant mutuellement des accusations aussi graves – il est question de 800 000 morts – tient de l’inédit.

Paradoxalement, dans cette surenchère, la question du génocide finit presque par être occultée. Quoi qu’il en soit des possibles responsabilités connexes, ni la France, ni l’actuel régime de Kigali ne peuvent être soupçonnés d’avoir commis le génocide. Ses responsables, ceux qui l’ont directement mis en œuvre, ont été ou sont en voie d’être jugés. Désigné par l’accusation comme «le cerveau du génocide», le colonel Théoneste Bagosora, dont le procès au tribunal international d’Arusha est clos, attend le prononcé du verdict. Tenu comme le «financier du génocide», Félicien Kabuga est en fuite et recherché. Des condamnations ont été prononcées visant d’autres responsables de premier rang du génocide.

Ce n’est donc pas du génocide en lui-même qu’il est question. Ce qui est aujourd’hui en débat, ce qui justifie un tel déballage, ressort de la responsabilité politique.

L’instruction menée par le juge Bruguière en est le symptôme éclatant. Loin de l’habituel travail d’enquête factuel, les attendus des conclusions du magistrat instructeur se lisent comme une charge politique lancée au canon contre le régime de Kigali. Accusées par le magistrat français d’avoir commandité l’attentat du 6 avril 1994 qui servit de déclencheur au génocide, les actuelles autorités rwandaises devraient endosser, selon le juge, la responsabilité de l’entière tragédie.

Simple et efficace, l’accusation a porté malgré ses nombreuses faiblesses, ses raccourcis et ses partis pris. Que le régime de Kigali ait pu mettre en œuvre l’attentat du 6 avril 1994 fait partie du champ du possible, comme d’autres hypothèses. Mais réduire l’explication d’un génocide qui fit 800 000 morts en cent jours à un seul attentat paraît pour le moins léger et inconséquent.

La réaction de Kigali était donc prévisible et attendue. Tenues pour responsable du génocide par la justice française, les autorités ne pouvaient pas ne pas réagir : se taire aurait été avaliser.

Le rapport tout juste rendu public sur «l’implication de l’Etat français dans le génocide» intervient dans ce cadre. Il s’agit d’une réponse du berger à la bergère. Et cette réponse est redoutable. Elle se décompose en deux parties. La première est grave, la seconde insupportable.

Dans leur rapport, les sept membres de la commission rwandaise, juristes et historiens, reprennent d’abord l’historique de l’engagement de la France -politique militaire et diplomatique- au Rwanda tout au long des années 90. Cette remise en perspective mêle des témoignages à de nombreux documents. Le travail de la mission d’information parlementaire créée en 1998 à Paris est souvent cité. Tout comme les archives de François Mitterrand et nombre de télégrammes diplomatiques.

La politique française est globalement mise en cause pour avoir «contribué à la radicalisation ethnique du conflit». La France est accusée «d’avoir formé les milices interahamwé qui ont été le fer de lance du génocide». Dès 1992, Paris aurait engagé au Rwanda des programmes de «défense civile» alliant «l’apprentissage des différentes méthodes d’assassinat» et «un endoctrinement des miliciens à la haine ethnique». Des gendarmes français, poursuit le document, «ont contribué en toute connaissance de cause au fichage informatisé des suspects politiques et ethniques qui devaient être massacrés durant le génocide». Des soldats français auraient participé aux contrôles d’identité.

Loin de s’arrêter à ces points accablants, le rapport déroule tout au long de ses plus de trois cents pages les différentes étapes d’un inaltérable engagement français auprès de ceux qui réaliseront le génocide. En 1993, alors que de nombreux massacres se sont déjà produits comme en prélude au génocide, les «exactions des extrémistes hutus» sont qualifiées au plus haut niveau à Paris d’un adjectif : elles sont «malheureuses».

Durant le génocide, Paris persévère: livraisons d’armes, recommandations diplomatiques, soutien politique. L’engagement reste entier. L’opération Turquoise est lancée en juin 1994, après trois mois de tueries ininterrompues. Elle permet, assure péremptoirement la commission rwandaise, la «prise en charge du projet génocidaire par les décideurs français».

Le rapport bascule alors dans l’insoutenable. Des troupes ayant participé à Turquoise sont accusées d’avoir commis de nombreuses exactions : viols, largages par hélicoptères, pillages, représailles, menaces… Des dizaines de témoignages -de rescapés comme de repentis- se succèdent. Les mises en cause sont circonstanciées et précises, elles se recoupent parfois, ne peuvent être ignorées.

Dans l’ensemble, la charge est violente et nourrie. Plusieurs points peuvent porter à discussion, mais la lecture du rapport laisse un sentiment amer où l’effarement se mêle au dégoût.

Réplique au réquisitoire du juge Bruguière, le travail de la commission rwandaise place Paris au pied du mur. Le simple démenti – tant les éléments sont nombreux à défaut d’être avérés – ne peut suffire. Quant à ne pas répondre, comme cela fut le cas pour Kigali mis en cause par le rapport Bruguière, ce serait courir le risque d’avaliser.

Quatorze ans après le génocide, l’épreuve de force politique est portée à son paroxysme. Ce génocide, que François Mitterrand avait un jour qualifié de «sans importance», n’a pas fini de tarauder les consciences.

>France-Rwanda: œil pour œil

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Patrick de Saint-Exupéry, rédacteur en chef de la revue XXI (LIBERATION, 13/08/08):

Après le réquisitoire du juge Bruguière, qui fit porter la responsabilité du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994 sur les actuelles autorités de Kigali, voici venu le temps de la réplique. Dans un rapport rendu public le 5 août, une commission rwandaise chargée, voici près de deux ans, de «rassembler les preuves montrant l’implication de l’Etat français dans le génocide» conclut à la «responsabilité» de la France dans «la préparation et l’exécution du génocide».

Les deux thèses sont aujourd’hui sur la table. Elles sont bien sûr inconciliables. Et témoignent de la profondeur d’un différend vieux de dix-huit ans qui ne cesse de se creuser pour atteindre des extrêmes. Que deux Etats s’affrontent en se portant mutuellement des accusations aussi graves – il est question de 800 000 morts – tient de l’inédit.

Paradoxalement, dans cette surenchère, la question du génocide finit presque par être occultée. Quoi qu’il en soit des possibles responsabilités connexes, ni la France, ni l’actuel régime de Kigali ne peuvent être soupçonnés d’avoir commis le génocide. Ses responsables, ceux qui l’ont directement mis en œuvre, ont été ou sont en voie d’être jugés. Désigné par l’accusation comme «le cerveau du génocide», le colonel Théoneste Bagosora, dont le procès au tribunal international d’Arusha est clos, attend le prononcé du verdict. Tenu comme le «financier du génocide», Félicien Kabuga est en fuite et recherché. Des condamnations ont été prononcées visant d’autres responsables de premier rang du génocide.

Ce n’est donc pas du génocide en lui-même qu’il est question. Ce qui est aujourd’hui en débat, ce qui justifie un tel déballage, ressort de la responsabilité politique.

L’instruction menée par le juge Bruguière en est le symptôme éclatant. Loin de l’habituel travail d’enquête factuel, les attendus des conclusions du magistrat instructeur se lisent comme une charge politique lancée au canon contre le régime de Kigali. Accusées par le magistrat français d’avoir commandité l’attentat du 6 avril 1994 qui servit de déclencheur au génocide, les actuelles autorités rwandaises devraient endosser, selon le juge, la responsabilité de l’entière tragédie.

Simple et efficace, l’accusation a porté malgré ses nombreuses faiblesses, ses raccourcis et ses partis pris. Que le régime de Kigali ait pu mettre en œuvre l’attentat du 6 avril 1994 fait partie du champ du possible, comme d’autres hypothèses. Mais réduire l’explication d’un génocide qui fit 800 000 morts en cent jours à un seul attentat paraît pour le moins léger et inconséquent.

La réaction de Kigali était donc prévisible et attendue. Tenues pour responsable du génocide par la justice française, les autorités ne pouvaient pas ne pas réagir : se taire aurait été avaliser.

Le rapport tout juste rendu public sur «l’implication de l’Etat français dans le génocide» intervient dans ce cadre. Il s’agit d’une réponse du berger à la bergère. Et cette réponse est redoutable. Elle se décompose en deux parties. La première est grave, la seconde insupportable.

Dans leur rapport, les sept membres de la commission rwandaise, juristes et historiens, reprennent d’abord l’historique de l’engagement de la France -politique militaire et diplomatique- au Rwanda tout au long des années 90. Cette remise en perspective mêle des témoignages à de nombreux documents. Le travail de la mission d’information parlementaire créée en 1998 à Paris est souvent cité. Tout comme les archives de François Mitterrand et nombre de télégrammes diplomatiques.

La politique française est globalement mise en cause pour avoir «contribué à la radicalisation ethnique du conflit». La France est accusée «d’avoir formé les milices interahamwé qui ont été le fer de lance du génocide». Dès 1992, Paris aurait engagé au Rwanda des programmes de «défense civile» alliant «l’apprentissage des différentes méthodes d’assassinat» et «un endoctrinement des miliciens à la haine ethnique». Des gendarmes français, poursuit le document, «ont contribué en toute connaissance de cause au fichage informatisé des suspects politiques et ethniques qui devaient être massacrés durant le génocide». Des soldats français auraient participé aux contrôles d’identité.

Loin de s’arrêter à ces points accablants, le rapport déroule tout au long de ses plus de trois cents pages les différentes étapes d’un inaltérable engagement français auprès de ceux qui réaliseront le génocide. En 1993, alors que de nombreux massacres se sont déjà produits comme en prélude au génocide, les «exactions des extrémistes hutus» sont qualifiées au plus haut niveau à Paris d’un adjectif : elles sont «malheureuses».

Durant le génocide, Paris persévère: livraisons d’armes, recommandations diplomatiques, soutien politique. L’engagement reste entier. L’opération Turquoise est lancée en juin 1994, après trois mois de tueries ininterrompues. Elle permet, assure péremptoirement la commission rwandaise, la «prise en charge du projet génocidaire par les décideurs français».

Le rapport bascule alors dans l’insoutenable. Des troupes ayant participé à Turquoise sont accusées d’avoir commis de nombreuses exactions : viols, largages par hélicoptères, pillages, représailles, menaces… Des dizaines de témoignages -de rescapés comme de repentis- se succèdent. Les mises en cause sont circonstanciées et précises, elles se recoupent parfois, ne peuvent être ignorées.

Dans l’ensemble, la charge est violente et nourrie. Plusieurs points peuvent porter à discussion, mais la lecture du rapport laisse un sentiment amer où l’effarement se mêle au dégoût.

Réplique au réquisitoire du juge Bruguière, le travail de la commission rwandaise place Paris au pied du mur. Le simple démenti – tant les éléments sont nombreux à défaut d’être avérés – ne peut suffire. Quant à ne pas répondre, comme cela fut le cas pour Kigali mis en cause par le rapport Bruguière, ce serait courir le risque d’avaliser.

Quatorze ans après le génocide, l’épreuve de force politique est portée à son paroxysme. Ce génocide, que François Mitterrand avait un jour qualifié de «sans importance», n’a pas fini de tarauder les consciences.

A Past at Rest in Rwanda

By David Ignatius (THE WASHINGTON POST, 29/05/08):

It happened just 14 years ago — the slaughter of roughly a million people here in only 100 days. “More people had been killed more quickly than in any other mass killing in recorded history,” writes Martin Meredith in his book “The Fate of Africa.”

And yet today there are few visible traces of the genocide that began in April 1994. It’s not that Rwandans have forgotten, but that they seem to have willed themselves to live in the present. That makes this place feel different from other post-conflict states I know, such as Iraq and Lebanon, where the past and present are congealed in a wound that never heals.

During a week spent traveling the country, I found that Rwandans rarely brought up the events of the past. They almost never named the ethnic groups involved in the 1994 genocide — the Hutu perpetrators and the Tutsi victims. Expatriates would speak a kind of code, referring to “H’s” and “T’s.”

At the Hotel des Mille Collines, made famous by the movie “Hotel Rwanda,” you try to imagine the desperate refugees crammed together in a space that now features a fitness club and a poolside bar with live music. But here, again, the present has obliterated the past. Trying to fall asleep, you think how big the bedroom is, how many more people it could hold.

A glimpse into the horror came from a family friend, Antoine Rwego. The Rwegos were Tutsis, the tribe that was favored by the Belgian colonizers but then repressed by the Hutu majority after independence in 1962. His father was a veterinarian; his mother worked in a bank. They were part of a privileged minority, so they were targets.

Rwego remembers when the massacres began on April 7, 1994. Soldiers came looking for his father, but he was away. Rwego, then 16, escaped over the wall to the house of a Hutu neighbor who had married a Tutsi. His 12-year-old sister and 10-year-old brother were not so lucky. They were murdered by armed men who invaded the family compound. Rwego heard the screams next door, but he could do nothing.

After several days, young Rwego fled the neighborhood and miraculously found his father. They hid in another part of town until May, when someone from his old district chanced to see them. On May 16, his father was tricked out of hiding on the pretext that he was needed for a medical emergency. He never came back.

For Rwego, it was not a question of forgetting but of continuing: “Why had I remained alive? So that I should do something for others.” He got top grades in school, earned a medical degree and now is a doctor with Rwanda’s national AIDS research organization. He is a reserved, stoical man, like most Rwandans I met, but as he told this story, he brushed a tear from one eye.

If you visit the Kigali Memorial Center here, you will look into the very heart of this tragedy. The story is meticulously told: from the Belgian colonialists’ decision in the 1930s to assign Hutu and Tutsi racial identities to people who had lived together for centuries; to the rise of “Hutu Power” as a racist ideology to sustain a corrupt Rwandan elite; to the planning for genocidal killings during the early 1990s, which the West knew about but did nothing to stop; to the final result, the slaughter of men, women and children, as recorded in the tableaux of the Children’s Memorial:

“Francine Murengezi Ingabire. Age: 12. Favorite sport: Swimming. Favorite food: Eggs and chips. Favorite drink: Milk and Fanta Tropical. Best friend: Her elder sister Claudette. Cause of death: Hacked by machete.”

And yet life went on. The government of Paul Kagame, a Tutsi who led the armed revolt that ended the genocide on July 4, 1994, rules the country now with a firm hand — maintaining order here even at the occasional cost of human rights. The “genocidaires,” as they’re called, are brought to justice in a process that has included some abuses but has avoided the worst sort of revenge. Rwanda is again a bright, tidy spot in the center of Africa, and people talk of an economic boom.

As my friend Dr. Rwego says, it is a question of breaking free from your history, even when you hear in your mind the cries of your brother and sister: “To stay in the things of the past, it prevents you from changing.”

>A Past at Rest in Rwanda

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By David Ignatius (THE WASHINGTON POST, 29/05/08):

It happened just 14 years ago — the slaughter of roughly a million people here in only 100 days. “More people had been killed more quickly than in any other mass killing in recorded history,” writes Martin Meredith in his book “The Fate of Africa.”

And yet today there are few visible traces of the genocide that began in April 1994. It’s not that Rwandans have forgotten, but that they seem to have willed themselves to live in the present. That makes this place feel different from other post-conflict states I know, such as Iraq and Lebanon, where the past and present are congealed in a wound that never heals.

During a week spent traveling the country, I found that Rwandans rarely brought up the events of the past. They almost never named the ethnic groups involved in the 1994 genocide — the Hutu perpetrators and the Tutsi victims. Expatriates would speak a kind of code, referring to “H’s” and “T’s.”

At the Hotel des Mille Collines, made famous by the movie “Hotel Rwanda,” you try to imagine the desperate refugees crammed together in a space that now features a fitness club and a poolside bar with live music. But here, again, the present has obliterated the past. Trying to fall asleep, you think how big the bedroom is, how many more people it could hold.

A glimpse into the horror came from a family friend, Antoine Rwego. The Rwegos were Tutsis, the tribe that was favored by the Belgian colonizers but then repressed by the Hutu majority after independence in 1962. His father was a veterinarian; his mother worked in a bank. They were part of a privileged minority, so they were targets.

Rwego remembers when the massacres began on April 7, 1994. Soldiers came looking for his father, but he was away. Rwego, then 16, escaped over the wall to the house of a Hutu neighbor who had married a Tutsi. His 12-year-old sister and 10-year-old brother were not so lucky. They were murdered by armed men who invaded the family compound. Rwego heard the screams next door, but he could do nothing.

After several days, young Rwego fled the neighborhood and miraculously found his father. They hid in another part of town until May, when someone from his old district chanced to see them. On May 16, his father was tricked out of hiding on the pretext that he was needed for a medical emergency. He never came back.

For Rwego, it was not a question of forgetting but of continuing: “Why had I remained alive? So that I should do something for others.” He got top grades in school, earned a medical degree and now is a doctor with Rwanda’s national AIDS research organization. He is a reserved, stoical man, like most Rwandans I met, but as he told this story, he brushed a tear from one eye.

If you visit the Kigali Memorial Center here, you will look into the very heart of this tragedy. The story is meticulously told: from the Belgian colonialists’ decision in the 1930s to assign Hutu and Tutsi racial identities to people who had lived together for centuries; to the rise of “Hutu Power” as a racist ideology to sustain a corrupt Rwandan elite; to the planning for genocidal killings during the early 1990s, which the West knew about but did nothing to stop; to the final result, the slaughter of men, women and children, as recorded in the tableaux of the Children’s Memorial:

“Francine Murengezi Ingabire. Age: 12. Favorite sport: Swimming. Favorite food: Eggs and chips. Favorite drink: Milk and Fanta Tropical. Best friend: Her elder sister Claudette. Cause of death: Hacked by machete.”

And yet life went on. The government of Paul Kagame, a Tutsi who led the armed revolt that ended the genocide on July 4, 1994, rules the country now with a firm hand — maintaining order here even at the occasional cost of human rights. The “genocidaires,” as they’re called, are brought to justice in a process that has included some abuses but has avoided the worst sort of revenge. Rwanda is again a bright, tidy spot in the center of Africa, and people talk of an economic boom.

As my friend Dr. Rwego says, it is a question of breaking free from your history, even when you hear in your mind the cries of your brother and sister: “To stay in the things of the past, it prevents you from changing.”

El último genocidio del siglo XX

Por Nicole Muchnik, pintora y escritora (EL PAÍS, 14/05/08):

Ruanda es un pequeño país anclado en la región de los Grandes Lagos y fronterizo con Uganda, Tanzania, la República Democrática del Congo (ex Zaire) y Burundi. Un 80% de sus ocho millones de habitantes son hutus; casi todo el resto, tutsis.

Desde el fin de los años 1980, Francia apoyaba abiertamente al presidente hutu Habyarimana, a pesar de lo que se sabía en todos los observatorios internacionales: que las Fuerzas Armadas Ruandesas (FAR), junto con las milicias hutus, estaban involucradas en una feroz represión de todos los opositores tutsis; entre ellos, la fuerte minoría tutsi exiliada en Uganda y organizada en el Frente Patriótico Ruandés (FPR).

Cuando en abril de 1994 el avión del presidente Habyarimana fue abatido en un sospechoso accidente, lo que hasta la fecha era una lucha sangrienta por el poder se convirtió en la matanza de la minoría tutsi del país.

¿Fueron Francia y su entonces presidente François Mitterrand responsables en parte de lo que se consideran los peores crímenes de guerra desde el Holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial? ¿Participaron los servicios secretos franceses en el atentado contra Habyarimana?

A pesar del desmentido por parte de los sucesivos gobiernos franceses, no son pocos los analistas independientes, franceses o internacionales, que defienden las acusaciones contra París. Para el general canadiense Romeo Dallaire, comandante del Cuerpo de la ONU (MINUAR) en 1993-1994 -que pagó su estancia en Ruanda con 10 años de depresión clínica-, los oficiales franceses consejeros del Ejército ruandés “sabían necesariamente lo que pasaba. Estaban muy bien informados sobre los preparativos para la matanza”. Para Patrick de Saint-Exupéry, uno de los pocos que han hecho un trabajo de periodista de una ética totalmente irreprochable -completado luego por los análisis y libros de François Xavier Vershave, Jean-Paul Gouteux, Medhi Ba, Michel Sitbon, David Servenay y Gabriel Périès, y el serio trabajo de la revista La Nuit Rwandaise-, “los oficiales franceses formaron a los asesinos para el genocidio. Enseñaron estrategias y tácticas al Ejército ruandés”.

El general Dallaire va más lejos: “Unos días después del asesinato del presidente Habyarimana, vimos en acción a soldados europeos vistiendo uniformes del Ejército ruandés. Había muchos militares franceses en el Estado Mayor del Ejército ruandés y, en particular, en la Guardia Presidencial. ¡Y se quedaron hasta el final!”. En la película Kigali, todos los interlocutores del periodista J. C. Klotz afirman que, deliberadamente, los militares franceses hicieron oídos sordos a las llamadas desesperadas de los tutsis.

Para Linda Melvern, autora de un estudio sobre el exterminio, “el genocidio fue perfectamente planificado. Es difícil creer que la preparación técnica de las matanzas, para las cuales fue necesaria la compra de miles de machetes, no llamara la atención de los 47 oficiales franceses de rango superior incrustados en ese momento dentro del Ejército ruandés y bajo las órdenes directas del Gobierno francés”.

Según la Rwanda News Agency (enero de 2008), dos documentos secretos han salido de los archivos del Ministerio de Defensa francés. En el primero, el coronel Poncet, encargado de la evacuación de los franceses residentes en Ruanda, recomienda “no enseñar a los medios de comunicación a soldados franceses absteniéndose de poner fin a las matanzas de las que son testigos”. En el segundo, el coronel Cussac confirma que “en el Ejército francés se sabía desde el 8 de abril de 1994 que las matanzas tenían a los tutsis como blanco”. Georges Kapler, enviado por la Comisión Ciudadana de Investigación (CEC) para interrogar a los sobrevivientes, descubre, a medida que los testigos oculares van hablando, la implicación directa de soldados franceses en los acontecimientos, y concluye que le es “imposible no considerar la hipótesis según la cual este país de los derechos humanos (Francia) no sólo habría facilitado, sino concebido, el plan de exterminio”. La CEC aportó también informaciones espeluznantes sobre lo que pasó en la “Zona Humanitaria segura” bajo control francés.

¿Queda alguna duda sobre la naturaleza real de la “guerra” de Ruanda? Es extremadamente penoso aceptar la idea de que, lo que se llama hoy un “genocidio reconocido de notoriedad pública”, según el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) -y no una guerra por el poder entre fracciones tribales-, haya implicado como testigo y/o como actor a una sólida democracia europea, en este caso, Francia.

“Nadie puede cuestionar que en 1994 hubo una masiva campaña enfocada a destruir el conjunto o por lo menos gran parte del pueblo tutsi de Ruanda”, dice el TPIR. “No se puede conocer el número de víctimas, pero los tutsis en su inmensa mayoría han sido matados, violados o dañados en su integridad física o mental. El genocidio ruandés es un hecho que se inscribe en la historia del mundo”.

Escribe Tony Judt en The New York Review of Books: “El problema no es la descripción (de los horrores del siglo XX), sino el mensaje según el cual todo eso queda ya detrás de nosotros y que ahora sólo nos queda avanzar, sin más trabas y aliviados de los errores del pasado, hacia una época mejor y diferente”. Pues, adelante.

>El último genocidio del siglo XX

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Por Nicole Muchnik, pintora y escritora (EL PAÍS, 14/05/08):

Ruanda es un pequeño país anclado en la región de los Grandes Lagos y fronterizo con Uganda, Tanzania, la República Democrática del Congo (ex Zaire) y Burundi. Un 80% de sus ocho millones de habitantes son hutus; casi todo el resto, tutsis.

Desde el fin de los años 1980, Francia apoyaba abiertamente al presidente hutu Habyarimana, a pesar de lo que se sabía en todos los observatorios internacionales: que las Fuerzas Armadas Ruandesas (FAR), junto con las milicias hutus, estaban involucradas en una feroz represión de todos los opositores tutsis; entre ellos, la fuerte minoría tutsi exiliada en Uganda y organizada en el Frente Patriótico Ruandés (FPR).

Cuando en abril de 1994 el avión del presidente Habyarimana fue abatido en un sospechoso accidente, lo que hasta la fecha era una lucha sangrienta por el poder se convirtió en la matanza de la minoría tutsi del país.

¿Fueron Francia y su entonces presidente François Mitterrand responsables en parte de lo que se consideran los peores crímenes de guerra desde el Holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial? ¿Participaron los servicios secretos franceses en el atentado contra Habyarimana?

A pesar del desmentido por parte de los sucesivos gobiernos franceses, no son pocos los analistas independientes, franceses o internacionales, que defienden las acusaciones contra París. Para el general canadiense Romeo Dallaire, comandante del Cuerpo de la ONU (MINUAR) en 1993-1994 -que pagó su estancia en Ruanda con 10 años de depresión clínica-, los oficiales franceses consejeros del Ejército ruandés “sabían necesariamente lo que pasaba. Estaban muy bien informados sobre los preparativos para la matanza”. Para Patrick de Saint-Exupéry, uno de los pocos que han hecho un trabajo de periodista de una ética totalmente irreprochable -completado luego por los análisis y libros de François Xavier Vershave, Jean-Paul Gouteux, Medhi Ba, Michel Sitbon, David Servenay y Gabriel Périès, y el serio trabajo de la revista La Nuit Rwandaise-, “los oficiales franceses formaron a los asesinos para el genocidio. Enseñaron estrategias y tácticas al Ejército ruandés”.

El general Dallaire va más lejos: “Unos días después del asesinato del presidente Habyarimana, vimos en acción a soldados europeos vistiendo uniformes del Ejército ruandés. Había muchos militares franceses en el Estado Mayor del Ejército ruandés y, en particular, en la Guardia Presidencial. ¡Y se quedaron hasta el final!”. En la película Kigali, todos los interlocutores del periodista J. C. Klotz afirman que, deliberadamente, los militares franceses hicieron oídos sordos a las llamadas desesperadas de los tutsis.

Para Linda Melvern, autora de un estudio sobre el exterminio, “el genocidio fue perfectamente planificado. Es difícil creer que la preparación técnica de las matanzas, para las cuales fue necesaria la compra de miles de machetes, no llamara la atención de los 47 oficiales franceses de rango superior incrustados en ese momento dentro del Ejército ruandés y bajo las órdenes directas del Gobierno francés”.

Según la Rwanda News Agency (enero de 2008), dos documentos secretos han salido de los archivos del Ministerio de Defensa francés. En el primero, el coronel Poncet, encargado de la evacuación de los franceses residentes en Ruanda, recomienda “no enseñar a los medios de comunicación a soldados franceses absteniéndose de poner fin a las matanzas de las que son testigos”. En el segundo, el coronel Cussac confirma que “en el Ejército francés se sabía desde el 8 de abril de 1994 que las matanzas tenían a los tutsis como blanco”. Georges Kapler, enviado por la Comisión Ciudadana de Investigación (CEC) para interrogar a los sobrevivientes, descubre, a medida que los testigos oculares van hablando, la implicación directa de soldados franceses en los acontecimientos, y concluye que le es “imposible no considerar la hipótesis según la cual este país de los derechos humanos (Francia) no sólo habría facilitado, sino concebido, el plan de exterminio”. La CEC aportó también informaciones espeluznantes sobre lo que pasó en la “Zona Humanitaria segura” bajo control francés.

¿Queda alguna duda sobre la naturaleza real de la “guerra” de Ruanda? Es extremadamente penoso aceptar la idea de que, lo que se llama hoy un “genocidio reconocido de notoriedad pública”, según el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) -y no una guerra por el poder entre fracciones tribales-, haya implicado como testigo y/o como actor a una sólida democracia europea, en este caso, Francia.

“Nadie puede cuestionar que en 1994 hubo una masiva campaña enfocada a destruir el conjunto o por lo menos gran parte del pueblo tutsi de Ruanda”, dice el TPIR. “No se puede conocer el número de víctimas, pero los tutsis en su inmensa mayoría han sido matados, violados o dañados en su integridad física o mental. El genocidio ruandés es un hecho que se inscribe en la historia del mundo”.

Escribe Tony Judt en The New York Review of Books: “El problema no es la descripción (de los horrores del siglo XX), sino el mensaje según el cual todo eso queda ya detrás de nosotros y que ahora sólo nos queda avanzar, sin más trabas y aliviados de los errores del pasado, hacia una época mejor y diferente”. Pues, adelante.

Ruanda: nueve voces que ya no podrán silenciar

Por Juan Carrero, presidente del Fórum Internacional por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, y Jordi Palou-Loverdos, representante legal de las víctimas españolas y ruandesas y del Fórum ante la Audiencia Nacional (EL PAÍS, 21/03/08):

En febrero, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó 40 órdenes de arresto internacional por delito de genocidio en Ruanda y la República Democrática del Congo contra otros tantos militares que ocupan altos cargos en el actual Gobierno. Entre los muertos, nueve españoles: seis misiones y tres miembros de Médicos del Mundo.

En Ruanda, el misionero Joaquim Vallmajó, poco antes de ser torturado y asesinado junto a otros cinco compañeros, fue abofeteado por el coronel Rwahama mientras le espetaba “No volverás a informar a nadie, Vallmajó”. Sin embargo, su voz silenciada resuena hoy más ampliada. Las denuncias de Quim eran certeras y perturbadoras. En diversas cartas a sus amigos de Figueres les rogaba que denunciasen que los “invasores” del FPR (Frente Patriótico Ruandés) buscaban el poder a cualquier precio. O que habían “puesto en marcha una campaña de desinformación para hacer creer que las víctimas son los verdugos y los verdugos son las víctimas”. Tres días antes de su secuestro -desapareció en abril de 1994- inevitablemente tuvo que oír en su casa parroquial los alaridos, explosiones y ametralladoras de la matanza a medianoche de unos 2.500 campesinos hutu en el estadio de Byumba.

Quim fue la primera víctima española, pero tanto los seis misioneros como los tres miembros de Médicos del Mundo fueron testigos incómodos de crímenes masivos contra civiles hutu, realizados por la cúpula del FPR, que actualmente gobierna Ruanda. Eran testigos que cuestionaban la versión oficial, que se ha logrado imponer internacionalmente, sobre lo sucedido allí en la última década del siglo XX. Una versión parcial, ya que todo lo reduce a las grandes masacres de abril-junio de 1994, realizadas por los extremistas hutu y calificadas de genocidio. Y una versión distorsionada, porque presenta como nobles liberadores a aquellos contra los que ahora la justicia española -conforme al principio de justicia universal- ha dictado orden internacional de captura, acusándolos a su vez de genocidio por crímenes aún mayores cometidos desde 1990 hasta la actualidad, tanto en Ruanda como en la República Democrática del Congo.

En el vértice, controlando hasta los más pequeños detalles y temido por todos, está el entonces rebelde y ahora presidente Paul Kagame. Los múltiples testimonios son concordantes: sus repetidas órdenes son siempre de screening, código interno que significa “eliminación sin distinción” de miles de civiles desarmados. Aunque en el caso de los tres obispos y diversos sacerdotes y religiosas asesinados en Kabgayi junto a una multitud de civiles, usó una variante: “Limpiad esa basura”.

No sólo sorprende la magnitud de estos crímenes, también el grado de perversidad en los métodos usados para alcanzar el poder.El FPR pretendía un poder absoluto, no compartido ni siquiera con sus partidos coaligados: el MDR, el PL y el PSD. Un poder total que el FPR, dada su realidad minoritaria, jamás alcanzaría por el voto sino sólo si dinamitaba los Acuerdos de Paz de Arusha y llevaba al país a una dinámica de caos y guerra, de la que se sabían vencedores. Tenía objetivos muy claros: el asesinato de líderes hutu y tutsi, incluso los de los partidos aliados, y su adjudicación al Gobierno de Habyarimana; el asesinato de este mismo, ya que entonces era el único capaz de representar un mínimo orden y consenso en el país; no impedir las matanzas de tutsis del interior tras el magnicidio, orientando intencionadamente sus tropas hacia otros objetivos, para abandonar a estos “traidores” de su propia etnia a los machetes de los extremistas hutu. Todos estos objetivos fueron alcanzados y están abundantemente probados. Además de la reconquista de la idílica Ruanda, cuyo Gobierno, según su ancestral imaginario feudal, les correspondía desde siempre, el FPR pretendía otro gran objetivo: los importantes recursos naturales del vecino Zaire. Los crímenes de pillaje sistemático de coltan, diamantes y oro son descarados y masivos.

El triste papel de la ONU, manipulada por EE UU y decenas de multinacionales mineras, ha sido especialmente lamentable en todo lo referente al ACNUR. Este organismo, en contra de su propio mandato y del Informe Gersony (que denunció crímenes contra al menos 30.000 personas) forzó el retorno de los refugiados hutu desde el Zaire a Ruanda, a sabiendas que conllevaría en muchos casos la desaparición, la prisión o la muerte violenta de los refugiados que tenía encomendado proteger.

A pesar de que el secretario de Estado adjunto para Asuntos Africanos y el director general de la Agencia de Cooperación estadounidenses ofrecieron al FPR embargar tal Informe si detenían las matanzas, éste sigue aún ocultado en la ONU. Las matanzas no cesaron en Ruanda ni en la República Democrática del Congo.

La fiscal del Tribunal Internacional para Ruanda TPIR, Carla del Ponte, fue inmediatamente destituida cuando pretendió imputar a uno sólo de estos 40 presuntos terroristas de estado en activo. Ahora el juez Fernando Andreu, con su integridad y profesionalidad, en un auto sólidamente fundamentado, ha marcado un hito, ha procesado por crímenes internacionales por primera vez en la historia a los vencedores.

>Ruanda: nueve voces que ya no podrán silenciar

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Por Juan Carrero, presidente del Fórum Internacional por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, y Jordi Palou-Loverdos, representante legal de las víctimas españolas y ruandesas y del Fórum ante la Audiencia Nacional (EL PAÍS, 21/03/08):

En febrero, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó 40 órdenes de arresto internacional por delito de genocidio en Ruanda y la República Democrática del Congo contra otros tantos militares que ocupan altos cargos en el actual Gobierno. Entre los muertos, nueve españoles: seis misiones y tres miembros de Médicos del Mundo.

En Ruanda, el misionero Joaquim Vallmajó, poco antes de ser torturado y asesinado junto a otros cinco compañeros, fue abofeteado por el coronel Rwahama mientras le espetaba “No volverás a informar a nadie, Vallmajó”. Sin embargo, su voz silenciada resuena hoy más ampliada. Las denuncias de Quim eran certeras y perturbadoras. En diversas cartas a sus amigos de Figueres les rogaba que denunciasen que los “invasores” del FPR (Frente Patriótico Ruandés) buscaban el poder a cualquier precio. O que habían “puesto en marcha una campaña de desinformación para hacer creer que las víctimas son los verdugos y los verdugos son las víctimas”. Tres días antes de su secuestro -desapareció en abril de 1994- inevitablemente tuvo que oír en su casa parroquial los alaridos, explosiones y ametralladoras de la matanza a medianoche de unos 2.500 campesinos hutu en el estadio de Byumba.

Quim fue la primera víctima española, pero tanto los seis misioneros como los tres miembros de Médicos del Mundo fueron testigos incómodos de crímenes masivos contra civiles hutu, realizados por la cúpula del FPR, que actualmente gobierna Ruanda. Eran testigos que cuestionaban la versión oficial, que se ha logrado imponer internacionalmente, sobre lo sucedido allí en la última década del siglo XX. Una versión parcial, ya que todo lo reduce a las grandes masacres de abril-junio de 1994, realizadas por los extremistas hutu y calificadas de genocidio. Y una versión distorsionada, porque presenta como nobles liberadores a aquellos contra los que ahora la justicia española -conforme al principio de justicia universal- ha dictado orden internacional de captura, acusándolos a su vez de genocidio por crímenes aún mayores cometidos desde 1990 hasta la actualidad, tanto en Ruanda como en la República Democrática del Congo.

En el vértice, controlando hasta los más pequeños detalles y temido por todos, está el entonces rebelde y ahora presidente Paul Kagame. Los múltiples testimonios son concordantes: sus repetidas órdenes son siempre de screening, código interno que significa “eliminación sin distinción” de miles de civiles desarmados. Aunque en el caso de los tres obispos y diversos sacerdotes y religiosas asesinados en Kabgayi junto a una multitud de civiles, usó una variante: “Limpiad esa basura”.

No sólo sorprende la magnitud de estos crímenes, también el grado de perversidad en los métodos usados para alcanzar el poder.El FPR pretendía un poder absoluto, no compartido ni siquiera con sus partidos coaligados: el MDR, el PL y el PSD. Un poder total que el FPR, dada su realidad minoritaria, jamás alcanzaría por el voto sino sólo si dinamitaba los Acuerdos de Paz de Arusha y llevaba al país a una dinámica de caos y guerra, de la que se sabían vencedores. Tenía objetivos muy claros: el asesinato de líderes hutu y tutsi, incluso los de los partidos aliados, y su adjudicación al Gobierno de Habyarimana; el asesinato de este mismo, ya que entonces era el único capaz de representar un mínimo orden y consenso en el país; no impedir las matanzas de tutsis del interior tras el magnicidio, orientando intencionadamente sus tropas hacia otros objetivos, para abandonar a estos “traidores” de su propia etnia a los machetes de los extremistas hutu. Todos estos objetivos fueron alcanzados y están abundantemente probados. Además de la reconquista de la idílica Ruanda, cuyo Gobierno, según su ancestral imaginario feudal, les correspondía desde siempre, el FPR pretendía otro gran objetivo: los importantes recursos naturales del vecino Zaire. Los crímenes de pillaje sistemático de coltan, diamantes y oro son descarados y masivos.

El triste papel de la ONU, manipulada por EE UU y decenas de multinacionales mineras, ha sido especialmente lamentable en todo lo referente al ACNUR. Este organismo, en contra de su propio mandato y del Informe Gersony (que denunció crímenes contra al menos 30.000 personas) forzó el retorno de los refugiados hutu desde el Zaire a Ruanda, a sabiendas que conllevaría en muchos casos la desaparición, la prisión o la muerte violenta de los refugiados que tenía encomendado proteger.

A pesar de que el secretario de Estado adjunto para Asuntos Africanos y el director general de la Agencia de Cooperación estadounidenses ofrecieron al FPR embargar tal Informe si detenían las matanzas, éste sigue aún ocultado en la ONU. Las matanzas no cesaron en Ruanda ni en la República Democrática del Congo.

La fiscal del Tribunal Internacional para Ruanda TPIR, Carla del Ponte, fue inmediatamente destituida cuando pretendió imputar a uno sólo de estos 40 presuntos terroristas de estado en activo. Ahora el juez Fernando Andreu, con su integridad y profesionalidad, en un auto sólidamente fundamentado, ha marcado un hito, ha procesado por crímenes internacionales por primera vez en la historia a los vencedores.