>Los paraísos fiscales y la crisis

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Por Manuel Trigo Chacón, profesor doctor en Derecho Internacional y autor del libro «Los nuevos feudales. De las multinacionales a la globalización» (EL MUNDO, 11/05/09):

Cuando en la reciente reunión del G-20 en Londres, en la que el presidente Obama, después del baño de multitudes, afirmó que su país y el G-20 tratarían de hacer desaparecer, o al menos ejercer un control sobre los paraísos fiscales, lo que estaba haciendo con el asentimiento de los demás jefes de estado y de gobierno era un brindis al sol. Los paraísos fiscales son, desde hace casi un siglo en que comenzaron a actuar, inamovibles. Además han proliferado a partir de 1960 en que tiene lugar la acelerada etapa de descolonización de Naciones Unidas, y hoy día son ya 55 extendidos por los cinco continentes. La cantidad de dinero depositada a buen recaudo en estos micro estados o estados exiguos, que a veces tienen por todo territorio una pequeña isla del Caribe, del Índico o del Pacífico, es impresionante. De los once países con renta per cápita más alta del mundo, siete son paraísos fiscales. El dinero que ha salido últimamente de países en vías de desarrollo, principalmente de Asia y de África, y que se ha refugiado en estos micro estados, alcanza el billón de dólares. El 70% de las empresas españolas del Ibex-35, opera mediante filiales en paraísos fiscales, y así recientemente hemos sabido que Caja Castilla-La Mancha ha cerrado su filial en las Islas Caimán donde operaba desde hace años.

La ingeniería jurídico financiera de los abogados norteamericanos inventó una ley muy favorable para sus intereses de entonces, que se conoce como Ley 32 de 1927, relativa a la creación y gestión de sociedades anónimas panameñas, que son el precedente y la base jurídica de todas las miles y cientos de miles de entidades mercantiles opacas que hoy circulan por el mundo, y siendo Panamá el primer paraíso fiscal de invención norteamericana que se conoce en la historia del Derecho Internacional.

Estas sociedades pueden ser constituidas en cualquier despacho de abogados de cualquier ciudad del mundo, o ante cualquier cónsul panameño, utilizando simplemente dos personas físicas, panameñas, llamados suscriptores que pueden ser empleados del abogado, del notario, o del cónsul que las constituye. El objeto social suele ser tan amplio que vale para cualquier actividad. La junta de directores que equivale al consejo de administración, se puede variar fácilmente poniendo otros nombres de oficiales del despacho de abogados o del notario, y todos entregan una carta de dimisión firmada, pero sin fecha, para el caso de querer cambiarlos. Los tenedores de las acciones al portador, que son los auténticos dueños, pueden nombrar apoderados o administradores en cualquier lugar del mundo.

Los únicos requisitos que se exigen a este tipo de empresas, es que no pueden realizar negocios en el propio país, pero si en cualquier lugar del mundo, y tienen que nombrar un agente residente en Panamá, que es el que liquida los derechos anuales de mantenimiento de estas empresas en el registro público de Panamá. No tienen obligación de presentar balances ni declaraciones a la hacienda pública, siendo los únicos gastos los honorarios del agente residente y el impuesto anual al registro público, que en total pueden sumar unos 1.000 dólares. Sin embargo, estas sociedades pueden tener un enorme patrimonio inmobiliario, con edificios y villas de lujo a su nombre, así como también barcos, aviones, incluso fábricas y terrenos situados en cualquier país.

Pero no solamente ha sido el invento de las opacas compañías panameñas, también se ha hecho con el registro de buques, que se abanderan en Panamá por la conveniencia de ser muchísimo más económico, y porque así a las tripulaciones se les aplica en cuestión de sueldos la legislación del país que abandera al buque. Ello origina unos bajísimos salarios para las tripulaciones y unos muy limitados beneficios sociales. De esta forma la flota panameña, como las de otros paraísos fiscales que han seguido su ejemplo, son enormes. Cabe destacar después de la de Panamá, la de Liberia en el Golfo de Guinea, cuyo tonelaje de flota es muy superior al de los más importantes estados europeos, y todo ello por la conveniencia de pagar menos impuestos y tener también menos responsabilidades, como se demostró en el conocido caso del «Prestige», de tan triste recuerdo para los españoles. Hoy día puede afirmarse que hay una nueva forma de piratería en el mar, que no es la de los piratas tradicionales, sino la de los hombres de negocios y de empresas armadoras que utilizan estos cauces legales, pero que deberían de dejar de serlo, para sanear el comercio internacional.

Si Estados Unidos fue el inventor de la Ley 32 panameña de 1927, Gran Bretaña ha seguido con gran voracidad a sus primos hermanos, y bajo su soberanía están hoy día el mayor número de paraísos fiscales existentes en el Caribe, con Bahamas a la cabeza, y enseguida Gibraltar con una ley similar a la panameña denominada The Companies Ordinance, que fue promulgada por la Asamblea Legislativa de Gibraltar en 1969. En la actualidad se calcula que hay en este paraíso fiscal más de setenta mil compañías opacas gibraltareñas, que son las propietarias de la gran mayoría de mansiones y villas suntuosas de toda la Costa del Sol, desde Sotogrande, auténtico feudo gibraltareño, hasta Marbella, Torremolinos y más allá. La Agencia Tributaria española no puede conocer quiénes son los verdaderos titulares de muchas de estas mansiones y yates con bandera de conveniencia gibraltareña, que abundan en esta costa española. Lo mismo pueden ser de un millonario ruso, árabe, judío y también por qué no, español. La opacidad está asegurada, y con la facilidad de tránsito que hoy existe a través de Gibraltar y de cualquier otro paraíso fiscal, se pueden tener importantísimas cuentas bancarias y depósitos de valores por individuos particulares, pero también por políticos y gobernantes que ponen a buen recaudo sus ganancias obtenidas de forma más o menos lícita. A nadie que dirige y gobierna le interesa acabar con el paraíso fiscal que supone Gibraltar. Tampoco a una buena parte de la acomodada población de la Comunidad Andaluza.

Al norte de España tenemos el coprincipado de Andorra, que es el estado exiguo más antiguo de Europa, con una compleja historia enraizada entre la Casa de Foix y el Reino de Navarra, en la lejana época del siglo X, y que derivó en sucesivas herencias a un coprincipado en el que figuran como copríncipes el obispo de La Seo de Urgell y el presidente de la República francesa. Napoleón suprimió su Coprincipado, y parece ser que también intenta hacerlo el presidente Sarkozy. Andorra, si bien naturalmente no tiene banderas de conveniencia ni registro de buques, al ser un micro estado sin salida al mar, si tiene por el contrario una legislación muy favorable al secreto de los depósitos bancarios, siendo un paraíso fiscal idóneo para que la burguesía catalana y gran número de políticos y gobernantes de la Generalidad de Cataluña mantengan allí sus «ahorros» fuera del alcance del fisco español. Bien es cierto que Andorra tiene muy restringido el establecimiento de bancos extranjeros, pero ello no impide que alguno de los principales bancos españoles tengan allí filiales con otro nombre, como es el caso del BBVA entre otros. Quien no tiene una filial bancaria puede tener un agente representante que opera a través de los bancos andorranos. En definitiva, un paraíso fiscal idóneo para los depósitos de dinero.

En Europa tienen una gran tradición el Principado de Mónaco, escogido fundamentalmente por deportistas famosos, artistas de cine y teatro, modelos de altos vuelos y en definitiva, gente con «glamour». En ningún paraíso fiscal hay pobreza, y mucho menos en Mónaco donde todo es lujo y riqueza. También el Gran Ducado de Linchesten, entre Suiza y Austria, es un exponente de cuentas opacas, donde recientemente el gobierno alemán para intimidar a algunos de sus políticos y hombres de negocios, sobornó a un empleado de un importante banco para que le facilitase un disquete con las cuentas numeradas y los nombres de algunos cientos de ciudadanos alemanes y algunas decenas de españoles.

Los paraísos fiscales que se extienden por los cinco continentes se han convertido en un nudo gordiano del comercio y las finanzas internacionales que se ha expandido como un virus por todo el mundo, que hoy día se hace muy difícil de controlar, de someter, y mucho menos de hacer desaparecer. Lo que tenemos que tener por seguro es que gran parte del dinero que se originó en la desaforada especulación de la década anterior al verano del 2007, se encuentra en las cámaras acorazadas de los numerosos bancos que tienen filiales repartidas por todos estos paraísos fiscales. Si el ejemplo del cierre de la filial de la Caja de Castilla-La Mancha, es simplemente una pequeña muestra, ello nos puede dar una idea sin embargo, de la magnitud de sucursales de bancos e instituciones financieras, que operan a mucha mayor escala que la maltrecha Caja intervenida tardíamente por el Banco de España.

Por mucho que lo anuncie el presidente Obama y sus compañeros del G-20, se nos hace muy difícil el pensar que pueda haber una solución a corto plazo. Para ello tendrían que cambiar radicalmente los principios de derecho internacional en relación a la soberanía de los Estados, y cambiar también profundamente las normas de derecho internacional privado, especialmente lo relativo a las personas jurídicas. Ardua tarea cuya responsabilidad debería de recaer sobre los Estados Unidos, que fue el país que inventó los paraísos fiscales, en perjuicio de una gran parte de lo que es hoy día la aldea global.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

>Ataque a los paraísos fiscales

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Por Antoni Serra Ramoneda, presidente de Tribuna Barcelona (EL PERIÓDICO, 21/03/09):

Dos escándalos han recrudecido la guerra contra los denominados paraísos fiscales emprendida hace tiempo por la OCDE. El primero fue la consecución, mediante soborno, de una lista de 900 importantes ejecutivos alemanes con sustanciosos activos, cuyas rentas no eran declaradas al fisco germano, en un banco de Liechtenstein. El segundo, la fuerte compensación abonada por la UBS, una entidad helvética, al Gobierno norteamericano por haber contribuido a la evasión de impuestos por ciudadanos de aquella nacionalidad. Estados Unidos, Francia y Alemania quieren ahora apretar los tornillos. Han incluido en la agenda de la próxima reunión del G-20 un punto sobre las medidas a tomar para castigar a los países cuyos gobiernos no acepten reglas de transparencia sobre los fondos que manejan sus bancos.

Naturalmente este anuncio ha levantado polvareda, y temor, en los medios financieros.
¿Cuándo un país es un paraíso fiscal? Tres como mínimo son los rasgos esenciales que ha de reunir. Primero, no gravar, o solo cosméticamente, las rentas de capital. Segundo, la ausencia de un auténtico intercambio de información entre las autoridades fiscales nacionales y las extranjeras. Y, tercero, no exigir una presencia física efectiva continuada en su territorio de quienes pretenden gozar del trato impositivo propio de los nacionales.

SON MUY numerosos los países que cumplen con estas tres condiciones. Pero los que realmente preocupan son los que ofrecen seguridad y estabilidad política y una supervisión eficaz de sus entidades bancarias, pues son los que atraen más capitales por el escasísimo riesgo que entrañan. Para entendernos, no es lo mismo la isla caribeña de Antigua, donde recientemente ha estallado un escándalo monumental en su principal entidad financiera, que, por ejemplo, el histórico y pacífico Liechtenstein.

Los expertos mantienen que los clientes de estos paraísos fiscales pueden dividirse en tres grupos de muy distinto pelaje. En el primero están los delincuentes que, tras una fechoría, quieren esconder o blanquear el botín conseguido. En él se incluyen muchos dictadores de nombres bien conocidos. El segundo está integrado por individuos que canalizan sus ahorros honestamente generados, aunque no siempre fiscalmente declarados, hacia entidades financieras establecidas en países cuyo estricto secreto bancario les permite olvidarse de aflorar en su base impositiva las rentas conseguidas con sus ganancias. Y, finalmente, son muchas las empresas, especialmente multinacionales, que utilizan legítimamente los paraísos fiscales para reducir los impuestos a pagar, pero que no esconden este proceder a las autoridades de los otros países donde operan. En Bermuda, por ejemplo, tienen su sede social 13 de las 40 compañías reaseguradoras más importantes del mundo, con un valor de capitalización, a finales del 2007, de 129.000 millones de dólares, una cifra importantísima cuando se compara con la riqueza de la isla. Pero estas 13 compañías no esconden sus datos contables ni las razones de su ubicación: sus cuentas de resultados las dejan muy claras.

El objetivo de la OCDE ha sido eliminar el blanqueo y la evasión. Es decir, luchar contra los dos primeros tipos de clientes. En general, los paraísos fiscales, cuando menos los más serios, han aceptado levantar el secreto bancario ante un requerimiento judicial originado por un caso criminal en el extranjero. La lucha ahora se centra en la evasión que puedan efectuar los clientes del segundo tipo. La OCDE ha instado a los hasta ahora paraísos fiscales a firmar acuerdos de transparencia, por los que se obligarían a suministrar los datos reclamados por las autoridades fiscales de los países de origen. Sus esfuerzos han tenido algún éxito, a juzgar por la progresiva reducción del número de naciones señaladas con el dedo. Concretamente en el 2002 solo eran tres las europeas que aún se negaban a rebajar su secretismo: Andorra, Mónaco y Liechtenstein, mientras que pocos años antes la relación era mucho más larga.

NO OBSTANTE, parece que se ha cantado victoria antes de tiempo y la voluntad de transparencia de las naciones borradas de la lista era más aparente que real. Lo demuestran las dificultades que en estos momentos tiene el fisco americano para conseguir los datos de los 50.000 (como mínimo) contribuyentes que han refugiado parte de su fortuna en bancos helvéticos. Los suizos han creado una sutil distinción entre fraude y evasión fiscal: el primero es un delito penal mientras que el segundo es una simple infracción administrativa. Y solo están dispuestos a suministrar información cuando, en su terminología, ha existido fraude, lo que significa que solo una minúscula proporción de los clientes norteamericanos de los bancos suizos se verá incluida en la relación que el fisco americano persigue.

La impresión reinante es que se ha abierto un largo contencioso cuya solución final se extenderá a todo el resto de países en el ojo del huracán. No en vano el 27% de los capitales opacos está refugiado en el país alpino. Andorra, Mónaco y Liechtenstein ya han anunciado su voluntad de seguir la misma senda. Pero que el pánico no cunda, que todo va para largo.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona