>Aviso para dictadores

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Por Mario Vargas Llosa © Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2009 (EL PAÍS, 19/04/09):

La condena del ex dictador Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por delitos contra los derechos humanos que ha dictado un Tribunal de la Corte Suprema del Perú trasciende largamente la demarcación geográfica peruana y gravita a partir de ahora sobre toda América Latina como una advertencia a quienes, de un confín a otro del continente, aspiren a tomar por asalto el poder y gobernar amparados por la fuerza. Ya saben los gobernantes que pisotean la Constitución y las leyes y mandan torturar y asesinar que sus crímenes no quedarán impunes, como casi siempre ha ocurrido hasta ahora, sino que tarde o temprano pueden ser juzgados y sancionados por sus propios pueblos. Se trata de un precedente histórico señero para quienes soñamos con una América Latina emancipada para siempre de la peste autoritaria.

El ex dictador ha sido condenado por dos secuestros y dos matanzas particularmente crueles de las muchas que se perpetraron durante su régimen, pero no por el delito más grave que cometió: haber destruido mediante un acto de fuerza militar el 5 de abril de 1992 la democracia, gracias a la cual dos años antes había sido elegido en comicios legítimos para ocupar la Presidencia del Perú. Los dos secuestros -del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer- coincidieron con el golpe de Estado. La primera de las matanzas se había realizado unos meses antes, en noviembre de 1991, en un barrio del centro de Lima -Barrios Altos-, donde un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina, integrado por militares y formado con anuencia de Fujimori, asesinó a 15 personas, entre ellas un niño de ocho años, que celebraban una fiesta en un vecindario con el pretexto -falso- de que eran senderistas y se proponían recolectar fondos para el movimiento terrorista de Sendero Luminoso. Uno de los factores que desencadenaron el putsch fue, por lo tanto, garantizar la impunidad para los delitos que ya venía cometiendo el nuevo Gobierno, no sólo contra los derechos humanos, también económicos, pues ya había comenzado el saqueo de los haberes públicos, algo que, en los años siguientes, alcanzaría un ritmo paroxístico bajo la batuta del brazo derecho del presidente y experto en latrocinios Vladimiro Montesinos.

La otra matanza tuvo lugar en julio de 1992. Los pistoleros del Grupo Colina invadieron de noche la Universidad de La Cantuta, que estaba intervenida y cercada por una fuerza militar, y secuestraron a nueve estudiantes y un profesor a quienes asesinaron en un descampado vecino de un tiro en la nuca. Allí los enterraron y, tiempo después, cuando el periodismo independiente, pese a las maniobras de encubrimiento del régimen, descubrió las huellas del crimen, los desenterraron, quemaron y volvieron a enterrar los huesos en otro lugar. El escándalo internacional que estalló cuando esta macabra historia se hizo pública y se conocieron las sangrientas entrañas del sistema, fue uno de los episodios que más melló la imagen de la dictadura ante el pueblo peruano, parte del cual hasta entonces la apoyaba en la errónea creencia de que un gobierno autoritario podía ser más eficaz que la democracia para combatir a los terroristas de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. En verdad, no fueron los escuadrones de la muerte de la dictadura los que derrotaron a Abimael Guzmán y los senderistas, sino un hecho que marcó un cambio cualitativo en la lucha antisubversiva: la captura de su líder y casi todo el Comité Central de Sendero Luminoso, gracias al rastreo científico que hizo de ellos un pequeño grupo de policías que estaba enfrentado con Vladimiro Montesinos y el servicio de inteligencia del régimen.

El juicio a Fujimori duró cerca de 17 meses, fue televisado, asistieron a él periodistas y observadores internacionales y el acusado gozó de todas las garantías del derecho de defensa. El Tribunal de tres miembros, presidido por un prestigioso penalista, magistrado y profesor universitario, el doctor César San Martín, cuya conducta a todo lo largo del proceso fue de una serenidad y corrección que le reconocen tirios y troyanos, ha emitido una sentencia que debería publicarse y enseñarse en las escuelas de toda América Latina (resumida, porque tiene cerca de 700 páginas) para que las nuevas generaciones conozcan, a través de hechos concretos y personas identificadas, la tragedia que significa para un país, en sufrimiento humano, inseguridad pública, delincuencia, distorsión de valores, mentiras, desprecio de los más elementales derechos de que un ciudadano debería gozar en una sociedad moderna y en corrupción y degradación de las instituciones, una dictadura como la que padeció el Perú entre 1992 y el año 2000, cuando Fujimori, fracasado su intento de hacerse reelegir en unos comicios fraudulentos, huyó al Japón y renunció a la Presidencia mediante un fax.

Mientras existan las fronteras, las Fuerzas Armadas son una necesidad perentoria para los países, y, por lo mismo que la sociedad les confía, al mismo tiempo que la responsabilidad de velar por su seguridad, las armas que le permitan cumplir con su misión, es indispensable que aquella institución funcione dentro de la más estricta legalidad y sea un baluarte de la sociedad civil, no su enemiga. Fujimori hizo un daño incalculable a las Fuerzas Armadas imponiéndoles como verdadero mentor a Vladimiro Montesinos, un capitán al que el Ejército peruano había expulsado y condenado como traidor a su patria y a su uniforme, y que, desde entonces, mediante manipulaciones y chantajes, abusaría de manera ignominiosa del poder que se le confirió. Montesinos fue postergando a los oficiales probos y capaces, obligándolos a veces a pedir su baja, en tanto que ascendía y colocaba en los puestos claves a sus cómplices y a colaboradores serviles, que ampararon sus desafueros -un vasto abanico de horrores que iban desde tráfico de armas hasta operaciones de narcotráfico- y se beneficiaron con ellos.

Uno de los aspectos más aleccionadores de la sentencia es la demostración inapelable de que, contrariamente a la pretensión de los fujimoristas de exonerar al ex dictador con el argumento de que Montesinos era quien delinquía y, aquél, un cándido que no se enteraba de nada de lo que pasaba bajo sus narices, había una absoluta simbiosis del dictador y su asesor, la que existe entre una persona y su sombra o entre el muñeco y el ventrílocuo que lo hace hablar. Ambos se repartían un trabajo en el que, por una parte, los hombres del poder se enriquecían a manos llenas, eliminaban adversarios, compraban y amedrentaban jueces, copaban cargos públicos, y de otra, mediante el soborno o el chantaje, controlaban los medios para manipular a la opinión pública con campañas televisivas ad-hoc y hundir en el desprestigio a sus críticos valiéndose de los plumarios de una prensa amarilla que financiaban o de conductoras de reality shows.

Sólo en un medio ambiente semejante, de desplome total de la legalidad y la decencia política, de imperio del úcase y la prepotencia, se entiende que prosperara el Grupo Colina y que en un par de años asesinara, en nueve operaciones perfectamente planeadas y ejecutadas, a unas 50 personas. Quienes integraron sus filas sabían que lo que hacían estaba ordenado y amparado por la más alta autoridad y, por eso, recibieron el amparo logístico necesario de la institución militar y el encubrimiento político y judicial debido -incluida una ley de amnistía- cuando sus negras hazañas fueron descubiertas y denunciadas. Lo que no sabían es que la dictadura caería -siempre caen-, la democracia rebrotaría de sus cenizas y -por primera vez en la historia del Perú- un ex dictador y sus principales cómplices serían llevados al banquillo de los acusados.

Los peruanos que vivimos en el extranjero solemos ver aparecer a nuestro país en los diarios, radios y cadenas de televisión de los lugares donde estamos, porque en el Perú ha habido un golpe de Estado, un atentado terrorista, un terremoto o quintillizos, es decir, siempre alguna catástrofe o anomalía, política o social. Qué extraño y qué hermoso lo que nos ha ocurrido en estos últimos días, advertir que el Perú del que habla la prensa y las personas en la calle con respeto y admiración es una civilizada nación que enfrenta su pasado con dignidad y coraje y donde un tribunal civil juzga y sanciona los crímenes de un dictador. Un ejemplo para América Latina, sí. Y para el mundo entero.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

>El "reality show" de Alberto Fujimori

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Por Santiago Roncagliolo, escritor peruano. Su último libro publicado es Memorias de una dama (EL PAÍS, 14/04/09):

Los peruanos tenemos una afición: inventamos dictaduras.

En los setenta, cuando toda América Latina padecía sangrientas dictaduras de derecha, el Perú tuvo una de izquierda: la del general Juan Velasco Alvarado, un militar que expropió los medios de comunicación y decretó la reforma agraria, al que Hugo Chávez ha mencionado como un inspirador. En 1972, Fidel Castro le veía más futuro a la revolución de Velasco que al experimento de Allende. Veinte años después, mientras todos los países de la región estrenaban democracias liberales, Alberto Fujimori inventó la dictadura liberal.

Su rostro era mucho más amable, por supuesto, que el del dictador común. Fujimori siempre sonreía. Siempre parecía tener todo bajo control. Siempre estaba en la televisión. Podía liderar a un batallón de rangers en el asalto a una embajada. O pasear entre sus cadáveres, también frente a las cámaras. O bailar una tecnocumbia titulada El baile del Chino. O inaugurar colegios en zonas apartadas del país. Fujimori siempre estaba cerca, siempre estaba por todas partes.

Por eso, para la opinión pública del país, el mayor impacto del proceso contra Fujimori no ha sido la sentencia, sino el juicio público televisado. Durante diecisiete meses, el ex presidente ha protagonizado el reality show más candente de la televisión peruana. Ha tenido un careo y un intercambio de sonrisas con su oscuro asesor Vladimiro Montesinos, vestido de Dior y seguro de sí mismo. Ha reído con las anécdotas de sus escoltas, que aseguraban haberlo espiado por la cerradura de su dormitorio. Y sobre todo, por primera vez, ha escuchado los testimonios de los sicarios encargados de los asesinatos y desapariciones. Y con él, todo el Perú.

En cierto modo, no era nuevo. Las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos en 1991 y 1992, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992, aparecieron en la prensa de esos años, como muchos otros atentados contra los derechos humanos. Pero las denuncias se diluyeron en el aluvión de prensa amable pagada con fondos públicos y en un poder judicial convenientemente descuidado. Los acusados fueron condenados pero amnistiados un año después. Y Fujimori les envió una tarta por su aniversario.

En cambio, esta vez, antes de declarar al acusado culpable de los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía, lesiones graves y secuestro, el proceso ha pasado revista a los sistemas de aniquilamiento del Gobierno. Los sicarios han detallado frente a las cámaras cuándo y dónde entrenaban, y cómo realizaron cada una de sus sangrientas misiones. Han contado cómo mataron a un niño. En respuesta, el otrora sonriente Alberto Fujimori se ha derrumbado en las pantallas de todo el país: ha perdido los nervios. Se le ha hinchado un pie. Ha asegurado que no sabía nada y que además protegió los derechos humanos de todos los demás peruanos. Y ha acuñado una frase para la historia: “Yo tuve que gobernar desde el infierno”.

A nivel nacional, enfrentarse a la propia memoria de ese modo cierra heridas, porque emite un mensaje claro por parte del Estado: “Vamos a juzgarte si eres terrorista y vamos a juzgarte si eres el presidente. Este Estado no quiere que la gente se mate, simplemente”. La legitimidad moral de la sentencia estriba en que no es una venganza, sino un juicio justo. Fujimori ha recibido lo que sus víctimas no tuvieron: la posibilidad de defenderse.

De cara a la región, la sentencia es una oportuna señal de madurez democrática ahora que los Estados Unidos tantean una apertura hacia Cuba. Varios presidentes latinoamericanos han expresado su deseo de que termine el embargo comercial contra la isla, que en definitiva, es una advertencia permanente para todos los demás. Y, por otro lado, se ha creado un organismo de cooperación militar sudamericano. Gradual pero firmemente, América Latina da pasos hacia una independencia institucional de los Estados Unidos. La mayoría de edad política de un país llega cuando puede proteger su democracia sin injerencias externas. La condena contra Fujimori establece que los trapos sucios se pueden limpiar en casa y limpiar bien.

Todo un avance respecto a 1998, cuando fue necesaria una orden de arresto de España para activar a la justicia chilena a abrir procesos contra Augusto Pinochet. Entonces, sus seguidores en Chile consiguieron presentar su caso como una afrenta contra la soberanía. Pinochet volvió a su país y pasó años fastidiosos pero no fue condenado en un juzgado.

Aun hoy en día, las instancias internacionales para juzgar crímenes de lesa humanidad enfrentan graves dificultades: el presidente de Sudán, Omar al Bashir, hace una gira internacional desafiando la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional, que lo considera responsable de la muerte de 300.000 personas en Darfur. Y Estados Unidos entrega a Francia al ex dictador Manuel Antonio Noriega. Por cierto, Estados Unidos, tampoco reconoce la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Más aún, el Gobierno de Bush condicionó las ayudas al desarrollo en América Latina a la firma de acuerdos garantizando inmunidad para sus ciudadanos. En la búsqueda de una instancia fiable para juzgar los atentados contra los derechos humanos, Perú se puede permitir la fórmula más simple: “Hazlo en casa”.

El primer proceso por crímenes de lesa humanidad contra un presidente electo cierra así un debate jurídico. Pero para los fujimoristas, abre otro: si se puede juzgar presidentes, ¿por qué no juzgar a Alan García también? De hecho, durante su Gobierno de los años ochenta, se registraron más víctimas de la violencia que durante los años de Alberto Fujimori, según el informe de la Comisión de la Verdad. Sus defensores se preguntan: ¿son los crímenes de una democracia menos crímenes que los de una dictadura?

La sentencia cierra la discusión con un argumento: Fujimori no es el único que ha dirigido Estados violentos, pero es el único al que se le ha probado personalmente la organización, o por lo menos el apoyo total a una estructura paramilitar dedicada a la desaparición: un escuadrón de la muerte. En ese sentido, Fujimori está al nivel de Pinochet o de la cúpula militar argentina.

En cambio, los Gobiernos actualmente más autoritarios de Sudamérica, Colombia o Venezuela, no son comparables con el de Fujimori. Muchas de sus actuaciones en temas de derechos humanos y libertades fundamentales son graves. Pero también son cuestionadas. Están sujetos a muchos más controles de los que tuvo Fujimori, aunque pueden estarlo a más.

Uribe goza de un gran apoyo popular pero su terrible registro de denuncias por derechos humanos ha envenenado su relación con la nueva Administración demócrata. Fujimori era más osado. En su momento, directamente rompió con los tribunales internacionales acusándolos de exaltar el terrorismo. Y corrió a anunciarlo en un reality show del mediodía. Otra cosa que Fujimori no hacía es perder elecciones. Chávez, en cambio, puede perder referendos. No siempre es democrático ganar una votación. Pero siempre es democrático perderla.

En lo que sí precedió Fujimori a la retórica del líder latinoamericano -o del caudillo, según se mire- es en su uso de la televisión. Uribe desde el principio de su mandato televisaba sus concejos descentralizados. Chávez tiene un programa propio. Mucho antes, Fujimori sabía que era necesario ser un Action Man en escena, que la legitimidad se ganaba frente a las pantallas. Fujimori fue el primer gobernante autoritario de un momento sin ideologías y, en muchos países, sin partidos políticos, pero con televisores. Convirtió al ejército y a la televisión en las dos bases de su Gobierno, y con ellas le pintó una fachada democrática y legal a su Gobierno. A la larga, como ha demostrado el impacto de su juicio público, sus mayores descubrimientos se convertirían en su cadalso.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

>El sueño del "chef"

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Por Mario Vargas LLosa. © Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Diario EL PAÍS, SL, 2009 (EL PAÍS, 22/03/09):

A comienzos de los años setenta, en una casa limeña situada en el límite mismo de dos barrios, San Isidro y Lince, donde se codeaban la pituquería y el pueblo, un niño de pocos años solía meterse a la cocina para escapar de sus cuatro hermanas mayores y los galanes que venían a visitarlas. La cocinera le había tomado cariño y lo dejaba poner los ojos, y a veces meter la mano, en los guisos que preparaba. Un día la dueña de casa descubrió que su único hijo varón -el pequeño Gastón- había aprendido a cocinar y que se gastaba las propinas corriendo al almacén Súper Epsa de la esquina a comprar calamares y otros alimentos que no figuraban en la dieta casera para experimentar con ellos.

El niño se llamaba Gastón Acurio, como su padre, un ingeniero y político que fue siempre colaborador cercano de Fernando Belaunde Terry. Alentado por su madre, el niño siguió pasando buena parte de su niñez y su adolescencia en la cocina, mientras terminaba el colegio y comenzaba en la Universidad Católica sus estudios de abogado. Ambos ocultaron al papá esta afición precoz del joven Gastón, que, acaso, el pater familias hubiera encontrado inusitada y poco viril.

El año 1987 Gastón Acurio fue a España, a seguir sus estudios de Derecho en la Complutense. Sacaba buenas notas pero olvidaba todas las leyes que estudiaba después de los exámenes y lo que leía con amor no eran tratados jurídicos sino libros de cocina. El ejemplo y la leyenda de Juan María Arzak lo deslumbraron. Entonces, un buen día, comprendiendo que no podía seguir fingiendo más, decidió confesarle a su padre la verdad.

Gastón Acurio papá, un buen amigo mío, descubrió así, en un almuerzo con el hijo al que había ido a visitar a Madrid y al que creía enrumbado definitivamente hacia la abogacía, que a Gastón-hijo no sólo no le gustaba el Derecho, sino que, horror de horrores, ¡soñaba con ser cocinero! Él reconoce que su sorpresa fue monumental y yo estoy seguro que perdió el habla y hasta se le descolgó la mandíbula de la impresión. En ese tiempo, en el Perú se creía que la cocina podía ser una afición, pero no una profesión de señoritos.

Sin embargo, hombre inteligente, terminó por inclinarse ante la vocación de su hijo, y le firmó un cheque, para que se fuera a París, a completar su formación en el Cordon Bleu. Nunca se arrepentiría y hoy debe ser, sin duda, uno de los padres más orgullosos del mundo por la formidable trayectoria de su heredero.

Gastón estuvo dos años en el Cordon Bleu y allí conoció a una muchacha francesa, de origen alemán, Astrid, que, al igual que él, había abandonado sus estudios universitarios -ella, de Medicina- para dedicarse de lleno a la cocina (principalmente, la pastelería). Estaban hechos el uno para el otro y era inevitable que se enamoraran y casaran.

Después de terminar sus estudios y hacer prácticas por algún tiempo en restaurantes europeos, se instalaron en el Perú y abrieron su primer restaurante, Astrid y Gastón, el 14 de julio de 1994, con 45.000 dólares prestados entre parientes cercanos y lejanos. El éxito fue casi inmediato y, 15 años después, Astrid y Gastón exhibe sus exquisitas versiones de la cocina peruana, además de en Lima, en Buenos Aires, Santiago, Quito, Bogotá, Caracas, Panamá, México y Madrid.

En estos restaurantes la tradicional comida peruana es el punto de partida pero no de llegada: ha sido depurada y enriquecida con toques personales que la sutilizan y adaptan a las exigencias de la vida moderna, a las circunstancias y oportunidades de la actualidad, sin traicionar sus orígenes pero, también, sin renunciar por ello a la invención y a la renovación. Otra variante del genio gastronómico de Gastón Acurio es La Mar, un restaurante menos elaborado y formal, más cercano a los sabores genuinos de la cocina popular, que, al igual que Astrid y Gastón, después de triunfar en el Perú, tiene ya una feliz existencia en siete países extranjeros. Y, como si esto fuera poco, han surgido en los últimos años otras cadenas, cada una de ellas con una personalidad propia y que desarrolla y promueve una rama o especialidad del frondoso recetario nacional, Tanta, Panchita, Pasquale Hermanos, La Juguería Peruana, La Pepa y -el último invento por ahora- Chicha, en ciudades del interior dotadas de una comida regional propia, a la que estos restaurantes quieren dignificar y promover. En el año de 2008 la cifra de ventas del complejo fue de 60 millones de dólares.

Pero el éxito de Gastón Acurio no puede medirse en dinero, aunque es de justicia decir de él que su talento como empresario y promotor es equivalente al que despliega ante las ollas y los fogones. Su hazaña es social y cultural. Nadie ha hecho tanto como él para que el mundo vaya descubriendo que el Perú, un país que tiene tantas carencias y limitaciones, goza de una de las cocinas más variadas, inventivas y refinadas del mundo, que puede competir sin complejos con las más afamadas, como la china y la francesa. (¿A qué se debe este fenómeno? Yo creo que a la larga tradición autoritaria del Perú: la cocina era uno de los pocos quehaceres en que los peruanos podían dar rienda suelta a su creatividad y libertad sin riesgo alguno).

En buena parte es culpa de Gastón Acurio que hoy los jóvenes peruanos de ambos sexos sueñen con ser chefs como antes soñaban con ser psicólogos, y antes economistas, y antes arquitectos. Ser cocinero se ha vuelto prestigioso, una vocación bendecida incluso por la frivolidad. Y por eso, pese a la crisis, en Lima se inauguran todo el tiempo nuevos restaurantes y las academias e institutos de alta cocina proliferan.

Si alguien me hubiera dicho hace algunos años que un día iba a ver organizarse en el extranjero “viajes turísticos gastronómicos” al Perú, no lo hubiera creído. Pero ha ocurrido y sospecho que los chupes de camarones, los piqueos, la causa, las pachamancas, los cebiches, el lomito saltado, el ají de gallina, los picarones, el suspiro a la limeña, etcétera, traen ahora al país tantos turistas como los palacios coloniales y prehispánicos del Cusco y las piedras de Machu Picchu. La casa-laboratorio que tiene Gastón Acurio en Barranco, donde explora, investiga, fantasea y discute nuevos proyectos con sus colaboradores, ha adquirido un renombre mítico y la vienen a visitar chefs y críticos de medio mundo.

Gracias a Gastón Acurio, los peruanos han aprendido a apreciar en todo lo que vale la riqueza gastronómica de su tierra. Él tiene un programa televisivo en el que, desde hace cinco años, visita cada semana un restaurante distinto, para mostrar lo que hay en él de original y de diverso en materia de menú. De este modo ha ido revelando la increíble diversidad de recetas, variantes, innovaciones y creaciones de que está hecha la cocina peruana. Cómo se da tiempo para hacer tantas cosas (y todas bien) es un misterio. Su programa Aventura culinaria ha servido, entre otras cosas, para que se sepa que, además de Gastón Acurio, hay en el Perú de hoy otros chefs tan inspirados como él. Esa generosidad y espíritu ancho no es frecuente entre los empresarios, ni en el Perú ni en ninguna otra parte.

Si en Astrid y Gastón, La Mar o cualquiera de los otros restaurantes de la familia, usted se siente mejor atendido que en otras partes, no se sorprenda. Los camareros de Gastón Acurio -juro que esto no es invención de novelista- siguen cursos de inglés, francés y japonés, y toman clases de teatro, de mimo y de danza. Si después de recibir este entrenamiento deciden buscarse otro trabajo, “mejor para ellos”, dice Acurio. “Ésa es la idea, justamente”.

El éxito no lo ha mareado. Es sencillo, pragmático, vacunado contra el pesimismo, y, como goza tanto con lo que hace, resulta estimulante escucharlo hablar de sus proyectos y sueños. No tiene tiempo para envidias y su entusiasmo febril es contagioso. Si hubiera un centenar de empresarios y creadores como Gastón Acurio, el Perú hubiera dejado atrás el subdesarrollo hacía rato.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

>A Evo Morales le quieren llevar a juicio

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MABEL AZCUI – Cochabamba – (ELPaís.com, 06/03/2009)

La propuesta de iniciar un juicio político contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, como uno de los responsables en la trama de corrupción desvelada en la empresa estatal del petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ha causado gran indignación en el Gobierno, algunos de cuyos ministros la calificaron de “aberración jurídica”.

La propuesta fue presentada ante la Fiscalía General por el prefecto (gobernador) de Tarija, Mario Cossío, con la posterior adhesión de los gobernadores de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca.

El fiscal general, Mario Uribe, confirmó en Sucre la recepción de la propuesta de acusación contra el jefe del Estado por la presunta comisión de delito en resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.

Este documento será considerado por un fiscal de Recursos para definir su procedencia o no dentro de la ley de Juicio de Responsabilidades, como se denomina en Bolivia al juicio político, y elevarse a conocimiento del Congreso para que, de aprobarse en esa instancia, se tramite ante la Corte Suprema de Justicia como caso de corte.

Los titulares de las carteras de Defensa, Walker San Miguel, y de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, coincidieron en señalar que los decretos supremos dictados por el Gobierno de La Paz “son total y legalmente constitucionales”, en declaraciones efectuadas recientemente a la prensa local.

San Miguel afirmó que la proposición acusatoria presentada ante la Fiscalía General tiene una sola finalidad: “Echar una cortina de humo sobre las propias responsabilidades del prefecto Cossío en el denominado golpe cívico prefectural”, gestado y ejecutado el pasado año “con la lamentable consecuencia de la masacre de Porvenir en Pando”.

Manejo discrecional de recursos

La acusación sostiene que el decreto 29.506, promulgado por el presidente Morales, ha permitido el manejo discrecional de los recursos destinados a la empresa petrolera estatal, cuyos ejecutivos podían contratar de manera directa la realización de obras, servicios generales y de consultoría para el desarrollo de actividades en toda la cadena de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, convertida, tras la nacionalización de los hidrocarburos, en el corazón de la economía boliviana.

El propósito del Gobierno de La Paz de facilitar y agilizar la gestión del nuevo sector productivo del Estado, para que se levante en el menor tiempo posible, se canalizó en un régimen de fideicomisos que exime a los ejecutivos de someterse a los controles de las estrictas leyes de la administración pública vigente, entre ellas la ley de Administración y Control de los recursos del Estado.

La fluidez de egresos de los fideicomisos, sin mucha traba burocrática, parece haber sido la fuente de fuertes e inevitables tentaciones para muchos de los que se estrenaron en la función pública y “cayeron en la trampa de la corrupción,”, como lamentó el propio presidente Evo Morales cuando acusó a la CIA de ser responsable de la catástrofe en la estatal YPFB.

Hace cinco años el país era considerado como el mayor proveedor de gas del Cono Sur, con boyantes y crecientes mercados en Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

Hoy apenas se alcanzan los mínimos previstos de venta de gas a Brasil y Argentina. Las perspectivas, además, han cambiado: es posible que estos países prescindan del gas boliviano en un futuro próximo.

Bolivia seguirá comprando diésel y gasolina, pues el gas, sin inversiones, seguirá viendo reducida su capacidad de asumir el pequeño consumo doméstico por la escasa capacidad de inversiones de YPFB en la actualidad.

La corrupción no afecta solamente al sector petrolero. Se ha denunciado la presunta malversación de un fideicomiso por casi un millón de euros en el programa de viviendas de interés social. Apenas 300 de las 14.000 previstas están en construcción.

Las autoridades anunciaron una pronta investigación ante una presunta sustracción de documentos, en lo que comienza a ser una incontenible riada de denuncias de irregularidades en la Administración pública.

La corrupción que sacude los órganos vitales del aparato público boliviano ha desnudado asimismo una realidad dramática: la inexperiencia y la falta de conocimiento de funciones y responsabilidades con que asumen los nuevos ejecutivos de entidades públicas bolivianas.

>Justicia flotante sobre una isla de juncos en Perú

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Por TERESA RODRÍGUEZ (EFE) – Puno – (El País.com, 25/02/2009)

La última novedad de la justicia peruana no es un potente instrumento informático, sino la creación de un juzgado de paz flotante, único en América, construido a base de cañas de totora sobre el lago Titicaca y al que el juez y los litigantes sólo pueden llegar en canoa. Este peculiar tribunal ha dado nombre a la isla sobre la que se ubica, Isla de la Justicia -una de las 51 islas artificiales del Titicaca-, y se ha convertido en todo un acontecimiento y pilar de esperanza para los habitantes de la zona, los uros, que hasta ahora vivían atemorizados por costumbres ajenas a su comunidad.

El recién nombrado juez de paz Carlos Lujano explica la filosofía que aplica en este peculiar tribunal: “Mi función no consiste tanto en conocer las leyes peruanas, sino en aplicar nuestra verdadera ley, que es la palabra”.

Marta Cabildo Durán, esposa del alcalde del poblado Uros-Chulluni y residente en la isla desde que nació, hace 39 años, alaba la iniciativa: “Para nosotros, la instalación de este juzgado es muy importante, ya que nos va a permitir resolver nuestros problemas de acuerdo a nuestras tradiciones”.

Son 500 familias descendientes de una de las comunidades más antiguas de América, los uros, que habitan desde tiempos inmemoriales en el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar en la región de Puno, y cuyas aguas comparten Perú y Bolivia.

Los uros son una etnia que se distingue por su piel oscura y un exceso de glóbulos rojos que les permite adaptarse a la falta de oxígeno propia de zonas muy elevadas y al clima extremo del altiplano andino -donde se halla el lago-, con grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche.

Fachada del juzgado flotante de la Isla de la Justicia, en el lago Titicaca.- EFE

Pero los uros no sólo han sobrevivido a las inclemencias del tiempo, sino que han mantenido su forma de vida a lo largo de los siglos y despertado el interés de expertos y turistas de todo el mundo, que acuden a centenares cada semana para conocer las costumbres ancestrales de este poblado. Ésta es la razón por la que se ha instaurado este juzgado. Desde hace dos semanas, el juez de paz -elegido democráticamente por los pobladores de la isla- imparte la ley de acuerdo a las costumbres y usos del medio centenar de islas y de una pequeña parte de la ribera del lago llamada Chulluni, donde también se ha instalado otro tribunal.

Según explica Marta, antes de la creación de este juzgado ella y sus paisanos “vivían intranquilos y escondidos en las islas”, porque estaban “enemistados” con las autoridades de la Reserva Nacional del Titicaca y temían ir a la ciudad (Puno) para resolver sus asuntos.

Lo cierto es que este juzgado ha supuesto un gran paso para la comunidad, pese a tratarse de una pequeña choza de aproximadamente 15 metros cuadrados hecha a base de totora, sin más adorno que una de las coloridas y típicas esteras que tejen las mujeres de las islas.

En este pequeño habitáculo no hay ordenadores, ni líneas de teléfono, ni archivadores; sólo dos mesas (una para el juez y otra para su ayudante) y unas cuantas sillas para los querellantes. Pero los uros parecen estar más que satisfechos, ya que, a los 10 días de funcionamiento del juzgado, ya se habían presentado cinco pleitos.

Según el juez de paz, hasta ahora los casos tratados son disputas por dinero o tierras (en la zona de Chulluni) y por la natural fragmentación de estas islas de totora, con el consecuente desplazamiento de los restaurantes u otros bienes erigidos en ellas.

Lujano añade también los conflictos con algunos guías turísticos que, en ocasiones, dirigen a los visitantes a determinadas islas, donde previamente les han pagado un suplemento económico, dejando sin turistas, y por tanto sin ingresos, a los uros de las isletas que no entregan ese dinero extra.

El juez reconoce que la ancestral ley de la palabra, que distribuía a los turistas para que sus beneficios alcanzasen a todos los habitantes, ya es insuficiente, y los uros le han pedido que consigne por escrito el reparto del maná del turismo.

Para su función, Lujano apenas cuenta con un par de libros penales y registros notariales, obsequios de la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz (Adajup) de Puno, puesto que no es licenciado en Derecho, pero asegura que estas carencias las suple con un profundo conocimiento de la población que flota sobre los juncos.

>Perú eliminará 20.000 leyes en cuatro meses

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ELPAÍS.com / EFE – Madrid / Lima – 24/02/2009

El congreso de Perú eliminará antes del mes de julio unas 20.000 leyes, de las 34.000 de las que consta su ordenamiento jurídico, que han quedado obsoletas, informa el diario peruano El Comercio en su edición digital.

La reforma legal tiene como objetivo que antes del verano de 2010 solamente queden vigentes unas 5.000 leyes. Para ello, tras eliminar las primeras 20.000 normas, las 14.000 restantes serán sometidas a una exhaustiva revisión.

La purga de estas normas obsoletas se producirá en tres etapas. En la primera tanda, que tendrá lugar en marzo, se cancelarán 2.900 leyes y el resto se eliminará en mayo y julio próximos, con lo que coincidirá con el fin de la actual legislatura parlamentaria, informa El Comercio.

El presidente del Parlamento, Javier Velásquez, considera que esta medida será una “herramienta fundamental para la reforma del Estado” y ha dicho que permitirá evitar la existencia de leyes que en algunos casos se contradicen y en otros “atrapan” al ciudadano en lugar de beneficiarlo.

El presidente del Congreso ha detallado que antes de aprobar la eliminación de las leyes la relación será publicada para que los ciudadanos, los colegios profesionales y otras organizaciones opinen, brinden sugerencias o detecten algún error u omisión.

>Secuelas de dictadura

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Por Mario Vargas LLosa (EL PAÍS, 08/02/09):

El feo peruanismo chuponear -feo por su viscosa fonética y por su significado- significa interceptar las comunicaciones entre las personas con un propósito delicuencial. Está ahora de moda en el Perú a raíz del descubrimiento de unos audios grabados ilegalmente de conversaciones telefónicas en que dos antiguos militantes del Partido Aprista, Rómulo León Alegría y Alberto Químper, uno de los cuales fue ministro en el primer gobierno del presidente Alan García, hacían tráfico de influencias a favor de empresas y personas interesadas en obtener licitaciones y contratos del Estado y se felicitaban de las comisiones que por ello recibían: “¡Hemos hecho un faenón, hermano!“. Ambos han sido expulsados del Apra, están presos y su conducta se ventila ante el Poder Judicial.

Aunque el presidente García no ha sido personalmente afectado por el escándalo -los audios prueban que hacía tiempo se negaba a recibir al ex ministro implicado, y en un discurso ha llamado “ratas” a los protagonistas- el episodio provocó la caída de todo el gabinete y, ahora, ha tenido un rebrote publicitario con la captura de los chuponeadores: una compañía llamada Bussiness Track, de la que forman parte varios oficiales de la Marina de Guerra, algunos en activo y otros en situación de retiro. Los registros policiales de los ordenadores y archivos de la empresa en cuestión, y la aparición de más de ochenta nuevos audios que llegaron misteriosamente a manos de un periodista, han provocado toda clase de conjeturas. Se habla de una vasta clientela de individuos y empresas particulares que encargaban las ilegales interceptaciones de Buissness Track y otras compañías de la misma índole -por lo visto hay varias en plena actividad- para servirse de ellas contra sus competidores o en problemas más íntimos, como los pleitos de divorcio. Decenas y acaso centenares de personas del mundo profesional, industrial y comercial operando en la más flagrante ilegalidad y sin el menor escrúpulo.

Hay razones para alarmarse, desde luego, pero sólo los cínicos y los tontos deberían sorprenderse. Porque el Perú es un país que, como la mayoría en América Latina, tiene una larga tradición de dictaduras y la herencia más profunda y duradera que éstas dejan siempre a las sociedades que las padecen es el eclipse de la moral pública, el envilecimiento cívico. Esta tara persiste una vez que la dictadura se desploma y es uno de los lastres por el que las democracias que suceden a los regímenes tiránicos fracasan y a veces terminan en nuevos golpes de Estado.

La interceptación de las comunicaciones se practica en todas partes, desde luego, pero en las democracias dignas de ese nombre ella se lleva a cabo, en cada caso específico, con autorización judicial, y esto ha permitido, por ejemplo, capturar a traficantes de drogas y grandes criminales. Los servicios de inteligencia se valen de ella, también, para combatir el terrorismo, dentro de limitaciones legales estrictas. Y hemos visto en los últimos años las protestas que han merecido en Estados Unidos y en Europa los casos en que los cuerpos de seguridad se extralimitaron, violentando la ley que garantiza la privacidad de los ciudadanos, en sus labores de espionaje.

La pareja criminal Fujimori-Montesinos que fue dueña y señora del Perú por diez años -1990 a 2000- hizo del horripilante chuponeo una práctica generalizada que le servía para conocer la vida íntima de sus críticos y adversarios y poder extorsionarlos, así como para ejercer chantajes y obtener beneficios en las grandes operaciones delictivas en que los forajidos del régimen se robaron cientos de millones de dólares, que comprendían desde negociados mafiosos con la compra y venta de armas hasta pactos y negocios de los carteles internacionales del narcotráfico. Como todas las instituciones del país fueron puestas al servicio de la dictadura, las Fuerzas Armadas, claro está, pasaron también a servir, antes que al Perú, a Fujimori y Montesinos, y por eso hay hoy todavía en la cárcel, cumpliendo condenas o a punto de recibirlas, un buen número de antiguos oficiales que, en esos años sombríos, ensuciaban su uniforme a la vez que se llenaban los bolsillos.

Buen número de ellos ejercitaban el chuponeo desde las modernas instalaciones importadas para el efecto por el Servicio de Inteligencia que presidía Montesinos, eminencia gris de la dictadura. Cuando ésta finalmente se desmoronó en un fin de fiesta tan calamitoso como payaso (Fujimori huyendo al Japón y renunciando a la Presidencia mediante un fax y Montesinos entregado por los servicios secretos venezolanos de Chávez que lo habían escondido), los expertos chuponeadores se quedaron sin trabajo y, ni cortos ni perezosos, formaron empresas privadas y ofrecieron sus servicios al público. Lo más notable y escandaloso no es que lo hicieran sino que, de inmediato, encontraran tantos clientes en el mundo empresarial. Lo que significa que a una cantidad indiscernible, pero ciertamente grande, de peruanos les parecía -les parece- perfectamente legítimo valerse de una actividad delictuosa e inmoral -la violación de la privacidad- para obtener contratos, influencia, poder o extorsionar a sus competidores y adversarios.

El Perú anda mucho mejor de lo que estaba en aquella década infame, por supuesto. Desde el año 2000, con los tres presidentes que ha tenido desde entonces, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y Alan García, la democracia ha funcionado pasablemente bien en lo esencial -elecciones libres, libertad de prensa, independencia de poderes- aunque sus imperfecciones sean todavía grandes en razón del subdesarrollo, y la buena política económica seguida por los tres ha traído al país un crecimiento y una buena imagen internacional para los inversores sin precedentes en nuestra historia. Acaso lo más sorprendente de estos años haya sido la evolución del presidente Alan García hacia una filosofía liberal y moderna que (en buena hora para el país) defiende y aplica contra viento y marea, incluso contra buen número de sus propios compañeros de partido que siguen anclados en el pasado, sin importarle la impopularidad. El resultado es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, el Perú, con su apertura al mundo, su apoyo a la empresa privada y su implantación en todos los grandes mercados internacionales, resiste bastante mejor que el resto el cataclismo financiero internacional.

Ahora bien, como lo muestra el escándalo del chuponeo, hay una podredumbre moral agazapada debajo de esa fachada estimulante, que conspira contra todo lo que anda bien y que, si no se corta por lo sano, podría, dadas ciertas circunstancias difíciles, retrocedernos otra vez hacia la barbarie autoritaria. Ésta no empieza cuando los tanques salen a las calles y los uniformados, siguiendo a un mequetrefe militar o civil, asaltan el Parlamento, Palacio de Gobierno y el caudillo toma el poder y comienza a gobernar a punta de úcases. Comienza con el criollo desprecio de las reglas y convenciones que son el sistema sanguíneo de la civilización, el poco respeto no sólo de las leyes sino del espíritu que las anima, y la aceptación de todo lo que las vulnera e instaura la arbitrariedad, la mentira y lo ilícito como norma aceptable de conducta.

El Perú, una democracia en cierto sentido pujante, es, al mismo tiempo, un paraíso de la ilegalidad. Es cierto que buen número de responsables de los crímenes y pillajes de la dictadura han ido a la cárcel, pero muchos más de los que la prohijaron, sirvieron y medraron con ella, andan ahí, reciclados, ahora demócratas de nuevo, con el whiskycito en la mano y la sonrisa del triunfador, adornando las páginas de sociales. Los discos, los libros y los vídeos piratas se venden por doquier y todo el mundo sabe y acepta que la coima sea la única llave maestra para aligerar cualquier trámite administrativo o librarse de las multas y que las multas y los trámites se conciban sólo para poder obtener coimas. ¿Cómo sorprenderse que, en semejante contexto, el traficante de influencias, emboscado bajo la anodina denominación de lobbysta o cabildero, sea un activo protagonista de la vida económica y de que haya empresarios que contratan a los chuponeadores con toda normalidad para descubrir el talón de Aquiles de sus competidores y ganarles los concursos y los pleitos? Son esas silenciosas y diligentes termitas las que, a lo largo de nuestra historia, han hecho que todos nuestros intentos democráticos se desintegren de pronto como momias expuesta al sol. No seamos tan insensatos otra vez más.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

El dictador en el banquillo

Por Mario Vargas Llosa (EL PAÍS, 16/12/07):

Parecía imposible pero ha ocurrido: Alberto Fujimori Fujimori, que durante diez años gobernó el Perú con la brutalidad de las peores satrapías de la historia, está ahora en el banquillo de los acusados para responder por sus delitos ante la Corte Suprema de la República. En el primero de los juicios que se le siguen, por allanar ilegalmente el piso de la esposa de su cómplice Vladimiro Montesinos, disfrazando a uno de sus colaboradores militares de fiscal, en busca de los vídeos de la corrupción que podían comprometerlo, el martes 11 de diciembre fue condenado a 6 años de cárcel y a una reparación civil de 400 mil soles. Y la víspera, 10 de diciembre, se inició el mega juicio en el que el Fiscal Supremo ha pedido para él, por su responsabilidad en dos de los más crueles asesinatos colectivos cometidos durante su Gobierno, los de Barrios Altos y La Cantuta, 30 años de cárcel y el pago de 100 millones de soles.

Es la primera vez en la historia del Perú, y creo que en América Latina, que un Gobierno democrático, siguiendo los procedimientos legales y respetando las garantías que establece el Estado de derecho, juzga a un ex dictador por los crímenes y robos que cometió en el ejercicio arbitrario del poder. Fujimori no podrá ser juzgado por todas las faltas y agravios que abultan su prontuario; sólo por aquellos que la Corte Suprema de Chile admitió en la sentencia que permitió que el ex dictador fuera extraditado al Perú. Pero aun así, este puñado de asesinatos, tráficos y violaciones a los derechos humanos son un diáfano muestrario de los horrores que vivieron los peruanos entre 1990 y 2000 y más que suficientes para que el ex mandatario pase un buen número de años en la cárcel, al igual que Vladimiro Montesinos y el general Hermoza Ríos, ex comandante general del Ejército, el trío que diseñó y puso en marcha la “guerra de baja intensidad” para poner fin a las acciones apocalípticas de Sendero Luminoso.

¿Se hará verdaderamente justicia y el proceso y la sentencia serán probos y rectilíneos? El Poder Judicial tiene muy mala fama en el Perú y el fujimorismo, aunque en repliegue, cuenta con abundantes medios de coerción y reservas económicas producto del saqueo de los recursos públicos -el Perú ha repatriado apenas unos 250 millones de dólares de los cientos y acaso miles de millones mal habidos- pero tirios y troyanos reconocen que la Sala de la Corte Suprema que juzga a Fujimori, presidida por un prestigioso penalista, el doctor César San Martín, parece capaz y de fiar. Es indispensable que el juicio se desarrolle con la máxima transparencia, para que lo que resulte de él sea verdaderamente instructivo y sirva de antídoto a potenciales aspirantes a dictadores. Hay cerca de 150 periodistas extranjeros siguiendo las sesiones, que se transmiten por televisión, de modo que la opinión pública podrá juzgar por sí misma si los jueces actúan con imparcialidad y competencia.

El proceso dará origen a una interesante controversia sobre los alcances y límites de la lucha contra el terrorismo y la subversión, pues la línea de defensa del ex dictador es que si se cometieron “execrables excesos” en la guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), ellos se debieron al contexto de violencia enloquecida que generaron en el país los secuestros, asesinatos, coches-bomba y atentados ciegos contra la población civil, de ambas organizaciones terroristas cuyas víctimas, decenas de miles, eran en su inmensa mayoría ciudadanos sin militancia política, sacrificados por el fanatismo.

¿Es lícito combatir el terror con el terror? Protagonista central de este proceso será el Grupo Colina, comando secreto constituido por el régimen fujimorista desde el año 1991 con miembros de las fuerzas armadas y bajo el mando de un militar especializado en inteligencia, el mayor Santiago Martín Rivas, ahora en prisión al igual que buen número de sus subordinados, para ejecutar operaciones especiales -torturas, asesinatos, desapariciones, secuestros y acciones de intimidación- contra los terroristas y sus reales o supuestos cómplices, a fin de desalentar la colaboración de la población civil con los movimientos subversivos.

Una de las peores fechorías del Grupo Colina fue la matanza de los Barrios Altos, en Lima, la noche del 3 de noviembre de 1991, en la que este comando exterminó a balazos a quince personas -once hombres, tres mujeres y un niño de nueve años- que celebraban una “pollada” en un modesto piso supuestamente para recaudar fondos a favor de Sendero Luminoso. Ni siquiera es seguro que todos los asesinados fueran miembros o simpatizantes del movimiento terrorista, sólo dos de ellos parecen haber tenido contactos con la izquierda revolucionaria, de modo que la salvaje matanza inmoló sobre todo a inocentes. El mayor Martín Rivas, en una entrevista que concedió en la clandestinidad -antes de ser capturado- al periodista Umberto Jara, explicó que aquella operación no quería capturar terroristas, sino hacer llegar “un mensaje” a Sendero Luminoso: “Te golpeo en el lugar que te escondes. Ya sabemos que las polladas y los heladeros son tus disfraces”.

La otra matanza materia de este juicio, la de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, llamada La Cantuta, tuvo lugar en la madrugada del 18 de julio de 1992. En este caso, la intervención del Ejército fue más explícita, pues soldados de la División de Fuerzas Especiales, que dirigía el general Luis Pérez Document -ahora también preso- rodearon el local de la Universidad mientras los integrantes del Grupo Colina, enmascarados, entraban a uno de los dormitorios y secuestraban a nueve alumnos y un profesor a los que exterminaron a balazos en Huachipa, a donde trasladaron a los detenidos en un camión transporta soldados de aquel mismo cuerpo militar. La aparición de aquellos cadáveres mutilados, carbonizados y enterrados en bolsas y cajas de zapatos, descubiertos gracias a la pesquisa de unos periodistas temerarios, provocó un gran escándalo en el Perú y empezó a socavar la popularidad de que gozaba todavía la dictadura.

¿Hasta qué punto estuvo personalmente involucrado Fujimori en estas matanzas? ¿Las ordenó? ¿Fue informado de ellas por Montesinos y el general Hermoza y contribuyó a cubrirlas y a garantizar la impunidad para los ejecutores? Eso es lo que este juicio debe dilucidar. El ex dictador sostiene, claro está, que él no sabía nada, que todos esos crímenes se cocinaban en el secreto y que ni siquiera se enteró de la existencia del Grupo Colina. Pero abundan los testimonios de los propios implicados -jefes y ejecutores de los crímenes- afirmando que aquellas operaciones formaban parte de una rigurosa estrategia de guerra clandestina contra el terror concebida y ordenada por el vértice mismo de la jerarquía militar cuyo jefe supremo, según la Constitución, es el presidente de la República. Parece difícil, por decir lo menos, que en un régimen tan vertical y personalizado como el que estableció la dictadura fujimorista pudieran operar motu proprio, sin el aval de la jerarquía máxima, comandos de oficiales en ejercicio, que utilizaban una infraestructura militar en todos los pasos que daban, para cometer acciones en las que ponían en juego su carrera profesional y su libertad.

En todo caso, lo cierto es que la famosa “guerra de baja intensidad” contribuyó, tanto como los horrendos crímenes de Sendero Luminoso, a llenar de cadáveres, de desaparecidos, de mutilados y de miedo y odio al Perú de los años noventa. Cerca de 70.000 peruanos murieron o desaparecieron en esa contienda, la inmensa mayoría de ellos gentes humildes y desvalidas cuya desgracia fue estar allí, en medio de dos terrores, formando parte de esa anónima masa a la que “terroristas” y “contraterroristas” enviaban mensajes en forma de balazos y explosivos para mostrarles quién era más cruel y desalmado. La mejor demostración de que esa estrategia era no sólo inmoral e inaceptable en una sociedad democrática, sino también contraproducente, es que la operación decisiva que quebró a Sendero Luminoso y precipitó su desintegración no fueron las matanzas del Grupo Colina, sino la captura de Abimael Guzmán y casi todo su Comité Central, llevada a cabo por un grupo de policías dirigido por el general Antonio Ketín Vidal y el coronel Benedicto Jiménez, valiéndose de los métodos más modernos de rastreo y seguimiento, sin torturar ni matar a nadie y sin siquiera disparar un tiro.

El juicio a Fujimori debe durar unos ocho o diez meses. El Perú, que políticamente ha dado en el pasado tantos espectáculos penosos -cuartelazos, demagogos, políticas insensatas- merece ahora que la opinión pública internacional se interese en lo que aquí ocurre, no sólo por los excelentes índices de crecimiento de su economía y su estabilidad institucional, sino por este juicio a un ex dictador, ejemplo altamente civilizado para esta América que, como escribió Germán Arciniegas, todavía se debate entre la libertad y el miedo.

El dictador en el banquillo

Por Mario Vargas Llosa (EL PAÍS, 16/12/07):

Parecía imposible pero ha ocurrido: Alberto Fujimori Fujimori, que durante diez años gobernó el Perú con la brutalidad de las peores satrapías de la historia, está ahora en el banquillo de los acusados para responder por sus delitos ante la Corte Suprema de la República. En el primero de los juicios que se le siguen, por allanar ilegalmente el piso de la esposa de su cómplice Vladimiro Montesinos, disfrazando a uno de sus colaboradores militares de fiscal, en busca de los vídeos de la corrupción que podían comprometerlo, el martes 11 de diciembre fue condenado a 6 años de cárcel y a una reparación civil de 400 mil soles. Y la víspera, 10 de diciembre, se inició el mega juicio en el que el Fiscal Supremo ha pedido para él, por su responsabilidad en dos de los más crueles asesinatos colectivos cometidos durante su Gobierno, los de Barrios Altos y La Cantuta, 30 años de cárcel y el pago de 100 millones de soles.

Es la primera vez en la historia del Perú, y creo que en América Latina, que un Gobierno democrático, siguiendo los procedimientos legales y respetando las garantías que establece el Estado de derecho, juzga a un ex dictador por los crímenes y robos que cometió en el ejercicio arbitrario del poder. Fujimori no podrá ser juzgado por todas las faltas y agravios que abultan su prontuario; sólo por aquellos que la Corte Suprema de Chile admitió en la sentencia que permitió que el ex dictador fuera extraditado al Perú. Pero aun así, este puñado de asesinatos, tráficos y violaciones a los derechos humanos son un diáfano muestrario de los horrores que vivieron los peruanos entre 1990 y 2000 y más que suficientes para que el ex mandatario pase un buen número de años en la cárcel, al igual que Vladimiro Montesinos y el general Hermoza Ríos, ex comandante general del Ejército, el trío que diseñó y puso en marcha la “guerra de baja intensidad” para poner fin a las acciones apocalípticas de Sendero Luminoso.

¿Se hará verdaderamente justicia y el proceso y la sentencia serán probos y rectilíneos? El Poder Judicial tiene muy mala fama en el Perú y el fujimorismo, aunque en repliegue, cuenta con abundantes medios de coerción y reservas económicas producto del saqueo de los recursos públicos -el Perú ha repatriado apenas unos 250 millones de dólares de los cientos y acaso miles de millones mal habidos- pero tirios y troyanos reconocen que la Sala de la Corte Suprema que juzga a Fujimori, presidida por un prestigioso penalista, el doctor César San Martín, parece capaz y de fiar. Es indispensable que el juicio se desarrolle con la máxima transparencia, para que lo que resulte de él sea verdaderamente instructivo y sirva de antídoto a potenciales aspirantes a dictadores. Hay cerca de 150 periodistas extranjeros siguiendo las sesiones, que se transmiten por televisión, de modo que la opinión pública podrá juzgar por sí misma si los jueces actúan con imparcialidad y competencia.

El proceso dará origen a una interesante controversia sobre los alcances y límites de la lucha contra el terrorismo y la subversión, pues la línea de defensa del ex dictador es que si se cometieron “execrables excesos” en la guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), ellos se debieron al contexto de violencia enloquecida que generaron en el país los secuestros, asesinatos, coches-bomba y atentados ciegos contra la población civil, de ambas organizaciones terroristas cuyas víctimas, decenas de miles, eran en su inmensa mayoría ciudadanos sin militancia política, sacrificados por el fanatismo.

¿Es lícito combatir el terror con el terror? Protagonista central de este proceso será el Grupo Colina, comando secreto constituido por el régimen fujimorista desde el año 1991 con miembros de las fuerzas armadas y bajo el mando de un militar especializado en inteligencia, el mayor Santiago Martín Rivas, ahora en prisión al igual que buen número de sus subordinados, para ejecutar operaciones especiales -torturas, asesinatos, desapariciones, secuestros y acciones de intimidación- contra los terroristas y sus reales o supuestos cómplices, a fin de desalentar la colaboración de la población civil con los movimientos subversivos.

Una de las peores fechorías del Grupo Colina fue la matanza de los Barrios Altos, en Lima, la noche del 3 de noviembre de 1991, en la que este comando exterminó a balazos a quince personas -once hombres, tres mujeres y un niño de nueve años- que celebraban una “pollada” en un modesto piso supuestamente para recaudar fondos a favor de Sendero Luminoso. Ni siquiera es seguro que todos los asesinados fueran miembros o simpatizantes del movimiento terrorista, sólo dos de ellos parecen haber tenido contactos con la izquierda revolucionaria, de modo que la salvaje matanza inmoló sobre todo a inocentes. El mayor Martín Rivas, en una entrevista que concedió en la clandestinidad -antes de ser capturado- al periodista Umberto Jara, explicó que aquella operación no quería capturar terroristas, sino hacer llegar “un mensaje” a Sendero Luminoso: “Te golpeo en el lugar que te escondes. Ya sabemos que las polladas y los heladeros son tus disfraces”.

La otra matanza materia de este juicio, la de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, llamada La Cantuta, tuvo lugar en la madrugada del 18 de julio de 1992. En este caso, la intervención del Ejército fue más explícita, pues soldados de la División de Fuerzas Especiales, que dirigía el general Luis Pérez Document -ahora también preso- rodearon el local de la Universidad mientras los integrantes del Grupo Colina, enmascarados, entraban a uno de los dormitorios y secuestraban a nueve alumnos y un profesor a los que exterminaron a balazos en Huachipa, a donde trasladaron a los detenidos en un camión transporta soldados de aquel mismo cuerpo militar. La aparición de aquellos cadáveres mutilados, carbonizados y enterrados en bolsas y cajas de zapatos, descubiertos gracias a la pesquisa de unos periodistas temerarios, provocó un gran escándalo en el Perú y empezó a socavar la popularidad de que gozaba todavía la dictadura.

¿Hasta qué punto estuvo personalmente involucrado Fujimori en estas matanzas? ¿Las ordenó? ¿Fue informado de ellas por Montesinos y el general Hermoza y contribuyó a cubrirlas y a garantizar la impunidad para los ejecutores? Eso es lo que este juicio debe dilucidar. El ex dictador sostiene, claro está, que él no sabía nada, que todos esos crímenes se cocinaban en el secreto y que ni siquiera se enteró de la existencia del Grupo Colina. Pero abundan los testimonios de los propios implicados -jefes y ejecutores de los crímenes- afirmando que aquellas operaciones formaban parte de una rigurosa estrategia de guerra clandestina contra el terror concebida y ordenada por el vértice mismo de la jerarquía militar cuyo jefe supremo, según la Constitución, es el presidente de la República. Parece difícil, por decir lo menos, que en un régimen tan vertical y personalizado como el que estableció la dictadura fujimorista pudieran operar motu proprio, sin el aval de la jerarquía máxima, comandos de oficiales en ejercicio, que utilizaban una infraestructura militar en todos los pasos que daban, para cometer acciones en las que ponían en juego su carrera profesional y su libertad.

En todo caso, lo cierto es que la famosa “guerra de baja intensidad” contribuyó, tanto como los horrendos crímenes de Sendero Luminoso, a llenar de cadáveres, de desaparecidos, de mutilados y de miedo y odio al Perú de los años noventa. Cerca de 70.000 peruanos murieron o desaparecieron en esa contienda, la inmensa mayoría de ellos gentes humildes y desvalidas cuya desgracia fue estar allí, en medio de dos terrores, formando parte de esa anónima masa a la que “terroristas” y “contraterroristas” enviaban mensajes en forma de balazos y explosivos para mostrarles quién era más cruel y desalmado. La mejor demostración de que esa estrategia era no sólo inmoral e inaceptable en una sociedad democrática, sino también contraproducente, es que la operación decisiva que quebró a Sendero Luminoso y precipitó su desintegración no fueron las matanzas del Grupo Colina, sino la captura de Abimael Guzmán y casi todo su Comité Central, llevada a cabo por un grupo de policías dirigido por el general Antonio Ketín Vidal y el coronel Benedicto Jiménez, valiéndose de los métodos más modernos de rastreo y seguimiento, sin torturar ni matar a nadie y sin siquiera disparar un tiro.

El juicio a Fujimori debe durar unos ocho o diez meses. El Perú, que políticamente ha dado en el pasado tantos espectáculos penosos -cuartelazos, demagogos, políticas insensatas- merece ahora que la opinión pública internacional se interese en lo que aquí ocurre, no sólo por los excelentes índices de crecimiento de su economía y su estabilidad institucional, sino por este juicio a un ex dictador, ejemplo altamente civilizado para esta América que, como escribió Germán Arciniegas, todavía se debate entre la libertad y el miedo.

>El dictador en el banquillo

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Por Mario Vargas Llosa (EL PAÍS, 16/12/07):

Parecía imposible pero ha ocurrido: Alberto Fujimori Fujimori, que durante diez años gobernó el Perú con la brutalidad de las peores satrapías de la historia, está ahora en el banquillo de los acusados para responder por sus delitos ante la Corte Suprema de la República. En el primero de los juicios que se le siguen, por allanar ilegalmente el piso de la esposa de su cómplice Vladimiro Montesinos, disfrazando a uno de sus colaboradores militares de fiscal, en busca de los vídeos de la corrupción que podían comprometerlo, el martes 11 de diciembre fue condenado a 6 años de cárcel y a una reparación civil de 400 mil soles. Y la víspera, 10 de diciembre, se inició el mega juicio en el que el Fiscal Supremo ha pedido para él, por su responsabilidad en dos de los más crueles asesinatos colectivos cometidos durante su Gobierno, los de Barrios Altos y La Cantuta, 30 años de cárcel y el pago de 100 millones de soles.

Es la primera vez en la historia del Perú, y creo que en América Latina, que un Gobierno democrático, siguiendo los procedimientos legales y respetando las garantías que establece el Estado de derecho, juzga a un ex dictador por los crímenes y robos que cometió en el ejercicio arbitrario del poder. Fujimori no podrá ser juzgado por todas las faltas y agravios que abultan su prontuario; sólo por aquellos que la Corte Suprema de Chile admitió en la sentencia que permitió que el ex dictador fuera extraditado al Perú. Pero aun así, este puñado de asesinatos, tráficos y violaciones a los derechos humanos son un diáfano muestrario de los horrores que vivieron los peruanos entre 1990 y 2000 y más que suficientes para que el ex mandatario pase un buen número de años en la cárcel, al igual que Vladimiro Montesinos y el general Hermoza Ríos, ex comandante general del Ejército, el trío que diseñó y puso en marcha la “guerra de baja intensidad” para poner fin a las acciones apocalípticas de Sendero Luminoso.

¿Se hará verdaderamente justicia y el proceso y la sentencia serán probos y rectilíneos? El Poder Judicial tiene muy mala fama en el Perú y el fujimorismo, aunque en repliegue, cuenta con abundantes medios de coerción y reservas económicas producto del saqueo de los recursos públicos -el Perú ha repatriado apenas unos 250 millones de dólares de los cientos y acaso miles de millones mal habidos- pero tirios y troyanos reconocen que la Sala de la Corte Suprema que juzga a Fujimori, presidida por un prestigioso penalista, el doctor César San Martín, parece capaz y de fiar. Es indispensable que el juicio se desarrolle con la máxima transparencia, para que lo que resulte de él sea verdaderamente instructivo y sirva de antídoto a potenciales aspirantes a dictadores. Hay cerca de 150 periodistas extranjeros siguiendo las sesiones, que se transmiten por televisión, de modo que la opinión pública podrá juzgar por sí misma si los jueces actúan con imparcialidad y competencia.

El proceso dará origen a una interesante controversia sobre los alcances y límites de la lucha contra el terrorismo y la subversión, pues la línea de defensa del ex dictador es que si se cometieron “execrables excesos” en la guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), ellos se debieron al contexto de violencia enloquecida que generaron en el país los secuestros, asesinatos, coches-bomba y atentados ciegos contra la población civil, de ambas organizaciones terroristas cuyas víctimas, decenas de miles, eran en su inmensa mayoría ciudadanos sin militancia política, sacrificados por el fanatismo.

¿Es lícito combatir el terror con el terror? Protagonista central de este proceso será el Grupo Colina, comando secreto constituido por el régimen fujimorista desde el año 1991 con miembros de las fuerzas armadas y bajo el mando de un militar especializado en inteligencia, el mayor Santiago Martín Rivas, ahora en prisión al igual que buen número de sus subordinados, para ejecutar operaciones especiales -torturas, asesinatos, desapariciones, secuestros y acciones de intimidación- contra los terroristas y sus reales o supuestos cómplices, a fin de desalentar la colaboración de la población civil con los movimientos subversivos.

Una de las peores fechorías del Grupo Colina fue la matanza de los Barrios Altos, en Lima, la noche del 3 de noviembre de 1991, en la que este comando exterminó a balazos a quince personas -once hombres, tres mujeres y un niño de nueve años- que celebraban una “pollada” en un modesto piso supuestamente para recaudar fondos a favor de Sendero Luminoso. Ni siquiera es seguro que todos los asesinados fueran miembros o simpatizantes del movimiento terrorista, sólo dos de ellos parecen haber tenido contactos con la izquierda revolucionaria, de modo que la salvaje matanza inmoló sobre todo a inocentes. El mayor Martín Rivas, en una entrevista que concedió en la clandestinidad -antes de ser capturado- al periodista Umberto Jara, explicó que aquella operación no quería capturar terroristas, sino hacer llegar “un mensaje” a Sendero Luminoso: “Te golpeo en el lugar que te escondes. Ya sabemos que las polladas y los heladeros son tus disfraces”.

La otra matanza materia de este juicio, la de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, llamada La Cantuta, tuvo lugar en la madrugada del 18 de julio de 1992. En este caso, la intervención del Ejército fue más explícita, pues soldados de la División de Fuerzas Especiales, que dirigía el general Luis Pérez Document -ahora también preso- rodearon el local de la Universidad mientras los integrantes del Grupo Colina, enmascarados, entraban a uno de los dormitorios y secuestraban a nueve alumnos y un profesor a los que exterminaron a balazos en Huachipa, a donde trasladaron a los detenidos en un camión transporta soldados de aquel mismo cuerpo militar. La aparición de aquellos cadáveres mutilados, carbonizados y enterrados en bolsas y cajas de zapatos, descubiertos gracias a la pesquisa de unos periodistas temerarios, provocó un gran escándalo en el Perú y empezó a socavar la popularidad de que gozaba todavía la dictadura.

¿Hasta qué punto estuvo personalmente involucrado Fujimori en estas matanzas? ¿Las ordenó? ¿Fue informado de ellas por Montesinos y el general Hermoza y contribuyó a cubrirlas y a garantizar la impunidad para los ejecutores? Eso es lo que este juicio debe dilucidar. El ex dictador sostiene, claro está, que él no sabía nada, que todos esos crímenes se cocinaban en el secreto y que ni siquiera se enteró de la existencia del Grupo Colina. Pero abundan los testimonios de los propios implicados -jefes y ejecutores de los crímenes- afirmando que aquellas operaciones formaban parte de una rigurosa estrategia de guerra clandestina contra el terror concebida y ordenada por el vértice mismo de la jerarquía militar cuyo jefe supremo, según la Constitución, es el presidente de la República. Parece difícil, por decir lo menos, que en un régimen tan vertical y personalizado como el que estableció la dictadura fujimorista pudieran operar motu proprio, sin el aval de la jerarquía máxima, comandos de oficiales en ejercicio, que utilizaban una infraestructura militar en todos los pasos que daban, para cometer acciones en las que ponían en juego su carrera profesional y su libertad.

En todo caso, lo cierto es que la famosa “guerra de baja intensidad” contribuyó, tanto como los horrendos crímenes de Sendero Luminoso, a llenar de cadáveres, de desaparecidos, de mutilados y de miedo y odio al Perú de los años noventa. Cerca de 70.000 peruanos murieron o desaparecieron en esa contienda, la inmensa mayoría de ellos gentes humildes y desvalidas cuya desgracia fue estar allí, en medio de dos terrores, formando parte de esa anónima masa a la que “terroristas” y “contraterroristas” enviaban mensajes en forma de balazos y explosivos para mostrarles quién era más cruel y desalmado. La mejor demostración de que esa estrategia era no sólo inmoral e inaceptable en una sociedad democrática, sino también contraproducente, es que la operación decisiva que quebró a Sendero Luminoso y precipitó su desintegración no fueron las matanzas del Grupo Colina, sino la captura de Abimael Guzmán y casi todo su Comité Central, llevada a cabo por un grupo de policías dirigido por el general Antonio Ketín Vidal y el coronel Benedicto Jiménez, valiéndose de los métodos más modernos de rastreo y seguimiento, sin torturar ni matar a nadie y sin siquiera disparar un tiro.

El juicio a Fujimori debe durar unos ocho o diez meses. El Perú, que políticamente ha dado en el pasado tantos espectáculos penosos -cuartelazos, demagogos, políticas insensatas- merece ahora que la opinión pública internacional se interese en lo que aquí ocurre, no sólo por los excelentes índices de crecimiento de su economía y su estabilidad institucional, sino por este juicio a un ex dictador, ejemplo altamente civilizado para esta América que, como escribió Germán Arciniegas, todavía se debate entre la libertad y el miedo.