>France’s minorities under fire
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>"Me siento como un nazi"
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>Boicot al racismo en Arizona
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>Derechos humanos y orden mundial
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La situación de los derechos humanos en el mundo, lejos de mejorar, se deteriora de manera alarmante y los avances de la democracia que siguieron a la extinción de la URSS se han detenido bruscamente. El descrédito o la inoperancia de la ONU, en vez de mitigarse, aumenta en medio de un enfrentamiento ideológico o geopolítico frenético entre grupos regionales, hasta el punto de que el presidente de la actual sesión de la Asamblea General, el sacerdote nicaragüense Miguel d’Escoto, por su verbo desbocado, sus viajes militantes y sus indiscreciones, provoca el asombro cuando no la irrisión en el enrevesado universo diplomático del rascacielos de cristal de Manhattan.
La justicia universal y los debates de la ONU reflejan un mundo en el que los regímenes democráticos se hallan en franca minoría, como se pudo comprobar recientemente cuando los países africanos y árabes arroparon al presidente de Sudán, Omar el Bashir, contra el que el Tribunal Penal Internacional (TPI) lanzó una orden de captura tras acusarlo de las atrocidades en Darfur. La decisión del TPI, que hasta entonces solo había procesado a los jefes de Estado en desgracia, fue aplaudida por las víctimas y por las oenegés, pero recusada por los países del tercer mundo que denuncian ritualmente el doble rasero o la justicia de dos velocidades, mientras el verdugo denigra a los occidentales.
LA CONFERENCIA de la ONU sobre el racismo en Ginebra, para revisar los progresos tras la de Durban (Sudáfrica) en el 2001, provocó la confusión, el tumulto y el boicot de varios países importantes (Estados Unidos, Alemania, Italia, Holanda e Israel), pese a que los diplomáticos habían pasteleado un documento finalmente aprobado que eliminaba cualquier asunto vidrioso: la discriminación religiosa, la ocupación israelí, la libertad de expresión y el concepto islámico de difamación de las religiones como intento subrepticio de justificar la censura.
La reunión de Durban, más proclive a la venganza retórica que a la conciliación, degeneró en una plataforma contra Israel, empeñada en demonizar al sionismo como una forma de racismo, y en una causa general contra el colonialismo. La farsa adquirió tintes siniestros cuando algunos líderes africanos exigieron compensaciones sin reparar en que la esclavitud, la hambruna y los asesinatos masivos volvían a sus países con gobiernos corruptos y despóticos. En el 2007, el representante de la ONU, Doudou Diene, encendió la controversia con un informe inflamado en el que definió la islamofobia como una forma de racismo que hinca sus raíces en las Cruzadas y la Reconquista española, al mismo tiempo que estigmatizaba a los intelectuales europeos y americanos por predicar el laicismo o proferir insultos contra la religión del Profeta.
Las buenas intenciones del cónclave ginebrino no resistieron la provocación del presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, un especialista de la diatriba antisemita, vulgar y ruidoso negacionista que considera un mito el Holocausto y que ha reclamado en varias ocasiones la aniquilación de Israel. Único orador presidencial en el devaluado foro ginebrino, el delegado de los ayatolás describió al Estado de Israel como creado por los poderes satánicos “para establecer un Gobierno racista en la Palestina ocupada”, un ultraje que no pudieron soportar los enviados de la Unión Europea (UE).
Al igual que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, creado en el 2006 e integrado por cuotas regionales, la conferencia de Ginebra no pudo superar una politización a ultranza ni el espectáculo de una tribuna sarcásticamente dominada por una alianza de facto entre países cuyos gobiernos son notorios violadores de todos los códigos: la mayoría de los miembros de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), Cuba, China e incluso Rusia. De las 10 sesiones extraordinarias del consejo desde su creación, cinco estuvieron dedicadas al conflicto árabe-israelí, mientras un espeso silencio se cernía sobre las iniquidades en el tercer mundo.
EL CIRCO montado en Ginebra por el presidente iraní, bajo el paraguas de la ONU, desnuda un mal de nuestra época que explica la contradicción de ver al presidente Obama boicoteando un cónclave sobre el racismo. Declina el activismo en pro de los derechos humanos, y el antirracismo, confundido con el antisemitismo, deviene una ideología para enmascarar los despotismos de la corrupción o de la utilización del islam como barrera para defender el oscurantismo reaccionario y explotador de los recursos. “Una nueva Inquisición –según concluye el filósofo francés Pascal Bruckner– que enarbola la difamación de la religión para aniquilar cualquier impulso de duda, particularmente en los países islámicos”.
La ONU, incapaz de reformarse, vive en crisis existencial, organizando dispendiosas reuniones con el presupuesto que se nutre de los países democráticos que luego son colocados en el banquillo de los acusados por los representantes de tiranías recalcitrantes. El camino del arrepentimiento y la penitencia seguidos por algunos occidentales premia a los integristas que utilizan el respeto de la religión o de la cultura para conculcar o restringir los derechos humanos. Europa aparece dividida entre los que propugnan la resistencia, pese a todos los inconvenientes, o los que abogan por el abandono para forzar la reforma del orden mundial y promover la decencia y la cordura.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>Irán revienta la cumbre contra el racismo
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La Conferencia contra el Racismo auspiciada por Naciones Unidas en su sede de Ginebra, apodada Durban II, nacía coja por el boicoteo anunciado por Israel, Estados Unidos y varios países occidentales, entre ellos Alemania e Italia. Nulas eran las probabilidades de que se pudiera celebrar sin sobresaltos. El guión estaba escrito y ninguno de los actores eludió su papel.
Como estaba previsto, fue el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, el único jefe de Estado de un país importante que participa en la cumbre, quien lanzó desde la tribuna una virulenta diatriba contra Israel, Estados Unidos y Europa. No dejó títere con cabeza.
“Después de la II Guerra Mundial, recurrieron a la agresión militar para convertir en desposeídos a una nación entera con el pretexto del sufrimiento de los judíos… Y enviaron a emigrantes desde Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo para establecer un Gobierno totalmente racista en la Palestina ocupada. Y, de hecho, en compensación por las espantosas consecuencias del racismo en Europa, ayudaron a otorgar poder al régimen más cruel, represivo y racista en Palestina”, dijo el presidente Ahmadineyad.
Los delegados de 30 países occidentales, incluidos los españoles, se levantaron como un resorte y abandonaron la sala.
La cumbre contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia -iniciada la misma fecha en que Israel comienza a conmemorar el Día del Recuerdo del Holocausto, y que coincide este año en el calendario judío con el aniversario del nacimiento de Adolf Hitler- deja patente la brecha entre Occidente y el resto del mundo. Pero no hay duda de que el discurso del presidente iraní en nada contribuyó a atemperar los ánimos.
Ahmadineyad fue tachado de “racista” por activistas que se colocaron pelucas de colores, narices de payaso y lanzaron algún objeto contra el mandatario. Los gritos de los partidarios de Israel, en el exterior de la sala, se escuchaban mezclados con los aplausos que parte de los delegados dedicaban al presidente iraní.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que se esforzó en sus llamamientos para impedir el boicoteo occidental y que aseguró antes de la conferencia que el borrador que se someterá a votación es “equilibrado”, también arremetió contra la carencia de tacto de Ahmadineyad. Sus palabras, explicó Ban, “pretenden acusar, dividir e incitar… Su discurso hace significativamente más difícil encontrar soluciones constructivas para el problema del racismo”.
“Es completamente inapropiado en una conferencia destinada a cultivar la diversidad y la tolerancia”, añadió Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Las negociaciones llevadas a cabo durante meses para pactar un texto que colmara las aspiraciones de unos y otros desembocaron en la omisión de referencias explícitas a Israel y al conflicto árabe-israelí, después de que en Durban (Suráfrica), en 2001, el documento aprobado equiparara el sionismo con el racismo. Sí menciona la necesidad de recordar el Holocausto, a la vez que excluye el concepto de “difamación de religiones”, que los países musulmanes pretendían incluir y que Occidente rechazó porque puede limitar la libertad de expresión.
El Gobierno israelí no ha ahorrado esfuerzos para promover el boicoteo de los países europeos y EE UU. Y ayer mismo mostró su indignación al llamar a consultas a su embajador en Suiza, Ilan Elgar, después de que el presidente helvético, Hans Rudolf Merz, se entrevistara con Ahmadineyad. El delegado israelí ante el foro suizo de la ONU, Ronnie Lashno-Yaar, dirigía una campaña para desacreditar al régimen iraní centrada en las violaciones de derechos humanos y las ejecuciones públicas.
No faltan, sin embargo, las voces en Israel que critican a su Gobierno por el boicoteo a la cumbre. Consideran que es necesario que se escuche su voz y que su ausencia sólo contribuye a que líderes como Ahmadineyad lleven la iniciativa.
Los representantes europeos aseguraban que regresarían a las sesiones de la conferencia tras el ataque frontal del presidente persa al Estado sionista. En todo caso, la cumbre difícilmente concluirá en éxito.
>Durban II, à l’ombre d’Orwell
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En Egypte, un des donneurs de leçons patentés au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le syndicat des médecins, s’oppose au don d’organes entre personnes de religions ou de nationalités différentes au prétexte d’un hypothétique trafic d’organes. Le quotidien panarabe Al-Hayat qui s’en est indigné estime que cette prise de position «vise en réalité les Egyptiens coptes et musulmans et que son langage confine au racisme». En Arabie Saoudite, qui siège aussi parmi les 47 membres de l’organe onusien des droits de l’homme, le fonctionnaire chargé des châtiments corporels à la prison des femmes à Riyad refuse d’être appelé «bourreau», se voulant plus prosaïquement «exécuteur des peines religieuses», puisqu’il ne fait «qu’appliquer la volonté d’Allah» conformément à la stricte observance de la charia islamique dans le royaume wahhabite.
Au Venezuela, on ne plaisante guère davantage avec l’ordre établi par le président Chávez : les émissaires de l’ONG Human Rights Watch l’ont appris à leurs dépens quand en septembre, le chef d’une escouade d’agents de sécurité venus les chercher à l’hôtel pour les expulser manu militari, s’est présenté à eux comme «fonctionnaire des droits de l’homme»…
Dans ce même ordre d’idées, l’Organisation de la conférence islamique (OCI), qui dispose d’un tiers des sièges au Conseil des droits de l’homme, n’a-t-elle pas fait adopter une modification du mandat du rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, l’enjoignant désormais de faire la chasse aux individus qui abuseraient de ce droit ?
Autant d’exemples aux réminiscences orwelliennes. Dans la novlangue, le langage perverti imaginé par l’écrivain britannique George Orwell dans son roman 1984, Big Brother proclamait : «La guerre, c’est la paix. La liberté, c’est l’esclavage, et l’ignorance, c’est la force.» Manipuler les mots est le propre de toutes les propagandes ou de toutes les dictatures. Ainsi, la junte militaire birmane a-t-elle remplacé le nom du pays par «Myanmar», comme si cela suffisait à changer la réalité. Les Khmers rouges avaient fait de même avec le Kampuchea démocratique, redevenu le Cambodge à la chute de leur régime meurtrier. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’on en viendrait pour peu à s’interroger sur la transformation en 2006 de la Commission en Conseil des droits de l’homme aux Nations unies…
Alors que le nouvel organe a été investi par une majorité d’Etats eux-mêmes en délicatesse avec les principes qu’ils sont censés promouvoir et défendre, à l’usage le remède s’avère pire que le mal. «C’est comme si l’on faisait appel à des criminels notoires pour faire la police dans le monde», avait déploré Mohammed Zitout, de l’ONG panarabe Al-Karama, lors de la constitution du Conseil. Autre ombre au tableau, près de 80 % des exécutions capitales officiellement enregistrées en 2008 à travers le monde l’ont été dans des pays siégeant au Conseil, la Chine largement en tête de ce sinistre décompte. Le Conseil n’en a cure, pas plus qu’il ne se préoccupe des violations commises en Russie, au Pakistan, à Cuba, en Algérie, au Zimbabwe ou dans d’autres pays liberticides, sans parler du sort des Tibétains ou des Papous d’Indonésie.
Au nom du relativisme culturel à la mode, le révisionnisme est à l’œuvre avec des droits de l’homme à géométrie variable. Emmenés par la Chine et l’OCI, nombre de pays s’accrochent à la sacro-sainte souveraineté des Etats pour contester le concept même d’universalité. Or, ce sont ceux-là précisément qui violent les droits de l’homme, alors que leurs victimes, elles, s’en réclament. Le clivage se situe entre démocraties et dictatures, quelles que soient les latitudes : de fait, on assiste au démantèlement subreptice du système des droits de l’homme patiemment mis en place depuis l’adoption en 1948 de la déclaration universelle. Déjà les mandats de rapporteurs ont été supprimés pour le Bélarus, Cuba, la république démocratique du Congo, le Liberia et le Soudan. Il est maintenant question d’éliminer les dernières procédures spéciales par pays et de renoncer à mentionner des noms précis. A une exception près, Israël, redevenu le bouc émissaire par excellence. Cinq sessions spéciales sur neuf lui ont été consacrées et, en trois ans, il a fait l’objet de 26 résolutions sur 33 concernant les pays. Pour les membres de l’OCI qui en ont fait leur principal cheval de bataille avec la «diffamation des religions», cette fixation sur le Proche-Orient fait écran à tout vrai débat sur le racisme et les moyens de s’en débarrasser.
C’est dire que les dérives verbales et la confusion qui s’ensuit à la veille de l’ouverture de la conférence, dite de suivi contre le racisme, laissent entrevoir encore de belles heures à un antiracisme dévoyé. Le spectre de Durban semble s’être invité au palais des Nations à Genève, comme pour remettre en mémoire le sévère rappel d’Irwin Cotler, ancien ministre de la Justice du Canada, qui constatait : «L’Holocauste n’a pas commencé dans les chambres à gaz, mais avec des mots», renvoyant en écho ce propos de Karl Jaspers qui prévenait naguère : «Quand le désordre atteint le langage, tout tourne au désastre.»
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>Xenofobia con y sin papeles
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La xenofobia (odio u hostilidad hacia los extranjeros), que entronca como fenómeno antropológico con el racismo y el etnocentrismo, ataca ahora al núcleo duro de las esencias europeas: la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea. El mercado común se basa, entre otros factores, en la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales. Pues bien, la reciente escalada de protestas laborales en el Reino Unido, calificadas de xenófobas, tiene su origen en el hecho de que la petrolera francesa Total encargó a una empresa italiana la construcción de una refinería, para la que fueron contratados obreros italianos y portugueses.
Frente a esto, la consigna de las protestas ha sido “el empleo británico, para trabajadores británicos”. En resumen: la movilidad de la mano de obra comunitaria está siendo cuestionada y, con ella, la libre circulación y, finalmente, también el mercado común europeo. Es notorio también que no ha tardado en tildarse estas protestas de xenófobas.
ES ASÍ COMO la civilizada Europa, que se autoproclama antixenófoba solo cuando le conviene, muestra uno de sus puntos débiles. Y, para muestra, un botón: las alarmas europeas antixenófobas saltan, como en el caso británico, cuando los extranjeros discriminados son nativos de países comunitarios. La razón es obvia: tolerar esta discriminación liquidaría de raíz el mismo mercado común y, con él, la piedra angular de la política comunitaria. Ello contrasta con la actitud comunitaria y de cada uno de los países miembros frente a los inmigrantes de países terceros, de fuera de la Unión Europea. A estos, ni agua. De los intentos administrativos de contención de la inmigración, el control de fronteras o las patrullas mixtas en aguas de la costa africana hemos pasado directamente a un nuevo concepto: según el ministro italiano del Interior, la Administración tiene que ser “mala” con los inmigrantes ilegales y aplicarles todo el rigor de la ley.
Más recientemente aún, el Senado italiano pretende suprimir la prohibición al personal sanitario de denunciar a los pacientes en situación irregular o, lo que es lo mismo, se pretende que los médicos denuncien a sus pacientes inmigrantes en situación irregular. De este modo se criminaliza lo que debería ser en principio una irregularidad administrativa, se convierte al médico en policía y se inculca el miedo en el paciente inmigrante irregular equiparándole a un delincuente.
ESTA xenofobia, como la que se ejerce en otros países comunitarios (España no es una excepción: a pesar de la regularización, recordemos el trato a los aún sin papeles, las pateras, las retenciones administrativas o los traslados aéreos de subsaharianos a países de origen) no es reconocida en Europa como tal y se la tolera simplemente porque no cuestiona ni el mercado único ni sus bases económicas, como tampoco las cuestiona, por ejemplo, la milenaria y vergonzante xenofobia contra los gitanos. Parece, pues, que en Europa existen dos categorías de xenofobia en función de si la víctima es europea o no: la primera es condenable, la segunda es política de Estado bendecida incluso por algunos parlamentos democráticos. Así, el cosmopolitismo europeo se basa en buena medida en el etnocentrismo, esto es, en nuestro cosmopolitismo.
Ambas xenofobias tienen la misma base: la crisis económica y el riesgo de exclusión social. El mismísimo John Monks (secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos) afirmaba recientemente a raíz de los referidos sucesos en el Reino Unido: “Necesitamos una nueva ley europea de migración ya que las normas actuales son insuficientes. En épocas en las que el desempleo crece, esas normas no bastan como garantía de que la mano de obra barata no será importada en masa, en detrimento de determinados colectivos”.
Es la acumulación de riesgos que generan exclusión social la que prende la mecha del conflicto: si a la diferencia cultural le sumamos la crisis económica y de los servicios sociales en el país de acogida y, finalmente, la debacle del mercado laboral –tanto para los oriundos como para los recién llegados–, tenemos el caldo servido: xenofobia, exclusión y conflicto social son distintas caras del mismo problema. Los conflictos por la instalación de equipamientos religiosos, por la celebración de determinados festejos étnicos o por los distintos horarios comerciales de establecimientos regentados por inmigrantes esconden en realidad una alarmante pérdida de la cohesión social que amenaza con extender el conflicto.
FRENTE A ELLO, se hace imprescindible dar potestad con urgencia al poder local –los ayuntamientos y los distritos de nuestras ciudades– con el fin de que pueda intervenir para suturar las heridas intentando restablecer la cohesión social. Para ello es imprescindible invertir en tecnología social, más compleja, también más eficaz que la simple inversión en infraestructuras de ladrillo. A esta conclusión ha llegado incluso el Foro Económico de Davos, que advierte de que, de no mediar acciones coordinadas a escala mundial, también en este campo, pronto se propagarán “drásticos conflictos sociales”. Conflictos agravados por la xenofobia, sea esta contra inmigrantes con o sin papeles.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>Vacuna o contagio
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La huelga ilegal protagonizada por los trabajadores de una refinería de la multinacional de origen francés Total en el nordeste de Inglaterra reivindicaba que los empleos generados para la ampliación de sus instalaciones fuesen preferentemente para los británicos. La empresa contratada para desarrollar el citado proyecto es italiana, y el resultado de la protesta ha sido que a los 195 trabajadores previstos inicialmente, procedentes de Italia y Portugal, se les sumarán otro 102 puestos adjudicados a ciudadanos de Gran Bretaña. Un conflicto aislado suscitado en torno a una exigencia inadmisible en el marco de la Unión Europea ha podido convertirse en ejemplo para otras partes o en vergonzoso episodio capaz de hacer reaccionar a las democracias europeas, incluido el Reino Unido, contra lo que podría convertirse en una ola de fondo xenófoba oculta bajo el eufemismo proteccionista. Que este y otros casos actúen como vacuna o, por el contrario, contagien al resto de Europa depende de una pronta respuesta política y sindical. Pero el poder de contagio no es desdeñable, y se basa tanto en condiciones culturales y psicológicas como, paradójicamente, en la resistencia a la movilidad de los trabajadores en la mayoría de los valles europeos.
La preeminencia de los nacionales a la hora de acceder a un puesto de trabajo constituye una inclinación natural que se agudiza en época de vacas flacas. En nuestro caso, podríamos pensar en la naturalidad con la que alguien se inclinaría a reivindicar la preferencia de los ciudadanos de cada autonomía e incluso de cada localidad; una práctica que de facto está presente en la ubicación de nuevos proyectos empresariales y puede hacerse notar, por ejemplo, con la implantación del plan extraordinario de inversión local. Pero esa reacción primaria que concibe un “nosotros” restrictivo es precisamente lo que trata de corregir la democracia con la plasmación jurídica de un espacio de convivencia abierto. La libre circulación de trabajadores en el marco de la Unión no sólo es un requisito de la economía global; representa también la condición para el desarrollo humano en un entorno cada vez más interdependiente. Aunque sería necesario lograr que se garantice una competencia sujeta a reglas comunes, de manera que ningún contrato laboral cuestione la legalidad propia del país en que se suscriba y el convenio colectivo de referencia. Del mismo modo que ninguna empresa contratada fuera de su país de origen debería verse obligada a modificar su plantilla inicial con nacionales del lugar donde va a desarrolla su tarea, tampoco debería poder negarse a que los nuevos puestos de trabajo que requiera sean ocupados por estos. En este plano, no resultaría demasiado difícil lograr que el mal ejemplo de la refinería de Lincolnshire se convirtiera en vacuna. Bastaría con que el sindicalismo europeo estableciera un criterio vinculante y así lo acuerden también los estados miembros de la Unión, de manera que la directiva correspondiente no pudiera ser aplicada ni con excepciones ni con excesos.
Aunque los efectos reales de dicha vacuna dependen, al final, de que los ciudadanos europeos hagan suya la eventualidad de trasladarse a trabajar y vivir en un lugar lejano al propio domicilio e incluso en otro país. Una posibilidad que está más presente en los sectores profesionales cualificados y entre los jóvenes, pero que encuentra resistencias en sectores de cualificación media que serán precisamente los más proclives al contagio de los huelguistas de la refinería británica. Mientras estos perciban todos los inconvenientes y ninguna de las ventajas de la libre circulación, el riesgo de que brote el proteccionismo social será alto en épocas de crisis. Pero hay otro virus menos sensible a las vacunas: la enésima ola restrictiva respecto a la inmigración extracomunitaria.
En este caso no se trata de una disputa por la preferencia en el acceso a un nuevo puesto de trabajo, aunque no hay que descartar que el deterioro de la economía conduzca a ello. Más bien se basa en la imputación genérica de males nada precisos a la afluencia de inmigrantes en situación de extrema necesidad o de práctica indigencia a países en recesión que durante los próximos dos o tres ejercicios soportarán un déficit imprevisto y se verán obligados a contener e incluso a recortar coberturas sociales. La última iniciativa legislativa de Berlusconi yel referéndum del pasado domingo en Suiza reflejan, a pesar de la victoria de posiciones aperturistas en este país, la existencia de división de pareceres respecto a un asunto teñido de xenofobia.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>La cacería ha empezado
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Los sucesos de Ponticelli no son, desgraciadamente, un hecho aislado en la Italia actual. La Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo, que inspeccionó en septiembre la situación de los gitanos en Italia, ha aprobado un demoledor informe de 23 páginas que resume la situación en tres frases: “Aumento de los episodios de racismo y xenofobia, algunos de ellos caracterizados por una violencia sin precedentes”, “sensación de malestar e inseguridad crecientes” y “pésimas condiciones de acogida”.
El documento, presentado por el presidente de la comisión, Gerard Deprez, y aprobado por 35 votos contra 12, acusa a instituciones y medios de comunicación de tratar el fenómeno migratorio con “dramatización exagerada y exasperada”, lo que contribuye a que “se mantenga la alarma social creada para justificar el paquete de seguridad y las ordenanzas de emergencia”.
Las conclusiones, elaboradas por los eurodiputados después de encuentros con parlamentarios italianos, el propio ministro del Interior, Roberto Maroni, ONG, Cruz Roja y Acnur, subrayan que “las condiciones del pueblo nómada han sido infravaloradas siempre por las autoridades públicas y resultan hoy seriamente comprometidas”.
El Parlamento reconoce algunos pasos positivos, como las intervenciones para mejorar las condiciones de vida en las chabolas de los campamentos, entre ellos, el de Casilino 900, que existe desde hace 35 años a 10 kilómetros del centro de Roma.
Dos parlamentarios italianos, Roberta Angelilli, de Alianza Nacional, y Mario Borghezio, de la Liga, presentaron un voto particular denunciando que el texto “dibuja un cuadro denigrante y no realista de la situación” y “expresa un juicio político instrumental antes que contribuir a la solución de los problemas”.
A otros, en cambio, les parece demasiado suave. La ONG EveryOne, que cuenta entre sus miembros con ciudadanos gitanos, afirma que “en Italia está en curso una campaña mediática y política dirigida a criminalizar al pueblo romaní y consentir así un número impresionante de desalojos brutales, intimidaciones, expulsiones de hecho y de ley de familias enteras, y abusos judiciales”.
En los últimos días, tres violaciones, una cometida en Primavalle, barrio de la periferia de Roma; otra en la cercana ciudad de Guidonia, y la tercera en Piacenza, al norte del país, han conmocionado a la población y han desencadenado, otra vez, la cacería indiscriminada de gitanos, rumanos.
Italia es el país de Europa más receloso ante los inmigrantes y los gitanos, según indican las encuestas internacionales, y de nuevo ha reaccionado al horror mirando hacia los sospechosos habituales. “Furia inhumana. Se peinan los campamentos romaníes”, titulaba el pasado miércoles el diario Corriere della Sera.
Tras las violaciones ha habido redadas de día y de noche en los campamentos cercanos a los hechos. Quinientas personas fichadas y veinte detenidas por motivos ajenos a los hechos. A cambio, no ha habido ningún arrestado por los ataques contra inmigrantes.
En Guidonia, el sábado de la semana pasada, un grupo de jóvenes de extrema derecha agredió a nueve extranjeros; el martes, una turba intentó linchar a los seis ciudadanos rumanos detenidos como sospechosos.
La noche anterior, cuando la policía aún buscaba a los autores del delito, la agencia Ansa rebotó estas declaraciones del ministro del Interior, Roberto Maroni, a la televisión RAI 1: “Los datos de violaciones en Italia son atribuibles en un 58% a italianos y en un 9% a rumanos. En Roma, la situación es distinta: 35% italianos y 31% rumanos. La diferencia se explica por la fuerte concentración. En mayo acabaremos con los campamentos ilegales de nómadas”. Las últimas estadísticas oficiales de 2007 reflejan, sin embargo, que el 90% de los delitos sexuales son atribuibles a ciudadanos italianos y sólo el 10% restante a extranjeros.
“Los sospechosos de la horrenda violación en grupo de una joven de 21 años en Guidonia resultaron ser, en efecto, rumanos, pero no de etnia romaní. Interior sólo comunicó este hecho el jueves, 48 horas después de los arrestos”, recuerda EveryOne. Para entonces, la mayoría de los medios de comunicación había dado por descontado que los culpables eran gitanos.
La lógica tensión del Gobierno, atacado por la oposición, que fue a su vez denigrada como ineficaz por la derecha, ha llevado a algunos ministros a ignorar incluso la presunción de inocencia. A raíz de que uno de los sospechosos confesara su implicación en los hechos de Guidonia tras ser interrogado toda la noche, el ministro de Exteriores, Franco Frattini, declaró: “Cumplirán la pena en Rumania”.
Sólo unas horas después de que la prensa difundiera la noticia de la violación de Primavalle (Roma), cometida por “dos extranjeros”, una banda de jóvenes destruyó varias chabolas del campamento del barrio. Aparecieron pintadas racistas. A continuación, las fuerzas de seguridad “completaron el trabajo y dejaron en la calle a 50 personas, entre ellas varios enfermos y más de 20 niños”. “Como suele pasar”, concluye Malini, “su única culpa era ser gitanos y vivir cerca del lugar del delito”.
Según se supo el pasado jueves, el Ayuntamiento de Roma ha destruido 124 asentamientos nómadas durante las últimas nueve semanas.
>Condenada a ser condenada
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La política de represión contra rumanos y gitanos en Italia se ha extremado. Angélica, una rumana de 16 años, acusada de intentar secuestrar a un bebé en Nápoles en mayo pasado, ha sido sentenciada a casi cuatro años de cárcel pese a las irregularidades y la falta de pruebas sólidas en el proceso. Tras el fallo judicial fluye una red de intereses políticos y urbanísticos. Y la mano de la Camorra
Angélica V., una rumana de 16 años, fue encarcelada el 11 de mayo pasado en Nápoles bajo una abrumadora acusación: intento de secuestro de un bebé. Hace sólo unos días, una juez del Tribunal de Menores napolitano ha condenado a la joven, que deberá cumplir tres años y ocho meses de cárcel. Es la primera condena de este tipo dictada contra una persona de etnia gitana en Italia. Su abogado va a recurrir la sentencia, pero no tiene esperanzas. “El juicio fue parcial, la apelación lo será también”, dice Christian Valle. “Durante todo el proceso se han violado derechos humanos de Angélica”, añade.
Angélica lleva ocho meses en la cárcel de menores napolitana de Nisidia, a pesar de que se ha declarado inocente y de que ha sido condenada sin más pruebas que el testimonio de la madre del bebé. Allí, el 100% de las internas son, como ella, de etnia gitana.
El insólito caso de Angélica se explica difícilmente en un país como Italia, que hasta ahora gasta justa fama de ser uno de los lugares de Occidente donde la certeza de la pena es menos cierta y la justicia menos eficiente. Para entender la paradoja basta con escuchar la frase pronunciada por Salvatore, un taxista romano: “Aquí, dottore, las reglas sólo son para los débiles”. Angélica V. es, desde luego, una persona débil. Aunque es europea de pleno derecho, no tiene carné de identidad, es joven, es mujer, es gitana y no ha estudiado. Para colmo, se le ocurrió aparecer por Nápoles cuando acababa de presentarse en sociedad la política de mano dura del flamante Gobierno Berlusconi.
Nápoles, harta de desgobierno y basura en las calles, había votado como nunca por Il Cavaliere. Más que casi nadie en Italia, y de largo, más que Milán. 36% de los votos en su ciudad, 48% en Nápoles.
Al frente de Interior, Berlusconi colocó a un hombre de la Liga Norte, el eterno número dos de Umberto Bossi. Tiene bigote y principios, es inteligente, le pierde el discurso xenófobo y populista, los sábados toca los teclados con una banda de blues y cuando era un joven de extrema izquierda mordió una pierna a un policía que le estaba deteniendo. Es Roberto Maroni, y su objetivo declarado es devolver las calles a los italianos, restaurar la sensación de seguridad.
Bobo Maroni llega con las ideas claras y el enemigo identificado. No es la Camorra, ni la ‘Ndrangheta, ni la Cosa Nostra. Son los gitanos. Como ha dicho su partido en la exitosa campaña electoral, “violan y matan a nuestras mujeres, roban bebés, asaltan ancianos”. Italia vive la “emergencia gitana”. Pero él lo arreglará y los echará a todos.
La historia de Angélica V. está ligada a los pogromos de Ponticelli. Las imágenes dieron la vuelta al mundo en mayo. Después de que una vecina del barrio lanzara la alarma por el intento de secuestro de su bebé, grupos de jóvenes motoristas se tomaron la justicia por su mano e incendiaron y asaltaron los campamentos gitanos del barrio.
“La reacción fue violentísima, alucinante”, recuerda Marco Imarisio, periodista local del Corriere della Sera, que cubrió los ataques para su diario y ahora ha plasmado lo que vio en un libro titulado Los días de la vergüenza. Crónica de una emergencia infinita (L’Ancora del Mediterraneo).
Algunos trataron de pintar los ataques como una revuelta popular contra los gitanos, como una espontánea batalla entre pobres, pero en Nápoles todo el mundo sabe que se trató de otra cosa: “Un fatto di Camorra”. Imarisio da un dato: “El clan que manda en el barrio cobraba 60 euros por cabeza a los gitanos por permitirles estar allí. Durante años. De repente, pasó de hacer negocio a quemarles las chabolas. La gente del barrio no quería a los gitanos, y ellos les cobraban el pizzo, hacían negocio con ellos. El presunto secuestro fue la excusa para echarlos y recuperar su autoridad”.
El tiempo, los meses pasados desde entonces, han revelado que bajo los salvajes ataques fluía un enredado cóctel de motivos elaborado con ingredientes de la peor marca. Degradación y miseria, racismo y demagogia, crimen organizado y especulación urbanística.
El hecho fundamental es que sobre algunos solares que ocupaban los campamentos ilegales quemados en mayo, el Ayuntamiento de Nápoles había decidido construir el Palaponticelli, una espectacular intervención urbana que fue declarada de interés público en junio de 2007 por la junta de la alcaldesa del Partido Demócrata, Rosa Russo Iervolino. Se trata de un proyecto faraónico, previsto sobre 85.000 metros cuadrados, que incluye un pabellón multiusos, sala de conciertos de 11.000 metros cuadrados, 44.000 metros más de zona comercial, parking para 3.000 coches, una nueva plaza pública, equipamientos… El costo es de 200 millones de euros, a cargo del promotor privado; y creará 1.000 empleos (http://www.comune.napoli.it).
En abril de 2008, Andrea Santoro, un concejal de Alianza Nacional, denunció públicamente que la operación era “una de las más grandes especulaciones constructoras y comerciales que haya golpeado jamás a la ciudad”. El edil advirtió, además, de que un sistema de cajas chinas protegía a la promotora, Palaponticelli, creada ad hoc en 2007 con un capital social de 2.500 euros. Dicha sociedad es propiedad de Armonia, empresa de Reggio Emilia, constituida con 10.000 euros de capital social y administrada por Marilù Faraone Mennella (conocida como Lady Confindustria, porque su marido es el ex presidente de la patronal italiana, Antonio Amato) y por Silvio de Simone.
Esa sociedad emiliana es propiedad de la romana DM, que a su vez, concluyó Santoro, es propiedad de un grupo outdoor: F1Napier, F2Napier, Hakon. “Sociedades luxemburgesas, anónimas, sujetas a una jurisdicción que hace imposible conocer a los socios. Detrás de Palaponticelli puede estar cualquiera”, afirmó el concejal.
Desde entonces, silencio absoluto. Las acusaciones quedaron en agua de borrajas. El proyecto siguió adelante. Y el jueves pasado, la junta municipal aprobó el proyecto definitivo sin oposición aparente.
El sitio elegido para el Palaponticelli, decía en 2007 la junta municipal, “está en condiciones de abandono y degradación”. Sólo un año después, el Ayuntamiento solucionó el problema sin poner un euro y sin realojar a nadie. “Los gitanos huyeron, fueron alojados en casas de acogida, y ahora la inmensa mayoría está en sus países”, explica Roberto Malini, de la ONG EveryOne.
El día del éxodo de los gitanos, Patrizio Gragnano, concejal ex comunista, culpó de los ataques tanto a la derecha como al Partido Demócrata (PD). “No han hecho otra cosa que sembrar odio y alimentar la exasperación de la gente”, declaró a La Repubblica. El periodista añadía, de su cosecha: “En el área donde se erigía uno de los campamentos gitanos está previsto construir el Palaponticelli, una estructura de 12.000 asientos para conciertos. El desalojo de los gitanos, allí, estaba programado hace tiempo”.
Volvamos al secuestro. La mujer que acusó a Angélica del intento de secuestro de su hija se llama Flora Martinelli, tiene 28 años y es hija de Ciro Martinelli, de 57 años, más conocido por los carabineros de Nápoles como O Cardinal y O Vescovo.
Martinelli es un colaborador del clan Sarno, la banda camorrista que domina Ponticelli, caracterizada por su habilidad para obtener contratos públicos. La hoja de antecedentes penales de O Vescovo ocupa varias páginas. En 1999 fue condenado por asociación para delinquir. Su hija, la madre del bebé, fue también arrestada en 2004 por un delito menor: falsedad ideológica cometida ante funcionario oficial (es decir, mentir a un policía) y falsificación de documentos relativos a la ITV y permisos de circulación.
Angélica había llegado a Italia desde Rumania hacía poco. Siempre andaba con su novio. Los gitanos de Ponticelli apenas la conocían. Vivían apartados, se buscaban la vida robando, mendigando y haciendo mandados. Angélica no robaba con especial astucia. Porque en pocos días se las arregló para sufrir dos intentos de linchamiento en Ponticelli. En ambos casos la salvó la policía, pero ninguno de sus agresores fue arrestado.
Tras la turbamulta, Angélica fue entregada a la Comunità di Monte Procida, una de tantas casas de familia que han surgido como champiñones por el territorio italiano, donde la caridad está privatizada, y casi siempre en manos de la Iglesia católica. Dos o tres días después se escapa y vuelve a Ponticelli. Pierde otra vez el miedo a morir. O quizá tiene hambre. Y el domingo 11, a las nueve y media de la noche, sube hasta el segundo piso de una casa e intenta llevarse un bebé. La madre la descubre. Setenta personas intentan lincharla otra vez. La policía la rescata. Es encarcelada el 13 de mayo.
La misma noche del 11 empiezan las vendettas. La primera víctima es un rumano no gitano. Tiene casa, no vive en los campamentos, es un obrero. Veinte personas le agreden. Patadas, puñetazos, un navajazo en la espalda. Luego siguen los incendios y las pedradas. Atacan todos: mujeres, niños y jóvenes. Mandan los Sarno. En 48 horas, todos los gitanos huyen de Ponticelli. La policía no es capaz de garantizar su seguridad. Dejan atrás enseres, ropa y cinco perros. Son como únicos pobladores en la tierra que humea. No hay detenidos.
Ése fue el relato que hizo la prensa entonces. Convincente quizá, pero incompleto. Porque, según Marco Imarisio, el periodista del Corriere, y el abogado de Angélica, el secuestro fallido nunca se produjo. “El rapto de la niña de Ponticelli nunca fue tal”, escribe Imarisio. “Del hecho de que nada encaje en esta historia está convencida incluso la policía, que dudó desde el principio de la versión oficial, construida sobre el relato de la madre de la niña y sus familiares”.
En su informe de conclusiones, la policía expresó “fortísimas dudas” sobre la “verosimilitud” de lo que pasó ese día. “Los móviles de los Martinelli fueron interceptados durante dos meses”, explica Imarisio, “para ver si en sus conversaciones privadas surgían los motivos reales de lo que a los investigadores les parecía una puesta en escena o, como mucho, una versión ampliada de algo que sucedió en la casa”.
O Cardinal fue quien sujetó a la muchacha cuando escapaba en el umbral de la puerta. “Es un personaje muy conocido, un hombre de respeto. Difícil pensar que alguien entre a robar en su casa, y menos a su nieta”.
Angélica había estado antes en esa casa, cuentan los vecinos, “al menos tres o cuatro veces”. “Probablemente muchas más”, según los inspectores. “Ella contó que iba a menudo porque le daban vestiditos”.
La madre del bebé afirmó a la policía que entró forzando la puerta y se llevó a la niña. En el juicio cambió la versión y dijo que la puerta estaba abierta. La tesis de la policía es que Angélica entró con permiso de la familia y que la madre de la niña dejó al bebé en el salón mientras iba a su cuarto a buscar algo; en ese momento, quizá, Angélica decidió robar algo y la madre lo vio.
Según la versión de la madre, cuando volvió al salón vio a la joven gitana saliendo por la puerta con la niña en brazos. La policía y el abogado juzgan inverosímil el relato: la distancia era muy corta y le habría dado tiempo a huir, “a no ser que hubiera dado un paso por minuto”. Pero la mamma insiste: salió, arrebató al bebé de los brazos a la chica y empezó a gritar.
El abuelo, que está en el piso inferior, oye los gritos y sube. Es un hombre alto y gordo. Tiene tiempo de cerrarle el paso en la escalera, pero misteriosamente la deja huir. Luego la persigue 500 metros, hasta que la alcanza. Un testigo cuenta que le preguntó a la chica si había intentado robar a la niña y que ella lo negó. A la policía le dijo lo contrario.
En el juicio, O Cardinal y sus vecinos sostuvieron que ninguno de ellos vio a Angélica con el bebé en brazos. Sólo la vio la mamma. Suficiente para la juez Cirillo. El 13 de enero, el Tribunal de Menores condenó a A. V. a tres años y ocho meses de cárcel con la agravante de menor indefenso, ya que la madre se encontraba en otra habitación.
“Tengo la impresión de que acaban de condenar a un inocente”, dijo Enzo Esposito, secretario de la ONG Opera Nomadi de Napoli. El abogado Valle tiene esa misma sensación. “No fue un juicio imparcial. Todas las preguntas de la defensa fueron consideradas irrelevantes. Y las actas no fueron traducidas, como pide la ley cuando el acusado no sabe italiano. El juez le ofreció un pacto: si se declaraba culpable, le cambiarían la pena por un programa de rehabilitación. Ella no aceptó. La única base de la condena es el testimonio de la madre del bebé. Increíble, sobre todo porque tiene antecedentes de haber mentido a la policía. Pero, según la fiscal y la juez, la madre no tenía ningún interés en acusar a la muchacha. Y no lo habría hecho si el rapto no hubiera ocurrido. No parece mal razonamiento, sobre todo en una ciudad donde las mammas no mienten. Entre una mamma napolitana, hija de un hombre de respeto, y una gitana ladrona, ¿a quién creer?
Tras la sentencia, el grupo de abogados Socorro Legal, al que pertenece el letrado Valle, emitió un comunicado. “Cada petición de la defensa ha sido sistemáticamente rechazada, incluso la admisión del abogado de oficio. (…) El aparato judicial ha desencadenado, así, su ofensiva contra la pequeña gitana, encarnizándose en una obsesión de castigo alimentada por el más vergonzoso racismo y la devastadora ideología de la seguridad de estirpe fascista”.
Angélica estaba condenada a ser condenada. Quizá tenía vocación de chivo expiatorio. En los días previos al incidente, los vecinos del barrio se habían reunido numerosas veces para estudiar la forma de echar de allí a los gitanos. Los habitantes de las casas populares nacidas en los años sesenta en la periferia oriental de Nápoles, hijas de la especulación administrada por el almirante y dueño de la ciudad, Achille Lauro, habían fundado no menos de cinco comités cívicos (Rinascita Ponticelli, Insieme per Ponticelli, Comitato Civico Lettieri…) para desalojar los campamentos, recuerda Imarisio.
Pero el cura de Ponticelli se oponía. Era el único defensor de los gitanos. Y cuando sucedió el pogromo declaró: “Aquí hay un trenzado perverso, algo más que mafia”. Se refería a Palaponticelli, a la eficaz unanimidad con la que los políticos y medios italianos han sembrado el odio contra la población romaní. En Nápoles, esa criminalización fue liderada por la izquierda, como demuestra el manifiesto-pogromo que distribuyó el Partido Demócrata local, titulado Fuera campamentos gitanos de Ponticelli.
Irónico, sobre todo si se piensa que los gitanos llevaban allí 15 años sin que el Ayuntamiento se hubiera ocupado nunca de integrarlos. Irónico, si se piensa que el barrio es un lugar absolutamente degradado y abandonado, donde la ley la impone la Camorra. Irónico, porque en aquellos días Ponticelli estaba ahogado por otra emergencia infinita -la de la basura- de la que sabe tanto el PD, que gobierna la región y el Ayuntamiento desde hace más de una década.
Los habitantes de Ponticelli llevaban años esperando. Esperaban el mensaje de Berlusconi y Maroni: más seguridad, más Estado, fuera gitanos. Esperaban una inminente lluvia de millones que nunca acababa de llegar y debía cambiar el rostro de esa periferia miserable. ¿Pudo alentar quizá esa mezcla la denuncia de la mamma?
El factor camorrista es la tercera pata. El clan que domina el barrio, los Sarno, es conocido por su habilidad para moverse en el proceloso terreno de los contratos públicos, un mundo que acaba de desmoronarse en parte hace unas semanas con la detención de Alfredo Romeo, megacontratista afín al Partido Democrático, imputado por corrupción junto a 16 personas más. El joven que dirigió los ataques contra los campamentos es uno de los nietos del primo del alcalde de Ponticelli, Ciro Sarno, que desde la cárcel sigue siendo el patrón del barrio.
El 21 de febrero de 2008, la junta municipal alteró y dio forma definitiva al anhelado Programa de Recuperación Urbana de Ponticelli (PRUP). Según la prensa local, la alteración supuso una caución importante: si las obras no empezaban antes del 4 de agosto, la financiación ministerial caducaría. Había prisa, por tanto.
El día que Angélica fue encarcelada, el 14 de mayo, la directora del Departamento de Infraestructuras de Transporte del Ayuntamiento de Nápoles, Elena Carmelingo, con las cenizas todavía humeantes, dispuso que los técnicos fueran al barrio para empezar a proyectar el Palaponticelli. Es un proyecto histórico, vendido así en la web municipal: “El más grande multiusos de Italia, una Casa de la Música, de la Cultura y de los Espectáculos que tendrá capacidad para 12.000 espectadores, con anexos para actos culturales, sociales, de actividad comercial y de descanso, realizada con inversión enteramente privada, que llenará la carencia en la capital campana y el sur de Italia de lugares cubiertos para conciertos y otras actividades ligadas a la cultura, la música y el espectáculo, consintiendo incluir a la ciudad en las giras musicales más significativas a nivel internacional”. El diseño definitivo insiste menos en la música: habrá 11.000 metros de sala de conciertos y 44.000 para centro comercial.
A finales de mayo pasado, cuando todavía no se habían apagado los rescoldos, el ministro Maroni anunció que empezaba el censo de todos los gitanos de Italia, niños incluidos. Ante las denuncias de la Comisión y del Parlamento europeos, fue reculando y lo dejó sólo en los adultos. En julio, 30 familias gitanas tuvieron el cuajo de volver a Via Argine. Antes de que les diera tiempo a instalarse, los vecinos incendiaron los solares donde acamparon. “Una advertencia contra su regreso”, dijeron los muchachos del barrio.
Quizá Angélica intentara realmente robar aquel bebé. Resulta improbable. Según un estudio de la Università degli Studi di Verona para la Fundación Migrantes, presentado en noviembre, el 100% de las acusaciones de ese tipo realizadas en Italia entre 1986 y 2007 ha resultado falso.
No había, hasta ahora, ni un sólo caso probado, ni una condena. El estudio titulado La gitana secuestradora analizó 40 denuncias: 29 de robo y 11 de desaparición. “En ninguna hubo sustracción efectiva”, afirman los investigadores, “sino que siempre se trató de un intento de secuestro o, mejor, de un relato de un intento de secuestro”. Y siempre la testigo de cargo es una madre coraje que salva a su bebé.
El abogado de Angélica recurrirá la sentencia. Quizá la próxima vez la justicia le permita citar a declarar, además de al silencioso O Cardinale, a los políticos locales, los miembros de la familia Sarno… Incluso a algún representante del Gobierno que atiza la hoguera de la xenofobia y sigue tolerando que sucedan historias como ésta.
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