>Personas, ciudades y economías saludables
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>Hacia un hábitat autosuficiente
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¿Puede la actual crisis ser un estímulo para desarrollar una nueva economía en torno al desarrollo eco-eficiente? España es un referente mundial en el desarrollo de infraestructuras urbanas, construcción de equipamientos y espacios públicos, diseño de viviendas innovadoras y de buena arquitectura. Y es un líder en la producción y gestión de energías renovables. El equivalente a los automóviles eléctricos que hoy se desarrollan en Estados Unidos, Alemania o Japón con los que se pretende impulsar una nueva etapa económica global, puede tener su replica en los eco-barrios, edificios autosuficientes, y diseños de viviendas avanzadas que se pueden desarrollar en España. ¿Es posible superar los debates respecto a la crisis de la economía del ladrillo y centrarse en la oportunidad del desarrollo de nuevos modelos de hábitats autosuficientes, con los que mejorar nuestra calidad de vida, y presentarse al mundo?
La sociedad de la información y el mundo en red, ha cambiado la manera como habitamos las ciudades, pero no ha cambiado las ciudades. Siguen siendo diseñadas y construidas con parámetros propios de la sociedad industrial, disfrazadas en ocasiones con dosis de sostenibilidad. Las actuales circunstancias económicas son un fantástico punto inicial para afrontar la transformación física de los espacios que habitamos de acuerdo a nuevas reglas relacionales. ¿Cómo se aplica el modelo distribuido de Internet a la habitabilidad del mundo?
La sociedad industrial se ha caracterizado por resolver las necesidades humanas a través de grandes infraestructuras que abastecían a millones de personas. Energía, alimentos y bienes se producían de forma centralizada con estructuras creadas para resolver necesidades a la escala global, que luego necesitaban mecanismos logísticos para llevar a la escala individual dichos productos. Estas estructuras funcionaban porque había trabajadores que producían y millones de consumidores que consumían. Ahora, si no consume, el mundo no funciona. Y si se consume, el planeta se degrada.
Sin embargo, a los trabajadores-consumidores de la era industrial les pueden suceder los creadores-productores conectados de la sociedad de la información capaces de producir casi cualquier recurso de forma local a partir de un know-how que se comparte en red. Éste es probablemente el gran cambio de paradigma, que va a transformar la economía y que debe transformar la habitabilidad del territorio.
Frente a un modelo con pocos centros de producción que abastecían a millones de personas con el mismo producto, Internet fomenta la relación de millones de personas que producen contenidos diversos y que permiten personalizar tanto el momento como el producto producido y la manera como se intercambia con otros nodos de la red. La aplicación de estas estructuras, a la construcción del mundo físico, fomentaría el desarrollo de estructuras autoorganizadas tendentes a la autosuficiencia, capaces de crear y mejorar calidad de vida, y consumir menos recursos.
La autosuficiencia conectada es el límite de la sostenibilidad. Este era un concepto basado en buenas intenciones, no definible a partir de parámetros precisos, y ya vacío de contenido por su uso indiscriminado para justificar casi cualquier acción sobre el territorio. La autosuficiencia conectada plantea seguir los principios autoorganizativos propios de los sistemas naturales, que tienen por principio esencial la perdurabilidad en el tiempo con el menor consumo energético. Más que confiar en un desarrollo sostenible, hay que iniciar un proceso proactivo de dotación de estructuras eco-eficientes del territorio construido y de producción de excedentes energéticos en los nuevos desarrollos.
Y varios de los elementos básicos de la habitabilidad de las personas, directamente relacionados con las estructuras que habitamos pueden ser transformados siguiendo principios nuevos:
1. Energía. Cualquier edificio, barrio o ciudad, debería generar el 100% de la energía que consume en el propio lugar a través de la introducción de sistemas captadores integrados en los primeros edificios, que se comparten a través de microrredes inteligentes. Este principio debe redefinir la propia forma de la arquitectura que debe garantizar por medio de su geometría y su posición en el territorio, que es capaz de generar su energía.
2. Alimentos. Lo urbano es por definición diferente de lo agrícola. En el campo se hacía la comida y en la ciudad se consumía. Para dar valor a los alimentos, habría que fomentar la puesta en valor de las grandes extensiones de terreno muy fértil situado en el entorno de grandes ciudades, la distribución directa desde el punto de cultivo al de consumo o la creación de huertos urbanos. Y estos paisajes agrícolas deberían introducir sus trazas y estructuras en los desarrollos en los bordes de las ciudades.
3. Fabricación. La doctrina de los últimos años, decía que en los países avanzados se diseñaba y en los emergentes se fabricaba. Sin embargo, el desarrollo de maquinaria de fabricación avanzada permite que cualquier objeto pueda ser producido en cualquier lugar del mundo por cualquier persona, a partir de conocimiento compartido. Los laboratorios de fabricación o Fab Labs son las nuevas fábricas locales, que fomentan economías de alto valor y evitan millones de desplazamientos diarios.
4. Internet. Tras el Internet de la economía, y el Internet social, el próximo Internet es el Internet de las cosas: objetos, lugares y edificios fabricados con cierta inteligencia, y relacionados con el fin de ahorrar energía, y fomentar la interacción social. De esta manera, existe un potencial de aumentar la eficacia del mundo físico dotándole de nuevas propiedades relacionales, a partir de criterios desarrollados de forma abierta y transparente.
5. Compartir. Si el mundo físico se divide entre espacios públicos y privados, Internet nos enseña los beneficios de los recursos compartidos. El intercambio propio de la economía va más a allá de comprar o vender. Existen otros modelos más centrados en el uso de las cosas, que no en su propiedad, aplicables a espacios urbanos y habitacionales.
6. Conocimiento. El conocimiento es la materia prima fundamental de la nueva economía, y la investigación su principal mecanismo de producción. Cualquier ámbito de la sociedad puede ser motor de la economía, si se investiga y se fomenta la innovación en torno a él. La arquitectura, y el desarrollo urbano deberían ser capaces de mezclarse con disciplinas próximas, como la ecología urbana, el paisajismo, el diseño de nuevos materiales, la nanotecnología o la inteligencia artificial.
Estos y otros cambios de paradigmas pueden fermentar un cambio estructural en la manera cómo se diseñan, producen o reforman las ciudades. La arquitectura debe superar su etapa puramente icónica y volver a los principios esenciales de lo sistémico, donde el proyecto de la habitabilidad sea entendido de forma global. Hay que diseñar barrios y ciudades eco-eficientes, asumiendo que quizás haya que invertir más para ahorrar más. La figura del arquitecto que repite sus diseños (cual franquicia) por ciudades de todo el mundo, es obsoleta. Y hacen falta políticos que lideren estos procesos, en los que más allá de gestionar problemas puedan reconocer oportunidades en las ciudades y en el territorio y las sepan ejecutar, a la velocidad adecuada.
Ahora es el momento de innovar y crear un nuevo liderazgo, más que de vender los logros pasados, o criticar los excesos de los que se quisieron beneficiar del sistema sin aportarle valor. España ha tenido en los últimos años una posición central en el debate urbano internacional porque ha sabido trasladar su transformación social y económica a una transformación física de sus ciudades y su territorio. El desarrollo de experiencias de éxito de una nueva forma de construir y habitar el territorio puede permitir generar nuevas economías a partir de trasladar tanto a países desarrollados, como a las economías emergentes, las experiencias relativas al diseño de nuevos hábitats autosuficientes.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>El millón de viviendas de Lula
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha anunciado hoy oficialmente su plan de viviendas, llamado ‘Mi casa, mi vida’, el más ambicioso de los últimos 30 años, y que se había anunciado en diciembre del año pasado. Las viviendas serán subvencionadas o construidas por el Gobierno hasta el próximo año, con un presupuesto de 38.000 millones de reales (12.522 millones de euros), de los cuales 16.000 millones provendrán del presupuesto del Gobierno, 12.000 millones del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio -que cuenta con un fondo de 200.000 millones de reales- y el resto de bancos públicos, gobiernos locales y alcaldías.
El presidente brasileño ha asegurado en un discurso que “nunca en este país”, se había lanzado un proyecto semejante, que ha calificado como el complemento de lo que ya la Caixa Federal estaba haciendo para aliviar el déficit habitacional de un país que se está favelizando por falta de viviendas populares. Lula ha exhortado a los gobernadores y alcaldes presentes a que favorezcan con la reducción de impuestos y la facilitación de terrenos, la construcción de las casas para los más pobres. “Si todos colaboraran podremos realizar el plan en dos años”, ha dicho. Según Lula, hasta ahora los gobiernos nunca tenían dinero para construir casas para los pobres. “Nosotros lo tenemos y lo vamos a gastar”, ha afirmado, en medio de aplausos de los asistentes.
El proyecto, presentado por la ministra de la Casa Civil, Dilma Rousseff, – principal impulsora de la iniciativa – con una profusión de gráficos informativos, contempla ocho categorías económicas de ciudadanos, desde los que ganan tres salarios base, 1.400 reales (461 euros) hasta los que ganan 4.500 mensuales (1.482 euros). Los más pobres podrán adquirir su piso o financiarlo sin intereses pagando una cuota mensual casi simbólica de 20 reales (siete euros) y sólo empezarán a pagar cuando tengan las llaves del piso. Se han tomado en cuenta mecanismos de protección para que los trabajadores pobres no pierdan el piso si el titular quedase desempleado durante un tiempo.
Según la ministra Rousseff, Brasil necesita aún 10 millones de viviendas, “una deuda que ha sido acumulada durante décadas en las que nadie pensaba en el problema”, ha dicho. Según la funcionaria, los más pobres nunca podrían adquirir una casa a precio de mercado, de ahí la ayuda del Gobierno en estos momentos de crisis económica mundial. Los más pudientes, que podrán obtener un crédito hasta de medio millón de reales (164.735 euros), también contarán con las ayuda oficial a través de créditos que no superarán el 5% de intereses al año, en un país donde los tipos de interés privados pueden llegar al 40%.
La Fundación Getulio Vargas calcula que el proyecto dará empleo directo a medio millón de personas. “Es una medida de gran impacto”, ha afirmado el ministro de Planificación , Paulo Bernardo. Para Wellington Moreirsa Franco, vicepresidente de la Caixa Económica Federal, es también ” una alternativa para enfrentar la crisis y sobre todo para generar empleo”.
>Autodefensa en las urbanizaciones
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Los incendios forestales en Australia han dejado devastación y decenas de víctimas. Aquí estamos en invierno. Es un buen momento para hablar de incendios, dado que la mejor manera de apagarlos es evitándolos y aprendiendo de los errores.
Ante un incendio forestal se superponen dos culturas, dos maneras de vivirlo y dos estrategias defensivas. Los unos, mayoritariamente agricultores, están organizados en Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), conectados permanentemente por radio u otros medios telemáticos, en estado de permanente alerta en temporada de riesgo. Una vez declarado el incendio, acuden –coordinados con los bomberos– con todos los medios posibles a atacarlo. La inmediatez de su respuesta y la aportación de su esfuerzo personal suelen ser decisivas para que el fuego quede controlado antes de que alcance mayores dimensiones y haga ya muy complicada su extinción.
Los otros, en dirección contraria, huyen del fuego desde las urbanizaciones en las que residen, ubicadas dentro del bosque, sin apenas medidas contra este riesgo evidente y reclamando insistentemente la protección del cuerpo de bomberos. En este caso, la defensa de estos núcleos residenciales es dispersa y resta muchos activos profesionales para atacar el incendio.
ENTRE UNOS y otros hay un abismo cultural. Por una parte, una cultura tradicional que, desde siempre, por propia iniciativa, ha entendido que la acción colectiva es la herramienta para resolver aquellos problemas que son inabordables de forma individual. Esta acción colectiva borra las barreras de lo particular, entendiendo implícitamente que es la cuota de seguridad para, llegado el momento, poderse beneficiar también de esta acción colectiva cuando el problema esté situado en el propio terreno. Por la otra, una cultura de delegación de responsabilidad de actuación a la Administración pública.
Es decir, frente a la acción colectiva se antepone el modelo de funcionarización de todas las tareas colectivas. Llegados a este punto, vale la pena preguntarse si podemos pagar un ejército de funcionarios que haga todo lo que requiere un concierto colectivo. Asimismo, deberíamos cuestionarnos si es el mejor modelo para gestionar este tema.
Ante estas preguntas, debe clarificarse lo obvio: el bosque ya estaba allí cuando se construyó la urbanización. A continuación, debe evidenciarse y evitarse el riesgo que supone construir una casa dentro de un lecho de leña. Para ello existe una legislación clara y una información precisa sobre el mantenimiento de zonas de seguridad entre las urbanizaciones y el bosque. Sin embargo, el incumplimiento de esta normativa es generalizado. No hay una cultura que haga socialmente reprobable este incumplimiento, no solo por el propio riesgo que supone, sino también porque maniata los recursos colectivos que deberían destinarse al núcleo del incendio.
Incluso si el cumplimiento de la normativa fuese óptimo, ¿sería ello suficiente? La normativa habla de planes de autoprotección, de tomas de agua, de accesos, de vegetación, etcétera. Pero la normativa no habla de organización de personas, de responsabilidades estructuradas en la urbanización, de formación antiincendio, de coordinación con los equipos profesionales. Todo parece pensado para que puedan actuar los bomberos, dejando a los demás el papel de espectadores. Con este enfoque, la irresponsabilidad ciudadana está servida.
No se trata de poner en riesgo a ningún ciudadano, pero antes de que se produzca un incendio y –normalmente– entre el momento en que un incendio se declara en un entorno relativamente próximo a una urbanización (teóricamente respetuosa con la normativa) hasta que el incendio supone un peligro para la población de esta, pueden hacerse muchas cosas (sin riesgos añadidos) para evitar que el fuego pueda afectar a esas viviendas. Si las medidas se han tomado correctamente, la aportación responsable y coordinada de los habitantes de la urbanización –a cuya organización la ADF puede dar contenido– puede ser esencial para el desenlace del incendio.
De hecho, no es solo un problema de las urbanizaciones frente a los incendios. Recientemente, Elke Loeffler, directora de Governance International, comentaba en Barcelona la contradicción según la cual la satisfacción del ciudadano británico (¿solo británico?) respecto de los servicios locales disminuía progresivamente al tiempo que la mayoría de indicadores objetivos indicaban que la cantidad y calidad de los servicios aumentaba. Es decir, todo iba mejor, pero la percepción era la contraria.
EN EL CENTRO de este sinsentido quizá esté el paternalismo de la Administración. En un afán de convencer a los votantes, se les acaba ofreciendo un paraíso sin esfuerzo que además de caro resulta ser la vía para el distanciamiento ciudadano y el umbral de su desafección de la cosa pública, facilitando la cultura de la negatividad desde la óptica miope de la no-responsabilidad. Seguramente, con unas dosis de cultura de compromiso mejoraríamos a la vez los resultados y la satisfacción. En este camino, la corresponsabilidad puede abrir la puerta a muchas soluciones. Y todo ello a un coste más asumible por una sociedad que no es tan rica como pensábamos.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>¿Cuánto gasta un piso?
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¿Cuánto gasta un piso? Nadie lo sabe. Todo el mundo sabe cuánto gasta su coche, pero no cuánta energía consume la casa en que vive. Hice la pregunta en un seminario sobre arquitectura y construcción sostenibles. Los asistentes, aún siendo jóvenes arquitectos llenos de inquietudes, pusieron cara de pasmo.
El consumo de combustible de un automóvil depende de la conducción y de la carga, claro, pero el fabricante declara el consumo basal del vehículo a 90 km/h y descargado. Más que declararlo, lo publicita, porque el bajo consumo es ahora argumento de venta. Los haigas americanos de los cincuenta, aquellos deslumbrantes armatostes que compraban los estraperlistas, tragaban 20 o 25 litros cada 100 kilómetros. Hoy, no los querríamos ni regalados.
Los motores actuales no son peores ni menos potentes porque consuman solo seis o siete litros cada cien kilómetros. Al contrario, son mejores. Como quiera que sea, sabemos cuánto gastan y lo valoramos. Pero ignoramos que nuestros edificios demandan entre 100 y 150 kilowatios/hora por metro cuadrado y año, algunos incluso 200. Son como los haigas, pero no nos percatamos de ello y, pues, no nos preocupa.
EL CONSUMO energético de un edificio, por otra parte, empieza mucho antes que nadie lo ocupe. Se inicia con la obtención de los materiales constructivos y con la manera de llevar a cabo la obra. Hace ya 10 años que el Informe MIES, efectuado por la Universitat Politècnica de Catalunya, determinó que en la construcción del edificio de la Escola d’Arquitectura de Sant Cugat se había consumido una tercera parte de toda la energía que el edificio demandará a lo largo de su vida útil, estimada en unos treinta años. Sobre eso, tampoco suele haber cálculo previo alguno.
Y menos aún sobre las emisiones de dióxido de carbono que la construcción comporta. La pose sostenibilista en boga –demasiado ateo de comunión diaria– se extasía ante los paneles fotovoltaicos o supuestas circulaciones miríficas del aire con arreglo a unas flechitas dibujada en los planos y jamás verificadas en la realidad, pero no se pregunta por el costo energético y las emisiones de CO de los materiales y de los procesos constructivos. No es lo mismo recurrir al cemento armado que a los materiales cerámicos, al vidrio, a la madera o al acero. Las emisiones pueden multiplicarse por 100 o incluso más.
El caso es que sabemos hacer casas con bajas emisiones de CO y con discreta demanda energética, entre cuatro y seis veces menor que la de los edificios convencionales. Sabemos cómo hacer pisos que se las arreglen con 25-35 kilowatios/hora por metro cuadrado y año. O sea, pisos que, perfectamente climatizados en invierno y en verano, reducen a una cuarta o quinta parte la factura de la electricidad o del gas. Me pregunto por qué nadie lo exige aún, y más cuando la vigente Certificación Energética de Edificios ya establece un escalado que va de la G a la A, como en los electrodomésticos (el nivel D es el mínimo obligatorio en obra nueva, según el Código Técnico de la Edificación).
También me pregunto por qué no se acometen rehabilitaciones de obra antigua para mejorar el rendimiento energético. Podríamos empezar por edificios de uso público, por su valor ejemplarizante. En épocas de crisis y de fomento de la inversión pública para la reactivación de la actividad económica, sería una medida doblemente oportuna. Invertir para ahorrar y ser más eficiente y competitivo es una jugada redonda.
Igualmente se puede mejorar, y mucho, el rendimiento hídrico. El consumo medio de agua en España es de 160 litros por persona y día. En zonas de vivienda unifamiliar con jardín y piscina es más alto, del orden de 300 o 400 litros diarios por residente. Pero, más que en el consumo, hay que fijarse en la demanda a la red, porque el agua de lluvia puede capturarse a nivel doméstico y la misma agua se puede recircular más de una vez en cada hogar.
EN EL ÁREA de Barcelona, tras las últimas zozobras, la demanda por persona y día no llega a los 120 litros. Pero el centro que la Fundació Catalana de l’Esplai tiene en el Prat de Llobregat, un edificio de oficinas con 250 trabajadores y un albergue de juventud con 334 camas, está por debajo de los 70. Gracias al diseño de su circuito (recogida de agua de lluvia, rescate de las aguas grises de duchas y lavabos, que se tratan y reenvían a los depósitos de los WC), la demanda de agua potable a la red se reduce a la mitad. Lleva más de un año funcionando, de modo que estos datos no son especulaciones, sino constataciones. ¿Por qué no se generaliza esta práctica, ya?
Las rehabilitaciones energética o hídrica exigen obras, cierto es. Pero no más que las que debieron hacerse con ocasión del cambio de gas ciudad a gas natural (hubo que substituir todas la conducciones, ya se nos ha olvidado). Pero no más que las correspondientes a la instalación de fibra óptica o cable. O las de instalar teléfono o antenas de televisión donde no había. No más que las hechas para dotar de cocinas o baños modernos a las casas con retrete o cocinas de carbón. Se hizo en las últimas cuatro décadas y ahora toca poner al dia la eficiencia energética e hídrica.
Respóndase: ¿cuánto gasta su piso, el antiguo de toda la vida o el nuevo que piensa comprarse?
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>Propuestas para mejorar la calidad de vida en las ciudades
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En general, con algunas excepciones en ciudades medias e intermedias y algunos casos singulares, las ciudades españolas están empezando a pagar graves facturas sociales y ambientales derivadas del modelo urbano mantenido en las últimas décadas y que, finalmente, se traduce en términos de empeoramiento de la calidad de vida individual y comunitaria. La calidad de vida es un concepto complejo y transversal, que abarca dimensiones económicas, sociales, ambientales y físico-espaciales, tanto a nivel individual como colectivo. Los modelos y las políticas urbanas contribuyen a mejorar o empeorar la calidad de vida de sus ciudadanos y, por eso, hay que prestar mucha atención a la definición de objetivos a medio y largo plazo.
La calidad de vida de los ciudadanos depende de factores sociales y económicos, y también de las condiciones ambientales y físico-espaciales, y la forma urbana condiciona, asimismo, cada uno de estos factores. Sabiendo la complejidad del tema, el informe propone actuaciones sectoriales que, en su conjunto, pueden abarcar muchos de los aspectos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos. Estas actuaciones tienen que ver con los siguientes aspectos:
1. Un urbanismo para los ciudadanos, que permita ejercer la libertad individual desde la responsabilidad social.
2. Una movilidad racional que optimice el tiempo.
3. El respeto por el medio ambiente y el cumplimiento de los compromisos para evitar el calentamiento del planeta.
4. El acceso a la vivienda, a los equipamientos y a las dotaciones.
5. La mejora de la habitabilidad y de la recuperación del patrimonio construido.
6. La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de los procesos que les afectan.
Entendemos que los gobiernos locales son los organismos adecuados para llevar a cabo muchas de las propuestas que se recogen en este documento. Para ello, además de su voluntad política y su compromiso con la ciudadanía, es necesario dotarles de las herramientas e instrumentos necesarios para abordar programas integrales destinados, en último término, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En el contexto actual, consideramos que estos dos conceptos (calidad de vida y sostenibilidad) son indisolubles, en cuanto que ambos se apoyan en los mismos principios sociales, ambientales y económicos.
Desde ese marco, que es el que va a configurar el modelo de ciudad propuesto, se detecta la primera de las carencias en la gestión urbana: la falta de visión a largo plazo y de coordinación de las políticas sectoriales. Por lo tanto, la primera reivindicación de carácter genérica para mejorar la calidad de vida en las ciudades es potenciar instrumentos que permitan la coordinación transversal de las actuaciones. Partiendo de este marco general, en este estudio se proponen cuatro ámbitos sectoriales en los que actuar: movilidad, lucha contra el cambio climático, acceso a la vivienda y rehabilitación de la ciudad construida. De forma sintética, las propuestas que se plantean se pueden resumir en:
* Mantener un enfoque integrador, huyendo de políticas urbanas sectoriales y desarticuladas.
* Las ciudades deben estar comprometidas con la lucha contra el cambio climático; las políticas de ámbito local de reducción de emisiones en el transporte y la edificación son fundamentales para mejorar la calidad de vida, tanto en el entorno próximo como en el conjunto del planeta.
* Siendo el tema del transporte una de las principales cuestiones que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos, las propuestas deben basarse en la elaboración de estrategias globales (municipales, autonómicas o estatales) sobre movilidad sostenible.
* La vivienda debe tratarse como un tema transversal, vinculándolo a otros aspectos sin los cuales no tiene sentido: necesidades sociales de la población y procesos de construcción de la ciudad.
* La recuperación de las edificaciones existentes y la reducción de sus impactos ambientales son temas trascendentales para la mejora de la calidad de vida en las ciudades.
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Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>Solución de lujo para una favela
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Una solución hasta ahora inédita de rescate de una favela ocupa estos días la atención de los cariocas. Se trata de convertir una de las favelas más famosas, la de Vidigal, que tiene unas vistas espléndidas, en un conjunto turístico de lujo. Es una idea del empresario alemán Rolf Glaser, que ya ha comprado una parte de la favela.
El millar de favelas de Río de Janeiro, donde vive uno de cada cuatro habitantes de los 10 millones que residen en la ciudad, ha sido siempre un quebradero de cabeza para las autoridades y para las organizaciones sociales. Dominadas por el tráfico de drogas, que ejerce un poder paralelo, el Estado no consigue imponerse en las favelas, que acaban siendo pasto fácil para la violencia.
Las infinitas soluciones que se han intentado para estas barriadas van desde, desde hacer arreglos para darles una apariencia de barrio, pero sin conseguir imponer en ellas la presencia del Estado, hasta aislarlas con muros de cemento. Todo ha sido en vano hasta ahora.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha visitado recientemente varias favelas de Río, las más duras y violentas. Su propuesta es entrar masivamente en ellas con una fuerte y decidida acción social, convirtiéndolas —dado que parece imposible, en este punto, eliminarlas— en barrios normales de la ciudad, con buenas infraestructuras. ¿Acabaría así el tráfico de drogas y la acción de los narcos? Es difícil saberlo, porque el narcotráfico acaba metabolizando todo.
Entretanto, Rolf Glaser, fundador de una de las mayores casas de cambio de Europa central, la Exchang AG Berlin, ha buscado una solución inédita para Vidigal, a dos pasos de las famosas playas de Ipanema y Leblón, la parte más rica y más cara de la ciudad. Glaser ha decidido comprar una parte significativa de la favela para construir en ella, en lo más alto del cerro, donde la vista es soberbia, un complejo turístico de lujo. Todo ello, en colaboración con las fuerzas sociales presentes en la favela.
Glaser, que ya conoce la realidad de las favelas de África, ha comprado un viejo caserón, que había sido propiedad del abogado Técio Lins, y unas 60 chabolas, además de varios terrenos baldíos de la favela. Los habitantes de esas barracas han visto el cielo abierto, porque han recibido por ellas hasta 30.000 reales (unos 12.000 euros), cuando su precio en el mercado es de unos 2.000 reales. Y sigue la operación de compra de más chabolas. Hasta ahora, ha invertido un millón de reales (339.000 euros) y se propone invertir hasta 50 millones de euros en el proyecto.
Glaser, que subió por primera vez a lo alto de la favela en 2007, acompañado por gente del lugar, y se enamoró de aquella vista, desea convertir la zona en un lugar de turismo refinado, con hoteles y restaurantes de lujo. Todo ello supone grandes trabajos de infraestructura, para los que pretende contratar mano del lugar. Además, quiere hacer cursos técnicos para los jóvenes del barrio y desarrollar con la comunidad actividades sociales y deportivas.
Para empezar, ha creado una ONG, Vidigal Feliz, el mejor camino para ser bien recibido por la comunidad. El lema de la ONG es emplear y educar: dar trabajo y, al mismo tiempo, elevar el nivel cultural de los moradores del barrio. “Vamos a intentar algo revolucionario: preparar a las personas y lanzarlas al mercado de trabajo inmediatamente”, afirma Divana Bradão, coordenadora cultural del proyecto Acción de Ciudadanía.
En Vidigal, donde viven unas 30.000 personas, las primeras chabolas fueron construidas en 1941. Posee una larga historia de violencia por enfrentamientos entre diferentes grupos que se disputan el tráfico de drogas.
“Cuando la gente rica del sur de la ciudad y los turistas de lujo empiecen a entrar en la favela sin miedo, llegará también la seguridad”, afirma José Valdir, presidente de la comunidad, quien explica: “El 90% de los trabajadores de la favela está totalmente desasistido. La esperanza nos tiene que venir de fuera”. Y esa esperanza, por ahora, es que llegue el turismo de lujo y con él, una ola de bienestar.
¿Cómo reaccionará el narcotráfico ante esa experiencia? Según algunos policías expertos en favelas consultados por este diario, que no quisieron ser identificados, “los traficantes de droga nunca se oponen frontalmente a quienes pretenden mejorar el nivel de vida de los moradores, quizás porque esperan con ello conseguir mejores clientes y hasta pueden bajar el nivel de violencia”.
>Poder débil y bofetadas a Casandra
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En 1984, el Tribunal Supremo de Colorado (EEUU) amparaba el derecho a la libre expresión en la campaña ciudadana contra la construcción de un centro comercial en un espacio natural, desestimando la querella de la empresa promotora en el caso POME. Esto dio un vuelco radical a una era de procesos judiciales de promotores inmobiliarios contra ciudadanos contestatarios, en los que reclamaban multimillonarias indemnizaciones por una pretendida vulneración del derecho de iniciativa empresarial.
En estos últimos años observamos igualmente en España un goteo de reclamaciones de daños por parte de promotores o industriales: la urbanización de un espacio protegido en Ronda (Málaga), un hotel en la costa de Almería, una piscifactoría en el dominio público litoral en Galicia y la simulación gráfica de Greenpeace de la elevación del nivel del mar en la Manga del Mar Menor (Murcia). Todos los casos tienen el mismo patrón: una empresa que demanda a un ciudadano o a una asociación por difamación, atentado a su imagen, perjuicio patrimonial o interferencia en su actividad empresarial. Los profesores de la Universidad de Denver Penelope Canan y George Pring, especialista clave en el éxito judicial del caso POME, acuñaron para definir esto el término SLAPP, en la obra SLAPPs, Getting Sued for Speaking Out (Bofetadas sic, demandado por atreverse a hablar).
DE MODO que los SLAPP, pleito estratégico contra la participación ciudadana en los procesos políticos, tienen una agenda común. Primero buscan silenciar toda voz crítica contra la acción del grupo empresarial que cause un daño ambiental, paisajístico o patrimonial a los recursos públicos o privados. En segundo lugar, tienen un propósito preventivo y ejemplarizante: hostigar a un chivo expiatorio, buscando disuadir a otros individuos o grupos de obstaculizar los intereses privados, advirtiendo de las consecuencias de sumarse a la contestación.
El pleito antiexpresión –plax, en versión castellana– pretende intimidar, anticipando un prolongado, agotador y costoso proceso judicial que silencie a los críticos. No apunta habitualmente a grupos, sino a ciudadanos comunes –aún pertenecientes a grupos–, más vulnerables a unos costes inasumibles. El desencadenante puede ser una manifestación, escrito o declaración pública. El propósito del demandante es convertir un asunto político, de participación ciudadana, en un asunto legal. En ocasiones la compra de voluntades favorece la división y el conflicto en la comunidad local.
Los grupos ecologistas relevantes son también blanco de los SLAPP, como cuando en 1970 Sierra Club –con 75.000 miembros en el momento– fue objeto de una querella por oponerse a una urbanización cerca de Sacramento, California. Este estado se convirtió por un tiempo en un paraíso de demandas judiciales, hasta que se aprobó una legislación específica antislapp que hizo que, en cualquier denuncia de esta naturaleza, la carga de la prueba recayese sobre el demandante.
Por contra, la táctica del demandado es la opuesta: convertir un asunto legal en un asunto político, apelando a la libre expresión.
El resultado de un pleito antiexpresión es decepcionante para ambas partes. La resolución se dilata y el caso es sobreseído por un tribunal superior. En algunos casos, aún perdiendo el pleito, el demandante logra continuar la actividad pero con un elevado coste de imagen para la empresa y, a veces, un acuerdo extrajudicial.
No se puede pasar por alto que el conflicto surge por la intervención ciudadana en defensa de los intereses públicos, ante la pasividad del Estado, intentando así participar en el proceso de toma de decisiones. Cuando ante un SLAPP, el Estado, primero, se inhibe en la defensa de los intereses colectivos y, a continuación, desatiende los derechos individuales, está favoreciendo los intereses particulares.
En 1984 la resolución del Tribunal Supremo de California en el caso Maple, señaló que el objetivo de una legislación antislapp debe ser evitar que lo perdido en el proceso político se gane en el judicial. La cuestión es si se debe promover la eficiencia del Estado en la protección de los recursos naturales y el patrimonio o paliar esta carencia amparando la participación social con una legislación antiplax. Entretanto, la pitonisa de la mitología griega Casandra es abofeteada cuando advierte de que la obtención de beneficios privados –explotando los bienes comunes– supone unos costes ocultos para la sociedad y el medio ambiente que no están siendo contabilizados.
NECESITAMOS de la ciencia para comprender y modelar los efectos de la acción del hombre sobre el medio, porque es la que dispone del conocimiento para hacerlo. No imaginamos una denuncia contra la agencia de meteorología porque la lluvia pronosticada haya impedido realizar un trabajo. Comúnmente la desconfianza en la ciencia está motivada por causas económicas o ideológicas, de tal manera que unos apuntan a Casandra y otros la abofetean.
El desentendimiento de los ciudadanos induce a la desidia de los responsables públicos –regla de minimis– y los bienes comunes o recursos naturales pasan a ser considerados terra nullius, dando la razón a Garret Hardiny su Tragedia de los comunes. El pleito, el plax, está servido.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>La gestión del tiempo
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Por Carme Miralles-Guasch, profesora de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona (LA VANGUARDIA, 23/11/08): “La América insomne” era el titulo de un excelente reportaje de Eusebio Val, en este periódico, sobre los cambios sociales en EE. UU., donde se relacionaba horas de trabajo, atascos y horarios de los ciudadanos. La conclusión era que los incrementos de los tiempos de los desplazamientos en el área metropolitana de Washington implican cambios en los horarios del trabajo y de los servicios. La distancia cada vez mayor entre lugar de residencia, de trabajo y de compra y el uso masivo de transportes privados, características de la mayoría de las conurbaciones americanas, cambian los horarios personales y colectivos de los ciudadanos y de la ciudad. Salvando las distancias, la configuración territorial del área metropolitana de Barcelona también influye en los horarios y en los tiempos de los ciudadanos que viven en ella. El territorio siempre ha estado relacionado con el tiempo. Por una parte, el tiempo largo, que modela los paisajes, la memoria colectiva y la construcción identitaria; y por la otra, el tiempo cotidiano, el del trabajo, de la familia, de los desplazamientos. Por lo que la gestión del tiempo individual o colectivo, del tiempo personal o de la ciudad depende de la vertebración territorial de las ciudades y de las áreas metropolitanas. Y con ella, de los medios de transporte, de la ubicación de los servicios y equipamientos, de las densidades urbanas y la dispersión territorial, entre otras. Las dinámicas territorialmente disociadas, aquellas que alejan actividades cotidianas, donde los lugares de trabajo, de ocio y de residencia están separados unos de otros; y socialmente diferenciadas, donde viven grupos humanos con características sociales homogéneas, se han convertido, ahora más que nunca, en un elemento de gestión de los tiempos. Hasta el punto de que la conciliación temporal es cada vez más una cuestión de conciliación territorial. A la pregunta que muchas personas se hacen de cuándo, qué tiempo destino a esa actividad y en qué horario, se le suma el dónde: cerca de mi casa, cerca de la casa de los abuelos, al lado del trabajo… Y la respuesta depende no sólo del sexo y del grupo social al que pertenezcas, sino también en qué tipología urbana y en qué parte de la ciudad vivas. Y, de hecho, la centralidad y la periferia metropolitana se pueden definir según el empleo de los tiempos de sus ciudadanos. Así, el tiempo de la vida cotidiana, donde confluyen los distintos tiempos de trabajo, familiares, de ocio, etcétera, es desigual según los diversos territorios metropolitanos. En Barcelona, la carga semanal de trabajo, donde se contabilizan el tiempo de trabajo mercantil y el familiar doméstico, suma un poco más de 34 horas de media semanal; en la segunda periferia esta es casi un 15% más. En cambio, la valoración por parte de los ciudadanos de la disponibilidad de tiempo libre disminuye en la medida en que nos alejamos del centro de la ciudad. El tiempo destinado a los desplazamientos es desigual según los distintos ámbitos metropolitanos. En Barcelona ciudad, el tiempo diario invertido en movilidad es algo más de una hora y 25 minutos; en la periferia metropolitana es un 10% menor. Diferencias relacionadas con los medios de transporte usados y con la dimensión de la ciudad. En el área metropolitana de Barcelona más del 70% de los desplazamientos andando no superan los 15 minutos de recorrido; en vehículo privado este porcentaje baja al 53% de los recorridos, y en transporte público, al 21%. Cuantas más posibilidades tengamos de realizar las actividades cotidianas andando, menos tiempo en desplazamiento invertiremos. Y esa posibilidad está relacionada con elementos de proximidad de servicios y equipamientos y por características de concentración y densidad urbanas, así como por las dimensiones de las ciudades. Así, por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona los viajes intermunicipales, con origen y destino en distintas poblaciones, con distancia de recorrido más largo y con tiempos medios de 35 minutos, disminuyen así que aumenta la densidad urbana. Por lo que, a mayores densidades y mezcla de usos y compacticidad, más recorridos en el interior del propio municipio, con medias de tiempo de unos 15 minutos, con menos distancia y con más posibilidades de ir a pie. Los centros y las periferias metropolitanas tienen, además de diferencias territoriales y sociales, diversidades temporales. La gestión del tiempo, uno de los grandes retos actuales, depende de qué modelo territorial tengan nuestras ciudades y áreas metropolitanas. Existen modelos que apuestan deliberadamente por la lejanía, lo que llega a afectar incluso a las horas de sueño de sus ciudadanos y por ello disminuye su calidad de vida. Otros apuestan por la proximidad, multiplicando las posibilidades de uso de las actividades urbanas. Decidir qué modelo tienen nuestras ciudades y áreas metropolitanas es tarea de técnicos y políticos. Y de ello depende, en buena medida, nuestro tiempo cotidiano y por ende nuestra calidad de vida. Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>Razones para el optimismo urbano
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Por Carmen Alborch, senadora del PSOE (EL PAÍS, 01/11/08): Para ser real y duradero, el crecimiento necesita una sólida infraestructura ética e intelectual. Por eso, cuando la economía se edifica sobre la depredación o la especulación, se desvirtúa la idea de crecimiento. Tras la fuerte regresión a que han sido arrastradas las cotizaciones mundiales, hay que constatar que la inteligencia y la creatividad humanas siguen siendo la fuente originaria e insustituible de todas las demás formas de riqueza. Hay una riqueza cultural y una riqueza científica que son completamente imprescindibles para la estabilidad y el bienestar de cualquier sociedad. La Agenda de Lisboa nació con el afán de convertir la economía de la Unión Europea en el sistema productivo más intensivo en conocimiento del planeta. Este año, el Foro Económico Mundial tiene previsto revisar su Índice de Competitividad Global para, entre otras cosas, aumentar el peso relativo de los aspectos concernientes al conocimiento en su evaluación para 2009. No existen recetas milagrosas frente a esta crisis, pero sí debe exigirse a los poderes públicos que obren con visión estratégica y no caigan en la irresponsabilidad. Se obra con irresponsabilidad cuando se dilapidan aceleradamente los activos del territorio. Cuando los principales agentes del conocimiento son considerados un estorbo. O cuando se ha dejado tan exhausta la capacidad financiera de una Administración que se le impide reaccionar frente a cualquier contingencia. La visión estratégica requiere, como ha confirmado la crisis, de una continua prevención frente al instinto coyuntural de ciertas actitudes políticas, e invita a primar los ingredientes del crecimiento sostenible a medio y largo plazo, en detrimento de otros más efectistas y socialmente menos rentables. Uno de los ingredientes más relevantes de ese crecimiento es, sin duda, el talento. En el futuro, las empresas, las organizaciones, los territorios y las ciudades que mejor resuelvan el desafío de producir, atraer y retener talento liderarán el escenario posterior a la superación de esta crisis. El capital intelectual es el límite en el que se repliegan los mercados cuando no queda ya ningún margen de depreciación. Pero el talento ni surge, ni se desarrolla, ni se expande en el vacío. Desde los orígenes de la civilización su localización predilecta han sido las ciudades, porque el talento para fructificar necesita entremezclarse como sólo se puede hacer en el marco de convivencia de la ciudad. El talento rechaza el dogmatismo porque ve en él una amenaza de paralización. Deplora las sociedades estratificadas porque coartan sus necesidades de relación. Valora el espacio público porque satisface su inquietud cultural. Repudia las ciudades excluyentes porque se alimenta de la diversidad, de la sinergia y de la fluidez. Generar ciudades donde las oportunidades para el talento sean proporcionales a las personas que las merecen es una base programática segura para la planificación estratégica urbana. Lo es porque el talento provoca en la economía impresionantes aumentos de escala y demanda entornos urbanos de alta calidad ambiental, estética y paisajística. Las ciudades reúnen unas condiciones objetivas excepcionales para reubicarse el día después de esta situación de crisis global. El proyecto The Urban Age Project: The Endless City, promovido por la London School of Economics y la Alfred Herrhausen Society, estima que en el año 2050 el 75% de la población mundial vivirá en las ciudades, cuando en 1900 sólo era urbana el 10% de la población. Este proyecto internacional ha seleccionado 20 iniciativas de ciudades de todo el mundo donde se materializan los principios de una nueva planificación urbana que rompe con el modo tradicional de entender las ciudades. Entre las pautas metodológicas fundamentales de este nuevo modo de organizar la ciudad están la participación pública -con la ineludible inclusión de las miradas diversas de las mujeres-, la densidad, las nuevas tecnologías de la edificación e intensas operaciones de reverdecimiento urbano. También la clusterización de las actividades complementarias, el respeto, rehabilitación y reutilización de elementos patrimoniales, la difusión capilar de bienes y servicios públicos, así como el impulso de enclaves para el conocimiento y las apuestas enérgicas por la integración de las personas más desfavorecidas, sin olvidar el replanteamiento radical de los modelos de transporte urbano. A conclusiones parecidas llegaron los expertos nacionales e internacionales que reunimos, a principios de este año en Valencia, con motivo de la Primera Conferencia Internacional de Nueva Cultura Urbana. En todos aquellos lugares en los que estos principios se han aplicado con rigor, la ciudadanía percibe cómo una nueva ciudad emerge en los tejidos urbanos de la existente. La ciencia urbana afronta hoy pocas incertidumbres porque se han generado fuertes consensos a favor de los nuevos principios y pautas. Sin embargo, cuesta explicar por qué esos consensos no siempre se traducen en medidas públicas eficientes que supongan la transición hacia nuevos modelos de ciudad. En el contexto actual la ciudad emerge como el espacio en el que despejar las más inquietantes incógnitas económicas, ambientales y sociales. Los tiempos de crisis son tiempos para la crítica. Hagamos, pues, crítica de la ciudad, pero desde el optimismo urbano. Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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