>El TPIY absuelve al ex presidente serbio Milan Milutinovic

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AGENCIAS – La Haya – 26/02/2009

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) ha absuelto hoy al ex presidente de Serbia Milan Milutinovic de los crímenes cometidos contra la minoría albanesa de Kosovo en 1999. Además de Milutinovic, se ha juzgado a otros cincos ex altos cargos serbios, quienes sí han sido condenados. Se trata del primer veredicto del Tribunal sobre los supuestos crímenes cometidos por fuerzas serbias durante la guerra de Kosovo.

El tribunal ha ordendo la liberación de Milutinovic, mientras que el resto de los acusados han sido condenados por todos los cargos presentados en su contra. El ex viceprimer ministro yugoslavo Nikola Sainovic y el comandante Nebojsa Pavkovic han sido condenados a 22 años de prisión, así como el general de la policía Sreten Lukic, por los cargos de crímenes contra la humanidad y violación de las leyes y costumbres de la guerra. El comandante Vladimir Lazareviz ha sido condenado a 15 años por participar en la deportación y el traslado forzoso de albano-kosovares, al igual que el ex jefe del Estado Mayor Dragoljub Ojdanic.

Los magistrados estiman que Milutinovic “no tenía control directo” sobre el ejército yugoslavo, cuya dirección era ejercida por el ya fallecido ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic. Además, el Tribunal considera que “no se ha probado” que el que fue presidente de Serbia entre 1997 y 2002 “tuviera una relación de amistad estrecha” con Milosevic, como mantenía la fiscalía.

Sin embargo, los magistrados sostienen que Sainovic “era el asociado de mayor confianza de Milosevic”, a quien proporcionaba información y con quien mantenía regularmente conversaciones telefónicas. De acuerdo con la sentencia, Sainovic era el “representante personal de Milosevic en Kosovo (…), estaba bien informado y era consciente de los crímenes perpetrados”. “Sainovic ejercía un poder sustancial sobre el Ejército Yugoslavo y sobre la policía y contribuyó significativamente a la comisión de crímenes”, se lee en las conclusiones de la sentencia, que sin embargo considera que el serbio desconocía que también se asaltaba sexualmente a las mujeres kosovares.

Los seis ex altos cargos serbios estaban acusados de “planear e instigar” una campaña de terror y violencia contra la población albanesa de Kosovo, que acabó con la expulsión de más de 800.000 personas durante la guerra. Según el Tribunal, “los crímenes [...] incluyen la deportación y movilización forzosa de varios cientos de miles de personas, además del asesinato y persecución de miles de albano kosovares”.

Los fiscales habían solicitado condenas de entre 20 años y cadena perpetua para los acusados, que se han declarado inocentes.

Los testigos llamados por el fiscal han testificado que las tropas serbias bombardearon poblaciones, mataron a civiles y violaron a mujeres. Milutinovic terminó los cinco años de mandato como presidente a finales de 2002 y, tras perder la inmunidad, se entregó.

Milutinovic y Milosevic

Milutinovic, de 66 años, sucedió a Slobodan Milosevic como presidente de Serbia en 1997. Milosevic se convirtió en presidente de Yugoslavia y Milutinovic pasó a ser su cabeza visible en Serbia, pero carecía de poder ejecutivo real. Milutinovic dirigió el grupo negociador del gobierno yugoslavo en las conversaciones sobre Kosovo en 1999, en el pueblo francés de Rambouillet. Las negociaciones no tuvieron éxito y dieron paso al bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia, que duró 78 días y acabó provocando la retirada de las fuerzas serbias.

Milosevic murió en 2006, antes de que se emitiera el veredicto en su juicio, lo que otorga aún más relevancia al juicio de hoy.

>"No creo que Estados Unidos firme el Tratado del Tribunal Penal Internacional"

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Por J. M. MARTÍ FONT – Barcelona – (El País.com, 25/02/2009)

Simone Veil (Niza, 1927), la mujer que como ministra sacó adelante la ley de despenalización del aborto en Francia y que presidió el Parlamento Europeo entre 1979 y 1982, recibió ayer en Barcelona el Premio Libertad que otorga la asociación Mujeres por la Libertad y la Democracia por su “defensa de la libertad, los derechos humanos, la justicia y el papel de las mujeres en la sociedad moderna”. En su opinión, sin embargo, nuestras sociedades las mujeres están todavía muy lejos de haber conseguido la paridad.

Veil, que en las últimas elecciones francesas dio su apoyo explícito a Nicolas Sarkozy, preside actualmente la Fundación para la Memoria del Holocausto y dirige el Fondo para las Víctimas, dependiente del Tribunal Penal Internacional (TPI). Superviviente del campo de exterminio de Auschwitz, en el que desapareció casi toda su familia, esta mujer que obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2005, no ve ningún paralelismo entre la crisis de 1929 que sirvió de caldo de cultivo al nazismo, y la situación actual.

Pregunta. ¿Usted que vivió en carne propia las consecuencias de la crisis del 1929 y el auge del nazismo, detecta ahora reacciones xenófobas o antisemitas y ve algún paralelismo con la situación actual?

Respuesta. Quisiera separar la xenofobia y las consecuencias de la crisis. La xenofobia no tiene nada que ver con las consecuencias de la crisis. Yo diría que tiene mucho más que ver con la situación en Oriente Próximo. Por encima de esta situación ha llegado la crisis y no ha agravado nada. En cualquier caso es una crisis que nos llega básicamente de Estados Unidos.

P. ¿Confía en que la construcción europea sirva para salir de la crisis?

R. Europa, e incluso la existencia del euro, más bien parece que está aportando apoyos y no agravando la situación. Ningún país ha querido salir del euro y los que no están en la moneda única se encuentran en más dificultades.

P. ¿Cree usted que la Europa a 27 puede salir adelante si no se ratifica el Tratado de Lisboa? La parálisis de la presidencia checa ejemplifica mejor que nada la necesidad de los cambios institucionales.

R. No soy pesimista ni creo que todo esté paralizado. Estoy convencida de que el Tratado de Lisboa, aunque con algo de retraso, acabará siendo ratificado por todos. No veo como Irlanda, un país que ha aprovechado al máximo lo que podía obtener de la UE, puede acabar sin ratificar el Tratado. La crisis es un problema mundial. En China, por ejemplo, la situación es terrible, y hace solo seis meses era el país más pujante.

P. ¿Que piensa usted del proyecto de la Unión para el Mediterráneo?

R. Pienso que estamos en un momento en el que hay que afrontar los problemas uno detrás de otro. Hay que tener cuidado. Incluso si la situación actual fuera de normalidad deberíamos antes definir lo que entendemos por este conjunto mediterráneo, ¿qué engloba? ¿qué pretende? ¿hasta donde llega? Tengo un recuerdo muy preciso de un episodio que sucedió precisamente en Barcelona. Era el día en que cayó el muro de Berlín. Participaba en una reunión organizada por el entonces presidente Jordi Pujol. Estaba sentada a su lado cuando nos trajeron la nota de agencias con la noticia. Era una reunión de parlamentarios europeos con africanos. Mientras nosotros nos alegrábamos por la noticia los africanos estaban consternados. Se dieron cuenta enseguida de que si, de pronto, Europa se reunificaba, se había acabado la ayuda para ellos. Debemos tener muy claro lo que queremos hacer con África, porque actualmente la situación en este continente es, de lejos, la peor del Mundo. Lo conozco bien porque presido el Fondo para las Víctimas del TPI.

P. ¿Cuál es su opinión del trabajo del TPI?

R. Hay algunas carencias para determinadas cosas. Tal vez se marcó objetivos poco ambiciosos. Su funcionamiento está casi totalmente ligado a los jueces que, por otro lado son en conjunto muy buenos, pero no hay más que ellos y esta especie de apéndice para las víctimas que yo presido. Pero las cosas se mueven. Es importante porque es la primera vez que existe algo así.

P. ¿Piensa que la nueva administración norteamericana se implicará más?

R. Es difícil. De entrada Estados Unidos no ha firmado el tratado, y por otro lado no estoy para nada segura de que lo vayan a firmar.

P. Usted fue la primera mujer ministro de la V República. Como ve la evolución de la presencia de las mujeres en la esfera pública, tanto política como económica?

R. Queda mucho por hacer. Si se contempla el pequeño número de mujeres que han conseguido hacerse un hueco en el Gobierno [francés] o en las altas esferas de la Administración y en otros aspectos de la vida pública, estamos muy lejos de la paridad. Incluso para conseguir una promoción en la vida profesional, los hombres siguen ocupando el terreno. Se pueden hacer leyes, se puede hacer un montón de cosas y se han hecho un montón de cosas, pero sigue habiendo una gran diferencia. En el mundo empresarial, tal vez en las pequeñas empresas haya un aumento del número de mujeres dirigentes, pero en las grandes empresas, salvo algunas excepciones, sigue siendo un campo cerrado para las mujeres.

En busca de justicia para todos

Por Rubén Herrero, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense (EL PERIÓDICO, 03/09/08):

La detención de Radovan Karadzic, su puesta a disposición del Tribunal Penal para la ex-Yugoslavia (TPIY) y la apertura de investigaciones por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, han avivado el debate sobre la utilidad y la eficacia de una justicia penal internacional.

Es importante no confundir el TPI, establecido en el 2002, que atiende casos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por individualidades, con el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de Naciones Unidas creado en 1945, que dirime conflictos entre estados.

La guerra fría impidió avanzar en la idea de una corte penal internacional. El TIJ, por ejemplo, quedó convertido en un foro de acusaciones entre las superpotencias. El final de la guerra fría supuso una reducción de la impunidad en la acción de los gobernantes. Así, en los 90 se crearon los tribunales para Ruanda y Yugoslavia y la iniciativa que tuvo como resultado el TPI, que nació para superar las limitaciones de los tribunales ad hoc, mejorando la efectividad y el efecto disuasorio de estos.

SE QUERÍA crear un organismo universal y permanente, que solo intervendría cuando las justicias nacionales no pudieran o no quisieran llegar a una resolución y/o trataran de blindar a los responsables de crímenes. Hasta aquí todo muy bonito, pero la carrera de obstáculos que acabaría desdibujando la justicia no hacía sino comenzar.

En primer lugar, el TPI, solo trata los delitos arriba indicados que se hayan cometido después del 2002. Temas como el terrorismo quedaron excluidos por falta de acuerdo en la definición del término. Y el límite temporal borra de la jurisdicción internacional los crímenes de buena parte de los dictadores siniestros del siglo XX.

En segundo lugar, solo puede juzgar a individuos de estados miembros, aunque puede ocuparse de casos que afecten a no miembros cuando así les sea solicitado por el consejo de seguridad de la ONU. Por cierto, de este consejo forman parte Rusia y Estados Unidos, que firmaron el Tratado pero no lo han ratificado, y China que, nunca mejor dicho, pasa olímpicamente del mismo. Actualmente tiene 106 miembros y una lista de 40 países que firmaron pero no ratificaron.

Además, el hecho de firmar y/o ratificar no obliga a nada, pues los estados pueden retirarse cuando lo deseen. Cabe señalar que entre los signatarios están Sudán y Zimbabue, donde se están perpetrando las mayores tropelías y crímenes, sin que pase absolutamente nada. Ambos aducen que solo firmaron y que, por tanto, quedan excluidos de la jurisdicción del TPI. No obstante, el presidente de Sudán podría tener problemas, ya que la investigación se abre por mandato del Consejo de Seguridad, pero cuenta con el blindaje de los chinos en el seno del Consejo. ¿O vamos a ser tan ingenuos para dejar de lado el hecho de las ingentes exportaciones de petróleo de Sudán a China?

En tercer lugar, cabría reflexionar sobre si es un organismo politizado o no. Inicialmente, la respuesta sería que no, pero cuando se observa que los fondos provienen de los estados miembros –los cuales, además, reunidos en la Asamblea del TPI, nombran (y pueden destituir) a los jueces– surgen dudas acerca de si en algún momento este organismo podría ser utilizado y controlado por alianzas políticas dentro de la Asamblea, para perjudicar a algunos estados que, aunque democráticos, no gocen de un buen cartel internacional. Esta es una de las principales preocupaciones de países como Estados Unidos e Israel, las cuales, entre otras razones, han motivado su alejamiento del TPI.

Teniendo en cuenta los factores expuestos, no es de extrañar que el TPI solo haya aceptado cuatro casos (Uganda, República Democrática del Congo, República de Centroáfrica y Sudán) de entre las casi 3.000 notificaciones recibidas por crímenes cometidos en 139 países. De estos cuatro casos, solo hay 12 acusados (cuatro en custodia y ocho fugitivos o muertos). Si bien es cierto que el número es mayor en el caso de la ex-Yugoslavia, incluso así da la sensación de que los tribunales internacionales solo juzgan a perdedores abandonados a su suerte, aunque, por supuesto, todos festejemos que los juzguen.

NO ES DE extrañar, por tanto, ver cómo se aferran a sus cargos los tiranos actuales, ya que saben que ahí son prácticamente intocables. La justicia, para serlo, debe llegarles a todos, incluidos los que están en el poder. Así sí que se conseguiría un efecto disuasorio.

Y ¿cómo conseguir una justicia universal y justa? La clave debería ser la expansión de la democracia. Un sistema que, con sus imperfecciones, garantiza la separación de poderes y la independencia de la justicia. Las democracias no siempre se comportan legalmente, pero son capaces de depurar de forma efectiva las responsabilidades. La impunidad en las democracias es la excepción, nunca la norma.

El Tribunal Penal Internacional debería seguir su andadura, pero acompañada de un profundo y efectivo proceso de democratización de la sociedad internacional, de tal forma que, en un escenario mayoritariamente compuesto por democracias, la justicia internacional podría ocuparse eficazmente de los casos excepcionales.

>En busca de justicia para todos

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Por Rubén Herrero, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense (EL PERIÓDICO, 03/09/08):

La detención de Radovan Karadzic, su puesta a disposición del Tribunal Penal para la ex-Yugoslavia (TPIY) y la apertura de investigaciones por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, han avivado el debate sobre la utilidad y la eficacia de una justicia penal internacional.

Es importante no confundir el TPI, establecido en el 2002, que atiende casos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por individualidades, con el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de Naciones Unidas creado en 1945, que dirime conflictos entre estados.

La guerra fría impidió avanzar en la idea de una corte penal internacional. El TIJ, por ejemplo, quedó convertido en un foro de acusaciones entre las superpotencias. El final de la guerra fría supuso una reducción de la impunidad en la acción de los gobernantes. Así, en los 90 se crearon los tribunales para Ruanda y Yugoslavia y la iniciativa que tuvo como resultado el TPI, que nació para superar las limitaciones de los tribunales ad hoc, mejorando la efectividad y el efecto disuasorio de estos.

SE QUERÍA crear un organismo universal y permanente, que solo intervendría cuando las justicias nacionales no pudieran o no quisieran llegar a una resolución y/o trataran de blindar a los responsables de crímenes. Hasta aquí todo muy bonito, pero la carrera de obstáculos que acabaría desdibujando la justicia no hacía sino comenzar.

En primer lugar, el TPI, solo trata los delitos arriba indicados que se hayan cometido después del 2002. Temas como el terrorismo quedaron excluidos por falta de acuerdo en la definición del término. Y el límite temporal borra de la jurisdicción internacional los crímenes de buena parte de los dictadores siniestros del siglo XX.

En segundo lugar, solo puede juzgar a individuos de estados miembros, aunque puede ocuparse de casos que afecten a no miembros cuando así les sea solicitado por el consejo de seguridad de la ONU. Por cierto, de este consejo forman parte Rusia y Estados Unidos, que firmaron el Tratado pero no lo han ratificado, y China que, nunca mejor dicho, pasa olímpicamente del mismo. Actualmente tiene 106 miembros y una lista de 40 países que firmaron pero no ratificaron.

Además, el hecho de firmar y/o ratificar no obliga a nada, pues los estados pueden retirarse cuando lo deseen. Cabe señalar que entre los signatarios están Sudán y Zimbabue, donde se están perpetrando las mayores tropelías y crímenes, sin que pase absolutamente nada. Ambos aducen que solo firmaron y que, por tanto, quedan excluidos de la jurisdicción del TPI. No obstante, el presidente de Sudán podría tener problemas, ya que la investigación se abre por mandato del Consejo de Seguridad, pero cuenta con el blindaje de los chinos en el seno del Consejo. ¿O vamos a ser tan ingenuos para dejar de lado el hecho de las ingentes exportaciones de petróleo de Sudán a China?

En tercer lugar, cabría reflexionar sobre si es un organismo politizado o no. Inicialmente, la respuesta sería que no, pero cuando se observa que los fondos provienen de los estados miembros –los cuales, además, reunidos en la Asamblea del TPI, nombran (y pueden destituir) a los jueces– surgen dudas acerca de si en algún momento este organismo podría ser utilizado y controlado por alianzas políticas dentro de la Asamblea, para perjudicar a algunos estados que, aunque democráticos, no gocen de un buen cartel internacional. Esta es una de las principales preocupaciones de países como Estados Unidos e Israel, las cuales, entre otras razones, han motivado su alejamiento del TPI.

Teniendo en cuenta los factores expuestos, no es de extrañar que el TPI solo haya aceptado cuatro casos (Uganda, República Democrática del Congo, República de Centroáfrica y Sudán) de entre las casi 3.000 notificaciones recibidas por crímenes cometidos en 139 países. De estos cuatro casos, solo hay 12 acusados (cuatro en custodia y ocho fugitivos o muertos). Si bien es cierto que el número es mayor en el caso de la ex-Yugoslavia, incluso así da la sensación de que los tribunales internacionales solo juzgan a perdedores abandonados a su suerte, aunque, por supuesto, todos festejemos que los juzguen.

NO ES DE extrañar, por tanto, ver cómo se aferran a sus cargos los tiranos actuales, ya que saben que ahí son prácticamente intocables. La justicia, para serlo, debe llegarles a todos, incluidos los que están en el poder. Así sí que se conseguiría un efecto disuasorio.

Y ¿cómo conseguir una justicia universal y justa? La clave debería ser la expansión de la democracia. Un sistema que, con sus imperfecciones, garantiza la separación de poderes y la independencia de la justicia. Las democracias no siempre se comportan legalmente, pero son capaces de depurar de forma efectiva las responsabilidades. La impunidad en las democracias es la excepción, nunca la norma.

El Tribunal Penal Internacional debería seguir su andadura, pero acompañada de un profundo y efectivo proceso de democratización de la sociedad internacional, de tal forma que, en un escenario mayoritariamente compuesto por democracias, la justicia internacional podría ocuparse eficazmente de los casos excepcionales.