La Guerra Invisible

Por Amy Goodman (Democracy now!, 23/01/2008)

Se trata del conflicto más letal desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 5 millones de personas han muerto en la pasada década, y aún así pasa virtualmente desapercibido y no se informa acerca de éste en Estados Unidos. El conflicto se localiza en la República Democrática del Congo, en África Central. En el centro del conflicto se encuentran los recursos naturales del Congo y las corporaciones multinacionales que los explotan. Las perspectivas para la paz han mejorado ligeramente: un acuerdo de paz acaba de ser firmado en las provincias de Kivu, en la zona oriental del país. Pero sin un amplio proceso de reconciliación y verdad para todo el país y una renegociación de todos los contratos mineros, con toda seguridad el sufrimiento continuará.

En su último informe sobre mortalidad en el Congo, el Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) descubrió que una sorprendente cifra de 5,4 millones de “exceso de mortalidad” ha tenido lugar en el Congo desde 1998. Se trata de muertes que sobrepasan la cantidad de muertes que normalmente ocurrirían. En otras palabras, una pérdida de vidas de proporciones equivalentes a la del 11-S ocurre cada dos días, en un país cuya población es la sexta parte de la de los Estados Unidos.

Consideremos un poco de historia: tras apoyar a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Congo obtuvo su independencia y en 1960 eligió a Patrice Lumumba, un pan-africanista progresista, como Primer Ministro. Lumumba fue asesinado poco después en el marco de una conspiración que involucraba a la CIA. EE.UU. instaló en el poder y proporcionó apoyo a Mobutu Sese Seko, que gobernó de forma tiránica durante más de 30 años, y saqueó el país. Desde su muerte, el Congo ha sido testigo de la guerra, provocada por invasiones de los vecinos Ruanda y Uganda, desde 1996 hasta 2002, y de un conflicto que aúncontinúa desde entonces.

Un aspecto particularmente horripilante del conflicto es la violencia sexual masiva que se emplea como arma de guerra. La activista de derechos humanos congoleña Christine Schuler Deschryver me contó sobre los cientos de miles de mujeres y niñas víctimas de violaciones:

“Ya no hablamos de violaciones normales. Hablamos de terrorismo sexual, porque son destruidas… no puedes imaginarte lo que está ocurriendo en el Congo. Hablamos de cirugía innovadora para recomponer a las mujeres, porque están completamente destruidas”. Christine me estaba describiendo el daño físico infligido a las mujeres, y a las niñas, una de ellas, según me contaba, de tan sólo 10 meses de edad, mediante actos de violación que involucran la inserción de palos, armas y plástico derretido. Deschryver se encontraba en EE.UU. como invitada de V-Day, la campaña de Eve Ensler para acabar con la violencia contra las mujeres, en un intento para generar una conciencia pública sobre este genocidio y apoyar al Hospital Panzi en Bukavu, ciudad natal de Deschryver.

Maurice Carney es director ejecutivo de Friends of the Congo (Amigos del Congo), en Washington, D.C.: “Dos tipos de violaciones, básicamente, se están dando en el Congo: uno es la violación de mujeres y niñas, y el otro es la violación de la tierra, de los recursos naturales. El Congo tiene una enorme cantidad de recursos naturales: el 30 por ciento del cobalto de todo el planeta, el 10 por ciento del cobre del mundo, y el 80 por ciento de las reservas mundiales de coltan. Hay que observar la influencia que tienen las corporaciones en todo lo que ocurre en el Congo”.

Entre las compañías a las que Maurice Carney culpa por alimentar la violencia se halla OM Group, con sede en Cleveland, el principal productor mundial de productos químicos complejos a base de cobalto y uno de los principales proveedores de productos químicos especializados a base de níquel. También incluye en esa lista al gigante de la industria química Cabot Corp., con sede en Boston. Cabot produce coltan, también conocido como tantalita, una sustancia difícil de extraer y componente crucial de los circuitos electrónicos, que se usan en todos los teléfonos móviles y otros productos electrónicos de consumo. Se considera que la demanda masiva de coltan fue responsable de desatar la Segunda Guerra del Congo, que duró de 1998 a 2002. Uno de los ex presidentes de Cabot es ni más ni menos que el actual Secretario de Energía de la administración Bush, Samuel Bodman. Freeport-McMoRan, con sede en Phoenix, que asumió la explotación de la enorme concesión minera que la compañía Phelps Dodge tiene en el Congo, también forma parte del juego.

La Organización de las Naciones Unidas ha emitido varios informes que critican muy duramente la explotación ilegal de parte de las corporaciones de los minerales del Congo. Una revisión de más de 60 contratos mineros realizada por el gobierno del Congo exige su renegociación o su cancelación directa. Según Carney: “El ochenta por ciento de la población vive con 30 centavos de dólar al día o menos, cuando hay miles de millones de dólares que salen por la puerta de atrás y terminan en los bolsillos de las compañías mineras”. Una pregunta importante para los que estamos en EE.UU. es: ¿Cómo pueden morir casi 6 millones de personas en un país en menos de una década a causa de la guerra y las enfermedades asociadas, y que esto ocurre virtualmente desapercibido?

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Por Amy Goodman (Democracy now!, 23/01/2008)

Se trata del conflicto más letal desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 5 millones de personas han muerto en la pasada década, y aún así pasa virtualmente desapercibido y no se informa acerca de éste en Estados Unidos. El conflicto se localiza en la República Democrática del Congo, en África Central. En el centro del conflicto se encuentran los recursos naturales del Congo y las corporaciones multinacionales que los explotan. Las perspectivas para la paz han mejorado ligeramente: un acuerdo de paz acaba de ser firmado en las provincias de Kivu, en la zona oriental del país. Pero sin un amplio proceso de reconciliación y verdad para todo el país y una renegociación de todos los contratos mineros, con toda seguridad el sufrimiento continuará.

En su último informe sobre mortalidad en el Congo, el Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) descubrió que una sorprendente cifra de 5,4 millones de “exceso de mortalidad” ha tenido lugar en el Congo desde 1998. Se trata de muertes que sobrepasan la cantidad de muertes que normalmente ocurrirían. En otras palabras, una pérdida de vidas de proporciones equivalentes a la del 11-S ocurre cada dos días, en un país cuya población es la sexta parte de la de los Estados Unidos.

Consideremos un poco de historia: tras apoyar a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Congo obtuvo su independencia y en 1960 eligió a Patrice Lumumba, un pan-africanista progresista, como Primer Ministro. Lumumba fue asesinado poco después en el marco de una conspiración que involucraba a la CIA. EE.UU. instaló en el poder y proporcionó apoyo a Mobutu Sese Seko, que gobernó de forma tiránica durante más de 30 años, y saqueó el país. Desde su muerte, el Congo ha sido testigo de la guerra, provocada por invasiones de los vecinos Ruanda y Uganda, desde 1996 hasta 2002, y de un conflicto que aúncontinúa desde entonces.

Un aspecto particularmente horripilante del conflicto es la violencia sexual masiva que se emplea como arma de guerra. La activista de derechos humanos congoleña Christine Schuler Deschryver me contó sobre los cientos de miles de mujeres y niñas víctimas de violaciones:

“Ya no hablamos de violaciones normales. Hablamos de terrorismo sexual, porque son destruidas… no puedes imaginarte lo que está ocurriendo en el Congo. Hablamos de cirugía innovadora para recomponer a las mujeres, porque están completamente destruidas”. Christine me estaba describiendo el daño físico infligido a las mujeres, y a las niñas, una de ellas, según me contaba, de tan sólo 10 meses de edad, mediante actos de violación que involucran la inserción de palos, armas y plástico derretido. Deschryver se encontraba en EE.UU. como invitada de V-Day, la campaña de Eve Ensler para acabar con la violencia contra las mujeres, en un intento para generar una conciencia pública sobre este genocidio y apoyar al Hospital Panzi en Bukavu, ciudad natal de Deschryver.

Maurice Carney es director ejecutivo de Friends of the Congo (Amigos del Congo), en Washington, D.C.: “Dos tipos de violaciones, básicamente, se están dando en el Congo: uno es la violación de mujeres y niñas, y el otro es la violación de la tierra, de los recursos naturales. El Congo tiene una enorme cantidad de recursos naturales: el 30 por ciento del cobalto de todo el planeta, el 10 por ciento del cobre del mundo, y el 80 por ciento de las reservas mundiales de coltan. Hay que observar la influencia que tienen las corporaciones en todo lo que ocurre en el Congo”.

Entre las compañías a las que Maurice Carney culpa por alimentar la violencia se halla OM Group, con sede en Cleveland, el principal productor mundial de productos químicos complejos a base de cobalto y uno de los principales proveedores de productos químicos especializados a base de níquel. También incluye en esa lista al gigante de la industria química Cabot Corp., con sede en Boston. Cabot produce coltan, también conocido como tantalita, una sustancia difícil de extraer y componente crucial de los circuitos electrónicos, que se usan en todos los teléfonos móviles y otros productos electrónicos de consumo. Se considera que la demanda masiva de coltan fue responsable de desatar la Segunda Guerra del Congo, que duró de 1998 a 2002. Uno de los ex presidentes de Cabot es ni más ni menos que el actual Secretario de Energía de la administración Bush, Samuel Bodman. Freeport-McMoRan, con sede en Phoenix, que asumió la explotación de la enorme concesión minera que la compañía Phelps Dodge tiene en el Congo, también forma parte del juego.

La Organización de las Naciones Unidas ha emitido varios informes que critican muy duramente la explotación ilegal de parte de las corporaciones de los minerales del Congo. Una revisión de más de 60 contratos mineros realizada por el gobierno del Congo exige su renegociación o su cancelación directa. Según Carney: “El ochenta por ciento de la población vive con 30 centavos de dólar al día o menos, cuando hay miles de millones de dólares que salen por la puerta de atrás y terminan en los bolsillos de las compañías mineras”. Una pregunta importante para los que estamos en EE.UU. es: ¿Cómo pueden morir casi 6 millones de personas en un país en menos de una década a causa de la guerra y las enfermedades asociadas, y que esto ocurre virtualmente desapercibido?

¿Feminización hormonal?

Por Beatriz Preciado, profesora en la Universidad París VIII-Saint-Denis (LA VANGUARDIA, 11/11/07):

Cuando François D´Eaubonne inventó en 1969 el término falocracia para hablar de la dominación simbólica y política del falo en la cultura occidental, no hubiera podido imaginar que ese mismo falo era en realidad objeto de una intensa vigilancia y que se convertiría en el centro de una creciente normalización biopolítica. Entre mediados del siglo XX, cuando el psiquiatra Harry Benjamin descubre el efecto de las hormonas sexuales sobre la respuesta genital a la excitación, y los albores del XXI, cuando los laboratorios Pfizer, Bayer y Lilly se disputan, bajo los nombres Viagra, Levitra o Cialis, la comercialización de una molécula vasodilatadora capaz de provocar y mantener la erección, la masculinidad deja de ser un coto cerrado de privilegios naturales para convertirse en un dominio de capitalización e ingeniería política.

La primera década de este nuevo milenio ha sido un momento sin precedentes de ansiedad política y especulación económica en torno al pene. Hoy, más que de falocracia, habría que hablar de falocontrol: de un conjunto de dispositivos políticos que luchan por diseñar los límites de la nueva masculinidad.

La intención del presidente francés, Nicolas Sarkozy, hecha pública el pasado mes de agosto, de crear una ley que prescriba la utilización de terapias de castración química para tratar a los delincuentes sexuales es un eslabón más en la escalada de los poderes políticos por producir y controlar la sexualidad masculina.

Cabría preguntarse: ¿cuáles son los procesos de transformación corporal que desatan realmente la llamada castración química? ¿Cuándo, cómo y sobre qué cuerpos han sido ya utilizadas medidas similares de gestión farmacológica de la identidad? ¿Cuáles son las ficciones políticas de masculinidad y de feminidad que subyacen a dicha proposición de ley y qué tipo de sujeto pretendemos producir colectivamente?

Rastreemos nuestro archivo farmacopolítico: la llamada castración química consiste en la administración de un cóctel más o menos cargado de antiandrógenos (acetato de ciproterona, progestágenos o reguladores de la gonadotropina), es decir, de moléculas inhibidoras de la producción de testosterona.

Si bien es cierto que uno de los efectos de los antiandrógenos puede ser la disminución del deseo sexual (siempre que se piense el deseo sexual en términos de excitación y respuesta eréctil), lo que no se señala a menudo es que los efectos secundarios de estos fármacos son la disminución del tamaño del pene, el desarrollo de pechos, la modificación del volumen muscular y el aumento de la acumulación de grasas en torno a las caderas. Se trata de un proceso de feminización hormonal. Por ello, no deberíamos extrañarnos al descubrir que fármacos de efecto antiandrógeno semejante sean utilizados (de forma voluntaria) por transexuales que desean iniciar un proceso de feminización y cambio de sexo.

Cuando exploramos la historia política de este fármaco, aprendemos que fue usado en los años cincuenta como parte del tratamiento contra la homosexualidad masculina: esa fue la terapia aplicada por la justicia inglesa a Alan Turing, uno de los inventores de la ciencia computacional moderna que, acusado de “homosexualidad, indecencia grave y perversión sexual”, se vio obligado a someterse a una terapia hormonal que probablemente le llevó posteriormente al suicido.

Paradójicamente, y como prueba de una cierta confusión científica, el mismo fármaco forma parte de los actuales experimentos con la llamada “bomba gay”, un compuesto molecular a base de hormonas con el que el ejército norteamericano pretende transformar a sus enemigos en homosexuales.

Lo que estos datos dejan al descubierto es que la castración química (o la feminización hormonal) es un dispositivo farmacopolítico destinado no tanto a la reducción de las agresiones sexuales, sino a la modificación del género del presunto agresor. Valga señalar que tales terapias están únicamente pensadas en función de la figura masculina de lo que Sarkozy llama el “predador sexual”.

El modo de castigar y controlar la sexualidad masculina es transformarla simbólica y corporalmente en femenina. Se produce así un doble efecto del que, lamentablemente, ya conocemos los resultados: la criminalización política de la sexualidad masculina y la victimización de la sexualidad femenina.

La erección y por extensión la masculinidad, pensada como un impulso involuntario que debe ser políticamente controlado, es siempre efecto de una regulación química: producida o aumentada a través de vasodilatadores (no olvidemos que François Evrad, sujeto frente al que se desata la polémica de la ley francesa, llevaba pastillas de Viagra en el bolsillo en el momento de la violación) o controlada y reprimida en el caso de la castración química. De forma paralela, la sexualidad femenina se construye como territorio pasivo sobre el que se ejerce la violencia de la sexualidad masculina.

Pero seamos conscientes, no hay aquí destinos biológicos, sino programas farmacopolíticos.

¿Feminización hormonal?

Por Beatriz Preciado, profesora en la Universidad París VIII-Saint-Denis (LA VANGUARDIA, 11/11/07):

Cuando François D´Eaubonne inventó en 1969 el término falocracia para hablar de la dominación simbólica y política del falo en la cultura occidental, no hubiera podido imaginar que ese mismo falo era en realidad objeto de una intensa vigilancia y que se convertiría en el centro de una creciente normalización biopolítica. Entre mediados del siglo XX, cuando el psiquiatra Harry Benjamin descubre el efecto de las hormonas sexuales sobre la respuesta genital a la excitación, y los albores del XXI, cuando los laboratorios Pfizer, Bayer y Lilly se disputan, bajo los nombres Viagra, Levitra o Cialis, la comercialización de una molécula vasodilatadora capaz de provocar y mantener la erección, la masculinidad deja de ser un coto cerrado de privilegios naturales para convertirse en un dominio de capitalización e ingeniería política.

La primera década de este nuevo milenio ha sido un momento sin precedentes de ansiedad política y especulación económica en torno al pene. Hoy, más que de falocracia, habría que hablar de falocontrol: de un conjunto de dispositivos políticos que luchan por diseñar los límites de la nueva masculinidad.

La intención del presidente francés, Nicolas Sarkozy, hecha pública el pasado mes de agosto, de crear una ley que prescriba la utilización de terapias de castración química para tratar a los delincuentes sexuales es un eslabón más en la escalada de los poderes políticos por producir y controlar la sexualidad masculina.

Cabría preguntarse: ¿cuáles son los procesos de transformación corporal que desatan realmente la llamada castración química? ¿Cuándo, cómo y sobre qué cuerpos han sido ya utilizadas medidas similares de gestión farmacológica de la identidad? ¿Cuáles son las ficciones políticas de masculinidad y de feminidad que subyacen a dicha proposición de ley y qué tipo de sujeto pretendemos producir colectivamente?

Rastreemos nuestro archivo farmacopolítico: la llamada castración química consiste en la administración de un cóctel más o menos cargado de antiandrógenos (acetato de ciproterona, progestágenos o reguladores de la gonadotropina), es decir, de moléculas inhibidoras de la producción de testosterona.

Si bien es cierto que uno de los efectos de los antiandrógenos puede ser la disminución del deseo sexual (siempre que se piense el deseo sexual en términos de excitación y respuesta eréctil), lo que no se señala a menudo es que los efectos secundarios de estos fármacos son la disminución del tamaño del pene, el desarrollo de pechos, la modificación del volumen muscular y el aumento de la acumulación de grasas en torno a las caderas. Se trata de un proceso de feminización hormonal. Por ello, no deberíamos extrañarnos al descubrir que fármacos de efecto antiandrógeno semejante sean utilizados (de forma voluntaria) por transexuales que desean iniciar un proceso de feminización y cambio de sexo.

Cuando exploramos la historia política de este fármaco, aprendemos que fue usado en los años cincuenta como parte del tratamiento contra la homosexualidad masculina: esa fue la terapia aplicada por la justicia inglesa a Alan Turing, uno de los inventores de la ciencia computacional moderna que, acusado de “homosexualidad, indecencia grave y perversión sexual”, se vio obligado a someterse a una terapia hormonal que probablemente le llevó posteriormente al suicido.

Paradójicamente, y como prueba de una cierta confusión científica, el mismo fármaco forma parte de los actuales experimentos con la llamada “bomba gay”, un compuesto molecular a base de hormonas con el que el ejército norteamericano pretende transformar a sus enemigos en homosexuales.

Lo que estos datos dejan al descubierto es que la castración química (o la feminización hormonal) es un dispositivo farmacopolítico destinado no tanto a la reducción de las agresiones sexuales, sino a la modificación del género del presunto agresor. Valga señalar que tales terapias están únicamente pensadas en función de la figura masculina de lo que Sarkozy llama el “predador sexual”.

El modo de castigar y controlar la sexualidad masculina es transformarla simbólica y corporalmente en femenina. Se produce así un doble efecto del que, lamentablemente, ya conocemos los resultados: la criminalización política de la sexualidad masculina y la victimización de la sexualidad femenina.

La erección y por extensión la masculinidad, pensada como un impulso involuntario que debe ser políticamente controlado, es siempre efecto de una regulación química: producida o aumentada a través de vasodilatadores (no olvidemos que François Evrad, sujeto frente al que se desata la polémica de la ley francesa, llevaba pastillas de Viagra en el bolsillo en el momento de la violación) o controlada y reprimida en el caso de la castración química. De forma paralela, la sexualidad femenina se construye como territorio pasivo sobre el que se ejerce la violencia de la sexualidad masculina.

Pero seamos conscientes, no hay aquí destinos biológicos, sino programas farmacopolíticos.

>¿Feminización hormonal?

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Por Beatriz Preciado, profesora en la Universidad París VIII-Saint-Denis (LA VANGUARDIA, 11/11/07):

Cuando François D´Eaubonne inventó en 1969 el término falocracia para hablar de la dominación simbólica y política del falo en la cultura occidental, no hubiera podido imaginar que ese mismo falo era en realidad objeto de una intensa vigilancia y que se convertiría en el centro de una creciente normalización biopolítica. Entre mediados del siglo XX, cuando el psiquiatra Harry Benjamin descubre el efecto de las hormonas sexuales sobre la respuesta genital a la excitación, y los albores del XXI, cuando los laboratorios Pfizer, Bayer y Lilly se disputan, bajo los nombres Viagra, Levitra o Cialis, la comercialización de una molécula vasodilatadora capaz de provocar y mantener la erección, la masculinidad deja de ser un coto cerrado de privilegios naturales para convertirse en un dominio de capitalización e ingeniería política.

La primera década de este nuevo milenio ha sido un momento sin precedentes de ansiedad política y especulación económica en torno al pene. Hoy, más que de falocracia, habría que hablar de falocontrol: de un conjunto de dispositivos políticos que luchan por diseñar los límites de la nueva masculinidad.

La intención del presidente francés, Nicolas Sarkozy, hecha pública el pasado mes de agosto, de crear una ley que prescriba la utilización de terapias de castración química para tratar a los delincuentes sexuales es un eslabón más en la escalada de los poderes políticos por producir y controlar la sexualidad masculina.

Cabría preguntarse: ¿cuáles son los procesos de transformación corporal que desatan realmente la llamada castración química? ¿Cuándo, cómo y sobre qué cuerpos han sido ya utilizadas medidas similares de gestión farmacológica de la identidad? ¿Cuáles son las ficciones políticas de masculinidad y de feminidad que subyacen a dicha proposición de ley y qué tipo de sujeto pretendemos producir colectivamente?

Rastreemos nuestro archivo farmacopolítico: la llamada castración química consiste en la administración de un cóctel más o menos cargado de antiandrógenos (acetato de ciproterona, progestágenos o reguladores de la gonadotropina), es decir, de moléculas inhibidoras de la producción de testosterona.

Si bien es cierto que uno de los efectos de los antiandrógenos puede ser la disminución del deseo sexual (siempre que se piense el deseo sexual en términos de excitación y respuesta eréctil), lo que no se señala a menudo es que los efectos secundarios de estos fármacos son la disminución del tamaño del pene, el desarrollo de pechos, la modificación del volumen muscular y el aumento de la acumulación de grasas en torno a las caderas. Se trata de un proceso de feminización hormonal. Por ello, no deberíamos extrañarnos al descubrir que fármacos de efecto antiandrógeno semejante sean utilizados (de forma voluntaria) por transexuales que desean iniciar un proceso de feminización y cambio de sexo.

Cuando exploramos la historia política de este fármaco, aprendemos que fue usado en los años cincuenta como parte del tratamiento contra la homosexualidad masculina: esa fue la terapia aplicada por la justicia inglesa a Alan Turing, uno de los inventores de la ciencia computacional moderna que, acusado de “homosexualidad, indecencia grave y perversión sexual”, se vio obligado a someterse a una terapia hormonal que probablemente le llevó posteriormente al suicido.

Paradójicamente, y como prueba de una cierta confusión científica, el mismo fármaco forma parte de los actuales experimentos con la llamada “bomba gay”, un compuesto molecular a base de hormonas con el que el ejército norteamericano pretende transformar a sus enemigos en homosexuales.

Lo que estos datos dejan al descubierto es que la castración química (o la feminización hormonal) es un dispositivo farmacopolítico destinado no tanto a la reducción de las agresiones sexuales, sino a la modificación del género del presunto agresor. Valga señalar que tales terapias están únicamente pensadas en función de la figura masculina de lo que Sarkozy llama el “predador sexual”.

El modo de castigar y controlar la sexualidad masculina es transformarla simbólica y corporalmente en femenina. Se produce así un doble efecto del que, lamentablemente, ya conocemos los resultados: la criminalización política de la sexualidad masculina y la victimización de la sexualidad femenina.

La erección y por extensión la masculinidad, pensada como un impulso involuntario que debe ser políticamente controlado, es siempre efecto de una regulación química: producida o aumentada a través de vasodilatadores (no olvidemos que François Evrad, sujeto frente al que se desata la polémica de la ley francesa, llevaba pastillas de Viagra en el bolsillo en el momento de la violación) o controlada y reprimida en el caso de la castración química. De forma paralela, la sexualidad femenina se construye como territorio pasivo sobre el que se ejerce la violencia de la sexualidad masculina.

Pero seamos conscientes, no hay aquí destinos biológicos, sino programas farmacopolíticos.