>Leer sin papel

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Por José Antonio Millán, escritor y coordinador del informe La lectura en España. (EL PAÍS, 09/04/09):

Cuando le preguntaron a un especialista cuál sería el futuro del libro contestó: “Si por libros entendéis nuestros innumerables cuadernillos de papel impreso, plegado, cosido, encuadernado bajo una cubierta que anuncia el título de la obra, reconozco francamente que creo que la invención de Gutenberg caerá más o menos próximamente en desuso como intérprete de nuestras producciones intelectuales”. Terrible predicción… que fue formulada hace más de un siglo, en 1894. Lo que entonces se suponía que iba a terminar con la lectura en papel era la grabación fonográfica.

Cien años después nunca ha habido más libros, pero ahora se anuncia que lo que va a desplazar al papel es la lectura en pantalla: en ordenador, en teléfonos avanzados o en esos aparatitos llamados lectores de e-books, libros-e o (como acaba de proponer el académico Darío Villanueva) portalibros.

Nadie sabe a ciencia cierta qué nos deparará el futuro, pero de momento el avance de los textos digitales ha provocado una extraordinaria cantidad de reflexiones y estudios sobre la lectura. Y de ellos podemos concluir que leer en papel es una operación muy diferente de la lectura en pantalla: mucho más de lo que podría parecer.

Y es que leer no es sólo acceder con los ojos al texto. Si así fuera, lo más cómodo sería un artefacto por el que fueran desfilando las letras (al modo de los textos que corren en las marquesinas), como en el cuento de Isaac Asimov que transcurre en 2157. Su protagonista recuerda: “Había una época en que los cuentos estaban impresos en papel. Era divertidísimo leer palabras que se quedaban quietas en vez de desplazarse”. Es difícil que llegue este libro futuro de palabras móviles porque el lector común no lee letra a letra ni palabra a palabra sino que se administra a bloques, mediante saltos de los ojos, las porciones de texto que va descifrando.

Pero, ¿y la tinta electrónica?, ¿y esos dispositivos (como el Kindle, el Sony o el iLiad) que presentan página a página de quietas palabras, en condiciones casi perfectas de legibilidad? ¿No será lo mismo leer en ellos que leer en un libro o un periódico de papel? Sorprendentemente, no.

Los últimos siglos la lectura ha estado asociada a unos soportes materiales y a una serie de prácticas ligadas a ellos. Lo primero de lo que nos informa la obra en papel es de su tamaño: una novela o un manual de 700 páginas no encierra las mismas promesas que su equivalente de 150. Cuando las páginas que quedan por leer a la derecha del volumen forman un pequeño bloque, sabemos que ese encuentro de los protagonistas ha de ser el último que presenciemos, o que el autor considera que ya sabemos casi todo respecto a la materia que estudiamos.

Pero los artefactos lectores presentan idéntica apariencia para obras enormes o diminutas. Sí: indican de distintas maneras lo que llevamos leído en relación a lo que falta, pero eso nos informa de un modo sorprendentemente pobre sobre nuestra relación con la obra.

Los lectores electrónicos además aplanan el texto, suprimiendo las distinciones tipográficas y espaciales que lo jerarquizan a los ojos del lector. Hay que señalar que aquí radica también una de sus ventajas, porque permiten aumentar el tamaño de la letra para lectores con problemas de visión. Pero en productos textualmente complejos como los periódicos la jerarquización tipográfica es vital. El poeta experimental Kenneth Goldsmith creó la obra Day (2003) reescribiendo en un tamaño de letra uniforme la totalidad del ejemplar de diario The New York Times del 1 de septiembre de 2000, incluidos anuncios y cotizaciones de Bolsa. La resultante fue un tomo de 836 páginas tamaño folio. ¿Un solo ejemplar de un periódico contenía tanto texto como un novelón? Sorprendentemente sí, pero sobre el papel la disposición espacial y los tamaños de letra van diciendo al lector qué importancia y uso tiene cada texto: éste para lectura, éste para hojeo, éste sólo para consulta.

Otra cuestión que rompe con hábitos culturales sólidamente asentados es el hecho de que dentro del e-book convivan muy distintos libros. En la experiencia común, un tomo podía agrupar diferentes obras siempre y cuando tuvieran algo que ver entre sí, como ocurre en una antología o las comunicaciones de un Congreso. Pero mi e-book contiene un par de novelas de Galdós, otra de Neal Stephenson, los manuales del aparato, distintas selecciones de prensa del día, varias traducciones de la Biblia y una extensa convocatoria del BOE.

¿Perdemos algo leyendo en pantalla? William Powers, columnista de la revista estadounidense The Nation, llamaba recientemente al papel “el arma secreta de los periódicos”: “La mayor fuerza del papel reside en el hecho de que la mente se asienta en un estado de tranquilidad apaciguada que da lugar a reflexiones más acertadas. Ese estado es mucho más difícil de lograr cuando se lee en formato digital donde la información es infinita y donde existen tantas actividades posibles en cualquier momento”.

En efecto: hay estudios que describen a los lectores de páginas web, incluso académicos, como “promiscuos, diversos y volátiles”, por su hábito de “picoteo” de páginas, lectura parcial y cambio frecuente de objeto. No es extraño que surjan programas que, como Readability, despejan el contenido de una página web retirando todo lo que rodea al texto central (propuestas de otras lecturas, anuncios, barras de navegación), con el objeto de que el lector se concentre.

El papel, por el contrario, ata al lector a una obra determinada, pero eso no es necesariamente malo. Encerrados en un vagón de ferrocarril con un único libro, se nos plantea el reto de proseguir su lectura, aunque sea compleja, mientras que situados ante una proliferación de obras podríamos saltar a otra, y de ella a otra más, sin nunca terminar ninguna… El papel también hace nuestro lo que leemos, a través de subrayados y anotaciones, operaciones imposibles o muy engorrosas sobre textos digitales.

No es extraño que cambios aparentemente menores en la práctica lectora (como leer en un soporte material o en uno virtual) tengan consecuencias notables. La lectura es una actividad neurológicamente complejísima. Una obra reciente de la psicóloga Maryanne Wolf, Proust y el calamar, nos recuerda que el acto de lectura no es natural: en él confluyen mecanismos cerebrales surgidos evolutivamente con otros fines, y de hecho el aprendizaje de la lectura cambia el cerebro del sujeto que la practica, hasta tal extremo que lo configura de una determinada manera si lee en caracteres alfabéticos (como el español) y de otra si lo hace en ideogramas chinos.

Por otra parte, la especialista Anne Mangen nos recuerda “el papel vital de nuestros cuerpos, incluso en una actividad tan aparentemente intelectual como la lectura”: leemos con todo el cuerpo, y sobre todo con las manos y los dedos. Y también sabemos desde el Renacimiento que leemos en el espacio: quien haya preparado una tarea intelectual distribuyendo libros abiertos, obras de consulta y esquemas por la mesa de trabajo sabe lo difícil que es organizar y percibir la multiplicidad dentro de una pantalla. El lector como un homúnculo que se asoma por las ventanas de los ojos a la ventana de la pantalla es una construcción irreal y reduccionista.

Bienvenidos sean los libros electrónicos, que nos permitirán leer documentos larguísimos sin imprimirlos, y buscar palabras en sus páginas. Bienvenida sea también la lectura en la pantalla del ordenador, porque en muchos casos constituirá la única opción para leer obras a las que si no no podríamos acceder. Pero podemos estar seguros de que esta lectura nunca será “lo mismo” que la que habríamos llevado a cabo en papel: podrá ser suficiente para nuestros fines, podrá ser placentera, pero nunca será igual. Y sólo ahora estamos empezando a descubrir de qué maneras.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

>Reformas constitucionales

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Por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura (EL PAÍS, 24/01/09):

Cuando se inventó la televisión y los ciudadanos nos fuimos familiarizando con el receptor, la televisión era en blanco y negro, y cuando se pensaba en televisión se pensaba en esos dos colores. Tiempo después se comenzó a saber que ese invento también podía verse en más colores y aparecieron los primeros aparatos capaces de transmitir la señal en color. Los anuncios de entonces nos hablaban de televisor en color, como una forma de singularizarse y llamar la atención, porque la televisión de siempre había sido y seguía siendo en blanco y negro.

Hoy, unas décadas después, cuando alguna emisión, películas sobre todo, se va a emitir en esos dos colores, se anuncia como una excepción, porque, hoy la televisión es en color y la excepción es el blanco y negro.

Cuando hace 30 años alguien le decía a otra persona que le iba a enviar un correo, nadie dudaba de que se estaba refiriendo a un correo postal, es decir, a la típica carta enviada en un sobre con su correspondiente sello que el servicio postal se encargaba de transportar y llevar a su destinatario por cualquier medio, ya fuera por tierra, mar o aire. Hoy, si se dice “te envío un correo”, nadie duda de que se está refiriendo a un e-mail, a un correo digital.

Si, en aquellos tiempos, te llamaban por teléfono, lo más lógico era que no te encontraran en casa si la hora de la llamada coincidía con el horario laboral o con el tiempo de ocio o de paseo. Nadie se extrañaba por la circunstancia de que alguien no contestara a la llamada; si no se hacía era porque no se podía.

Hoy, con la existencia de los teléfonos móviles, cuando alguien te llama y no contestas no es porque no puedes, sino porque no quieres.

En ese tiempo pasado, la información que proporcionaban los medios de comunicación era unidireccional, funcionando el “uno para todos”; hoy, con la existencia de los modernos medios digitales, la información ya es reelaborada entre todos, habiéndose pasado al “todos para todos”, dándole a la información un carácter participativo que sólo ha sido posible gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación.

En definitiva, cuando hace 30 años los españoles aprobamos la Constitución de 1978, la única realidad que existía era la realidad física, la que se podía tocar, mientras que hoy, la realidad ha cambiado sustancialmente; ya no es sólo física sino que también es virtual, hasta el punto de que este artículo y todo el periódico que tiene el lector en sus manos se ha hecho física y virtualmente. Buena parte de nuestros jóvenes se mueven en esa digitalización como pez en el agua; su mundo es virtual; el salón de casa ha quedado para los muy mayores; por muy grandes y planas que hagan las televisiones, el salón de televisión de cada casa se ha ido vaciando de jóvenes, adolescentes y niños que, o bien se marchan a su habitación cuando terminan de comerse el postre del almuerzo y de la cena para enredar en sus aparatos digitales, o bien juegan a los bolos, al tenis, al golf o boxean virtualmente a través de la Wii.

Las redes sociales han sustituido la forma de relación, aunque todavía haya padres y educadores que no comprendan esa nueva forma de amistad y de conocimiento. Durante toda la semana de celebración del aniversario de la Constitución se habló mucho de la reforma de dicho texto, concluyéndose por los partidos mayoritarios del arco parlamentario que el ambiente no parece estar propicio para ese posible cambio. Muchos estarán de acuerdo con esa formulación si sólo se piensa en la reforma constitucional teniendo en cuenta la realidad física, pero es absolutamente necesario proceder a la modificación si, en lugar de mirar al pasado, nos atrevemos a encarar el futuro y contemplar en el texto constitucional la realidad virtual, que en nuestra Constitución brilla por su ausencia. Es seguro que si nos ponemos a discutir sobre conceptos del pasado, tal vez pasemos los próximos 30 años discutiendo y no llegaremos a ningún acuerdo, pero es muy probable que si nos ponemos a analizar nuestro texto máximo teniendo en cuenta la realidad virtual, quizás fuéramos capaces de articular acuerdos e introducir la nueva realidad que nos hará variar algunos conceptos que se recogen en la Constitución, pero que necesitan ser adaptados a la nueva situación.

Conceptos como el de propiedad, fronteras, territorios, identidad, abundancia y escasez, necesitan ser redefinidos teniendo en cuenta que en la sociedad en la que nos movemos, dos personas ya no tienen la misma identidad si hablan la misma lengua, nacieron en el mismo territorio y reciben los mismos influjos culturales. Dos personas que apuestan decididamente por la digitalización y por las posibilidades que ofrece son de la misma identidad, independientemente de que uno hable catalán o vascuence y otro castellano o portugués.

Las fronteras ya no son las cicatrices que dejó la historia sobre los países, sino la raya que separa a los que están conectados o no. La economía tradicional se basaba en la escasez como factor que añadía valor a las cosas; los diamantes son caros porque son escasos, mientras que ahora es la sobreabundancia la que añade valor al producto (cuanto más teléfonos móviles existan en el mundo, más valor tiene el móvil que cada uno de nosotros tenemos en el bolsillo). Todos esos conceptos, junto con el de privacidad, derecho al honor, libertad de expresión, etcétera, necesitan ser incorporados a la Constitución teniendo en cuenta la nueva sociedad virtual que no existía cuando se elaboró ese texto, pero que hoy es necesario contemplarlos, definirlos y protegerlos.

Los jóvenes de hoy no andan preocupados por el funcionamiento del Senado o por la prevalencia en el orden de sucesión en la Monarquía española; ni siquiera les interesa saber si la Constitución debe cerrar o no el sistema autonómico o si las Diputaciones son instituciones obsoletas o no. Su preocupación se orienta por el camino que deben seguir en una sociedad que los sigue considerando analógicos, cuando ellos se identifican como componentes de una nueva sociedad donde el futuro ya no es lo que era, exigiendo una preparación capaz de responder a los retos de ese futuro que cada día llega de golpe, sin avisar y traicioneramente.

Un joven debería salir de su formación académica o profesional sabiendo, no cómo se envía un currículum para que alguien le contrate, entrando en competición con los de otros muchos que diariamente se reciben en oficinas y despachos y que se amontonan en una mesa junto al de otros miles de jóvenes que también lo enviaron, sino sabiendo cómo se envía una idea que capte la atención del empleador o del financiero, para que la innovación por fin se abra paso en nuestro país.

La crisis económica está poniendo al descubierto que el modelo está agotado, que se acabó el trabajo individual para pasar a un trabajo mucho más colectivo, que ya no son útiles para responder a los retos las multinacionales sino las multicorporaciones mundiales. Eso hoy es posible teniendo en cuenta que la digitalización, la Red, favorece el contacto y el trabajo en equipo independientemente de donde esté cada uno físicamente.

La Constitución española no puede seguir ignorando que, entre los derechos de nuestros alumnos, el derecho a estar conectados a la Red en sus centros escolares es fundamental si de verdad aspiramos a ganar el futuro, imaginando e innovando.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

>¿Existe la neutralidad tecnológica?

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Por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura (EL PAÍS, 13/11/08):

Con este título se celebró, el pasado 21 de octubre, una mesa redonda en el IV Congreso Internacional de Software Libre en la ciudad de Málaga, organizado por la Junta de Andalucía y de Extremadura. La hipótesis planteada era: la neutralidad tecnológica es posible y siempre es recomendable y asequible como límite, con tal de que no llegue a poner en peligro los derechos humanos o derechos fundamentales de la ciudadanía. Allí, donde los pone en peligro, es donde debe acabar de aceptarse una supuesta neutralidad tecnológica, porque nos hace retroceder en cuanto a bienes morales adquiridos en el seno de lo democrático y lo social, como comunidad humana que comparte un pacto de convivencia. Se puede ofrecer o mantener o adquirir la neutralidad tecnológica siempre que no atente contra esos bienes que son nuestros derechos humanos y como ciudadanos.

Internet como bien común: la tecnología digital en general e Internet en particular son plataformas para la creación colectiva y colaborativa de conocimiento, que están soportados por estándares e infraestructuras abiertos, lo que es la causa principal de su éxito y de la enorme imaginación, creatividad e innovación a la que ha dado lugar. Pero al tiempo, Internet es una realidad compleja formada por infraestructuras físicas y lógicas sobre las que se construye una cultura digital y, por tanto, la necesidad de modelos abiertos se manifiesta a muchos niveles.

Estos estándares y herramientas, para ser realmente abiertos deben ser tratados como un bien común de todos y de nadie al mismo tiempo, como el aire o los océanos, accesible a cualquier ciudadano por el hecho de serlo y que no puedan ser apropiados por intereses corporativos o gubernamentales. De hecho, la cultura digital ha revitalizado la importancia del concepto de bienes comunes, que desgraciadamente habíamos abandonado, en cierta medida, en el siglo XX. La naturaleza abierta de la tecnología es una garantía esencial para su neutralidad, pero ¿cómo garantizar que la tecnología funcione como un bien común?

Regulación y neutralidad: la crisis financiera que estamos viviendo en estos momentos nos debería ayudar a clarificar el debate sobre la neutralidad tecnológica. Las experiencias recientes demuestran que sólo una regulación eficiente e inteligente de nuestros sistemas financieros (lo que podríamos denominar la “infraestructura financiera” de nuestra sociedad) permitirá su funcionamiento adecuado sin comprometer el desarrollo social y económico. Algo similar podría afirmarse de la neutralidad tecnológica.

Algunos pueden pensar que la neutralidad pasa por la “no intervención” de la política. Pero la política siempre participa, por acción o por inacción y, por tanto, garantizar la neutralidad tecnológica necesita de políticas activas.

‘Software’ libre y neutralidad: el software libre es un ejemplo, y uno de los elementos esenciales, de la naturaleza común y abierta de la tecnología digital. La apuesta política por las herramientas y estándares abiertos es la mejor vía para garantizar la libertad de acceso y elección de la ciudadanía y, por tanto, son una garantía esencial para la neutralidad.

La apuesta por el software libre de muchas comunidades y gobiernos ha permitido el acceso universal de los ciudadanos a unas herramientas esenciales para la sociedad del conocimiento. Pero además, el software libre ha sido esencial en la implantación de estándares abiertos, que han acabado por ser aceptados por los propios desarrolladores de software propietario. De este modo, ahora tenemos una Internet, una red de redes globales con un idioma común en el que las oportunidades para la innovación colaborativas son enormes.

Pero, desde principios del siglo XXI, el ordenador ha pasado a ser la red, la computación sucede en “la nube” y, por tanto, la neutralidad no depende ya sólo, ni principalmente, de las tecnologías o software que tenemos instalados en nuestros dispositivos como de las infraestructuras y reglas de juego que gobiernan la red. Por ello, en el debate de la neutralidad tecnológica surge de forma especialmente relevante la neutralidad de la red.

Neutralidad de la red: el debate sobre la neutralidad de la red esconde una de las decisiones políticas de mayor calado para el futuro del gobierno de Internet y para el futuro de nuestra sociedad-red que se construye, en parte, sobre esta infraestructura digital. Sin embargo, desgraciadamente, en Europa en general y en España en particular, este debate no ha llegado en la práctica al debate público.

Internet es una consecuencia, quizás inesperada, de un enorme esfuerzo de inversión pública en I+D y en el desarrollo de infraestructuras. Sobre este embrión, la iniciativa privada ha continuado construyendo una red de comunicaciones que, esperemos, proporcione, en el futuro, acceso universal a las redes de comunicación digitales.

Pero Internet no es sólo un canal para proveer servicios, es una plataforma desde la que, organizaciones y ciudadanos, pueden crear conocimiento, colaborar y comunicarse globalmente. Su carácter abierto es esencial para entender su impacto e interés social y económico.

La única forma de asegurar la sostenibilidad de este diseño abierto es la neutralidad de la red, de modo que todo tipo de contenidos y sitios reciban el mismo tratamiento. En esta “visión infraestructural”, Internet es una plataforma sobre la que se construyen las redes sociales, los mercados y el sistema económico y es, por tanto, de interés público. Gracias a que Internet es una plataforma neutral es posible que cualquier ciudadano cree contenidos y los difunda en la red sin tener que utilizar a medios de comunicación corporativos como intermediarios.

Las grandes empresas de telefonía y cable son los otros actores interesados en este debate, dado que su modelo de negocio se vería muy reforzado si pudiesen ser ellos, directamente, los que controlasen el acceso a la infraestructura y los canales de comunicación digital.

En resumen, si la red no fuese neutral. Esto puede llevar a algunos a proponer alternativas a la neutralidad. Pero aunque su posición se base sólo en una estrategia de rentabilidad empresarial, las consecuencias podrían ser dramáticas, dado que dejaríamos en manos de unos pocos decisiones esenciales para garantizar la libertad e igualdad en el acceso a la información y en la generación de información y conocimiento.

Realmente, éste ha sido el paradigma de los últimos siglos. Pensemos en los oligopolios que han controlado, por siglos, el acceso a los medios de producción de conocimiento y comunicación (desde la imprenta a la radio o la televisión).

Pero algo ha cambiado en las últimas tres décadas. Gracias precisamente a Internet, en estos momentos disfrutamos de un nuevo paradigma de acceso universal. La neutralidad de la red es el elemento que sostiene este nuevo modelo.

Es revelador el debate que alrededor de la neutralidad de la red ha sucedido en la campaña electoral norteamericana. John McCain considera a Internet como un producto, más que como un servicio o infraestructura, que puede ser proporcionado por el sector privado con una mínima intervención pública. En su experiencia como senador se ha posicionado ya entre los que no apoyan la neutralidad.

La posición de Barack Obama es diametralmente opuesta. Para Obama, el carácter abierto de Internet es esencial para entender su impacto e interés y económico. Por ello, su estrategia política se basará en la protección de este diseño abierto abogando por la neutralidad de la red, de modo que todo tipo de contenidos y sitios reciban el mismo tratamiento. Tim Wu resumía la confrontación entre ambos candidatos mediante una metáfora: para el candidato demócrata la red es una carretera (a la que todo el mundo tiene acceso), mientras que para el republicano sería un automóvil (del que sólo podemos disfrutar si podemos permitírnoslo).

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

El ordenador está en la Red

Por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura (EL PAÍS, 01/09/08):

A mediados de la última década del siglo pasado se produjo un hecho fundamental y que ha resultado trascendente para la sociedad en que ahora vivimos: el cambio que avisaba la socialización de Internet, gracias a su privatización en el año 1995. Era el nacimiento de la nueva sociedad de la información. Este escaso lapso de tiempo para la historia de la humanidad ha demostrado que el uso de las tecnologías de la información (y de Internet en particular) está cambiando la sociedad en todos sus estamentos, lo que confirma que Internet es la columna vertebral de la revolución que estamos viviendo.

En el terreno social, ya nadie pone en duda el inmenso poder de transformación que las TIC tienen en nuestra sociedad del siglo XXI. Nadie duda de que Internet ha sido la provocadora de esta revolución social y de que los ordenadores son la herramienta esencial de interrelación en la Red.

En el terreno económico, este fenómeno ha contribuido a que la industria tecnológica haya pasado a tener un papel protagonista en las economías mundiales. Las TIC han aumentado la competencia global del sistema económico y representan ya el único factor que podrá permitir, gracias a los incrementos de productividad que facilitan, sostener el actual estado de bienestar de que gozamos, manteniendo e incluso impulsando mejoras sociales generalizadas. Si algo caracteriza a esta era es la velocidad con que se producen los cambios. Y estos cambios van afectar a la propia Internet.

El enorme crecimiento de las redes sociales es un dato muy significativo de cómo la Red evoluciona vertiginosamente. En sólo unos pocos años, nos estamos encontrando con una Red diseñada sobre unos patrones de funcionamiento que van perdiendo validez. La conexión desde el ordenador del usuario hasta el centro de recursos ya no es la única forma de operación.

Hemos de pensar en que dispondremos de múltiples dispositivos o aparatos (incluyamos electrodomésticos) conectados a Internet y que accederemos a todos ellos desde cualquier lugar y a través de una gama cada vez más variada de dispositivos. En otras palabras, pronto tendremos más máquinas y aparatos funcionando por Internet que personas navegando por la Red.

Y la pregunta obvia es ¿cómo va a ser esa transformación y cómo podemos prepararnos? La transformación anunciada se plantea con el siguiente paradigma: “el ordenador está en la Red”. Es decir, el ciudadano sólo necesitará un dispositivo simple, dotado de navegador conectado a la Red, para acceder a los servicios que ofrece Internet y para subir sus contenidos a laRed. No será necesario disponer de capacidad de proceso ni de almacenamiento a nivel de usuario. La reciente apuesta de grandes empresas tecnológicas por la fabricación y venta de equipos de muy bajo coste es un síntoma de esta evolución aparentemente regresiva hacia dispositivos ligeros. Después de muchos años multiplicando las capacidades de los PC, aparece ahora el negocio basado en equipos de menores prestaciones y bajo coste. Por lo tanto, los recursos deberán estar disponibles para los usuarios, sin que éstos deban preocuparse de cómo han llegado allí. De manera análoga a lo que sucede con otros servicios básicos como la luz o el agua.

Se acabó la necesidad de disponer de hardware costoso y de un software difícil de configurar. Esto tiene mucho sentido y, desde un punto de vista conceptual, el tema es simple. Trasladando el símil a otros sectores cotidianos como, por ejemplo, la automoción, nadie pensaría exigir a los usuarios de vehículos que tuvieran que adquirir piezas para instalar en su coche, o que supieran ajustar todos los elementos de los vehículos para poder conducir.

Lo curioso es que, hasta la fecha, se exige a los usuarios de los ordenadores unos conocimientos mínimos de informática que en muchos casos no poseen.

¿Qué cambia esto… cómo estar preparados? Si conceptualmente el tema es simple, el problema consiste en conocer qué o quién sustituye a las capacidades del ordenador que conocemos hasta ahora.

La respuesta la tenemos en la disponibilidad de banda ancha de los recursos de computación y de sistemas de almacenamiento disponibles a través de la banda ancha.

Respecto a la banda ancha, la apuesta por las redes de fibra óptica debe ser clara. Desde luego, las inversiones millonarias anunciadas por los operadores en nuestro país deben ser bien recibidas y valoradas. Pero desde quienes definen las políticas que afectan al desarrollo de nuestros pueblos (Unión Europea, Gobiernos nacional y regionales), se deben poner los medios adecuados para alcanzar los objetivos de la iniciativa i2010 heredera de los Objetivos de Lisboa, aumentando sustancialmente las inversiones públicas en investigación sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La creación y/o potenciación de redes de fibra óptica de titularidad pública que conecten a todos los centros del sistema de I+D+i nacional, abiertas en condiciones de equidad y no discriminación a otros proyectos que contribuyan a la extensión de la sociedad del conocimiento y al incremento de la competitividad y de la proyección internacional de nuestras empresas, debe ser una prioridad indiscutible.

El acceso a los cables transoceánicos abre un campo ilimitado hacia nuevos continentes: África, América, Asia. Especial mención merece Latinoamérica, donde aún queda mucho capítulo por hacer en aras de lograr una mayor prevalencia del castellano en la Red.

Respecto a los recursos de computación, pueden plantearse dos soluciones: centralizadas, construyendo grandes superordenadores o centros de cálculo, o distribuidas, mediante tecnologías GRID y la extensión del concepto Web 2.0 al mundo del procesamiento: la computación voluntaria.

Ambas fórmulas son complementarias, y en el campo de la computación científica deben estar coordinadas.

En cuanto a la capacidad de almacenamiento, es necesario disponer de elementos físicos que ofrezcan esa capacidad, pero también, y no menos importante, de infraestructura soporte que garantice la máxima disponibilidad de estos recursos de almacenamiento. La necesidad de esta capacidad es acuciante. Los analistas estiman que hasta el 70% de los datos almacenados por las organizaciones tiene más de seis meses de antigüedad, y gran parte de estos datos debe ser conservada por requerimientos legales; la Administración va a generar unas necesidades de almacenamiento sin precedentes en España; los distintos proyectos de digitalización del patrimonio artístico y cultural necesitan de ingentes cantidades de recursos de almacenamiento, que además deben estar disponibles online; los particulares mantienen una vida digital en la Red que crece exponencialmente…

Por lo tanto, debemos estar convencidos de que España cuenta con una oportunidad única para posicionarse de nuevo en el mundo que va a generar esta transformación de Internet, al igual que ya lo hiciera en la primera revolución social que provocó la Red.

Cabe recordar que de las cotas de independencia que aún no ha alcanzado Europa, junto a la energética, la tecnológica es una cuestión pendiente. No debemos permitir que, ante una evolución de Internet no acorde con los valores tradicionalmente defendidos por los estados europeos, nos encontremos sin capacidad de reaccionar. No debemos caer por la aplicación del difuso concepto de neutralidad tecnológica en una falta de respuesta en favor de la independencia tecnológica, como ya nos sucedió con el software libre.

En un entorno especialmente preocupado por aumentar el gasto público en la materia, aun a costa de que no exista una adecuada capacidad de absorción del mismo, los recursos disponibles deberían contribuir a desarrollar las infraestructuras de innovación y desarrollo tecnológico asociadas a Internet, así como a ayudar a diversificar la economía, apoyando a las nuevas empresas de base tecnológica para que creen los empleos de futuro a través de la explotación económica de nuevas ideas.

>El ordenador está en la Red

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Por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura (EL PAÍS, 01/09/08):

A mediados de la última década del siglo pasado se produjo un hecho fundamental y que ha resultado trascendente para la sociedad en que ahora vivimos: el cambio que avisaba la socialización de Internet, gracias a su privatización en el año 1995. Era el nacimiento de la nueva sociedad de la información. Este escaso lapso de tiempo para la historia de la humanidad ha demostrado que el uso de las tecnologías de la información (y de Internet en particular) está cambiando la sociedad en todos sus estamentos, lo que confirma que Internet es la columna vertebral de la revolución que estamos viviendo.

En el terreno social, ya nadie pone en duda el inmenso poder de transformación que las TIC tienen en nuestra sociedad del siglo XXI. Nadie duda de que Internet ha sido la provocadora de esta revolución social y de que los ordenadores son la herramienta esencial de interrelación en la Red.

En el terreno económico, este fenómeno ha contribuido a que la industria tecnológica haya pasado a tener un papel protagonista en las economías mundiales. Las TIC han aumentado la competencia global del sistema económico y representan ya el único factor que podrá permitir, gracias a los incrementos de productividad que facilitan, sostener el actual estado de bienestar de que gozamos, manteniendo e incluso impulsando mejoras sociales generalizadas. Si algo caracteriza a esta era es la velocidad con que se producen los cambios. Y estos cambios van afectar a la propia Internet.

El enorme crecimiento de las redes sociales es un dato muy significativo de cómo la Red evoluciona vertiginosamente. En sólo unos pocos años, nos estamos encontrando con una Red diseñada sobre unos patrones de funcionamiento que van perdiendo validez. La conexión desde el ordenador del usuario hasta el centro de recursos ya no es la única forma de operación.

Hemos de pensar en que dispondremos de múltiples dispositivos o aparatos (incluyamos electrodomésticos) conectados a Internet y que accederemos a todos ellos desde cualquier lugar y a través de una gama cada vez más variada de dispositivos. En otras palabras, pronto tendremos más máquinas y aparatos funcionando por Internet que personas navegando por la Red.

Y la pregunta obvia es ¿cómo va a ser esa transformación y cómo podemos prepararnos? La transformación anunciada se plantea con el siguiente paradigma: “el ordenador está en la Red”. Es decir, el ciudadano sólo necesitará un dispositivo simple, dotado de navegador conectado a la Red, para acceder a los servicios que ofrece Internet y para subir sus contenidos a laRed. No será necesario disponer de capacidad de proceso ni de almacenamiento a nivel de usuario. La reciente apuesta de grandes empresas tecnológicas por la fabricación y venta de equipos de muy bajo coste es un síntoma de esta evolución aparentemente regresiva hacia dispositivos ligeros. Después de muchos años multiplicando las capacidades de los PC, aparece ahora el negocio basado en equipos de menores prestaciones y bajo coste. Por lo tanto, los recursos deberán estar disponibles para los usuarios, sin que éstos deban preocuparse de cómo han llegado allí. De manera análoga a lo que sucede con otros servicios básicos como la luz o el agua.

Se acabó la necesidad de disponer de hardware costoso y de un software difícil de configurar. Esto tiene mucho sentido y, desde un punto de vista conceptual, el tema es simple. Trasladando el símil a otros sectores cotidianos como, por ejemplo, la automoción, nadie pensaría exigir a los usuarios de vehículos que tuvieran que adquirir piezas para instalar en su coche, o que supieran ajustar todos los elementos de los vehículos para poder conducir.

Lo curioso es que, hasta la fecha, se exige a los usuarios de los ordenadores unos conocimientos mínimos de informática que en muchos casos no poseen.

¿Qué cambia esto… cómo estar preparados? Si conceptualmente el tema es simple, el problema consiste en conocer qué o quién sustituye a las capacidades del ordenador que conocemos hasta ahora.

La respuesta la tenemos en la disponibilidad de banda ancha de los recursos de computación y de sistemas de almacenamiento disponibles a través de la banda ancha.

Respecto a la banda ancha, la apuesta por las redes de fibra óptica debe ser clara. Desde luego, las inversiones millonarias anunciadas por los operadores en nuestro país deben ser bien recibidas y valoradas. Pero desde quienes definen las políticas que afectan al desarrollo de nuestros pueblos (Unión Europea, Gobiernos nacional y regionales), se deben poner los medios adecuados para alcanzar los objetivos de la iniciativa i2010 heredera de los Objetivos de Lisboa, aumentando sustancialmente las inversiones públicas en investigación sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La creación y/o potenciación de redes de fibra óptica de titularidad pública que conecten a todos los centros del sistema de I+D+i nacional, abiertas en condiciones de equidad y no discriminación a otros proyectos que contribuyan a la extensión de la sociedad del conocimiento y al incremento de la competitividad y de la proyección internacional de nuestras empresas, debe ser una prioridad indiscutible.

El acceso a los cables transoceánicos abre un campo ilimitado hacia nuevos continentes: África, América, Asia. Especial mención merece Latinoamérica, donde aún queda mucho capítulo por hacer en aras de lograr una mayor prevalencia del castellano en la Red.

Respecto a los recursos de computación, pueden plantearse dos soluciones: centralizadas, construyendo grandes superordenadores o centros de cálculo, o distribuidas, mediante tecnologías GRID y la extensión del concepto Web 2.0 al mundo del procesamiento: la computación voluntaria.

Ambas fórmulas son complementarias, y en el campo de la computación científica deben estar coordinadas.

En cuanto a la capacidad de almacenamiento, es necesario disponer de elementos físicos que ofrezcan esa capacidad, pero también, y no menos importante, de infraestructura soporte que garantice la máxima disponibilidad de estos recursos de almacenamiento. La necesidad de esta capacidad es acuciante. Los analistas estiman que hasta el 70% de los datos almacenados por las organizaciones tiene más de seis meses de antigüedad, y gran parte de estos datos debe ser conservada por requerimientos legales; la Administración va a generar unas necesidades de almacenamiento sin precedentes en España; los distintos proyectos de digitalización del patrimonio artístico y cultural necesitan de ingentes cantidades de recursos de almacenamiento, que además deben estar disponibles online; los particulares mantienen una vida digital en la Red que crece exponencialmente…

Por lo tanto, debemos estar convencidos de que España cuenta con una oportunidad única para posicionarse de nuevo en el mundo que va a generar esta transformación de Internet, al igual que ya lo hiciera en la primera revolución social que provocó la Red.

Cabe recordar que de las cotas de independencia que aún no ha alcanzado Europa, junto a la energética, la tecnológica es una cuestión pendiente. No debemos permitir que, ante una evolución de Internet no acorde con los valores tradicionalmente defendidos por los estados europeos, nos encontremos sin capacidad de reaccionar. No debemos caer por la aplicación del difuso concepto de neutralidad tecnológica en una falta de respuesta en favor de la independencia tecnológica, como ya nos sucedió con el software libre.

En un entorno especialmente preocupado por aumentar el gasto público en la materia, aun a costa de que no exista una adecuada capacidad de absorción del mismo, los recursos disponibles deberían contribuir a desarrollar las infraestructuras de innovación y desarrollo tecnológico asociadas a Internet, así como a ayudar a diversificar la economía, apoyando a las nuevas empresas de base tecnológica para que creen los empleos de futuro a través de la explotación económica de nuevas ideas.

La red del pescador

Por Xavier Rubert de Ventós, filósofo (EL PAÍS, 06/07/08):

Los dioses castigan tanto a Prometeo como Adán por curiosear más de la cuenta; por su pretensión de romper el monopolio divino del conocimiento y repartirlo entre los mortales. Para nuestros teóricos de Internet, la Red sería hoy su reencarnación: el nuevo héroe que rompe el monopolio institucional de la información para distribuirlo entre los usuarios de Google.

El término red -o en red- ha venido asociándose desde entonces a una libre y masiva difusión de los saberes. Frente a su tradicional distribución jerárquica y parsimoniosa, estos saberes se estarían haciendo hoy inmediatamente, democráticamente accesibles a todos.

Pero no nos precipitemos: mejor quizá demorarnos por un momento en las palabras mismas y su aura. Nietzsche decía que “las palabras son metáforas que hemos olvidado que lo eran”. Ahora bien, si dejamos que las palabras repercutan en nosotros, que nos golpeen con toda la carga de su origen, pronto descubrimos que la palabra red evoca un universo de asociaciones muy distinto, opuesto incluso al anterior.

Entonces la palabra red no nos sugiere algo que difunde sino algo que más bien retiene; no nos suena tanto a acumulador o difusor como a filtro o malla que captura ciertos elementos (peces o datos) y permite a otros pasar. Y lo decisivo es entonces la trama más o menos tupida de nuestra red; de una red que nos permita atrapar todos -y sólo- los datos o informaciones relevantes para el caso que nos ocupa.

¿Y no será -me pregunto ahora- que en el saber, como en el pescar, lo importante es la correspondencia entre el tupido de la red y el tamaño de la presa a capturar? Una cuestión de ajuste, de encaje, adecuación, acomodo o como quiera llamársele. En todo caso, no una cuestión de pura cantidad o intensidad. Y así son al cabo -pienso aún- todas las operaciones delicadas, sean de la naturaleza que sean: sea el Faeton de Ovidio siempre en peligro de ser víctima del “calentamiento global”, sea la observación microscópica de Heisenberg, que, como la mirada del Basilisco, puede distorsionar o incluso matar lo observado, sea la candela que, según dicen los mexicanos, no hay que colocar “ni tan cerca que queme al santo ni tan lejos que no le alumbre”.

Esta cuestión de acomodo o proporción ha sido abordada por Manuel Castells, pero parecen olvidarla en gran número de estudios sobre la Sociedad de la Información. Y ello contra toda evidencia de que la pura acumulación degenera a menudo en atasco; de que pocas veces, si alguna, lo máximo resulta ser lo óptimo.

La máxima información, en efecto, tiende a generar confusión: Aranguren fue mi mejor maestro precisamente porque me señaló los textos y libros que no era necesario leer (Wikipedia, por el contrario, me ofrece demasiados). El continuo flujo de moribundos en pateras nos escandaliza, ciertamente, pero a menudo nos coarta y paraliza toda respuesta personal frente a algo que parece rebasarnos. La competencia rápida y fácilmente adquirida -el pollito que sale del huevo y ya anda- es propio de especies inferiores que no alcanzan “adolescer” de una larga adolescencia. El crecimiento desmesurado y sin control de una célula es lo que los médicos llaman metástasis o cáncer.

Y así en todo: incluso en la memoria más gigas de la cuenta, como la del pobre Funes borgiano incapaz de olvidar nada, ahíto de bites, atontado. Como les ocurre a menudo a nuestros ordenadores, Funes había perdido aquella “capacidad de olvido” ensalzada por Rousseau: “Aquel defecto de memoria que nos deja en el feliz estado de tener la suficiente para que todo nos sea comprensible pero carecer lo bastante de ella para que todo nos aparezca como nuevo”.

Kant advirtió ya que la pura información sin criterio alguno de selección es ciega. Bacon y Popper añadieron que la naturaleza es muda mientras no aprendemos a hacerla hablar con preguntas a la vez pertinentes e intencionadas (crueles incluso, según Bacon, que comparaba el laboratorio moderno al torno con el que el Gran Inquisidor hacía “cantar” al hereje -un hereje que hoy sería el ADN o los agujeros negros-).

Norbert Wiener fue más preciso todavía: “Existe un techo al número de variables o de informaciones con las que podemos operar y que sabemos manejar operativamente”. Un techo del que era bien consciente un veterano político, sobrado y lenguaraz, que me aconsejaba en el Parlamento la siguiente estrategia informativa para con los miembros de la oposición: “Si no puedes darles menos información de la que necesitan, dales más de la que pueden asimilar: colápsalos”.

Ciegos, mudos, colapsados: así es, en efecto, como puede dejarnos una eufórica utilización de la Red que olvide su parentesco lógico y etimológico con la red del pescador.

>La red del pescador

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Por Xavier Rubert de Ventós, filósofo (EL PAÍS, 06/07/08):

Los dioses castigan tanto a Prometeo como Adán por curiosear más de la cuenta; por su pretensión de romper el monopolio divino del conocimiento y repartirlo entre los mortales. Para nuestros teóricos de Internet, la Red sería hoy su reencarnación: el nuevo héroe que rompe el monopolio institucional de la información para distribuirlo entre los usuarios de Google.

El término red -o en red- ha venido asociándose desde entonces a una libre y masiva difusión de los saberes. Frente a su tradicional distribución jerárquica y parsimoniosa, estos saberes se estarían haciendo hoy inmediatamente, democráticamente accesibles a todos.

Pero no nos precipitemos: mejor quizá demorarnos por un momento en las palabras mismas y su aura. Nietzsche decía que “las palabras son metáforas que hemos olvidado que lo eran”. Ahora bien, si dejamos que las palabras repercutan en nosotros, que nos golpeen con toda la carga de su origen, pronto descubrimos que la palabra red evoca un universo de asociaciones muy distinto, opuesto incluso al anterior.

Entonces la palabra red no nos sugiere algo que difunde sino algo que más bien retiene; no nos suena tanto a acumulador o difusor como a filtro o malla que captura ciertos elementos (peces o datos) y permite a otros pasar. Y lo decisivo es entonces la trama más o menos tupida de nuestra red; de una red que nos permita atrapar todos -y sólo- los datos o informaciones relevantes para el caso que nos ocupa.

¿Y no será -me pregunto ahora- que en el saber, como en el pescar, lo importante es la correspondencia entre el tupido de la red y el tamaño de la presa a capturar? Una cuestión de ajuste, de encaje, adecuación, acomodo o como quiera llamársele. En todo caso, no una cuestión de pura cantidad o intensidad. Y así son al cabo -pienso aún- todas las operaciones delicadas, sean de la naturaleza que sean: sea el Faeton de Ovidio siempre en peligro de ser víctima del “calentamiento global”, sea la observación microscópica de Heisenberg, que, como la mirada del Basilisco, puede distorsionar o incluso matar lo observado, sea la candela que, según dicen los mexicanos, no hay que colocar “ni tan cerca que queme al santo ni tan lejos que no le alumbre”.

Esta cuestión de acomodo o proporción ha sido abordada por Manuel Castells, pero parecen olvidarla en gran número de estudios sobre la Sociedad de la Información. Y ello contra toda evidencia de que la pura acumulación degenera a menudo en atasco; de que pocas veces, si alguna, lo máximo resulta ser lo óptimo.

La máxima información, en efecto, tiende a generar confusión: Aranguren fue mi mejor maestro precisamente porque me señaló los textos y libros que no era necesario leer (Wikipedia, por el contrario, me ofrece demasiados). El continuo flujo de moribundos en pateras nos escandaliza, ciertamente, pero a menudo nos coarta y paraliza toda respuesta personal frente a algo que parece rebasarnos. La competencia rápida y fácilmente adquirida -el pollito que sale del huevo y ya anda- es propio de especies inferiores que no alcanzan “adolescer” de una larga adolescencia. El crecimiento desmesurado y sin control de una célula es lo que los médicos llaman metástasis o cáncer.

Y así en todo: incluso en la memoria más gigas de la cuenta, como la del pobre Funes borgiano incapaz de olvidar nada, ahíto de bites, atontado. Como les ocurre a menudo a nuestros ordenadores, Funes había perdido aquella “capacidad de olvido” ensalzada por Rousseau: “Aquel defecto de memoria que nos deja en el feliz estado de tener la suficiente para que todo nos sea comprensible pero carecer lo bastante de ella para que todo nos aparezca como nuevo”.

Kant advirtió ya que la pura información sin criterio alguno de selección es ciega. Bacon y Popper añadieron que la naturaleza es muda mientras no aprendemos a hacerla hablar con preguntas a la vez pertinentes e intencionadas (crueles incluso, según Bacon, que comparaba el laboratorio moderno al torno con el que el Gran Inquisidor hacía “cantar” al hereje -un hereje que hoy sería el ADN o los agujeros negros-).

Norbert Wiener fue más preciso todavía: “Existe un techo al número de variables o de informaciones con las que podemos operar y que sabemos manejar operativamente”. Un techo del que era bien consciente un veterano político, sobrado y lenguaraz, que me aconsejaba en el Parlamento la siguiente estrategia informativa para con los miembros de la oposición: “Si no puedes darles menos información de la que necesitan, dales más de la que pueden asimilar: colápsalos”.

Ciegos, mudos, colapsados: así es, en efecto, como puede dejarnos una eufórica utilización de la Red que olvide su parentesco lógico y etimológico con la red del pescador.

El canon, la propiedad ajena y la equidad

Por José M. Rodríguez Tapia, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Málaga (EL PAÍS, 24/12/07):

La propiedad intelectual descansa en un principio claro, justo y reconocido, común a otras propiedades: quien quiera utilizar la propiedad ajena debe pedir permiso a su dueño, y la autorización de éste puede significar el pago de un precio. Su aspecto moral, por otra parte, la diferencia de las demás. Pero la aplicación de ese principio fue siempre difícil de adecuar a la realidad social y técnica del momento, en continua evolución, por la naturaleza del objeto protegido, las obras, actuaciones y producciones.

Debido a los avances tecnológicos y al universo digital y la nueva galaxia de medios de difusión y comunicación, la propiedad intelectual lleva años en una crisis que la convierte en propiedad ideal (el ideal jurídico alejado del mercado y prácticas sociales), a veces en propiedad virtual (o teórica, adjetivo muy de moda en el ciberespacio), cuando no en propiedad imposible: los autores, los artistas intérpretes y los productores se las ven y se las desean para defender su propiedad ante los usos lucrativos y mercantiles que hacen los terceros, a escala individual o a escala industrial. Es, sin duda, la propiedad más vulnerable.

El canon compensatorio por copia privada fue reconocido en España en la Ley de 1987, y gravaba cintas vírgenes de vídeo y de audio, aparatos de grabación de vídeo y audio, así como fotocopiadoras. La fijación de las tarifas se remitía a un acuerdo de las partes interesadas (fabricantes deudores y entidades de gestión de derechos) que nunca llegó. Por eso, en 1992, se reformó la ley para adoptar el sistema alemán de fijación legal de la tarifa, además de otros extremos que hicieron posible que el canon empezara a cobrarse y a pagarse. A pesar de los morosos, hubo un cierto grado de cumplimiento, que demostró eficaz la reforma de 1992.

La razón de ser del canon residía en compensar a los titulares de derechos por las posibles pérdidas o descenso de ventas de taquilla o de ejemplares de libros, vídeos y discos, a cargo de quienes se lucraban vendiendo material y aparatos de grabación que hoy llamamos analógicos. Ya entonces se puso de relieve que esta norma obligaba al pago también a los que no fotocopiaban material protegido, sino sus propios documentos, o quien grababa en vídeo sus propias creaciones o sus fiestas y viajes familiares.

Con la revolución digital de los noventa, todavía en curso, crecieron tanto las posibilidades de grabación de contenidos protegidos, en todo tipo de formatos, como el número de personas que se comunicaba privadamente por Internet, se prestaban discos por vía digital o que archivaban sus propias fotos y sus propios trabajos, escolares, universitarios o profesionales. La fisura social entre usuarios de soportes digitales y acreedores del canon se agrandó. En 2001, la directiva europea, que reforzó la protección de la propiedad intelectual en Internet, sólo mencionaba una compensación equitativa por la copia digital. En España, por ello, la Ley 23 de 2006 amplió los supuestos sujetos a canon por copia privada, también a copias o presuntas copias digitales.

La semana pasada se ha alcanzado un acuerdo entre los ministerios de Industria y Cultura, que tiene ramificaciones políticas, sociales y electorales indudables, como algún problema constitucional y legal. La fecha no ha podido ser más inoportuna para el Gobierno, a tres meses de las elecciones y con un colectivo contrario al canon muy militante y movilizado. En el plano jurídico, se ha resaltado, primero, la cuestión constitucional: ¿es lícito que se grave a un particular por el no uso de la propiedad ajena? Porque todos los que compren un CD virgen pagarán el canon compensatorio, aunque no graben ningún repertorio protegido y sólo elaboren o archiven documentos propios de su creación. Estamos ante un gravamen que remunera la propiedad ajena en abstracto, no ante un impuesto ni una tasa, para ser destinado a un fondo común, redistributivo de la renta, de financiación de servicios públicos o de socialización del riesgo de enfermedad y accidente, como sucede con los tributos o con la Seguridad Social, o el seguro privado. Pues el canon debe pagarlo incluso quien no utiliza la propiedad ajena, no sólo los asegurados, potenciales beneficiarios del seguro, público o privado, o los ciudadanos, usuarios de bienes y servicios públicos.

En segundo lugar, resulta llamativo que ni Congreso (al aprobar la Ley 23/2006) ni Gobierno (al alcanzar este acuerdo de adviento de 2007) han sabido explicar bien a sus electores por qué obliga a todos los ciudadanos y por qué puede ampliarse, mediante una Orden, a supuestos no previstos en la ley (el disco duro, el canon más caro, y el teléfono móvil, el más llamativo de todos). Lo que autoriza la Ley, en su artículo 25.6, no tiene precedentes (gravámenes sobre la propiedad ajena establecidos en una orden ministerial, cuyo contenido se desconoce al aprobarse la ley) y hay más de una duda sobre la procedencia de esta norma en blanco: ninguna norma tributaria llega tan lejos.

Este nuevo canon por los móviles no grava la melodía de tono del teléfono, que ya paga derechos, sino el hecho potencial de que pueda reproducirse música o audiovisual por el móvil porque tiene dispositivos reproductores. Una vez más, se presume que todo ciudadano -hay más móviles que habitantes- copia en privado o infringe derechos de autor, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Debe compensar por ello, pagando el canon. El rechazo de esta norma es grande y sus consecuencias políticas, imprevisibles. A día de hoy, no todo ciudadano que compra un cuchillo jamonero u otro de cocina, instrumento potencial de un delito, deberá pagar una compensación o seguro por si acaso, por culpa o por dolo, llega a herir a alguien, sino cuando lo haga efectivamente.

Nadie duda que la piratería intelectual es una lacra que está asociada a otras mafias y genera ilegítimos y cuantiosos daños a productores, autores y artistas. Pero la piratería es una cosa y trabajar en el ordenador, llamar por móvil a la familia, o retratarla en la entrañable Navidad o en la primera comunión es otra bien distinta. Es muy justo que los autores y demás titulares cobren por el uso lucrativo de su propiedad, pero no tanto que 45 millones de habitantes paguen por la potencial, eventual o hipotética copia privada, que nunca harán. Nunca tantos hicieron tanto por tan pocos.

Por último, la aplicación del principio se traduce en dinero: la ley exige que las tarifas que gravan con derechos de autor los usos presuntos de propiedad intelectual ajena sean equitativas. El vigente artículo 25 de la Ley exige que la compensación por copia privada sea “equitativa y única”, porque así lo han querido las Cortes Generales.

Aunque el trabajo de Cultura y de Industria ha sido muy meritorio y muy difícil, una orden ministerial tiene la presunción de legalidad, en lo que no se extralimite de la autorización del Congreso, en la Ley 23/2006. Pero no goza de la presunción de equidad, mientras el consumidor final pague un gravamen de derecho privado, no destinado al erario público, por no usar la propiedad ajena. El juicio de equidad deberá estar apoyado en estudios económicos, en lo que a cuantía se refiere, respecto a los que sí hacen copias privadas digitales, pero el ciudadano que paga por no usar la propiedad ajena, no paga, por definición, compensación equitativa alguna.

El canon, la propiedad ajena y la equidad

Por José M. Rodríguez Tapia, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Málaga (EL PAÍS, 24/12/07):

La propiedad intelectual descansa en un principio claro, justo y reconocido, común a otras propiedades: quien quiera utilizar la propiedad ajena debe pedir permiso a su dueño, y la autorización de éste puede significar el pago de un precio. Su aspecto moral, por otra parte, la diferencia de las demás. Pero la aplicación de ese principio fue siempre difícil de adecuar a la realidad social y técnica del momento, en continua evolución, por la naturaleza del objeto protegido, las obras, actuaciones y producciones.

Debido a los avances tecnológicos y al universo digital y la nueva galaxia de medios de difusión y comunicación, la propiedad intelectual lleva años en una crisis que la convierte en propiedad ideal (el ideal jurídico alejado del mercado y prácticas sociales), a veces en propiedad virtual (o teórica, adjetivo muy de moda en el ciberespacio), cuando no en propiedad imposible: los autores, los artistas intérpretes y los productores se las ven y se las desean para defender su propiedad ante los usos lucrativos y mercantiles que hacen los terceros, a escala individual o a escala industrial. Es, sin duda, la propiedad más vulnerable.

El canon compensatorio por copia privada fue reconocido en España en la Ley de 1987, y gravaba cintas vírgenes de vídeo y de audio, aparatos de grabación de vídeo y audio, así como fotocopiadoras. La fijación de las tarifas se remitía a un acuerdo de las partes interesadas (fabricantes deudores y entidades de gestión de derechos) que nunca llegó. Por eso, en 1992, se reformó la ley para adoptar el sistema alemán de fijación legal de la tarifa, además de otros extremos que hicieron posible que el canon empezara a cobrarse y a pagarse. A pesar de los morosos, hubo un cierto grado de cumplimiento, que demostró eficaz la reforma de 1992.

La razón de ser del canon residía en compensar a los titulares de derechos por las posibles pérdidas o descenso de ventas de taquilla o de ejemplares de libros, vídeos y discos, a cargo de quienes se lucraban vendiendo material y aparatos de grabación que hoy llamamos analógicos. Ya entonces se puso de relieve que esta norma obligaba al pago también a los que no fotocopiaban material protegido, sino sus propios documentos, o quien grababa en vídeo sus propias creaciones o sus fiestas y viajes familiares.

Con la revolución digital de los noventa, todavía en curso, crecieron tanto las posibilidades de grabación de contenidos protegidos, en todo tipo de formatos, como el número de personas que se comunicaba privadamente por Internet, se prestaban discos por vía digital o que archivaban sus propias fotos y sus propios trabajos, escolares, universitarios o profesionales. La fisura social entre usuarios de soportes digitales y acreedores del canon se agrandó. En 2001, la directiva europea, que reforzó la protección de la propiedad intelectual en Internet, sólo mencionaba una compensación equitativa por la copia digital. En España, por ello, la Ley 23 de 2006 amplió los supuestos sujetos a canon por copia privada, también a copias o presuntas copias digitales.

La semana pasada se ha alcanzado un acuerdo entre los ministerios de Industria y Cultura, que tiene ramificaciones políticas, sociales y electorales indudables, como algún problema constitucional y legal. La fecha no ha podido ser más inoportuna para el Gobierno, a tres meses de las elecciones y con un colectivo contrario al canon muy militante y movilizado. En el plano jurídico, se ha resaltado, primero, la cuestión constitucional: ¿es lícito que se grave a un particular por el no uso de la propiedad ajena? Porque todos los que compren un CD virgen pagarán el canon compensatorio, aunque no graben ningún repertorio protegido y sólo elaboren o archiven documentos propios de su creación. Estamos ante un gravamen que remunera la propiedad ajena en abstracto, no ante un impuesto ni una tasa, para ser destinado a un fondo común, redistributivo de la renta, de financiación de servicios públicos o de socialización del riesgo de enfermedad y accidente, como sucede con los tributos o con la Seguridad Social, o el seguro privado. Pues el canon debe pagarlo incluso quien no utiliza la propiedad ajena, no sólo los asegurados, potenciales beneficiarios del seguro, público o privado, o los ciudadanos, usuarios de bienes y servicios públicos.

En segundo lugar, resulta llamativo que ni Congreso (al aprobar la Ley 23/2006) ni Gobierno (al alcanzar este acuerdo de adviento de 2007) han sabido explicar bien a sus electores por qué obliga a todos los ciudadanos y por qué puede ampliarse, mediante una Orden, a supuestos no previstos en la ley (el disco duro, el canon más caro, y el teléfono móvil, el más llamativo de todos). Lo que autoriza la Ley, en su artículo 25.6, no tiene precedentes (gravámenes sobre la propiedad ajena establecidos en una orden ministerial, cuyo contenido se desconoce al aprobarse la ley) y hay más de una duda sobre la procedencia de esta norma en blanco: ninguna norma tributaria llega tan lejos.

Este nuevo canon por los móviles no grava la melodía de tono del teléfono, que ya paga derechos, sino el hecho potencial de que pueda reproducirse música o audiovisual por el móvil porque tiene dispositivos reproductores. Una vez más, se presume que todo ciudadano -hay más móviles que habitantes- copia en privado o infringe derechos de autor, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Debe compensar por ello, pagando el canon. El rechazo de esta norma es grande y sus consecuencias políticas, imprevisibles. A día de hoy, no todo ciudadano que compra un cuchillo jamonero u otro de cocina, instrumento potencial de un delito, deberá pagar una compensación o seguro por si acaso, por culpa o por dolo, llega a herir a alguien, sino cuando lo haga efectivamente.

Nadie duda que la piratería intelectual es una lacra que está asociada a otras mafias y genera ilegítimos y cuantiosos daños a productores, autores y artistas. Pero la piratería es una cosa y trabajar en el ordenador, llamar por móvil a la familia, o retratarla en la entrañable Navidad o en la primera comunión es otra bien distinta. Es muy justo que los autores y demás titulares cobren por el uso lucrativo de su propiedad, pero no tanto que 45 millones de habitantes paguen por la potencial, eventual o hipotética copia privada, que nunca harán. Nunca tantos hicieron tanto por tan pocos.

Por último, la aplicación del principio se traduce en dinero: la ley exige que las tarifas que gravan con derechos de autor los usos presuntos de propiedad intelectual ajena sean equitativas. El vigente artículo 25 de la Ley exige que la compensación por copia privada sea “equitativa y única”, porque así lo han querido las Cortes Generales.

Aunque el trabajo de Cultura y de Industria ha sido muy meritorio y muy difícil, una orden ministerial tiene la presunción de legalidad, en lo que no se extralimite de la autorización del Congreso, en la Ley 23/2006. Pero no goza de la presunción de equidad, mientras el consumidor final pague un gravamen de derecho privado, no destinado al erario público, por no usar la propiedad ajena. El juicio de equidad deberá estar apoyado en estudios económicos, en lo que a cuantía se refiere, respecto a los que sí hacen copias privadas digitales, pero el ciudadano que paga por no usar la propiedad ajena, no paga, por definición, compensación equitativa alguna.

>El canon, la propiedad ajena y la equidad

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Por José M. Rodríguez Tapia, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Málaga (EL PAÍS, 24/12/07):

La propiedad intelectual descansa en un principio claro, justo y reconocido, común a otras propiedades: quien quiera utilizar la propiedad ajena debe pedir permiso a su dueño, y la autorización de éste puede significar el pago de un precio. Su aspecto moral, por otra parte, la diferencia de las demás. Pero la aplicación de ese principio fue siempre difícil de adecuar a la realidad social y técnica del momento, en continua evolución, por la naturaleza del objeto protegido, las obras, actuaciones y producciones.

Debido a los avances tecnológicos y al universo digital y la nueva galaxia de medios de difusión y comunicación, la propiedad intelectual lleva años en una crisis que la convierte en propiedad ideal (el ideal jurídico alejado del mercado y prácticas sociales), a veces en propiedad virtual (o teórica, adjetivo muy de moda en el ciberespacio), cuando no en propiedad imposible: los autores, los artistas intérpretes y los productores se las ven y se las desean para defender su propiedad ante los usos lucrativos y mercantiles que hacen los terceros, a escala individual o a escala industrial. Es, sin duda, la propiedad más vulnerable.

El canon compensatorio por copia privada fue reconocido en España en la Ley de 1987, y gravaba cintas vírgenes de vídeo y de audio, aparatos de grabación de vídeo y audio, así como fotocopiadoras. La fijación de las tarifas se remitía a un acuerdo de las partes interesadas (fabricantes deudores y entidades de gestión de derechos) que nunca llegó. Por eso, en 1992, se reformó la ley para adoptar el sistema alemán de fijación legal de la tarifa, además de otros extremos que hicieron posible que el canon empezara a cobrarse y a pagarse. A pesar de los morosos, hubo un cierto grado de cumplimiento, que demostró eficaz la reforma de 1992.

La razón de ser del canon residía en compensar a los titulares de derechos por las posibles pérdidas o descenso de ventas de taquilla o de ejemplares de libros, vídeos y discos, a cargo de quienes se lucraban vendiendo material y aparatos de grabación que hoy llamamos analógicos. Ya entonces se puso de relieve que esta norma obligaba al pago también a los que no fotocopiaban material protegido, sino sus propios documentos, o quien grababa en vídeo sus propias creaciones o sus fiestas y viajes familiares.

Con la revolución digital de los noventa, todavía en curso, crecieron tanto las posibilidades de grabación de contenidos protegidos, en todo tipo de formatos, como el número de personas que se comunicaba privadamente por Internet, se prestaban discos por vía digital o que archivaban sus propias fotos y sus propios trabajos, escolares, universitarios o profesionales. La fisura social entre usuarios de soportes digitales y acreedores del canon se agrandó. En 2001, la directiva europea, que reforzó la protección de la propiedad intelectual en Internet, sólo mencionaba una compensación equitativa por la copia digital. En España, por ello, la Ley 23 de 2006 amplió los supuestos sujetos a canon por copia privada, también a copias o presuntas copias digitales.

La semana pasada se ha alcanzado un acuerdo entre los ministerios de Industria y Cultura, que tiene ramificaciones políticas, sociales y electorales indudables, como algún problema constitucional y legal. La fecha no ha podido ser más inoportuna para el Gobierno, a tres meses de las elecciones y con un colectivo contrario al canon muy militante y movilizado. En el plano jurídico, se ha resaltado, primero, la cuestión constitucional: ¿es lícito que se grave a un particular por el no uso de la propiedad ajena? Porque todos los que compren un CD virgen pagarán el canon compensatorio, aunque no graben ningún repertorio protegido y sólo elaboren o archiven documentos propios de su creación. Estamos ante un gravamen que remunera la propiedad ajena en abstracto, no ante un impuesto ni una tasa, para ser destinado a un fondo común, redistributivo de la renta, de financiación de servicios públicos o de socialización del riesgo de enfermedad y accidente, como sucede con los tributos o con la Seguridad Social, o el seguro privado. Pues el canon debe pagarlo incluso quien no utiliza la propiedad ajena, no sólo los asegurados, potenciales beneficiarios del seguro, público o privado, o los ciudadanos, usuarios de bienes y servicios públicos.

En segundo lugar, resulta llamativo que ni Congreso (al aprobar la Ley 23/2006) ni Gobierno (al alcanzar este acuerdo de adviento de 2007) han sabido explicar bien a sus electores por qué obliga a todos los ciudadanos y por qué puede ampliarse, mediante una Orden, a supuestos no previstos en la ley (el disco duro, el canon más caro, y el teléfono móvil, el más llamativo de todos). Lo que autoriza la Ley, en su artículo 25.6, no tiene precedentes (gravámenes sobre la propiedad ajena establecidos en una orden ministerial, cuyo contenido se desconoce al aprobarse la ley) y hay más de una duda sobre la procedencia de esta norma en blanco: ninguna norma tributaria llega tan lejos.

Este nuevo canon por los móviles no grava la melodía de tono del teléfono, que ya paga derechos, sino el hecho potencial de que pueda reproducirse música o audiovisual por el móvil porque tiene dispositivos reproductores. Una vez más, se presume que todo ciudadano -hay más móviles que habitantes- copia en privado o infringe derechos de autor, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Debe compensar por ello, pagando el canon. El rechazo de esta norma es grande y sus consecuencias políticas, imprevisibles. A día de hoy, no todo ciudadano que compra un cuchillo jamonero u otro de cocina, instrumento potencial de un delito, deberá pagar una compensación o seguro por si acaso, por culpa o por dolo, llega a herir a alguien, sino cuando lo haga efectivamente.

Nadie duda que la piratería intelectual es una lacra que está asociada a otras mafias y genera ilegítimos y cuantiosos daños a productores, autores y artistas. Pero la piratería es una cosa y trabajar en el ordenador, llamar por móvil a la familia, o retratarla en la entrañable Navidad o en la primera comunión es otra bien distinta. Es muy justo que los autores y demás titulares cobren por el uso lucrativo de su propiedad, pero no tanto que 45 millones de habitantes paguen por la potencial, eventual o hipotética copia privada, que nunca harán. Nunca tantos hicieron tanto por tan pocos.

Por último, la aplicación del principio se traduce en dinero: la ley exige que las tarifas que gravan con derechos de autor los usos presuntos de propiedad intelectual ajena sean equitativas. El vigente artículo 25 de la Ley exige que la compensación por copia privada sea “equitativa y única”, porque así lo han querido las Cortes Generales.

Aunque el trabajo de Cultura y de Industria ha sido muy meritorio y muy difícil, una orden ministerial tiene la presunción de legalidad, en lo que no se extralimite de la autorización del Congreso, en la Ley 23/2006. Pero no goza de la presunción de equidad, mientras el consumidor final pague un gravamen de derecho privado, no destinado al erario público, por no usar la propiedad ajena. El juicio de equidad deberá estar apoyado en estudios económicos, en lo que a cuantía se refiere, respecto a los que sí hacen copias privadas digitales, pero el ciudadano que paga por no usar la propiedad ajena, no paga, por definición, compensación equitativa alguna.