>La crueldad de Dante

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Por Alberto Manguel, escritor y crítico literario argentino (EL PAÍS, 18/05/09):

La decisión del presidente Obama de dar a conocer los documentos sobre las prácticas interrogatorias de Guantánamo y Abu Ghraib y, al mismo tiempo, no ordenar la investigación de quienes llevaron a cabo tales prácticas, me recordó un caso bien anterior, en el que el sistema legal es también utilizado para justificar la tortura, y en el cual el torturador tampoco es condenado por sus acciones. Ocurre casi al final del viaje al infierno de Dante, en el Canto XXXII de su Comedia.

Siguiendo a Virgilio por los varios círculos infernales, Dante llega al lago glacial en el que las almas de los traidores son presas hasta el cuello en el hielo. Entre las terribles cabezas que gritan y maldicen, Dante cree reconocer la de un cierto Bocca degli Abati, culpable de haber traicionado a los suyos y haberse aliado al enemigo. Dante pide a la inclinada cabeza que le diga su nombre y, como es ya su costumbre a lo largo del mágico descenso, promete al pecador fama póstuma en sus versos cuando vuelva al mundo de los vivos. Bocca le contesta que lo que desea es precisamente lo contrario, y le dice a Dante que se vaya y no lo fastidie más.

Furioso ante el insulto, Dante coge a Bocca por el pescuezo y le dice que, a menos que confiese su nombre, le arrancará cada pelo de la cabeza. “Aún si me dejases calvo”, le contesta el desdichado, “no te diría quien soy, no te mostraría mi cara/ aunque mil veces me azotases”. Entonces Dante le arranca “otro puñado de pelo”, haciendo que Bocca lance aullidos de dolor. Mientras tanto, Virgilio, encargado por la voluntad divina de guiar al poeta, observa y guarda silencio.

Podemos interpretar ese silencio de Virgilio como aprobación. Varios círculos antes, en el Canto VIII, cuando los dos poetas navegan a través del Río Estigio, Dante, viendo cómo uno de los condenados se alza de las aguas inmundas, le pregunta, como siempre, de quién se trata. El alma pecaminosa no le da su nombre, sólo le dice que es “uno que llora” y Dante, sin conmoverse, lo maldice ferozmente. Virgilio, sonriente, toma a Dante en sus brazos y lo alaba con las palabras que San Lucas usó para alabar a Cristo. Entonces Dante, alentado por la reacción de su maestro, le dice que nada le daría mayor placer que ver al condenado volver a hundirse en el fango atroz. Virgilio le dice que así ocurrirá, y el episodio concluye con Dante agradeciendo a Dios la concesión de su deseo.

A través de los siglos, los comentadores de Dante han intentado justificar estos actos como ejemplos de “noble indignación” u “honorable cólera”, que no es un pecado como la ira (según Santo Tomás de Aquino, uno de las fuentes intelectuales de Dante), sino una virtud nacida de una “causa justa”. El problema, claro está, reside en la lectura del adjetivo “justo”. En el caso de Dante, “justo” se refiere a su comprensión de la incuestionable justicia de Dios. Sentir compasión por los condenados es “injusto” porque significa oponerse a la imponderable voluntad divina.

Tan sólo tres cantos antes, Dante cae desmayado de piedad cuando el alma de Francesca, condenada a girar para siempre en el vendaval que castiga la lujuria, le cuenta su triste caso. Pero ahora, más avanzado en su ejemplar descenso, Dante ha perdido su flaqueza sentimental y su fe en la autoridad es más robusta.

Según la teología dantesca, el sistema legal impuesto por Dios no puede ser tachado ni de erróneo ni de cruel; por lo tanto, todo lo que decrete debe ser “justo” aun cuando se halle más allá del entendimiento humano. Las acciones de Dante -la tortura deliberada del prisionero preso en el hielo, su sórdido deseo de ver al otro prisionero ahogarse en el lodo- deben ser entendidas (dicen los comentadores) como una humilde obediencia a la Ley y a una incuestionable Autoridad Mayor.

Un argumento similar es propuesto hoy en día por quienes argumentan contra la investigación y condena de los torturadores. Y sin embargo, habrá pocos lectores de Dante que no sientan, al leer esos pasajes infernales, un mal sabor de boca. Quizás sea porque, si la justificación de la aparente crueldad dantesca yace en la naturaleza de la voluntad divina, entonces, en lugar de sentir que las acciones de Dante son redimidas por la fe, el lector siente que la fe es envilecida por las acciones de Dante.

De la misma manera, el implícito perdón a los torturadores, sólo porque los abusos ocurrieron en un pasado inmutable y bajo la autoridad y ley de otra administración, en lugar de alimentar la fe en la política del Gobierno actual, la envilece. Peor aún: tácitamente aceptada por la Administración de Obama, la vieja excusa de “sólo obedecí las órdenes” adquirirá renovado crédito y servirá de antecedente para futuras exoneraciones.

G. K. Chesterton dijo alguna vez: “Obviamente, no puede haber seguridad en una sociedad en la que el comentario de un juez de la Corte Suprema, diciendo que asesinar está mal, sea visto como un epigrama original y deslumbrante”. Lo mismo puede decirse de una sociedad que, bajo no importa qué circunstancias, rehúsa investigar y condenar infames actos de tortura.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

>Los torturadores voluntarios de Bush

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Por Tzvetan Todorov, semiólogo, filósofo e historiador de origen búlgaro y nacionalidad francesa. Es premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2008. Entre sus últimas obras destacan Los aventureros del absoluto, El espíritu de las luces y La literatura en peligro. Traducción de Pilar Vázquez (EL PAÍS, 14/05/09):

Los documentos relativos a las prácticas de tortura empleadas en las cárceles de la CIA que el Gobierno de Obama hizo públicos el pasado 16 de abril arrojan una nueva luz sobre esta cuestión: ¿cómo explicarse la facilidad con la que han aceptado la tortura y la han aplicado a sus prisioneros unas personas que actúan en nombre del Gobierno estadounidense?

Los documentos que se acaban de publicar no revelan los casos de tortura concretos: éstos son de sobra conocidos por todos los que en su día quisieron enterarse. Sin embargo, aportan abundante información sobre la forma en la que se llevaban a cabo las sesiones de tortura y sobre cómo la entendían los agentes que la practicaban.

Lo más sorprendente es descubrir la existencia de una normativa increíblemente meticulosa, formulada en los manuales de la CIA y retomada, a su manera, por los responsables jurídicos del Gobierno de George W. Bush. Hasta ahora era posible imaginar que tales prácticas eran una muestra de lo que se suele denominar “atropellos”, infracciones involuntarias de las normas provocadas por la urgencia del momento. Por el contrario, lo que se percibe en los documentos recién conocidos es que se trata de unos procedimientos pautados hasta en sus menores detalles, al milímetro, perfectamente cronometrados.

Así, las formas de tortura son 10, número que posteriormente será elevado a 13. Se dividen en tres categorías, cada una de ellas con diversos grados de intensidad: preparatorias (desnudez, manipulación de la alimentación, privación del sueño), correctivas (los golpes) y coercitivas (duchas de agua fría, encierro en cajas, suplicio de la bañera).

En el caso de las bofetadas, el interrogador, según estos manuales, debe golpear con los dedos separados, en un punto equidistante entre el extremo de la barbilla y la parte inferior del lóbulo de la oreja.

La ducha de agua fría aplicada al prisionero desnudo puede durar 20 minutos si el agua está a cinco grados, 40 minutos si está a 10 grados, y hasta 60 minutos si está a 15 grados.

La privación del sueño no debe ser superior a 180 horas, pero tras un reposo de ocho horas, se puede recomenzar.

La inmersión en la bañera puede durar hasta 12 segundos, durante un periodo que no debe exceder las dos horas diarias, y ello durante 30 días seguidos (un preso particularmente resistente pasó por este suplicio 183 veces en marzo de 2003).

El encierro en una caja de dimensiones muy reducidas no debe ser superior a dos horas, pero si la caja permite que el prisionero esté de pie, se puede prolongar hasta ocho horas seguidas, 16 por día. Si se introduce un insecto en el interior, no se le debe decir al prisionero que la picadura será dolorosa o incluso mortal.

Y así sucesivamente durante páginas y páginas.

Nos enteramos también por estos documentos de cómo se forma a los torturadores. La mayoría de esas torturas está copiada del programa que siguen los soldados americanos que se preparan para enfrentarse a situaciones extremas (lo que permite a los responsables concluir que se trata de pruebas absolutamente soportables). Y lo que todavía es más importante, se elige a los torturadores entre aquellos que han tenido “una larga experiencia escolar” en este tipo de pruebas extremas; dicho en otras palabras, los propios torturadores han sido torturados en una primera fase de su formación. Tras la cual, un cursillo intensivo de cuatro semanas basta para prepararlos para su nuevo trabajo.

Los socios indispensables de los torturadores son los consejeros jurídicos, cuya labor es garantizar la impunidad legal de sus colegas. Esto constituye otra novedad: la tortura ya no se presenta como una infracción de la norma común, lamentable pero excusable, sino que se convierte en la propia norma legal. En este caso, los juristas recurren a otra serie de técnicas. Para librarse de la ley, los interrogatorios deben realizarse fuera del territorio nacional de Estados Unidos, aunque puedan efectuarse en bases norteamericanas en terceros países.

Tal como se define legalmente, la tortura implica la intención de producir un gran sufrimiento. Se sugerirá, por consiguiente, a los torturadores que nieguen la presencia de esa intención. De tal modo que no se abofetea al preso para producirle dolor, sino para sorprenderlo y humillarlo. En cuanto al objetivo de encerrarlo en una caja de reducidas dimensiones no es provocar un desorden sensorial, sino producirle cierta sensación de incomodidad.

El verdugo debe insistir siempre en su “buena fe”, en sus “convicciones sinceras” y en lo razonable de sus premisas. Se han de utilizar sistemáticamente eufemismos: “Técnicas reforzadas”, en lugar de tortura; “experto en interrogatorios”, en lugar de torturador.

También se evitará dejar huellas físicas, y, por esta razón, se preferirá la destrucción mental a los daños físicos; asimismo, se destruirán inmediatamente las posibles grabaciones o tomas visuales de las sesiones.

Otros colectivos colaboran en la práctica de la tortura: el contagio se extiende allende el limitado círculo de los torturadores. Aparte de los juristas que se encargan de dar legitimidad a sus actividades, en los documentos se menciona sistemáticamente a los psicólogos, a los psiquiatras y a los médicos (obligatoriamente presentes en todas las sesiones), además de a las mujeres (los torturadores son hombres, pero la humillación es aún mayor, más grave, cuando hay mujeres presentes) y a los profesores de universidad que proveen justificaciones morales, legales o filosóficas.

¿A quién debemos considerar hoy responsable de esta perversión de la ley y de los principios morales más elementales?

Los ejecutores voluntarios de la tortura lo son menos que los altos cargos y los magistrados que la justificaron y la fomentaron; y éstos, menos responsables, a su vez, que quienes teniendo el poder de tomar decisiones políticas les pidieron que lo hicieran.

Los Gobiernos extranjeros aliados, sobre todo los europeos, también tienen su parte de responsabilidad: pese a haber estado siempre al corriente de la existencia de estas prácticas y de haberse beneficiado de la información obtenida por estos medios, nunca, ni antes ni ahora, se preocuparon por alzar la más mínima protesta, ni siquiera hicieron el más leve signo de desaprobación. Quien calla otorga. ¿Habría que sentarlos en el banquillo?

En una democracia, la condena de los políticos consiste en privarlos del poder no reeligiéndolos. Y con respecto a los otros profesionales, se esperaría que sean sus iguales quienes les impongan el castigo, pues ¿quién querría ser alumno de semejante profesor, paciente de un médico tal o juzgado por un juez así?

Si se quiere comprender por qué estos valientes estadounidenses aceptaron tan fácilmente convertirse en torturadores, de nada vale intentar encontrar argumentos en el odio o en un miedo ancestral a los musulmanes o a los árabes. No. La situación es mucho más grave.

Lo que nos enseñan los documentos estadounidenses que acaban de hacerse públicos es que, siempre y cuando forme parte de un colectivo y esté respaldado por él, cualquier hombre que obedezca a los nobles principios dictados por el “sentido del deber”, por la necesaria “defensa de la patria”, o que se deje arrastrar por un temor elemental por la vida y el bienestar de los suyos, puede convertirse en torturador.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

>“Nosotros no torturamos”

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Por Ian Buruma, autor de The China lover (LA VANGUARDIA, 09/05/09):

Cuando en septiembre del 2006 se le preguntó si había algo malo en cómo trataban los interrogadores estadounidenses a los prisioneros “valiosos” en Guantánamo y otros lugares, George W. Bush dio la célebre respuesta: “Nosotros no torturamos”.

La definición de la tortura es notablemente escurridiza, pero desde hace tiempo sabemos que el ex presidente había sido, por decirlo de alguna forma, mezquino con la verdad. Como mínimo, los interrogadores estadounidenses estaban violando las Convenciones de Ginebra contra el trato “cruel, inhumano o degradante” ratificadas por EE. UU.

Atar a una persona a una tabla y sumergirla hasta casi ahogarla una y otra vez, u obligar a un preso – desnudo y cubierto de sus propios excrementos-a estar de pie con las manos encadenadas al techo durante días hasta que sus piernas se hincharan el doble de su tamaño normal puede no haber sido tortura en los documentos preparados por los abogados del Gobierno, pero esas prácticas ciertamente son crueles, inhumanas y degradantes.

El primer acto de Obama como presidente fue prohibir la tortura inmediatamente. Ahora la pregunta es qué hacer con respecto a lo sucedido, y específicamente en cuanto al hecho de que los funcionarios más altos de EE. UU. no sólo toleraron sino que ordenaron estas acciones. ¿Se debe acaso enjuiciar a los funcionarios responsables, incluido Bush, por haber violado la ley? ¿Se deben dar a conocer y publicar todos los detalles de lo sucedido? ¿Debe establecerse una comisión especial para investigar? ¿O sería mejor, en palabras de Obama, “mirar hacia el futuro y no hacia el pasado”?

El ex vicepresidente Dick Cheney ha dicho varias ocasiones que no se arrepiente de lo que él llama técnicas de “interrogatorio mejorado”, como los simulacros de ahogamiento, porque “mantuvieron a nuestro país” libre de ataques terroristas. En su opinión, la prohibición de Obama hace que EE. UU. sea “vulnerable”. Es decir, los escrúpulos liberales sobre la moralidad, la legalidad y las convenciones internacionales sobre la tortura son insensatas e irresponsables. La implicación es clara: si hay otro ataque terrorista contra Estados Unidos, sabremos a quién culpar.

Así pues, es mucho lo que está en juego en el “debate sobre la tortura” que se ha apoderado de EE. UU. De un lado están Cheney y sus aliados, que ven la tortura en términos pragmáticos; si hay una amenaza grave a la seguridad colectiva, incluso una democracia liberal debe ensuciarse las manos. A nadie le gusta torturar, pero la seguridad es más importante que los escrúpulos morales, y las leyes siempre tendrán que ajustarse o afinarse. Del otro lado están quienes condenan la tortura como abominación moral que no puede admitirse en ninguna circunstancia.

Pero estas no son las bases sobre las que actualmente se está llevando a cabo el debate sobre la tortura en EE. UU.. Por razones comprensibles, muchos de quienes apoyan la decisión de Obama de prohibir la tortura están tratando de responder a la visión pragmática de Cheney con un argumento igualmente pragmático. Sostienen, a diferencia de Cheney, que la tortura no es la mejor forma de mantenernos seguros. Una persona que sufre un dolor extremo dirá cualquier cosa y proporcionará información poco fiable. Afirman que hay otros métodos de interrogatorio más sofisticados, que no sólo son más humanos (y legales), sino también más efectivos.

Para hacer entender este punto al público en general, al que en EE. UU. todavía es muy fácil convencer del punto de vista de Cheney de que la tortura es justificable si salva vidas, los comentaristas y políticos liberales han solicitado que se establezca una comisión especial que investigue a fondo el historial de la administración pasada. Creen que esto demostrará claramente que la tortura es contraproducente. No sólo daña en gran medida la imagen del país y el Estado de derecho, sino que es probable que haga aumentar, y no disminuir, el terrorismo.

Pero, ¿son estos realmente los términos adecuados en que se debe llevar a cabo el debate? Si la tortura es un mal absoluto, independientemente de las circunstancias, la cuestión de su efectividad es irrelevante. Debatir en esos términos amenaza con diluir el principio moral.

Queda la pregunta de por qué debe condenarse absolutamente la tortura, mientras que otros actos de guerra, como los bombardeos, que causan más daño a la vida humana, podrían ser aceptables como consecuencia inevitable de la defensa nacional. Naturalmente los bombardeos pueden ser crímenes de guerra si se utilizan como acto de terrorismo contra personas desarmadas. Pero a menudo las operaciones militares en las que mueren o resultan heridos civiles no pueden calificarse automáticamente como crímenes, siempre que su objetivo no sea infligir deliberadamente dolor o humillación a un individuo indefenso, aunque sea un enemigo. En el caso de la tortura, ese es el objetivo y por ello es distinta de otros actos de guerra. Un destacado comentarista de derechas estadounidense opinó recientemente que todo intento de pedir cuentas a los torturadores y sus jefes de la administración Bush sería una burla “de los esfuerzos de los duros y valientes estadounidenses que nos cuidan mientras dormimos”. Aparte de que torturar personas no es lo mismo que combatir y requiere muy poco valor, es una interpretación totalmente errónea. Tras años de torturar gente en una de las “guerras sucias” más salvajes de América del Sur, los generales de Brasil decidieron acabar con ella, porque su uso institucionalizado estaba socavando la disciplina y la moral de las fuerzas armadas. Estaba ridiculizando a hombres que debían ser duros y valientes, pero que se habían convertido en matones.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

>El príncipe torturador

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Por IGNACIO CEMBRERO – Madrid – (ElPais.com, 10/05/2009)

Primero un hombre vestido con una chilaba blanca dispara de noche alrededor de otro sentado en el suelo que grita aterrorizado y pide piedad. Después golpea sus testículos con un aguijón eléctrico para arrear ganado y se lo introduce en el ano. Vierte a continuación el líquido de un mechero sobre los testículos de la víctima y les prende fuego antes de preguntar dónde está la sal. Cuando la encuentra la esparce sobre las heridas sangrantes. Por último, le atropella varias veces con un coche todoterreno. Se oye el crujido de sus huesos.

El torturador es el jeque Issa Ben Zayed Al Nahyan, hermano del jeque Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, soberano de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Actúa con la ayuda de un policía uniformado y de otros hombres vestidos con chilabas. Su víctima es Mohamed Shah Poor, un comerciante afgano al que le reprocha haber perdido un cargamento de cereales, valorado en unos 4.000 euros, que el jeque había adquirido.

El jeque Al Nahyan pidió a un hombre de su confianza que grabase en vídeo el suplicio al que sometió a Poor en 2004. Cinco años después la cadena de televisión estadounidense ABC News emitió, el 22 de abril, amplios extractos de los 45 minutos de aquel rodaje provocando un escándalo en EE UU y poniendo en apuros a la monarquía emiratí.

Imagen del vídeo donde el jeque Issa Ben Zayed tortura a un comerciante.- ABC News

Interior zanjó el asunto

Ante las acusaciones formuladas contra un miembro de la familia real los Emiratos no tuvieron más remedio que reaccionar. No pusieron en duda la autenticidad de las imágenes. El Ministerio del Interior publicó, primero, un comunicado dando el asunto por zanjado porque ambas partes -el afgano Poor salió milagrosamente con vida- habían decidido resolver el incidente “de manera privada renunciando a recurrir a los tribunales”.

Human Rights Watch, la ONG estadounidense de defensa de los derechos humanos, no se dio por satisfecha. Envió el 28 de abril una carta [en inglés] al presidente de los Emiratos en la que le pide que un órgano independiente investigue los hechos.

La respuesta fue algo más convincente. La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia emiratí aseguró entonces, en otro comunicado [en inglés], que “el Gobierno de Abu Dhabi condena inequívocamente las acciones mostradas en ese video”. Después anunció que “llevará a cabo de inmediato un examen exhaustivo del asunto y dará a conocer sus conclusiones”. Acaso tenga más trabajo del previsto.

El vídeo fue entregado a ABC News por Bassam Nabulsi, un hombre de negocios estadounidense de origen árabe afincado en Houston, que fue socio del jeque Al Nayan y se trasladó a vivir a Abu Dhabi. Se ganó su confianza cuando le atendió en Houston donde acudió a un centro médico.

El jeque llegó a pedir incluso al hermano de Nabulsi que inmortalizase en vídeo los tormentos porque, según él socio tejano, “le gustaba verlos más tarde en el palacio real”. El empresario tejano afirma ahora a través de su abogado, Anthony Buzbee, que posee nada menos que dos horas de grabaciones de torturas infligidas a 25 personas, varias de ellas inmigrantes sudaneses.

Cuando aún residía en Abu Dhabi se las mostró a funcionarios del Departamento de Seguridad Interior de EE UU, que instruyen in situ a la policía local, y estos le aconsejaron que se marchara inmediatamente del país. En su informe sobre los derechos humanos en los Emiratos en 2008 el Departamento de Estado señala [en inglés], no obstante, que “un miembro de la familia real torturó a un extranjero que le cobró de más en un negocio de compraventa de cereales”.

Víctima de sus tormentos

Nabulsi acabó cayendo en desgracia, por razones no aclaradas, a ojos del jeque Al Nahyan. Se convirtió en una nueva víctima de sus tormentos. Ingresó además en prisión y fue juzgado y condenado por poseer medicamentos sin recetas expedidas por un médico de Abu Dhabi -él asegura que se la extendió un facultativo de Houston- antes de ser expulsado. Ahora le ha denunciado a Al Nahyan por torturas ante un tribunal federal de EE UU. El Gobierno de los Emiratos aseguró que en ningún momento fue maltratado.

“Es una de las cosas más horribles que he visto en mi vida”, afirmó el congresista demócrata Jim McGovern, después de haber visto el vídeo. “Mi impresión es que esto es sólo la punta del iceberg”, añadió. McGovern, que es copresidente de la comisión de derechos humanos de la Cámara de Representantes, escribió una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresando su “horror, repulsa e irritación” ante la actuación de los Emiratos.

“El video complica el acuerdo de EE UU con los Emiratos”, titulaba el diario The New York Times [en inglés] anticipando algunas de las consecuencias de la exclusiva televisiva. El Congreso de EE UU puede poner trabas a la ratificación de un acuerdo sobre cooperación nuclear civil con los Emiratos concluido en enero, días antes de que George Bush traspasase la presidencia a Barack Obama. Por de pronto, la nueva Administración va a retrasar el envío del tratado a las cámaras hasta que los ánimos se calmen, según la televisión CNN.

>La revelación de "Secretos" en la década del 70 no destruyó a la nación

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Por Amy Goodman (Democracy now!, 29 de Abril de 2009)

El Presidente Barack Obama prometió un gobierno “más transparente…más creativo”. Su publicación de los memorandos sobre la tortura, y la esperada publicación por parte del Pentágono de más fotos de maltrato a detenidos, es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, aseguró a la CIA que no procesará a quienes acataron la orden de torturar que dio el gobierno de Bush. Quizá el Congreso no esté de acuerdo con esta indulgencia, ya que importantes senadores están pidiendo que se lleven a cabo investigaciones.

El Senador demócrata de Michigan, Carl Levin, es presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, y acaba de publicar un informe de 262 páginas titulado “Investigación sobre el trato a detenidos en custodia de Estados Unidos”. Levin dijo que el informe “representa una condena tanto de las políticas de interrogación del gobierno de Bush, como de los altos funcionarios del gobierno que intentaron culpar de los abusos a soldados de bajo rango. Las afirmaciones…de que los abusos a los detenidos podrían ser atribuidos a actos no autorizados de ‘algunos descarriados’ eran siplemente falsas”. El Senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, y la Senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, también están proponiendo realizar investigaciones.

El interés del Senado en realizar una investigación cuenta con el apoyo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Apoyan la iniciativa desde la Presidenta de la Cámara y diputada demócrata de California, Nancy Pelosi, hasta el Presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, el diputado demócrata de Michigan John Conyers, que le dijo recientemente al Huffington Post, “Vamos a ir tras ellos”.

Amrit Singh, abogada que forma parte del equipo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo que las fotos del Pentágono “proporcionan una prueba visual de que el maltrato a prisioneros por parte de personal estadounidense no era una aberración sino una práctica generalizada, que se extendió mucho más allá de los muros de Abu Ghraib. Su revelación es fundamental para ayudar a la población a entender la dimensión y la escala de los abusos a prisioneros, al igual que para responsabilizar a los funcionarios de alto rango por haber autorizado o permitido dichos abusos”. La ACLU también obtuvo un fallo favorable para obtener documentos vinculados a la destrucción, por parte de la CIA, de 92 cintas de video que muestran a funcionarios aplicando técnicas severas de interrogatorio. Las cintas desaparecieron, supuestamente, pero permanecen las notas sobre el contenido de las mismas, y un juez federal ordenó su publicación.

En diciembre de 2002, cuando el programa de tortura de Bush estaba en plena vigencia, el entonces Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, aprobó una serie de técnicas de interrogatorio severas descritas en un memorando redactado por William Hayes Segundo (uno de los llamados “Seis de Bush” que están siendo investigados por el Juez español Baltasar Garzón). Al final del memorando, debajo de su firma, Rumsfeld escribió a mano: “Yo estoy de pie de 8 a 10 horas al día. ¿Por qué el tiempo para estar de pie se limita a 4 horas?” Rumsfeld clasificó cuidadosamente la información durante sus años en el gobierno.

La población estadounidense enfrentó una crisis similar a mediados de la década del 70. Mientras se revelaba el escándalo de Watergate, aumentaban las pruebas generalizadas de la actividad ilegal llevada a cabo por el gobierno, como el espionaje a nivel nacional y la infiltración y el desmantelamiento de grupos políticos legales, en su mayoría grupos contra la guerra, en una amplia ofensiva secreta del gobierno contra quienes pensaban diferente. En respuesta, se creó el Comité Selecto del Senado para Estudiar las Operaciones del Gobierno con Respecto a Actividades de Inteligencia. Se hizo conocido como Comité Church, por su presidente, el Senador demócrata de Idaho, Frank Church. El Comité Church documentó y denunció actividades extraordinarias de la CIA y el FBI, como los intentos de la CIA de asesinar a líderes extranjeros, y el programa de contrainteligencia del FBI, COINTELPRO, que espió ampliamente a importantes líderes como, por ejemplo, al Dr. Martin Luther King Jr.

No solo las prácticas son similares, sino también las personas. Frederick A.O. Schwarz Jr., el Presidente del Consejo de Abogados del Comité Church, advirtió que dos personas durante el gobierno de Ford intentaron impedir el trabajo del comité: “Rumsfeld y luego [Dick] Cheney fueron personas que pensaron que no debería saberse nada acerca de estas operaciones secretas, y que debería haber la mayor interferencia posible”.

La viuda de Church, Bethine Church, ahora de 86 años de edad, continúa siendo muy activa en la vida política en Idaho. Fue tan activa en Washington en la década del 70 que era conocida como la “tercera senadora de Idaho”. Bethine me dijo que debe haber una investigación similar sobre lo que está sucediendo ahora: “Cuando piensas en todas las cosas que el Comité Church intentó aclarar y cuando piensas que Cheney y toda esa gente se manejó en un estado de total secreto—siempre hay algo secreto en todo lo que hacen—y que no querían que se supiera nada… Creo que la gente debe saber lo que sucedió. Y es por eso que pienso que [se necesita] un comité independiente, fuera del Congreso, que analice el problema en su totalidad y de cuenta de todo lo que sucedió”.
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Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. En 2008 fue distinguida con el “Right Livelihood Award”, también conocido como el “Premio Nobel Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre.

© 2009 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

>Los torturadores deberían ser castigados

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Por Amy Goodman (Democracy now!, 23 de Abril de 2009)

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SPOKANE, Washington — George W. Bush afirmó insistentemente que Estados Unidos no practicaba la tortura.

Sin embargo, los cuatro memorandos de la Oficina de Consejo Legal de la época de Bush, publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia del gobierno de Barack Obama, pintan un panorama totalmente diferente. Los memorandos desclasificados dieron autorización legal para aplicar “técnicas severas de interrogatorio” utilizadas por el gobierno de Bush durante los años posteriores al 11 de septiembre de 2001. Autorizaron—como enumera el memorando del 1° de agosto de 2002, del entonces Vice Fiscal General Jay Bybee—a “golpear a los detenidos contra una pared, abofetearlos en el rostro, confinarlos en condiciones de hacinamiento, obligarlos a permanecer de pie contra una pared sosteniéndose con los dedos, forzarlos a permanecer en posiciones incómodas, privarlos del sueño, colocar insectos en una celda de confinamiento, y [permitieron] el submarino”.

Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), durante el gobierno de Bush, la Oficina de Consejo Legal “se convirtió en la facilitadora de la conducta ilegal del gobierno, publicando docenas de memorandos con la finalidad de permitir graves violaciones al derecho nacional e internacional”.

Los memorandos autorizan lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja denominó, en un informe filtrado, “trato y técnicas de interrogatorio (…) equiparables a la tortura”.

Estas técnicas de tortura fueron desarrolladas por dos psicólogos de Spokane, Washington: James Mitchell y Bruce Jessen. Su empresa, Mitchell, Jessen & Associates, brindó capacitación especializada a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para lidiar con la captura por parte de fuerzas enemigas. El programa de entrenamiento se llama SERE, sigla que significa Sobrevivencia, Evasión, Resistencia, Escape. Mitchell y Jessen, ambos psicólogos, fueron contratados por el gobierno de Estados Unidos para entrenar a interrogadores en técnicas que, según afirmaron, harían desmoronar a los prisioneros.

Utilizaron la técnica SERE en un sentido inverso. Esta técnica había sido desarrollada originalmente para ayudar a la gente a soportar y sobrevivir a la tortura. En cambio, ellos la utilizaron para entrenar a una nueva generación de torturadores.

La periodista Katherine Eban escribió un artículo de denuncia sobre Mitchell y Jessen en 2007, denominado “Rorschach y Awe”. Le pregunté sobre ellos a la luz de los memorandos de tortura. Describió a Mitchell y Jessen de la siguiente manera: “Eran, ya sabes, académicos que querían estar de algún modo en la palestra operativa, que es un plano muy atractivo para estar. Pero, de hecho, eran profesores y supervisores del programa SERE, donde solamente monitoreaban el bienestar de los soldados. No eran científicos. No tenían datos, según mis fuentes, para demostrar que al invertir estas tácticas, serían efectivas para obtener información. Entonces, la descripción que obtuve, también de colegas suyos, es que estos tipos eran amateurs. Ya sabes, psicólogos amateurs, como el personaje de Jodie Foster en el Silencio de los Inocentes. Y no lo eran. Pero, aparentemente, –y ahora podemos ver realmente el alcance de esto– fueron muy convincentes al vender el uso de estas tácticas a la CIA”.

Los memorandos brindan detalles atroces de las torturas implementadas. El submarino fue utilizado cientos de veces en una serie de prisioneros. El memorando de Bybee incluye esta autorización kafkiana: “Les gustaría colocar a [Abu] Zubaydah en una celda de confinamiento con un insecto. Nos informaron que, al parecer, él tiene miedo a los insectos. En particular, les gustaría decirle a Zubaydah que pretenden colocar un insecto que pica en la celda junto con él”.

Luego de que el Presidente Barack Obama dijo que no debería haber procesamientos, esta semana fue recibido en la CIA con bombos y platillos. Le pregunté a Mark Benjamin, el periodista que inicialmente reveló la noticia de Mitchell y Jessen, acerca de la postura de Obama. Y esto fue lo que me dijo: “Si te fijas en las declaraciones del Presidente y las unes a las declaraciones de Rahm Emanuel, el Jefe de Gabinete, y de Eric Holder, el Fiscal General (…) verás que en los últimos días el gobierno de Obama anunció que nadie, ni la gente que llevó a cabo el programa de tortura, ni los que diseñaron el programa, ni la gente que autorizó el programa, ni quienes dijeron que era legal –a pesar de que sabían que honestamente no lo era– ninguna de esas personas afrontará cargos. El Fiscal General anunció que el gobierno, además, pagará los honorarios legales de las personas en contra de las que se hayan presentado cargos en cualquier parte del mundo, o que tengan que comparecer ante el Congreso. Les proporcionarán abogados (…), les han dado inmunidad total (…) a cambio de nada”.

La Presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, le pidió a Obama que postergara la decisión de descartar los procesamientos hasta que su Comité termine una investigación que completará en los próximos seis meses. Mientras que Obama promete dejar libres a los torturadores, otros los están buscando. Bybee, actualmente, se desempeña como juez federal. Movimientos de base, desde Common Cause (Causa Común) hasta el Centro por los Derechos Constitucionales, están solicitando al Congreso que presente una acusación formal en su contra. En España, el juez Baltasar Garzón —que logró el procesamiento del dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad— tiene a Bybee y a otros cinco funcionarios del gobierno de Bush en la mira de futuros procesamientos.

Durante años, la gente ha sentido que se ha dado la cabeza contra una pared (y algunos sufrieron esto literalmente, como lo detallan los memorandos). Sin embargo, el día en que se celebraron las elecciones nacionales, parecía que esa pared se había convertido en una puerta. Pero la puerta está apenas entreabierta. Si se abre de una patada o se cierra de un portazo, no depende del Presidente. Aunque posiblemente él ocupe el cargo de mayor poder en la Tierra, hay una fuerza más poderosa: la gente comprometida que exige un cambio. Necesitamos un criterio universal de justicia. Los torturadores deberían ser castigados.

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Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. En 2008 fue distinguida con el “Right Livelihood Award”, también conocido como el “Premio Nobel Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre.

© 2009 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

>Sombra de banquillo

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Por Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal, Universidad Castilla-La Mancha (EL CORREO DIGITAL, 04/05/09):

La publicación de una serie de documentos secretos sobre las técnicas de interrogatorio a los detenidos en la ‘guerra contra el terrorismo’ ha situado a los altos dirigentes políticos de la Administración Bush en el punto de mira de los operadores jurídicos norteamericanos (incluido el fiscal general, Eric Holder), por si pudieran ser objeto de una imputación penal como responsables de las presuntas torturas infligidas a los prisioneros de Guantánamo. Ahora bien, para que prosperase dicha imputación debería demostrarse, en primer lugar, que las técnicas de interrogatorio constituyen ‘tortura’; en segundo lugar, que el presidente Bush, el vicepresidente Cheney, el secretario de Defensa Rumsfeld o la consejera presidencial Rice tuvieron pleno conocimiento de las mismas; y, en tercer lugar, que exista un procedimiento para culparles por ellas aunque obviamente no hayan practicado, ni presenciado siquiera, las técnicas de interrogatorio a los detenidos en dicha prisión.

En términos jurídicos, la Convención de Naciones Unidas de 1984 -ratificada por Estados Unidos diez años más tarde- define la tortura como «todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia». Aunque las autoridades norteamericanas han sostenido siempre que el trato a los detenidos por terrorismo no incurría en esta aberrante práctica, informes neutrales de Amnistía Internacional (2004), Naciones Unidas (2006) o Cruz Roja Internacional (2007) han afirmado lo contrario. Pero ninguno de estos informes resulta tan revelador como el emitido en noviembre de 2008 por el propio Senado estadounidense (’Inquiry into the treatment of detainees in U.S. custody’), fruto del análisis exhaustivo de más de 200.000 páginas de documentos -incluidos los considerados secretos hasta esta semana-, que ofrece todo lujo de detalles sobre el modo en que se realizaban los interrogatorios a los detenidos por terrorismo.

Una mera lectura de sus 19 conclusiones revela que Rumsfeld y asesores directos de Bush (Alberto Gonzales) y de Cheney (David Addington) fueron los artífices de la elaboración de un estatus ‘paralegal’ de los detenidos, a los que no sólo se privaría de los derechos reconocidos en la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra, sino que se aplicaría el manual de técnicas de interrogatorio utilizado en las academias militares para adiestrar a sus alumnos en la resistencia frente a una eventual captura por el enemigo; técnicas que incluyen el ahogo por inmersión, el sometimiento a posturas estresantes o a ruido ensordecedor durante días, la privación del sueño, la aplicación de altas o bajas temperaturas, la amenaza con graves daños al detenido o a su familia y otras vejaciones semejantes que encajan a la perfección en el concepto de tortura y cuya práctica fue ‘ordenada’ por el Gobierno norteamericano, de acuerdo con ese informe del Senado. ¿Sería posible entonces una persecución penal contra los responsables políticos de esta violación de los derechos humanos?

El Derecho penal democrático sólo permite sancionar a un ciudadano cuando se acredita su «responsabilidad personal» en el hecho cometido, ya sea como autor o como partícipe. Sin embargo, a raíz del atroz genocidio cometido por el régimen nazi, los penalistas han trabajado para fundamentar la imputación del delito no sólo a quien realiza directamente la conducta punible, sino a quien maneja la estructura de poder en cuyo seno se comete. Desde el juicio a Eichmann en Jerusalén (1961) -por la matanza de miles de judíos- hasta la condena a los jefes políticos de la Alemania Oriental (1994) -por los crímenes del Muro-, pasando por el ejemplar castigo a la Junta Militar Argentina (1985) -por la desaparición y asesinato de miles de personas durante la dictadura, justificadas también por el embate del terrorismo-, distintos tribunales se han enfrentado a este problema. Y todos han condenado como asesinos a quienes no habían matado directamente a nadie, creando una valiosa jurisprudencia que podría aplicarse sin duda al caso norteamericano. De acuerdo con esos precedentes, quien domina un aparato de poder, dotado de estructura jerárquica, donde las decisiones tomadas ‘arriba’ son ejecutadas desde luego por los subordinados, no es sólo instigador de los delitos cometidos por éstos, sino el auténtico ‘autor’ del hecho, porque lo domina y tiene capacidad para decidir si se comete o no. Exactamente eso es lo que ha ocurrido con las torturas infligidas a cientos de personas por miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde 2001 en la sedicente ‘guerra contra el terror’, torturas que son patrimonio del Gobierno Bush, cuyos altos dirigentes podrían ser condenados como autores de las mismas, si nos atenemos al escalofriante informe del Senado norteamericano y a la elocuente afirmación del fiscal general, Eric Holder, quien ha declarado recientemente que «nadie está por encima de la ley» en ese país.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

>"Señora Rice, ¿qué piensa de los métodos utilizados por Bush con los presos?"

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ELPAÍS.com – Madrid – 04/05/2009

Parecía que iba a ser una simple visita a un colegio de primaria de Washington pero fue todo un test en tercer grado. La antigua secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, acudió a una escuela judía de la capital estadounidense para dar una charla y enseñar a los niños la importancia de viajar y aprender idiomas con vistas al futuro laboral.

Según el programa previsto, Rice tenía que hablar tranquilamente ante varias decenas de chavales y después abrir un turno de preguntas. Todo parecía un mero trámite, pero los estudiantes resultaron ser más quisquillosos que los periodistas en una rueda de prensa. Según informa el diario The Washington Post, hubo niños que le preguntaron sobre los métodos de tortura del Gobierno de George W. Bush.

Los jóvenes escolares querían saber y preguntaban. “¿Qué piensa sobre las cosas que el presidente Obama está diciendo sobre los métodos utilizados por Bush para conseguir información de los detenidos?”, preguntó Misha Lerner. La cara de asombro de la ex responsable de Exteriores fue manifiesta, pero salió al paso: “Déjame decirte que el presidente Bush fue muy claro con lo que él quería hacer para proteger al país. Porque después del 11 de septiembre, nosotros queríamos proteger a la nación. Y fue muy claro que no haría nada, nada, que estuviera en contra de la ley o las obligaciones internacionales. Así que el presidente solo quería autorizar las políticas para proteger Estados Unidos”.

La ex secretaria de Estado de EE UU, Condoleezza Rice, habla para los estudiantes en el colegio de primaria de Washington.- AP

La madre del estudiante reconoció poco después que el chico solo le preguntó en casa que si trabajase para el Gobierno de Obama, podría llevar a cabo los métodos de los que se hablaba a todas horas en televisión. Más de un niño se preguntó lo mismo.

Días antes, Rice había asegurado en una conferencia en la Universidad de Stanford que el waterboarding (asfixia simulada con agua) era legal “por definición si fue autorizada por el presidente”. Estas palabras crearon polémica en EE UU cuando la nueva Administración de Obama ha dejado la puerta abierta a llevar ante la ley a los responsables de crear todo el entramado legal para permitir las torturas en la Inteligencia Nacional y el Ejército.

>Obama y las torturas de la CIA

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Por Mateo Madridejos, periodista e historiador (EL PERIÓDICO, 03/05/09):

La asombrosa vitalidad de la libertad de prensa, en su sentido más lato, y la hipó- tesis de que todos los errores, horrores, contradicciones y pecados saldrán a la luz, para vergüenza y escarnio de sus protagonistas, retornan a la candente actualidad en Estados Unidos con el tenebroso asunto de las torturas empleadas por la CIA contra algunos sospechosos de terrorismo. Luego de que la Casa Blanca publicara los memorandos redactados por los leguleyos para justificar las más duras técnicas de interrogatorio, asistimos al espectáculo de aparente masoquismo con el que muchos norteamericanos hurgan en las heridas que produjeron las controvertidas actuaciones de sus políticos, espías y soldados.

Diluvia sobre un terreno pantanoso porque recordamos las matanzas, los bombardeos y las películas de Vietnam, la filtración de los papeles del Pentágono sobre el falso origen de la guerra y otras mentiras; las intervenciones de la CIA con presidentes de todos los colores, detalladas en libros innumerables; los dislates paranoicos de Nixon aventados por el Watergate; la venta de armas a Irán con destino a los insurgentes de Nicaragua; los fracasos reiterados para eliminar a Castro o la frustración por no haber llegado hasta el corazón del Kremlin en más de 30 años de guerra fría.

DESPUÉS DE cada traumatismo nacional, las cloacas del imperio irrumpen en las calles. En esta ocasión, las revelaciones vienen de lo más alto porque el presidente Barack Obama, según su promesa electoral, ordenó la entrega a la prensa de cuatro memorandos secretos, parcialmente expurgados, que confirman las torturas practicadas por la CIA en los interrogatorios de 28 prisioneros durante la guerra contra el terrorismo declarada por el presidente Bush, en el 2002 y el 2005. Los documentos contienen la opinión de los abogados del Ministerio de Justicia para justificar tan reprobables métodos y remover los escrúpulos de los agentes encargados de practicarlos.

Los detalles y las precisiones macabras de los burócratas sobre las cautelas médicas y alimenticias, a fin de asegurar la supervivencia del detenido, son lo más parecido a la pornografía del horror y revelan los estragos jurídicos y políticos de esa combinación diabólica entre la psicosis de la seguridad, derivada de los atentados terroristas de Nueva York y Washington en el 2001, y la voluntad de la Administración de Bush de inventar la tortura legal, sin reparar en los valores democráticos, el Estado de derecho y el control puntilloso del Ejecutivo por parte del Congreso y la opinión publicada, últimas trincheras de la resistencia a la opresión de un sistema proclive al aumento incesante de las prerrogativas presidenciales.

La decisión de Obama, pese a las presiones adversas, incluidas las del director de la CIA, fue debatida al más alto nivel y salió adelante porque las torturas “socavan nuestra autoridad moral y no mejoran nuestra seguridad”, pero causó un gran revuelo y provocó una tormenta mediática con inevitable repercusión en el Congreso, donde se enconaron las posiciones partidistas. La opinión también está desgarrada entre la repugnancia por la vulneración de los principios y los dictados de la moral utilitaria. Las encuestas muestran que la mitad de los norteamericanos y el 52% de los independientes (sin partido) creen que los casos graves de terrorismo justifican que el Gobierno pondere el empleo de la tortura.

Con la publicación de los memorandos secretos, el presidente Obama trata de clausurar un capítulo poco edificante de la historia reciente en el que gobernantes y funcionarios asestaron duros golpes al imperio de la ley (rule of law) y los derechos humanos con el pretexto de la protección. Ahora bien, el repudio de la Administración de Bush no es suficiente para exonerar de culpa a unos poderes legislativo y judicial que cooperaron o se abstuvieron, literalmente miraron para otro lado, mientras se creaba un clima propicio para los excesos en la lucha contra el terrorismo.

LA VOLUNTAD de Obama del borrón y cuenta nueva suscitó acerbas críticas en los sectores izquierdistas, que demandan con una lógica aplastante la persecución judicial de los culpables de las atrocidades. Unos, como Mark J. McKeon, fiscal en el Tribunal Internacional para Yugoslavia, consideran que el derecho de gentes (la convención de la ONU sobre la tortura) fue vulnerado; otros arguyen que la actuación de los jueces será una prueba moral para EEUU, aunque advierten de que, a efectos prácticos, sería necesario que el país estuviera unido, lo que no es el caso, para resolver el dilema de principios o responsabilidad tras el que se oculta la problemática razón de Estado.

Con su promesa de cerrar Guantánamo y de proscribir la tortura en la lucha contra el terrorismo, restaurando plenamente la legalidad, pero protegiendo a sus contraventores, la proclama moral de Obama queda amputada y el alegato jurídico-político corre el riesgo de ahondar el debate entre los partidos sobre las enormes responsabilidades compartidas en una desviación de poder asumida por la clase política. Bush y los republicanos estuvieron acompañados por demasiados demócratas, a la defensiva en asuntos de seguridad, en el tortuoso camino hacia el infierno legal. ¿Hasta qué nivel y qué extensión debe alcanzar la investigación judicial, si se produce? ¿Se arriesgará Obama en el laberinto de una regeneración política explosiva?

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

>Guantánamo, las huellas de la tortura

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Por Reyes Mate, profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Filosofía (EL PAÍS, 02/05/09):

El candidato a la presidencia de los Estados Unidos Barack Obama se fijó en Guantánamo para visibilizar el cambio que prometía, por eso, al día siguiente de su toma de posesión anunció el cierre de ese extraño lugar, declarando ilegal la tortura que allí se practicaba. Era un gesto ético que debía devolver la confianza de sus conciudadanos en los valores humanitarios sobre los que se había construido el país y que había que mantener “también en tiempos difíciles”.

Pero la ética tiene sus exigencias. Hay una ética complaciente que interpreta el crimen o la tortura como atentados a la moralidad de la ley, de suerte que bastaría ajustar la ley a los derechos humanos para que todo quedara sanado. Y hay otra ética que exige, a quien la invoque, hacerse cargo de los destrozos que las torturas legales causan en la sociedad para poder “mirar hacia delante y no hacia atrás” como quiere su jefe de Gabinete, Rahm Enmanuel. La ética política propia de los tiempos que corren es de ese tipo. La autoridad de la ley, con ser importante, lo es menos que los daños en humanidad que causa un crimen o la tortura en la sociedad, es decir, en el verdugo, en la víctima y en el resto de ciudadanos.

La sociedad, es verdad, no reacciona de la misma manera ante el crimen político que ante la tortura porque ve en el crimen una amenaza a lo más propio y, en la tortura, un instrumento del Estado, a veces exagerado, destinado a proteger vidas y haciendas. Minusvalorar la tortura es, sin embargo, un grave error porque su práctica mina las bases de la convivencia.

El crimen mata, en efecto, físicamente, mientras que la tortura busca la deshumanización del torturado. Jean Améry, un superviviente de Auschwitz que no pudo sacudirse nunca la ignominia de los castigos que padeció, dejó escrito un testimonio esclarecedor de esa bajada a los infiernos. “Con el primer golpe”, dice, “se quebranta la confianza en el mundo del que esperas cuide de tu ser físico y metafísico. Es como una violación sexual. La violación corporal es una forma consumada de aniquilación total de la existencia”. Aniquilación de la existencia humana porque el dolor obliga a renunciar a las convicciones más profundas para concentrarse en el cuerpo. Sólo se es piel, carne y huesos. La vergüenza por haber sacrificado su vida espiritual le acompañará de por vida. La última etapa de ese proceso de deshumanización consiste en reconocer la superioridad del torturador. “¿Cómo puede uno recibir golpes”, dice Robert Antelme, otro superviviente, “y pretender tener razón?”. Quien es capaz de reducir a un hombre a mero cuerpo tiene que ser “un dios o al menos un semidiós”, precisa Améry.

Lo que sí es innegable es que mediante la tortura el ser humano alcanza el éxtasis del poder, a saber, expulsar al otro de la condición humana. De Guantánamo nos vino una sobria confesión que coincide con las noticias que nos han llegado de los campos nazis: “Ahora soy medio animal y dentro de un mes seré un animal del todo”.

La deshumanización alcanza también al torturador. En la escuela de Himmler se preparaba a los cachorros nazis para sus futuras tareas enseñándoles “a soportar el sufrimiento ajeno”. Recibían el certificado de aptitud cuando lograban extirpar de sí mismos todo sentimiento de piedad. Y es que no se viola en vano la dignidad del otro. Hay que pagar con el precio de la propia indignidad. El funcionario de la prisión de Guantánamo podrá volver a casa, una vez cumplido el horario, y oír música, pero seguirá con la infamia que se ha ganado. La ley de obediencia debida, que invoca Obama, podrá liberarle de la condena pero no del destrozo humanitario.

Tampoco queda intocada la humanidad del espectador. El ciudadano de una sociedad con Guantánamo al fondo sólo puede vivir su vida si considera aquel lugar como un espacio marginal en el que se han suspendido excepcionalmente los derechos humanos. Un lugar así sólo es soportable a la buena conciencia si se nos presenta como un paréntesis, como una excepcionalidad.

Guantánamo es, desde luego, un lugar marginal, excepcional, extramuros de la polis estadounidense. No una cárcel, donde sí hay derechos, sino un “espacio sin ley” en el que los retenidos no son acusados de nada preciso, ni hay tribunales a los que recurrir, ni juicio a la vista, ni siquiera son declarados prisioneros de guerra sino inscritos como “combatientes ilegales”. Se les priva del derecho pero no se les deja en paz, sino que quedan sometidos al albur del carcelero cuya voluntad es la única ley. Guantánamo era lo más parecido a un campo de concentración, con un agravante. Una de las pocas normas que los nazis observaron con regularidad prusiana con los deportados consistía en desnaturalizarlos completamente, es decir, en despojarlos de los pocos derechos civiles que les habían dejado las leyes de Nürenberg de 1935. Por eso una orden del capitán de la SS, Dannecker, ordenaba que los judíos “deberían ser privados de su ciudadanía bien antes o bien en el día de su deportación”. Llegaban al Lager desprovistos de su categoría de sujetos de derechos para que fuera legal el uso de toda forma de violencia. Por lo que sabemos, a los “combatientes ilegales” de Guantánamo se les ahorraba esa formalidad, aunque las consecuencias eran parecidas en cuanto a la privación de derechos. Lo problemático de Guantánamo es que, aunque física y legalmente sea un lugar marginal o excepcional, moralmente está en el centro. Esa ciudad sin ley no se la inventaron los carceleros, sino que la decidieron los Bush, Cheney, Rice, Rumsfeld, es decir, los estrategas de una política que ha sacudido al mundo.

Éstas son las secuelas sociales de la tortura, un proceso de deshumanización que afecta al torturado, al torturador, al dirigente y al ciudadano que hizo su vida en ese tiempo como si Guantánamo no existiera.

Si Obama se plantea dejar atrás el legado de George W. Bush y “colocar a Estados Unidos en el buen lugar de la historia”, no le bastará con cerrar Guantánamo, cambiar la ley sobre torturas y aceptar que el fiscal general persiga a los abogados de los informes que cuadraron el círculo haciendo que actos de lesa humanidad adquirieran el rango de prácticas legales. Al fin y al cabo, los abogados hacen informes, dan opiniones y eso no parece que sea delito, por muy descabelladas que sean. La responsabilidad alcanza desde luego a los dirigentes políticos, y, más allá de las responsabilidades políticas, el problema es la salud moral de una sociedad que vivió felizmente teniendo al lado un campo de concentración.

Reflexionando sobre la significación de Guantánamo, el politólogo italiano, Giorgio Agamben, ha llegado a decir que el campo es el símbolo de la política moderna. Es desde luego una exageración pero el exabrupto apunta en una dirección que debería dar que pensar. Se multiplican, por un lado, los “espacios sin ley” aplicados preferentemente a emigrantes sin papeles, mientras que, por otro, “tres cuartas partes del mundo han recurrido a la tortura en los últimos años”, según Amnistía Internacional. ¿Será que vamos hacia una democracia con muchas leyes y poco derecho?

Elie Wiesel dejó dicho que “los santos son los que mueren antes del final”. La resistencia del ser humano respecto a la tortura tiene un límite. Mientras no se supere ese punto es posible la dignidad, pero una vez alcanzado no hay santidad ni heroicidad que valgan. El torturador busca ese límite porque en él está el secreto que espera arrancar del torturado. Dick Cheney lo justifica diciendo que gracias a esas confesiones se ha garantizado la seguridad de los que ahora le critican. En La Obra, Kafka también habla de un ser vivo tan obsesionado con la seguridad que al final los túneles que deberían protegerle se convirtieron en su propia trampa.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona