>La cuestión más importante en el Sudán

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Por Shlomo Ben-Ami, ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel y vicepresidente del Toledo International Center for Peace. Traducción de Carlos Manzano. © Project Syndicate, 2009 (EL PAÍS, 12/04/09):

La consecuencia más inmediata de la orden de detención del presidente del Sudán, Omar Hassan al-Bashir, dictada por el Tribunal Penal Internacional el mes pasado, fue la expulsión de la mayoría de los organismos de ayuda del país, pero esa atención mundial centrada en la región de Darfur del Sudán, si bien está justificada, ha eclipsado una cuestión aún más decisiva: la de mantener la búsqueda de una paz más amplia en todo el Sudán. Lo más necesario ahora es crear un consenso internacional sobre una estrategia para la aplicación plena del Acuerdo General de Paz (AGP) de 2005 en el Sudán.

El AGP puso fin a la más larga guerra civil de África, que había dejado tras sí más de dos millones de muertos. En dicho acuerdo no sólo figuran los parámetros que deben propiciar la autodeterminación del Sudán meridional, sino que, además, se expone un proceso de democratización del propio Sudán. Al fin y al cabo, el carácter opresivo del régimen de Jartum es la raíz de muchos conflictos que han dividido el país.

Si el Gobierno de Jartum persiste en socavar el proceso de reforma y desbaratar el referéndum de libre determinación prometido para el Sur en enero de 2011, el regreso a una guerra civil total es una posibilidad real.

El compromiso del Gobierno del Sudán con el AGP siempre ha sido equívoco. De hecho, desde el fin de la guerra civil en 2005 el Ejército Popular de Liberación del Sudán (EPLS) en el Sur ha tenido que enfrentarse con frecuencia a milicias que están al servicio del Gobierno. Además, las fuerzas sudanesas de seguridad siguen armando a tribus árabes que cruzan la frontera entre el Norte y el Sur con el fin de desestabilizar este último, mayoritariamente cristiano.

No se debe permitir que la orden de detención de al-Bashir espolee más intentos por parte de su Gobierno de sabotear el AGP y el frágil proceso que debe conducir al referéndum de 2011. Tampoco debe volver a repetirse la desatención internacional que durante demasiado tiempo ha permitido que el genocidio de Darfur resultara impune.

La inclinación del Sur por la independencia ha cobrado impulso, porque el Norte no ha infundido un carácter atractivo a la unidad mediante la reforma y elecciones, como lo establece el AGP. Un segundo factor que impulsa la inclinación por la deserción es la falta de compromiso del EPLS con la ideología de un Nuevo Sudán formulada por su fundador, John Garang, que había negociado el AGP y murió en un accidente de aviación en 2005.

Garang luchó por un Sudán democrático, laico y unido, noble sueño que el régimen islamista de Jartum no ha tenido intención de aplicar. Así, la libre determinación del Sur ha pasado a ser la única salida práctica del dilema en que se encuentra el país y totalmente coherente con el acuerdo de paz de 2005.

Como el Norte tiene la capacidad -pero no la voluntad política- de aplicar el AGP y el Sur tiene la voluntad, pero no la capacidad, una continua desvinculación de la comunidad internacional podría condenar al fracaso las perspectivas de paz. El Gobierno del Sudán Meridional padece graves limitaciones financieras, debidas a las irrealistas suposiciones sobre sus ingresos por petróleo. A consecuencia de ello, su capacidad para mantener los servicios -y la capacidad militar para reaccionar ante cualquier maniobra del Gobierno de Jartum contra el acuerdo de paz- está en grave riesgo.

Sólo Estados Unidos parece comprometido con la creación de las condiciones necesarias para aplicar el AGP. El presidente George W. Bush, que recibió en dos ocasiones al presidente del Sudán Meridional, Salva Kiir, en la Casa Blanca, aprobó un programa en 2006 para transformar el EPLS en un ejército profesional. Más recientemente, destacados congresistas americanos han recalcado ante Barack Obama la necesidad de aplicar medidas contundentes para aplicar el AGP.

Naturalmente, la ayuda financiera reviste importancia decisiva, pero el compromiso político de la comunidad internacional es igualmente importante. Por ejemplo, aunque la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán debe supervisar el cumplimiento del AGP, Darfur ha monopolizado prácticamente su atención.

La secesión de un Estado cristiano del Sudán Meridional respecto del país musulmán, importante miembro de la Liga Árabe, tendría consecuencias estratégicas trascendentales. Ahora China, estrecha aliada del Gobierno de Jartum, está sopesando cuidadosamente sus intereses petroleros y sus preocupaciones estratégicas en el Sur. Recientemente, una delegación rusa de alto nivel llegó a Juba, capital del Sudán Meridional, con el objetivo declarado de “desempeñar un papel más activo en el continente africano”. Y Japón, importante consumidor de petróleo de Oriente Próximo, ha invitado recientemente al presidente Kiir a visitar Tokio.

Resulta lamentable la falta de acción diplomática de la UE. El derecho internacional y el procesamiento de criminales de guerra es importante para un orden mundial civilizado, pero no sustituyen el compromiso político y financiero activo de apoyar un acuerdo de paz, internacionalmente legítimo y urgentemente necesario, como el AGP en el Sudán.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

>Obama tiene que intervenir en Sudán

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Por Michael Gerson, columnista de The Washington Post (EL MUNDO, 25/03/09):

Durante años, el régimen sudanés encabezado por el presidente Omar Hasán al-Bashir ha actuado como un grupo terrorista, tomando rehenes a millones de refugiados en campamentos en Darfur y advirtiendo al mundo de que no hiciera ninguna maniobra agresiva. Ahora el mundo se enfrenta a una duda: ¿qué hacer cuando los captores empiezan a matar a sus cautivos? Después de que el Tribunal Penal Internacional dictara una orden de detención bajo la acusación de crímenes contra la humanidad, Bashir respondía expulsando a 13 grupos internacionales de ayuda humanitaria, incluyendo a cuatro importantes socios del Programa Mundial de Alimentos responsables de distribuir comida entre los 1,1 millones de habitantes de Darfur. De un plumazo, Bashir eliminaba alrededor del 35% de la distribución de alimentos en Darfur. Además, ha amenazado a las organizaciones que aún quedan con la explusión antes de acabar el año. El doctor Mohammed Ahmed Abdalla, médico y activista de los derechos humanos en Darfur, me describía la región como «al límite». Sin organizaciones internacionales, apenas el 9% de la población de los campamentos tiene acceso a agua potable. El Programa Mundial de Alimentos ha respondido a la crisis inmediata, proporcionando dos meses de asistencia alimentaria de urgencia a los campamentos de Darfur en un intento de persuadir a la gente para que permanezca en los campamentos y no huya desesperadamente hacia el este del Chad. Mohammed Ahmed contempla con horror esta posibilidad. «La gente tendrá que recorrer 500 kilómetros, exponiéndose a los ataques de las milicias Janjaweed y los rebeldes del Chad que operan próximos a la frontera». Será una marcha larga, árida y mortal. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, se enfrenta ahora a una decisión difícil. O bien atenúa la presión sobre el régimen de Bashir a cambio de que las organizaciones humanitarias expulsadas fueran autorizados a volver. Una atmósfera de acusada hostilidad también complica la puesta en práctica del acuerdo de paz entre el norte y el sur de Sudán, del cual dependen muchas vidas. O bien el mundo incrementa la presión sobre el régimen de Sudán, sabiendo que Bashir podría provocar más sufrimiento y muertes a corto plazo conforme se incremente la presión. Esto exige el desarrollo de una estrategia integral que conduzca a un régimen en Sudán que valore a los habitantes de Darfur y ponga en práctica de buena fe el acuerdo Norte-Sur.Esto no significa necesariamente cambio de régimen, pero probablemente exige el cambio de Bashir y un Gobierno sudanés que empiece de cero. En esta labor, la administración Obama cuenta con dos grandes ventajas. La primera es el propio Bashir, cuya brutalidad está destruyendo la credibilidad de todos los que le han protegido.La segunda es la extraordinaria posición global de Obama, que el presidente podría utilizar para persuadir a los europeos de que impogan mayores sanciones económicas, así como para convencer a algunos aliados tradicionales de Sudán como Egipto de que retire el respaldo a Bashir. Pero esto exigirá el gasto de capital diplomático, la elevación del rango de este asunto en las relaciones tanto con amigos como con rivales, y el probable uso de la fuerza militar hasta sus últimas consecuencias. No toda crisis humanitaria global justifica este tipo de compromiso, pero si el genocidio no justifica tales medidas, es que nunca van a estar justificadas. Y perderíamos todo derecho a decir «nunca más».

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

>El presidente de Sudán compara la justicia internacional con el colonialismo

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AGENCIAS – Jartum – 05/03/2009

Más de dos mil personas han vuelto hoy a salir a las calles de Jartum, capital de Sudán, para apoyar al presidente del país, Omar al Bashir, sobre el que pesa desde ayer una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la región de Darfur. Al Bashir, aclamado por las masas de su país, mantiene su pulso contra la justicia internacional y ha asegurado que la CPI no está “moralmente capacitada” para emitir una orden de arresto contra él.

El presidente sudanés ha hecho estas declaraciones ante el Consejo de Ministros. “Aquellos que han emitido una orden de arresto no están cualificados moral u objetivamente para tomar estas decisiones y medidas, porque son responsables de la humillación y el saqueo de la riqueza de los pueblos”, ha asegurado Al Bashir en un breve discurso televisado. El mandatario ha agregado que responderá a la decisión de la CPI con “más esfuerzos para alcanzar la paz”.

Al Bashir, vestido de civil y mostrando una gran serenidad, ha sacado a relucir el conflicto en Oriente Próximo, mientras la comunidad internacional le acusa de delitos que se cobraron la vida de más de 300.000 personas.”Aquellos que atacan Gaza con todo tipo de armas son los que deben ser llevados ante la justicia, no nosotros”, ha dicho.

El presidente sudanés ha subrayado que la orden del tribunal internacional, con sede en La Haya, no se había dictado sólo contra él, sino contra “todos los estados que rechazan la política de dictados” de los países occidentales. “Sudán, que rechazó todo tipo de humillación y que resistió al colonialismo, no puede aceptar el regreso de ese colonialismo otra vez”, ha declarado solemnemente. Omar al Bashir se hizo con el poder en 1989 mediante un golpe militar que provocó el estallido de la guerra civil entre el norte musulmán y el sur cristiano y animista. Desde entonces gobierna con puño de hierro en una región dividida en facciones rebeldes y que no ha dejado de sangrar por las disputas de los recursos.

El conflicto de Darfur, región del oeste de Sudán y fronteriza con Chad, estalló en febrero de 2003 cuando dos grupos rebeldes, el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI) y el Movimiento para la Liberación de Sudán (MLS), se levantaron en armas contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región. Según han denunciado diversas ONG y la ONU, el conflicto, que todavía sangra a los habitantes de la zona, causó la muerte de más de 300.000 personas y obligó a más de dos millones y medio de civiles a huir y permanecer en campos de refugiados por temor a las violaciones y el miedo.

Expulsión de ONG

Como respuesta al dictado de la CPI, al menos diez ONG se han visto obligadas a abandonar la zona. El Gobierno de Jartum asegura que no puede garantizar la seguridad de los cooperantes tras conocerse la decisión judicial, pero Oxfam y Save the Children, dos de las diez organizaciones humanitarias expulsadas de Sudán, han advertido de que esta acción pone en peligro cientos de miles de vidas.

“Si se revoca la licencia de Oxfam, se verán afectados más de 600.000 sudaneses a los que proveemos diariamente de ayuda humanitaria y al desarrollo vitales, incluida agua limpia”, ha advertido Penny Lawrence, directora internacional de esa ONG. Por su parte, el director de operaciones internacionales de la sección británica de Save the Children, Ken Calwell, ha asegurado: “Esto tiene implicaciones muy preocupantes para los 50.000 niños a los que prestamos actualmente apoyo en Jartum y el noreste del país”.

Technicians in the workshop of double standards

By Simon Tisdall (THE GUARDIAN, 29/07/08):

Sudan’s ambassador to the UN, Abdalmahmoud Abdalhaleem, offered an arresting description of the international criminal court’s chief prosecutor during testy exchanges at the security council this week. Luis Moreno-Ocampo had unfairly singled out the Sudanese president Omar al-Bashir by accusing him of genocide, Abdalhaleem said, adding: “He is a screwdriver in the workshop of double standards.”

Sudan’s politicians and diplomats have had a lot of other things to say, more or less angry, since Moreno-Ocampo, using highly emotive language, asked the ICC earlier this month to formally indict Bashir for war crimes allegedly committed in Darfur. Foremost among them is the assertion that the court, all of whose current cases concern African countries, is visiting two-faced “white man’s justice” on Khartoum.

Yet to the surprise of many observers, neither a feared violent backlash against UN troops and western aid workers in Sudan nor intensified fighting between government forces and Darfurian rebel factions has materialised. Instead Bashir has launched an intense campaign of regional and international diplomacy to stop Moreno-Ocampo in his tracks.

Abdalhaleem’s screwdriver remark came as South Africa and Libya, with the tacit backing of Russia and China, threatened to delay renewal of the mandate for UN and African Union peacekeepers in Darfur unless the security council suspended the case against Bashir. Under article 16 of the ICC’s founding statute, the council can halt prosecutions for a year at a time if it wishes.

With the peacekeeping mandate due to expire on Thursday and the US and Britain trying to keep the two issues separate, the argument in New York looks likely to continue down to the wire. Meanwhile, Sudanese attempts to forge united resistance to the ICC’s action continue apace.

Both the African Union and the Arab League, accepting the “insult to Africa” argument, have called for an ICC delay after heavy lobbying by Khartoum. Both organisations expressed concern that Bashir’s indictment, if confirmed in The Hague, might seriously destabilise Sudan. Bashir was a principal architect of the 2005 comprehensive peace agreement. If he is removed, it is suggested, the north-south conflict could reignite, as it nearly did in Abyei in May.

Some African leaders – Zimbabwe’s Robert Mugabe is one – harbour an additional worry: that the Bashir case could prove a precedent with implications for themselves. Others, more respectable, such as Ethiopian prime minister Meles Zenawi, pragmatically point out that a peace accord in northern Uganda has been delayed by an ICC arrest warrant for a key participant, Lord’s Resistance Army leader Joseph Kony. The same could happen in Darfur.

Kenya’s president Mwai Kibaki argues, meanwhile, that western countries and activist groups simply do not understand the Darfur’s complex clan conflicts and exaggerate the extent of Khartoum’s control over them. Five years after the violence in Darfur peaked, there is a growing body of evidence to support that view.

Bashir has also been busily securing his home base since the ICC targeted him, building defensive alliances with former political foes and promising a new peace plan for Darfur, which he briefly visited at the weekend. Khartoum has suddenly resumed diplomatic relations with neighbouring Chad, with which it threatened to go to war earlier this year. And Abdel Basit Sabderat, the justice minister, is talking about holding Darfur war crimes trials in Sudan’s own courts.

Sabderat said that he has invited legal experts from the UN and other bodies to evaluate the country’s legal system. He even seemed to suggest that the humanitarian affairs minister, Ahmed Haroun, and Ali Kushayb, a militia leader, indicted by the ICC for war crimes last year, could face investigation and trial at home. Sudan has refused to surrender the pair to the international court.

Observers say these shifts are attributable to the pressure placed on Bashir by the ICC’s action and that he knows his diplomatic charm offensive cannot shield him indefinitely. The beckoning solution, therefore, is improved cooperation by Khartoum on ending the emergency in Darfur and on other issues in return for the security council freezing the case against Bashir.

Although the US reportedly opposes such a crude quid pro quo, it could provide a way out for all sides. If the west pushes too hard, the fragile prospect of free, fully democratic presidential elections scheduled for next year could be dashed. So could north-south cooperation. More than that, Bashir could in desperation resort to the violent tactics he has so far eschewed.

Letting Bashir off the hook would undoubtedly be seen as a blow to the cause of internationally administered justice. But among the technicians in the workshop of double standards, it might just be thought preferable to yet another war in Africa.

>Technicians in the workshop of double standards

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By Simon Tisdall (THE GUARDIAN, 29/07/08):

Sudan’s ambassador to the UN, Abdalmahmoud Abdalhaleem, offered an arresting description of the international criminal court’s chief prosecutor during testy exchanges at the security council this week. Luis Moreno-Ocampo had unfairly singled out the Sudanese president Omar al-Bashir by accusing him of genocide, Abdalhaleem said, adding: “He is a screwdriver in the workshop of double standards.”

Sudan’s politicians and diplomats have had a lot of other things to say, more or less angry, since Moreno-Ocampo, using highly emotive language, asked the ICC earlier this month to formally indict Bashir for war crimes allegedly committed in Darfur. Foremost among them is the assertion that the court, all of whose current cases concern African countries, is visiting two-faced “white man’s justice” on Khartoum.

Yet to the surprise of many observers, neither a feared violent backlash against UN troops and western aid workers in Sudan nor intensified fighting between government forces and Darfurian rebel factions has materialised. Instead Bashir has launched an intense campaign of regional and international diplomacy to stop Moreno-Ocampo in his tracks.

Abdalhaleem’s screwdriver remark came as South Africa and Libya, with the tacit backing of Russia and China, threatened to delay renewal of the mandate for UN and African Union peacekeepers in Darfur unless the security council suspended the case against Bashir. Under article 16 of the ICC’s founding statute, the council can halt prosecutions for a year at a time if it wishes.

With the peacekeeping mandate due to expire on Thursday and the US and Britain trying to keep the two issues separate, the argument in New York looks likely to continue down to the wire. Meanwhile, Sudanese attempts to forge united resistance to the ICC’s action continue apace.

Both the African Union and the Arab League, accepting the “insult to Africa” argument, have called for an ICC delay after heavy lobbying by Khartoum. Both organisations expressed concern that Bashir’s indictment, if confirmed in The Hague, might seriously destabilise Sudan. Bashir was a principal architect of the 2005 comprehensive peace agreement. If he is removed, it is suggested, the north-south conflict could reignite, as it nearly did in Abyei in May.

Some African leaders – Zimbabwe’s Robert Mugabe is one – harbour an additional worry: that the Bashir case could prove a precedent with implications for themselves. Others, more respectable, such as Ethiopian prime minister Meles Zenawi, pragmatically point out that a peace accord in northern Uganda has been delayed by an ICC arrest warrant for a key participant, Lord’s Resistance Army leader Joseph Kony. The same could happen in Darfur.

Kenya’s president Mwai Kibaki argues, meanwhile, that western countries and activist groups simply do not understand the Darfur’s complex clan conflicts and exaggerate the extent of Khartoum’s control over them. Five years after the violence in Darfur peaked, there is a growing body of evidence to support that view.

Bashir has also been busily securing his home base since the ICC targeted him, building defensive alliances with former political foes and promising a new peace plan for Darfur, which he briefly visited at the weekend. Khartoum has suddenly resumed diplomatic relations with neighbouring Chad, with which it threatened to go to war earlier this year. And Abdel Basit Sabderat, the justice minister, is talking about holding Darfur war crimes trials in Sudan’s own courts.

Sabderat said that he has invited legal experts from the UN and other bodies to evaluate the country’s legal system. He even seemed to suggest that the humanitarian affairs minister, Ahmed Haroun, and Ali Kushayb, a militia leader, indicted by the ICC for war crimes last year, could face investigation and trial at home. Sudan has refused to surrender the pair to the international court.

Observers say these shifts are attributable to the pressure placed on Bashir by the ICC’s action and that he knows his diplomatic charm offensive cannot shield him indefinitely. The beckoning solution, therefore, is improved cooperation by Khartoum on ending the emergency in Darfur and on other issues in return for the security council freezing the case against Bashir.

Although the US reportedly opposes such a crude quid pro quo, it could provide a way out for all sides. If the west pushes too hard, the fragile prospect of free, fully democratic presidential elections scheduled for next year could be dashed. So could north-south cooperation. More than that, Bashir could in desperation resort to the violent tactics he has so far eschewed.

Letting Bashir off the hook would undoubtedly be seen as a blow to the cause of internationally administered justice. But among the technicians in the workshop of double standards, it might just be thought preferable to yet another war in Africa.