Pero ¿quién ha matado a Montesquieu?

Por Manuel Ramírez, catedrático de Derecho Político (ABC, 22/09/07):

No hace demasiado tiempo, estando el PSOE en el Gobierno, quien ocupara la Vice-Presidencia, Alfonso Guerra, lanzó una frase, de esas que no se olvidan: «Montesquieu ha muerto». Muchas vueltas se dieron intentando acertar lo que el político sevillano había querido decir con una afirmación tan tajante. El ilustre pensador francés había sido, como antaño se sabía desde el bachillerato, el padre formulador de la teoría de la división de poderes, pieza fundamental de toda Constitución a partir de entonces. Dividir los poderes y garantizar los derechos eran los supuestos que permitían hablar de que un país tenía Constitución. Así lo aportó el pensamiento revolucionario francés y así fue recogido, una y otra vez, en los textos de nuestro histórico constitucionalismo, comenzando por la gran Constitución de 1812. De aquí que no se entendiera muy bien el alcance de la afirmación que hemos reproducido. Y es que, al menos en lo que se me alcanza, su autor no explicó, como necesario complemento, quién, cómo y por qué había asestado tan letal golpe al barón francés.

Pero la realidad es que, desde que esta teoría sobre la separación de poderes apareciera, muchas cábalas se han sucedido intentando explicar una u otra realidad histórica no precisamente ajustada al veredicto de Montesquieu. Como es sabido, el noble francés está obsesionado en la búsqueda de la libertad política. Y ha puesto sus ojos en Inglaterra, mucho más por influencia de las lecturas de Locke y Harrington que por la realidad que dicho país está pasando a mediados del siglo XVIII. Y tras señalar la falta de libertad tanto si la función legislativa cuanto la de juzgar están en las mismas manos, afirma rotundamente en el Libro XI de su «Espíritu de las leyes»: «Todo estaría perdido (es decir, estaría perdida la libertad política) si un mismo hombre, o un mismo cuerpo de los principales, de los nobles o del cuerpo, tuviese el ejercicio de las tres potestades, la de hacer las leyes, la de ejecutar las resoluciones públicas y la de juzgar los delitos o de las diferencias de los particulares».

Tras aparecer la teoría de la separación de poderes, no tardan en surgir interpretaciones científicas que intentan adentrarse en el verdadero sentido de la misma. El veredicto de Monstequieu se convierte de inmediato en una especie de idea-mito que se extiende en el constitucionalismo de la época. Desde la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 hasta la elevación a dogma en el famoso artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombres y del Ciudadano («Toda sociedad en la cual la garantía de estos derechos no está asegurada y la separación de poderes determinada no tiene constitución»). Pero si el punto de partida es plenamente aceptado en el Nuevo Régimen, sus interpretaciones no carecen de diferencias. No tema el lector que no voy a cansarle con ellas. Únicamente me parece necesario señalar dos consecuencias. La primera, la afirmación de Monstesquieu parece dirigida a la figura del Rey. Ningún Rey podrá tener en sus manos los tres poderes. Y aquí se encuentra la gran paradoja, posteriormente desarrollada por Althusser: Monstesquieu, que pertenecía a la nobleza origina que «un opositor de derechas, en el curso del siglo, sirve a todos los opositores de izquierdas». Y así es, como segunda consecuencia: el sistema de Montesquieu acabará representando, en sus líneas generales, la estructura típica de la división de poderes de todo Estado liberal.

Pero el devenir histórico, aun manteniendo en el frontispicio de todas sus Constituciones la afirmación de poderes separados, se ha originado lo que Montesquieu no quería: el predominio casi absoluto de uno de ellos. La primera ruptura del equilibrio tiene lugar con la consolidación del Estado de derecho, forjado a lo largo del mismo siglo XIX, que conoce el claro predominio del poder legislativo. Estamos ante la indudable hegemonía de la Asamblea y de los regímenes de asamblea. Es en ella el lugar en que descansa la soberanía y, por ende, de ella dependerá todo el desarrollo de la vida política. Por poner únicamente un ejemplo, es el modelo, ya trasnochado, en el que se basó toda la vida de nuestra Segunda República, con la consiguiente inestabilidad de los gobiernos. La Asamblea todo lo podía y todo lo pudo. Pero precisamente para evitar esta inestabilidad, el siglo XX, bien temprano, va a tener como base «el reforzamiento del Ejecutivo», propio del Estado Social de Derecho. Los textos constitucionales, hasta nuestros días, pondrán especial énfasis en la aparición de «gobiernos fuertes». Los métodos son muy variados y casi todos obedecen a la necesidad de hacer frente, desde una postura fuerte, a las características de la política en los siglos XX y XXI. Tampoco voy a aburrir con la cita extensa de medidas. Volviendo a nuestro país, piénsese que eso es lo que pretende la controvertida «moción de censura constructiva», presente en nuestra actual Constitución.

Dos fuertes dardos contra Montesquieu. Pero ahí sigue. Al menos en el discurso político y como lema venerado.

El final de la agonía y la anunciada muerte se da con la consolidación del actual «Estado de Partidos». Ahora son ellos quienes tienen la llave de una hegemonía que puede extenderse en los tres poderes. Por una vía similar a ésta: a) Un partido triunfa en unas elecciones y, por ende, obtiene la mayoría parlamentaria. b) De esa mayoría, propia o nacida por pactos con otros partidos, surge la formación de un gobierno (poder ejecutivo) y c) Cuando la Constitución encarga al Parlamento la designación de miembros del poder judicial, son los partidos los que, de nuevo, se ponen de acuerdo (nefasta costumbre de «las cuotas») en los nombres a ofrecer. ¡Siempre los partidos!

Y aquí está el dilema. Si Montesquieu ha muerto, quien le sucede, nada más y nada menos, es el reinado de los partidos. Pero, ¿se puede confesar y predicar esto en una democracia llamada liberal? En las no liberales, ni en los regímenes no democráticos no hay problema, naturalmente. Entre nosotros, como es sabido, en el inmediato pasado, el tema no poseía dudas: unidad de poder en la persona de Franco y coordinación de funciones. El maestro García Pelayo ha intentado salvar el tema con la afirmación de que lo que tenemos es la interacción de dos sistemas: el jurídico-político y sociopolítico. Y confesando que en la actualidad es «necesaria la revisión de principios que parecían intocables» y a lo que asistimos es al proceso en el que las decisiones de los partidos se imputan jurídicamente al Estado.

Aunque personalmente no me agrada en demasía el argumento del maestro, creo que el dilema continúa y habrá que optar. Aunque, por lo menos, queda claro quiénes son los autores de la muerte de Montesquieu.

Pero ¿quién ha matado a Montesquieu?

Por Manuel Ramírez, catedrático de Derecho Político (ABC, 22/09/07):

No hace demasiado tiempo, estando el PSOE en el Gobierno, quien ocupara la Vice-Presidencia, Alfonso Guerra, lanzó una frase, de esas que no se olvidan: «Montesquieu ha muerto». Muchas vueltas se dieron intentando acertar lo que el político sevillano había querido decir con una afirmación tan tajante. El ilustre pensador francés había sido, como antaño se sabía desde el bachillerato, el padre formulador de la teoría de la división de poderes, pieza fundamental de toda Constitución a partir de entonces. Dividir los poderes y garantizar los derechos eran los supuestos que permitían hablar de que un país tenía Constitución. Así lo aportó el pensamiento revolucionario francés y así fue recogido, una y otra vez, en los textos de nuestro histórico constitucionalismo, comenzando por la gran Constitución de 1812. De aquí que no se entendiera muy bien el alcance de la afirmación que hemos reproducido. Y es que, al menos en lo que se me alcanza, su autor no explicó, como necesario complemento, quién, cómo y por qué había asestado tan letal golpe al barón francés.

Pero la realidad es que, desde que esta teoría sobre la separación de poderes apareciera, muchas cábalas se han sucedido intentando explicar una u otra realidad histórica no precisamente ajustada al veredicto de Montesquieu. Como es sabido, el noble francés está obsesionado en la búsqueda de la libertad política. Y ha puesto sus ojos en Inglaterra, mucho más por influencia de las lecturas de Locke y Harrington que por la realidad que dicho país está pasando a mediados del siglo XVIII. Y tras señalar la falta de libertad tanto si la función legislativa cuanto la de juzgar están en las mismas manos, afirma rotundamente en el Libro XI de su «Espíritu de las leyes»: «Todo estaría perdido (es decir, estaría perdida la libertad política) si un mismo hombre, o un mismo cuerpo de los principales, de los nobles o del cuerpo, tuviese el ejercicio de las tres potestades, la de hacer las leyes, la de ejecutar las resoluciones públicas y la de juzgar los delitos o de las diferencias de los particulares».

Tras aparecer la teoría de la separación de poderes, no tardan en surgir interpretaciones científicas que intentan adentrarse en el verdadero sentido de la misma. El veredicto de Monstequieu se convierte de inmediato en una especie de idea-mito que se extiende en el constitucionalismo de la época. Desde la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 hasta la elevación a dogma en el famoso artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombres y del Ciudadano («Toda sociedad en la cual la garantía de estos derechos no está asegurada y la separación de poderes determinada no tiene constitución»). Pero si el punto de partida es plenamente aceptado en el Nuevo Régimen, sus interpretaciones no carecen de diferencias. No tema el lector que no voy a cansarle con ellas. Únicamente me parece necesario señalar dos consecuencias. La primera, la afirmación de Monstesquieu parece dirigida a la figura del Rey. Ningún Rey podrá tener en sus manos los tres poderes. Y aquí se encuentra la gran paradoja, posteriormente desarrollada por Althusser: Monstesquieu, que pertenecía a la nobleza origina que «un opositor de derechas, en el curso del siglo, sirve a todos los opositores de izquierdas». Y así es, como segunda consecuencia: el sistema de Montesquieu acabará representando, en sus líneas generales, la estructura típica de la división de poderes de todo Estado liberal.

Pero el devenir histórico, aun manteniendo en el frontispicio de todas sus Constituciones la afirmación de poderes separados, se ha originado lo que Montesquieu no quería: el predominio casi absoluto de uno de ellos. La primera ruptura del equilibrio tiene lugar con la consolidación del Estado de derecho, forjado a lo largo del mismo siglo XIX, que conoce el claro predominio del poder legislativo. Estamos ante la indudable hegemonía de la Asamblea y de los regímenes de asamblea. Es en ella el lugar en que descansa la soberanía y, por ende, de ella dependerá todo el desarrollo de la vida política. Por poner únicamente un ejemplo, es el modelo, ya trasnochado, en el que se basó toda la vida de nuestra Segunda República, con la consiguiente inestabilidad de los gobiernos. La Asamblea todo lo podía y todo lo pudo. Pero precisamente para evitar esta inestabilidad, el siglo XX, bien temprano, va a tener como base «el reforzamiento del Ejecutivo», propio del Estado Social de Derecho. Los textos constitucionales, hasta nuestros días, pondrán especial énfasis en la aparición de «gobiernos fuertes». Los métodos son muy variados y casi todos obedecen a la necesidad de hacer frente, desde una postura fuerte, a las características de la política en los siglos XX y XXI. Tampoco voy a aburrir con la cita extensa de medidas. Volviendo a nuestro país, piénsese que eso es lo que pretende la controvertida «moción de censura constructiva», presente en nuestra actual Constitución.

Dos fuertes dardos contra Montesquieu. Pero ahí sigue. Al menos en el discurso político y como lema venerado.

El final de la agonía y la anunciada muerte se da con la consolidación del actual «Estado de Partidos». Ahora son ellos quienes tienen la llave de una hegemonía que puede extenderse en los tres poderes. Por una vía similar a ésta: a) Un partido triunfa en unas elecciones y, por ende, obtiene la mayoría parlamentaria. b) De esa mayoría, propia o nacida por pactos con otros partidos, surge la formación de un gobierno (poder ejecutivo) y c) Cuando la Constitución encarga al Parlamento la designación de miembros del poder judicial, son los partidos los que, de nuevo, se ponen de acuerdo (nefasta costumbre de «las cuotas») en los nombres a ofrecer. ¡Siempre los partidos!

Y aquí está el dilema. Si Montesquieu ha muerto, quien le sucede, nada más y nada menos, es el reinado de los partidos. Pero, ¿se puede confesar y predicar esto en una democracia llamada liberal? En las no liberales, ni en los regímenes no democráticos no hay problema, naturalmente. Entre nosotros, como es sabido, en el inmediato pasado, el tema no poseía dudas: unidad de poder en la persona de Franco y coordinación de funciones. El maestro García Pelayo ha intentado salvar el tema con la afirmación de que lo que tenemos es la interacción de dos sistemas: el jurídico-político y sociopolítico. Y confesando que en la actualidad es «necesaria la revisión de principios que parecían intocables» y a lo que asistimos es al proceso en el que las decisiones de los partidos se imputan jurídicamente al Estado.

Aunque personalmente no me agrada en demasía el argumento del maestro, creo que el dilema continúa y habrá que optar. Aunque, por lo menos, queda claro quiénes son los autores de la muerte de Montesquieu.

>Pero ¿quién ha matado a Montesquieu?

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Por Manuel Ramírez, catedrático de Derecho Político (ABC, 22/09/07):

No hace demasiado tiempo, estando el PSOE en el Gobierno, quien ocupara la Vice-Presidencia, Alfonso Guerra, lanzó una frase, de esas que no se olvidan: «Montesquieu ha muerto». Muchas vueltas se dieron intentando acertar lo que el político sevillano había querido decir con una afirmación tan tajante. El ilustre pensador francés había sido, como antaño se sabía desde el bachillerato, el padre formulador de la teoría de la división de poderes, pieza fundamental de toda Constitución a partir de entonces. Dividir los poderes y garantizar los derechos eran los supuestos que permitían hablar de que un país tenía Constitución. Así lo aportó el pensamiento revolucionario francés y así fue recogido, una y otra vez, en los textos de nuestro histórico constitucionalismo, comenzando por la gran Constitución de 1812. De aquí que no se entendiera muy bien el alcance de la afirmación que hemos reproducido. Y es que, al menos en lo que se me alcanza, su autor no explicó, como necesario complemento, quién, cómo y por qué había asestado tan letal golpe al barón francés.

Pero la realidad es que, desde que esta teoría sobre la separación de poderes apareciera, muchas cábalas se han sucedido intentando explicar una u otra realidad histórica no precisamente ajustada al veredicto de Montesquieu. Como es sabido, el noble francés está obsesionado en la búsqueda de la libertad política. Y ha puesto sus ojos en Inglaterra, mucho más por influencia de las lecturas de Locke y Harrington que por la realidad que dicho país está pasando a mediados del siglo XVIII. Y tras señalar la falta de libertad tanto si la función legislativa cuanto la de juzgar están en las mismas manos, afirma rotundamente en el Libro XI de su «Espíritu de las leyes»: «Todo estaría perdido (es decir, estaría perdida la libertad política) si un mismo hombre, o un mismo cuerpo de los principales, de los nobles o del cuerpo, tuviese el ejercicio de las tres potestades, la de hacer las leyes, la de ejecutar las resoluciones públicas y la de juzgar los delitos o de las diferencias de los particulares».

Tras aparecer la teoría de la separación de poderes, no tardan en surgir interpretaciones científicas que intentan adentrarse en el verdadero sentido de la misma. El veredicto de Monstequieu se convierte de inmediato en una especie de idea-mito que se extiende en el constitucionalismo de la época. Desde la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 hasta la elevación a dogma en el famoso artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombres y del Ciudadano («Toda sociedad en la cual la garantía de estos derechos no está asegurada y la separación de poderes determinada no tiene constitución»). Pero si el punto de partida es plenamente aceptado en el Nuevo Régimen, sus interpretaciones no carecen de diferencias. No tema el lector que no voy a cansarle con ellas. Únicamente me parece necesario señalar dos consecuencias. La primera, la afirmación de Monstesquieu parece dirigida a la figura del Rey. Ningún Rey podrá tener en sus manos los tres poderes. Y aquí se encuentra la gran paradoja, posteriormente desarrollada por Althusser: Monstesquieu, que pertenecía a la nobleza origina que «un opositor de derechas, en el curso del siglo, sirve a todos los opositores de izquierdas». Y así es, como segunda consecuencia: el sistema de Montesquieu acabará representando, en sus líneas generales, la estructura típica de la división de poderes de todo Estado liberal.

Pero el devenir histórico, aun manteniendo en el frontispicio de todas sus Constituciones la afirmación de poderes separados, se ha originado lo que Montesquieu no quería: el predominio casi absoluto de uno de ellos. La primera ruptura del equilibrio tiene lugar con la consolidación del Estado de derecho, forjado a lo largo del mismo siglo XIX, que conoce el claro predominio del poder legislativo. Estamos ante la indudable hegemonía de la Asamblea y de los regímenes de asamblea. Es en ella el lugar en que descansa la soberanía y, por ende, de ella dependerá todo el desarrollo de la vida política. Por poner únicamente un ejemplo, es el modelo, ya trasnochado, en el que se basó toda la vida de nuestra Segunda República, con la consiguiente inestabilidad de los gobiernos. La Asamblea todo lo podía y todo lo pudo. Pero precisamente para evitar esta inestabilidad, el siglo XX, bien temprano, va a tener como base «el reforzamiento del Ejecutivo», propio del Estado Social de Derecho. Los textos constitucionales, hasta nuestros días, pondrán especial énfasis en la aparición de «gobiernos fuertes». Los métodos son muy variados y casi todos obedecen a la necesidad de hacer frente, desde una postura fuerte, a las características de la política en los siglos XX y XXI. Tampoco voy a aburrir con la cita extensa de medidas. Volviendo a nuestro país, piénsese que eso es lo que pretende la controvertida «moción de censura constructiva», presente en nuestra actual Constitución.

Dos fuertes dardos contra Montesquieu. Pero ahí sigue. Al menos en el discurso político y como lema venerado.

El final de la agonía y la anunciada muerte se da con la consolidación del actual «Estado de Partidos». Ahora son ellos quienes tienen la llave de una hegemonía que puede extenderse en los tres poderes. Por una vía similar a ésta: a) Un partido triunfa en unas elecciones y, por ende, obtiene la mayoría parlamentaria. b) De esa mayoría, propia o nacida por pactos con otros partidos, surge la formación de un gobierno (poder ejecutivo) y c) Cuando la Constitución encarga al Parlamento la designación de miembros del poder judicial, son los partidos los que, de nuevo, se ponen de acuerdo (nefasta costumbre de «las cuotas») en los nombres a ofrecer. ¡Siempre los partidos!

Y aquí está el dilema. Si Montesquieu ha muerto, quien le sucede, nada más y nada menos, es el reinado de los partidos. Pero, ¿se puede confesar y predicar esto en una democracia llamada liberal? En las no liberales, ni en los regímenes no democráticos no hay problema, naturalmente. Entre nosotros, como es sabido, en el inmediato pasado, el tema no poseía dudas: unidad de poder en la persona de Franco y coordinación de funciones. El maestro García Pelayo ha intentado salvar el tema con la afirmación de que lo que tenemos es la interacción de dos sistemas: el jurídico-político y sociopolítico. Y confesando que en la actualidad es «necesaria la revisión de principios que parecían intocables» y a lo que asistimos es al proceso en el que las decisiones de los partidos se imputan jurídicamente al Estado.

Aunque personalmente no me agrada en demasía el argumento del maestro, creo que el dilema continúa y habrá que optar. Aunque, por lo menos, queda claro quiénes son los autores de la muerte de Montesquieu.

Chile: ¿cómo hacemos para ser izquierdistas?

Por Antonio Skármeta, escritor chileno (EL PAÍS, 18/09/07):

Todos queremos ser izquierdistas, ¿pero cómo hacemos para serlo?

Ésta es la pregunta que parece afligir al Gobierno de Michelle Bachelet, que recientemente ha visto bajar sus índices de apoyo en las encuestas a un 39%. La cifra recoge fundamentalmente la insatisfacción que sienten los santiaguinos por la desastrosa implementación de un ambicioso plan de transporte urbano que ha dejado a la gente expuesta a horas de espera, a caminatas por calles peligrosas, a ausentismo laboral, o simplemente a viajar en los apretujados buses como un animal rumbo al matadero.

La imprecisión en identificar a los culpables de este mal servicio ha irritado a la ciudadanía de la capital, que ve con escepticismo cómo los funcionarios escabullen las responsabilidades o las remiten a funcionarios de administraciones pasadas. La gente pide una solución urgente para poder movilizarse y le interesa poco saber si el culpable fue quien diseñó el sistema de transporte que no funciona, o quien lo implementó. En ambos casos, son los Gobiernos de la Concertación de centro-izquierda que gobierna en Chile desde el retorno de la democracia en 1989 los que se sientan en el banquillo de acusados. Y de esta grave situación debiera estar aprovechando la oposición de centro-derecha, llamada aquí “La Alianza”, para ganar adeptos.

Pero las mismas encuestas que magullan la popularidad de Bachelet no dan cifras nada auspiciosas para la derecha. Antes bien, la población marca un distanciamiento fuerte con ambos conglomerados políticos. En un momento de la historia del país -y acaso del mundo occidental- donde las fronteras entre derecha e izquierda son difusas, la gente se siente confundida y le resta adhesión a los políticos.

El tema no tiene urgencia, pues las elecciones municipales son en Chile el próximo año, y las presidenciales, recién el 2009. Pero que un cúmulo de candidatos eventuales de ambas coaliciones ya esté haciendo campaña habla de una cierta debilidad de la imagen de Michelle Bachelet como conductora “política”. Entre comillas va el término “política”, porque la credibilidad hacia las buenas intenciones de la gobernante es enorme. Todo el mundo le tiene simpatía, y acaso eso explica que las encuestas no la castiguen aún más.

Si el tema del sistema de transporte pareciera ser sólo un asunto de la capital, también las regiones del país, del norte al extremo sur, se encuentran alteradas, pues muchos fondos que deberían ir para fomentar el desarrollo de las provincias se destinan a parchar malamente el transporte en la capital. Los provincianos sienten que están “subvencionando” a los capitalinos.

Pero, en fin, lentamente, el transporte muestra señas de recuperación y puede ser que de aquí a un año esté funcionando de maravilla. Probablemente entonces las nuevas encuestas eleven la figura de Bachelet y sus ministros, y deje a la Concertación en mejor pie para las elecciones que habrá el 2008 y el 2009.

La crisis del transporte hace evidente la frustración de la gente y también destapa un cierto clima de insatisfacción generalizado donde los trabajadores tienen la sensación de que el éxito de Chile como país exportador, con opulentas arcas fiscales gracias, entre otras exportaciones, a los miles de millones de dólares que Chile ha conseguido vendiéndole cobre a China, no se derrama en sueldos dignos para ellos.

¿Qué es un sueldo digno en Chile? El honorario básico de un trabajador es tan bajo que mis lectores españoles abrirán espantados los ojos. Ronda apenas los 200 euros mensuales. Y si bien los distintos gobiernos de la Concertación centro-izquierdista muestran notables cifras de reducción de la pobreza, y un macizo esfuerzo para beneficiar a la población en salud, vivienda y educación, persiste la impresión demoledora de que la riqueza en Chile está brutalmente mal distribuida y que los economistas tienen más puesto el corazón en los temas de equilibrios macroeconómicos que en aliviar las necesidades de la gente.

La percepción de que los políticos y empresarios son indolentes a estos apremios fue tan grande que hace pocas semanas un incidente detonó en Chile lo que estaba tapado por distintos tipos de retóricas: la Iglesia católica, a través de su portador, el obispo Alejandro Goic, llamó a los poderes chilenos a establecer ya no un sueldo mínimo, sino un sueldo “ético”. E incluso le puso una cifra: 250.000 pesos. Algo así como 370 euros mensuales.

El noble obispo Goic recibió fuego granado e irónico de los economistas, y frases tiernas y evasivas de los políticos. Pero que la Iglesia, para usar un término futbolístico, pusiera en movimiento el balón, excitó la capacidad dormida de movilización de los chilenos, y, tras mucho tiempo de calma, se ha vuelto a ver efervescencia social en las calles del país.

Esto culminó el 29 de agosto, cuando la Central Unitaria de Trabajadores convocó a protestas en las calles. El Gobierno no las autorizó, pero las protestas de todos modos se hicieron. No faltaron los actos de vandalismo, ni tampoco las conductas sorprendentes de algunos políticos de la coalición gobernante, que se solidarizaron con los manifestantes “contra” su propio Gobierno.

Conclusión: ¡alarma roja! Varios políticos quieren perfilarse ante el pueblo como de “más izquierda” sembrando la polémica y la división entre las fuerzas gobernantes.

Un senador de origen popular, Alejandro Navarro, fue golpeado brutalmente por un policía, y las imágenes del político con la cabeza sangrando rumbo al hospital subieron la temperatura de los insatisfechos chilenos. Según un entretenido observador, también esa cabeza sangrante habría hecho subir el rating del senador algunos puntos en su improbable carrera hacia la presidencia de 2009.

Si la activa Iglesia chilena habló por imperativo ético, es porque percibe que hay una insatisfacción ya no sólo soterrada en Chile, sino muy expresiva, que a mediano plazo puede vulnerar el exitoso, aunque poco sensible, modelo de desarrollo.

¡Menuda encrucijada en la que se encuentra Chile: próspera economía con dramática desigualdad social, amplia riqueza que no va a dar al desarrollo de los pobres con la urgencia que éstos necesitan, sino al ritmo pusilánime de los equilibrios macroeconómicos, deterioro de la imagen de los políticos que hace que no cosechen “futuro” ni gobierno ni oposición!

Curioso momento: se esperaba que Michelle Bachelet fuera más izquierdista que sus predecesores, el demócrata-cristiano Eduardo Frei y el socialista Ricardo Lagos, pues partió con mayoría en la cámara de diputados y de senadores que le auguraba un rápido tranco en la aceleración de leyes que beneficiaran a los pobres y ratificaran el “Humanismo socialista” de la mandataria. Pero a poco andar, algunas figuras parlamentarias del bloque gobernante se desgajaron de él hacia una independencia crítica y la mayoría se ha vuelto inestable e impredecible.

¿Cómo es el amor en los tiempos del cólera? ¿Cómo se puede ser izquierdista en los tiempos de la beatificación mediática del neoliberalismo?

O, puesto de otra manera: ¿se puede ser socialista sin que se enojen los empresarios y los políticos socialistas? Al parecer, en el Chile de Bachelet, esta inocente pregunta no tiene por el momento respuesta.

Chile: ¿cómo hacemos para ser izquierdistas?

Por Antonio Skármeta, escritor chileno (EL PAÍS, 18/09/07):

Todos queremos ser izquierdistas, ¿pero cómo hacemos para serlo?

Ésta es la pregunta que parece afligir al Gobierno de Michelle Bachelet, que recientemente ha visto bajar sus índices de apoyo en las encuestas a un 39%. La cifra recoge fundamentalmente la insatisfacción que sienten los santiaguinos por la desastrosa implementación de un ambicioso plan de transporte urbano que ha dejado a la gente expuesta a horas de espera, a caminatas por calles peligrosas, a ausentismo laboral, o simplemente a viajar en los apretujados buses como un animal rumbo al matadero.

La imprecisión en identificar a los culpables de este mal servicio ha irritado a la ciudadanía de la capital, que ve con escepticismo cómo los funcionarios escabullen las responsabilidades o las remiten a funcionarios de administraciones pasadas. La gente pide una solución urgente para poder movilizarse y le interesa poco saber si el culpable fue quien diseñó el sistema de transporte que no funciona, o quien lo implementó. En ambos casos, son los Gobiernos de la Concertación de centro-izquierda que gobierna en Chile desde el retorno de la democracia en 1989 los que se sientan en el banquillo de acusados. Y de esta grave situación debiera estar aprovechando la oposición de centro-derecha, llamada aquí “La Alianza”, para ganar adeptos.

Pero las mismas encuestas que magullan la popularidad de Bachelet no dan cifras nada auspiciosas para la derecha. Antes bien, la población marca un distanciamiento fuerte con ambos conglomerados políticos. En un momento de la historia del país -y acaso del mundo occidental- donde las fronteras entre derecha e izquierda son difusas, la gente se siente confundida y le resta adhesión a los políticos.

El tema no tiene urgencia, pues las elecciones municipales son en Chile el próximo año, y las presidenciales, recién el 2009. Pero que un cúmulo de candidatos eventuales de ambas coaliciones ya esté haciendo campaña habla de una cierta debilidad de la imagen de Michelle Bachelet como conductora “política”. Entre comillas va el término “política”, porque la credibilidad hacia las buenas intenciones de la gobernante es enorme. Todo el mundo le tiene simpatía, y acaso eso explica que las encuestas no la castiguen aún más.

Si el tema del sistema de transporte pareciera ser sólo un asunto de la capital, también las regiones del país, del norte al extremo sur, se encuentran alteradas, pues muchos fondos que deberían ir para fomentar el desarrollo de las provincias se destinan a parchar malamente el transporte en la capital. Los provincianos sienten que están “subvencionando” a los capitalinos.

Pero, en fin, lentamente, el transporte muestra señas de recuperación y puede ser que de aquí a un año esté funcionando de maravilla. Probablemente entonces las nuevas encuestas eleven la figura de Bachelet y sus ministros, y deje a la Concertación en mejor pie para las elecciones que habrá el 2008 y el 2009.

La crisis del transporte hace evidente la frustración de la gente y también destapa un cierto clima de insatisfacción generalizado donde los trabajadores tienen la sensación de que el éxito de Chile como país exportador, con opulentas arcas fiscales gracias, entre otras exportaciones, a los miles de millones de dólares que Chile ha conseguido vendiéndole cobre a China, no se derrama en sueldos dignos para ellos.

¿Qué es un sueldo digno en Chile? El honorario básico de un trabajador es tan bajo que mis lectores españoles abrirán espantados los ojos. Ronda apenas los 200 euros mensuales. Y si bien los distintos gobiernos de la Concertación centro-izquierdista muestran notables cifras de reducción de la pobreza, y un macizo esfuerzo para beneficiar a la población en salud, vivienda y educación, persiste la impresión demoledora de que la riqueza en Chile está brutalmente mal distribuida y que los economistas tienen más puesto el corazón en los temas de equilibrios macroeconómicos que en aliviar las necesidades de la gente.

La percepción de que los políticos y empresarios son indolentes a estos apremios fue tan grande que hace pocas semanas un incidente detonó en Chile lo que estaba tapado por distintos tipos de retóricas: la Iglesia católica, a través de su portador, el obispo Alejandro Goic, llamó a los poderes chilenos a establecer ya no un sueldo mínimo, sino un sueldo “ético”. E incluso le puso una cifra: 250.000 pesos. Algo así como 370 euros mensuales.

El noble obispo Goic recibió fuego granado e irónico de los economistas, y frases tiernas y evasivas de los políticos. Pero que la Iglesia, para usar un término futbolístico, pusiera en movimiento el balón, excitó la capacidad dormida de movilización de los chilenos, y, tras mucho tiempo de calma, se ha vuelto a ver efervescencia social en las calles del país.

Esto culminó el 29 de agosto, cuando la Central Unitaria de Trabajadores convocó a protestas en las calles. El Gobierno no las autorizó, pero las protestas de todos modos se hicieron. No faltaron los actos de vandalismo, ni tampoco las conductas sorprendentes de algunos políticos de la coalición gobernante, que se solidarizaron con los manifestantes “contra” su propio Gobierno.

Conclusión: ¡alarma roja! Varios políticos quieren perfilarse ante el pueblo como de “más izquierda” sembrando la polémica y la división entre las fuerzas gobernantes.

Un senador de origen popular, Alejandro Navarro, fue golpeado brutalmente por un policía, y las imágenes del político con la cabeza sangrando rumbo al hospital subieron la temperatura de los insatisfechos chilenos. Según un entretenido observador, también esa cabeza sangrante habría hecho subir el rating del senador algunos puntos en su improbable carrera hacia la presidencia de 2009.

Si la activa Iglesia chilena habló por imperativo ético, es porque percibe que hay una insatisfacción ya no sólo soterrada en Chile, sino muy expresiva, que a mediano plazo puede vulnerar el exitoso, aunque poco sensible, modelo de desarrollo.

¡Menuda encrucijada en la que se encuentra Chile: próspera economía con dramática desigualdad social, amplia riqueza que no va a dar al desarrollo de los pobres con la urgencia que éstos necesitan, sino al ritmo pusilánime de los equilibrios macroeconómicos, deterioro de la imagen de los políticos que hace que no cosechen “futuro” ni gobierno ni oposición!

Curioso momento: se esperaba que Michelle Bachelet fuera más izquierdista que sus predecesores, el demócrata-cristiano Eduardo Frei y el socialista Ricardo Lagos, pues partió con mayoría en la cámara de diputados y de senadores que le auguraba un rápido tranco en la aceleración de leyes que beneficiaran a los pobres y ratificaran el “Humanismo socialista” de la mandataria. Pero a poco andar, algunas figuras parlamentarias del bloque gobernante se desgajaron de él hacia una independencia crítica y la mayoría se ha vuelto inestable e impredecible.

¿Cómo es el amor en los tiempos del cólera? ¿Cómo se puede ser izquierdista en los tiempos de la beatificación mediática del neoliberalismo?

O, puesto de otra manera: ¿se puede ser socialista sin que se enojen los empresarios y los políticos socialistas? Al parecer, en el Chile de Bachelet, esta inocente pregunta no tiene por el momento respuesta.

>Chile: ¿cómo hacemos para ser izquierdistas?

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Por Antonio Skármeta, escritor chileno (EL PAÍS, 18/09/07):

Todos queremos ser izquierdistas, ¿pero cómo hacemos para serlo?

Ésta es la pregunta que parece afligir al Gobierno de Michelle Bachelet, que recientemente ha visto bajar sus índices de apoyo en las encuestas a un 39%. La cifra recoge fundamentalmente la insatisfacción que sienten los santiaguinos por la desastrosa implementación de un ambicioso plan de transporte urbano que ha dejado a la gente expuesta a horas de espera, a caminatas por calles peligrosas, a ausentismo laboral, o simplemente a viajar en los apretujados buses como un animal rumbo al matadero.

La imprecisión en identificar a los culpables de este mal servicio ha irritado a la ciudadanía de la capital, que ve con escepticismo cómo los funcionarios escabullen las responsabilidades o las remiten a funcionarios de administraciones pasadas. La gente pide una solución urgente para poder movilizarse y le interesa poco saber si el culpable fue quien diseñó el sistema de transporte que no funciona, o quien lo implementó. En ambos casos, son los Gobiernos de la Concertación de centro-izquierda que gobierna en Chile desde el retorno de la democracia en 1989 los que se sientan en el banquillo de acusados. Y de esta grave situación debiera estar aprovechando la oposición de centro-derecha, llamada aquí “La Alianza”, para ganar adeptos.

Pero las mismas encuestas que magullan la popularidad de Bachelet no dan cifras nada auspiciosas para la derecha. Antes bien, la población marca un distanciamiento fuerte con ambos conglomerados políticos. En un momento de la historia del país -y acaso del mundo occidental- donde las fronteras entre derecha e izquierda son difusas, la gente se siente confundida y le resta adhesión a los políticos.

El tema no tiene urgencia, pues las elecciones municipales son en Chile el próximo año, y las presidenciales, recién el 2009. Pero que un cúmulo de candidatos eventuales de ambas coaliciones ya esté haciendo campaña habla de una cierta debilidad de la imagen de Michelle Bachelet como conductora “política”. Entre comillas va el término “política”, porque la credibilidad hacia las buenas intenciones de la gobernante es enorme. Todo el mundo le tiene simpatía, y acaso eso explica que las encuestas no la castiguen aún más.

Si el tema del sistema de transporte pareciera ser sólo un asunto de la capital, también las regiones del país, del norte al extremo sur, se encuentran alteradas, pues muchos fondos que deberían ir para fomentar el desarrollo de las provincias se destinan a parchar malamente el transporte en la capital. Los provincianos sienten que están “subvencionando” a los capitalinos.

Pero, en fin, lentamente, el transporte muestra señas de recuperación y puede ser que de aquí a un año esté funcionando de maravilla. Probablemente entonces las nuevas encuestas eleven la figura de Bachelet y sus ministros, y deje a la Concertación en mejor pie para las elecciones que habrá el 2008 y el 2009.

La crisis del transporte hace evidente la frustración de la gente y también destapa un cierto clima de insatisfacción generalizado donde los trabajadores tienen la sensación de que el éxito de Chile como país exportador, con opulentas arcas fiscales gracias, entre otras exportaciones, a los miles de millones de dólares que Chile ha conseguido vendiéndole cobre a China, no se derrama en sueldos dignos para ellos.

¿Qué es un sueldo digno en Chile? El honorario básico de un trabajador es tan bajo que mis lectores españoles abrirán espantados los ojos. Ronda apenas los 200 euros mensuales. Y si bien los distintos gobiernos de la Concertación centro-izquierdista muestran notables cifras de reducción de la pobreza, y un macizo esfuerzo para beneficiar a la población en salud, vivienda y educación, persiste la impresión demoledora de que la riqueza en Chile está brutalmente mal distribuida y que los economistas tienen más puesto el corazón en los temas de equilibrios macroeconómicos que en aliviar las necesidades de la gente.

La percepción de que los políticos y empresarios son indolentes a estos apremios fue tan grande que hace pocas semanas un incidente detonó en Chile lo que estaba tapado por distintos tipos de retóricas: la Iglesia católica, a través de su portador, el obispo Alejandro Goic, llamó a los poderes chilenos a establecer ya no un sueldo mínimo, sino un sueldo “ético”. E incluso le puso una cifra: 250.000 pesos. Algo así como 370 euros mensuales.

El noble obispo Goic recibió fuego granado e irónico de los economistas, y frases tiernas y evasivas de los políticos. Pero que la Iglesia, para usar un término futbolístico, pusiera en movimiento el balón, excitó la capacidad dormida de movilización de los chilenos, y, tras mucho tiempo de calma, se ha vuelto a ver efervescencia social en las calles del país.

Esto culminó el 29 de agosto, cuando la Central Unitaria de Trabajadores convocó a protestas en las calles. El Gobierno no las autorizó, pero las protestas de todos modos se hicieron. No faltaron los actos de vandalismo, ni tampoco las conductas sorprendentes de algunos políticos de la coalición gobernante, que se solidarizaron con los manifestantes “contra” su propio Gobierno.

Conclusión: ¡alarma roja! Varios políticos quieren perfilarse ante el pueblo como de “más izquierda” sembrando la polémica y la división entre las fuerzas gobernantes.

Un senador de origen popular, Alejandro Navarro, fue golpeado brutalmente por un policía, y las imágenes del político con la cabeza sangrando rumbo al hospital subieron la temperatura de los insatisfechos chilenos. Según un entretenido observador, también esa cabeza sangrante habría hecho subir el rating del senador algunos puntos en su improbable carrera hacia la presidencia de 2009.

Si la activa Iglesia chilena habló por imperativo ético, es porque percibe que hay una insatisfacción ya no sólo soterrada en Chile, sino muy expresiva, que a mediano plazo puede vulnerar el exitoso, aunque poco sensible, modelo de desarrollo.

¡Menuda encrucijada en la que se encuentra Chile: próspera economía con dramática desigualdad social, amplia riqueza que no va a dar al desarrollo de los pobres con la urgencia que éstos necesitan, sino al ritmo pusilánime de los equilibrios macroeconómicos, deterioro de la imagen de los políticos que hace que no cosechen “futuro” ni gobierno ni oposición!

Curioso momento: se esperaba que Michelle Bachelet fuera más izquierdista que sus predecesores, el demócrata-cristiano Eduardo Frei y el socialista Ricardo Lagos, pues partió con mayoría en la cámara de diputados y de senadores que le auguraba un rápido tranco en la aceleración de leyes que beneficiaran a los pobres y ratificaran el “Humanismo socialista” de la mandataria. Pero a poco andar, algunas figuras parlamentarias del bloque gobernante se desgajaron de él hacia una independencia crítica y la mayoría se ha vuelto inestable e impredecible.

¿Cómo es el amor en los tiempos del cólera? ¿Cómo se puede ser izquierdista en los tiempos de la beatificación mediática del neoliberalismo?

O, puesto de otra manera: ¿se puede ser socialista sin que se enojen los empresarios y los políticos socialistas? Al parecer, en el Chile de Bachelet, esta inocente pregunta no tiene por el momento respuesta.

Monopolio político mexicano

Por Jorge Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores de México y profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York (EL PAÍS, 14/09/07):

México es un país de monopolios, quizás incluso desde la época de la colonia y la Casa de Contratación de Sevilla. Los monopolios modernos no se limitan a lo bien sabido: teléfonos, medios de comunicación masiva, hidrocarburos, electricidad, bebidas y alimentos, sindicatos de profesores, de obreros, de mineros, y aerolíneas. Se extiende la ancestral condición monopólica mexicana a otros ámbitos, y en particular a la arena electoral. La renuencia de los tres primeros gobiernos democráticos de la historia moderna del país -Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón- a enfrentarse a esa estructura monopólica, muestra a la vez su fuerza, y la debilidad de la sociedad mexicana para combatirla. El tema va y viene, cambiando de énfasis según las coyunturas. Hoy es el monopolio del poder político el que se discute en México, y por desgracia, el que parece consolidarse.

El presidente Calderón ha entregado a las direcciones de los tres grandes partidos mexicanos -PRI, PAN y PRD- la responsabilidad de diseñar y construir un nuevo esquema institucional y electoral. Decisión inevitable y contradictoria a la vez: el Ejecutivo carece de la fuerza para realizar esa tarea por su cuenta, pero el curso actual es como pedirle a los monopolios que redacten su propia ley “anti-trust”. Lógica y tristemente, el remedio parece estar resultando peor que la enfermedad.

Por ahora, la reforma electoral probable sólo incluye un apartado positivo. Es posible que los tres partidos coincidieran en suprimir y/o prohibir la compra de tiempo-aire por candidatos o partidos durante las campañas y precampañas e incluso el resto del tiempo. La pregunta es si las poderosas empresas mexicanas de radio y televisión serán derrotadas en su embestida contra esta reforma -les costaría más de doscientos millones al año- y si le doblarán las corvas a los partidos, diluyéndola o emasculándola. En caso de aprobarse se trataría de un enorme paso adelante, en un país que ha copiado el sistema norteamericano de campañas electorales, en lugar de acercarse a los modelos europeo o latinoamericano.

Los elementos criticables de la reforma son, sin embargo y por desgracia, más probables que esta transformación esperanzadora. El primero consiste en colocar a los bueyes por detrás de la carreta. El procedimiento que han seguido casi todos los países donde se han llevado a cabo transformaciones político-electorales de cierta envergadura consiste en conducir de manera acompasada las reformas institucionales y las electorales, las primeras dominando a las segundas. Primero se decide qué tipo de régimen o diseño institucional se desea: presidencial, parlamentario, híbrido, con partidos fuertes o presidencia fuerte, etc. Y luego se decide qué tipo de arreglo electoral conviene a ese diseño: mayoría relativa, dos vueltas, representación proporcional, mezcla de ambos, reelección con o sin límites (en México no existe), candidaturas independientes con o sin regulación, umbrales de representación de partidos minoritarios, etc. Para variar, México está procediendo hoy exactamente al revés.

La segunda característica lamentable es más grave. Se trata de lo que podríamos llamar un verdadero golpe de Estado electoral. Básicamente el PRI, el PAN y el PRD, cada uno por razones distintas -y ciertamente las del PAN menos egoístas y estrechas que las de los otros dos-, parecen haberse puesto de acuerdo en cerrar con mortero, acero y blindaje la arena electoral mexicana. Allí no entra nadie, que no sea priísta, panista o perredista. Y además, ninguna corriente minoritaria de los tres “partidazos” podrá llegar jamás a postular un candidato presidencial.

Varias razones justifican este diagnóstico tan pesimista. La primera es que la prohibición de toda publicidad de gobierno municipal, estatal o federal con efigie equivale a congelar los índices de reconocimiento: los que están arriba ahora en las encuestas, allí seguirán, igual que los de abajo. Sobre todo si persiste la aberración actual, donde a 13 años del inicio de la democratización mexicana, todavía no existe un programa político a nivel nacional en televisión abierta, transmitido en tiempo triple A. En segundo lugar, la reforma parece buscar la expulsión de los partidos pequeños de la arena electoral, al reducir drásticamente su financiamiento, limitar su margen de alianzas y elevar el umbral para el registro; asimismo, se dificulta enormemente la formación de nuevos partidos. En tercer lugar, no sólo no habrá candidaturas independientes, sino que el PRI ha planteado elevar a rango constitucional la prohibición de dichas candidaturas. El motivo es evidente. Aun si el que escribe perdiera su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Gobierno de Felipe Calderón puede ser el primero de la historia de México en ser condenado por violar los derechos humanos de un ciudadano mexicano, es casi seguro que la próxima vez que alguien cuestione la constitucionalidad y/o compatibilidad con instrumentos internacionales de las disposiciones vigentes de la legislación electoral mexicana, gane. La Suprema Corte mexicana ya ha dado indicios de inclinarse en esa dirección, el Tribunal Electoral también. Todas estas medidas no deben ser abstraídas de su contexto: el fortalecimiento del monopolio de la partidocracia.

Por último, y peor todavía, los partidos pretenden secuestrar al Instituto Federal Electoral, la institución mexicana que goza de mayor credibilidad dentro y fuera del país. Se proponen nombrar a un auditor que fungiría como comisario político, reducir el número de consejeros y defenestrar a los dirigentes actuales, es decir, a quienes calificaron la elección presidencial del año pasado. No se entiende cómo pueden resultar ahora ineptos, mentirosos y hasta corruptos, los consejeros electorales que el año pasado determinaron con pericia y honestidad pecuniaria e intelectual la victoria de Felipe Calderón. Son hoy lo que eran ayer. Si merecen ser despedidos hoy, no merecieron ser creídos hace un año.

De tal suerte que México corre el riesgo no sólo de desperdiciar una magnífica oportunidad para emprender una ofensiva anti-monopólica en varios frentes, sino de ver fortalecido uno de los monopolios más perniciosos que padece. Los partidos políticos mexicanos carecen de credibilidad y prestigio entre la población, y lo saben. Por eso insisten desesperadamente en despojar a la sociedad mexicana de otras opciones, para no tener más remedio que seguir en sus manos: un pobre destino para un país con tanta promesa.

Monopolio político mexicano

Por Jorge Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores de México y profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York (EL PAÍS, 14/09/07):

México es un país de monopolios, quizás incluso desde la época de la colonia y la Casa de Contratación de Sevilla. Los monopolios modernos no se limitan a lo bien sabido: teléfonos, medios de comunicación masiva, hidrocarburos, electricidad, bebidas y alimentos, sindicatos de profesores, de obreros, de mineros, y aerolíneas. Se extiende la ancestral condición monopólica mexicana a otros ámbitos, y en particular a la arena electoral. La renuencia de los tres primeros gobiernos democráticos de la historia moderna del país -Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón- a enfrentarse a esa estructura monopólica, muestra a la vez su fuerza, y la debilidad de la sociedad mexicana para combatirla. El tema va y viene, cambiando de énfasis según las coyunturas. Hoy es el monopolio del poder político el que se discute en México, y por desgracia, el que parece consolidarse.

El presidente Calderón ha entregado a las direcciones de los tres grandes partidos mexicanos -PRI, PAN y PRD- la responsabilidad de diseñar y construir un nuevo esquema institucional y electoral. Decisión inevitable y contradictoria a la vez: el Ejecutivo carece de la fuerza para realizar esa tarea por su cuenta, pero el curso actual es como pedirle a los monopolios que redacten su propia ley “anti-trust”. Lógica y tristemente, el remedio parece estar resultando peor que la enfermedad.

Por ahora, la reforma electoral probable sólo incluye un apartado positivo. Es posible que los tres partidos coincidieran en suprimir y/o prohibir la compra de tiempo-aire por candidatos o partidos durante las campañas y precampañas e incluso el resto del tiempo. La pregunta es si las poderosas empresas mexicanas de radio y televisión serán derrotadas en su embestida contra esta reforma -les costaría más de doscientos millones al año- y si le doblarán las corvas a los partidos, diluyéndola o emasculándola. En caso de aprobarse se trataría de un enorme paso adelante, en un país que ha copiado el sistema norteamericano de campañas electorales, en lugar de acercarse a los modelos europeo o latinoamericano.

Los elementos criticables de la reforma son, sin embargo y por desgracia, más probables que esta transformación esperanzadora. El primero consiste en colocar a los bueyes por detrás de la carreta. El procedimiento que han seguido casi todos los países donde se han llevado a cabo transformaciones político-electorales de cierta envergadura consiste en conducir de manera acompasada las reformas institucionales y las electorales, las primeras dominando a las segundas. Primero se decide qué tipo de régimen o diseño institucional se desea: presidencial, parlamentario, híbrido, con partidos fuertes o presidencia fuerte, etc. Y luego se decide qué tipo de arreglo electoral conviene a ese diseño: mayoría relativa, dos vueltas, representación proporcional, mezcla de ambos, reelección con o sin límites (en México no existe), candidaturas independientes con o sin regulación, umbrales de representación de partidos minoritarios, etc. Para variar, México está procediendo hoy exactamente al revés.

La segunda característica lamentable es más grave. Se trata de lo que podríamos llamar un verdadero golpe de Estado electoral. Básicamente el PRI, el PAN y el PRD, cada uno por razones distintas -y ciertamente las del PAN menos egoístas y estrechas que las de los otros dos-, parecen haberse puesto de acuerdo en cerrar con mortero, acero y blindaje la arena electoral mexicana. Allí no entra nadie, que no sea priísta, panista o perredista. Y además, ninguna corriente minoritaria de los tres “partidazos” podrá llegar jamás a postular un candidato presidencial.

Varias razones justifican este diagnóstico tan pesimista. La primera es que la prohibición de toda publicidad de gobierno municipal, estatal o federal con efigie equivale a congelar los índices de reconocimiento: los que están arriba ahora en las encuestas, allí seguirán, igual que los de abajo. Sobre todo si persiste la aberración actual, donde a 13 años del inicio de la democratización mexicana, todavía no existe un programa político a nivel nacional en televisión abierta, transmitido en tiempo triple A. En segundo lugar, la reforma parece buscar la expulsión de los partidos pequeños de la arena electoral, al reducir drásticamente su financiamiento, limitar su margen de alianzas y elevar el umbral para el registro; asimismo, se dificulta enormemente la formación de nuevos partidos. En tercer lugar, no sólo no habrá candidaturas independientes, sino que el PRI ha planteado elevar a rango constitucional la prohibición de dichas candidaturas. El motivo es evidente. Aun si el que escribe perdiera su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Gobierno de Felipe Calderón puede ser el primero de la historia de México en ser condenado por violar los derechos humanos de un ciudadano mexicano, es casi seguro que la próxima vez que alguien cuestione la constitucionalidad y/o compatibilidad con instrumentos internacionales de las disposiciones vigentes de la legislación electoral mexicana, gane. La Suprema Corte mexicana ya ha dado indicios de inclinarse en esa dirección, el Tribunal Electoral también. Todas estas medidas no deben ser abstraídas de su contexto: el fortalecimiento del monopolio de la partidocracia.

Por último, y peor todavía, los partidos pretenden secuestrar al Instituto Federal Electoral, la institución mexicana que goza de mayor credibilidad dentro y fuera del país. Se proponen nombrar a un auditor que fungiría como comisario político, reducir el número de consejeros y defenestrar a los dirigentes actuales, es decir, a quienes calificaron la elección presidencial del año pasado. No se entiende cómo pueden resultar ahora ineptos, mentirosos y hasta corruptos, los consejeros electorales que el año pasado determinaron con pericia y honestidad pecuniaria e intelectual la victoria de Felipe Calderón. Son hoy lo que eran ayer. Si merecen ser despedidos hoy, no merecieron ser creídos hace un año.

De tal suerte que México corre el riesgo no sólo de desperdiciar una magnífica oportunidad para emprender una ofensiva anti-monopólica en varios frentes, sino de ver fortalecido uno de los monopolios más perniciosos que padece. Los partidos políticos mexicanos carecen de credibilidad y prestigio entre la población, y lo saben. Por eso insisten desesperadamente en despojar a la sociedad mexicana de otras opciones, para no tener más remedio que seguir en sus manos: un pobre destino para un país con tanta promesa.

>Monopolio político mexicano

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Por Jorge Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores de México y profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York (EL PAÍS, 14/09/07):

México es un país de monopolios, quizás incluso desde la época de la colonia y la Casa de Contratación de Sevilla. Los monopolios modernos no se limitan a lo bien sabido: teléfonos, medios de comunicación masiva, hidrocarburos, electricidad, bebidas y alimentos, sindicatos de profesores, de obreros, de mineros, y aerolíneas. Se extiende la ancestral condición monopólica mexicana a otros ámbitos, y en particular a la arena electoral. La renuencia de los tres primeros gobiernos democráticos de la historia moderna del país -Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón- a enfrentarse a esa estructura monopólica, muestra a la vez su fuerza, y la debilidad de la sociedad mexicana para combatirla. El tema va y viene, cambiando de énfasis según las coyunturas. Hoy es el monopolio del poder político el que se discute en México, y por desgracia, el que parece consolidarse.

El presidente Calderón ha entregado a las direcciones de los tres grandes partidos mexicanos -PRI, PAN y PRD- la responsabilidad de diseñar y construir un nuevo esquema institucional y electoral. Decisión inevitable y contradictoria a la vez: el Ejecutivo carece de la fuerza para realizar esa tarea por su cuenta, pero el curso actual es como pedirle a los monopolios que redacten su propia ley “anti-trust”. Lógica y tristemente, el remedio parece estar resultando peor que la enfermedad.

Por ahora, la reforma electoral probable sólo incluye un apartado positivo. Es posible que los tres partidos coincidieran en suprimir y/o prohibir la compra de tiempo-aire por candidatos o partidos durante las campañas y precampañas e incluso el resto del tiempo. La pregunta es si las poderosas empresas mexicanas de radio y televisión serán derrotadas en su embestida contra esta reforma -les costaría más de doscientos millones al año- y si le doblarán las corvas a los partidos, diluyéndola o emasculándola. En caso de aprobarse se trataría de un enorme paso adelante, en un país que ha copiado el sistema norteamericano de campañas electorales, en lugar de acercarse a los modelos europeo o latinoamericano.

Los elementos criticables de la reforma son, sin embargo y por desgracia, más probables que esta transformación esperanzadora. El primero consiste en colocar a los bueyes por detrás de la carreta. El procedimiento que han seguido casi todos los países donde se han llevado a cabo transformaciones político-electorales de cierta envergadura consiste en conducir de manera acompasada las reformas institucionales y las electorales, las primeras dominando a las segundas. Primero se decide qué tipo de régimen o diseño institucional se desea: presidencial, parlamentario, híbrido, con partidos fuertes o presidencia fuerte, etc. Y luego se decide qué tipo de arreglo electoral conviene a ese diseño: mayoría relativa, dos vueltas, representación proporcional, mezcla de ambos, reelección con o sin límites (en México no existe), candidaturas independientes con o sin regulación, umbrales de representación de partidos minoritarios, etc. Para variar, México está procediendo hoy exactamente al revés.

La segunda característica lamentable es más grave. Se trata de lo que podríamos llamar un verdadero golpe de Estado electoral. Básicamente el PRI, el PAN y el PRD, cada uno por razones distintas -y ciertamente las del PAN menos egoístas y estrechas que las de los otros dos-, parecen haberse puesto de acuerdo en cerrar con mortero, acero y blindaje la arena electoral mexicana. Allí no entra nadie, que no sea priísta, panista o perredista. Y además, ninguna corriente minoritaria de los tres “partidazos” podrá llegar jamás a postular un candidato presidencial.

Varias razones justifican este diagnóstico tan pesimista. La primera es que la prohibición de toda publicidad de gobierno municipal, estatal o federal con efigie equivale a congelar los índices de reconocimiento: los que están arriba ahora en las encuestas, allí seguirán, igual que los de abajo. Sobre todo si persiste la aberración actual, donde a 13 años del inicio de la democratización mexicana, todavía no existe un programa político a nivel nacional en televisión abierta, transmitido en tiempo triple A. En segundo lugar, la reforma parece buscar la expulsión de los partidos pequeños de la arena electoral, al reducir drásticamente su financiamiento, limitar su margen de alianzas y elevar el umbral para el registro; asimismo, se dificulta enormemente la formación de nuevos partidos. En tercer lugar, no sólo no habrá candidaturas independientes, sino que el PRI ha planteado elevar a rango constitucional la prohibición de dichas candidaturas. El motivo es evidente. Aun si el que escribe perdiera su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Gobierno de Felipe Calderón puede ser el primero de la historia de México en ser condenado por violar los derechos humanos de un ciudadano mexicano, es casi seguro que la próxima vez que alguien cuestione la constitucionalidad y/o compatibilidad con instrumentos internacionales de las disposiciones vigentes de la legislación electoral mexicana, gane. La Suprema Corte mexicana ya ha dado indicios de inclinarse en esa dirección, el Tribunal Electoral también. Todas estas medidas no deben ser abstraídas de su contexto: el fortalecimiento del monopolio de la partidocracia.

Por último, y peor todavía, los partidos pretenden secuestrar al Instituto Federal Electoral, la institución mexicana que goza de mayor credibilidad dentro y fuera del país. Se proponen nombrar a un auditor que fungiría como comisario político, reducir el número de consejeros y defenestrar a los dirigentes actuales, es decir, a quienes calificaron la elección presidencial del año pasado. No se entiende cómo pueden resultar ahora ineptos, mentirosos y hasta corruptos, los consejeros electorales que el año pasado determinaron con pericia y honestidad pecuniaria e intelectual la victoria de Felipe Calderón. Son hoy lo que eran ayer. Si merecen ser despedidos hoy, no merecieron ser creídos hace un año.

De tal suerte que México corre el riesgo no sólo de desperdiciar una magnífica oportunidad para emprender una ofensiva anti-monopólica en varios frentes, sino de ver fortalecido uno de los monopolios más perniciosos que padece. Los partidos políticos mexicanos carecen de credibilidad y prestigio entre la población, y lo saben. Por eso insisten desesperadamente en despojar a la sociedad mexicana de otras opciones, para no tener más remedio que seguir en sus manos: un pobre destino para un país con tanta promesa.

La reforma del Senado en España

Por Alberto Penadés, Profesor titular de Escuela universitaria del área de Sociología en la Universidad de Salamanca y doctor-miembro del Instituto Juan March, e Ignacio Urquizu-Sancho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública (2001) por la Universidad Complutense de Madrid (FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, 01/06/07):

El propósito de este proyecto de investigación es hacer propuestas que mejoren el funcionamiento del Senado español como cámara de representación territorial. En este sentido, las propuestas se centran en dos bloques, la selección de los senadores y las tareas del senado. Respecto al primero, estudiando otros países de nuestro entorno, se presentan diferentes simulaciones que nos permitan comparar la composición del Senado si cambiamos el sistema electoral. Respecto al segundo, tras observar las funciones de las cámaras altas en países de nuestro entorno, se enumeraran una serie de propuestas que sirvan para dar más protagonismo y relevancia al Senado.

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