>¿Qué Europa?

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Por Joan Ramón Resina, jefe del departamento de Literatura Española y Portuguesa de la Universidad de Stanford (LA VANGUARDIA, 28/10/08):

Cada vez más, los ideales democráticos de la Unión Europea están siendo puestos a prueba. Sin entrar en el lado social de las turbulencias financieras, cuyas consecuencias políticas aún tardarán en emerger, puede decirse que abundan los síntomas de desencaje entre la representación del proceso de convergencia europea y la conducta real de ciudadanos e instituciones de los estados miembros. Aunque la lista de desafecciones sería larga, solamente este año se han registrado el rechazo de Irlanda al proyecto de Constitución europea, el creciente unilateralismo de los gobiernos y la involución corporativista (y en el fondo nacionalista) de sus aparatos de Estado. Pero el síntoma más grave del deterioro de los valores democráticos es el aumento de las acciones contra los derechos de las minorías nacionales. El menosprecio de tales derechos, que llega incluso a intentar derogarlos, es un síntoma de que la concepción clásica de democracia agoniza en un nuevo clima político que bien podría ser también la despedida del interregno liberal iniciado con la distensión de la guerra fría en los años sesenta del pasado siglo.

El pasado mes de junio la Academia Francesa exigió la retirada de una cláusula que reformaba el artículo primero de la Constitución francesa a fin de reconocer los “idiomas regionales” que aún se hablan en aquel país. En opinión del ilustre cuerpo, reconocer tales idiomas como parte del patrimonio nacional ponía en peligro la identidad francesa.

Rigiéndose por la opinión de los savants,el Senado francés revocó la modificación del artículo por 216 votos contra 103, con una fuerte representación de la UMP de Sarkozy, de los comunistas, los radicales de Le Pen y el centroderecha entre el voto mayoritario. Reaccionando a esta explosión de patriotismo, la prestigiosa revista internacional Nature publicó una respuesta el 26 de junio titulada “Comédie Française”.Para el autor del artículo la reacción de la Académie “desafía a la lógica”. Según él, en un época en que la globalización amenaza con extirpar la mitad de las 6.000 o 7.000 lenguas del planeta, una corporación científica debería trabajar a favor de la conservación, no de la extinción. El conocimiento y la cultura, asegura Nature,están estrechamente imbricados con los idiomas dentro de los cuales han evolucionado. Por ello, la desaparición de un idioma no es sólo una pérdida para la comunidad que lo hablaba, es también la pérdida de esa comunidad para el género humano. El siglo XXI ha de superar la indiferencia ante la destrucción de la diversidad lingüística, incorporándola al derecho internacional en concepto de crimen contra la humanidad.

El pronunciamiento de la Académie se ramificó instantáneamente y al día siguiente dieciocho sabios españoles exigieron a su gobierno no ya el rechazo del artículo pertinente a derechos lingüísticos en el impugnado Estatut d´Autonomia de Catalunya, sino toda una reforma de la Constitución para retirar a los idiomas regionales la mascarilla de oxígeno con la que alientan desde la transición. Una vez más, España marcha al compás de Europa, pero ¿de qué Europa? Si esta liquida el espíritu liberal que condujo a la reconciliación francoalemana con el encuentro de Konrad Adenauer y Charles De Gaulle en la catedral de Reims el 8 de julio de 1963, lejano preludio del tratado de Maastricht, Europa involucionará a un chovinismo de consecuencias imprevisibles. Y en este proceso, cualquier señal de intolerancia que parta de Europa encontrará en España terreno fertilizado por décadas de agitación mediática.

En la propia Alemania, dos semanas antes del episodio de la Academia Francesa, Joachim Hunold, presidente de Air Berlin, dedicó a la lengua catalana un artículo editorial en la revista de la aerolínea en términos difíciles de imaginar hace pocos años. En este artículo, el señor Hunold deja patente su ignorancia, o su desfachatez, como le espeta el doctor Johannes Kabatek, catedrático de lingüística románica de la Universidad de Tubinga y presidente de la Deutsch-Katalanisches Gesellschaft, en una carta que hasta la fecha es la única respuesta emitida desde la abultada corporación de romanistas alemanes. Pero si el artículo del señor Hunold carece de interés filológico, interesa, y mucho, por lo que dice sobre la Europa que las grandes empresas están construyendo con el apoyo de los estados miembros.

Sólo por la voluntad de racionalizar el espacio europeo reduciendo al mínimo su diversidad lingüística – una gigantesca recalificación del territorio- puede explicarse su altivo ataque a la lengua catalana y su – a oídos españoles- lisonjera caracterización del castellano como el idioma de comunicación preferido por las personas inteligentes, como ya ocurría, según él, en tiempos del “emperador alemán Carlos V”. Falto de tal currículum, el catalán no merece consideración, porque, como asegura el señor Hunold con toda propiedad, “no recuerda precisamente el idioma de un imperio mundial”. Razones tan profundas suscitan preguntas urgentes. Por ejemplo, ¿es imprescindible que un pueblo conquiste otros a fin de mantener su idioma en la nueva Europa? La pregunta es retórica y la respuesta inquietante, porque el señor Hunold demuestra, en calidad de triunfador, que nada es tan cacófono como el rumor de los conquistados. Por ello rechaza con vehemencia topónimos como Eivissa y prefiere la eufonía de playa al autóctono pero malsonante platja.

¿Qué pudo impulsar al señor Hunold a descender de las alturas de su aerolínea a lanzar sobre las cabezas catalanohablantes sus documentadas opiniones en torno a la relación entre eufonía y poder? Muy sencillo: el gobierno autónomo de las islas Baleares elevó a su despacho presidencial una petición para que la aerolínea se mostrara sensible a los viajeros catalanohablantes en los vuelos con destino a las Baleares. Pretensión tan desmesurada puso a prueba la paciencia del señor Hunold, a quien le importa tan poco como a las aerolíneas españolas que la Constitución de este país reconozca la oficialidad del catalán en las Baleares, o que el Parlamento Europeo aprobara en 1992 una Carta para las Lenguas Regionales o Minoritarias que tiene rango de ley internacional y que ratificaron tanto España como Alemania. ¿Qué culpa tiene el señor Hunold de que unos provincianos depositaran sus esperanzas en resoluciones internacionales desprovistas de fuerza coercitiva sobre los estados? Tras la proeza de dotar los vuelos interiores en España con “por lo menos una azafata capaz de hablar en castellano”, ¿puede exigirse a una empresa europea que además incorpore la atención en catalán a los vuelos destinados a Mallorca?

La contrariedad del señor Hunold es comprensible. Con la intensificación de la movilidad, la miscelánea cultural que siempre fue Europa se ha convertido en una molestia para todos excepto las poblaciones locales, que los nuevos europeos ven cada vez más como manchas en el paisaje. Y así como Filemón y Baucis, aferrados a su pequeña parcela, impedían a Fausto construir una atalaya para “escrutar el infinito”, las culturas residuales, arrumbadas en el desván de las economías nacionales, son obstáculos que despejar. Pero una vez puesto en marcha el proceso, no se sabe dónde acabará. ¿Qué idiomas seguirán a las lenguas regionales a la guillotina a medida que se agudice la racionalización?¿Cómo será el paisaje cultural que verán los ojos europeos dentro de un siglo? Son preguntas que merece la pena plantearse cuando aún queda tiempo, pues, como sabía el general Stumm en El hombre sin atributos,la exigencia de ordnung y más ordnung conduce a un paisaje lunar.

Al señor Hunold no le bastó ofender a los catalanohablantes en su idioma; pretendió además avasallarlos con el argumento de que deben su desarrollo a otros europeos que graciosamente les remiten fondos de cohesión. Pero ¿es cierto que el aeropuerto de Son Sant Joan, tan útil a los viajeros alemanes en general y a Air Berlin en particular, no existiría sin la ayuda comunitaria? El señor Hunold pasa por alto el minúsculo detalle de que Catalunya y Baleares son contribuyentes netos a la Unión Europea, y que el nivel de solidaridad de estas comunidades con España excede con mucho el de Baden-Württemberg con el más pobre land de Alemania. El directivo de la aerolínea no parece saber que de haber actuado sola en lo que concierne a la inversión de sus recursos, Catalunya estaría hoy mucho más desarrollada y mejor conectada a Europa y al mundo.

La pregunta verdaderamente apremiante que suscitan conductas como la del señor Hunold y los miembros de la Academia Francesa es: ¿cuál será la Europa que se formará en el próximo medio siglo? ¿Será una que promueva la rica y diversa herencia cultural del continente, o una que discrimine entre culturas según criterios darwinistas? ¿Una que venere las tradiciones imperiales, o una que reconozca el vínculo entre democracia y autodeterminación en el seno de las estructuras comunitarias? A fin de cuentas, esta es la prueba decisiva para una democracia potente y unificadora. Porque el respeto de uno mismo se basa en el respeto a los demás; condición que las clases populares berlinesas entienden mucho mejor que los ejecutivos de sus grandes compañías. Cuando menos esto es lo que se desprendía de los carteles pegados por el Hertha BSC Berlin hace algunos años en lugares de la capital de la Alemania recientemente reunificada. Bajo las líneas que anunciaban el partido del Hertha contra el Barça, podía leerse: “Viene el Barcelona. Sé respetuoso. ¡Aprende catalán!”. El Futbol Club Barcelona respondió a la falta de respeto de Air Berlin hacia su idioma oficial cancelando las reservas del equipo para el primer tramo del viaje a Estados Unidos. Por dignidad, justamente.

>Los límites de Babel

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Por Alejandro Diz, profesor de Historia de las Ideas de la Universidad Rey Juan Carlos (EL MUNDO, 03/10/08):

George Steiner ha señalado que «Babel fue todo lo contrario de una maldición», ya que «el cuerno de la abundancia de las lenguas derramada sobre la especie humana constituía una bendición sin fin». Cada lengua expresa el mundo a su manera; cada una «edifica mundos y contramundos a su modo», y en esa riqueza plural estaría el carácter beneficioso de Babel. Mas como ya manifestara Montesquieu, hasta la virtud tiene necesidad de límites. Porque las lenguas, aparte de «edificar mundos», son instrumentos de comunicación entre personas, entre pueblos y culturas diferentes, y cuanto más amplio sea el ámbito de la comunicación lingüística más fácil será la relación.

La historia de la humanidad es un constante juego -juego esencial civilizatorio- entre la existencia de pluralidad de lenguas y de unidad lingüística, en la búsqueda utilitaria de una lingua franca que favorezca el contacto y el entendimiento lo más amplios posibles. La historia de la civilización occidental, por ejemplo, sería ininteligible sin la koiné alejandrina del helenismo, el latín de la mediterraneidad o las diferentes grandes lenguas nacionales de los estados y las naciones modernas. Por eso, ese juego lingüístico y civilizatorio en la pluralidad de lenguas será negativo, no beneficioso, cuando se trate de eliminar o de reducir un ámbito más amplio de comunicación lingüística y cultural ya conseguido. Estamos hablando, es fácil de deducir, de la situación actual en España en el terreno de las lenguas y de la enseñanza.

«Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo», señaló Wittgenstein. Así, cuando se conocen -con testimonios ya hoy en día incuestionables- los límites de romo nacionalismo lingüístico que el actual modelo educativo está imponiendo a los niños y a los adolescentes en Cataluña, el País Vasco, Galicia, Baleares o, en menor medida, en la Comunidad Valenciana, impidiéndoles el dominio y el uso culto del español, la lengua hablada por más de 400 millones de personas e instrumento de una de las literaturas y culturas más ricas de la Historia, se les está abocando a un mundo más limitado, más pobre cultural y mental, que el que tuvieron sus padres, lo que supone un retroceso para esas personas y para esas sociedades, una pérdida de la bendición de Babel.

Además, con las lenguas sucede como con las personas o los países: una cosa es la igualdad de derecho y otra la igualdad de hecho, de situación. No están en la misma situación ni tienen la misma utilidad, por ejemplo, el inglés y el swahili. Aunque no sea políticamente correcto admitirlo, las diferentes lenguas habladas en distintas comunidades autónomas españolas, aun con sus cualidades lingüísticas y sus ricas y originales configuraciones de universos mentales, no proporcionan la misma situación y utilidad que el español proporciona a sus hablantes cuando lo dominan en su uso más o menos culto. Es evidente -acudiendo a otro ejemplo- que el que se ha venido en llamar milagro irlandés, con el crecimiento económico y desarrollo social de Irlanda en los últimos decenios, no se hubiera producido si hubiese predominado el uso del gaélico en lugar del inglés.

Buena parte del problema que actualmente se vive en España acerca del aprendizaje y uso de las diferentes lenguas tiene su origen en una relación espuria que desde los inicios de la Transición se viene dando entre nacionalismo, lenguas y privilegios. En el sentido de que, por parte de las tendencias nacionalistas y también, en ocasiones, regionalistas, lejos de considerar fundamentalmente como un derecho de las personas el uso y aprendizaje de las lenguas maternas, han pretendido, y se ha conseguido en gran medida, que la existencia de una lengua o dialecto propio para una comunidad o región sea la base de toda una serie de privilegios y prebendas, en cuanto derechos y ventajas que no son comunes para toda la ciudadanía española. De esa bastarda relación deviene en no poca medida la calificación que se ha venido haciendo como comunidades históricas a Cataluña, País Vasco y Galicia (el que el término se pretenda basar en la existencia de estatutos, bien aprobados o en preparación, para esos territorios en la II República, no significaría más que retrotraer algo en el tiempo esa base de relación entre nacionalismo-lengua-privilegios).

De no poca y grave importancia es la aparición de manera un tanto subrepticia en una sociedad democrática-liberal como se supone la española actual de un sistema de privilegios derivados de diferencias lingüísticas o culturales (llámese, por ejemplo, relación bilateral Estado-Cataluña en el nuevo Estatuto catalán, o Cupo vasco -esa patata caliente incrustada en nuestro ordenamiento actual, que quiérase o no contradice el artículo 138.2 de la Constitución de 1978: «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales»-).

Grave fenómeno -decía-, porque en todo esto hay un desagradable tufillo a nacionalismo romántico decimonónico (la comunidad definida fundamentalmente por la lengua que la comunica) y a la sociedad estamental del Antiguo Régimen, basado en el privilegio y la cuna, y no fundamentalmente en el mérito y el esfuerzo personal de los individuos, propio de las sociedades abiertas. El origen del privilegio es lo que se ha resituado: antes estaba en la cuna, el linaje, el estamento; ahora, aquí en España, empieza a estarlo en un territorio que se pretende privilegiado por tener una lengua propia. De ahí, las obsesiones por imponer inmersiones lingüísticas de visos totalitarios o, en algunos casos que rayan en lo grotesco, buscar y tratar de revitalizar viejos dialectos casi desaparecidos, no por mantener una riqueza cultural, lo que sería positivo, sino para basamentar sobre ellos reivindicaciones de privilegios y prebendas.

La gravedad de la situación es más preocupante, porque con las políticas de inmersión lingüística, aparte del no respeto al derecho de todo español a hablar, estudiar o dirigirse a cualquiera instancia en la lengua común a toda la Nación, se está extendiendo la utilización de las enseñanzas de las diferentes lenguas como instrumento de adoctrinamiento nacionalista y antiespañol, con una clara perversión del lenguaje: utilización del sintagma Estado español para evitar el término España; connotar con términos peyorativos lo relacionado con España como nación y su historia y cultura; segmentar y distorsionar la enseñanza de la geografía y la historia común…

No es pequeño el número de estudiosos que han ligado el origen y desarrollo de la barbarie totalitaria vivida en el siglo XX con la corrupción del lenguaje. El mismo Steiner ha señalado que «la gramática es, en cierto modo, condición necesaria de la ley moral básica». Victor Klemperer, consciente de cómo en la Alemania de los años 20 y 30 del pasado siglo el nuevo idioma nazi iba contaminando las conciencias y modificando los comportamientos, escribió que las palabras pueden ser como dosis pequeñas de arsénico: «Uno se las traga sin tenerlo en cuenta, parece que no surtan ningún efecto, pero al cabo de un tiempo el efecto tóxico se empieza a sentir». Y la experiencia histórica enseña que para corregir, luego, los efectos tóxicos de esos lenguajes corrompidos totalitarios se necesita tiempo, esfuerzos ímprobos y no pocas capacidades; es, por ejemplo, lo que hizo Solzhenitsin para «domesticar la lengua soviética» (Coetzee), o también Anna Ajmátova o Joseph Brodsky.

Esperemos que en España, en algunos de sus territorios, no llegue nunca el día en que tengamos que recrear la lengua española a partir de sus raíces etimológicas, para que las «proposiciones estén esencialmente conectadas con el estado de cosas» (Wittgenstein), tras ya haber tenido que hacer algún aclarado tras el fin de la dictadura franquista.

¿Quién teme el Manifiesto?

Por Miquel Porta Perales, crítico y escritor (ABC, 22/07/08):

En España ocurren cosas sorprendentes. Sorprende que un grupo de intelectuales suscriba e impulse un Manifiesto por una lengua común en que se argumenta lo indiscutible y reivindica lo obvio. ¿Acaso es discutible que todas las lenguas oficiales en el Estado son patrimonio compartido e igualmente españolas y merecedoras de protección institucional? ¿Acaso es discutible que el castellano es la lengua común de los españoles y debe ser conocida por todos? ¿Acaso es discutible que son los ciudadanos -no los territorios ni las lenguas- quienes tienen derechos lingüísticos? ¿Acaso es discutible que en las comunidades bilingües se fomente -sin discriminación o marginación de la lengua común- el conocimiento de la lengua cooficial? Todo ello es indiscutible. ¿Por qué -entonces- el Manifiesto por una lengua común? Porque en algunas Autonomías se han instalado el esencialismo, el monolingüismo, el victimismo y el anticastellanismo lingüísticos. El esencialismo que hermana lengua e identidad y sostiene que la nación catalana, gallega o vasca se alza sobre una sola lengua denominada propia que excluye el castellano. El monolingüismo que impone la denominada lengua propia como única lengua oficial de facto de la Autonomía. El victimismo que inventa un enemigo al que atribuye cualidades como el expansionismo lingüístico. El anticastellanismo de quien desea marginar y descartar el castellano de toda manifestación pública.

El cuádruple fundamentalismo lingüístico se traduce en una triple ofensiva nacionalista periférica. En primer lugar, una ofensiva ideológica que refuerza la dicotomía entre lengua propia -catalán, gallego y vasco- e impropia -castellano- de la Autonomía, que realza la relación entre lengua propia e identidad propia identificando lealtad lingüística con lealtad nacional, que concibe el castellano como una amenaza y sostiene que las lenguas autonómicas cooficiales están relegadas y minorizadas. En segundo lugar, una ofensiva política que discrimina negativamente el castellano y positivamente las lenguas autonómicas cooficiales. En tercer lugar, una ofensiva legal que establece que la lengua autonómica cooficial «es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza» (artículo 6.1 del Estatuto de Cataluña, 2006), que instituye un proceso de normalización e inmersión lingüísticas que oculta un proceso de substitución lingüística (la Ley de Normalización Lingüística de la Generalitat de Cataluña de 1983 podría endurecerse con la Ley de Educación de Cataluña, actualmente en proceso de redacción, que suprimiría la llamada «tercera hora de castellano» que el Ministerio quiere introducir en la enseñanza primaria), que implanta -a través de la eufemísticamente denominada Oficina de Garantías Lingüísticas- sanciones económicas para garantizar que «la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidores de los establecimientos abiertos al público han de estar redactados, al menos, en catalán» (artículo 32.3 de la Ley de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña, 1998). Al respecto de la ofensiva legal conviene añadir que, por tercer año consecutivo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordena a la Generalitat de Cataluña que en los impresos de preinscripción escolar aparezca la casilla que otorga a los padres la opción para elegir la lengua en que quieren educar a sus hijos. Pero José Montilla -prisionero de una ERC que puede romper el tripartito- incumple esta resolución del Alto Tribunal catalán. Como incumple también otra resolución del mismo Tribunal que establece la tercera hora de castellano en Primaria. Si Montesquieu levantara la cabeza, comprobaría -horrorizado- que en Cataluña sólo se cumple la ley cuando interesa. ¿Montesquieu? Un españolista recalcitrante, asegurarían el catalanismo y el tripartito. El resultado: en Cataluña se puede matricular a los hijos en una escuela catalana, inglesa, francesa, alemana, italiana, suiza o japonesa, pero no castellana.

La deriva monolingüe y la obsesión identitaria, que se desprenden del fundamentalismo lingüístico y la ofensiva nacionalista periférica, tiene su consecuencia y su intención. La consecuencia: se reduce la libertad individual de elección de lengua, se considera como impropia una lengua castellana que es la propia de al menos la mitad de los ciudadanos catalanes, se limita el universo simbólico e intelectual del ciudadano, se problematiza el ser catalán-español de los ciudadanos catalanes que usan el castellano como vehículo habitual de comunicación, se cuestiona el carácter catalán de la cultura hecha por catalanes en lengua castellana, se obstaculiza el traslado de población y las oportunidades de trabajo interregionales. La consecuencia de la consecuencia: amparándose en el reconocimiento de la pluralidad lingüística, se impone el monolingüismo y el monoculturalismo. La intención: se niega -o relativiza en grado extremo- la lengua común castellana con la finalidad de dibujar fronteras identitarias y nacionales entre España por un lado, y Cataluña, Galicia y el País Vasco -quizá también las Islas Baleares- por otro identificando, como decíamos antes, lealtad lingüística con lealtad nacional. La intención de la intención: la reivindicación de una España plurilingüe, el dibujo de fronteras identitarias y nacionales por razón de lengua, esconde el proyecto -de momento- de un Estado plurinacional en que las partes tendrían el derecho a la soberanía.

Frente a ello, el Manifiesto por una lengua común reivindica -como decíamos al inicio- lo obvio. Es decir, que el Parlamento español -el Gobierno no está por la labor por los peajes que debe pagar- fije inequívocamente que la lengua castellana es común y oficial a todo el territorio español y como tal su comprensión puede serle supuesta a todos los ciudadanos españoles, que los ciudadanos que lo deseen tengan derecho a ser educados en castellano, que las lenguas cooficiales autonómicas tengan derecho a figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades pero no como lengua vehicular exclusiva, que los ciudadanos de autonomías bilingües tengan derecho a ser atendidos institucionalmente en las dos lenguas oficiales, que en el ámbito público no oficial el uso de una u otra lengua sea discrecional, que en la rotulación de los edificios oficiales y las vías públicas, así como en las comunicaciones oficiales administrativas y la información a la ciudadanía, no deba emplearse únicamente la lengua autonómica, que los representantes políticos en sus funciones institucionales de carácter estatal usen habitualmente la lengua castellana, que en los parlamentos autonómicos bilingües se puedan emplear las dos lenguas oficiales.

¿Quién teme el Manifiesto por una lengua común? Los nacionalismos periféricos -además de tergiversar el contenido a mayor gloria de sus intereses- lo han recibido mal. La enésima maniobra del españolismo excluyente, dicen. Y el caso es que, en ningún momento, el documento -señores: no se trata de un texto patriótico, sino de una defensa de la libertad individual y el sentido común- minimiza o desdeña las lenguas cooficiales autonómicas. Y el caso es que, gracias a ese supuesto españolismo excluyente, las lenguas cooficiales autonómicas han cobrado impulso y ganado protagonismo. ¿Por qué los nacionalismos periféricos temen -porque lo temen: por eso lo descalifican con acritud y sin aceptar el reto que plantea- el Manifiesto por una lengua común? Quizá porque en sus líneas se reclama algo tan indiscutible y obvio como la libertad de elección de lengua y los derechos fundamentales.

>¿Quién teme el Manifiesto?

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Por Miquel Porta Perales, crítico y escritor (ABC, 22/07/08):

En España ocurren cosas sorprendentes. Sorprende que un grupo de intelectuales suscriba e impulse un Manifiesto por una lengua común en que se argumenta lo indiscutible y reivindica lo obvio. ¿Acaso es discutible que todas las lenguas oficiales en el Estado son patrimonio compartido e igualmente españolas y merecedoras de protección institucional? ¿Acaso es discutible que el castellano es la lengua común de los españoles y debe ser conocida por todos? ¿Acaso es discutible que son los ciudadanos -no los territorios ni las lenguas- quienes tienen derechos lingüísticos? ¿Acaso es discutible que en las comunidades bilingües se fomente -sin discriminación o marginación de la lengua común- el conocimiento de la lengua cooficial? Todo ello es indiscutible. ¿Por qué -entonces- el Manifiesto por una lengua común? Porque en algunas Autonomías se han instalado el esencialismo, el monolingüismo, el victimismo y el anticastellanismo lingüísticos. El esencialismo que hermana lengua e identidad y sostiene que la nación catalana, gallega o vasca se alza sobre una sola lengua denominada propia que excluye el castellano. El monolingüismo que impone la denominada lengua propia como única lengua oficial de facto de la Autonomía. El victimismo que inventa un enemigo al que atribuye cualidades como el expansionismo lingüístico. El anticastellanismo de quien desea marginar y descartar el castellano de toda manifestación pública.

El cuádruple fundamentalismo lingüístico se traduce en una triple ofensiva nacionalista periférica. En primer lugar, una ofensiva ideológica que refuerza la dicotomía entre lengua propia -catalán, gallego y vasco- e impropia -castellano- de la Autonomía, que realza la relación entre lengua propia e identidad propia identificando lealtad lingüística con lealtad nacional, que concibe el castellano como una amenaza y sostiene que las lenguas autonómicas cooficiales están relegadas y minorizadas. En segundo lugar, una ofensiva política que discrimina negativamente el castellano y positivamente las lenguas autonómicas cooficiales. En tercer lugar, una ofensiva legal que establece que la lengua autonómica cooficial «es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza» (artículo 6.1 del Estatuto de Cataluña, 2006), que instituye un proceso de normalización e inmersión lingüísticas que oculta un proceso de substitución lingüística (la Ley de Normalización Lingüística de la Generalitat de Cataluña de 1983 podría endurecerse con la Ley de Educación de Cataluña, actualmente en proceso de redacción, que suprimiría la llamada «tercera hora de castellano» que el Ministerio quiere introducir en la enseñanza primaria), que implanta -a través de la eufemísticamente denominada Oficina de Garantías Lingüísticas- sanciones económicas para garantizar que «la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidores de los establecimientos abiertos al público han de estar redactados, al menos, en catalán» (artículo 32.3 de la Ley de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña, 1998). Al respecto de la ofensiva legal conviene añadir que, por tercer año consecutivo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordena a la Generalitat de Cataluña que en los impresos de preinscripción escolar aparezca la casilla que otorga a los padres la opción para elegir la lengua en que quieren educar a sus hijos. Pero José Montilla -prisionero de una ERC que puede romper el tripartito- incumple esta resolución del Alto Tribunal catalán. Como incumple también otra resolución del mismo Tribunal que establece la tercera hora de castellano en Primaria. Si Montesquieu levantara la cabeza, comprobaría -horrorizado- que en Cataluña sólo se cumple la ley cuando interesa. ¿Montesquieu? Un españolista recalcitrante, asegurarían el catalanismo y el tripartito. El resultado: en Cataluña se puede matricular a los hijos en una escuela catalana, inglesa, francesa, alemana, italiana, suiza o japonesa, pero no castellana.

La deriva monolingüe y la obsesión identitaria, que se desprenden del fundamentalismo lingüístico y la ofensiva nacionalista periférica, tiene su consecuencia y su intención. La consecuencia: se reduce la libertad individual de elección de lengua, se considera como impropia una lengua castellana que es la propia de al menos la mitad de los ciudadanos catalanes, se limita el universo simbólico e intelectual del ciudadano, se problematiza el ser catalán-español de los ciudadanos catalanes que usan el castellano como vehículo habitual de comunicación, se cuestiona el carácter catalán de la cultura hecha por catalanes en lengua castellana, se obstaculiza el traslado de población y las oportunidades de trabajo interregionales. La consecuencia de la consecuencia: amparándose en el reconocimiento de la pluralidad lingüística, se impone el monolingüismo y el monoculturalismo. La intención: se niega -o relativiza en grado extremo- la lengua común castellana con la finalidad de dibujar fronteras identitarias y nacionales entre España por un lado, y Cataluña, Galicia y el País Vasco -quizá también las Islas Baleares- por otro identificando, como decíamos antes, lealtad lingüística con lealtad nacional. La intención de la intención: la reivindicación de una España plurilingüe, el dibujo de fronteras identitarias y nacionales por razón de lengua, esconde el proyecto -de momento- de un Estado plurinacional en que las partes tendrían el derecho a la soberanía.

Frente a ello, el Manifiesto por una lengua común reivindica -como decíamos al inicio- lo obvio. Es decir, que el Parlamento español -el Gobierno no está por la labor por los peajes que debe pagar- fije inequívocamente que la lengua castellana es común y oficial a todo el territorio español y como tal su comprensión puede serle supuesta a todos los ciudadanos españoles, que los ciudadanos que lo deseen tengan derecho a ser educados en castellano, que las lenguas cooficiales autonómicas tengan derecho a figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades pero no como lengua vehicular exclusiva, que los ciudadanos de autonomías bilingües tengan derecho a ser atendidos institucionalmente en las dos lenguas oficiales, que en el ámbito público no oficial el uso de una u otra lengua sea discrecional, que en la rotulación de los edificios oficiales y las vías públicas, así como en las comunicaciones oficiales administrativas y la información a la ciudadanía, no deba emplearse únicamente la lengua autonómica, que los representantes políticos en sus funciones institucionales de carácter estatal usen habitualmente la lengua castellana, que en los parlamentos autonómicos bilingües se puedan emplear las dos lenguas oficiales.

¿Quién teme el Manifiesto por una lengua común? Los nacionalismos periféricos -además de tergiversar el contenido a mayor gloria de sus intereses- lo han recibido mal. La enésima maniobra del españolismo excluyente, dicen. Y el caso es que, en ningún momento, el documento -señores: no se trata de un texto patriótico, sino de una defensa de la libertad individual y el sentido común- minimiza o desdeña las lenguas cooficiales autonómicas. Y el caso es que, gracias a ese supuesto españolismo excluyente, las lenguas cooficiales autonómicas han cobrado impulso y ganado protagonismo. ¿Por qué los nacionalismos periféricos temen -porque lo temen: por eso lo descalifican con acritud y sin aceptar el reto que plantea- el Manifiesto por una lengua común? Quizá porque en sus líneas se reclama algo tan indiscutible y obvio como la libertad de elección de lengua y los derechos fundamentales.

La lengua y los mediocres

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 26/06/08):

Como suelo dar mis clases en catalán, lamentablemente no tengo alumnos de Erasmus, ese programa para estudiantes extranjeros que facilita el intercambio entre estudiantes de la UE. Sin embargo, en cierta ocasión, al finalizar la primera clase del curso vinieron a verme un grupo de estudiantes europeos. Me dijeron que la facultad les había asegurado que yo daba la clase en castellano y por ello se habían apuntado a mi grupo. Efectivamente, la profesora encargada de informarles cometió un error. Yo arreglé las cosas diciéndoles lo que me pareció más natural y sensato: “No se preocupen, a partir de ahora utilizaré el castellano, lo importante es comunicarse bien, no el instrumento que se usa para comunicarse”.

Al cabo de unos días, hablando con estudiantes holandeses y suecos les pregunté ingenuamente por algo que me suscitaba curiosidad: “¿Los alumnos Erasmus que van a sus países conocen el holandés y el sueco como para entender a los profesores en clase?”. Sonriendo, me respondieron que obviamente no, casi ningún erasmus tenía idea del holandés o sueco, pero más de la mitad de las clases se impartían en inglés dado que los profesores procedían de países muy diversos y el inglés se había convertido en la lengua vehicular común. Me sentí bastante ridículo y provinciano al escuchar esta respuesta. Debía dar por supuesto que las autoridades universitarias de estos países eran personas cultas e inteligentes, preocupadas por el conocimiento y no por el vehículo en el que se trasmite, interesadas en atraerse a los mejores profesores, aunque hubiera que ir a buscarlos más allá de las estrechas fronteras de sus países.

Pues bien, en Catalunya estamos en las antípodas de esta posición, nuestras autoridades políticas y universitarias tienen todavía la mentalidad de otros tiempos. Como ha informado este periódico, las universidades catalanas aprobaron en el seno del Consell Interuniversitari de Catalunya, la propuesta del Govern de la Generalitat según la cual a todos los nuevos profesores, o a los antiguos que pretendan ascender en su carrera académica, deberá exigírseles el nivel C de catalán. De este acuerdo se ha desmarcado mi universidad, la Autònoma: ¡felicidades, rector y equipo de gobierno!

Recordemos que el nivel C de catalán implica un conocimiento perfecto de la lengua, de su ortografía y sintaxis. Tras él, solo queda el nivel D, que muy pocos poseen, exigible tan sólo a especialistas para que realicen funciones lingüísticas muy específicas, trabajos de traducción o corrección gramatical. ¿Tienen tanto atractivo nuestras universidades como para que profesores del resto de España o de países extranjeros hagan el esfuerzo de obtener el nivel C? Evidentemente, esto disuadirá a muchos universitarios de venir a Catalunya. Ya sucede ahora, desde hace años, y no sólo en la universidad, sino también en otras profesiones: médicos, notarios, jueces, fiscales, altos ejecutivos. Nunca en Catalunya había habido carencias en estas profesiones, por el contrario las plazas estaban siempre muy buscadas. Sólo ahora, las fronteras lingüísticas nos aíslan y empobrecen.

Pero cuidado: la culpa no es del catalán, la culpa es de la política lingüística, de los excesos que el fanatismo comete en nombre del catalán.

La sociedad catalana, en su inmensa mayoría, es bilingüe y tolerante. Asimismo, excepto algún intransigente, los que aquí se desplazan para vivir y trabajar se esfuerzan en comprender – hablarlo, a cierta edad, ya es otra cosa- rápidamente el catalán, sobre todo si son personas con una mínima base cultural. En definitiva, en la sociedad no hay problemas. El problema está en una política lingüística mal enfocada y, como es el caso de la universidad, en ciertos intereses inconfesables. Lo ha dicho con exactitud el profesor Joaquim Molins, en referencia al caso que nos ocupa: “Lo que quiere la gente mediocre de las universidades catalanas es restringir la competencia. Poner tantos obstáculos como sea posible para evitar que gente del resto de España o extranjeros les quiten sus plazas. Esto es lo que subyace en esta decisión. Y si hay un lugar donde la movilidad es fundamental es en la universidad”.

El catalán, como dijo hace años un poeta conservador, es un vaso de agua clara, es decir, debe mantenerse vivo, con las ayudas e incentivos necesarios, pero con naturalidad, coexistiendo en paz con el castellano, como siempre había sido en Catalunya. La lengua debe ser un elemento de comunicación, no un elemento de identidad excluyente que nos enfrente unos a otros. El filósofo Fernando Savater ha encabezado un manifiesto – al que en pocas horas nos hemos adherido más de 40.000 ciudadanos- lleno de sentido común, espíritu de tolerancia y sensatez. Mientras, la Generalitat hace cosas insensatas: se pelea con Madrid por una miserable tercera hora de castellano a la semana en las escuelas, exige el nivel C a los profesores de universidad y, ya en el colmo del surrealismo, no renueva la licencia a una radio cultural extremeña ¡por no emitir emisiones en catalán!

La Catalunya tolerante y cívica debe reaccionar, en lugar de callarse, mientras los fanáticos y los mediocres nos van hundiendo en una visible decadencia.

>La lengua y los mediocres

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Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 26/06/08):

Como suelo dar mis clases en catalán, lamentablemente no tengo alumnos de Erasmus, ese programa para estudiantes extranjeros que facilita el intercambio entre estudiantes de la UE. Sin embargo, en cierta ocasión, al finalizar la primera clase del curso vinieron a verme un grupo de estudiantes europeos. Me dijeron que la facultad les había asegurado que yo daba la clase en castellano y por ello se habían apuntado a mi grupo. Efectivamente, la profesora encargada de informarles cometió un error. Yo arreglé las cosas diciéndoles lo que me pareció más natural y sensato: “No se preocupen, a partir de ahora utilizaré el castellano, lo importante es comunicarse bien, no el instrumento que se usa para comunicarse”.

Al cabo de unos días, hablando con estudiantes holandeses y suecos les pregunté ingenuamente por algo que me suscitaba curiosidad: “¿Los alumnos Erasmus que van a sus países conocen el holandés y el sueco como para entender a los profesores en clase?”. Sonriendo, me respondieron que obviamente no, casi ningún erasmus tenía idea del holandés o sueco, pero más de la mitad de las clases se impartían en inglés dado que los profesores procedían de países muy diversos y el inglés se había convertido en la lengua vehicular común. Me sentí bastante ridículo y provinciano al escuchar esta respuesta. Debía dar por supuesto que las autoridades universitarias de estos países eran personas cultas e inteligentes, preocupadas por el conocimiento y no por el vehículo en el que se trasmite, interesadas en atraerse a los mejores profesores, aunque hubiera que ir a buscarlos más allá de las estrechas fronteras de sus países.

Pues bien, en Catalunya estamos en las antípodas de esta posición, nuestras autoridades políticas y universitarias tienen todavía la mentalidad de otros tiempos. Como ha informado este periódico, las universidades catalanas aprobaron en el seno del Consell Interuniversitari de Catalunya, la propuesta del Govern de la Generalitat según la cual a todos los nuevos profesores, o a los antiguos que pretendan ascender en su carrera académica, deberá exigírseles el nivel C de catalán. De este acuerdo se ha desmarcado mi universidad, la Autònoma: ¡felicidades, rector y equipo de gobierno!

Recordemos que el nivel C de catalán implica un conocimiento perfecto de la lengua, de su ortografía y sintaxis. Tras él, solo queda el nivel D, que muy pocos poseen, exigible tan sólo a especialistas para que realicen funciones lingüísticas muy específicas, trabajos de traducción o corrección gramatical. ¿Tienen tanto atractivo nuestras universidades como para que profesores del resto de España o de países extranjeros hagan el esfuerzo de obtener el nivel C? Evidentemente, esto disuadirá a muchos universitarios de venir a Catalunya. Ya sucede ahora, desde hace años, y no sólo en la universidad, sino también en otras profesiones: médicos, notarios, jueces, fiscales, altos ejecutivos. Nunca en Catalunya había habido carencias en estas profesiones, por el contrario las plazas estaban siempre muy buscadas. Sólo ahora, las fronteras lingüísticas nos aíslan y empobrecen.

Pero cuidado: la culpa no es del catalán, la culpa es de la política lingüística, de los excesos que el fanatismo comete en nombre del catalán.

La sociedad catalana, en su inmensa mayoría, es bilingüe y tolerante. Asimismo, excepto algún intransigente, los que aquí se desplazan para vivir y trabajar se esfuerzan en comprender – hablarlo, a cierta edad, ya es otra cosa- rápidamente el catalán, sobre todo si son personas con una mínima base cultural. En definitiva, en la sociedad no hay problemas. El problema está en una política lingüística mal enfocada y, como es el caso de la universidad, en ciertos intereses inconfesables. Lo ha dicho con exactitud el profesor Joaquim Molins, en referencia al caso que nos ocupa: “Lo que quiere la gente mediocre de las universidades catalanas es restringir la competencia. Poner tantos obstáculos como sea posible para evitar que gente del resto de España o extranjeros les quiten sus plazas. Esto es lo que subyace en esta decisión. Y si hay un lugar donde la movilidad es fundamental es en la universidad”.

El catalán, como dijo hace años un poeta conservador, es un vaso de agua clara, es decir, debe mantenerse vivo, con las ayudas e incentivos necesarios, pero con naturalidad, coexistiendo en paz con el castellano, como siempre había sido en Catalunya. La lengua debe ser un elemento de comunicación, no un elemento de identidad excluyente que nos enfrente unos a otros. El filósofo Fernando Savater ha encabezado un manifiesto – al que en pocas horas nos hemos adherido más de 40.000 ciudadanos- lleno de sentido común, espíritu de tolerancia y sensatez. Mientras, la Generalitat hace cosas insensatas: se pelea con Madrid por una miserable tercera hora de castellano a la semana en las escuelas, exige el nivel C a los profesores de universidad y, ya en el colmo del surrealismo, no renueva la licencia a una radio cultural extremeña ¡por no emitir emisiones en catalán!

La Catalunya tolerante y cívica debe reaccionar, en lugar de callarse, mientras los fanáticos y los mediocres nos van hundiendo en una visible decadencia.