>La construcción colectiva de un narco
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>Charles Bowden habla sobre su artículo “La guerra en la casa del vecino"
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>Otro reto para Obama
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Para quienes teníamos 20 años cuando mataron a Martin Luther King y recordamos al gobernador Wallace en la puerta de la Universidad de Alabama cerrando el paso al estudiante negro que había reivindicado su derecho constitucional a entrar en ella, la llegada de Obama a la presidencia de Estados Unidos supuso ante todo el cumplimiento de un sueño romántico juvenil: algo insólito, porque pocos llegan a realizarse. Entonces admiré al candidato vencedor, desde luego, pero sobre todo la transformación regeneradora del electorado que le votó.
Y me acordé de nuevo de Lindon B. Johnson, el presidente de la posguerra que más hizo por los derechos civiles y acabó con la segregación racial en las escuelas: los niños así educados con menos prejuicios fueron los que votaron 40 años después a Obama…
Pudiera uno haberse dado ya por satisfecho con ese triunfo, lo mismo que algunos aficionados en la Maestranza -si me disculpan ustedes el hoy peligroso símil taurino- se marchaban a casa después de ver hacer el paseíllo a Curro Romero, sin pedir más milagros al ruedo ni a la vida. Sin embargo, lo mejor estaba por llegar y es ahora, controvertido y limitado a la honrada estatura humana, cuando Barack Obama me merece auténtica admiración. Por haber intentado muchas cosas y haber logrado unas cuantas; por hablar con insólita claridad, a su país y al oportunismo “pacifista” de quienes le concedieron el Nobel; por haber irritado a los banqueros, haber decepcionado inicialmente a Michael Moore y conseguir que Fidel Castro le tache de “fanático imperialista”; por haberse puesto serio con Netanyahu y parece que marcar el inicio de un respaldo menos acrítico y más exigente a Israel; por haber luchado tenazmente por salvar lo más posible de su reforma sanitaria, pese a que quizá hubiese podido quedar bien aplazándolo todo para no “crispar” ni dividir al país; y -last but not least- por sacar de quicio a los frikis de nuestra izquierda y derecha mediáticas, que le acusan de ser demasiado americano o de querer “europeizar” Estados Unidos.
Ahora sí se gana un puesto en la cima política, no desde la beatitud inane del coro celestial sino a trompicones, renuncias parciales, fracasos y mandobles.
De modo que, aunque ya tiene lo suyo, es inevitable hacerle rogativas y pedirle todavía más… incluso quienes no somos ciudadanos de su país. ¿Por qué no enviarle también otra instancia? Mi solicitud es que reconsidere la actual situación de las llamadas drogas ilegales. Hace más de 20 años hice la única de mis profecías políticas que se ha cumplido… desgraciadamente, porque hubiera preferido equivocarme como siempre. Anuncié que la cruzada contra la droga no acabaría ni mucho menos con ella, todo lo contrario, pero en cambio pondría en grave riesgo la estabilidad de las democracias en Hispanoamérica. A la vista está lo que ocurre hoy en
México, como ayer en Colombia y otros países. Incluso en el nuestro, donde el 80% de los reclusos menores de 30 años están encarcelados por delitos referidos a esas sustancias arbitrariamente prohibidas.
A estas alturas ya nadie supone que las drogas, que han existido siempre en todas las sociedades humanas (¡y hasta en algunas animales!) van a ser erradicadas precisamente ahora, cuando la química ha alcanzado su máximo desarrollo y cualquiera puede montar un laboratorio en la cocina de su casa. Y cuando los cultivos de opiáceos se han convertido en la única esperanza de supervivencia en algunas zonas del planeta con su agricultura desmantelada y sin otro modo de aprovechar rentablemente el mercado internacional.
Sabemos desde que lo explicó nítidamente Milton Friedman que las drogas ilegales son la mercancía perfecta, cuyos beneficios aumentan según crece la persecución a que se las somete. Claro que de tal persecución no sólo se aprovechan los gánsteres que trafican con ellas, sino las redes de funcionarios que las persiguen, los políticos que las convierten en el Enemigo con mayúscula para distraer a la población de otros males más reales, etcétera. Quienes pagan la factura son los usuarios que perecen por adulteración o sobredosis de productos incontrolados, las víctimas de los enfrentamientos entre bandas mafiosas, los policías corruptos por el incesante flujo de dinero que mueve ese comercio y los policías asesinados por no haberse corrompido, etcétera. Inútil es hablar de la libertad personal pisoteada, porque en nuestras sociedades en las que los gastos sanitarios han convertido la salud en una obligación penal esa reclamación ni siquiera es ya comprendida.
Las tímidas voces que siempre se han alzado contra esta cruzada irracional vuelven a oírse ahora, en un tono más alto y -en Hispanoamérica- más angustiado. Incluso la crisis de la economía mundial favorece el despertar de algunos y en California el gobernador Schwarzenegger propone legalizar la marihuana para aumentar con el impuesto que la gravará los ingresos del Estado. Desde luego, es obvio que la despenalización de las drogas ahora prohibidas no erradicará por completo el crimen organizado, que sabe reciclarse con los cambios de mercado, pero puede ayudar decisivamente a disminuir sus beneficios y por tanto hacer a los mafiosos más vulnerables y más fáciles de controlar. La abolición de la Ley Seca no erradicó del todo el gansterismo pero dificultó la vida a los herederos de Al Capone y mejoró la seguridad cotidiana en numerosas comunidades antes sometidas a la violencia permanente.
¿Cuál es el papel de Estados Unidos en este problema? No sólo es que aporta millones de consumidores que sostienen el negocio y perpetúan una demanda criminógena para otras poblaciones americanas.
Lo peor es que sus autoridades, su DEA y demás bloquean a nivel internacional la posibilidad de un planteamiento diferente de este asunto, basado no en la prohibición sino en la homologación de los productos, la información verídica sobre su uso y su abuso, así como una educación eficaz para la templanza.
Nadie se atreve -aunque muchos quisieran- a discutir abiertamente sobre las alternativas a la cruzada vigente por miedo a las represalias del país más poderoso del mundo, que la apadrinó desde su comienzo. Sólo un presidente de Estados Unidos con audacia y visión de futuro podría desbloquear el atolladero actual. Y algunos pensamos que Barack Obama puede ser ese político providencial, al menos para iniciar un camino que será seguramente largo.
Encontrará sin duda una feroz oposición. Como los republicanos ultraderechistas son los últimos creyentes que quedan en la revolución comunista (por eso llaman “comunista” a quien intenta cualquier reforma seria que ponga en cuestión la pena de muerte, la venta libre de armas o propicie la asistencia sanitaria para todos), si Obama intenta un movimiento hacia la cordura en materia de drogas ya sabe el epíteto que le van a dedicar. Pero supongo que a estas alturas estará muy acostumbrado y el reto merece la pena.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>El "narco" se refugia en Centroamérica
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El helicóptero lo compraron mediante una cadena de socios y testaferros, con cuentas bancarias en el Golfo Pérsico. La semana pasada, viajaba con 395 kilos de cocaína desde la costa pacífica sur de Costa Rica hacia un hotel abandonado en el borde de la zona caribeña del país. La aeronave sufrió un accidente en lo más espeso de un bosque, en el que murieron el piloto, antiguo agente de la policía costarricense, y su pasajero, un joven mexicano, oriundo de Sinaloa. ¿Alguien duda ahora de que la guerra de las drogas en México, como cualquier guerra, tiene sus propios desplazados?
Centroamérica está ahora prensada entre dos grandes países que libran su propia batalla contra las bandas de narcotraficantes y también sufren las que se registran entre ellas. Al norte, México, con su escalada de violencia, caldeada por la cocaína; al sur, Colombia, con su historial de producción y una longeva tradición de carteles. No es que los siete países del istmo centroamericano desconozcan del todo la experiencia de alojar las redes del tráfico de la droga, pero quizá nadie sospechaba el valor que este angosto pedazo de tierra iba a tener para los carteles perseguidos en las dos potencias de la droga en el continente.
Bordeado por dos océanos, atestado de zonas montañosas, de poca fuerza de voluntad contra el dinero corrupto y debilitado por la condición de pobreza de casi la mitad de su población, Centroamérica vive ahora un cambio de funciones. Nadie se sorprende ya ante las evidencias de que la droga viaja hacia el norte por agua o tierra, ni de que en el camino quede el producto que cobran las bandas locales. Hacia el sur fluyen los dólares sucios, por más lavado que hagan. Ahora, sin embargo, la presión de las autoridades mexicanas y colombianas, reforzadas por Estados Unidos, empuja a las redes a usar Centroamérica como almacén y campo de operaciones.
Guatemala y Honduras fueron, por cercanía geográfica, los primeros en sentir lo que advirtió el propio vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, a los presidentes de la región en marzo. “Sabemos que el éxito de los esfuerzos contra las drogas en México y Colombia va a empujar a esos grupos hacia Centroamérica”, señaló Biden segundos antes de subrayar la dificultad de Washington para aumentar la ayuda para la lucha contra el narcotráfico, por los ahogos económicos del momento.
El accidente del helicóptero en lo más tupido de las montañas de Costa Rica sólo sirvió para poner un ejemplo concreto. Las autoridades sospechan que el cargamento era uno de los primeros de este grupo de mexicanos, ya que en el hotel donde lo esperaban no se halló más que las condiciones aptas para comenzar a embodegar: una edificación con helipuerto, con vistas a todo un valle y cerca de caminos rurales que surcan una región montañosa y más bien deshabitada. La propiedad había sido arrendada por el piloto, amigo del propietario, a quien convenció de las ventajas de negociar con este grupo de inversores mexicanos.
Pero el helicóptero se precipitó a tierra y puso a la policía sobre la pista para armar el puzzle, o al menos para buscar sus piezas. Las autoridades revelaron que alguien fue más rápido que los equipos de rescate, llegó primero a la escena del accidente, sustrajo el rastreador de GPS y quizá algunos paquetes de droga, y se perdió en la montaña. Ahora es casi imposible conocer la ruta de vuelo que había seguido la aeronave en un espacio aéreo que permite a cualquiera con dinero evadir todo tipo de control policial y migratorio.
El caso se va conociendo a retazos. Uno de los últimos hallazgos de la prensa ha sorprendido aún más. El helicóptero aparece como propiedad de la gerente de la empresa que opera el principal aeropuerto de Costa Rica. La Policía Judicial evita publicar conjeturas, pero la opinión pública no cesa de vincular en sus conversaciones el narcotráfico con la corrupción, una combinación válida para cualquier país centroamericano, como recogía un informe publicado en Washington por el Departamento de Estado hace sólo dos meses.
Hasta ahora, la única solución mencionada es la coordinación entre países y un programa llamado Iniciativa Mérida, cuyo contenido económico, aportado por Estados Unidos, es casi una broma frente a los recursos del narcotráfico: para este año se han presupuestado 465 millones de dólares para México, Centroamérica y el Caribe; los mexicanos reciben 400 millones y dejan el resto para que los del sur afronten el problema de los desplazados del narco.
Las autoridades nacionales, mientras, se ven incapaces de mostrar algo de eficacia y al mismo tiempo aquietar los nervios de los ciudadanos por la creciente inseguridad. Los reportes sobre las toneladas de droga incautada dan, más que tranquilidad por la labor policial, una idea de los enormes volúmenes transportados y almacenados en la región.
>"Narcos" a las puertas del infierno
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Dos días después de denunciar que El Chapo Guzmán, el narcotraficante más rico y más peligroso de México, era su vecino, que todo el mundo lo sabía menos las autoridades encargadas de detenerlo, el arzobispo de Durango, monseñor Héctor González, llegó al aeropuerto del Distrito Federal solo, cabizbajo, arrastrando una maleta y con una frase en los labios que resumía su desazón: “Estoy sordo y mudo”.
Su denuncia no sólo no había sido tomada en cuenta, sino que los políticos lo habían ninguneado y muchos de sus compañeros de hábitos – escondidos detrás de un miedo al que a veces llaman prudencia – le recomendaron públicamente regresar al orden y la mesura. Y así estaba el obispo, “sordo y mudo”, cuando, el martes por la tarde, las emisoras de radio contaron que muy cerca de Guanaceví – la población en la que según el arzobispo se esconde el famoso narcotraficante – acababan de aparecer los cuerpos acribillados a balazos de dos tenientes del Ejército. Los sicarios habían dejado escrito junto a sus cuerpos un mensaje muy claro: “Con El Chapo nunca van a poder ni sacerdotes ni gobernantes”.
Lo que ni los políticos ni los curas habían querido tomar en consideración, sí llegó a preocupar al jefe del cartel de Sinaloa, que quiso cortar por lo sano cualquier intento de romper su muy bien cultivada red del silencio. Lo que tal vez no calculó fue la reacción de los compañeros de monseñor González. Tanto el arzobispo de México como el de Saltillo dieron un fuerte golpe en la mesa. El de México difundió un comunicado, titulado Narcotraficantes, en la Puerta del Infierno, en la que exhortaba a sus sacerdotes a dejar atrás el miedo: “La Iglesia recuerda que los mártires son su gloria y no su desgracia, y que si es preciso que los ministros de la Iglesia derramen su sangre por proteger a los fieles que Dios le ha encomendado, no dudarán en hacerlo”.
El arzobispo de Saltillo, monseñor Raúl Vera, no fue tan espiritual. Dijo que la guerra del presidente Felipe Calderón está fracasando, que en México se vive una situación de “terrorismo puro”, y que la culpa no sólo la tienen los narcotraficantes, sino “los políticos que dan soporte al crimen”. Monseñor Vera dijo que el asesinato de los dos militares – que fueron sorprendidos mientras realizaban, vestidos de vaqueros, labores de inteligencia – demuestra que los narcotraficantes se ríen de la lucha de Calderón. “Se tiene que empezar”, añadió, “a investigar y meter en la cárcel a gobernadores y presidentes municipales, porque muchos están coludidos con el crimen y las ejecuciones demuestran que el Estado no nos está dando garantía de vida a ningún ciudadano”.
Lo que el Ejército no hizo – al menos para mantener las formas – tras la denuncia del arzobispo, sí lo empezó a ejecutar tras el asesinato de los dos tenientes. Numerosos convoyes militares, apoyados desde el aire por helicópteros artillados, iniciaron la búsqueda por Durango de los asesinos a sueldo de El Chapo. Ayer se supo que el Ford Fiesta en el que viajaban los militares, de 28 y 30 años, tenía agujereada su chapa por 58 disparos de fusil AK-47.
>Monseñor, la ley del silencio y el "narco"
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¿Dónde está El Chapo Guzmán? La respuesta vale siete millones de dólares (5,4 millones de euros), aunque tal vez nadie la haya respondido aún porque se sospecha que la recompensa también puede incluir un salvoconducto al más allá. Joaquín Guzmán Loera (el mote de El Chapo se debe a su porte más bien chaparro) no sólo es el jefe del cartel de Sinaloa y el mayor narcotraficante de México, sino también, según el último número de la revista Forbes, uno de los hombres más ricos del mundo. Su fortuna, superior a los 1.000 millones de dólares (767 millones de euros), pero sobre todo su forma de obtenerla, el crimen organizado en su versión más sanguinaria, provocan más afonía que la locuacidad que persiguen los cinco millones que ofrece EE UU y los dos de México. Por eso tiene más valor lo que ha dicho el arzobispo de Durango…
¿Que qué ha dicho? Lo que mucha gente piensa en México, pero nadie se atreve a decir en voz alta. Exactamente: “Más adelante de Guanaceví, por ahí está El Chapo, por ahí vive, pero bueno, todos lo sabemos, menos la autoridad…”.
La historia, que a cada momento se va cubriendo de más misterio, empezó el viernes. Ese día, el arzobispo del norteño Estado de Durango, Héctor González Martínez, llamó a los periodistas para denunciar que los sacerdotes de su diócesis -que también abarca el norte del Estado de Zacatecas- están sufriendo amenazas por parte de sicarios del crimen organizado: “Los extorsionan llamándolos por teléfono, amenazándolos con insistencia, gritándoles, diciéndoles malas palabras… Y la autoridad no hace nada”.
Al arzobispo lo fue abandonando la santa paciencia y la bendita prudencia y empezó a dar nombres. Detalló los lugares donde operan dos de los carteles más peligrosos de México, la Familia Michoacana y “la gente de El Chapo”, o lo que es lo mismo, el cartel de Sinaloa. Y finalmente señaló Guanaceví, un municipio entre montañas de 11.000 habitantes, como la guarida segura del fugitivo más famoso de México.
¿Que por qué es el más famoso de México? Por lo que se sabe de él y por lo que se intuye que él sabe. El Chapo Guzmán, que ya anda por los 55 años, fue detenido en 1993 en Guatemala. Dos años después lo trasladaron a un penal de México, de donde se fugó en 2001, dicen que escondido en un camión con ropa sucia. En México ya gobernaba Vicente Fox, del mismo partido (el Partido Acción Nacional) del actual presidente, Felipe Calderón. Nadie duda a estas alturas de que el Gobierno de Calderón es el primero de la historia de México que combate en serio al narcotráfico, pero también es verdad que sobre esa lucha tan cruenta -el sábado murieron ocho policías federales al repeler el intento de rescate de un narco al que trasladaban de prisión- se cierne una sombra de sospecha. ¿Por qué dejaron escapar a El Chapo? ¿Por qué no lo detienen? Las declaraciones del arzobispo echan más sal en la herida.
Por si a la historia le faltara un punto de misterio, las palabras del arzobispo fueron recogidas por todos los medios de comunicación de México, menos por los de… ¡Exacto! Los periódicos de Durango no publicaron la denuncia del arzobispo y los de difusión nacional, que todas las mañanas llegan a los quioscos del Estado norteño, se quedaron en el camino. Nadie sabe qué paso con ellos. Ni con el arzobispo. También a él se lo tragó la tierra. Como a su presunto vecino El Chapo.
>México, bajo el azote del narcotráfico
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La visita a México del presidente Barack Obama se inscribe en una situación de excepcional degradación institucional al sur de la frontera de Estados Unidos. La inseguridad y la violencia, producto de la guerra del narcotráfico y otras industrias del delito, en particular el secuestro, nunca habían sido tan graves en México como ahora. Los 7.000 muertos de 2008 duplicaron la cifra del 2007. Y tan sólo en el primer trimestre de este año se cuentan 1.000 muertos. El año pasado hubo un promedio de 17 secuestros por día en todo el país, y el índice de impunidad de los delitos llegó al 99%, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El Gobierno del presidente Felipe Calderón comenzó con una operación firme del Ejército en tareas de combate al narcotráfico. A pesar de su espectacularidad, los resultados han sido escasos. Los grupos delictivos multiplicaron su capacidad ofensiva y su control a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, sobre todo en Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Tabasco, entre otros Estados. Por su parte, el Gobierno mexicano ha reducido el problema a media docena de localidades, entre ellas, Ciudad Juárez. Sin embargo, las bajas de esta guerra están en todas partes: delincuentes, militares, policías, ciudadanos.
Bajo la disputa del monopolio de la violencia entre el Estado y los narcotraficantes en sus diversas facciones, que luchan entre sí por la hegemonía del crimen y el dominio de los territorios, el despliegue de 90.000 soldados en varios puntos del país se ha convertido en un factor que tiende a empeorar los escenarios por el abuso de la fuerza y su falta de respeto a los derechos humanos. Al visitar México, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Louise Arbour, expresó ya el peligro que implica esta participación.
Al igual que otras veces durante los últimos años, el Gobierno mexicano ofreció, en víspera de un encuentro binacional y como muestra de su voluntad de combatir al narcotráfico, la detención de un narcotraficante de renombre. En este caso, se detuvo a Vicente Carrillo Leyva, hijo del que fuera jefe del cártel de Juárez Amado Carrillo Fuentes, el extinto Señor de los cielos. A pesar de que desde 1998 hubo orden de aprehensión contra Carrillo Leyva, derivada del Maxiproceso del Gobierno contra tal grupo criminal, las autoridades permitieron que éste, originario del Estado de Sinaloa al noroeste del país, se instalara en un barrio adinerado de la capital, previa cirugía estética que apenas le modificó la nariz, y viviera libre durante años como un joven empresario.
Días antes, las autoridades habían detenido a Vicente Zambada Niebla, hijo de otro ex miembro del cártel de Juárez, Ismael El Mayo Zambada, ahora afecto al cártel de Sinaloa. Esta detención fue la respuesta del Gobierno al escándalo internacional que suscitó la presencia del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, cabeza del cártel de Sinaloa, en la lista de millonarios de la revista Forbes con una fortuna de 1.000 millones de dólares. Guzmán Loera, que se fugó en 2001 de un penal de “alta seguridad” en los primeros días del Gobierno de Vicente Fox Quesada, del Partido Acción Nacional (PAN), es conocido desde entonces como el capo del panismo, y permanece en libertad a pesar de existir orden de aprehensión contra él desde años atrás. Una red de corruptelas lo protege.
La situación adversa de México se gestó a lo largo de los últimos 25 años, y se asocia a los acuerdos de Estado y Gobierno con los cárteles de la droga, el uso del territorio del país para el trasiego de la cocaína proveniente de Sudamérica y la corrupción paulatina de las corporaciones militares y policiacas. Aquellos acuerdos fueron parte del apoyo mexicano en su territorio a la operación Irán-Contra de 1981, que dirigió el vicepresidente George Bush padre durante el mandato del presidente Ronald Reagan.
La operación, que consistió en el intercambio de armas para la contraguerrilla nicaragüense por drogas para el mercado de Estados Unidos, fue dirigida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y participó su homóloga mexicana: la Dirección Federal de Seguridad (DFS). En esa época se dieron dos asesinatos emblemáticos que se atribuyen a intromisiones en tales nexos hasta entonces confidenciales: el del periodista mexicano Manuel Buendía y el del agente estadounidense anti-narcóticos Enrique Camarena. Su fantasma acompaña la degradación mexicana y la ambigüedad de Estados Unidos en el problema de las drogas en México y a nivel continental.
Dicho estigma ha continuado en sus dos vertientes: por un lado, periodistas amenazados, desaparecidos o asesinados mientras investigaban asuntos de crimen organizado y poder político (35 de ellos en los últimos siete años, como registra la CNDH); por otro, corporaciones militares o policiacas de ambos países inmersas en un juego de estrategia destructiva.
Casi nadie quiere recordar que la degradación mexicana comenzó y persiste en el seno de sus instituciones. El poder criminal que representa el narcotráfico en México es consustancial a su política y a su economía: cada año, las actividades por lavado de dinero ascienden a 24.000 millones de dólares, según difundió el diario The Washington Post en otoño pasado. El propio sistema financiero mexicano facilita que el lavado de dinero quede impune. Tratar de ignorar cómo se llegó y se sostiene esta aberración, está lejos de ayudar a detenerla.
A semejanza de antaño, se ha visto la escalada contradictoria de mensajes entre ambos países, que ha seguido un juego de dureza inicial acerca de México en tanto “Estado fallido” y riesgo para la seguridad de Estados Unidos, y, conforme se acerca la fecha del encuentro presidencial, se ha ido transformando en suavidad diplomática en busca de acuerdos básicos. Si se expresa la repetición de esta rutina, habrá un encuentro proclive a la propaganda y la hipocresía compartidas, más que el logro de un emplazamiento distinto del problema que trascienda las inercias del pasado.
Bajo el principio del prohibicionismo a la producción, el tráfico, la distribución, venta y consumo de las drogas, el combate a los cárteles seguirá el modelo de Estados Unidos impuesto a Colombia, que se funda en los riesgos a la soberanía nacional encubiertos bajo el rubro de la cooperación, el uso intensivo de fuerzas paramilitares susceptibles de ser corrompidas, el surgimiento de conflictos de contrainsurgencia, etcétera. Con todo, resulta imperativo que el Gobierno estadounidense se comprometa a restringir la demanda de drogas en su país y la oferta de armas, y que comience a aceptar la discusión sobre el fracaso de las acciones represivas en busca de un paradigma nuevo: la legalización de las drogas y su implantación gradual.
Hay muchas fuerzas geopolíticas y políticas dentro de ambos países que se benefician con el negocio de la ilegalidad de las drogas y el auge de las industrias delictivas. El caos aparente que trae consigo la violencia desatada y el imperio del crimen organizado es, en realidad, un escenario dirigido para las ganancias de algunos.
El presidente Felipe Calderón presume ante el mundo de su programa de combate al narcotráfico y al delito. Los hechos lo desfavorecen: su Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad fue incapaz de inhibir el crimen organizado, lo que ha incrementado el poderío criminal y recrudecido la violencia. Ha ofrecido muchas acciones y las ha consumado, pero se ha olvidado de los resultados y la eficacia real de sus operativos; divulga sus cambios pero soslaya los nulos avances. Refugiado en el formalismo de su figura presidencial como último bastión, lo vemos perder poco a poco la batalla definitiva de su mandato. Y va en desventaja a su encuentro con el presidente Obama. Tendrá que añadir lucidez a su firmeza.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>Taking The Fight to The Cartels
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The Mexican government is in a fight to the death with powerful drug cartels, and the Obama administration’s main focus appears to be preventing the violence from crossing our border. Yet allowing the cartels to win would be disastrous for the Mexican people and dangerous for the United States. U.S. strategy should be not just to bolster our borders but to help Mexico establish the rule of law and score a decisive victory against the cartels that both menace that country and threaten our own security and prosperity.
Mexico’s fight against organized crime has raged for decades, but for years it has received very little attention from U.S. media or lawmakers. In fact, Mexico received virtually no attention during the 2008 presidential campaign.
President Felipe Calderón’s brave stand has cost Mexico dearly; in the past two years, more than 10,000 people have been killed in drug-related violence, including Mexico City’s top federal police chief, Cancun’s top drug enforcement officer and more than 900 other law enforcement officials. Cartels kill innocent civilians, kidnap and kill children to blackmail or punish their parents, and gruesomely murder journalists, police officers, soldiers and civilians to intimidate the government into not taking action. In its own right, this is a fight worth joining. But the United States has additional incentives: The cartels are bankrolled by the proceeds from drug sales in this country — the same place they get most of the guns they use to kill Mexican civilians and police officers.
There are also strategic reasons for greater U.S. involvement: The war between the Calderón administration and the cartels has generated waves of crime along the U.S.-Mexico border. If the Mexican government falters, we can expect even more violence and a severely hobbled Mexican economy, which will fuel more illegal immigration to the United States. And potential interaction among the cartels and terrorist organizations seeking sanctuary and access to the United States is a threat we must take seriously. Our government is implementing some measures to stem cross-border violence and begin disrupting some of the flow of money and guns back into Mexico, but more can and should be done. The Obama administration should take four additional steps to help combat the cartels.
First, increase aid to the Mexican government. Last year’s Merida initiative — $400 million in aid for equipment and training — was a good start. But Mexico needs more aid and U.S. assistance to implement a comprehensive strategy to defeat the cartels. This must include deploying new security technologies and building a better law enforcement and criminal-justice system.
Second, the U.S. military and Coast Guard should do more to help Mexico patrol its coasts and stop drugs from Central and South America from arriving by boat. Because these drugs are destined for the United States, helping to control Mexico’s borders would relieve pressure on ours.
Third, we should do far more to prevent cash and guns — the lifeblood of the cartels — from moving into Mexico from this country. Although the Department of Homeland Security has taken some initial steps to increase outbound enforcement efforts in some areas, it does not have a comprehensive or continuous outbound enforcement strategy. We need a sustained outbound enforcement effort that leverages cooperation with Mexico, detection technology, and new temporary or permanent infrastructure to stop drug proceeds and guns from moving from the United States into the hands of Mexican criminals.
Fourth, we should mount a comprehensive effort against the cartels here, including more criminal investigations focused on dismantling them and their interests inside our borders. The recent arrest of 52 people associated with the Sinaloa cartel, announced by Attorney General Eric Holder as part of “Operation Xcellerator,” is an excellent start. We should aggressively prosecute all drug and alien smugglers caught at our borders, taking them off the street for long periods rather than returning them to Mexico to commit more crimes. Additionally, we should implement more aggressive education and media campaigns, and treatment measures, to reduce the demand for cocaine, marijuana and methamphetamine in the United States. A gradually expanded guest-worker program would deprive the cartels of significant revenue associated with smuggling hundreds of thousands of people into the United States each year.
Helping Mexico defeat the cartels is as important as success in Iraq or Afghanistan. We cannot allow the cartels to destabilize Mexico, commit crimes in the United States, or align themselves with other transnational criminal or terrorist organizations. And after pressing Mexico for years to confront corruption and organized crime, the United States should do everything in its power to help those honest and courageous Mexican officials who are finally taking the fight to the cartels.
Josh Kussman was director of policy for U.S. Customs and Border Protection in the Department of Homeland Security from October 2003 to December 2005. He is senior vice president of the strategic consulting firm Sentinel HS Group LLC. Brian C. Goebel, a counselor and senior policy adviser to the commissioner at U.S. Customs and Border Protection from September 2001 to July 2004, is president and chief executive of Sentinel HS Group. Sentinel HS Group has done subcontracting work funded by the Mexican government on a project relating to Mexican seaports.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>La guerra perdida contra la droga
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Durante décadas, la violencia en América Latina estuvo asociada a la insurrección armada y a la represión militar de la revolución. Hoy, con los antiguos guerrilleros ocupando despachos oficiales, otro fantasma ocupa el escenario: la violencia armada asociada al tráfico de drogas. Una violencia que alimenta un negocio multimillonario, que extiende la inseguridad y el miedo en grandes y pequeñas ciudades, que drena recursos ingentes a los Estados.
Y lo peor: lejos de remitir, se multiplica y amenaza la estabilidad de los Gobiernos. Tres ex presidentes latinoamericanos -Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México- han certificado, en un amplio documento, la derrota de las fuerzas del orden en su guerra contra las drogas. Ello no significa que hayan levantado la bandera blanca frente al crimen organizado. Reclaman una nueva estrategia política y policial que surja de un amplio debate social al que convocan a todas las fuerzas sociales del continente. Y exponen sus datos y argumentos en el documento Drogas y democracia: hacia un nuevo paradigma, redactado por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que forman 17 destacadas personalidades independientes. Reclaman un nuevo enfoque, con menos énfasis en la represión y más en política sanitaria y educativa. E incluyen una recomendación -la descriminalización de la tenencia de marihuana- que por su reclamo mediático puede eclipsar una reflexión de mayor alcance.
Los hechos reseñados son abrumadores: después de años de lucha, América Latina sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína y marihuana, y ha comenzado a producir opio, heroína y drogas sintéticas. Además de exportar, los países del continente han incrementado sus niveles de consumo. El aumento del crimen organizado ha generado un crecimiento de los niveles de violencia que afecta, sobre todo a los pobres y a los jóvenes (ver cuadro adjunto); la corrupción del sistema -políticos, funcionarios, jueces y policías- criminaliza la política, desafía a los Gobiernos, y se infiltra en las instituciones democráticas. La ofensiva militar desencadenada por el presidente de México, Felipe Calderón, contra los carteles de la droga de su país es el mejor ejemplo de la gravedad del problema.
El documento de 47 páginas (www.drogasydemocracia.org) ofrece datos sobre el fracaso de la política de represión. “A pesar de que los niveles de aprehensión, tanto en los países exportadores como en los importadores, hayan presentado aumentos considerables, ellos no afectaron a la oferta final ni aún al precio del consumidor. Por el contrario, el precio de la cocaína presenta una tendencia dominante de caída, en tanto el producto aumenta su grado promedio de pureza”. En el negocio de la droga, los beneficios para el crimen organizado se reparten, además, de de desigual manera. El informe citado refleja los precios efectivos por kilogramo.
El semanario británico The Economist, en su edición del pasado 7 de marzo, arrojaba cierta luz sobre cómo estan organizadas las redes de narcotráfico en el Reino Unido, el país europeo con mayor consumo de cocaina, puesto que arrebató recientemente a España. Según el semanario, que cita fuentes oficiales, la droga es remitida a unos 300 importadores que la pasan a una red de unos 30.000 distribuidores que, a su vez, cuenta con una flota de 70.000 vendedores callejeros, vulgarmente conocidos como camellos.
Los programas de lucha contra la erradicación no consiguieron reducir la producción, pero sí generaron cambios con repercusiones no previstas.
“Hasta mediados de la década de los noventa, la hoja de coca era cultivada principalmente en Perú y Bolivia, dos países que detentaban el 80% de las plantaciones mundiales de coca y que procesaban las hojas en pasta”. Trasportada en avionetas hacia la selva colombiana, era transformada en laboratorios clandestinos en cocaína. La droga era enviada desde Colombia a Estados Unidos.
La erradicación de las plantaciones en Perú y Bolivia trasladó la producción a Colombia, en territorio controlado por los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que “pasaron a organizar a los productores y a intermediar las ventas de la producción”, añade el informe. A su vez, la contraguerrilla de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (UAC) también pasaron a participar en el negocio del narcotráfico.
La lucha contra los carteles colombianos y el Plan Colombia -el mayor operativo militar financiado por Estados Unidos contra la droga y la guerrilla- fraccionó el poder de las bandas de Cali y Medellín, y el control del sistema de intermediación pasó a manos de los carteles mexicanos. De ahí el “aumento enorme de la criminalidad y la violencia asociadas al tráfico en México, con importantes ramificaciones en las instituciones públicas”, señala el informe.
Cambio de paradigma
La estrategia centrada en la represión, en opinión de la comisión, no solo no ha resuelto el problema, sino que ha creado otros nuevos. “La relación entre homicidios, armas de fuego y comercio de drogas es central. Las drogas financian las compras de armas que sustentan las guerras entre pandillas para el control de territorios y del tráfico” afirma el informe. La propuesta de la comisión está basada en tres grandes directrices: tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, reducir el consumo mediante acciones de información y prevención y focalizar la represión sobre el crimen organizado. De una forma más concreta propone las siguientes medidas:
- Transformar a los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud. “El Estado debe crear las leyes instituciones y regulaciones que permitan que las personas que han caído en la adicción a las drogas dejen der ser compradores en el mercado ilegal para convertirse en pacientes del sistema de salud”.
- Evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la conveniencia de discriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal.
- Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios.
- Focalizar las estrategias represivas contra el crimen organizado.
- Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas.
Las dimensiones del desafío son tan enormes que su solución no esta sólo en manos de los dirigentes latinoamericanos. Ni la estrategia prohibicionista de Estados Unidos -el país con la mayor población carcelaria del mundo, donde el costo anual estimado de mantenimiento de un preso es de cerca de 30.000 dólares- ni la política europea de reducción de los daños de las drogas como un asunto de salud pública son soluciones definitivas.
La solución de largo plazo pasa “por la reducción de la demanda en los principales países consumidores. No se trata de buscar países culpables para tal o cual acción u omisión, pero sí de afirmar que EE UU y la Unión Europea son corresponsables de los problemas que enfrentamos en la región, pues sus mercados son los mayores consumidores de las drogas producidas en América Latina” subraya el informe.
>La guerra de la droga arrasa México
>
El gran vecino del norte se impacienta y la alarma se extiende por Washington ante la guerra entre el Gobierno de México y los cárteles de la droga que operan desde Colombia a la frontera del río Grande. Los narcoterroristas financian sus gastos y sus armas con el tráfico floreciente de la cocaína y la marihuana que colocan en las grandes metrópolis norteamericanas y cuya demanda crece sin cesar, mientras crecen los nuevos refugiados: los funcionarios amenazados por los capos. México está en la primera línea del frente del combate contra la producción y el tráfico de la droga, una guerra subrogada en la que EEUU fracasa estrepitosamente desde hace 30 años.
Un reciente informe del Pentágono encolerizó a la autoridades mexicanas al comparar a México con Pakistán, como si fueran dos estados fallidos, y en un reportaje titulado El próximo desastre, la revista Forbes trazaba un panorama inquietante e instaba al presidente Felipe Calderón a que redoblara sus esfuerzos para acabar con la peste de los señores de la droga que reclaman impunidad para sus fechorías. Pero la espiral de narcoviolencia que se ha adueñado del país no conoce límites ni tregua. Un documento del influyente Council of Foreign Relations, titulado La guerra de la droga en México, cifra en 2.500 los muertos en el 2007 y en más de 5.000 los del 2008.
LAS NOTICIAS del campo de batalla, desde Oaxaca, en el sur, donde florece la amapola, hasta la costa del Pacífico y la zona fronteriza, corroboran los pronósticos más pesimistas. Las redes del crimen se extienden por todo el país. En noviembre último, los narcos decretaron el toque de queda en Chihuahua, capital del estado epónimo, y unos 7.000 soldados combaten ahora a los sicarios en Ciudad Juárez, en estado de sitio. En su campaña de muerte y extorsión, los cárteles, que reclutan a sus esbirros entre los policías y los soldados, se disputan el terreno, pero también apuntan al corazón del Estado. El sistema judicial y de orden público está desbordado por su crónica falta de recursos, el cohecho, los sueldos míseros y la montaña de sumarios.
En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se produjeron más de 3.000 asesinatos. Tras asumir la presidencia (diciembre del 2006), Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y sacó a los militares de los cuarteles, pero los resultados son decepcionantes. En mayo del 2007, los sicarios asesinaron al general José Nemesio Lugo, director del organismo de la lucha contra el crimen, y, poco después, al jefe de la policía federal. En noviembre del 2008, el ministro de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y varios de sus colaboradores perecieron al estrellarse su avión en misteriosas circunstancias. El general retirado Mauro Enrique Tello Quiñones, jefe de la lucha contra el narcotráfico en Cancún, fue secuestrado, torturado y asesinado.
La tambaleante situación del Estado mexicano se compara con el caos revolucionario de 1910 o con la insurgencia de las milicias católicas (los cristeros) contra el desaforado anticlericalismo del presidente Calles (1926-1929). Durante el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una dictadura perenne afincada en el fraude electoral, la policía política concedía las zonas y las rutas a los cabecillas del narcotráfico y estos, a su vez, dictaban sus órdenes al ministro de Gobernación, según relata el periodista Ricardo Ravelo, de la revista Proceso, en su inquietante libro Herencia maldita, el reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico.
La criminalidad políticamente protegida y socialmente tolerada evolucionó en los años 70, debido tanto a la creciente obsesión prohibicionista de EEUU como a las operaciones contra los productores y traficantes en América Latina, que dinamitaron la estructura de mediación del PRI. El asesinato del agente norteamericano Enrique Camarena, en febrero de 1985, en Jalisco, hirió de muerte al compadreo entre la clase política y los cárteles y forzó al presidente Miguel de la Madrid a desmantelar la estructura corrupta del ministerio de Gobernación. Tras la caída del PRI (2000), la situación se degradó súbitamente.
Desaparecido el inmundo sistema de connivencia, ningún poder del Estado es capaz de controlar el terrible pulpo de la droga con sus innumerables tentáculos, de manera que, como explica el citado Ravelo, los señores de la droga son los que establecen las reglas y están infiltrados en el Ejército y las policías. “El narcotráfico los convirtió en rivales”, asegura. Los asesinatos de los uniformados son ajustes de cuentas entre los cárteles y los encargados de perseguirlos, ante el asombro de unos pocos y la indiferencia de una opinión que considera la droga como un problema de los gringos.
LA PAZ NO es para mañana y se reputa inviable sin una reforma radical de las instituciones mexicanas que entrañe el respaldo político y económico del poderoso vecino. Este debe poner orden en su casa, vigilar la frontera, prohibir la exportación de armas y, sobre todo, reducir la demanda. Y no olvidar que un dólar gastado en EEUU en la guerra contra la droga es mucho más efectivo que los empleados en la erradicación de los cultivos y la prohibición. El peligro está sobre la mesa de Obama. El exjefe de la CIA, Michael Hayden, ya advirtió en enero de que México puede plantear un desafío tan peligroso como el de Irán y ser tan problemático como Irak.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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