La Stasi británica

Por Timothy Garton Ash, catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford y miembro de número de la Hoover Institution, Stanford. Escribió sobre su experiencia con la Stasi en el libro The file. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia (EL PAÍS, 05/02/08):

Los fisgones británicos no son los perros guardianes de una dictadura, como era la Stasi; pero el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Esto tiene que acabarse. En el Reino Unido, la capacidad fisgona del Estado está completamente descontrolada. Los británicos caminamos dormidos hacia una sociedad vigilada, y es preciso que nos despertemos.

Cuando la Stasi empezó a espiar mis movimientos en Alemania del Este, hace 30 años, yo había llegado allí sabiendo que iba de uno de los países más libres del mundo a uno de los menos libres. Creo que tenía razón entonces, pero desde luego no la tendría en este momento. A los ciudadanos de Alemania del Este se les espía hoy mucho menos que a los del Reino Unido. El grupo de derechos humanos Privacy International dice que el Reino Unido es un “caso endémico de sociedad de la vigilancia”, junto a China y Rusia, mientras que Alemania obtiene una clasificación mucho mejor.

Un informe oficial del Comisario de Interceptación de Comunicaciones británico acaba de revelar que casi 800 organismos públicos están efectuando cerca de 1.000 solicitudes diarias de “datos sobre comunicaciones”, que incluyen intervención de teléfonos e historiales de llamadas de móviles, correos electrónicos y visitas a páginas web, para no hablar del viejo correo tradicional. La página web del Ministerio del Interior británico especifica que todos los proveedores de servicios de comunicación “pueden recibir una nota en la que se les exija mantener una capacidad de interceptación permanente”.

Los fantásticos progresos de la tecnología de la información y las comunicaciones ofrecen al Estado -y también a las empresas privadas- unas posibilidades técnicas que para la Stasi no habrían sido más que un sueño. Hoy en día, la mayor parte de la vida de cualquier ciudadano razonablemente próspero tiene un seguimiento electrónico, minuto a minuto y centímetro a centímetro, a través de sus llamadas de teléfono, tanto móvil como fijo, sus correos electrónicos, sus búsquedas en Internet, sus compras con tarjeta de crédito, sus apariciones involuntarias en circuitos cerrados de televisión, y así sucesivamente. Si la policía secreta de Alemania del Este hubiera contado con esas súper herramientas, mi expediente en la Stasi habría tenido, al menos, 3.000 páginas, en lugar de sólo 325.

Como consecuencia, todas las democracias liberales tienen que proteger aún más los datos, la intimidad y los derechos civiles sólo para seguir siendo tan libres como hasta ahora. A medida que la tecnología eleva el nivel del tráfico de información, es preciso que levantemos más diques protectores. El inquebrantable Comisario de Información, Richard Thomas, está librando una valiente batalla en ese sentido. La advertencia de que los británicos “caminan dormidos hacia una sociedad de la vigilancia” es suya.

Porque, al mismo tiempo que él intenta reforzar los diques, otros brazos más poderosos del Gobierno se dedican a derribarlos, en nombre de la lucha contra el terrorismo, el crimen, el fraude, los abusos infantiles, las drogas, el extremismo religioso, el racismo, la evasión fiscal, la velocidad excesiva, las infracciones de estacionamiento, los escombros en lugares no autorizados, la gente que deja demasiadas bolsas de basura delante de su casa y cualquier otro “riesgo” que esos casi 800 (entrometi-dos) organismos públicos consideren merecedor de su “protección”.

Pues bien, demos gracias a la niñera, pero que se vuelva a Alemania del Este. Prefiero seguir siendo un poco más libre aunque eso signifique vivir un poco menos seguro.

Reconozco que la amenaza de los terroristas suicidas locales, como los que atacaron Londres el 7 de julio de 2005, es especialmente difícil de detectar. Reconozco que exige unos poderes extraordinarios de vigilancia y prevención. Hay que recalibrar el equilibrio entre seguridad y libertad. Ahora bien, en el último decenio, el Gobierno británico se ha inclinado excesivamente hacia lo que se supone que es más seguridad.

Un instinto fisgón, autoritario y desmesurado en todos los niveles del Gobierno y, hasta hace poco, una prensa exaltada que exigía sin cesar que “se hiciera algo”: esta combinación nefasta ha convertido al Reino Unido en un guía oscuro. La cuna del liberalismo se ha transformado en el Estado de las bases de datos. Tenemos más cámaras de circuito cerrado que nadie. Existen planes avanzados para centralizar todos nuestros historiales médicos e implantar los carnets de identidad biométricos más elaborados del mundo.

Todo ello, idea de un Gobierno que, después de haber recogido tantos datos sobre nosotros, se dedica a perderlos como un borracho nocturno que vacía el contenido de sus bolsillos en la calle. Las autoridades fiscales han extraviado los detalles relativos a 25 millones de personas; se ha perdido un ordenador portátil de la Marina que contenía los de otras 100.000, y así sucesivamente.

Mientras tanto, el Gobierno británico acaba de presentar al Parlamento su último proyecto de ley antiterrorista. Además de la famosa propuesta de aumentar el periodo de detención sin cargos a 42 días, se incluyen disposiciones que, como explican las notas oficiales, permiten a cualquiera proporcionar información a los servicios de inteligencia “independientemente de cualquier obligación de mantener en privado la información y de cualquier otra restricción” (aparte de las que se mencionan en un par de cláusulas secundarias muy elásticas). El servicio podrá después compartir o revelar dicha información más o menos a su antojo.

Esto no puede seguir así; e incluso los más acérrimos defensores de un gobierno firme están empezando a decirlo. El conservador Daily Mail, ese príncipe entre los partidarios de la mano dura, ha publicado un artículo de fondo cuya conclusión era que “con este Gobierno -del que habría estado orgullosa la Stasi-, el equilibrio entre el poder del Estado y la libertad individual se ha torcido de forma escandalosa. Es preciso restaurarlo”. Es un asunto en el que la prensa y los políticos de izquierda están empezando a mostrarse de acuerdo.

Por supuesto, la floritura sobre la Stasi es una hipérbole. Yo viví bajo el poder de la Stasi, y sé que estamos muy lejos de esa situación. Pero la cantidad de información recogida y compartida -sin olvidar la perdida- por el Gobierno británico es muy superior a los modestos 160 kilómetros de expedientes de la Stasi. Las posibilidades de que, si caen en malas manos, puedan utilizarse con fines perversos son enormes. La libertad no se conserva sólo confiando en las buenas intenciones de nuestros gobernantes, funcionarios y espías. El camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones.

Confío en que los demócratas liberales, los conservadores, los diputados laboristas y la Cámara de los Lores otorguen al nuevo proyecto de ley antiterrorista la bronca que se merece. Algunos de nuestros organismos de control y de los jueces más independientes están dando ya la señal de alarma. Si, pese a todo, el Gobierno es tan tonto como para tratar de implantar los nuevos carnets antes de las próximas elecciones, esa medida podría ser para Gordon Brown lo que el impuesto per cápita fue para Margaret Thatcher: el instante catastrófico en el que la opinión pública se volvió contra el Gobierno.

El líder de los demócratas liberales, Nick Clegg, ha dicho que está dispuesto a ir a la cárcel antes de aceptar un carnet de identidad que suponga semejante intromisión. Yo también. Y me da la impresión de que también lo estarían miles de nuestros conciudadanos. Por eso creo que el Gobierno no va a hacer esa tontería. Pero debemos trazar la línea mucho antes de los carnets de identidad. Hay libertades a las que ya hemos renunciado mientras dormíamos y tenemos que reclamar que nos las devuelvan.

La Stasi británica

Por Timothy Garton Ash, catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford y miembro de número de la Hoover Institution, Stanford. Escribió sobre su experiencia con la Stasi en el libro The file. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia (EL PAÍS, 05/02/08):

Los fisgones británicos no son los perros guardianes de una dictadura, como era la Stasi; pero el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Esto tiene que acabarse. En el Reino Unido, la capacidad fisgona del Estado está completamente descontrolada. Los británicos caminamos dormidos hacia una sociedad vigilada, y es preciso que nos despertemos.

Cuando la Stasi empezó a espiar mis movimientos en Alemania del Este, hace 30 años, yo había llegado allí sabiendo que iba de uno de los países más libres del mundo a uno de los menos libres. Creo que tenía razón entonces, pero desde luego no la tendría en este momento. A los ciudadanos de Alemania del Este se les espía hoy mucho menos que a los del Reino Unido. El grupo de derechos humanos Privacy International dice que el Reino Unido es un “caso endémico de sociedad de la vigilancia”, junto a China y Rusia, mientras que Alemania obtiene una clasificación mucho mejor.

Un informe oficial del Comisario de Interceptación de Comunicaciones británico acaba de revelar que casi 800 organismos públicos están efectuando cerca de 1.000 solicitudes diarias de “datos sobre comunicaciones”, que incluyen intervención de teléfonos e historiales de llamadas de móviles, correos electrónicos y visitas a páginas web, para no hablar del viejo correo tradicional. La página web del Ministerio del Interior británico especifica que todos los proveedores de servicios de comunicación “pueden recibir una nota en la que se les exija mantener una capacidad de interceptación permanente”.

Los fantásticos progresos de la tecnología de la información y las comunicaciones ofrecen al Estado -y también a las empresas privadas- unas posibilidades técnicas que para la Stasi no habrían sido más que un sueño. Hoy en día, la mayor parte de la vida de cualquier ciudadano razonablemente próspero tiene un seguimiento electrónico, minuto a minuto y centímetro a centímetro, a través de sus llamadas de teléfono, tanto móvil como fijo, sus correos electrónicos, sus búsquedas en Internet, sus compras con tarjeta de crédito, sus apariciones involuntarias en circuitos cerrados de televisión, y así sucesivamente. Si la policía secreta de Alemania del Este hubiera contado con esas súper herramientas, mi expediente en la Stasi habría tenido, al menos, 3.000 páginas, en lugar de sólo 325.

Como consecuencia, todas las democracias liberales tienen que proteger aún más los datos, la intimidad y los derechos civiles sólo para seguir siendo tan libres como hasta ahora. A medida que la tecnología eleva el nivel del tráfico de información, es preciso que levantemos más diques protectores. El inquebrantable Comisario de Información, Richard Thomas, está librando una valiente batalla en ese sentido. La advertencia de que los británicos “caminan dormidos hacia una sociedad de la vigilancia” es suya.

Porque, al mismo tiempo que él intenta reforzar los diques, otros brazos más poderosos del Gobierno se dedican a derribarlos, en nombre de la lucha contra el terrorismo, el crimen, el fraude, los abusos infantiles, las drogas, el extremismo religioso, el racismo, la evasión fiscal, la velocidad excesiva, las infracciones de estacionamiento, los escombros en lugares no autorizados, la gente que deja demasiadas bolsas de basura delante de su casa y cualquier otro “riesgo” que esos casi 800 (entrometi-dos) organismos públicos consideren merecedor de su “protección”.

Pues bien, demos gracias a la niñera, pero que se vuelva a Alemania del Este. Prefiero seguir siendo un poco más libre aunque eso signifique vivir un poco menos seguro.

Reconozco que la amenaza de los terroristas suicidas locales, como los que atacaron Londres el 7 de julio de 2005, es especialmente difícil de detectar. Reconozco que exige unos poderes extraordinarios de vigilancia y prevención. Hay que recalibrar el equilibrio entre seguridad y libertad. Ahora bien, en el último decenio, el Gobierno británico se ha inclinado excesivamente hacia lo que se supone que es más seguridad.

Un instinto fisgón, autoritario y desmesurado en todos los niveles del Gobierno y, hasta hace poco, una prensa exaltada que exigía sin cesar que “se hiciera algo”: esta combinación nefasta ha convertido al Reino Unido en un guía oscuro. La cuna del liberalismo se ha transformado en el Estado de las bases de datos. Tenemos más cámaras de circuito cerrado que nadie. Existen planes avanzados para centralizar todos nuestros historiales médicos e implantar los carnets de identidad biométricos más elaborados del mundo.

Todo ello, idea de un Gobierno que, después de haber recogido tantos datos sobre nosotros, se dedica a perderlos como un borracho nocturno que vacía el contenido de sus bolsillos en la calle. Las autoridades fiscales han extraviado los detalles relativos a 25 millones de personas; se ha perdido un ordenador portátil de la Marina que contenía los de otras 100.000, y así sucesivamente.

Mientras tanto, el Gobierno británico acaba de presentar al Parlamento su último proyecto de ley antiterrorista. Además de la famosa propuesta de aumentar el periodo de detención sin cargos a 42 días, se incluyen disposiciones que, como explican las notas oficiales, permiten a cualquiera proporcionar información a los servicios de inteligencia “independientemente de cualquier obligación de mantener en privado la información y de cualquier otra restricción” (aparte de las que se mencionan en un par de cláusulas secundarias muy elásticas). El servicio podrá después compartir o revelar dicha información más o menos a su antojo.

Esto no puede seguir así; e incluso los más acérrimos defensores de un gobierno firme están empezando a decirlo. El conservador Daily Mail, ese príncipe entre los partidarios de la mano dura, ha publicado un artículo de fondo cuya conclusión era que “con este Gobierno -del que habría estado orgullosa la Stasi-, el equilibrio entre el poder del Estado y la libertad individual se ha torcido de forma escandalosa. Es preciso restaurarlo”. Es un asunto en el que la prensa y los políticos de izquierda están empezando a mostrarse de acuerdo.

Por supuesto, la floritura sobre la Stasi es una hipérbole. Yo viví bajo el poder de la Stasi, y sé que estamos muy lejos de esa situación. Pero la cantidad de información recogida y compartida -sin olvidar la perdida- por el Gobierno británico es muy superior a los modestos 160 kilómetros de expedientes de la Stasi. Las posibilidades de que, si caen en malas manos, puedan utilizarse con fines perversos son enormes. La libertad no se conserva sólo confiando en las buenas intenciones de nuestros gobernantes, funcionarios y espías. El camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones.

Confío en que los demócratas liberales, los conservadores, los diputados laboristas y la Cámara de los Lores otorguen al nuevo proyecto de ley antiterrorista la bronca que se merece. Algunos de nuestros organismos de control y de los jueces más independientes están dando ya la señal de alarma. Si, pese a todo, el Gobierno es tan tonto como para tratar de implantar los nuevos carnets antes de las próximas elecciones, esa medida podría ser para Gordon Brown lo que el impuesto per cápita fue para Margaret Thatcher: el instante catastrófico en el que la opinión pública se volvió contra el Gobierno.

El líder de los demócratas liberales, Nick Clegg, ha dicho que está dispuesto a ir a la cárcel antes de aceptar un carnet de identidad que suponga semejante intromisión. Yo también. Y me da la impresión de que también lo estarían miles de nuestros conciudadanos. Por eso creo que el Gobierno no va a hacer esa tontería. Pero debemos trazar la línea mucho antes de los carnets de identidad. Hay libertades a las que ya hemos renunciado mientras dormíamos y tenemos que reclamar que nos las devuelvan.

>La Stasi británica

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Por Timothy Garton Ash, catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford y miembro de número de la Hoover Institution, Stanford. Escribió sobre su experiencia con la Stasi en el libro The file. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia (EL PAÍS, 05/02/08):

Los fisgones británicos no son los perros guardianes de una dictadura, como era la Stasi; pero el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Esto tiene que acabarse. En el Reino Unido, la capacidad fisgona del Estado está completamente descontrolada. Los británicos caminamos dormidos hacia una sociedad vigilada, y es preciso que nos despertemos.

Cuando la Stasi empezó a espiar mis movimientos en Alemania del Este, hace 30 años, yo había llegado allí sabiendo que iba de uno de los países más libres del mundo a uno de los menos libres. Creo que tenía razón entonces, pero desde luego no la tendría en este momento. A los ciudadanos de Alemania del Este se les espía hoy mucho menos que a los del Reino Unido. El grupo de derechos humanos Privacy International dice que el Reino Unido es un “caso endémico de sociedad de la vigilancia”, junto a China y Rusia, mientras que Alemania obtiene una clasificación mucho mejor.

Un informe oficial del Comisario de Interceptación de Comunicaciones británico acaba de revelar que casi 800 organismos públicos están efectuando cerca de 1.000 solicitudes diarias de “datos sobre comunicaciones”, que incluyen intervención de teléfonos e historiales de llamadas de móviles, correos electrónicos y visitas a páginas web, para no hablar del viejo correo tradicional. La página web del Ministerio del Interior británico especifica que todos los proveedores de servicios de comunicación “pueden recibir una nota en la que se les exija mantener una capacidad de interceptación permanente”.

Los fantásticos progresos de la tecnología de la información y las comunicaciones ofrecen al Estado -y también a las empresas privadas- unas posibilidades técnicas que para la Stasi no habrían sido más que un sueño. Hoy en día, la mayor parte de la vida de cualquier ciudadano razonablemente próspero tiene un seguimiento electrónico, minuto a minuto y centímetro a centímetro, a través de sus llamadas de teléfono, tanto móvil como fijo, sus correos electrónicos, sus búsquedas en Internet, sus compras con tarjeta de crédito, sus apariciones involuntarias en circuitos cerrados de televisión, y así sucesivamente. Si la policía secreta de Alemania del Este hubiera contado con esas súper herramientas, mi expediente en la Stasi habría tenido, al menos, 3.000 páginas, en lugar de sólo 325.

Como consecuencia, todas las democracias liberales tienen que proteger aún más los datos, la intimidad y los derechos civiles sólo para seguir siendo tan libres como hasta ahora. A medida que la tecnología eleva el nivel del tráfico de información, es preciso que levantemos más diques protectores. El inquebrantable Comisario de Información, Richard Thomas, está librando una valiente batalla en ese sentido. La advertencia de que los británicos “caminan dormidos hacia una sociedad de la vigilancia” es suya.

Porque, al mismo tiempo que él intenta reforzar los diques, otros brazos más poderosos del Gobierno se dedican a derribarlos, en nombre de la lucha contra el terrorismo, el crimen, el fraude, los abusos infantiles, las drogas, el extremismo religioso, el racismo, la evasión fiscal, la velocidad excesiva, las infracciones de estacionamiento, los escombros en lugares no autorizados, la gente que deja demasiadas bolsas de basura delante de su casa y cualquier otro “riesgo” que esos casi 800 (entrometi-dos) organismos públicos consideren merecedor de su “protección”.

Pues bien, demos gracias a la niñera, pero que se vuelva a Alemania del Este. Prefiero seguir siendo un poco más libre aunque eso signifique vivir un poco menos seguro.

Reconozco que la amenaza de los terroristas suicidas locales, como los que atacaron Londres el 7 de julio de 2005, es especialmente difícil de detectar. Reconozco que exige unos poderes extraordinarios de vigilancia y prevención. Hay que recalibrar el equilibrio entre seguridad y libertad. Ahora bien, en el último decenio, el Gobierno británico se ha inclinado excesivamente hacia lo que se supone que es más seguridad.

Un instinto fisgón, autoritario y desmesurado en todos los niveles del Gobierno y, hasta hace poco, una prensa exaltada que exigía sin cesar que “se hiciera algo”: esta combinación nefasta ha convertido al Reino Unido en un guía oscuro. La cuna del liberalismo se ha transformado en el Estado de las bases de datos. Tenemos más cámaras de circuito cerrado que nadie. Existen planes avanzados para centralizar todos nuestros historiales médicos e implantar los carnets de identidad biométricos más elaborados del mundo.

Todo ello, idea de un Gobierno que, después de haber recogido tantos datos sobre nosotros, se dedica a perderlos como un borracho nocturno que vacía el contenido de sus bolsillos en la calle. Las autoridades fiscales han extraviado los detalles relativos a 25 millones de personas; se ha perdido un ordenador portátil de la Marina que contenía los de otras 100.000, y así sucesivamente.

Mientras tanto, el Gobierno británico acaba de presentar al Parlamento su último proyecto de ley antiterrorista. Además de la famosa propuesta de aumentar el periodo de detención sin cargos a 42 días, se incluyen disposiciones que, como explican las notas oficiales, permiten a cualquiera proporcionar información a los servicios de inteligencia “independientemente de cualquier obligación de mantener en privado la información y de cualquier otra restricción” (aparte de las que se mencionan en un par de cláusulas secundarias muy elásticas). El servicio podrá después compartir o revelar dicha información más o menos a su antojo.

Esto no puede seguir así; e incluso los más acérrimos defensores de un gobierno firme están empezando a decirlo. El conservador Daily Mail, ese príncipe entre los partidarios de la mano dura, ha publicado un artículo de fondo cuya conclusión era que “con este Gobierno -del que habría estado orgullosa la Stasi-, el equilibrio entre el poder del Estado y la libertad individual se ha torcido de forma escandalosa. Es preciso restaurarlo”. Es un asunto en el que la prensa y los políticos de izquierda están empezando a mostrarse de acuerdo.

Por supuesto, la floritura sobre la Stasi es una hipérbole. Yo viví bajo el poder de la Stasi, y sé que estamos muy lejos de esa situación. Pero la cantidad de información recogida y compartida -sin olvidar la perdida- por el Gobierno británico es muy superior a los modestos 160 kilómetros de expedientes de la Stasi. Las posibilidades de que, si caen en malas manos, puedan utilizarse con fines perversos son enormes. La libertad no se conserva sólo confiando en las buenas intenciones de nuestros gobernantes, funcionarios y espías. El camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones.

Confío en que los demócratas liberales, los conservadores, los diputados laboristas y la Cámara de los Lores otorguen al nuevo proyecto de ley antiterrorista la bronca que se merece. Algunos de nuestros organismos de control y de los jueces más independientes están dando ya la señal de alarma. Si, pese a todo, el Gobierno es tan tonto como para tratar de implantar los nuevos carnets antes de las próximas elecciones, esa medida podría ser para Gordon Brown lo que el impuesto per cápita fue para Margaret Thatcher: el instante catastrófico en el que la opinión pública se volvió contra el Gobierno.

El líder de los demócratas liberales, Nick Clegg, ha dicho que está dispuesto a ir a la cárcel antes de aceptar un carnet de identidad que suponga semejante intromisión. Yo también. Y me da la impresión de que también lo estarían miles de nuestros conciudadanos. Por eso creo que el Gobierno no va a hacer esa tontería. Pero debemos trazar la línea mucho antes de los carnets de identidad. Hay libertades a las que ya hemos renunciado mientras dormíamos y tenemos que reclamar que nos las devuelvan.

Ciudadanos de cristal

Por Pedro Martínez, teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (EL PAÍS, 12/11/07):

El derecho a la intimidad y la vida privada son el santuario de la persona. Pero no emergieron de la nada; al contrario, son el resultado de un largo proceso histórico, en el camino se derramó mucha sangre, sudor y lágrimas para convertir al siervo en ciudadano. Pero la necesidad de defenderse de los enemigos sigue siendo una amenaza para la sociedad civil. Un maestro masón como Benjamin Franklin, en su Patria de las Libertades, con gran clarividencia, advirtió de ese peligro. “Aquellos que sacrifican una libertad imprescindible para conseguir una seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad”.

Ahora, Internet y las demás tecnologías de la información y comunicación nos ofrecen un mundo impensable hace tan sólo unos años, que debería conducirnos a la sociedad del conocimiento, pero no olvidemos que también son medios que permiten acceder con una precisión cada vez mayor, y de forma imperceptible, a los aspectos más íntimos de nuestras vidas. Un uso irracional de esos medios, bajo el pretexto de la Seguridad, haría realidad la amenaza del ciudadano de cristal, cada vez más transparente ante el Poder, en una nueva sociedad de la vigilancia, que progresivamente se distancia de las libertades que dice defender.

Mantenernos alerta contra aquellas tentaciones políticas que, al albur de la seguridad, pretenden sacrificar derechos individuales debe ser ahora nuestro reto, pues, como decía El Roto, en una reciente viñeta, “cada vez que oigo hablar de seguridad me entra el pánico”.

Tocqueville, entusiasmado por lo bien que se había asentado la democracia, escribió que EE UU era el país donde el futuro llegaba antes. Es el mismo país que, ahora, tras el 11-S, y bajo el eslogan de “Un Mundo más seguro” y con la USA Patriot como referente, está desarrollando una legislación restrictiva de los derechos civiles, sobre todo en lo referente a la intimidad.

En Europa, ese futuro ya ha llegado y se manifiesta en la Directiva 2006/24/CE, que establece la obligación para las compañías de telecomunicaciones de retener por un periodo de entre 6 y 24 meses numerosos datos de comunicaciones telefónicas y de Internet de todos los ciudadanos. Mediante la interpretación de estos datos se producen injerencias de alta intensidad en la privacidad, ya que los desplazamientos de las personas pueden ser vigilados, e, incluso los comportamientos, las relaciones personales y los gustos, pueden ser analizados. Y todo ello sin que el ciudadano dé motivo alguno para ser tratado como sospechoso, pero puede sentirse intimidado aun actuando dentro de la Ley. En esa vigilancia estatal hay un riesgo de abuso y muchas personas pueden tener el sentimiento de ser observadas.

España ha sido pionera en Europa a la hora de incorporar la controvertida directiva mediante un proyecto de ley, que será aprobado antes de concluir la legislatura, pero incomprensiblemente no ha generado polémica alguna, sin duda porque su gestión y desarrollo no ha trascendido a la opinión pública, y no por la falta de interés de los ciudadanos.

El proyecto carece de garantías sobre la utilización de los datos, ya que si bien es preceptiva la autorización judicial para la entrega de la información sobre los ciudadanos, la disponibilidad de esa información, es gubernativa y no judicial, es decir, quien la manejara es la policía no los jueces.

Esta ausencia de control judicial permitirá que se reinvente la práctica desterrada por el Tribunal Supremo, y la Fiscalía General del Estado (Circular 1/99), de realizar investigaciones predelictuales o de prospección desligadas de un hecho delictivo concreto, para ver si se descubre algo de alguien, por puro azar, pero sin saber qué se quiere descubrir.

Pocos van a discutir que el Estado no utilice la tecnología para la lucha contra la delincuencia. Pero un Estado democrático exige que el Poder sea transparente, no los ciudadanos, por eso las medidas a utilizar, además de respetuosas con el régimen de garantías, deben ser públicas y conocidas, pues es la única forma que tiene el ciudadano para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos. Seguridad sí, pero no a costa de derechos que tanto han costado conseguir.

>Ciudadanos de cristal

>

Por Pedro Martínez, teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (EL PAÍS, 12/11/07):

El derecho a la intimidad y la vida privada son el santuario de la persona. Pero no emergieron de la nada; al contrario, son el resultado de un largo proceso histórico, en el camino se derramó mucha sangre, sudor y lágrimas para convertir al siervo en ciudadano. Pero la necesidad de defenderse de los enemigos sigue siendo una amenaza para la sociedad civil. Un maestro masón como Benjamin Franklin, en su Patria de las Libertades, con gran clarividencia, advirtió de ese peligro. “Aquellos que sacrifican una libertad imprescindible para conseguir una seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad”.

Ahora, Internet y las demás tecnologías de la información y comunicación nos ofrecen un mundo impensable hace tan sólo unos años, que debería conducirnos a la sociedad del conocimiento, pero no olvidemos que también son medios que permiten acceder con una precisión cada vez mayor, y de forma imperceptible, a los aspectos más íntimos de nuestras vidas. Un uso irracional de esos medios, bajo el pretexto de la Seguridad, haría realidad la amenaza del ciudadano de cristal, cada vez más transparente ante el Poder, en una nueva sociedad de la vigilancia, que progresivamente se distancia de las libertades que dice defender.

Mantenernos alerta contra aquellas tentaciones políticas que, al albur de la seguridad, pretenden sacrificar derechos individuales debe ser ahora nuestro reto, pues, como decía El Roto, en una reciente viñeta, “cada vez que oigo hablar de seguridad me entra el pánico”.

Tocqueville, entusiasmado por lo bien que se había asentado la democracia, escribió que EE UU era el país donde el futuro llegaba antes. Es el mismo país que, ahora, tras el 11-S, y bajo el eslogan de “Un Mundo más seguro” y con la USA Patriot como referente, está desarrollando una legislación restrictiva de los derechos civiles, sobre todo en lo referente a la intimidad.

En Europa, ese futuro ya ha llegado y se manifiesta en la Directiva 2006/24/CE, que establece la obligación para las compañías de telecomunicaciones de retener por un periodo de entre 6 y 24 meses numerosos datos de comunicaciones telefónicas y de Internet de todos los ciudadanos. Mediante la interpretación de estos datos se producen injerencias de alta intensidad en la privacidad, ya que los desplazamientos de las personas pueden ser vigilados, e, incluso los comportamientos, las relaciones personales y los gustos, pueden ser analizados. Y todo ello sin que el ciudadano dé motivo alguno para ser tratado como sospechoso, pero puede sentirse intimidado aun actuando dentro de la Ley. En esa vigilancia estatal hay un riesgo de abuso y muchas personas pueden tener el sentimiento de ser observadas.

España ha sido pionera en Europa a la hora de incorporar la controvertida directiva mediante un proyecto de ley, que será aprobado antes de concluir la legislatura, pero incomprensiblemente no ha generado polémica alguna, sin duda porque su gestión y desarrollo no ha trascendido a la opinión pública, y no por la falta de interés de los ciudadanos.

El proyecto carece de garantías sobre la utilización de los datos, ya que si bien es preceptiva la autorización judicial para la entrega de la información sobre los ciudadanos, la disponibilidad de esa información, es gubernativa y no judicial, es decir, quien la manejara es la policía no los jueces.

Esta ausencia de control judicial permitirá que se reinvente la práctica desterrada por el Tribunal Supremo, y la Fiscalía General del Estado (Circular 1/99), de realizar investigaciones predelictuales o de prospección desligadas de un hecho delictivo concreto, para ver si se descubre algo de alguien, por puro azar, pero sin saber qué se quiere descubrir.

Pocos van a discutir que el Estado no utilice la tecnología para la lucha contra la delincuencia. Pero un Estado democrático exige que el Poder sea transparente, no los ciudadanos, por eso las medidas a utilizar, además de respetuosas con el régimen de garantías, deben ser públicas y conocidas, pues es la única forma que tiene el ciudadano para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos. Seguridad sí, pero no a costa de derechos que tanto han costado conseguir.

Ciudadanos de cristal

Por Pedro Martínez, teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (EL PAÍS, 12/11/07):

El derecho a la intimidad y la vida privada son el santuario de la persona. Pero no emergieron de la nada; al contrario, son el resultado de un largo proceso histórico, en el camino se derramó mucha sangre, sudor y lágrimas para convertir al siervo en ciudadano. Pero la necesidad de defenderse de los enemigos sigue siendo una amenaza para la sociedad civil. Un maestro masón como Benjamin Franklin, en su Patria de las Libertades, con gran clarividencia, advirtió de ese peligro. “Aquellos que sacrifican una libertad imprescindible para conseguir una seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad”.

Ahora, Internet y las demás tecnologías de la información y comunicación nos ofrecen un mundo impensable hace tan sólo unos años, que debería conducirnos a la sociedad del conocimiento, pero no olvidemos que también son medios que permiten acceder con una precisión cada vez mayor, y de forma imperceptible, a los aspectos más íntimos de nuestras vidas. Un uso irracional de esos medios, bajo el pretexto de la Seguridad, haría realidad la amenaza del ciudadano de cristal, cada vez más transparente ante el Poder, en una nueva sociedad de la vigilancia, que progresivamente se distancia de las libertades que dice defender.

Mantenernos alerta contra aquellas tentaciones políticas que, al albur de la seguridad, pretenden sacrificar derechos individuales debe ser ahora nuestro reto, pues, como decía El Roto, en una reciente viñeta, “cada vez que oigo hablar de seguridad me entra el pánico”.

Tocqueville, entusiasmado por lo bien que se había asentado la democracia, escribió que EE UU era el país donde el futuro llegaba antes. Es el mismo país que, ahora, tras el 11-S, y bajo el eslogan de “Un Mundo más seguro” y con la USA Patriot como referente, está desarrollando una legislación restrictiva de los derechos civiles, sobre todo en lo referente a la intimidad.

En Europa, ese futuro ya ha llegado y se manifiesta en la Directiva 2006/24/CE, que establece la obligación para las compañías de telecomunicaciones de retener por un periodo de entre 6 y 24 meses numerosos datos de comunicaciones telefónicas y de Internet de todos los ciudadanos. Mediante la interpretación de estos datos se producen injerencias de alta intensidad en la privacidad, ya que los desplazamientos de las personas pueden ser vigilados, e, incluso los comportamientos, las relaciones personales y los gustos, pueden ser analizados. Y todo ello sin que el ciudadano dé motivo alguno para ser tratado como sospechoso, pero puede sentirse intimidado aun actuando dentro de la Ley. En esa vigilancia estatal hay un riesgo de abuso y muchas personas pueden tener el sentimiento de ser observadas.

España ha sido pionera en Europa a la hora de incorporar la controvertida directiva mediante un proyecto de ley, que será aprobado antes de concluir la legislatura, pero incomprensiblemente no ha generado polémica alguna, sin duda porque su gestión y desarrollo no ha trascendido a la opinión pública, y no por la falta de interés de los ciudadanos.

El proyecto carece de garantías sobre la utilización de los datos, ya que si bien es preceptiva la autorización judicial para la entrega de la información sobre los ciudadanos, la disponibilidad de esa información, es gubernativa y no judicial, es decir, quien la manejara es la policía no los jueces.

Esta ausencia de control judicial permitirá que se reinvente la práctica desterrada por el Tribunal Supremo, y la Fiscalía General del Estado (Circular 1/99), de realizar investigaciones predelictuales o de prospección desligadas de un hecho delictivo concreto, para ver si se descubre algo de alguien, por puro azar, pero sin saber qué se quiere descubrir.

Pocos van a discutir que el Estado no utilice la tecnología para la lucha contra la delincuencia. Pero un Estado democrático exige que el Poder sea transparente, no los ciudadanos, por eso las medidas a utilizar, además de respetuosas con el régimen de garantías, deben ser públicas y conocidas, pues es la única forma que tiene el ciudadano para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos. Seguridad sí, pero no a costa de derechos que tanto han costado conseguir.

Palabras robadas

Por José Antonio Martín Pallín, Magistrado emérito del Tribunal Supremo (EL PERIÓDICO, 30/10/07):

¿Hay espacio para la intimidad en el mundo de las tecnologías de la imagen y el sonido? A la vista de algunos sucesos recientes me surgen, al mismo tiempo, la pregunta y una profunda preocupación. Me refiero a la “transcripción fidedigna” de una conversación, alejada de los informadores, entre la presidenta del Tribunal Constitucional y la vicepresidenta de Gobierno. El reducto reservado para que la persona mantenga una parcela, aunque sea mínima, donde pueda refugiarse o ampararse para defender su derecho a la confidencia y a sus emociones se esta troceando o resquebrajando de manera alarmante.

Ya lo advirtió el Tribunal Constitucional alemán en su emblemática sentencia referida a la ley del censo, que solicitaba datos considerados excesivos e innecesarios. La decisión de la Administración alemana había traspasado los lindes del recinto privado. Si se hubiera autorizado su voraz curiosidad se corría el riego de convertir a la persona, según una bellísima metáfora del tribunal alemán, en una criatura de cristal.

ESTA VORACIDAD se ha trasladado también a los medios de comunicación, que reclaman el mismo derecho, en aras del servicio que prestan a la sociedad informando sobre aquellos hechos que en una democracia deben ser patrimonio del conocimiento social por contribuir a la transparente gestión de los servidores de la función pública.

Los límites que establece la Constitución, que incuestionablemente se pueden relajar y flexibilizar, no son obstáculo para la captación de imágenes y palabras en espacios públicos y en el curso de una información, a la que se someten voluntariamente, los políticos en el ejercicio de su actividad pública, que, por supuesto, se extiende más allá de los recintos oficiales.

La invasión ha llegado a unos extremos que nos deben hacer reflexionar a todos. Se ha instaurado una especie de inmunidad frente a cualquier actitud, gesto o expresión que el personaje público realice en espacios públicos. La intromisión en los labios de los personajes públicos es un fenómeno reciente que presenta ribetes francamente alarmantes ante la invasiva disección de toda la anatomía del personaje, que resulta cazado como si se tratase de un safari fotográfico. En los espacios públicos, los personajes son esclavos de sus gestos pero dueños de sus palabras.

Ha irrumpido en el mundo de la información un personaje al que se da una credibilidad que no supera un somero análisis científico. Me refiero al lector de labios, que roba las palabras de los personajes retratados o filmados a distancia cuando se encuentran en el ejercicio de su libre e intransmisible decisión de hablar con las personas del círculo que les rodea sin oídos impertinentes.

Este sujeto ha sido elevado a la categoría de mago que tiene poderes sobrenaturales o más bien imaginativos, cuyos resultados no serían admisibles en ningún tribunal como prueba medianamente seria y fiable.

Si se generaliza este método generador de informaciones y se sorprende la naturalidad y libertad de unos contertulios filmándolos a distancia en un espacio público y complementando la información con una fan- tástica e imaginativa transposición del movimiento de su labios, podemos llegar a extremos que no han valorado los entusiastas e irresponsables medios que utilizan sin plantearse su viabilidad ética este procedimiento. Se impone una reflexión sobre adónde puede llevarnos esta frivolidad informativa. Se hace un mal servicio a la credibilidad de la información cuando se transmite a los lectores lo que un audaz perito dice que constituye una transcripción científica. Algún día se darán cuenta de que su irresponsabilidad les puede hacer víctimas de tanta superficialidad.

Los expertos en comunicación de sordomudos reconocen que para el aprendizaje de la lectura en los labios se necesita tiempo, paciencia y unas condiciones que no concurren en las conversaciones interpretadas a través de imágenes lejanas. Es imprescindible situarse cerca, de frente y ver con claridad la cara del interlocutor. En muchos casos, es necesario pedir que se repita la conversación. Las tomas a distancia pueden permitir deducir el estado de ánimo de los interlocutores y el nivel de nerviosismo o de agitación, pero cualquier otra conclusión es gratuita. Atribuir a unos personajes sorprendidos a distancia en una conversación privada o sobre temas públicos unas determinadas expresiones no solo es contrario a la ética, sino que se interna por senderos que entran en conflicto con la legalidad vigente.

LA LEY DE protección de la intimidad, honor o propia imagen tendría algo que decir. Además, la forma de grabar y leer roza el Código Penal. Esta nueva modalidad del robo de las palabras infringe los códigos de conducta y soslaya frívolamente el deber de veracidad y rigor informativo que se deben a los lectores. Es posible que muchos consideren estas reflexiones como exquisiteces elitistas y exageradas. Si la fórmula se generaliza, que nadie se lamente de las consecuencias de vivir en una sociedad asfixiante, en la que no puedes tener la oportunidad de comportarte, en ningún momento de tu vida, con la reserva necesaria para desarrollar una vida digna y respetada, en una sociedad civilizada.

>Palabras robadas

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Por José Antonio Martín Pallín, Magistrado emérito del Tribunal Supremo (EL PERIÓDICO, 30/10/07):

¿Hay espacio para la intimidad en el mundo de las tecnologías de la imagen y el sonido? A la vista de algunos sucesos recientes me surgen, al mismo tiempo, la pregunta y una profunda preocupación. Me refiero a la “transcripción fidedigna” de una conversación, alejada de los informadores, entre la presidenta del Tribunal Constitucional y la vicepresidenta de Gobierno. El reducto reservado para que la persona mantenga una parcela, aunque sea mínima, donde pueda refugiarse o ampararse para defender su derecho a la confidencia y a sus emociones se esta troceando o resquebrajando de manera alarmante.

Ya lo advirtió el Tribunal Constitucional alemán en su emblemática sentencia referida a la ley del censo, que solicitaba datos considerados excesivos e innecesarios. La decisión de la Administración alemana había traspasado los lindes del recinto privado. Si se hubiera autorizado su voraz curiosidad se corría el riego de convertir a la persona, según una bellísima metáfora del tribunal alemán, en una criatura de cristal.

ESTA VORACIDAD se ha trasladado también a los medios de comunicación, que reclaman el mismo derecho, en aras del servicio que prestan a la sociedad informando sobre aquellos hechos que en una democracia deben ser patrimonio del conocimiento social por contribuir a la transparente gestión de los servidores de la función pública.

Los límites que establece la Constitución, que incuestionablemente se pueden relajar y flexibilizar, no son obstáculo para la captación de imágenes y palabras en espacios públicos y en el curso de una información, a la que se someten voluntariamente, los políticos en el ejercicio de su actividad pública, que, por supuesto, se extiende más allá de los recintos oficiales.

La invasión ha llegado a unos extremos que nos deben hacer reflexionar a todos. Se ha instaurado una especie de inmunidad frente a cualquier actitud, gesto o expresión que el personaje público realice en espacios públicos. La intromisión en los labios de los personajes públicos es un fenómeno reciente que presenta ribetes francamente alarmantes ante la invasiva disección de toda la anatomía del personaje, que resulta cazado como si se tratase de un safari fotográfico. En los espacios públicos, los personajes son esclavos de sus gestos pero dueños de sus palabras.

Ha irrumpido en el mundo de la información un personaje al que se da una credibilidad que no supera un somero análisis científico. Me refiero al lector de labios, que roba las palabras de los personajes retratados o filmados a distancia cuando se encuentran en el ejercicio de su libre e intransmisible decisión de hablar con las personas del círculo que les rodea sin oídos impertinentes.

Este sujeto ha sido elevado a la categoría de mago que tiene poderes sobrenaturales o más bien imaginativos, cuyos resultados no serían admisibles en ningún tribunal como prueba medianamente seria y fiable.

Si se generaliza este método generador de informaciones y se sorprende la naturalidad y libertad de unos contertulios filmándolos a distancia en un espacio público y complementando la información con una fan- tástica e imaginativa transposición del movimiento de su labios, podemos llegar a extremos que no han valorado los entusiastas e irresponsables medios que utilizan sin plantearse su viabilidad ética este procedimiento. Se impone una reflexión sobre adónde puede llevarnos esta frivolidad informativa. Se hace un mal servicio a la credibilidad de la información cuando se transmite a los lectores lo que un audaz perito dice que constituye una transcripción científica. Algún día se darán cuenta de que su irresponsabilidad les puede hacer víctimas de tanta superficialidad.

Los expertos en comunicación de sordomudos reconocen que para el aprendizaje de la lectura en los labios se necesita tiempo, paciencia y unas condiciones que no concurren en las conversaciones interpretadas a través de imágenes lejanas. Es imprescindible situarse cerca, de frente y ver con claridad la cara del interlocutor. En muchos casos, es necesario pedir que se repita la conversación. Las tomas a distancia pueden permitir deducir el estado de ánimo de los interlocutores y el nivel de nerviosismo o de agitación, pero cualquier otra conclusión es gratuita. Atribuir a unos personajes sorprendidos a distancia en una conversación privada o sobre temas públicos unas determinadas expresiones no solo es contrario a la ética, sino que se interna por senderos que entran en conflicto con la legalidad vigente.

LA LEY DE protección de la intimidad, honor o propia imagen tendría algo que decir. Además, la forma de grabar y leer roza el Código Penal. Esta nueva modalidad del robo de las palabras infringe los códigos de conducta y soslaya frívolamente el deber de veracidad y rigor informativo que se deben a los lectores. Es posible que muchos consideren estas reflexiones como exquisiteces elitistas y exageradas. Si la fórmula se generaliza, que nadie se lamente de las consecuencias de vivir en una sociedad asfixiante, en la que no puedes tener la oportunidad de comportarte, en ningún momento de tu vida, con la reserva necesaria para desarrollar una vida digna y respetada, en una sociedad civilizada.

Palabras robadas

Por José Antonio Martín Pallín, Magistrado emérito del Tribunal Supremo (EL PERIÓDICO, 30/10/07):

¿Hay espacio para la intimidad en el mundo de las tecnologías de la imagen y el sonido? A la vista de algunos sucesos recientes me surgen, al mismo tiempo, la pregunta y una profunda preocupación. Me refiero a la “transcripción fidedigna” de una conversación, alejada de los informadores, entre la presidenta del Tribunal Constitucional y la vicepresidenta de Gobierno. El reducto reservado para que la persona mantenga una parcela, aunque sea mínima, donde pueda refugiarse o ampararse para defender su derecho a la confidencia y a sus emociones se esta troceando o resquebrajando de manera alarmante.

Ya lo advirtió el Tribunal Constitucional alemán en su emblemática sentencia referida a la ley del censo, que solicitaba datos considerados excesivos e innecesarios. La decisión de la Administración alemana había traspasado los lindes del recinto privado. Si se hubiera autorizado su voraz curiosidad se corría el riego de convertir a la persona, según una bellísima metáfora del tribunal alemán, en una criatura de cristal.

ESTA VORACIDAD se ha trasladado también a los medios de comunicación, que reclaman el mismo derecho, en aras del servicio que prestan a la sociedad informando sobre aquellos hechos que en una democracia deben ser patrimonio del conocimiento social por contribuir a la transparente gestión de los servidores de la función pública.

Los límites que establece la Constitución, que incuestionablemente se pueden relajar y flexibilizar, no son obstáculo para la captación de imágenes y palabras en espacios públicos y en el curso de una información, a la que se someten voluntariamente, los políticos en el ejercicio de su actividad pública, que, por supuesto, se extiende más allá de los recintos oficiales.

La invasión ha llegado a unos extremos que nos deben hacer reflexionar a todos. Se ha instaurado una especie de inmunidad frente a cualquier actitud, gesto o expresión que el personaje público realice en espacios públicos. La intromisión en los labios de los personajes públicos es un fenómeno reciente que presenta ribetes francamente alarmantes ante la invasiva disección de toda la anatomía del personaje, que resulta cazado como si se tratase de un safari fotográfico. En los espacios públicos, los personajes son esclavos de sus gestos pero dueños de sus palabras.

Ha irrumpido en el mundo de la información un personaje al que se da una credibilidad que no supera un somero análisis científico. Me refiero al lector de labios, que roba las palabras de los personajes retratados o filmados a distancia cuando se encuentran en el ejercicio de su libre e intransmisible decisión de hablar con las personas del círculo que les rodea sin oídos impertinentes.

Este sujeto ha sido elevado a la categoría de mago que tiene poderes sobrenaturales o más bien imaginativos, cuyos resultados no serían admisibles en ningún tribunal como prueba medianamente seria y fiable.

Si se generaliza este método generador de informaciones y se sorprende la naturalidad y libertad de unos contertulios filmándolos a distancia en un espacio público y complementando la información con una fan- tástica e imaginativa transposición del movimiento de su labios, podemos llegar a extremos que no han valorado los entusiastas e irresponsables medios que utilizan sin plantearse su viabilidad ética este procedimiento. Se impone una reflexión sobre adónde puede llevarnos esta frivolidad informativa. Se hace un mal servicio a la credibilidad de la información cuando se transmite a los lectores lo que un audaz perito dice que constituye una transcripción científica. Algún día se darán cuenta de que su irresponsabilidad les puede hacer víctimas de tanta superficialidad.

Los expertos en comunicación de sordomudos reconocen que para el aprendizaje de la lectura en los labios se necesita tiempo, paciencia y unas condiciones que no concurren en las conversaciones interpretadas a través de imágenes lejanas. Es imprescindible situarse cerca, de frente y ver con claridad la cara del interlocutor. En muchos casos, es necesario pedir que se repita la conversación. Las tomas a distancia pueden permitir deducir el estado de ánimo de los interlocutores y el nivel de nerviosismo o de agitación, pero cualquier otra conclusión es gratuita. Atribuir a unos personajes sorprendidos a distancia en una conversación privada o sobre temas públicos unas determinadas expresiones no solo es contrario a la ética, sino que se interna por senderos que entran en conflicto con la legalidad vigente.

LA LEY DE protección de la intimidad, honor o propia imagen tendría algo que decir. Además, la forma de grabar y leer roza el Código Penal. Esta nueva modalidad del robo de las palabras infringe los códigos de conducta y soslaya frívolamente el deber de veracidad y rigor informativo que se deben a los lectores. Es posible que muchos consideren estas reflexiones como exquisiteces elitistas y exageradas. Si la fórmula se generaliza, que nadie se lamente de las consecuencias de vivir en una sociedad asfixiante, en la que no puedes tener la oportunidad de comportarte, en ningún momento de tu vida, con la reserva necesaria para desarrollar una vida digna y respetada, en una sociedad civilizada.