>El necesario debate sobre las pensiones

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Por César Molinas, director del informe Instrumentos Financieros para la Jubilación de la Fundación de Estudios Financieros (EL PAÍS, 16/05/09):

La política del avestruz acostumbra a llevar a resultados desastrosos. De aquellos que la practican dijo Gorgeous George Carman, el célebre abogado londinense, que “entierran su cabeza en la arena dejando expuestas sus partes pensantes”. España no debe adoptar esta actitud irresponsable con su sistema de pensiones: es necesario reformarlo y, para hacerlo bien, primero hay que debatir para llegar a un consenso. Hay que debatir porque en tema de pensiones hay en España opiniones muy diversas, intereses muy encontrados y recetas muy divergentes. Hay que llegar a un consenso porque las reformas necesarias deben ser comprendidas y apoyadas por el conjunto de la sociedad.

En este artículo me propongo contestar a las cuatro preguntas siguientes: ¿Por qué hay que debatir sobre las pensiones? ¿Qué debe debatirse? ¿Cómo debe organizarse el debate? ¿Cuándo debe comenzar?

Comencemos por la primera de ellas. ¿Están equivocados la inmensa mayoría de los estudiosos cuando pronostican que, si no se reforma a tiempo, el sistema de pensiones público español tendrá problemas de financiación en menos de dos décadas? ¿Yerran todos los organismos económicos internacionales -OCDE, FMI, Comisión Europea- que urgen al Estado español a reformar las pensiones? ¿Aciertan, en cambio, los que aseguran que nuestro sistema es sólido y sostenible, y que ponerlo en duda crea una alarma innecesaria entre la población? Sería muy útil que el CIS hiciese una encuesta para conocer de manera actualizada lo que piensa la población sobre el futuro de las pensiones pero, con alarma o sin alarma, guste o no guste, el debate está ya servido y no se puede detener. Debatir sobre si hay que debatir, como parecen intentar algunos, resulta en discusiones estériles y en confusión. Hay que delimitar los temas, establecer una metodología y un calendario. Sólo así podrán tomarse las medidas oportunas, si acabaran demostrándose necesarias.

¿Cuáles son las cuestiones que deben debatirse? En primer lugar, la evolución previsible del sistema de pensiones públicas bajo hipótesis demográficas y económicas razonables. A este respecto hay muchísimos estudios de economistas, demógrafos, académicos e instituciones diversas que muestran que el sistema, sin reformas, no es sostenible a largo plazo. El denominador común de estos estudios es el siguiente. Para que un sistema de reparto como el español, en el que las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados, sea viable desde una óptica financiero-actuarial es preciso que los compromisos de pago de pensiones que adquiere el Estado crezcan a una tasa menor o igual que la masa salarial. En caso contrario, inevitablemente, se acaba generando un déficit insostenible. Pues bien, con la actual normativa legal, los compromisos crecen a una tasa que resulta ser más del doble que la del crecimiento salarial, incluso en los escenarios más optimistas. Esto hace que el sistema sea actuarialmente insolvente. Por otra parte, no conozco ningún estudio que avale las tesis de que el sistema español de reparto, tal y como está, sea sostenible.

En segundo lugar debe discutirse la situación del sistema complementario de pensiones privadas. Tras más de 20 años de funcionamiento, el sistema languidece sin haber conseguido progresos relevantes en la consecución de sus objetivos. Se ha generado muy poco ahorro-previsión: el patrimonio de los planes y fondos de pensiones en España no supera 8% del PIB, cifra que compara mal con el 130% de Holanda, el 77% del Reino Unido o el 14% de Portugal. Por otra parte, la industria financiera no ha sido capaz de generar un mercado de pensiones vitalicias privadas a precios razonables, objetivo éste primordial del sistema complementario. A mi juicio, el sistema complementario español debe replantearse sin descartar, a priori, ninguna alternativa. Hoy en día es un sistema voluntario, pero inspirándose en los dos países europeos que han reformado recientemente sus pensiones -Suecia y Reino Unido- podría hacerse total o parcialmente obligatorio. Hoy en día es un sistema de gestión privada, pero esto no tiene por qué ser necesariamente así: el sistema complementario sueco, por ejemplo, es de gestión pública.

Y, en tercer lugar, debería discutirse la arquitectura básica de nuestro sistema de pensiones, es decir, la interacción entre el reparto y la capitalización, a la luz de la experiencia de reforma internacional de la que, insisto, Suecia y el Reino Unido son ejemplos muy relevantes.

Un sistema de pensiones tiene que atender a dos objetivos diferentes. En primer lugar, como dijo Beveridge, tiene que “garantizar unos mínimos vitales por debajo de los cuales no debe permitirse que nadie caiga”. En segundo lugar, tiene que minimizar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores cuando se jubilan. En España se han hecho progresos en el primer objetivo, pero se ha retrocedido en el segundo. Por una parte, las contribuciones del Estado para complementos de mínimos, financiadas con impuestos generales, han permitido fortalecer la dimensión asistencial del sistema de pensiones sin merma del principio de contributividad (a más cotización mayor pensión). Pero, por otra parte, el Estado está reduciendo las pensiones futuras mediante la no actualización plena de las bases máximas de cotización con el IPC. Esto hace derivar al sistema público hacia un sistema de mínimos y, dado el carácter subrepticio de la medida y el mal funcionamiento del sistema complementario, puede acabar creando un grave problema a muchos futuros pensionistas. Es, pues, necesario discutir cómo debe modificarse la arquitectura del sistema para que pueda atender mejor, simultáneamente, a los dos objetivos arriba mencionados.

Paso ahora a responder a mi tercera pregunta: ¿cómo debe organizarse el debate? Vaya por delante que hay que evitar a toda costa seguir el método tradicional, inmortalizado por Goya en su célebre Duelo a garrotazos. La experiencia de los países que han tenido éxito reformando sus pensiones debería servir de guía. Como se apunta en el informe Instrumentos Financieros para la Jubilación de la Fundación de Estudios Financieros “tanto en Suecia como en el Reino Unido el proceso de reforma comenzó con el nombramiento de una comisión independiente, compuesta por personas de elevada autoridad moral, con el mandato de elevar un informe al Gobierno o al Parlamento con propuestas de reforma. Tras periodos de consulta a expertos y agentes sociales, que consiguieron generar amplios debates en las respectivas sociedades, las recomendaciones de las comisiones fueron tomadas como base de las reformas”. Aunque en España hay poca tradición de este tipo de debates, hay algunas experiencias muy positivas como el Grupo Especial de Trabajo que armonizó las recomendaciones de los grupos Olivencia y Aldama sobre gobernanza de sociedades cotizadas.

¿Y el Pacto de Toledo? Dicho Pacto, constituido en la actualidad como una Comisión Parlamentaria no Permanente, no es el instrumento adecuado para generar y liderar con independencia el gran debate que, en mi opinión se necesita. Además, su mandato está circunscrito a las pensiones públicas. Sin embargo, el Pacto podría muy bien ser el marco en el que se decidiese la constitución de la comisión independiente a la que me estoy refiriendo.

Por último, ¿cuándo debería comenzar el debate? Pues hoy mismo, dado que no comenzó ayer. Los sistemas de pensiones tienen muchísima inercia: dentro de dos décadas es el inmediato futuro. Una reforma modesta adoptada hoy puede tener efectos muy sustanciales dentro de 20 años, pero para que tenga esos mismos efectos en 10 años, la medida tendrá que ser mucho más agresiva. Cuanto más se tarde en comenzar el debate y el proceso de reformas, más radicales y traumáticas deberán ser éstas. Aún estamos a tiempo para adoptar de manera gradual y respetuosa de todos los derechos adquiridos un conjunto de reformas menores que, en su conjunto, garanticen la viabilidad de las pensiones públicas basadas en el sistema de reparto. Pero no hay tiempo que perder. Por lo que respecta al sistema complementario, las reformas tendrán que ser de mucho más calado, pero, dado su tamaño, es un sistema con mucha menos inercia que el sistema público. En cualquier caso es fundamental discutir y abordar las reformas de ambos sistemas simultáneamente.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Luces y sombras de Navidad

Por María Teresa Bazo (EL CORREO DIGITAL, 18/12/07):

Fuera ya de la vida de tantas personas el sentido genuino de la Navidad, olvidado de forma generalizada su origen en el mundo occidental, y por tanto su sentido primigenio, aparte de las deseadas reuniones familiares, muchas veces sólo quedan el barullo, los atascos, las compras de lo que haga o no falta, las comidas y cenas más o menos forzadas en ocasiones con compañeros de trabajo y familia, las luces por las calles, comercios y fachadas particulares. Mucha gente aborrece estas fechas por la carga emocional que conlleva su significado en el inconsciente de las personas. Se recuerdan otras épocas que se perciben felices, en compañía de seres queridos, quizá más jóvenes y sanos, con más poder adquisitivo. Las sombras de la soledad como amenaza fuerzan a ciertas personas a desplazarse fuera de su lugar de residencia a pasar estos días en compañía de desconocidos. Pero entre tanta lucecita, alegría artificial y felicidad forzada por ese burdo consumo, no puede dejarse de considerar otra sombra que arrebata la ilusión de las personas por celebrar la Navidad.

El Gobierno ha dado en recomendar al pueblo sustituir otros alimentos por el conejo a fin de ahorrar ante la subida exagerada e injustificada de los precios, pues en otros países con exactamente los mismos incrementos de las materias primas el aumento ha sido proporcionalmente menor. ¿Pero hete aquí que el pueblo se ha rebelado! ‘Hasta aquí podíamos llegar, a decirnos lo que tenemos que comer’, se han oído comentarios. Se ha pasado por las leyes que condenan al fumador y al que bebe y conduce, pero no por que a uno le obliguen a comer conejo en Navidad. (Sobre todo, cuando se ha conocido los aumentos que se van a producir de los sueldos ¿mucho más allá del IPC! de los parlamentarios y tantos gastos a costa del erario público).

Pero dejemos de lado la anécdota que viene a poner en evidencia el decreciente poder adquisitivo de los salarios españoles en los últimos años, y especialmente el de ciertos grupos de trabajadores a los que no les ampara ningún convenio, o, entre otros grupos, el de los pensionistas más pobres para los que la subida del IPC en sus pensiones no significa nada en una situación de inflación. Todo ello, y en Navidad, invita a reflexionar más seriamente. La reciente promesa electoral de un político sobre la subida de las pensiones bajas debiera ser un objetivo de todos los partidos que aspiren a gobernar. Resulta lacerante que en sociedades ricas, como son la mayoría de la Unión Europea, siga persistiendo la pobreza y la exclusión social de ciertos grupos, entre ellos de algunas personas ancianas. Son mayoritariamente mujeres de edad, cobrando pensiones de viudedad y otras percibiendo pensiones de asistencia social.

En un informe publicado el año pasado por el Centro Europeo para el Bienestar Social y la Investigación, se señala que una sexta parte de los 74 millones de personas ancianas de la Europa de los 25 se encuentra en riesgo de pobreza. Se refiere al concepto de pobreza relativa, que concierne al contexto económico en cada país y a los ingresos medios (comparación de los de un determinado grupo con el promedio nacional). Con ese cálculo resulta que trece millones de personas ancianas aparecen por debajo del 60% de los ingresos medios en sus respectivos países. España ocupa el tercer lugar entre los países con proporciones más altas de personas ancianas en riesgo de pobreza, con el 30%, detrás de Chipre (52%) e Irlanda (40%). Se analiza también la situación de las personas mayores comparándola con la de las de edad activa, las de 16 a 64 años. En catorce países la proporción de personas ancianas en riesgo de pobreza aparece más alta que la de los otros grupos de edad, y se destaca la situación de especial riesgo en Chipre. Pero debe señalarse que en el conjunto de los primeros quince países que compusieron la UE la proporción media de personas ancianas en riesgo de pobreza es del 19%, mientras que en España es el 30%.

Las mujeres se llevan la peor parte: tienen más riesgo de pobreza que los varones. Existen diferencias entre países, pero incluso en Suecia las ancianas tienen más del doble de probabilidades que los ancianos de encontrarse en situación crítica. Quienes se llevan la palma en el peor sentido son las mujeres de 75 y más años, cuyo riesgo de pobreza es el más alto de todos los grupos. De los quince países que conformaron primero la UE, sólo Holanda, Luxemburgo y después Alemania se alejan de tan degradante palmarés. El porcentaje promedio de mujeres de 75 y más años en riesgo de pobreza es del 22%, siendo el correspondiente a España del 27%.

Puede confiarse en que esa situación cambie con el tiempo en tanto en cuanto las mujeres, a la vez que adquieren niveles de instrucción más altos, se incorporan masivamente al mercado laboral. Pero para eso las políticas de empleo, de familia y fiscales tendrán que actuar con la vista puesta en la reducción -si no erradicación- de esas desigualdades. De cara al futuro no es necesario elucubrar demasiado. El retrato que puede vislumbrarse de las futuras ancianas lo tenemos ya delante de los ojos si analizamos los datos existentes hoy de las mujeres en edad activa. En la medida en que ahora trabajen en la economía sumergida, en empleos a tiempo parcial y en sectores peor remunerados, que interrumpan o suspendan sus carreras profesionales por la maternidad o cuidados a personas dependientes, incidiendo negativamente estos aspectos en sus salarios actuales y en sus pensiones futuras, se puede ir ya dibujando con poco margen de error el perfil de las futuras mujeres ancianas, quizá, relativamente, no demasiado diferente de las actuales. Se está a tiempo de tomar medidas.

>Luces y sombras de Navidad

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Por María Teresa Bazo (EL CORREO DIGITAL, 18/12/07):

Fuera ya de la vida de tantas personas el sentido genuino de la Navidad, olvidado de forma generalizada su origen en el mundo occidental, y por tanto su sentido primigenio, aparte de las deseadas reuniones familiares, muchas veces sólo quedan el barullo, los atascos, las compras de lo que haga o no falta, las comidas y cenas más o menos forzadas en ocasiones con compañeros de trabajo y familia, las luces por las calles, comercios y fachadas particulares. Mucha gente aborrece estas fechas por la carga emocional que conlleva su significado en el inconsciente de las personas. Se recuerdan otras épocas que se perciben felices, en compañía de seres queridos, quizá más jóvenes y sanos, con más poder adquisitivo. Las sombras de la soledad como amenaza fuerzan a ciertas personas a desplazarse fuera de su lugar de residencia a pasar estos días en compañía de desconocidos. Pero entre tanta lucecita, alegría artificial y felicidad forzada por ese burdo consumo, no puede dejarse de considerar otra sombra que arrebata la ilusión de las personas por celebrar la Navidad.

El Gobierno ha dado en recomendar al pueblo sustituir otros alimentos por el conejo a fin de ahorrar ante la subida exagerada e injustificada de los precios, pues en otros países con exactamente los mismos incrementos de las materias primas el aumento ha sido proporcionalmente menor. ¿Pero hete aquí que el pueblo se ha rebelado! ‘Hasta aquí podíamos llegar, a decirnos lo que tenemos que comer’, se han oído comentarios. Se ha pasado por las leyes que condenan al fumador y al que bebe y conduce, pero no por que a uno le obliguen a comer conejo en Navidad. (Sobre todo, cuando se ha conocido los aumentos que se van a producir de los sueldos ¿mucho más allá del IPC! de los parlamentarios y tantos gastos a costa del erario público).

Pero dejemos de lado la anécdota que viene a poner en evidencia el decreciente poder adquisitivo de los salarios españoles en los últimos años, y especialmente el de ciertos grupos de trabajadores a los que no les ampara ningún convenio, o, entre otros grupos, el de los pensionistas más pobres para los que la subida del IPC en sus pensiones no significa nada en una situación de inflación. Todo ello, y en Navidad, invita a reflexionar más seriamente. La reciente promesa electoral de un político sobre la subida de las pensiones bajas debiera ser un objetivo de todos los partidos que aspiren a gobernar. Resulta lacerante que en sociedades ricas, como son la mayoría de la Unión Europea, siga persistiendo la pobreza y la exclusión social de ciertos grupos, entre ellos de algunas personas ancianas. Son mayoritariamente mujeres de edad, cobrando pensiones de viudedad y otras percibiendo pensiones de asistencia social.

En un informe publicado el año pasado por el Centro Europeo para el Bienestar Social y la Investigación, se señala que una sexta parte de los 74 millones de personas ancianas de la Europa de los 25 se encuentra en riesgo de pobreza. Se refiere al concepto de pobreza relativa, que concierne al contexto económico en cada país y a los ingresos medios (comparación de los de un determinado grupo con el promedio nacional). Con ese cálculo resulta que trece millones de personas ancianas aparecen por debajo del 60% de los ingresos medios en sus respectivos países. España ocupa el tercer lugar entre los países con proporciones más altas de personas ancianas en riesgo de pobreza, con el 30%, detrás de Chipre (52%) e Irlanda (40%). Se analiza también la situación de las personas mayores comparándola con la de las de edad activa, las de 16 a 64 años. En catorce países la proporción de personas ancianas en riesgo de pobreza aparece más alta que la de los otros grupos de edad, y se destaca la situación de especial riesgo en Chipre. Pero debe señalarse que en el conjunto de los primeros quince países que compusieron la UE la proporción media de personas ancianas en riesgo de pobreza es del 19%, mientras que en España es el 30%.

Las mujeres se llevan la peor parte: tienen más riesgo de pobreza que los varones. Existen diferencias entre países, pero incluso en Suecia las ancianas tienen más del doble de probabilidades que los ancianos de encontrarse en situación crítica. Quienes se llevan la palma en el peor sentido son las mujeres de 75 y más años, cuyo riesgo de pobreza es el más alto de todos los grupos. De los quince países que conformaron primero la UE, sólo Holanda, Luxemburgo y después Alemania se alejan de tan degradante palmarés. El porcentaje promedio de mujeres de 75 y más años en riesgo de pobreza es del 22%, siendo el correspondiente a España del 27%.

Puede confiarse en que esa situación cambie con el tiempo en tanto en cuanto las mujeres, a la vez que adquieren niveles de instrucción más altos, se incorporan masivamente al mercado laboral. Pero para eso las políticas de empleo, de familia y fiscales tendrán que actuar con la vista puesta en la reducción -si no erradicación- de esas desigualdades. De cara al futuro no es necesario elucubrar demasiado. El retrato que puede vislumbrarse de las futuras ancianas lo tenemos ya delante de los ojos si analizamos los datos existentes hoy de las mujeres en edad activa. En la medida en que ahora trabajen en la economía sumergida, en empleos a tiempo parcial y en sectores peor remunerados, que interrumpan o suspendan sus carreras profesionales por la maternidad o cuidados a personas dependientes, incidiendo negativamente estos aspectos en sus salarios actuales y en sus pensiones futuras, se puede ir ya dibujando con poco margen de error el perfil de las futuras mujeres ancianas, quizá, relativamente, no demasiado diferente de las actuales. Se está a tiempo de tomar medidas.

>Luces y sombras de Navidad

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Por María Teresa Bazo (EL CORREO DIGITAL, 18/12/07):

Fuera ya de la vida de tantas personas el sentido genuino de la Navidad, olvidado de forma generalizada su origen en el mundo occidental, y por tanto su sentido primigenio, aparte de las deseadas reuniones familiares, muchas veces sólo quedan el barullo, los atascos, las compras de lo que haga o no falta, las comidas y cenas más o menos forzadas en ocasiones con compañeros de trabajo y familia, las luces por las calles, comercios y fachadas particulares. Mucha gente aborrece estas fechas por la carga emocional que conlleva su significado en el inconsciente de las personas. Se recuerdan otras épocas que se perciben felices, en compañía de seres queridos, quizá más jóvenes y sanos, con más poder adquisitivo. Las sombras de la soledad como amenaza fuerzan a ciertas personas a desplazarse fuera de su lugar de residencia a pasar estos días en compañía de desconocidos. Pero entre tanta lucecita, alegría artificial y felicidad forzada por ese burdo consumo, no puede dejarse de considerar otra sombra que arrebata la ilusión de las personas por celebrar la Navidad.

El Gobierno ha dado en recomendar al pueblo sustituir otros alimentos por el conejo a fin de ahorrar ante la subida exagerada e injustificada de los precios, pues en otros países con exactamente los mismos incrementos de las materias primas el aumento ha sido proporcionalmente menor. ¿Pero hete aquí que el pueblo se ha rebelado! ‘Hasta aquí podíamos llegar, a decirnos lo que tenemos que comer’, se han oído comentarios. Se ha pasado por las leyes que condenan al fumador y al que bebe y conduce, pero no por que a uno le obliguen a comer conejo en Navidad. (Sobre todo, cuando se ha conocido los aumentos que se van a producir de los sueldos ¿mucho más allá del IPC! de los parlamentarios y tantos gastos a costa del erario público).

Pero dejemos de lado la anécdota que viene a poner en evidencia el decreciente poder adquisitivo de los salarios españoles en los últimos años, y especialmente el de ciertos grupos de trabajadores a los que no les ampara ningún convenio, o, entre otros grupos, el de los pensionistas más pobres para los que la subida del IPC en sus pensiones no significa nada en una situación de inflación. Todo ello, y en Navidad, invita a reflexionar más seriamente. La reciente promesa electoral de un político sobre la subida de las pensiones bajas debiera ser un objetivo de todos los partidos que aspiren a gobernar. Resulta lacerante que en sociedades ricas, como son la mayoría de la Unión Europea, siga persistiendo la pobreza y la exclusión social de ciertos grupos, entre ellos de algunas personas ancianas. Son mayoritariamente mujeres de edad, cobrando pensiones de viudedad y otras percibiendo pensiones de asistencia social.

En un informe publicado el año pasado por el Centro Europeo para el Bienestar Social y la Investigación, se señala que una sexta parte de los 74 millones de personas ancianas de la Europa de los 25 se encuentra en riesgo de pobreza. Se refiere al concepto de pobreza relativa, que concierne al contexto económico en cada país y a los ingresos medios (comparación de los de un determinado grupo con el promedio nacional). Con ese cálculo resulta que trece millones de personas ancianas aparecen por debajo del 60% de los ingresos medios en sus respectivos países. España ocupa el tercer lugar entre los países con proporciones más altas de personas ancianas en riesgo de pobreza, con el 30%, detrás de Chipre (52%) e Irlanda (40%). Se analiza también la situación de las personas mayores comparándola con la de las de edad activa, las de 16 a 64 años. En catorce países la proporción de personas ancianas en riesgo de pobreza aparece más alta que la de los otros grupos de edad, y se destaca la situación de especial riesgo en Chipre. Pero debe señalarse que en el conjunto de los primeros quince países que compusieron la UE la proporción media de personas ancianas en riesgo de pobreza es del 19%, mientras que en España es el 30%.

Las mujeres se llevan la peor parte: tienen más riesgo de pobreza que los varones. Existen diferencias entre países, pero incluso en Suecia las ancianas tienen más del doble de probabilidades que los ancianos de encontrarse en situación crítica. Quienes se llevan la palma en el peor sentido son las mujeres de 75 y más años, cuyo riesgo de pobreza es el más alto de todos los grupos. De los quince países que conformaron primero la UE, sólo Holanda, Luxemburgo y después Alemania se alejan de tan degradante palmarés. El porcentaje promedio de mujeres de 75 y más años en riesgo de pobreza es del 22%, siendo el correspondiente a España del 27%.

Puede confiarse en que esa situación cambie con el tiempo en tanto en cuanto las mujeres, a la vez que adquieren niveles de instrucción más altos, se incorporan masivamente al mercado laboral. Pero para eso las políticas de empleo, de familia y fiscales tendrán que actuar con la vista puesta en la reducción -si no erradicación- de esas desigualdades. De cara al futuro no es necesario elucubrar demasiado. El retrato que puede vislumbrarse de las futuras ancianas lo tenemos ya delante de los ojos si analizamos los datos existentes hoy de las mujeres en edad activa. En la medida en que ahora trabajen en la economía sumergida, en empleos a tiempo parcial y en sectores peor remunerados, que interrumpan o suspendan sus carreras profesionales por la maternidad o cuidados a personas dependientes, incidiendo negativamente estos aspectos en sus salarios actuales y en sus pensiones futuras, se puede ir ya dibujando con poco margen de error el perfil de las futuras mujeres ancianas, quizá, relativamente, no demasiado diferente de las actuales. Se está a tiempo de tomar medidas.

Luces y sombras de Navidad

Por María Teresa Bazo (EL CORREO DIGITAL, 18/12/07):

Fuera ya de la vida de tantas personas el sentido genuino de la Navidad, olvidado de forma generalizada su origen en el mundo occidental, y por tanto su sentido primigenio, aparte de las deseadas reuniones familiares, muchas veces sólo quedan el barullo, los atascos, las compras de lo que haga o no falta, las comidas y cenas más o menos forzadas en ocasiones con compañeros de trabajo y familia, las luces por las calles, comercios y fachadas particulares. Mucha gente aborrece estas fechas por la carga emocional que conlleva su significado en el inconsciente de las personas. Se recuerdan otras épocas que se perciben felices, en compañía de seres queridos, quizá más jóvenes y sanos, con más poder adquisitivo. Las sombras de la soledad como amenaza fuerzan a ciertas personas a desplazarse fuera de su lugar de residencia a pasar estos días en compañía de desconocidos. Pero entre tanta lucecita, alegría artificial y felicidad forzada por ese burdo consumo, no puede dejarse de considerar otra sombra que arrebata la ilusión de las personas por celebrar la Navidad.

El Gobierno ha dado en recomendar al pueblo sustituir otros alimentos por el conejo a fin de ahorrar ante la subida exagerada e injustificada de los precios, pues en otros países con exactamente los mismos incrementos de las materias primas el aumento ha sido proporcionalmente menor. ¿Pero hete aquí que el pueblo se ha rebelado! ‘Hasta aquí podíamos llegar, a decirnos lo que tenemos que comer’, se han oído comentarios. Se ha pasado por las leyes que condenan al fumador y al que bebe y conduce, pero no por que a uno le obliguen a comer conejo en Navidad. (Sobre todo, cuando se ha conocido los aumentos que se van a producir de los sueldos ¿mucho más allá del IPC! de los parlamentarios y tantos gastos a costa del erario público).

Pero dejemos de lado la anécdota que viene a poner en evidencia el decreciente poder adquisitivo de los salarios españoles en los últimos años, y especialmente el de ciertos grupos de trabajadores a los que no les ampara ningún convenio, o, entre otros grupos, el de los pensionistas más pobres para los que la subida del IPC en sus pensiones no significa nada en una situación de inflación. Todo ello, y en Navidad, invita a reflexionar más seriamente. La reciente promesa electoral de un político sobre la subida de las pensiones bajas debiera ser un objetivo de todos los partidos que aspiren a gobernar. Resulta lacerante que en sociedades ricas, como son la mayoría de la Unión Europea, siga persistiendo la pobreza y la exclusión social de ciertos grupos, entre ellos de algunas personas ancianas. Son mayoritariamente mujeres de edad, cobrando pensiones de viudedad y otras percibiendo pensiones de asistencia social.

En un informe publicado el año pasado por el Centro Europeo para el Bienestar Social y la Investigación, se señala que una sexta parte de los 74 millones de personas ancianas de la Europa de los 25 se encuentra en riesgo de pobreza. Se refiere al concepto de pobreza relativa, que concierne al contexto económico en cada país y a los ingresos medios (comparación de los de un determinado grupo con el promedio nacional). Con ese cálculo resulta que trece millones de personas ancianas aparecen por debajo del 60% de los ingresos medios en sus respectivos países. España ocupa el tercer lugar entre los países con proporciones más altas de personas ancianas en riesgo de pobreza, con el 30%, detrás de Chipre (52%) e Irlanda (40%). Se analiza también la situación de las personas mayores comparándola con la de las de edad activa, las de 16 a 64 años. En catorce países la proporción de personas ancianas en riesgo de pobreza aparece más alta que la de los otros grupos de edad, y se destaca la situación de especial riesgo en Chipre. Pero debe señalarse que en el conjunto de los primeros quince países que compusieron la UE la proporción media de personas ancianas en riesgo de pobreza es del 19%, mientras que en España es el 30%.

Las mujeres se llevan la peor parte: tienen más riesgo de pobreza que los varones. Existen diferencias entre países, pero incluso en Suecia las ancianas tienen más del doble de probabilidades que los ancianos de encontrarse en situación crítica. Quienes se llevan la palma en el peor sentido son las mujeres de 75 y más años, cuyo riesgo de pobreza es el más alto de todos los grupos. De los quince países que conformaron primero la UE, sólo Holanda, Luxemburgo y después Alemania se alejan de tan degradante palmarés. El porcentaje promedio de mujeres de 75 y más años en riesgo de pobreza es del 22%, siendo el correspondiente a España del 27%.

Puede confiarse en que esa situación cambie con el tiempo en tanto en cuanto las mujeres, a la vez que adquieren niveles de instrucción más altos, se incorporan masivamente al mercado laboral. Pero para eso las políticas de empleo, de familia y fiscales tendrán que actuar con la vista puesta en la reducción -si no erradicación- de esas desigualdades. De cara al futuro no es necesario elucubrar demasiado. El retrato que puede vislumbrarse de las futuras ancianas lo tenemos ya delante de los ojos si analizamos los datos existentes hoy de las mujeres en edad activa. En la medida en que ahora trabajen en la economía sumergida, en empleos a tiempo parcial y en sectores peor remunerados, que interrumpan o suspendan sus carreras profesionales por la maternidad o cuidados a personas dependientes, incidiendo negativamente estos aspectos en sus salarios actuales y en sus pensiones futuras, se puede ir ya dibujando con poco margen de error el perfil de las futuras mujeres ancianas, quizá, relativamente, no demasiado diferente de las actuales. Se está a tiempo de tomar medidas.

El piso de nuestros padres

Por Ramón Jáuregui (EL CORREO DIGITAL, 21/07/07):

¿Qué hacen nuestros mayores para subsistir con pensiones insuficientes? Malvivir. Así, sin matices. Con frecuencia olvidamos que en España, cerca de nueve millones de hogares perciben como única o básica renta una pensión, vamos a llamarla exigua. Nuestro sistema de seguridad social es deudor de unos años con cotizaciones muy bajas y de una creciente prolongación de la esperanza de vida, lo que genera millones de hogares con pensiones muy bajas para el nivel de vida de nuestros días. Añádanse las viudas, reminiscencia de una sociedad con las mujeres trabajando en el hogar, que deja a las más de dos millones de pensionistas por viudedad con el 50% de la pensión de su cónyuge fallecido.

Es ésta una buena ocasión para llamar la atención sobre la cuantía de nuestras pensiones. Empecemos recordando que más de quinientas mil personas perciben una pensión no contributiva (porque no cotizaron en su vida laboral) de aproximadamente 400 euros. Sigamos con las pensiones mínimas, así llamadas porque son complementadas por el sistema de la seguridad social hasta un mínimo de supervivencia. Son casi un millón de jubilados con una pensión que oscila entre los 450 y los 600 euros. Casi cuatrocientos mil pensionistas por incapacidad permanente cobrando entre 450 y 900 euros. Casi setecientos cincuenta mil viudas cobrando entre 450 y 500 euros. Esto es, más de dos millones de personas con pensiones mínimas en el entorno de los 600 euros. Para terminar, el resto de los pensionistas, es decir, los que cobran su pensión en función de sus cotizaciones, sin complemento alguno. Son seis millones largos de hogares en los que la pensión media no llega a 800 euros.

Todos somos conscientes de esta situación porque nuestras familias están llenas de parientes muy cercanos que están viviendo con muchísimas dificultades y un nivel de renuncias injustas para con una vida de trabajo como la que ha soportado la generación de la posguerra española. Pero es que, además de injusta, esta vida empobrecida es impropia de quienes poseen un amplio patrimonio en su vivienda que ha sido labrado con su esfuerzo y sacrificio de ahorro a lo largo de su vida activa. En la cultura de nuestros mayores parece haberse instalado la obligación de trasladar la vivienda de los padres en herencia a los hijos como la última y generosa muestra de su responsabilidad para con ellos.

Ante esta situación, se están extendiendo dos instrumentos financieros que ayudan a estas familias a rentabilizar su patrimonio inmobiliario, es decir, su vivienda. El uno es la venta del inmueble con derecho a usufructo hasta el fallecimiento del vendedor. Es frecuente ver ya, en los anuncios de venta de viviendas, agencias especializadas en valorarlos en función de la edad del vendedor-usufructuario. Es un contrato con riesgos, demasiado aleatorio y con pérdida de valor del inmueble para el propietario, aunque lo rentabilice en sus últimos años de vida.

El otro es la hipoteca inversa. Como se sabe, la hipoteca inversa es aquella que permite hacer líquido el patrimonio inmobiliario de las personas mayores y de las afectadas por dependencia severa o gran dependencia, desde el derecho del titular a vivir en su vivienda hasta su fallecimiento, percibiendo una renta previamente establecida y permitiendo a los herederos del prestatario la recuperación de la propiedad mediante el abono al banco del préstamo realizado o recibir la cuantía restante sobre el precio de la vivienda, si esa fuera su opción.

Esta figura lleva muchos años funcionando en el mundo anglosajón; muy especialmente en Gran Bretaña y Estados Unidos. En el primero, este producto se denomina ‘Lifetime mortgage’ y comenzó a utilizarse, aproximadamente en 1965. En este país el límite mínimo de edad es de 60 años. Los últimos datos facilitados por el ‘Council of Mortgage Lenders’ cifran en unas 30.000 las hipotecas inversas suscritas en un año. En Estados Unidos la hipoteca inversa se conoce comúnmente como ‘Reverse mortgage’ y comenzó a desarrollarse algo más tardíamente que en Gran Bretaña, concretamente a finales de los años 80. En el país norteamericano el límite de edad es algo mayor que en Gran Bretaña (y menor que en España), estableciéndose el límite mínimo en 62 años. Según datos gubernamentales, el pasado año se contrataron más de 40.000 hipotecas inversas.

Me sorprende que este instrumento financiero tenga todavía tan poco uso en nuestro país, a pesar de que se dan claras circunstancias para su utilización, principalmente el progresivo envejecimiento de nuestra población y, tal como se decía, el gran número de pensionistas con pensiones muy bajas. El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados una reforma de la Ley 2/1981 del Mercado Hipotecario y en una disposición adicional ha regulado la llamada hipoteca inversa.

Para empezar, conviene decir que sólo pueden acceder a ella las personas mayores de 65 años y los afectados por dependencia severa o gran dependencia. Lo que la ley pretende es establecer garantías que protejan a este tipo de personas frente a los abusos o engaños, que de todo hay, producidos en una contratación compleja y sensible como ésta. Para ello establece que estas hipotecas sólo las pueden conceder las cajas, bancos y entidades aseguradoras autorizadas a operar en España; que el Ministerio de Hacienda establecerá el régimen de transparencia y comercialización de estas hipotecas; que las entidades que hagan estos préstamos deben otorgar a los solicitantes un asesoramiento independiente y que la deuda sólo será exigible por el acreedor (no por otros) y sólo cuando fallezca el beneficiario.

Por último, la ley prevé un abaratamiento sensible de estos préstamos, estableciendo que el acreedor no puede exigir compensación alguna por la cancelación, que los documentos notariales estarán exentos de la cuota gradual y que el cálculo de los honorarios notariales y registrales se hará aplicando los aranceles correspondientes a los ‘documentos sin cuantía’, estando exentos del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.

La hipoteca inversa permite que los herederos del titular del préstamo puedan recuperar la vivienda en el momento del fallecimiento abonando al banco todo lo que éste haya desembolsado, y si deciden no hacerlo podrán recibir la cuantía que le restara por percibir al propietario de la vivienda, sin que el acreedor pueda exigir compensación alguna por la cancelación. En el primer caso, hay que tener en cuenta que muy probablemente la vivienda se habrá revalorizado, con lo que el propietario habrá podido disfrutar en vida de una parte (o de todos) de sus ahorros mejorando considerablemente su bienestar, pero permitiendo también dejar cierto legado a sus herederos.

¿Cuál es la relación entre la hipoteca inversa y la dependencia? Tenemos dos millones de octogenarios en España y la Ley de Dependencia ha establecido un derecho de las personas dependientes (sin autonomía personal) que se financia por copago, es decir, que junto a la pensión o servicios públicos, el dependiente aportará una parte de los servicios que mejorarán su calidad de vida. Hacer líquido el valor de la vivienda a través de las hipotecas inversas ayudará a satisfacer el incremento de rentas durante los últimos años de la vida para cada vez más personas en situaciones de dependencia severa o gran dependencia, sin perjuicio, naturalmente, de que esos derechos estén garantizados para quienes no posean dichas rentas. En definitiva, la posibilidad de disfrutar en vida del ahorro acumulado en la vivienda, debe contribuir a hacer más estable el ciclo vital y vivir el final de la vida con mayor bienestar.

El piso de nuestros padres

Por Ramón Jáuregui (EL CORREO DIGITAL, 21/07/07):

¿Qué hacen nuestros mayores para subsistir con pensiones insuficientes? Malvivir. Así, sin matices. Con frecuencia olvidamos que en España, cerca de nueve millones de hogares perciben como única o básica renta una pensión, vamos a llamarla exigua. Nuestro sistema de seguridad social es deudor de unos años con cotizaciones muy bajas y de una creciente prolongación de la esperanza de vida, lo que genera millones de hogares con pensiones muy bajas para el nivel de vida de nuestros días. Añádanse las viudas, reminiscencia de una sociedad con las mujeres trabajando en el hogar, que deja a las más de dos millones de pensionistas por viudedad con el 50% de la pensión de su cónyuge fallecido.

Es ésta una buena ocasión para llamar la atención sobre la cuantía de nuestras pensiones. Empecemos recordando que más de quinientas mil personas perciben una pensión no contributiva (porque no cotizaron en su vida laboral) de aproximadamente 400 euros. Sigamos con las pensiones mínimas, así llamadas porque son complementadas por el sistema de la seguridad social hasta un mínimo de supervivencia. Son casi un millón de jubilados con una pensión que oscila entre los 450 y los 600 euros. Casi cuatrocientos mil pensionistas por incapacidad permanente cobrando entre 450 y 900 euros. Casi setecientos cincuenta mil viudas cobrando entre 450 y 500 euros. Esto es, más de dos millones de personas con pensiones mínimas en el entorno de los 600 euros. Para terminar, el resto de los pensionistas, es decir, los que cobran su pensión en función de sus cotizaciones, sin complemento alguno. Son seis millones largos de hogares en los que la pensión media no llega a 800 euros.

Todos somos conscientes de esta situación porque nuestras familias están llenas de parientes muy cercanos que están viviendo con muchísimas dificultades y un nivel de renuncias injustas para con una vida de trabajo como la que ha soportado la generación de la posguerra española. Pero es que, además de injusta, esta vida empobrecida es impropia de quienes poseen un amplio patrimonio en su vivienda que ha sido labrado con su esfuerzo y sacrificio de ahorro a lo largo de su vida activa. En la cultura de nuestros mayores parece haberse instalado la obligación de trasladar la vivienda de los padres en herencia a los hijos como la última y generosa muestra de su responsabilidad para con ellos.

Ante esta situación, se están extendiendo dos instrumentos financieros que ayudan a estas familias a rentabilizar su patrimonio inmobiliario, es decir, su vivienda. El uno es la venta del inmueble con derecho a usufructo hasta el fallecimiento del vendedor. Es frecuente ver ya, en los anuncios de venta de viviendas, agencias especializadas en valorarlos en función de la edad del vendedor-usufructuario. Es un contrato con riesgos, demasiado aleatorio y con pérdida de valor del inmueble para el propietario, aunque lo rentabilice en sus últimos años de vida.

El otro es la hipoteca inversa. Como se sabe, la hipoteca inversa es aquella que permite hacer líquido el patrimonio inmobiliario de las personas mayores y de las afectadas por dependencia severa o gran dependencia, desde el derecho del titular a vivir en su vivienda hasta su fallecimiento, percibiendo una renta previamente establecida y permitiendo a los herederos del prestatario la recuperación de la propiedad mediante el abono al banco del préstamo realizado o recibir la cuantía restante sobre el precio de la vivienda, si esa fuera su opción.

Esta figura lleva muchos años funcionando en el mundo anglosajón; muy especialmente en Gran Bretaña y Estados Unidos. En el primero, este producto se denomina ‘Lifetime mortgage’ y comenzó a utilizarse, aproximadamente en 1965. En este país el límite mínimo de edad es de 60 años. Los últimos datos facilitados por el ‘Council of Mortgage Lenders’ cifran en unas 30.000 las hipotecas inversas suscritas en un año. En Estados Unidos la hipoteca inversa se conoce comúnmente como ‘Reverse mortgage’ y comenzó a desarrollarse algo más tardíamente que en Gran Bretaña, concretamente a finales de los años 80. En el país norteamericano el límite de edad es algo mayor que en Gran Bretaña (y menor que en España), estableciéndose el límite mínimo en 62 años. Según datos gubernamentales, el pasado año se contrataron más de 40.000 hipotecas inversas.

Me sorprende que este instrumento financiero tenga todavía tan poco uso en nuestro país, a pesar de que se dan claras circunstancias para su utilización, principalmente el progresivo envejecimiento de nuestra población y, tal como se decía, el gran número de pensionistas con pensiones muy bajas. El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados una reforma de la Ley 2/1981 del Mercado Hipotecario y en una disposición adicional ha regulado la llamada hipoteca inversa.

Para empezar, conviene decir que sólo pueden acceder a ella las personas mayores de 65 años y los afectados por dependencia severa o gran dependencia. Lo que la ley pretende es establecer garantías que protejan a este tipo de personas frente a los abusos o engaños, que de todo hay, producidos en una contratación compleja y sensible como ésta. Para ello establece que estas hipotecas sólo las pueden conceder las cajas, bancos y entidades aseguradoras autorizadas a operar en España; que el Ministerio de Hacienda establecerá el régimen de transparencia y comercialización de estas hipotecas; que las entidades que hagan estos préstamos deben otorgar a los solicitantes un asesoramiento independiente y que la deuda sólo será exigible por el acreedor (no por otros) y sólo cuando fallezca el beneficiario.

Por último, la ley prevé un abaratamiento sensible de estos préstamos, estableciendo que el acreedor no puede exigir compensación alguna por la cancelación, que los documentos notariales estarán exentos de la cuota gradual y que el cálculo de los honorarios notariales y registrales se hará aplicando los aranceles correspondientes a los ‘documentos sin cuantía’, estando exentos del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.

La hipoteca inversa permite que los herederos del titular del préstamo puedan recuperar la vivienda en el momento del fallecimiento abonando al banco todo lo que éste haya desembolsado, y si deciden no hacerlo podrán recibir la cuantía que le restara por percibir al propietario de la vivienda, sin que el acreedor pueda exigir compensación alguna por la cancelación. En el primer caso, hay que tener en cuenta que muy probablemente la vivienda se habrá revalorizado, con lo que el propietario habrá podido disfrutar en vida de una parte (o de todos) de sus ahorros mejorando considerablemente su bienestar, pero permitiendo también dejar cierto legado a sus herederos.

¿Cuál es la relación entre la hipoteca inversa y la dependencia? Tenemos dos millones de octogenarios en España y la Ley de Dependencia ha establecido un derecho de las personas dependientes (sin autonomía personal) que se financia por copago, es decir, que junto a la pensión o servicios públicos, el dependiente aportará una parte de los servicios que mejorarán su calidad de vida. Hacer líquido el valor de la vivienda a través de las hipotecas inversas ayudará a satisfacer el incremento de rentas durante los últimos años de la vida para cada vez más personas en situaciones de dependencia severa o gran dependencia, sin perjuicio, naturalmente, de que esos derechos estén garantizados para quienes no posean dichas rentas. En definitiva, la posibilidad de disfrutar en vida del ahorro acumulado en la vivienda, debe contribuir a hacer más estable el ciclo vital y vivir el final de la vida con mayor bienestar.

>El piso de nuestros padres

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Por Ramón Jáuregui (EL CORREO DIGITAL, 21/07/07):

¿Qué hacen nuestros mayores para subsistir con pensiones insuficientes? Malvivir. Así, sin matices. Con frecuencia olvidamos que en España, cerca de nueve millones de hogares perciben como única o básica renta una pensión, vamos a llamarla exigua. Nuestro sistema de seguridad social es deudor de unos años con cotizaciones muy bajas y de una creciente prolongación de la esperanza de vida, lo que genera millones de hogares con pensiones muy bajas para el nivel de vida de nuestros días. Añádanse las viudas, reminiscencia de una sociedad con las mujeres trabajando en el hogar, que deja a las más de dos millones de pensionistas por viudedad con el 50% de la pensión de su cónyuge fallecido.

Es ésta una buena ocasión para llamar la atención sobre la cuantía de nuestras pensiones. Empecemos recordando que más de quinientas mil personas perciben una pensión no contributiva (porque no cotizaron en su vida laboral) de aproximadamente 400 euros. Sigamos con las pensiones mínimas, así llamadas porque son complementadas por el sistema de la seguridad social hasta un mínimo de supervivencia. Son casi un millón de jubilados con una pensión que oscila entre los 450 y los 600 euros. Casi cuatrocientos mil pensionistas por incapacidad permanente cobrando entre 450 y 900 euros. Casi setecientos cincuenta mil viudas cobrando entre 450 y 500 euros. Esto es, más de dos millones de personas con pensiones mínimas en el entorno de los 600 euros. Para terminar, el resto de los pensionistas, es decir, los que cobran su pensión en función de sus cotizaciones, sin complemento alguno. Son seis millones largos de hogares en los que la pensión media no llega a 800 euros.

Todos somos conscientes de esta situación porque nuestras familias están llenas de parientes muy cercanos que están viviendo con muchísimas dificultades y un nivel de renuncias injustas para con una vida de trabajo como la que ha soportado la generación de la posguerra española. Pero es que, además de injusta, esta vida empobrecida es impropia de quienes poseen un amplio patrimonio en su vivienda que ha sido labrado con su esfuerzo y sacrificio de ahorro a lo largo de su vida activa. En la cultura de nuestros mayores parece haberse instalado la obligación de trasladar la vivienda de los padres en herencia a los hijos como la última y generosa muestra de su responsabilidad para con ellos.

Ante esta situación, se están extendiendo dos instrumentos financieros que ayudan a estas familias a rentabilizar su patrimonio inmobiliario, es decir, su vivienda. El uno es la venta del inmueble con derecho a usufructo hasta el fallecimiento del vendedor. Es frecuente ver ya, en los anuncios de venta de viviendas, agencias especializadas en valorarlos en función de la edad del vendedor-usufructuario. Es un contrato con riesgos, demasiado aleatorio y con pérdida de valor del inmueble para el propietario, aunque lo rentabilice en sus últimos años de vida.

El otro es la hipoteca inversa. Como se sabe, la hipoteca inversa es aquella que permite hacer líquido el patrimonio inmobiliario de las personas mayores y de las afectadas por dependencia severa o gran dependencia, desde el derecho del titular a vivir en su vivienda hasta su fallecimiento, percibiendo una renta previamente establecida y permitiendo a los herederos del prestatario la recuperación de la propiedad mediante el abono al banco del préstamo realizado o recibir la cuantía restante sobre el precio de la vivienda, si esa fuera su opción.

Esta figura lleva muchos años funcionando en el mundo anglosajón; muy especialmente en Gran Bretaña y Estados Unidos. En el primero, este producto se denomina ‘Lifetime mortgage’ y comenzó a utilizarse, aproximadamente en 1965. En este país el límite mínimo de edad es de 60 años. Los últimos datos facilitados por el ‘Council of Mortgage Lenders’ cifran en unas 30.000 las hipotecas inversas suscritas en un año. En Estados Unidos la hipoteca inversa se conoce comúnmente como ‘Reverse mortgage’ y comenzó a desarrollarse algo más tardíamente que en Gran Bretaña, concretamente a finales de los años 80. En el país norteamericano el límite de edad es algo mayor que en Gran Bretaña (y menor que en España), estableciéndose el límite mínimo en 62 años. Según datos gubernamentales, el pasado año se contrataron más de 40.000 hipotecas inversas.

Me sorprende que este instrumento financiero tenga todavía tan poco uso en nuestro país, a pesar de que se dan claras circunstancias para su utilización, principalmente el progresivo envejecimiento de nuestra población y, tal como se decía, el gran número de pensionistas con pensiones muy bajas. El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados una reforma de la Ley 2/1981 del Mercado Hipotecario y en una disposición adicional ha regulado la llamada hipoteca inversa.

Para empezar, conviene decir que sólo pueden acceder a ella las personas mayores de 65 años y los afectados por dependencia severa o gran dependencia. Lo que la ley pretende es establecer garantías que protejan a este tipo de personas frente a los abusos o engaños, que de todo hay, producidos en una contratación compleja y sensible como ésta. Para ello establece que estas hipotecas sólo las pueden conceder las cajas, bancos y entidades aseguradoras autorizadas a operar en España; que el Ministerio de Hacienda establecerá el régimen de transparencia y comercialización de estas hipotecas; que las entidades que hagan estos préstamos deben otorgar a los solicitantes un asesoramiento independiente y que la deuda sólo será exigible por el acreedor (no por otros) y sólo cuando fallezca el beneficiario.

Por último, la ley prevé un abaratamiento sensible de estos préstamos, estableciendo que el acreedor no puede exigir compensación alguna por la cancelación, que los documentos notariales estarán exentos de la cuota gradual y que el cálculo de los honorarios notariales y registrales se hará aplicando los aranceles correspondientes a los ‘documentos sin cuantía’, estando exentos del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.

La hipoteca inversa permite que los herederos del titular del préstamo puedan recuperar la vivienda en el momento del fallecimiento abonando al banco todo lo que éste haya desembolsado, y si deciden no hacerlo podrán recibir la cuantía que le restara por percibir al propietario de la vivienda, sin que el acreedor pueda exigir compensación alguna por la cancelación. En el primer caso, hay que tener en cuenta que muy probablemente la vivienda se habrá revalorizado, con lo que el propietario habrá podido disfrutar en vida de una parte (o de todos) de sus ahorros mejorando considerablemente su bienestar, pero permitiendo también dejar cierto legado a sus herederos.

¿Cuál es la relación entre la hipoteca inversa y la dependencia? Tenemos dos millones de octogenarios en España y la Ley de Dependencia ha establecido un derecho de las personas dependientes (sin autonomía personal) que se financia por copago, es decir, que junto a la pensión o servicios públicos, el dependiente aportará una parte de los servicios que mejorarán su calidad de vida. Hacer líquido el valor de la vivienda a través de las hipotecas inversas ayudará a satisfacer el incremento de rentas durante los últimos años de la vida para cada vez más personas en situaciones de dependencia severa o gran dependencia, sin perjuicio, naturalmente, de que esos derechos estén garantizados para quienes no posean dichas rentas. En definitiva, la posibilidad de disfrutar en vida del ahorro acumulado en la vivienda, debe contribuir a hacer más estable el ciclo vital y vivir el final de la vida con mayor bienestar.