>Mugabe, de espaldas al pueblo
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La crisis financiera también se está dejando notar en Zimbabue. Pero no porque hace diez meses la inflación estuviera en el 14.000.000% anual y ahora supere el 231.000.000% (sí, 231 millones por ciento); ni porque 94 de cada 100 personas no tengan trabajo; ni porque siete de sus trece millones de habitantes necesiten ayuda humanitaria urgente para paliar el hambre, según la ONU; ni porque la epidemia del cólera que brotó en agosto haya matado desde entonces a 3.868 personas e infectado a 83.000, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud. Lo que demuestra que el país está atravesando una crisis devastadora es que la fiesta del 85º cumpleaños del presidente Robert Mugabe sólo ha costado 200.000 euros, cifra netamente inferior al millón de euros que costó la celebración del 84º cumpleaños.
La parranda se celebró en Chinhoyi, municipio situado a unos 150 kilómetros al norte de la capital, Harare. En realidad, Mugabe, que está en el poder desde 1980, cumplió años el sábado anterior, 21 de febrero, pero los organizadores del sarao pospusieron la fiesta una semana para recolectar más dinero. Abrieron una cuenta en un banco en el que sólo se admitían dólares estadounidenses. El partido de Mugabe, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), dijo el viernes que la fiesta costaría 200.000 euros, aunque los medios oficiales redujeron la cifra a 10.000.
Para el cumpleaños, al que Mugabe invitó a colegiales de todo el país, se sacrificaron 80 reses, 70 cabras y 12 cerdos. Y se compraron 4.000 porciones de caviar, 3.000 patos, champán francés y 8.000 cajas de bombones.
Patrick Zhuwawo, sobrino de Mugabe y uno de los recolectores del dinero para la fiesta, declaró: “El país está atravesando problemas, pero necesitamos tener un día de homenaje al presidente por los sacrificios que está haciendo por este país”. En el pueblo de Chinhoyi se podía leer ayer una pancarta que decía: “La edad no es nada más que una cifra”. A menos de un kilómetro del pueblo la cadena estadounidense CNN visitó un hospital público semi desierto. “No hay medicinas”, relató una enfermera. “Los pacientes que vienen aquí es porque no tienen otra opción. Y no hay nada que nosotras podamos hacer”.
El que sí que podría hacer algo más que las enfermeras es el opositor Morgan Tsvangirai, quien desde hace dos semanas integra un Gobierno de unidad nacional en el que ejerce de primer ministro. Tsvangirai criticó el 84º cumpleaños como “una reunión de unos pocos satisfechos”. Este año, en aras de la concordia, Tsvangirai había anunciado su asistencia a la fiesta, pero al final no acudió.
Tras dar buena cuenta de una porción de tarta en la que se leía “Larga vida a Mugabe”, el presidente pronunció ayer un discurso: “Unidos (en el Gobierno de coalición) en el esfuerzo, sabremos dar un cambio considerable a nuestra economía”. Un día antes, el primer ministro había visitado un hospital en el que se había clausurado la unidad de cuidados intensivos por falta de medios. Tsvangirai declaró que hacían falta unos 30.000 dólares (23.600 euros) para abrirla.
Robert Mugabe, en la fiesta de su cumpleaños- APEl Gobierno ha pedido dos mil millones de dólares a la comunidad internacional para su reconstrucción. Pero la presencia de Mugabe y sus partidarios en el Gobierno ha hecho que se mantengan las reticencias por parte de la Unión Europea y Estados Unidos.
En su discurso, Mugabe calificó de “sinsentido” la resolución del tribunal de la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (SADC), que ha considerado ilegales las confiscaciones de fincas a 70 granjeros blancos, informa Efe. “Tenemos tribunales aquí, en el país, que pueden determinar los derechos del pueblo”, dijo el presidente, en contradicción con una orden del primer ministro, que esta semana ordenó el fin de las confiscaciones.
Hace dos semanas, cerca de ochenta granjeros blancos han sido desalojados de sus tierras, con lo que ya quedan apenas 300, de los 4.000 que había hace diez años, en posesión de sus fincas.
>La opulenta fiesta de cumpleaños de Mugabe
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La lista no tiene desperdicio: 2.000 botellas de champán (preferentemente Moët & Chandon y 61 Bollinger), 8.000 langostas, 100 kilos de gambas, 4.000 porciones de caviar, 3.000 patos, 16.000 huevos, 3.000 tartas de chocolate y vainilla y 8.000 cajas de bombones Ferrero Rocher. Robert Mugabe, antiguo héroe de la liberación de Rodesia del Sur y ahora devenido en sátrapa de Zimbabue tras 28 años en el poder, celebra sus 85 años por todo lo alto.
Según publica el diario británico The Times, el tirano zimbabuense no escatima en gastos para rendirse un lujoso y opulento homenaje entre los suyos, mientras siete millones de zimbabuenses necesitan ayuda humanitaria urgente para sobrevivir al hambre, según datos oficiales de Naciones Unidas (ONU).
A la fiesta de cumpleaños de Mugabe están invitados amigos cercanos del entorno del presidente, empresarios y miembros de su partido, ZANU, que también tienen la posibilidad de no contribuir en especie y enviar “donaciones” en efectivo entre 45.000 (unos 38.000 euros) y 55.000 dólares (unos 46.600 euros). La cuenta, abierta en un banco que sólo admite dólares estadounidenses, se llama Movimiento del 21 de Febrero, día del nacimiento de Robert Mugabe.
El millonario menú de la lista de cumpleaños de Mugabe va más allá de la broma pesada en Zimbabue, directamente es “obsceno”, como lo ha calificado un diplomático occidental en The Times. El país africano se halla sumido en la ruina económica, con un sistema sanitario colapsado y la desesperación que provocan los fuertes azotes de cólera, malaria y sida.
Hiperinflación y cólera
Bajo el yugo asfixiante de Mugabe, Zimbabue se ha convertido en la peor economía del mundo. El banco central decidió revaluar la semana pasada el dólar zimbabuense una vez más y eliminar 12 ceros de su moneda para intentar frenar la hiperinflación que asola al país y evitar el colapso, con un 94% de la población en paro. El país surafricano batalla contra la inflación más alta del planeta, estimada oficialmente en un 231.000.000 %, y se enfrenta a una escasez severa de alimentos y divisas. Pero al mismo tiempo llegaron las malas noticias cuando el Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció que a partir de febrero redistribuirá sus mismos lotes de ayuda aunque crezca cada mes alarmantemente el número de bocas a alimentar.
Mientras tanto, la población de Zimbabue sufre el peor brote de cólera de su historia. Más de 3.000 personas han muerto por la epidemia y unas 60.000 han sido infectadas, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las autoridades médicas se ven superadas mientras la malaria y el sida siguen cobrándose vidas en el país, convirtiendo a Zimbabue en una de las diez crisis humanitarias más desatendidas del mundo, según el último informe de Médicos Sin Fronteras (MSF).
Los más de 12 millones de zimbabuenses están acostumbrados a que la elite política del país protagonice celebraciones extravagantes y despilfarradoras. En el anterior cumpleaños de Mugabe, la cuenta final ascendió a 1,2 millones de dólares. En la celebración de hace dos años, unos 20.000 invitados se dieron cita en el estadio de fútbol de la ciudad de Gweru, con enormes tartas por todo el terreno mientras Mugabe en su discurso de cumpleaños cargaba contra la homosexualidad.
>Última oportunidad para Zimbabue
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Las preocupaciones en casa de Beaugy, una profesora de 40 años de los suburbios de la capital, Harare, empiezan antes del amanecer. Hay que racionar el agua embotellada para evitar el cólera que se esconde en la red pública, calcular cuánto valen los 33 trillones de dólares zimbabueses de su último salario -el lunes equivalían a tres dólares americanos; el jueves, a menos de uno-, y planificar el día para dedicarse a la única actividad económica (corrupción aparte) en auge en Zimbabue, el trapicheo. Más del 90% de los 10 millones de habitantes del país, según estimaciones oficiosas, se han visto abocados al comercio callejero de todo tipo de bienes básicos.
“Compro un saco de maíz o un bidón de aceite por 10 dólares americanos, lo empaqueto en pequeñas dosis y lo vendo en la calle, también en dólares o rands surafricanos. Con suerte, al final del día doblo lo que me ha costado”, explica Beaugy.
Los habitantes de Zimbabue describen por teléfono un país difícil de comprender, en el que hospitales, colegios y universidades han cerrado por falta de medios; la inflación, sin datos oficiales, se mide a ojo -”ayer se doblaron los precios del maíz, pero la semana pasada era peor: las patatas se triplicaban en una mañana”-; y se habla del cólera, que desde agosto ha causado 3.160 muertes, como si fuera un molesto vecino con el que hay que convivir.
Es el resultado de años de políticas erráticas del antiguo héroe de la independencia, Robert Mugabe, de 84 años, que arruinó a principios de esta década el motor económico de Zimbabue con una reforma agraria. En síntesis, el proceso consistió en requisar las granjas a los blancos para repartirlas entre sus allegados y aliados políticos. Mugabe hizo frente a la caída de ingresos del Estado imprimiendo más dinero, lo que desató una hiperinflación que arruinó salarios y destrozó toda actividad económica formal, pública y privada. Sin cloro para depurar el agua ni médicos en los hospitales, el cólera tuvo vía libre para extenderse, mientras el país entraba en una parálisis política por la negativa de Mugabe a aceptar su derrota en las elecciones de marzo de 2008.
“Ha sido el derrumbe absoluto de un Estado que fue uno de los más prósperos de África”, resume desde el anonimato la abogada de una ONG dedicada al desarrollo social y económico. “Nuestras actividades juntaban a funcionarios, profesionales y campesinos para extender las buenas prácticas de gestión, gobierno y desarrollo. ¿Qué sentido tiene hacerlo ahora cuando políticos, empresarios y funcionarios se han dividido entre los que han hecho fortunas especulando y los que no han podido o sabido hacerlo?”.
Tras 10 meses de tensas negociaciones, Mugabe y la oposición confirmaron ayer un acuerdo de Gobierno por el que el primero seguirá como presidente y el líder opositor, Morgan Tsvangirai, será el nuevo primer ministro. Una fórmula cuestionable democráticamente, pero que ha permitido adoptar las primeras decisiones, como legalizar la circulación en Zimbabue de monedas extranjeras para las compras cotidianas. “Era algo ya generalizado, pero al estar prohibido, abocaba a la población a vivir al margen de la ley y no frenaba la inflación en la moneda oficial. Zimbabue importa todo lo que consume y al poder la gente comprar y vender legalmente con otras monedas, los precios empezarán a frenarse”, explica Malefa Rose Malefane, profesora de Macroeconomía en Pretoria por la Universidad de Suráfrica.
La liberalización de las divisas permitirá a muchos colectivos, especialmente las comunidades rurales, recuperar todo el tiempo que hasta ahora dedicaban a capear con la hiperinflación. “Es algo que llega a ser agotador”, explica Diane, una mujer blanca descendiente de granjeros ingleses que promueve una cooperativa en una zona de población negra. “Hay que vender los productos, pero también cambiar de moneda constantemente para no perder valor. Nosotros creamos una moneda propia, que imprimimos en el extranjero a través de una ONG, para que los campesinos comercien entre ellos sin riesgo”, explica.
El acuerdo entre Mugabe y la oposición, sin embargo, no cierra las heridas abiertas, especialmente por la desconfianza de la población con la clase dirigente. Sindicatos y colectivos profesionales llevan semanas en lucha para que el Gobierno, el mayor empleador del país, acepte pagarles el sueldo en moneda extranjera. “Los altos funcionarios, militares y políticos aprobaron una ley para que ellos sí cobren en divisas”, explica Osweld Madziva, del sindicato de maestros Progressive Teacher’s Union. “Es una absoluta discriminación que deja a decenas de miles de maestros con unos salarios que no valen nada”.
En esta situación, el brote de cólera, con más de 60.000 afectados, se ha expandido a las zonas rurales de más difícil acceso. “En las ciudades está más o menos controlado”, explica Manuel López, responsable de Médicos Sin Fronteras en Zimbabue. “Pero las lluvias, que llevan la bacteria a los ríos, y la costumbre de enterrar a los muertos en las aldeas de origen ha extendido los focos de contagio hasta lugares donde nos es casi imposible llegar”. Con el sistema sanitario y de sanidad mortuoria fuera de juego desde hace meses, López estima que el brote “que con unos recursos mínimos debería haber terminado hace tiempo”, siga aumentando la cifra de muertes hasta abril. O lo que es peor: “Si las cosas siguen como están, el cólera podría convertirse en endémico en todo el país”.
>El infierno de Mugabe
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Paton, que combatió el apartheid con sus libros y escritos durante toda su vida, no pudo ver el fin del odioso sistema por menos de un año. Murió a los 85 años en 1988, meses antes de la liberación de Nelson Mandela y de la aplastante victoria obtenida por el líder negro en 1994, que lo llevó a la presidencia surafricana. Su primera y más famosa novela, escrita en 1948, se titula ¡Grita, querida tierra! Ya pueden imaginar por qué. Sesenta años después, en 2008, Paton posiblemente no encontraría mejores palabras para describir la tragedia de Zimbabue, que recurrir a la invocación de todos los movimientos de liberación del África meridional: Nkosi Sikeléli África (Dios bendiga o salve a África).
No hace falta volver a recordar la historia de Mugabe. Es de todos conocida. De héroe de la independencia en 1980 -este cronista estuvo más de un mes como enviado especial de este periódico a la independencia de Rodesia-, a uno de los tiranos más despreciables en el poder. De encontrar un país considerado el granero de África, con una de las economías más prósperas del continente, Mugabe ha convertido Zimbabue en una villa miseria nacional, con una inflación estimada oficialmente en el 231 millones por ciento, sin alimentos en los supermercados ni medicinas en los hospitales, con un 30% de una población de 12 millones exiliada en Suráfrica y Mozambique, sin médicos ni maestros, que se niegan a trabajar porque no cobran, y con una epidemia de cólera, al principio negada por el régimen, que afecta a unas 16.000 personas, de las que ya han muerto más de 1.000, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Epidemia que amenaza con extenderse, a través de las aguas contaminadas del Limpopo, a Suráfrica y Mozambique. Y, ¿qué hace el dictador? Simplemente, acusar al Reino Unido de provocar la epidemia de cólera como pretexto para invadir la antigua colonia, con la inestimable colaboración de Estados Unidos y Francia. Nada de extrañar, si se recuerda que una tesis parecida fue esgrimida por el ex presidente surafricano Thabo Mbeki (nombrado mediador en la crisis de Zimbabue por el inoperante comité de países del África meridional desde que Mugabe perdió las últimas elecciones), cuando acusó al malvado Occidente de haber diseminado el virus del VIH para diezmar la población negra del continente. El tirano sólo acepta la mediación de los que, como Mbeki, comparten su tesis de que la solución a los problemas de Zimbabue debe partir del propio Zimbabue. Es decir, de Mugabe y sus matones sin que cuenten para nada los intereses de una población diezmada por el hambre y la enfermedad. Mugabe ha llegado a prohibir la entrada en el país de una misión mediadora de buena voluntad compuesta por tres peligrosos elementos, el arzobispo Desmond Tutu, el ex presidente estadounidense Jimmy Carter y el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan.
Y, hablando de la ONU, dicen que existe en su seno un Consejo de Derechos Humanos que, como su nombre indica, debería preocuparse de la aplicación de esos derechos. Claro que, en ese Consejo, se encuentran países como Cuba, China, Egipto o Arabia Saudí, modélicos en el respeto a las libertades civiles de sus habitantes, como lo demuestra, por ejemplo, la prohibición china y cubana a dos de sus ciudadanos para asistir a la conmemoración en Estrasburgo de los premios Sajárov. Cuando se contemplan casos tan sangrantes como los de Zimbabue, Sudán, Birmania y tantos otros se comprende que, antes de dar certificados de buena conducta, la organización debería concentrar todos sus esfuerzos en la reforma de sus estatutos y, principalmente, los de un Consejo de Seguridad totalmente obsoleto para hacer frente a los problemas actuales. Los vetos chino y ruso cada vez que se intenta iniciar una acción disuasoria contra los regímenes que atentan contra sus propios pueblos invalidan la credibilidad de la organización.
En cuanto a Zimbabue, habrá que recurrir al viejo himno de liberación al que me refería antes. Nkosi Sikeléli Zimbabue.
>Elecciones, mediación y situación de punto muerto en Zimbabue
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Por Brian Raftopoulos, director de investigaciones del Solidarity Peace Trust, Sudáfrica (REAL INSTITUTO ELCANO, 26/11/08): Tema: La mezcla de esperanza y desesperación que siguió a las elecciones de marzo de 2008 en Zimbabue y la violencia que se desató tras éstas dieron paso posteriormente a las nuevas posibilidades ofrecidas por el acuerdo político firmado el 11 de septiembre de 2008 por la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) y las dos facciones del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) lideradas por Tsvangirai y Mutambara, respectivamente. Resumen: Los múltiples aspectos de la crisis en que se ha visto envuelta la política de Zimbabue en el último decenio han agotado a las fuerzas sociales a nivel nacional y han conducido a un acuerdo político que, aunque no ha conseguido sacar del poder al partido ZANU-PF, sí prevé un reparto de ese poder con las dos facciones del MDC. Análisis: Las elecciones al Parlamento, el Senado, el gobierno local y la presidencia que tuvieron lugar el 29 de marzo de 2008 llevaron a la primera derrota electoral del partido en el poder, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), y de su presidente, Robert Mugabe. Las dos facciones del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), que se había dividido en octubre de 2005, obtuvieron una mayoría de 109 escaños en el Parlamento, frente a los 97 escaños obtenidos por el ZANU-PF; la primera ronda de la votación presidencial otorgó al líder del MDC el 47,9% de los votos, frente al 43,2% de Mugabe. El resto de los votos fueron a parar al disidente del ZANU-PF Simba Makoni. Sin embargo, el que ninguno de los candidatos presidenciales consiguiera obtener el 50% más uno de los votos hizo necesaria una segunda votación. Los actos de violencia promovidos por el Estado que precedieron a esa segunda votación a finales de junio fueron de tal intensidad que ni siquiera los defensores de Mugabe en el seno de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) y la Unión Africana (UA) pudieron respaldar su “victoria” electoral. Esta falta de apoyo en África, y las manifestaciones de condena que desde hace tiempo recibía de Occidente, aumentaron la presión a la que se vieron sometidos los mediadores de la SADC, encabezados por Thabo Mbeki, para encontrar una solución política a la crisis. El 21 de julio de 2008, el ZANU-PF y las dos facciones del MDC firmaron un memorando de entendimiento en el que se comprometían a “encontrar una solución verdadera, viable, permanente y sostenible a la situación de Zimbabue”. El acuerdo también tenía como objetivo: (a) el cese inmediato de la violencia y la retirada y disolución de las milicias, los campamentos paramilitares y los bloques ilegales; (b) la normalización del entorno político; (c) el restablecimiento del acceso de los organismos de ayuda humanitaria al pueblo de Zimbabue para facilitarle alimentos, servicios médicos y otros servicios críticos en todo el país; y (d) un compromiso de no tomar ninguna decisión que pudiera afectar a la agenda del diálogo, como convocar el Parlamento o formar nuevo Gobierno. El 24 de julio de 2008, el ZANU-PF y las dos facciones del MDC reanudaron las negociaciones que se habían interrumpido justo antes de las elecciones de marzo, con la mediación del presidente de Sudáfrica Thabo Mbeki. Las negociaciones se abandonaron el 6 de agosto, con las siguientes cuestiones aún por determinar: (a) la duración del Gobierno de transición; (b) la forma y estructura de la Constitución provisional; (c) cuestiones marco relativas al nuevo Gobierno; (d) las atribuciones y obligaciones del presidente y primer ministro en el Gobierno de transición; y (e) el método y el nombramiento o la elección del primer ministro y el presidente. Aunque los mediadores sudafricanos habían elaborado una solución de compromiso que preveía un reparto (entre el presidente, el primer ministro y el Gabinete) de la autoridad ejecutiva de un Gobierno incluyente, el MDC de Morgan Tsvangirai consideró que esa solución seguía otorgando demasiado poder a Mugabe como jefe de Estado. Para Tsvangirai y su partido, cualquier acuerdo alcanzado en el marco del memorando de entendimiento debía reflejar los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias de marzo, lo cual situaría a Tsvangirai como jefe de Estado interino hasta que pudieran celebrarse otras elecciones presidenciales en el marco de un proceso de reforma democrática avalado por un referéndum. Según el ZANU-PF, Tsvangirai pedía demasiado de las elecciones de marzo, que habían dejado la presidencia sin decidir. El partido en el poder trataba, por tanto, de conservar la mayor cantidad posible de poder con un Gobierno de unidad nacional liderado por Mugabe en el que el Comando Conjunto de Operaciones integrado por los jefes del ejército, la policía y los servicios de seguridad siguieran desempeñando un papel fundamental. En palabras de uno de los negociadores del ZANU-PF, Patrick Chinamasa: “No hay nada que justifique las exigencias de Tsvangirai. Quiere que el presidente Mugabe se convierta en (el antiguo presidente titular Canaan) Banana. Sin embargo, los resultados de las elecciones del 29 de marzo no permiten justificar esa exigencia. Lo que Tsvangirai pide es una transferencia de poder, no un reparto”.[1] La facción minoritaria del MDC, liderada por Arthur Mutambara, respaldó la postura negociada por el SADC, por considerarla “básicamente un acuerdo de reparto del poder” que reflejaba “los hechos sobre el terreno”, y se mostró de acuerdo con los negociadores del SADC y de Mugabe en que “ningún partido puede exigir que se le transfiera a él el poder porque ningún partido ha conseguido una mayoría absoluta que le permita exigirlo”.[2] La cada vez mayor similitud entre la postura de la facción minoritaria del MDC, por un lado, y el ZANU-PF y la SADC, por el otro, fue resultado de diversos factores, entre ellos el aumento de las tensiones y la desconfianza entre las dos facciones del MDC desde que éste se dividiera en octubre de 2005, la reducción de la base de apoyo de la formación de Mutambara y la mayor dependencia del proceso de mediación por el grupo de Mutambara para afianzar su posición en un futuro arreglo político. Los 10 escaños obtenidos por la facción minoritaria del MDC en las elecciones de marzo también le otorgaron una importante influencia sobre los dos principales partidos políticos, puesto que tenía en su poder los votos que podrían decidir la mayoría en el Parlamento. Desde que comenzaron las negociaciones en el marco del memorando de entendimiento de julio, el MDC de Mutambara se fue sintiendo cada vez más molesto por lo que consideraba un intento por la facción de Tsvangirai de marginarlo en las negociaciones. Mugabe no tardó en aprovechar esas tensiones para tratar de entablar una relación más estrecha con el grupo de Mutambara, debilitando así la posición negociadora de la oposición. El resultado de las tensiones entre las dos facciones del MDC quedó de manifiesto en la votación para elegir al presidente del Parlamento que se celebró el 25 de agosto de 2008. Ambas facciones presentaron candidatos rivales para el puesto. La mayoría de los diputados del ZANU-PF votaron al candidato de Mutambara, Paul Themba Nyathi. El candidato de Tsvangirai, Lovemore Moyo, terminó ganando con votos adicionales tanto del ZANU-PF como de la facción minoritaria del MDC, lo que supuso un duro golpe para dicha facción. En el proceso, Mugabe fue abucheado y recibió pitadas durante su discurso en el Parlamento, lo que le supuso una gran humillación y generó una breve sensación de victoria. Sin embargo, la triste ironía de ver cómo las dos facciones del MDC anteponían sus problemas al problema mayor, el régimen de Mugabe, puso de relieve las dificultades que siguen existiendo para crear una política de oposición sólida en Zimbabue. Ante los continuos bloqueos del proceso de mediación, el MDC (Tsvangirai) adoptó una triple estrategia contra el régimen de Mugabe. En primer lugar, optó por rechazar las actuales condiciones del acuerdo elaborado con la ayuda de Mbeki y por presionar para que el proceso de mediación dejara de estar liderado por la SADC y la UA y pasara a estar liderado por la ONU. Esta postura concordaba con la conocida desconfianza que la “diplomacia discreta” de Mbeki suscitaba en el MDC y con las tensiones surgidas entre Mbeki y la UE y EEUU en relación con el problema de Zimbabue, ante la preferencia de éstos últimos por presionar para que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara una decisión sobre posibles sanciones al Gobierno de Mugabe. Tanto la UE como EEUU dejaron claro en reiteradas ocasiones que solo aceptarían un acuerdo para Zimbabue que supusiera una pérdida decisiva de poder para Mugabe. El MDC de Tsvangirai decidió adoptar esta misma postura en su intento de desvincular la iniciativa de negociación de la SADC. En segundo lugar, quizá algo menos importante, el MDC aprovechó su control de la asamblea legislativa para crear un centro alternativo de poder contra el ejecutivo, bloqueando cualquier intento de Mugabe de gobernar fuera de un acuerdo más amplio. Y en tercer lugar, el MDC adoptó la visión, algo fatalista, de que la economía en crisis terminaría minando la capacidad de Mugabe para gobernar. El primer aspecto de esta triple estrategia tenía pocas posibilidades de prosperar, dado que la UA seguía el ejemplo de la SADC con respecto a la cuestión de Zimbabue, en particular porque el grupo de referencia ampliado adscrito a la mediación de la SADC había contado con representantes de la UA. Por tanto, sería muy difícil que el presidente de la UA, el presidente tanzano Kikwete, que se había mostrado crítico de Mugabe, desvinculara a la UA de la postura colectiva de la SADC. Por lo que respecta a la ONU, era muy poco probable que China o Rusia, especialmente en el contexto de la debacle de Georgia, fueran a apoyar otro intento de Occidente de conseguir una resolución del Consejo de Seguridad en que se sancionara a Zimbabue. En la escena parlamentaria, Mugabe ya había iniciado un proceso, tras las elecciones de marzo de 2008, destinado a debilitar la posición de mayoría del MDC mediante la detención de diputados del MDC sospechosos de haber participado en actos de violencia electoral.[3] Con toda probabilidad, semejante estrategia se intensificaría en caso de que la mediación se encallara en un prolongado punto muerto. Por lo que respecta a la creencia de que la economía podría asestar el golpe definitivo al Gobierno de Mugabe, está claro que la mayor parte de la población de Zimbabue se enfrenta a la perspectiva de una devastación continua de sus formas de sustento como resultado de las desastrosas políticas del régimen en el poder. Más allá de las ganancias obtenidas por el capital extranjero en el sector extractivo y las actividades de rentismo parasitario (rent-seeking)de sectores de la elite gobernante, la mayoría de la población activa, tanto del medio rural como del urbano, se enfrenta a la probabilidad de una pobreza cada vez mayor, por no decir una inanición masiva. La devastación económica que se ha producido tiene tres características sobresalientes. En primer lugar, la hiperinflación de aproximadamente 10 millones por ciento ha acabado con los ahorros y los ingresos de los trabajadores, en un contexto de graves descensos de la producción y una importante escasez de alimentos, electricidad, combustible y bienes básicos. Como resultado de este proceso, la mayoría de las transacciones clave de la economía se han dolarizado, lo que ha generado rentismo parasitario, especulación, transacciones transfronterizas, dependencia de las remesas de dinero procedentes del exterior y delincuencia. En segundo lugar, se ha registrado un enorme descenso del empleo en el sector estructurado, con el consiguiente crecimiento del empleo en el sector no estructurado. Entre los indicadores de este proceso figuran los siguientes: (a) el descenso del número de trabajadores con empleos en el sector estructurado, de 1,4 millones en 1998 a 998.000 en 2004 (los datos actuales, de los que no se dispone, probablemente mostrarían un descenso aún mayor); y (b) la reducción del porcentaje del PIB representado por los sueldos y los salarios, desde un promedio del 49% durante el período previo al ajuste estructural en 1985-1990 hasta un 29% en 1997-2003. Además, la crisis de la producción provocada por las ocupaciones de tierras también ha supuesto un problema para las formas de vida de los trabajadores, ya que la interrupción de la producción y los ingresos en los sectores agrícola y manufacturero han supuesto una enorme carga para la reproducción de los hogares de los trabajadores. En tercer lugar, la economía ha experimentado un desplazamiento de mano de obra cada vez mayor. Durante el período de ajuste estructural, en la década de 1990, el volumen de desplazamientos desde las ciudades hacia el campo aumentó debido a las dificultades experimentadas por los trabajadores para encontrar formas de sustento sostenibles en las áreas urbanas. Esta tendencia se ha visto intensificada por el mayor desplazamiento de familias a partir de 2000 derivado de las ocupaciones de tierras, la violencia electoral, las cada vez mayores diásporas de mano de obra y los desahucios masivos que se llevaron a cabo en las ciudades durante la Operación Murambatsvina en 2005.[4] La Operación, destinada a acabar con el sector desestructurado en las zonas urbanas y reducir los principales distritos electorales de la oposición, hizo que unas 700.000 personas perdieran su forma de sustento y generó un movimiento migratorio de mano de obra que empujó a muchas personas a abandonar las ciudades o encontrar un nuevo lugar en los espacios urbanos. Aunque este enorme deterioro de la economía redujo el apoyo del que disfrutaba el régimen de Mugabe, también supuso un desafío para la oposición. Un pilar fundamental del MDC desde su creación a finales de la década de 1990 ha sido el movimiento obrero. Sin embargo, esta base de oposición se ha visto negativamente afectada por la crisis anteriormente descrita, lo que a su vez ha generado unas condiciones sumamente difíciles para la movilización política, en varios aspectos. En primer lugar, la reducción del empleo en el sector estructurado ha provocado un descenso del nivel de sindicalización y cuotas, lo que ha minado la capacidad de los sindicatos para llevar a cabo actividades educativas y organizativas para sus miembros. En segundo lugar, como resultado de este descenso estructural y la mayor agresividad de los ataques del Estado contra los líderes sindicales, el movimiento obrero se ha vuelto más defensivo estratégicamente y ha disminuido su capacidad y voluntad de liderar amplias alianzas cívicas, como hizo en el período comprendido entre finales de la década de 1980 y 2000. En tercer lugar, las huelgas y paros, que en la década de 1990 habían sido un instrumento eficaz contra el Estado, cuando la economía era más boyante, dejaron de ser estrategias viables de movilización en el contexto existente de rápido descenso de la mano de obra. La desestructuración del mercado laboral ha hecho que los trabajadores pasen de prácticas laborales y acciones de protesta normalizadas en la esfera pública a estrategias más individualizadas y delictivas de supervivencia. La progresiva regulación de las relaciones laborales, que en su día fue uno de los primeros logros del Estado poscolonial, se ha visto reemplazada por una incertidumbre cada vez mayor en torno a la organización del trabajo y la estructuración de la mano de obra. Este debilitamiento del movimiento obrero, y de la cultura de organización y movilización obrera que lo caracterizaba, llevó al Congreso de Sindicatos de Zimbabue (ZCTU, por sus siglas en inglés) a realizar llamamientos urgentes a la comunidad internacional para que interviniera en la crisis de Zimbabue. En un informe sobre una declaración formulada en 2008 por el presidente del ZCTU a este respecto se señalaba lo siguiente: “El Sr Matombo dijo que muchos de sus miembros reciben demasiadas agresiones de las fuerzas de Zimbabue como para poder organizarse de forma efectiva. Ése es el motivo de que vaya a presionar a su grupo para que apoye una mayor intervención internacional, a pesar del daño a corto plazo que un bloqueo u otro tipo de acción podría ocasionar a los pobres del país”.[5] Dado el grave debilitamiento de esta base fundamental de la organización del MDC, no es de extrañar que surgiera una compulsión casi desesperada por considerar la economía un aliado activo en la lucha contra el régimen de Mugabe. Lo que equivalió a una admisión de la menor capacidad de la oposición para movilizar políticamente a nivel nacional se fue traduciendo cada vez más en una categórica afirmación de la capacidad de una crisis económica para completar la tarea de una resistencia exhausta. En varios informes se señaló el carácter generalizado de esta idea. Se informó que Morgan Tsvangirai había dicho que la rápida espiral económica descendente de Zimbabue “terminaría por obligar a Mugabe a transigir”,[6] una opinión compartida por el importante líder cívico Lovemore Madhuku, que declaró: “Mugabe tendrá muchas dificultades para gobernar sin una mayoría (en el Parlamento), pero ése no es su verdadero problema. Su principal e insalvable problema es el desmoronamiento de la economía. No tiene margen de maniobra”.[7] El propio Mugabe era consciente de este argumento y no tardó en vincularlo a su opinión de que formaba parte de una estrategia de “cambio de régimen” auspiciada por Occidente. En su opinión: “… los británicos han prometido al MCD que las sanciones serán más demoledoras y que nuestro Gobierno caerá en seis meses”.[8] Sin duda, entre la opinión y la comunidad de donantes existía la opinión generalizada de que el lamentable estado de la economía de Zimbabue resultaba insostenible y de que su desastroso deterioro no tardaría en afectar a la capacidad de Mugabe para mantenerse en el poder. Sin embargo, también resultaba evidente que la crisis estaba beneficiando a determinados sectores clave de la elite gobernante, en especial a la principal base de apoyo de Mugabe, el ejército. Tampoco se disponía de información suficiente sobre los mecanismos de supervivencia de los pobres de Zimbabue y los distintos tipos de relaciones económicas resultantes de la crisis que permitirían subsistir a la economía, aunque a unos niveles deplorables de subsistencia. Por tanto, al predicar una estrategia de cambio basada en buena medida en el deterioro económico se corre el riesgo de infravalorar peligrosamente la constante capacidad de un régimen autoritario para mantenerse. Acuerdo político En vista del análisis anterior, no es de extrañar que la mediación de Mbeki llevara a la firma de un acuerdo político por los principales partidos el 11 de septiembre de 2008. En vista de las escasas opciones de que disponían los principales actores políticos de Zimbabue, Mbeki utilizó una combinación de esas limitaciones y de las presiones ejercidas por las fuerzas regionales e internacionales en favor de un cambio para presionar en favor de un acuerdo político. El acuerdo que se firmó finalmente reflejó las tensiones existentes entre un partido en su día dominante obligado a aceptar un reparto del poder y un partido opositor incapaz de reunir el poder de influencia necesario para arrebatar el poder de forma contundente al partido gobernante. Entre los principales aspectos del acuerdo cabe destacar los siguientes: El acuerdo dejó muchas áreas sin definir, como la relación entre la autoridad y la capacidad de decisión del Gabinete y el Consejo de Ministros o qué ministerios concretos se asignarían a cada uno de los partidos. Este último problema sigue retrasando la aplicación del acuerdo, puesto que el régimen de Mugabe persiste en sus esfuerzos por conservar el control de los ministerios clave en materia económica y de seguridad. Sin embargo, el acuerdo debería entenderse en gran medida como un campo de batalla en que ambos partidos continuarán su lucha por hacerse con el poder estatal, en una situación en que el partido en el poder aún mantiene la ventaja de controlar los medios de coerción. El ZANU-PF es un partido político mucho más débil que tras las elecciones de 2005, pero el MDC sigue sin ser lo suficientemente fuerte como para ejercer su hegemonía sobre el Estado. Algunas figuras clave de la sociedad civil han expresado opiniones críticas sobre el acuerdo. El ZCTU advirtió: “Un Gobierno de unidad nacional es una subversión de nuestra Constitución nacional. Sólo debería establecerse una Autoridad de transición encargada de conducir a Zimbabue hacia unas nuevas elecciones, libres y justas, que, esperemos, no sean impugnadas por los partidos”.[9] Además, para el presidente de la Asamblea Constitucional Nacional el acuerdo suponía “una capitulación del MDC”. Sin embargo, está claro que ninguna de estas fuerzas sociales tiene la capacidad necesaria para oponerse a este proceso, y de hecho la alternativa propuesta por el presidente de la Asamblea Constitucional, “volver a las trincheras y ejercer presión”, es más una vuelta a lo que podría haber sido que una valoración realista de los problemas actuales. Conclusión: En el momento de elaborarse este documento, sigue sin aplicarse el acuerdo firmado por las principales formaciones políticas el 11 de septiembre de 2008, parado por una disputa sobre la distribución de los cargos ministeriales. El hecho de que el acuerdo se vea envuelto en semejante disputa es otro reflejo de que, a menudo, este tipo de luchas por el Estado poscolonial se consideran juegos de suma cero en que el acceso al Estado es la condición sine qua non para el empleo, la influencia política y la acumulación futura. Para el partido en el poder, el peligro de perder el control de este recurso amenaza con deshacer las estructuras de rentismo parasitario y especulación que se han convertido en el rasgo dominante de las fortunas de la elite política. En el caso del MDC, el calor del poder del Estado ha incrementado la sensación de que no puede mantenerse un período prolongado de oposición en el actual contexto de deterioro económico. Notas: [1] Jason Moyo y Mandy Rossouw, “MDC: Brown’s Trojan Horse?”, Mail and Guardian, 22-28/VIII/2008.
[3] “Zanu (PF) ‘plots’ to seize parliament”, Business Day, 1/IX/2008. [4] La palabra “Murambatsvina” significa en shona “sacar la basura”, que es como a menudo se refería el partido en el poder a la base de apoyo urbana del MDC. [5] Margaret Coker, “Powerful South African labour group ponders how hard to press Mugabe”, Wall Street Journal, 9/VII/2008. [6] Basildon Peta, “Mugabe advised to quit talks”, Cape Times, 22/VIII/2008. En las declaraciones de otros líderes de la oposición y comentaristas políticos pueden encontrarse otras afirmaciones de fe de este tipo.
[9] Declaración del ZCTU, Harare, 16/IX/2008.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>África, el continente de los tiranosaurios
>
Robert Mugabe, el octogenario presidente y principal artífice de la independencia de Zimbabue, se ha vuelto un déspota. Consiguió lo que quería: la presidencia vitalicia. Con la oposición en el exilio, en las cárceles o muerta, puede seguir “hasta que Dios le eche”, según dice. Pero, aunque hace décadas que sus compatriotas padecen su tiranía, los occidentales sólo descubrieron el verdadero rostro de Mugabe en 2001, cuando, para camuflar su incapacidad de resolver los agudos problemas del país, azuzó a sus “veteranos” de la guerrilla a ocupar las tierras de los granjeros blancos. Aquello fue un modelo de cómo no se debe realizar una reforma agraria en el África actual: evidenciando el racismo subyacente en su política, Mugabe abocó a Zimbabue a un rápido y profundo deterioro económico y social. Zimbabue era antes un exportador de alimentos; ahora, sus famélicos 12 millones de habitantes subsisten gracias a la ayuda internacional.
Como otras figuras del África poscolonial, Mugabe vive en la irrealidad. Pretende que su aureola de líder “nacionalista” le coloca por encima del bien y del mal. Aún sueña con sus pasadas hazañas bélicas en la lucha por la liberación, y cree que ese pasado justifica el presente. Es incapaz de reconocer su gran fracaso: el no haber sabido revalidar su competencia como guerrillero en su labor como estadista.
Apenas instalado en el poder en 1980, Mugabe deshizo la alianza con Joshua Nkomo, compañero de lucha y principal adversario, que creó el Frente Patriótico para acelerar el final del régimen segregacionista instalado por Ian Smith a mediados de los años sesenta del pasado siglo, según el modelo surafricano. Nkomo era ministro y destacado miembro de la etnia ndebele, cuyo feudo es la región de Bulawayo. Con el sempiterno pretexto de que intentó dar un golpe de Estado -los dictadores africanos carecen de imaginación y se repiten unos a otros-, Mugabe echó a Nkomo del Gobierno y desencadenó la llamada Operación Gukurahundi, en la cual asesinaron al menos a 20.000 miembros de dicha etnia en los seis años que duró esa etapa de terror, que no ha terminado: algunos cálculos sitúan en un millón los ndebeles huidos del país en los últimos 10 años. El dirigente material de la purga, el general Perence Shiri, se hace llamar El Jesús Negro, y continúa al frente de la terrible V Brigada del Ejército. Y uno de los factores que pudieran explicar la recalcitrante y patética resistencia de Mugabe a dejar el poder es la promesa del principal líder opositor, Morgan Tsvangirai, de encausar a los responsables del genocidio si llega al poder; Mugabe y los suyos prefieren morir en sus palacios y no en la cárcel.
El actual episodio del drama de Zimbabue, como toda su trayectoria en 28 años de absolutismo, demuestra que Mugabe no es demócrata: no le importan los métodos con tal de seguir en el poder. Mientras tanto, la comunidad internacional sólo hace declaraciones y publica comunicados. Protestas y condenas que son sólo eso, palabrería y papel mojado para un viejo león acostumbrado a resistir, a la espera de que amaine la tormenta.
¿Y ahora, qué? ¿Qué solución podemos esperar cuando, desoyendo el clamor del mundo, Mugabe volvió a colocarse la banda presidencial tras su “aplastante” victoria en una parodia de “elecciones”, sin oposición?
¿Estamos condenados los africanos a sufrir en silencio a nuestros sátrapas, sin que se haga nada efectivo para poner coto a la miseria y al terror que provocan? Cuando, década tras década, los mandatarios utilizan con impunidad todo tipo de trucos y trampas, incluido el asesinato, para seguir donde están pese a quien pese, parecería lógico pensar que la gente tiene derecho a defender su vida y su libertad. Cuando esos mismos tiranos se atrincheran y pretenden eternizarse a través de sus hijos -como en la República Democrática de Congo, como en Togo, y puede que en Gabón y Guinea Ecuatorial-, los simples ciudadanos pierden toda esperanza. A generaciones de africanos nos han robado el futuro, nos han desprovisto de toda ilusión. Y esta impotencia, convertida en desesperación, es un caldo de cultivo para ambiciosos y aventureros.
La Unión Africana, creada en 2001 en sustitución de la ineficaz Organización para la Unidad Africana, consagró el no reconocimiento de los gobiernos que llegasen al poder por medio de la violencia. Dicho así, parece una medida para impulsar la democracia. Pero si tenemos en cuenta que buena parte de los signatarios de estos acuerdos de Syrta (Libia) ocuparon sus puestos mediante sangrientos golpes militares, en algunos casos ahogando regímenes democráticos conseguidos con mucho esfuerzo, se concluye que es sólo una medida para blindar a las dictaduras. En África, existen gobernantes que pronto celebrarán su cincuentenario en el poder, sin que nadie se escandalice. Todos ellos, como Mugabe, se distinguen por su crueldad y corrupción, pues los jefes y allegados acaparan las inmensas riquezas de un África nada pobre, sólo empobrecida por la depredación y los abusos.
La percepción del africano es que esas tiranías cleptómanas no existirían sin la aquiescencia o complicidad de los países occidentales, principales beneficiarios de la situación. Porque, al tiempo que explotan nuestras ingentes materias primas a precios irrisorios, se benefician de la fuga de cerebros y de la barata mano de obra inmigrante; y cuando llegan los tiempos de crisis, sacan de la rebotica todos los rancios mecanismos que limiten la libre circulación de las personas, pero no de los bienes.
Africanos y occidentales coincidimos en que mucho debe cambiar en África. Las discrepancias son metodológicas. El modelo español es ideal, y ha dado resultado en algún país latinoamericano, pero no siempre es exportable. La Transición fue la obra de un Rey deseoso de transformar la dictadura heredada en democracia plena. Ese impulso desde la jefatura del Estado estaba en consonancia con los anhelos de la inmensa mayoría de los ciudadanos, y los políticos de todas las tendencias asumieron la necesaria transformación. ¿Por qué hacer cuando es la propia cabeza del régimen la que no tiene voluntad de ceder ni un ápice de su dominio omnímodo? Los dictadores africanos tomaron nota de los avatares de Augusto Pinochet y resisten para no terminar como él, humillados y ofendidos.
¿Estamos obligados los africanos a soportar eternamente miserias y tiranías? ¿En nombre de qué maldición bíblica o determinismo genético? África debe dejar de ser un problema, en primer lugar, para los propios africanos. Pero no habrá solución mientras no se comprenda que la libertad y el progreso sólo llegarán de la mano de los demócratas africanos. Y para ello es necesario obligar a salir a los tiranos. Y se puede lograr sin derramar ni una gota de sangre, sin guerras ni invasiones. Uno de los temores recurrentes entre los dirigentes occidentales de todas las tendencias es el de la desestabilización; se piensa que cualquier cambio pondrá en peligro las fuentes de materias primas y las inversiones. Esta doctrina perversa lleva a legislar sobre la protección de los simios, mientras las personas son vejadas. Pero no se han valorado los beneficios que se derivarían para el mundo, incluido el de los negocios, si africanos con otra mentalidad asumieran los destinos de sus países: la estabilidad sería verdaderamente sólida si los africanos pudiéramos vivir tranquilos en nuestro suelo, y nuestras riquezas nos sirvieran para alcanzar el desarrollo.
Si se produjese una complicidad entre africanos y occidentales, si los demócratas europeos y americanos se aunaran contra las dictaduras inhumanas de África, las cosas empezarían a cambiar. Nuestras independencias deben ser plenas, no nominales; pero, a tenor de lo vivido en el último medio siglo de relaciones entre Occidente y África, sería preferible que la injerencia extranjera en nuestros asuntos se produjera a favor de los pueblos y no de los tiranosaurios.
África, el continente de los tiranosaurios
Robert Mugabe, el octogenario presidente y principal artífice de la independencia de Zimbabue, se ha vuelto un déspota. Consiguió lo que quería: la presidencia vitalicia. Con la oposición en el exilio, en las cárceles o muerta, puede seguir “hasta que Dios le eche”, según dice. Pero, aunque hace décadas que sus compatriotas padecen su tiranía, los occidentales sólo descubrieron el verdadero rostro de Mugabe en 2001, cuando, para camuflar su incapacidad de resolver los agudos problemas del país, azuzó a sus “veteranos” de la guerrilla a ocupar las tierras de los granjeros blancos. Aquello fue un modelo de cómo no se debe realizar una reforma agraria en el África actual: evidenciando el racismo subyacente en su política, Mugabe abocó a Zimbabue a un rápido y profundo deterioro económico y social. Zimbabue era antes un exportador de alimentos; ahora, sus famélicos 12 millones de habitantes subsisten gracias a la ayuda internacional.
Como otras figuras del África poscolonial, Mugabe vive en la irrealidad. Pretende que su aureola de líder “nacionalista” le coloca por encima del bien y del mal. Aún sueña con sus pasadas hazañas bélicas en la lucha por la liberación, y cree que ese pasado justifica el presente. Es incapaz de reconocer su gran fracaso: el no haber sabido revalidar su competencia como guerrillero en su labor como estadista.
Apenas instalado en el poder en 1980, Mugabe deshizo la alianza con Joshua Nkomo, compañero de lucha y principal adversario, que creó el Frente Patriótico para acelerar el final del régimen segregacionista instalado por Ian Smith a mediados de los años sesenta del pasado siglo, según el modelo surafricano. Nkomo era ministro y destacado miembro de la etnia ndebele, cuyo feudo es la región de Bulawayo. Con el sempiterno pretexto de que intentó dar un golpe de Estado -los dictadores africanos carecen de imaginación y se repiten unos a otros-, Mugabe echó a Nkomo del Gobierno y desencadenó la llamada Operación Gukurahundi, en la cual asesinaron al menos a 20.000 miembros de dicha etnia en los seis años que duró esa etapa de terror, que no ha terminado: algunos cálculos sitúan en un millón los ndebeles huidos del país en los últimos 10 años. El dirigente material de la purga, el general Perence Shiri, se hace llamar El Jesús Negro, y continúa al frente de la terrible V Brigada del Ejército. Y uno de los factores que pudieran explicar la recalcitrante y patética resistencia de Mugabe a dejar el poder es la promesa del principal líder opositor, Morgan Tsvangirai, de encausar a los responsables del genocidio si llega al poder; Mugabe y los suyos prefieren morir en sus palacios y no en la cárcel.
El actual episodio del drama de Zimbabue, como toda su trayectoria en 28 años de absolutismo, demuestra que Mugabe no es demócrata: no le importan los métodos con tal de seguir en el poder. Mientras tanto, la comunidad internacional sólo hace declaraciones y publica comunicados. Protestas y condenas que son sólo eso, palabrería y papel mojado para un viejo león acostumbrado a resistir, a la espera de que amaine la tormenta.
¿Y ahora, qué? ¿Qué solución podemos esperar cuando, desoyendo el clamor del mundo, Mugabe volvió a colocarse la banda presidencial tras su “aplastante” victoria en una parodia de “elecciones”, sin oposición?
¿Estamos condenados los africanos a sufrir en silencio a nuestros sátrapas, sin que se haga nada efectivo para poner coto a la miseria y al terror que provocan? Cuando, década tras década, los mandatarios utilizan con impunidad todo tipo de trucos y trampas, incluido el asesinato, para seguir donde están pese a quien pese, parecería lógico pensar que la gente tiene derecho a defender su vida y su libertad. Cuando esos mismos tiranos se atrincheran y pretenden eternizarse a través de sus hijos -como en la República Democrática de Congo, como en Togo, y puede que en Gabón y Guinea Ecuatorial-, los simples ciudadanos pierden toda esperanza. A generaciones de africanos nos han robado el futuro, nos han desprovisto de toda ilusión. Y esta impotencia, convertida en desesperación, es un caldo de cultivo para ambiciosos y aventureros.
La Unión Africana, creada en 2001 en sustitución de la ineficaz Organización para la Unidad Africana, consagró el no reconocimiento de los gobiernos que llegasen al poder por medio de la violencia. Dicho así, parece una medida para impulsar la democracia. Pero si tenemos en cuenta que buena parte de los signatarios de estos acuerdos de Syrta (Libia) ocuparon sus puestos mediante sangrientos golpes militares, en algunos casos ahogando regímenes democráticos conseguidos con mucho esfuerzo, se concluye que es sólo una medida para blindar a las dictaduras. En África, existen gobernantes que pronto celebrarán su cincuentenario en el poder, sin que nadie se escandalice. Todos ellos, como Mugabe, se distinguen por su crueldad y corrupción, pues los jefes y allegados acaparan las inmensas riquezas de un África nada pobre, sólo empobrecida por la depredación y los abusos.
La percepción del africano es que esas tiranías cleptómanas no existirían sin la aquiescencia o complicidad de los países occidentales, principales beneficiarios de la situación. Porque, al tiempo que explotan nuestras ingentes materias primas a precios irrisorios, se benefician de la fuga de cerebros y de la barata mano de obra inmigrante; y cuando llegan los tiempos de crisis, sacan de la rebotica todos los rancios mecanismos que limiten la libre circulación de las personas, pero no de los bienes.
Africanos y occidentales coincidimos en que mucho debe cambiar en África. Las discrepancias son metodológicas. El modelo español es ideal, y ha dado resultado en algún país latinoamericano, pero no siempre es exportable. La Transición fue la obra de un Rey deseoso de transformar la dictadura heredada en democracia plena. Ese impulso desde la jefatura del Estado estaba en consonancia con los anhelos de la inmensa mayoría de los ciudadanos, y los políticos de todas las tendencias asumieron la necesaria transformación. ¿Por qué hacer cuando es la propia cabeza del régimen la que no tiene voluntad de ceder ni un ápice de su dominio omnímodo? Los dictadores africanos tomaron nota de los avatares de Augusto Pinochet y resisten para no terminar como él, humillados y ofendidos.
¿Estamos obligados los africanos a soportar eternamente miserias y tiranías? ¿En nombre de qué maldición bíblica o determinismo genético? África debe dejar de ser un problema, en primer lugar, para los propios africanos. Pero no habrá solución mientras no se comprenda que la libertad y el progreso sólo llegarán de la mano de los demócratas africanos. Y para ello es necesario obligar a salir a los tiranos. Y se puede lograr sin derramar ni una gota de sangre, sin guerras ni invasiones. Uno de los temores recurrentes entre los dirigentes occidentales de todas las tendencias es el de la desestabilización; se piensa que cualquier cambio pondrá en peligro las fuentes de materias primas y las inversiones. Esta doctrina perversa lleva a legislar sobre la protección de los simios, mientras las personas son vejadas. Pero no se han valorado los beneficios que se derivarían para el mundo, incluido el de los negocios, si africanos con otra mentalidad asumieran los destinos de sus países: la estabilidad sería verdaderamente sólida si los africanos pudiéramos vivir tranquilos en nuestro suelo, y nuestras riquezas nos sirvieran para alcanzar el desarrollo.
Si se produjese una complicidad entre africanos y occidentales, si los demócratas europeos y americanos se aunaran contra las dictaduras inhumanas de África, las cosas empezarían a cambiar. Nuestras independencias deben ser plenas, no nominales; pero, a tenor de lo vivido en el último medio siglo de relaciones entre Occidente y África, sería preferible que la injerencia extranjera en nuestros asuntos se produjera a favor de los pueblos y no de los tiranosaurios.
>El Guantánamo de Zimbabue
>
Hace unas semanas, el Tribunal Supremo de EE. UU. dictaminó que los detenidos en Bahía de Guantánamo tienen derecho a un hábeas corpus – el derecho a recusar la base fáctica y legal de su detención en un tribunal de justicia-. La decisión me regocijó, después de cuatro años de haber trabajado para asegurar el régimen de derecho en la política de detención e interrogatorio de Estados Unidos, incluida la supervisión de los juicios de comisiones militares en Bahía de Guantánamo. Pero mi felicidad se ve oscurecida donde estoy, cerca de la frontera con Zimbabue – un país donde el mandato judicial de hábeas corpus y el régimen de derecho se han vuelto obsoletos-.
El hábeas corpus, término que en latín corresponde a “que tengas tu cuerpo”, es un antiguo principio del derecho común inglés incorporado a la Constitución de Estados Unidos para asegurar la libertad frente a una detención ilegal por parte del Estado. Fue y sigue siendo un control fundamental frente a la encarcelación de individuos sin omisión por parte de las cortes independientes. En Zimbabue, este derecho – como tantos otros equilibrios de poderes- ha sido socavado por un Estado represivo.
Apenas horas antes del dictamen del Supremo de EE. UU., Tendai Biti, secretario general del opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MCD), fue arrestado tras su regreso a Zimbabue. A pesar de los intentos inmediatos por parte de sus abogados para dar con él, durante días se siguió desconociendo su paradero. La policía descartó una orden judicial inicial que exigía que se trasladara a Biti ante un tribunal.
Una vez que Biti fue llevado finalmente ante la corte, días después, el Gobierno anunció que sería acusado de traición – lo que conlleva la pena de muerte- por anunciar extraoficialmente los resultados de las elecciones del 29 de marzo del 2008.
Antes de su detención, Biti había respondido a esas acusaciones declarando que su único delito había sido pelear por la democracia en Zimbabue. Es poco probable que pueda recusar la causa de su detención en un tribunal independiente.
Desde 1999, el MCD ha funcionado como una alternativa democrática para el régimen del presidente Robert Mugabe. En las elecciones de marzo, los zimbabuos hicieron saber su elección, a pesar de los serios obstáculos y la represión generalizada, con el candidato presidencial del MCD, Morgan Tsvangirai, que obtuvo más votos que Mugabe. Pero, según los recuentos de votos dados a conocer por el Gobierno después de una sospechosa demora de un mes, el margen de victoria del MCD- 48% a 43%- no alcanzó el 50% necesario para evitar una segunda vuelta.
Biti no es el único miembro del MCD en estar “desaparecido” por un tiempo por el Gobierno de Mugabe. En los dos últimos años, la policía y paramilitares respaldados por el Gobierno encarcelaron, golpearon y hasta asesinaron regularmente a funcionarios del MCD y miembros sospechados de pertenecer a este movimiento. El año pasado, Biti fue detenido y golpeado junto con Tsvangirai y decenas de otros funcionarios del MCD. Las fotos del cuerpo golpeado de Tsvangirai generaron una protesta internacional.
La violencia patrocinada por el Estado contra el MCDy sus seguidores ha escalado a medida que se acercaba la segunda vuelta electoral el pasado 27 de junio. Hace apenas semanas, Biti describió el descubrimiento del cuerpo mutilado de Tonderai Ndira, un joven líder del MCD. Ndira había sido sacado de su casa por la policía. Estuvo desaparecido durante siete días; cuando encontraron su cuerpo, sólo pudieron reconocerlo por un brazalete que llevaba.
En nuestras oficinas en Johannesburgo, tenemos dos abogados zimbabuos que huyeron de su país después de recibir amenazas de muerte por su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Al menos cinco de sus clientes han sido asesinados en las últimas semanas. Más recientemente, la policía zimbabua suspendió el trabajo de numerosas organizaciones de derechos humanos que estaban documentando la reciente violencia.
Cuesta imaginar que se pudiera llevar a cabo una elección libre y justa con el telón de fondo de una violencia tan intensa y sistémica. De hecho, hasta el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, quien a pesar de una protesta clamorosa de muchos de sus ciudadanos respaldó a Mubage, se sintió obligado a calificarla como una “causa de seria preocupación”.
En el caso Boumediene contra Bush, el juez Anthony Kennedy escribió que “la libertad y la seguridad se pueden reconciliar; y en nuestro sistema están reconciliadas dentro del marco de la ley”. Pero ya no queda ningún régimen de derecho en Zimbabue – ni hábeas corpus ni control de las acciones arbitrarias del Estado-. Es hora de que intervenga la comunidad internacional, de que haga un llamamiento a poner fin a la detención y desaparición de funcionarios y seguidores del MCD y de que presione para una transición democrática en Zimbabue. Sólo entonces los principios que subyacen a la decisión de la Corte Suprema estarán al alcance de los ciudadanos comunes de ese país.
El Guantánamo de Zimbabue
Hace unas semanas, el Tribunal Supremo de EE. UU. dictaminó que los detenidos en Bahía de Guantánamo tienen derecho a un hábeas corpus – el derecho a recusar la base fáctica y legal de su detención en un tribunal de justicia-. La decisión me regocijó, después de cuatro años de haber trabajado para asegurar el régimen de derecho en la política de detención e interrogatorio de Estados Unidos, incluida la supervisión de los juicios de comisiones militares en Bahía de Guantánamo. Pero mi felicidad se ve oscurecida donde estoy, cerca de la frontera con Zimbabue – un país donde el mandato judicial de hábeas corpus y el régimen de derecho se han vuelto obsoletos-.
El hábeas corpus, término que en latín corresponde a “que tengas tu cuerpo”, es un antiguo principio del derecho común inglés incorporado a la Constitución de Estados Unidos para asegurar la libertad frente a una detención ilegal por parte del Estado. Fue y sigue siendo un control fundamental frente a la encarcelación de individuos sin omisión por parte de las cortes independientes. En Zimbabue, este derecho – como tantos otros equilibrios de poderes- ha sido socavado por un Estado represivo.
Apenas horas antes del dictamen del Supremo de EE. UU., Tendai Biti, secretario general del opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MCD), fue arrestado tras su regreso a Zimbabue. A pesar de los intentos inmediatos por parte de sus abogados para dar con él, durante días se siguió desconociendo su paradero. La policía descartó una orden judicial inicial que exigía que se trasladara a Biti ante un tribunal.
Una vez que Biti fue llevado finalmente ante la corte, días después, el Gobierno anunció que sería acusado de traición – lo que conlleva la pena de muerte- por anunciar extraoficialmente los resultados de las elecciones del 29 de marzo del 2008.
Antes de su detención, Biti había respondido a esas acusaciones declarando que su único delito había sido pelear por la democracia en Zimbabue. Es poco probable que pueda recusar la causa de su detención en un tribunal independiente.
Desde 1999, el MCD ha funcionado como una alternativa democrática para el régimen del presidente Robert Mugabe. En las elecciones de marzo, los zimbabuos hicieron saber su elección, a pesar de los serios obstáculos y la represión generalizada, con el candidato presidencial del MCD, Morgan Tsvangirai, que obtuvo más votos que Mugabe. Pero, según los recuentos de votos dados a conocer por el Gobierno después de una sospechosa demora de un mes, el margen de victoria del MCD- 48% a 43%- no alcanzó el 50% necesario para evitar una segunda vuelta.
Biti no es el único miembro del MCD en estar “desaparecido” por un tiempo por el Gobierno de Mugabe. En los dos últimos años, la policía y paramilitares respaldados por el Gobierno encarcelaron, golpearon y hasta asesinaron regularmente a funcionarios del MCD y miembros sospechados de pertenecer a este movimiento. El año pasado, Biti fue detenido y golpeado junto con Tsvangirai y decenas de otros funcionarios del MCD. Las fotos del cuerpo golpeado de Tsvangirai generaron una protesta internacional.
La violencia patrocinada por el Estado contra el MCDy sus seguidores ha escalado a medida que se acercaba la segunda vuelta electoral el pasado 27 de junio. Hace apenas semanas, Biti describió el descubrimiento del cuerpo mutilado de Tonderai Ndira, un joven líder del MCD. Ndira había sido sacado de su casa por la policía. Estuvo desaparecido durante siete días; cuando encontraron su cuerpo, sólo pudieron reconocerlo por un brazalete que llevaba.
En nuestras oficinas en Johannesburgo, tenemos dos abogados zimbabuos que huyeron de su país después de recibir amenazas de muerte por su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Al menos cinco de sus clientes han sido asesinados en las últimas semanas. Más recientemente, la policía zimbabua suspendió el trabajo de numerosas organizaciones de derechos humanos que estaban documentando la reciente violencia.
Cuesta imaginar que se pudiera llevar a cabo una elección libre y justa con el telón de fondo de una violencia tan intensa y sistémica. De hecho, hasta el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, quien a pesar de una protesta clamorosa de muchos de sus ciudadanos respaldó a Mubage, se sintió obligado a calificarla como una “causa de seria preocupación”.
En el caso Boumediene contra Bush, el juez Anthony Kennedy escribió que “la libertad y la seguridad se pueden reconciliar; y en nuestro sistema están reconciliadas dentro del marco de la ley”. Pero ya no queda ningún régimen de derecho en Zimbabue – ni hábeas corpus ni control de las acciones arbitrarias del Estado-. Es hora de que intervenga la comunidad internacional, de que haga un llamamiento a poner fin a la detención y desaparición de funcionarios y seguidores del MCD y de que presione para una transición democrática en Zimbabue. Sólo entonces los principios que subyacen a la decisión de la Corte Suprema estarán al alcance de los ciudadanos comunes de ese país.
>Todo lo que podemos hacer por Zimbabue es enviar comida / We’ve done enough damage. All we can do is send food
>
Robert Mugabe está dejando en ridículo el intervencionismo de corte progresista. Se ha convertido en un regalo de los dioses para caricaturistas, políticos y comentaristas. Las elecciones de hoy en Zimbabue son un buen ejemplo de ello. En occidente lo retratan blandiendo palos chorreantes de sangre. Lo sacan de pie, en actitud de triunfo, sobre un montón de calaveras. Es un Bokassa copiado de un Idi Amin copiado de un Charles Taylor. Es uno de esos tipos que ya tenemos vistos de toda la vida, el epicentro africano de las tinieblas, monstruoso, bufonesco, grotesco y malvado. Si Gran Bretaña, por emplear la frase burlona de Kipling, fuera capaz en algún momento de «matar a Kruger con la boca», hace mucho tiempo que Mugabe estaría muerto.
Hay un cierto sentido en el que es correcto el histérico análisis antibritánico que Mugabe hace de los aprietos por los que está pasando. Su Zimbabue es una criatura del imperialismo y el postimperialismo británicos. El último gobernador del país, Lord Soames, lo consideraba cariñosamente a Mugabe la mascota del regimiento, «un chico estupendo», tal y como me confesó en una entrevista poco antes de que le hiciera entrega del poder en 1980.
Gran Bretaña toleró, como era de esperar, la eliminación del rival de Mugabe, Joshua Nkomo, y la transformación de Zimbabue en un Estado de partido único. Hizo la vista gorda ante la matanza de Ndebele, perpetrada en 1983 por la Quinta Brigada shona [etnia mayoritaria de Zimbabue] de Mugabe al mando de su caudillo militar, Perence Shiri, quien, según dicen algunos, es el que en estos momentos tiene a Mugabe en sus manos. El Whitehall [el Gobierno británico] de Margaret Thatcher concedió a Harare ayuda a manos llenas y le dio unos consejos disparatados, y colaboró en transformar una economía viable en un caso perdido de cleptomanía pseudosocialista, magníficamente reflejado por Andrew Meldrum en sus memorias tituladas Where we have hope [Mientras nos queden esperanzas].
En estos momentos, se considera que Zimbabue se encuentra en un estado de escándalo monstruoso. Aunque posiblemente Mugabe no sea el peor dictador del mundo, está considerado «nuestro» dictador y, por tanto, nuestra responsabilidad. La opinión pública pregunta qué es lo que se va a hacer con él. Harta de «haber hecho algo», supuestamente glorioso, en lugares como Bosnia, Sierra Leona, Kosovo, Afganistán e Irak, la opinión pública ya se ha acostumbrado, sin ningún género de dudas, a esta clase de preguntas. Así pues, ¿qué se va a hacer?
La respuesta del Gobierno británico es pura farfulla. Sobre la cabeza de Mugabe ha caído toda una cascada ministerial de improperios como cruel, sanguinario, ilegítimo y repugnante. Yo ya he perdido la cuenta de las veces que, desde el ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, se han referido a él despreciativamente, con una palabra tan grandilocuente y tan reveladora de impotencia como «inaceptable». En cuanto a las sanciones, hemos tenido que escuchar el penoso conjuro de prohibición de intercambios comerciales y limitaciones a viajes en primera clase, a cuentas en [los grandes almacenes] Harrods, a guarderías en Londres y a giras de cricket, toda esa palabrería incesante de sanciones elegantes.
Esas medidas son las armas de los cobardes y los hipócritas. Nunca sirven para nada en ningún sentido que tenga alguna trascendencia y equivalen, más o menos, a lo mismo que no comer naranjas de Sudáfrica o no comprar café de Brasil. Se supone que, si incomodan un poquito a los poderosos y hunden en la miseria más absoluta a los pobres, van a hacer que nos sintamos bien. En países como Cuba e Irak, las sanciones han condenado a la pobreza y el aislamiento a generaciones enteras.
La historia más que repetida de las sanciones comerciales demuestra que las restricciones a largo plazo, sean las que sean, lo único que producen es un reajuste económico interno. El control del dinero y de los productos pasa de los comerciantes a los gobernantes, lo que empuja a los primeros al exilio y aumenta el patrimonio de los segundos. De la misma manera que las sanciones hicieron ricos a Sadam Husein y a su familia, las sanciones han hecho ricos a Mugabe y a sus compinches.
La única sanción que sirve para algo es la que funciona de la noche a la mañana. Es de imaginar que, si Sudáfrica y los restantes vecinos de Zimbabue fueran capaces de cortar los suministros de petróleo y electricidad, podrían poner en marcha un golpe de algún tipo. Ahora bien, ¿quién lo daría? Cualquiera que se apoderara del poder en estos momentos habría de ser alguien con petróleo, y ése es el ejército, que precisamente ya tiene el poder.
En su lugar, nos encontramos en Londres con una señal inequívoca de pánico, un murmullo todavía tímido en torno a esa palabra que empieza por M, militares. Desde aquel dirigente liberal, «bombardero Thorpe», que insinuó que se pusiera fin por la fuerza a la sublevación de Ian Smith en Rodesia en 1967, Zimbabue ha despertado el machismo de la izquierda. En esta misma semana, Lord Paddy Ashdown ha seguido ese mismo camino, repleto de alusiones. Si se produjera un genocidio en Zimbabue, ha dicho el viejo aventurero, y si las Naciones Unidas lo aprobaran, y si fueran los africanos los que se encargaran de pelear, y no nosotros, entonces deberíamos ofrecer nuestro «apoyo moral».
¡Bravo por Douglas Fairbanks descolgándose desde la gran lámpara de la Cámara de los Comunes! Ni Sudáfrica ni ninguno de los estados vecinos pertenecientes a la Unión Africana han mostrado la más mínima inclinación a forzar un cambio de régimen en Harare, por mucho que puedan condenar a Mugabe. Los gobernantes africanos consideran muy poco atractivo el precedente intervencionista. Tampoco hay ninguna gana en Gran Bretaña de montar un ataque aerotransportado, desde dondequiera que pudiera lanzarse (¿Diego Garcia?). Nadie se imagina que a los aviones se les diera permiso para sobrevolar o repostar en el sur de Africa. Así de hundida está la autoridad moral de Gran Bretaña después de Irak.
Derrocar a Mugabe exigiría una fuerza lo suficientemente potente como para decapitar su ejército, como mínimo, y es de imaginar que para instalar en el poder al jefe de la oposición, Morgan Tsvangirai. ¿Qué clase de poder sería éste, conseguido gracias a las armas extranjeras? Probablemente no iría más allá de ser el prólogo de una guerra civil, que debe ser precisamente lo último que Zimbabue necesita en estos momentos.
La verdad es que Gran Bretaña y occidente han llegado a cansarse de este tipo de operaciones. No han sido capaces siquiera de reunir la fortaleza suficiente para hacer llegar su ayuda al delta del Irrawaddy, en Birmania, que no es, ni de lejos, la más drástica de las intervenciones. Las bravatas altisonantes del laborismo sobre Bagdad y Kabul se han quedado reducidas en la actualidad a advertencias plagadas de matices. La consigna del cruzado, aquélla de que «no se puede abandonar a su suerte a los pobres albaneses» (o chiíes, o pastunes), ha degenerado en una monotonía diplomática de trámites y resoluciones.
A Gran Bretaña no le queda más alternativa que asistir a la tragedia de Zimbabue sin intervenir, impotente y al margen. Si Africa quiere ayudarse a sí misma, ya lo hará. Si no, allá ellos. No podemos rendir a Mugabe por hambre, porque ésa es precisamente la estrategia que aplica a su pueblo. Nos conformamos con declarar una y otra vez que su país está «al borde del colapso», pero eso es economía para tontos. Las economías de subsistencia y giros desde el extranjero no se hunden.
Podemos pintar a Mugabe en la prensa como un gorila sanguinario e imponer las denominadas sanciones inteligentes, para que Gordon Brown y otros tantos gobernantes europeos puedan sentirse un poco mejor, pero nuestros buenos sentimientos difícilmente van a resultar claves de cara a las penalidades de Africa.
El denominado intervencionismo progresista es un fuego fatuo, una reformulación insípida y bienintencionada de la política exterior en respuesta a unos hechos que aparecen en los titulares de la prensa, motivada por nuestro propio interés o por un arranque pasajero. Deberíamos enviar comida para paliar el hambre en Zimbabue, porque eso es lo que está en nuestra mano hacer, por mucho que Mugabe manipule esos envíos. En cuanto a los sueños de derrocarle, se nos ha pasado el momento. Gran Bretaña ya ha infligido suficiente daño a Zimbabue a lo largo de años y años. La prudencia aconseja que nos quedemos calladitos.
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Robert Mugabe is making a mockery of liberal interventionism. He has become God’s gift to cartoonists, politicians and commentators. He is depicted wielding clubs dripping in blood. He stands triumphant over a pile of skulls. He is Bokassa out of Idi Amin out of Charles Taylor. He is that old familiar, the African heart of darkness, monstrous, buffoonish, grotesque and evil. If Britain, as Kipling jeered, were ever capable of “killing Kruger with your mouth”, Mugabe would long be dead.
There is a sense in which Mugabe’s hysterical anti-British analysis of his predicament is correct. His Zimbabwe is a creature of British imperialism and post-imperialism. The last governor, Lord Soames, regarded him as an affectionate regimental mascot, a “splendid chap”, as he told me in an interview shortly before handing power to him in 1980.
Britain duly tolerated the suppression of Mugabe’s enemy, Joshua Nkomo, and Zimbabwe’s conversion into a one-party state. It turned a blind eye to the 1983 Ndebele massacre by Mugabe’s Shona Fifth Brigade under its warlord, Perence Shiri, who some say is Mugabe’s present master. Margaret Thatcher’s Whitehall gave Harare lavish aid and barmy advice, helping turn a viable economy into a basket case of pseudo-socialist kleptomania – well charted by the Guardian’s Andrew Meldrum in his memoir, Where We Have Hope.
Now Zimbabwe is declared outrageous. Though Mugabe is hardly the worst dictator in the world, he is regarded as “our” dictator and therefore our business. The public asks: “What is to be done about him?” Sated on having “done something”, presumably glorious, about Bosnia, Sierra Leone, Kosovo, Afghanistan and Iraq, public opinion is hard-wired to such a question. So what is to be done?
The government’s answer is splutter. Abuse is heaped on Mugabe’s head in a ministerial cascade of brutals, bloodthirsties, illegitimates and revoltings. I have lost count how often the Foreign Office has excoriated him with that lofty, impotent putdown, “unacceptable”. As for sanctions, we must listen to the sad incantation of trade bans, VIP travel restrictions, Harrods accounts, London kindergartens and cricket tours – the ceaseless chatter of sanctions chic.
Such sanctions are the weapons of cowards and hypocrites. They never work in any meaningful sense, and are on a par with not eating South African oranges or not buying Brazilian coffee. By mildly inconveniencing the powerful and destituting the poor, they supposedly make us feel good. In countries such as Cuba and Iraq, they have condemned whole generations to poverty and isolation.
The much-abused history of commercial sanctions shows that any protracted squeeze leads only to internal economic adjustment. Control of money and goods shifts from merchants to rulers, driving the former to exile and increasing the wealth of the latter. As sanctions made Saddam Hussein and his family rich, so they have made Mugabe and his cronies rich.
The only sanction that works is one that works overnight. It is conceivable that if South Africa and Zimbabwe’s other neighbours were able to cut petrol and electricity supplies they might precipitate some sort of coup. But by whom? Anyone seizing power at present would be anyone with petrol – and that is the army, which has power already.
Instead we have that sure sign of panic in London, the tentative murmur of the M-word, military. Ever since the Liberal leader, “Bomber Thorpe”, suggested that Ian Smith’s Rhodesian revolt be ended by force in 1967, Zimbabwe has excited leftwing machismo. This week Lord “Paddy” Ashdown followed in typically allusive fashion. If there were genocide in Zimbabwe, said the old swashbuckler, and if the UN approved, and if the Africans did the fighting for us, then we should offer “moral support”. So much for Douglas Fairbanks swinging from a House of Lords chandelier.
Neither South Africa nor neighbouring states of the African Union have shown the slightest inclination to force regime change on Harare, however much they may condemn Mugabe. African rulers regard the interventionist precedent as unappealing. Nor is there any British stomach for an airborne assault, from wherever it might be launched (Diego Garcia?). It is inconceivable that planes would be allowed refuelling or overflying rights in southern Africa. Such is the collapse of Britain’s moral authority after Iraq.
Toppling Mugabe would require a force strong enough at least to decapitate his army and, presumably, install the opposition leader, Morgan Tsvangirai, in power. What kind of power would that be, achieved with foreign guns? It would probably be a prelude only to civil war, which must be the last thing Zimbabwe needs just now.
The truth is that Britain and the west have grown tired of this sort of thing. They could not summon up the muscle even to land aid in Burma’s Irrawaddy delta, hardly the most drastic of interventions. The Labour bombast of Baghdad and Kabul is now reduced to nuanced caution. The crusader cry, “You can’t just leave the poor Albanians (or Shias or Pashtuns) to their fate,” has degenerated into a diplomatic monotone of demarches and resolutions.
There is no alternative for Britain to sitting out the Zimbabwean tragedy, impotent on the sidelines. If Africa wants to help its own, it will. If not, so be it. We cannot starve Mugabe into submission, since that is his own strategy towards his people. We take comfort by endlessly declaring his country “close to collapse”, but that is idiot economics. Subsistence and remittance economies do not collapse.
We can portray Mugabe in the press as a bloodthirsty gorilla and impose so-called smart sanctions, in order that Gordon Brown, David Miliband and the rest can feel a little better, but our fine feelings are hardly central to Africa’s predicament.
So-called liberal interventionism is a will-o’-the-wisp, a vapid, feel-good refashioning of foreign policy in response to a headline event, motivated by self-interest or passing mood. We should send food to the starving of Zimbabwe because that is something we can do, however much Mugabe distorts the supply. But as for dreaming of toppling him, those days are over. Britain has done enough damage to Zimbabwe over the years. Prudence tells us please to shut up.
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