>El Estado marroquí ante sus emigrantes y la ciudadanía marroquí en la diáspora
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>Migraciones intrarregionales en Sudamérica
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>Why Arizona Drew a Line
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>Una responsabilidad compartida
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>Perspectivas italianas de otoño
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El año en Italia empieza realmente en septiembre. Dos son los temas dominantes para este otoño: Berlusconi y la inmigración en sus relaciones con la Iglesia. Berlusconi, rey de las televisiones privadas, que ha construido su imperio basándose en programas de entretenimiento ligero, ha conseguido convertir también la política en un escenario que los italianos contemplan como espectadores pasivos. Esa confusión entre ficción y realidad tal vez pueda ser la explicación de que la mayoría de los italianos siga estando a su favor.
Hace algunos meses se descubrió que el jefe del Gobierno visitaba a una muchacha menor de edad, Noemi Leticia, con la asiduidad que sus impelentes compromisos políticos le consentían, y se descubrió asimismo que se distraía también con fiestas en sus residencias privadas a las que eran invitadas veline (azafatas televisivas), aspirantes a actrices y prostitutas de lujo, la más famosa de las cuales, Patrizia d’Addario, confió en unas hilarantes grabaciones sus veladas con Berlusconi. Veronica Lario, mujer del primer ministro, solicitó el divorcio, y Vittorio Feltri, director del periódico Libero, de propiedad berlusconiana, la definió como una “velina ingrata”, asociándola a esas hordas de soubrettes, a pesar de décadas de convivencia tolerante y de haberle dado tres hijos.
Feltri, gracias a esta ofensa, fue ascendido recientemente a director del periódico Il Giornale, propiedad asimismo de Berlusconi, y desde allí ha arremetido también -hasta el punto de forzar su dimisión- contra Dino Boffo, director de Avvenire, el periódico de los obispos, que había reprochado en repetidas ocasiones al primer ministro su licenciosa vida. Feltri desempolvó los pormenores de un proceso penal por molestias reiteradas contra una mujer casada a cargo de Boffo, quien mantenía una relación homosexual con su marido. Al aludir a la vida privada de Boffo, se negaba a los obispos el derecho de criticar la vida privada de Berlusconi, quien había insistido en no querer pedir perdón a nadie.
Este ataque ha supuesto la brusca interrupción de los contactos de acercamiento de Berlusconi con la Iglesia, que hubieran debido culminar a finales de agosto con una cena entre el secretario de Estado vaticano, el cardenal Bertone, y el primer ministro durante la celebración de la fiesta religiosa de la Perdonanza (Perdón o Indulgencia). Hubiera supuesto una especie de reedición del perdón que el emperador Enrique IV pidió al papa Gregorio VII el año 1077 en Canossa. En definitiva: excusas ante la Iglesia, sí; ante el resto del mundo, no.
Sin embargo, no tardó en descubrirse que la noticia de Il Giornale era en parte verdad y en parte se derivaba de una carta anónima. La condena por el delito de amenazas era cierta; los detalles del asunto pertenecían al anónimo. Entre los interrogantes que el asunto plantea y que únicamente el examen de las actas procesales podría resolver, destaca la ofensiva intimidatoria contra cualquier crítica al primer ministro, sin consideración alguna ante nadie.
En estos momentos, las relaciones con la Iglesia resultan muy problemáticas y se teme que no baste con las supuestas promesas de una ley del testamento biológico que anule las disposiciones personales sobre la muerte digna, la prohibición de la píldora RU 486 -fármaco abortivo que en Europa lleva ya décadas en uso- o la financiación de los colegios religiosos, que parecían estar en la base de las tímidas reacciones del Vaticano ante la disoluta vida del primer ministro. Se impone una pregunta: la reconciliación de Berlusconi con la Iglesia, ¿cuánto costará al progreso de los derechos civiles in Italia?
Debe recordarse que los parlamentarios italianos no son elegidos directamente por el pueblo, sino nombrados por los partidos gracias a una ley electoral que ha sido llamada porcellum. Más del 90% de las leyes promulgadas desde mayo de 2008, cuando Berlusconi ganó las elecciones, provienen del Consejo de Ministros. Casi todas han sido aprobadas porque el Gobierno ha planteado mociones de confianza, bloqueando así su discusión en el Parlamento. De esta forma, la democracia “guiada” se ha ido consolidando: los parlamentarios nombrados por los partidos responden ante el Gobierno y no ante el pueblo, de manera que cualquier clase de ley resulta posible. La única esperanza es que se pueda reforzarse el ala del PDL (la coalición de Berlusconi) que lidera el presidente del Congreso, Gianfranco Fini, defensor de la fuerza laica de las instituciones.
Las relaciones son también muy tensas en el frente de la inmigración, cuestión para la que la Iglesia exige algo más de tolerancia. Pero en este tema se ha impuesto el programa electoral de la Liga, potente aliado desconocido en el sur, pero que en el norte del país llega a alcanzar incluso un 30% de votos. La Liga Norte se caracteriza por sus escasas pero combativas ideas, entre las que destaca la lucha contra la inmigración. Con una ley, votada también por la oposición, ha sido aprobado hace poco un tratado con Libia cuya reciente ejecución, sin embargo, lleva a devolver al mar a todos los inmigrados, sin selección previa de quienes tienen derecho al asilo.
Los efectos han sido devastadores: hace unos días se localizó en el Mediterráneo una lancha que llevaba 23 días a la deriva, con sólo cinco eritreos que habían sobrevivido de los 78 que embarcaron. Pues bien, a los supervivientes se les imputó el delito de clandestinidad, a pesar de la ola de compasión que despertó el asunto.
Si a Libia le ha sido reconocida en dicho tratado una indemnización de cinco billones de dólares por los perjuicios coloniales causados por Italia, a otras antiguas colonias italianas como Eritrea o Somalia hubiera debido corresponderles un tratamiento muy distinto a la devolución de sus ciudadanos al mar.
Contra esta violación de las leyes internacionales, es de esperar la intervención de los jueces y se han oído ya voces de protesta tanto de Europa como de la ONU ante las que el Gobierno de Berlusconi se encoge de hombros, sin que deje de quedar la sospecha de que Gaddafi se haya erigido como protector de todas las antiguas colonias italianas, sobre las que pretenda extender su influencia como presidente de la Unión Africana, poniendo en jaque a Italia, ante quien puede ejercitar el poder que le proporcionan sus fuentes energéticas y los capitales de los que dispone. Éste sería el enésimo fruto de la aproximativa política con la que Italia está siendo gobernada por quien no tiene inconveniente en desatender las reglas internacionales, en perjuicio de los más pobres del mundo, por un cálculo electoral limitado al valle del Po.
¿Cómo podría condenarse a Gaddafi si quisiera convertirse hoy en el paladín de Somalia, Eritrea y Etiopía contra Italia a causa de las mismas reivindicaciones compensatorias ya reconocidas en el caso de Libia?
Y, con todo, los italianos siguen contemplando todas estas vicisitudes políticas como si de otro episodio de una serie televisiva se tratara. Debería encargarse de despertarles la oposición, pero el Partito Democrático, nacido de la unión entre los católicos del antiguo partido de la Margarita y los Demócratas de Izquierda, herederos del Partido Comunista, es un experimento nuevo con demasiados elementos viejos: una oveja Dolly que cada vez apasiona menos a causa de su indecisión. El PD se ha visto obligado a recurrir a la elección anticipada de un nuevo secretario con votaciones primarias a la americana que absorberán todas sus energías durante seis meses. Hasta la votación de octubre, con una segunda vuelta en noviembre, carecerá de una dirección con autoridad para exigir la dimisión de este jefe de gobierno.
La ausencia de una oposición eficaz no resulta ya tolerable: no podemos seguir concentrándonos en quién dirigirá a los bomberos mientras la casa arde por los cuatro costados. Es necesario eliminar esos mecanismos electorales bizantinos para un solo partido, organizando de forma inmediata un congreso que, ante la urgencia del momento, supere las negligencias del pasado. El otoño político en Italia va a resultar ardiente y no falta quien prevé un giro hacia un régimen cada vez más intolerante ante la libertad, ya reconocible en que hayan sido citados a juicio algunos periódicos extranjeros así como La Repubblica, la máxima voz de disenso en Italia, todos ellos considerados culpables de difamación por sus legítimas críticas a las cuestiones hormonales de Berlusconi.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>Una política inútil
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La idea de que una persona pueda ser multada por ofrecer ayuda a un inmigrante ilegal es miserable. Pero suponer que esta medida va a contribuir de algún modo a frenar la inmigración irregular va más allá de la ingenuidad. En contra de los hechos y de sus principios, Europa insiste una y otra vez en las mismas políticas inútiles. Hemos manoseado los derechos de los extranjeros hasta crear lo que en la práctica supone una sociedad de ciudadanos de primera y segunda clase. Hemos castigado a los trabajadores y a sus familias con interminables y arbitrarios procesos burocráticos. Hemos dejado el control de nuestras fronteras en manos de países limítrofes que violan de forma abierta el derecho de asilo y refugio. Y, cuando éstos han fallado, hemos aceptado la reclusión de miles de personas decentes en centros de internamiento que sólo se distinguen de un presidio en el nombre.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
Todo con un único propósito: sostener la ilusión de que éste es un fenómeno que podemos elegir; que podemos abrir y cerrar el flujo de inmigrantes de acuerdo con nuestros intereses políticos y económicos. Pero no es así. Nada de lo que ha ocurrido en los últimos 25 años sugiere que los países ricos tengan la capacidad de determinar quién cruza nuestras fronteras, cuánto tiempo permanece o en qué momento decide marcharse. En vez de enfrentar lo que constituye un colosal fracaso de las políticas públicas, los dirigentes de Europa y Estados Unidos se limitan a capear el temporal. Cuanto más tardemos en reconocer la necesidad de un modelo migratorio más flexible, que incorpore a los países de origen, más complicado será resolver los problemas que el modelo actual está generando.
Los primeros meses de la crisis económica nos han ofrecido valiosas lecciones en este ámbito. La restricción férrea del movimiento internacional de trabajadores fracasa durante los años de prosperidad porque impide a la economía absorber la mano de obra que necesita, y eso genera verdaderos imanes para la inmigración irregular. Pero fracasa también durante los años de recesión. A pesar de no encontrar trabajo, los inmigrantes indocumentados que han pasado por un infierno para llegar a nuestros países difícilmente se arriesgarán a dar marcha atrás, porque nadie les garantiza una nueva oportunidad en el futuro. Según los datos del Gobierno, sólo 4.000 trabajadores extranjeros se han acogido a las medidas de retorno, cuando el número previsto era de un millón.
Necesitamos soluciones más justas e imaginativas que adapten las políticas públicas a la realidad y no a la miopía electoral de uno u otro gobierno. Aunque una parte de los que llegan de fuera busca establecerse de forma permanente en nuestros países, la mayoría de los trabajadores extranjeros viene con la intención de ahorrar lo suficiente para retornar y comenzar una nueva vida. Es esa inmigración temporal la que ofrece hoy mayores posibilidades. La consideración de una migración circular flexible no sólo permitiría a los mercados laborales adaptarse con naturalidad a la situación económica, sino que abriría la puerta a la colaboración activa de los países de origen, imprescindible para garantizar una emigración segura y ejercer un verdadero control sobre el sistema.
El primer paso es abandonar el dirigismo soviético que ha caracterizado la política migratoria hasta este momento. El modelo de contratos en origen es equivalente a producir sólo el número de automóviles que tenga previamente asignado un comprador. En un sistema racional, los flujos de inmigrantes deberían ser establecidos de acuerdo a la evolución prevista de los mercados de trabajo, y ajustados según las circunstancias. Se ofrece al trabajador y a sus países de origen la oportunidad de una emigración segura durante varios años, y la posibilidad de repetir la experiencia en el futuro. Combinadas con políticas activas de desarrollo que potencien el uso de las remesas y el dinamismo económico de los retornados, estas medidas permitirían hacer de la emigración una herramienta eficaz de lucha contra la pobreza.
A cambio, los emigrantes y sus países de origen tendrían que aceptar algunas condiciones. Las más evidentes están relacionadas con el compromiso de retorno, el cumplimiento de las leyes y el control de la emigración irregular. Pero también habrá que considerar otras medidas más delicadas, orientadas a gestionar el impacto de los nuevos trabajadores en los sistemas de protección social. No es perfecto y exigirá ajustes, pero se trata de dar un primer paso en la dirección correcta.
Como recordaba hace pocos días ‘The New York Times’, el sufrimiento y la indefensión de millones de inmigrantes es posiblemente la mayor crisis de los derechos humanos a la que se enfrenta la nueva Administración estadounidense. No creo que se pueda decir nada menos del caso europeo. Hay que cuestionar abiertamente la idea de que la inmigración irregular es un crimen que desposee a los individuos de sus derechos más básicos. En un mundo marcado por diferencias obscenas de ingreso y desarrollo, nuestros empleos y nuestro bienestar no nos pertenecen, y la libre movilidad de los trabajadores constituye un derecho fundamental.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>El caso del matrimonio forzoso
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La forma democrática de Gobierno se basa en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona como requisitos ineludibles. El valor constitucional del pluralismo demanda que nadie pueda ser discriminado, como establece el artículo 14 de la Constitución española, por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal.
Una consecuencia de ello es, por ejemplo, que el Estado democrático se funda en la tolerancia hacia la diversidad cultural que expresan los ciudadanos, como titulares de derechos fundamentales. Pero la tolerancia no es indiferencia. Y el respeto a las tradiciones que se cristalizan en los comportamientos humanos en una sociedad multicultural no es ni puede ser ilimitado. La garantía de los derechos humanos es una frontera infranqueable, de lo contrario el Estado democrático perdería su identidad.
El tema es de actualidad. Una mujer mauritana ha sido condenada por un tribunal español por haber casado a su hija a los 14 años y haberla forzado a mantener relaciones sexuales con un hombre de 40 años. La joven denunció a sus padres, residentes en España, por haberla obligado a ir a Mauritania para casarse y después, de vuelta a su domicilio en Cádiz, repetir la experiencia con un marido 26 años mayor que ella. La condena ha sido por la comisión de los delitos de agresión sexual, coacciones y amenazas. La mujer mauritana ha pedido respeto para sus tradiciones. Y sus compatriotas han reclamado lo mismo ante la puerta del órgano judicial, afirmando que: “Os respetamos en nuestra tierra. Respetadnos en vuestra tierra”.
Pero resulta que obligar a una menor de edad a casarse y mantener relaciones sexuales, en el Estado democrático es una vulneración de un derecho humano básico, es un atentado flagrante a la libertad de la persona, es un delito. Y ante ello no hay tradición que pueda oponerse. El Estado no puede permanecer indiferente a lo que ocurre en su territorio, sino que ha de ser beligerante en defensa de la dignidad de las personas. En este sentido, las reglas privadas de la comunidad familiar nunca pueden prevalecer si la libertad del individuo está en peligro.
Este caso y otros, como la ablación del clítoris, o la negativa de ciertas familias inmigrantes a escolarizar a sus hijas adolescentes, o el reciente ocurrido en Francia de no alimentar por razones religiosas a los hijos para purificarlos, plantean la cuestión de cuál ha de ser la respuesta de los poderes públicos ante estos comportamientos o, más aún, cuál ha de ser el grado de tolerancia del Estado ante determinadas tradiciones.
Es evidente que tradiciones culturales o religiosas como las descritas colisionan con los valores de libertad e igualdad, que el Estado en una sociedad democrática ha de amparar sin distinción de nacionalidades. El hecho de que los ejemplos expuestos sean protagonizados por personas procedentes de la inmigración, como consecuencia de ciertas singularidades culturales, no puede suponer para los poderes públicos el establecimiento de distinción alguna respecto de otros comportamientos igualmente lesivos para la dignidad humana. Por ejemplo, en nuestro contexto más próximo, los lacerantes casos de violencia doméstica, la oposición de sectas religiosas a las transfusiones de sangre, o el sectarismo moral del que hacen gala otras sectas más sibilinas con los enfermos terminales.
La inmigración que viene a la Unión Europea y a Estados Unidos en busca de un lugar en el sol es esencialmente económica. Un sol, el de los países desarrollados, estructuralmente hegemónico y no siempre justo, pero donde los derechos de las minorías han de ser en todo caso respetados, en un contexto de integración a valores y principios democráticos básicos. Un contexto que ha de ayudar a superar situaciones de injusticia social y rémora moral. Por esta razón, el respeto que el Estado democrático de acogida debe garantizar a las señas de identidad de las minorías religiosas o culturales no puede hacerse sacrificando valores democráticos intangibles como la dignidad o la libertad de la persona.
El Estado no puede caer en una especie de paternalismo que, por mor de un exacerbado respeto a la multiculturalidad o la singularidad identitaria, permita comportamientos como los descritos. La democracia ha de servir para liberar personal y socialmente al individuo, no para explotarlo económicamente y mantenerlo ligado a referentes morales retrógrados.
El caso de la mujer mauritana y el respeto que sus compatriotas demandaban a sus tradiciones es un supuesto de diversidad cultural que el Estado democrático no puede tolerar. La necesaria garantía de la diversidad no alcanza a legitimar el establecimiento de un sistema jurídico alternativo, que proteja supuestos derechos naturales incontrovertibles fruto de la tradición.
El Estado no puede cobijar una diversidad moral en beneficio de valores que solamente procuren la subordinación y la alienación social. Frente a ello, los valores que son expresión de la racionalidad democrática han de ser un perímetro insuperable.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>Objeción de conciencia
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La actual crisis económica mundial se ceba con mayor crueldad con los sectores sociales más vulnerables, y a su cabeza, con los inmigrantes indocumentados, convertidos gradualmente en los últimos años en seres “ilegales”, sin patria, trabajo ni futuro. El drama no se desenvuelve sólo en las fronteras de la Fortaleza Europea, ya sean las de la cuenca mediterránea, ya del trayecto África occidental a Canarias. Los sospechosos por el color de la piel o sus características “étnicas” viven atrapados en un laberinto invisible, sin salida alguna. Nos cruzamos con ellos en el metro, por las calles de Madrid, París o Roma, en la ignorancia de la inquietud que les embarga, de su aprensión a una vida sin horizonte, en precario equilibrio en el filo mellado de una navaja. ¿Van a encontrar algún empleo no declarado, a someterse, como en sus países de origen, a unas condiciones draconianas de algún explotador sin escrúpulos? La posibilidad de acogerse a esta nueva forma de servidumbre resulta, no obstante, cada vez más ardua. Los diferentes Estados de la Unión Europea endurecen las leyes y, por temor de las sanciones previstas en ellas, el número de empresarios o patronos que se arriesgan es cada vez menor. Queda, ¡cuán aleatoria y frágil!, la tabla de salvación de la solidaridad.
En mi reciente estancia en París asistí a la exposición fotográfica de la novelista Carole Achache en el vestíbulo de la alcaldía del distrito undécimo de la capital: la de una cuarentena de manos anónimas con una breve, casi telegráfica, historia de las mujeres y hombres que firman o sostienen los expedientes de sus recursos de amparo contra la expulsión. Vidas colgantes de un hilo: el del impulso humano más noble, de una fraternidad condigna a la igualdad radical con nuestros semejantes cualesquiera que sean sus orígenes, etnia, cultura o religión. La pequeña asociación organizadora del acto es un hermoso ejemplo de ello: sus miembros asumen la defensa legal de los amenazados en su lucha silenciosa por la existencia en el país en donde se refugiaron huyendo de una lobreguez carente de perspectivas. La Red Educativa Sin Fronteras -tal es el nombre de la asociación- infringe a sabiendas la normativa que extiende hasta dos años el periodo de detención de los irregulares, reos del flagrante delito de aspirar a una vida mejor. Carole Achache me presentó a una de las familias pendientes del papeleo administrativo, en el limbo de la ilegalidad. Los “ilegales” -¿puede ser ilegal un ser humano?-, oriundos de la región marroquí de Uxda, hablaban correctamente el francés, y sus hijos seguían con éxito los cursos del año escolar. En el dédalo kafkiano de una burocracia ajena a sentimiento alguno, la mano hospitalaria que les conducía ante jueces, procuradores y abogados era la de alguien consciente de que facilitar alojamiento, comida o asistencia jurídica la sitúa al margen de las leyes vigentes en el ámbito de la casa común europea.
Quince días antes de este emotivo encuentro -conozco bien el mundo de los Beni Snasen, y la conversación con el matrimonio y sus hijos me conmovió- había vivido una experiencia similar en los invernaderos de los campos de Níjar, adonde fui con motivo del cincuentenario del librillo homónimo. Un vehículo de la asociación Almería Acoge nos guió -a mí y al equipo de televisión que me acompañaba- por los pasillos abiertos entre aquéllos hasta el modesto centro de asistencia a los inmigrantes edificado sobre las ruinas de una alquería como las que moteaban de blanco el paisaje, tan bello como árido, de hace medio siglo. Una construcción de una sola planta con duchas, sanitarios y una habitación con sillas y una mesa donde se imparten clases de español, sirve de punto de reunión para los magrebíes y subsaharianos varados, tras una azarosa y potencialmente mortal travesía, en aquel otro mar refulgente, en cuya superficie de plástico el sol reverbera y ciega la vista. A menos de un kilómetro di con unas casuchas abandonadas en las que se amadrigaban una docena de inmigrantes sin trabajo ni papeles a la espera improbable de una baraka que les redimiera de la fatalidad del destino. Desde la crisis y el ascenso imparable del número de operarios sin empleo, los empresarios agrícolas que se enriquecieron a costa de ellos actúan con mayor cautela. La nueva Ley de Extranjería castiga con multas de 500 a 10.000 euros a quienes no den de alta al trabajador extranjero en la Seguridad Social o incumplan las normas de la contratación laboral. Pero esta ley que sustituye la dictada por Aznar en 2001 -modificada posteriormente tras su derrota electoral- no establece diferencias, sino en el grado de la pena impuesta entre empresarios negreros y quienes, como Almería Acoge, obedece al imperativo ético de la hospitalidad. Sus voluntarios, como los de la pequeña asociación parisiense, profesan, no obstante, los principios formulados en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, unos principios de validez universal. El que la Unión Europea les vuelva la espalda como sucede desde hace algún tiempo, sobre todo desde el desplome financiero del casino global y el pinchazo de la monstruosa burbuja inmobiliaria, no es razón suficiente para renunciar a ellos: la ayuda a nuestros semejantes libres de toda culpa no es ni puede constituir delito alguno.
Escribo esto mientras leo a diario en la prensa cuanto acaece en las fronteras marítimas de nuestra Fortaleza. El bello y estremecedor testimonio de mi amigo Daniel Rondeau (’Boat people d’Aujord’hui’, Le Monde, 26-3-2009), embajador francés en Malta, nos informa puntualmente de las incidencias de la travesía cruel de Sur a Norte de decenas de millares de mujeres, hombres y niños exangües que tienen la suerte de orillar en la isla, en Pantelaria o en las costas italianas -”obligados a trabajar para pagar su viaje, robados siempre, a veces abandonados a una muerte segura en pleno Sáhara y sujetos en cada etapa de su periplo a su extorsión por policías, aduaneros y traficantes”- para ser “acogidos” en un centro de retención y devueltos en la mayoría de los casos a sus países de origen. Con las actuales leyes, muchos pesqueros temen socorrerlos de un inminente naufragio por las complicaciones legales que ello acarrea y se limitan a señalar su presencia, a veces demasiado tarde, al Centro de Control Marítimo y Salvamento. La antigua y noble solidaridad resulta hoy conflictiva.
El retroceso cívico y social del Viejo Continente en los últimos años es un indicativo de los tiempos peores que nos aguardan si no tomamos la iniciativa de denunciarlo. El censo gitano de Berlusconi, azuzado por los clamores racistas de una jauría movilizada por la Camorra napolitana; el proyectado en Francia por Sarkozy, cuyo doble filo -menos proteccionista que discriminador- inquieta con razón a quienes guardan el recuerdo del impuesto por Vichy a los judíos; los cupos de expulsión de “irregulares” aplicados ya en Francia, Italia y en nuestro país, pese a los desmentidos oficiales, acrecientan los temores a una deriva xenófoba contra las etnias sospechosas de ser la causa de cuantos males nos abruman. Las pegatinas con el lema “español parado, inmigrante expulsado”, de una inquietante Alianza Nacional que salpicaban las paredes de algunos barrios sevillanos resumen el sentimiento de rechazo y demonización de quienes emigraron como nosotros hace cincuenta años.
El manifiesto para la reforma de la ley, Salvemos la hospitalidad, promovido por Soledad Gallego-Díaz en su magnifico artículo de Opinión en estas mismas páginas (8-3-2009) merece el apoyo de todos. La solidaridad y el respeto de los derechos humanos no pueden ser delito ni infracción como lo fueron en un pasado difícil de olvidar. Vayamos a la raíz de los males: a los países expoliados por el colonialismo y las satrapías que le sucedieron. Habría que devolver allí los millones robados por sus cleptocracias y las nuestras, y evitar así el peaje de vida o de muerte de quienes convierten el Mediterráneo, como leí recientemente, en tumba abierta. La objeción de conciencia a una ley injusta es un derecho inalienable de todo ciudadano.
Recordaré por enésima vez las palabras de Sahrazad en las Mil y una noches, palabras cuya nítida desnudez desmonta las argucias de los Berlusconi que hoy medran y gobiernan: “El mundo es la casa de quienes carecen de ella”.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>Movilidad humana en el Mediterráneo
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Con la concesión de la sede de la Unión por el Mediterráneo a Barcelona, es tiempo de diagnósticos para conformar una nueva agenda relacionada con la movilidad humana. De momento, la movilidad se está interpretando en el marco de las relaciones internacionales como un instrumento de poder entre dos estados, usando a los ciudadanos como moneda de cambio. Esta situación es insostenible en tiempos de derechos humanos. Asimismo, los estados de recepción son los que tienen el control de la movilidad, fundamentada en los efectos que tiene sobre su sistema de bienestar, democrático y liberal, y su capacidad de gobernabilidad en términos no solo socioeconómicos, sino también de gestión de la diversidad cultural y religiosa. La movilidad se interpreta básicamente también como un acto individual (no familiar) y voluntario (no movido por la necesidad). Asimismo, no se puede tener un contexto de unión en un marco de unilateralidad política, que implica en términos conceptuales la unidimensionalidad con la que se definen los conflictos debidos a la movilidad. El principal reto es, pues, conseguir un contexto de interpretación que fomente una visión compartida mediterránea de la movilidad humana. Desde esta óptica, existen dos premisas que deben tenerse en cuenta.
EN PRIMER lugar, el movimiento de personas no es problemático en sí ni debería ser materia de discusión, salvo si tiene tres dimensiones que generalmente van juntas: una dimensión política (la mayoría de personas se mueven de estados no democráticos o con dificultades de consolidación democrática a democracias consolidadas), una económica (es un movimiento entre el tercer mundo y/o países en vías de desarrollo a países consolidados económicamente), y una social evidente (es un movimiento de personas atraídas por nuestros sistemas de bienestar y derechos sociales). Dicho de otro modo, el movimiento de personas entre democracias avanzadas, economías similares y derechos sociales mínimos, no forma parte de la problemática (pensemos en la movilidad humana dentro del espacio interior europeo o área Schengen).
Teniendo en cuenta esta primera premisa, nos podemos plantear una pregunta: ¿quién hace un problema del movimiento de personas? La respuesta nos invita a entrar en la segunda premisa: los países de acogida, que interpretan el movimiento en términos de efectos porque velan particularmente por mantener consolidadas las tres dimensiones: política, económica y social. Además, se añade en los argumentos de las consecuencias otra dimensión fundamental: la identitaria, que se vincula no ya tanto a temas de estabilidad como de cohesión social. Esto es, el hecho de que no solo se mueven personas, sino culturas y religiones, sirve a la mayoría de los estados de recepción como coartada para sus políticas de seguridad.
Estos dos puntos que forman parte del diagnóstico nos llevan a formular el siguiente argumento: hasta que no desaparezcan estas relaciones de poder claramente unilaterales (el norte controla el proceso político y tiene el monopolio de la interpretación de la movilidad humana), no se podrá tener un contexto adecuado apto para la innovación en la búsqueda de unión en el Mediterráneo. Esta unilateralidad tiene mucho que ver con el prefijo euro que se antepone siempre a mediterráneo y que debe desaparecer de una vez. En esta nueva etapa, unión implica corresponsabilidad e interdependencia, sobre todo en la interpretación de la movilidad humana. Como resultado de la unión se pueden llegar a compartir enfoques, preguntas, respuestas, conceptos. ¿Qué estrategias seguir para fomentar un contexto de unión?
Es un hecho cada vez más evidente que hasta que no se considere que la frontera de Europa empieza en el desierto sahariano y no en el Mediterráneo, algún engranaje del proceso de construcción de un enfoque mediterráneo compartido continuará sin funcionar. Esto también nos lleva a proponer el concepto de acervo mediterráneo en general, y en materia de inmigración en particular. Esto significa crear un directorio donde se engloben todos los vínculos creados y compromisos adquiridos hasta ahora a través de otros procesos anteriores, como el Proceso de Barcelona. ¿Hasta dónde se llegó en la etapa anterior? A la voluntad de cambiar el discurso de seguridad y estrictamente de control que existe por otro más centrado en el codesarrollo, en los derechos humanos, de cooperación y de corresponsabilidad entre países receptores y países de origen. Esta nueva orientación política debe convertirse en el signo de identidad de la Unión del Mediterráneo, que ha de desvincular de entrada la gestión de flujos y la gestión de fronteras.
EN DEFINITIVA, una visión mediterránea de la movilidad humana debe empezar a descargar a los países del sur de la presión que ejerce la UE del siglo XX. La UE del siglo XXI deber ser considerada un agente más que ayude a crear una red de interdependencia debido a la movilidad humana, donde nociones como inmigrante, situación irregular del inmigrante, tráfico, asentamiento, integración, codesarrollo, etcétera, se comparten y pierden todo significado que evoque fractura. Si la movilidad humana en el Mediterráneo forma parte de la fractura o de la solución es una asunto que también debe formar parte del enfoque compartido a construir. La forma como la Unión por el Mediterráneo comience a trabajar el tema de la movilidad humana decidirá el futuro de su éxito o fracaso.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>La excepcionalidad española
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En los últimos años, España ha sido un país excepcional en Europa por la intensidad y volumen de la corriente migratoria recibida. Esa excepcionalidad tiene una fecha y un lugar de nacimiento: el año 2000 en el Congreso de los Diputados. Desde ese año, España pasó de tener una intensidad migratoria muy inferior a la media de la Europa Occidental a tener una marcadamente superior. De acuerdo con datos de Eurostat, la intensidad de la migración internacional con destino a España (estimado como el número de inmigrantes llegados en un año sobre el total de la población), que se situaba a poco más de un tercio del nivel medio de los países europeos desarrollados, pasó a superar la media en más del 60% desde el año 2000. De hecho, en los años 2005 y 2006 la intensidad de la inmigración a España sólo fue superada por la de Irlanda y fue más del doble de lo que se dio en las economías más fuertes de la zona (Alemania y Reino Unido). No cabe duda alguna acerca de esta excepcionalidad a partir del año 2000.
Esta situación no puede ser explicada por los determinantes últimos de los procesos migratorios. Hubo un intenso crecimiento económico en España, muy marcado en el sector de la construcción que absorbe generalmente a la mano de obra inmigrante, pero el crecimiento fue también notable en otros países europeos y sin embargo no se correspondió con una llegada de inmigrantes tan intensa. España adolece de una estructura por edades de la población muy sesgada y que conduce a una importante reducción de la oferta de trabajo nativo en edades jóvenes. Sin embargo, otros países con los mismos desajustes demográficos no han atraído ni la tercera parte de inmigrantes que España en los últimos años. Italia es un buen ejemplo de ello. Tampoco diferimos mucho de nuestros vecinos de la Europa del Sur en el intenso cambio social que ha terminado provocando el abandono por parte de los trabajadores españoles de segmentos del mercado de trabajo que en otras épocas nos parecían atractivos. Todos estos factores, incluida la ventaja que España presenta para inmigrantes con un idioma común, explican de manera conocida el aumento de la llegada de inmigrantes a España, pero ninguno de ellos puede explicar la excepcionalidad del caso español desde al año 2000, entre otras cosas porque muchos de los factores mencionados ya existían antes de ese año
¿Cómo podemos, entonces, explicar esta excepcionalidad española? Pensamos que cabe buscar su origen en las consecuencias no anticipadas de las dos leyes orgánicas de Extranjería del año 2000 (04/2000 y 08/2000). En el artículo 12 (nunca retocado a pesar de las sucesivas reformas de la ley) se dice textualmente: “Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residen habitualmente tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”. En similares términos se expresa el artículo referido a la educación obligatoria. A partir de esta ley se articula en España un sistema mediante el cual los inmigrantes, legales e irregulares, pueden acceder a derechos fundamentales (sanidad y educación) de manera muy sencilla: por el mero hecho de inscribirse en el padrón municipal. La inscripción en el padrón municipal es tan fácil, además, que no se exige ni siquiera la presencia física de todos los miembros del hogar a la hora de empadronarse. Es cierto que posteriormente hay que salvar algunas trabas burocráticas para contar con, por ejemplo, la tarjeta sanitaria, pero en líneas generales España se convierte desde el año 2000 en un país excepcional en Europa, en el país más “amigable” para los inmigrantes que, de manera sencilla, gozan de codiciados derechos sociales sin parangón en sus países de origen ni en otros países europeos. En la mayoría de estos países los inmigrantes irregulares tienen derecho sólo a la asistencia sanitaria de urgencias y a la atención médica a los menores de edad y mujeres embarazadas. La gran mayoría de los grupos políticos en España apoyaron esta ley, bien en su versión original, bien en la versión corregida que no cambió el artículo aquí mencionado, siendo todos, por tanto, responsables de sus efectos.
A tenor de los datos existentes, el efecto de la ley parece haber sido inmediato. Tan sólo en el año 2000, el número total de personas nacidas en el extranjero aumentó en 50% (sin incluir personas de la UE-15). Esta reacción, indicio de un muy eficaz flujo de información, llegó a afectar a algunos grupos de forma realmente espectacular (ecuatorianos o rumanos, por ejemplo, cuyo número aumentó en 6,5 y 4,4 veces, respectivamente, a lo largo del mismo año). Los ritmos de aumento continuaron siendo elevadísimos hasta el año 2003, a partir del cual la progresiva imposición de la exigencia de visado para la inmigración de latinoamericanos empezó a moderar el aumento, pero siempre a niveles considerables de inmigración.
¿Actúan los inmigrantes de forma tan racional como para diferenciar entre los distintos sistemas sanitarios y educativos a la hora de elegir su país de destino? Parece ser que sí, pues si sumamos este factor diferencial a todos los señalados anteriormente para explicar la atracción de inmigrantes en España, los derechos concedidos en la Ley de Extranjería (y sobre todo la facilidad con que se accede a ellos) serían como ese ingrediente de la receta que convierte un apetitoso plato en irresistible. Una encuesta reciente de Médicos del Mundo muestra cómo España es el país de la Unión Europea donde mayor es el porcentaje de inmigrantes (más del 78%) que conoce sus derechos en el sistema de salud público. La evidencia muestra, además, que en España no hay diferencias entre los inmigrantes irregulares e inmigrantes legales en el grado de utilización de los servicios sanitarios. El español es, pues, un servicio sanitario universal.
No entramos aquí a valorar argumentos a favor o en contra de la concesión de esos derechos; es indudable que fue una legislación muy avanzada desde el punto de vista del progreso social y los derechos fundamentales de las personas. El que no ocasionara polémica ni rifirrafe político entonces ni tampoco tras las sucesivas reformas de la ley, parece muestra de un consenso amplio. Tampoco entramos en la controversia acerca de si se debería haber previsto un mayor esfuerzo de financiación de servicios que aumentan el número de usuarios de manera exponencial. Parece obvio y las actuales estrecheces del sistema sanitario y educativo en muchas comunidades autónomas indican la existencia de desajustes profundos. Nos limitamos a señalar que nadie anticipó que esa concesión de derechos ha resultado ser el elemento definitivo para convertir a España en un país totalmente excepcional desde una perspectiva migratoria. El verdadero “efecto llamada”, sobre el que tanto se ha polemizado, parece ser esa generosa concesión de derechos.
Ahora que el Gobierno plantea, cada vez más abiertamente, el endurecimiento de la política migratoria (la reducción del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y las restricciones a la reagrupación familiar de inmigrantes van en ese sentido), la pregunta es: ¿debemos homologarnos al resto de los países de la Unión Europea y reformar los requisitos de empadronamiento que otorgan amplios derechos a los inmigrantes por el mero hecho de dicha inscripción? Suena duro, antisocial e injusto, pero esa reforma pondría fin a la excepcionalidad española en materia de inmigración. ¿Aceptaría la sociedad española un endurecimiento de los derechos de los inmigrantes en ese sentido? Si la respuesta es no, todos debemos ser conscientes de lo que ello implica.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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