>El corazón del otro
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>El único remedio de la culpa
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>El primer 11 de septiembre: Viena, 1683
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Seguramente será una coincidencia, -no así para el intelectual católico Michael Novak- el hecho de que el primer 11 de septiembre que aparece en los libros de Historia no sea el del 2001 sino el de 1683, día en que comenzó la contraofensiva con la que, en 36 horas, las tropas del emperador Leopoldo I -con la decisiva ayuda del rey de Polonia Jan Sobieski-, derrotaron e hicieron huir a decenas de miles de turcos que, a las órdenes del gran visir Kara Mustafá, asediaban desde hacía dos meses la ciudad de Viena.
Extraña coincidencia la que hay entre los dos 11 de septiembre. Porque las analogías no se ciñen a la fecha en la que termina el verano. Ya desde el mes de agosto de 1682, el sultán Mehmet IV había planificado la denuncia del tratado de paz vicenal firmado con Leopoldo, que expiraría en el 84, amén de haber lanzado una ofensiva que, desde los Balcanes, debería pasar por Hungría y terminar con la ocupación de Viena, la capital del imperio.
¿Terminar? Nadie puede asegurar que la conquista de Viena, un evento clamoroso en sí mismo, fuese la última etapa de la penetración turca en Europa. Más aún, parece poco probable que, ocupada la capital austriaca, la conquista no continuase en el resto del continente. Las ambiciones del sultán eran similares a las de su predecesor Suleimán, que había desencadenado en 1529 y en 1541 una incursión en Europa, en la que conquistó gran parte de Hungría.
Pero el 11 y el 12 de septiembre de 1683 los turcos fueron derrotados y tuvieron que hacer frente a una contraofensiva que duró 15 años y que, por sus características de Santa Alianza bendecida por el Sumo Pontífice, fue llamada la última cruzada. Más aún, en 1699 fueron obligados a firmar la paz de Karlowitz que, según la opinión unánime de los historiadores, marcó el punto de inflexión, lento pero irreversible, del hundimiento del Imperio Otomano.
Aquel día, pues, cambió la Historia y es un gran servicio el que presta la editorial Mulino traduciendo el mejor libro sobre el acontecimiento, obra del historiador inglés John Stoye, titulado El asedio de Viena. En este amplio y profundo ensayo, Stoye, amén de explicar cómo sucedieron las cosas, se detiene en las contradicciones de la Europa cristiana que permitieron a los turcos atreverse a desafiarla. Fue, de hecho, el rey católico francés, Luis XIV, el que animó con todos los medios a su alcance al sultán a atacar al Imperio Austriaco.
Su embajador en Estambul, Guilleragues, llega a decir abiertamente que, aunque su rey mantuviese el compromiso de acudir en ayuda de los polacos si fuesen agredidos por los turcos, nada hacía pensar que haría lo mismo para apoyar a Leopoldo.
De esta forma y mientras iban pasando las semanas, Guilleragues repetía, una y otra vez, que, en el caso de que los turcos atacasen a Austria, los franceses no moverían un dedo e, incluso, podrían asestar una puñalada trapera a Leopoldo, aprovechando así la ocasión para vengarse de 1673, cuando el emperador se había aliado con los herejes holandeses en guerra contra Luis XIV.
Un argumento tremendamente atractivo para los turcos, dado que recordaban lo eficaz que había sido la fuerza de expedición enviada por los franceses en auxilio de Austria en 1664, así como la enviada a Creta en 1669. De hecho, desde entonces, nunca se atrevieron a enfrentarse a una coalición, aunque sólo fuese ocasional, entre austriacos y franceses.
Pero, en Roma se habían dado cuenta de lo real que era la amenaza turca. En 1676, había subido al solio pontificio Inocencio XI, que declara de inmediato su deseo de pacificar Occidente para lanzar un ataque contra el sultán. En un primer momento, sin embargo, el Papa Inocencio apoya las reivindicaciones del rey francés en contra del emperador austriaco, que le parecía titubeante ante el proyecto antiturco.
El Papa comienza a cambiar de idea con la predicación de Marco d’Aviano, un fraile capuchino que obtuvo una enorme popularidad entre 1679 y 1680 tras una epidemia de peste bubónica. Durante esta epidemia le fueron atribuidos, tanto en las Cortes Reales como entre la gente del pueblo, episodios milagrosos de curaciones que le confirieron un aura de santidad. Carlo de Lorena, por ejemplo, considera haber sido curado gracias a sus oraciones y, desde ese momento, se convierte en su hijo espiritual. D’Aviano pidió a la gente que se alistase en la guerra contra los turcos y, en 1681, intentó llevar su predicación a Francia, pero Luis XIV lo expulsó por la fuerza del país, algo que disgustó profundamente al Papa.
Menos incluso le gustó al Pontífice que, para testimoniar que estaba contra los turcos, el mismo Luis XIV que secretamente animaba al sultán a atacar Viena, hubiese enviado su armada, a las órdenes del almirante Du Quesne, a realizar una insensata agresión contra la ciudad de Argel, bombardeada sin piedad en 1682 y en 1683, precisamente mientras comenzaba el asedio de la capital austriaca (provocando, como revancha, la ejecución del cónsul francés en Argel).
Stoye describe a la perfección el juego francés, que consistía en aprovechar la presión turca sobre Viena para atacar a España, en cuyo auxilio no podía acudir una Austria distraída por los turcos (y España pedía a Austria que la defendiese en vez de enfrentarse con los musulmanes), mientras los principados de la Alemania septentrional se deberían ocupar de la crisis báltica, alimentada, también ella, por Francia (lo que les induciría a subestimar el alcance de las iniciativas del sultán).
El historiador tiene el enorme mérito de esclarecer las responsabilidades europeas en el ámbito cristiano -ocasionadas precisamente por las divisiones y las rivalidades- en la cuasi capitulación de Viena, la ciudad de la que Leopoldo se aleja a comienzos de julio mientras los primeros estandartes turcos se disponían al asedio y la defensa de entonces de la capital habría cedido con casi total seguridad, si no hubiese sido por la sorpresa Sobieski. ¿Pero sorpresa, por qué?
Jan Sobieski, nacido en 1624 en una ciudad cercana a Leópolis y educado en París como muchos de los retoños de la aristocracia polaca, había subido al trono de Polonia en 1674 adoptando el nombre de Juan III y con la inestimable ayuda del propio Luis XIV. Todo hacía presumir que en medio del torbellino de aquella época -la católica Francia y la católica Polonia habían ayudado incluso a los protestantes húngaros en contra del católico emperador austriaco-, Sobieski iba a permanecer siempre al lado del Rey Sol.
Pero Juan III no sólo salió en ayuda de Leopoldo sino que, además, fue el protagonista de la batalla para la liberación de Viena del asedio, ocupó los campamentos que habían sido turcos hasta unas horas antes y entró en la capital acogido como el liberador. Esto le dio celos a Leopoldo, al que no se le perdonaba el haberse alejado de Viena cuando los turcos se habían presentado a las puertas de la ciudad ni el haberla abandonado a su suerte durante dos largos meses de hambre, epidemias, bombardeos e incendios.
La verdad, escribe Stoye, es que Leopoldo tenía una personalidad muy compleja. El emperador tomaba decisiones «sólo con temerosa repugnancia», una característica de su personalidad de la que los protestantes y los embajadores venecianos en Viena culpaban a los jesuitas, por haberle educado con tanta rigidez que «habían reprimido su energía innata».
Leopoldo no era menos católico que Sobieski, pero tendía a sopesar más los pros y los contra de sus actos, amén de sentir una profunda aversión hacia los que, como Juan III, actuaban por impulsos y eran, por eso, más amados por la gente. Estos celos de Leopoldo hacia Sobieski imposibilitaron el que ambos aprovechasen la ocasión y se lanzasen de inmediato a la persecución de los turcos con óptimas probabilidades de derrotarlos por completo y en poco tiempo. Eso fue, sin embargo, lo que hicieron unos meses después a petición del Papa, pero entonces ya necesitaron 15 años para concluir su misión.
Un plazo de tiempo tan largo que se debió también a que Francia había vuelto a reactivar sus intrigas dirigidas exclusivamente a crearle dificultades a Austria. Luis XIV, que se seguía proclamando Rey cristianísimo, demostraba tal falta de escrúpulos que quedaba en evidencia incluso ante sus propios contemporáneos. Hasta el punto de que, en una carta del 15 de septiembre de 1690 escrita por el conde Filippo Guglielmo a Marco d’Aviano, el Rey Sol es definido como «un turco cristiano peor que el bárbaro».
En cuanto a los turcos, su ofensiva, amén de psicológica, era bastante refinada. «Aceptad el Islam», escribió el gran visir Kara Mustafá en un documento que fue presentado a los austriacos a primeros de julio como oferta de solución política, «y viviréis en paz bajo el sultán. O entregad la fortaleza y viviréis en paz bajo el sultán como cristianos y el que quiera podrá irse en paz llevándose sus bienes. En cambio, si resistís, la muerte o la expoliación o la esclavitud serán el destino de todos vosotros».
Kara Mustafá tenía muchos rivales en el seno del propio Imperio Otomano, pero Mehmet IV siempre lo había protegido, hasta el punto de darle carta blanca y 200.000 hombres para la gran expedición de asedio de Viena. En cuanto a lo que hizo en aquellos dos meses de operaciones, no se le puede imputar el haber contemporizado: la empresa era muy difícil y las fortificaciones de la ciudad resistían. Tras la derrota, consiguió evitar que su Ejército se desarticulase, aunque en retaguardia tuvo que sufrir deserciones y traiciones. Algo previsible. Hubiera querido consultar con el sultán para decidir qué hacer en los meses siguientes. Pero por culpa de determinados contratiempos no se reunió con él.
El 19 de octubre las tropas del Imperio cruzaron el Danubio y conquistaron Esztergón. El capitán otomano de la ciudad se rindió y Kara Mustafá reaccionó ordenando la ejecución de los oficiales que habían abandonado la importante plaza fuerte, pero ya casi todos se habían fugado. De ahí que el embajador francés en Estambul comentase: «Acabo de enterarme de que los imperiales han tomado Esztergón y que las deserciones, el terror, los desórdenes y la agitación contra el gran visir y el propio sultán crecen día en día».
Los rumores de que los descontentos apuntaban al sultán debieron llegar a oídos de Mehmet IV, que pidió de inmediato la cabeza de Kara Mustafá. La noticia le llegó al gran visir, que se encontraba en Belgrado, el 25 de diciembre de ese mismo año. Ésta fue su respuesta: «Lo que Dios quiera». Devolvió los símbolos de su autoridad, el sello, el sagrado estandarte del Profeta y la llave de la Kaaba en La Meca. Fue estrangulado por un emisario de Mehmet ese mismo día. Para el mundo cristiano era la Navidad de 1683.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>La endogamia mató a los Austrias
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Carlos II El Hechizado fue una de las víctimas de los repetidos cruces entre parientes próximos que se dieron en sus antepasados, tanto recientes como remotos. Su coeficiente de consanguinidad era altísimo, similar al del fruto de una relación entre padre e hija o entre hermano y hermana, han hallado científicos españoles. El primer estudio que aplica la genética a una dinastía española, la de los Austrias, ha confirmado la hipótesis de muchos historiadores de que la consanguinidad fue el factor clave en su extinción, cuando murió Carlos II en 1700 sin descendencia. También ha permitido esclarecer los principales trastornos que sufría el rey.
“En el análisis de la consanguinidad nos hemos remontado 16 generaciones desde Carlos II, con un total de 3.000 personajes”, explica Gonzalo Álvarez Jurado, catedrático de Genética en la Universidad de Santiago de Compostela y aficionado a la historia. Lo que han encontrado Álvarez y sus colegas, Francisco Ceballos y Celsa Quinteiro, y publican en Plos One, es que pesan tanto las relaciones de parentesco entre el padre y la madre del sujeto como las acumuladas a lo largo de las generaciones.
Desde que Felipe el Hermoso inauguró la dinastía al casarse con Juana La Loca, los matrimonios entre parientes en las diferentes casas reales europeas, para conservar el poder, fueron la norma. El coeficiente de consanguinidad indica la proporción de genes idénticos que se reciben del padre y de la madre. Con la genealogía en la mano, en porcentaje, va aumentando desde el 2,5 de Felipe el Hermoso al 21 de Felipe III. En Felipe IV baja a un 11,5 y Carlos II, a pesar de ser sólo hijo de tío y sobrina, tiene el máximo (25,4), 10 veces mayor que el del fundador.
“Para probar la influencia de la consanguinidad, fuimos a los efectos”, indica Álvarez. “Analizamos la mortalidad infantil en los descendientes de cada rey hasta los 10 años y observamos una relación directa entre el coeficiente de consanguinidad y la tasa de mortalidad”. Ya los testimonios de la época se extrañaban de la cantidad de abortos y de niños que nacían muertos o morían pronto en la familia mejor cuidada de la España de entonces.
Genealogía de los Hausburgo- EL PAÍSAdemás, los científicos españoles han estudiado desde el punto de vista genético los trastornos de los reyes y, sobre todo, de Carlos II. “Disponemos de los mejores retratos de todos ellos, de grandes pintores, que son muy informativos para los médicos”, recuerda Álvarez. Sin embargo, aclara, la barbilla prominente de Carlos I no está relacionada con la consanguinidad.
Dos enfermedades achacables a mutaciones genéticas recesivas, que necesitan heredarse de los dos progenitores, explicarían los trastornos de Carlos II, que era raquítico, no pudo tener hijos y a los 30 años parecía un viejo. Son un déficit hormonal múltiple de la hipófisis (de la hormona de crecimiento, entre otras) y una acidosis tubular renal, causa de raquitismo.
En la lotería genética salió mejor parada la infanta Margarita, hermana del rey y una de las famosas meninas de Velázquez, que se casó y tuvo hijos.
Hay un grado de incertidumbre inevitable en el estudio, debido a la imposibilidad de asegurar la paternidad de los descendientes, pero Álvarez cree que es pequeño, dado el marco de la realeza en la época. Ahora, los investigadores están ampliando el estudio a los Austrias austríacos, que tienen todavía mayor consanguinidad. Un primer análisis indica que en los Borbones es mucho menor.
>Setenta años de la victoria de Franco
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Se cumplen ahora 70 años del final de la Guerra Civil, de aquel parte oficial emitido desde el cuartel general de Franco el 1 de abril de 1939 y difundido con la voz del locutor y actor Fernando Fernández de Córdoba.
Atrás había quedado una guerra de casi 1.000 días que dejó cicatrices duraderas en la sociedad española. El total de víctimas mortales se aproximó a 600.000, de las cuales 100.000 corresponden a la represión desencadenada por los militares sublevados y 55.000 a la violencia en la zona republicana. Medio millón de personas se amontonaban en las prisiones y campos de concentración. El éxodo que emprendió la población vencida dejó también huella. “La retirada”, como se conoció a ese gran exilio de 1939, llevó a Francia a unos 450.000 refugiados en el primer trimestre de ese año, de los cuales 170.000 eran mujeres, niños y ancianos. Unos 200.000 volvieron en los meses siguientes, para continuar su calvario en las cárceles de la dictadura franquista.
Franco logró lo que se proponía: una guerra de exterminio y de terror en la que se asesinaba a miles en la retaguardia para que no pudieran levantar cabeza en décadas. Forjado en el africanismo, la contrarrevolución y el anticomunismo, nunca concedió el más mínimo respiro a los vencidos o a sus oponentes. De palabra y de obra. “No sacrificaron nuestros muertos sus preciosas vidas para que nosotros podamos descansar”, declaraba en la inauguración del Valle de los Caídos en abril de 1959. Recordar la guerra, siempre en guardia contra el enemigo, no cambiar nada, confiar siempre en esas fuerzas armadas que tan bien habían servido a la nación española, utilizar la religión católica como refugio de su tiranía y crueldad. Ésa era la receta.
Ni Hitler ni Mussolini llegaron al poder por medio de una guerra civil. Ésa fue una gran ventaja que, desde el punto de vista de la política interior, sólo Franco pudo gozar. La guerra actuó como punto de unión entre todos los que prestaron su apoyo al Estado franquista. El Ejército, la Falange, la Iglesia católica, representaban a esos vencedores, y de ellos salieron durante años el alto personal dirigente, las autoridades locales y los fieles siervos de la Administración.
España comenzó los años treinta con una República y acabó la década sumida en una dictadura derechista y autoritaria. Bastaron tres años de guerra para que la sociedad española padeciera una oleada de violencia y de desprecio por la vida del otro sin precedentes. Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil, para tratar de justificar su estallido, está claro que en la historia del siglo XX español hubo un antes y un después del golpe de Estado de julio de 1936. Además, tras el final de la Guerra Civil, en 1939, durante al menos dos décadas no hubo ninguna reconstrucción positiva, tal y como ocurrió en los países de Europa occidental después de 1945.
Cuando empezó la Guerra Civil española, los poderes democráticos estaban intentando a toda costa “apaciguar” a los fascismos, sobre todo a la Alemania nazi, en vez de oponerse a quien realmente amenazaba el equilibrio de poder. La República se encontró, por lo tanto, con la tremenda adversidad de tener que hacer la guerra a unos militares sublevados que se beneficiaron desde el principio de esa situación internacional tan favorable a sus intereses. Las dictaduras dominadas por Gobiernos autoritarios de un solo hombre y de un único partido estaban sustituyendo entonces a las democracias en muchos países europeos, y si se exceptúa el caso ruso, todas esas dictaduras salían de las ideas del orden y de la autoridad de la extrema derecha. Seis de las democracias más sólidas del continente fueron invadidas por los nazis al año siguiente de acabar la Guerra Civil. España no era, en consecuencia, una excepción ni el único país donde el discurso del orden y del nacionalismo extremo se imponía al de la democracia y de la revolución.
Las dictaduras que emergieron en Europa en esos años tuvieron que enfrentarse a movimientos de oposición de masas, y para controlarlos necesitaron poner en marcha nuevos instrumentos de terror. Ya no bastaba con la prohibición de partidos políticos, la censura o la negación de los derechos individuales. Un grupo de criminales se hizo con el poder. Y la brutal realidad que salió de sus decisiones fueron los asesinatos, la tortura y los campos de concentración. La victoria de Franco fue también una victoria de Hitler y de Mussolini. Y la derrota de la República fue asimismo una derrota para las democracias.
El descubrimiento de esa historia de vencedores y vencidos, de víctimas y verdugos, ha suscitado un agrio debate en la sociedad española en los últimos años. Pese a las miles de páginas escritas por historiadores, que no dejan duda alguna sobre la existencia y definición de esos crímenes políticos, algunos de los mitos fundacionales de la dictadura tienen todavía común aceptación en las opiniones y recuerdos de un amplio sector de la población. En ese conflicto entre diferentes memorias, el proyecto de cambio político y social de la República quedó sepultado en la gran tumba que el franquismo cavó desde abril de 1939. Y ahí sigue arrinconado, 70 años después.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>Moriscos, la historia incómoda
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A Francisco Márquez Villanueva
En el pasado de todos los países alternan los episodios embarazosos y los que son motivo de patriótica exaltación. El cuarto centenario de la expulsión de los moriscos en el reinado de Felipe III se incluye, como es obvio, entre los mencionados en primer lugar. Fuera de la fundación El Legado Andalusí y de los historiadores convocados por éste el próximo mes de mayo, la España oficial y académica se ha encastillado en un precavido silencio que revela su manifiesta incomodidad.
Lo acaecido de 1609 a 1614 es desde luego poco glorioso y constituye el primer precedente europeo de las limpiezas étnicas más o menos sangrientas del pasado siglo. Las medidas “profilácticas” recetadas por el duque de Lerma con el apoyo decisivo de la jerarquía eclesiástica encabezada por el patriarca Ribera, fueron objeto de un largo, incierto y controvertido debate político-religioso cuyas etapas, aunque sea a vuela pluma, conviene recordar: 1499, conversión forzosa de los granadinos por el cardenal Cisneros; 1501-02, pragmática del mismo dando a elegir a los musulmanes del reino de Castilla entre el exilio y la conversión: los mudéjares del Medioevo pasaron a ser así, pura, y simplemente, moriscos; 1516, se les fuerza a abandonar su vestimenta y costumbres, aunque la medida queda en suspenso por espacio de diez años; 1525-26, conversión por edicto de los de Aragón y Valencia; 1562, una junta compuesta de eclesiásticos, juristas y miembros del Santo Oficio prohíbe a los granadinos el uso de la lengua árabe; 1569-70, rebelión de la Alpujarra y guerras de Granada… A partir del aplastamiento de los moriscos y de la ejecución de Aben Humeya, la política de Felipe II consistió en dispersar a los granadinos y en reasentarlos en Castilla, Murcia y Extremadura, lejos de las costas meridionales y de las posibles incursiones turcas.
Tantas vacilaciones y cambios de rumbo reflejaban las contradicciones existentes entre una jerarquía eclesiástica muy poco respetuosa de la ética universal cristiana y los intereses de una parte de la nobleza peninsular, para la que la expulsión de quienes trabajaban sus tierras significaba la ruina de la agricultura. Como sabemos por la historiografía desde fines del siglo XIX, la cruzada político-religiosa fue objeto entre bastidores de una áspera controversia. Mientras algunos se oponían a la expulsión y predicaban el catecumenado y la asimilación gradual, los elementos más duros del episcopado se decantaban por propuestas más contundentes: la esclavitud, el exterminio colectivo o la castración de todos los, varones y su deportación a la isla de los Bacalaos, esto es, a Terranova. Al destierro a la más cercana orilla africana, sostenido por la mayoría de los miembros del Consejo de Estado, un santo obispo opuso una argumentación impecable: puesto que el llegar a Argel o a Marruecos, los moriscos renegarían de la fe cristiana, lo más caritativo sería embarcarles en naves desfondadas a fin de que naufragaran durante el trayecto y salvaran sus almas.
En el debate que enfrentó durante décadas a -perdóneseme el anacronismo- palomas y halcones, éstos contaron con la pluma elocuente de propagandistas como fray Jaime de Bleda, González de Cellorigo, fray Marcos de Guadalajara y, sobre todo, de Pedro Aznar de Cardona, para quien la expulsión cerraba definitivamente el largo e ignominioso paréntesis abierto por la invasión de 711: la católica España lo sería, por obra de Lerma y del Tercer Filipo, sin excepción alguna. Junto a los alegatos de índole religiosa, se esgrimían otros de orden demográfico: el peligro que suponía el gran crecimiento de la población morisca en abrupto contraste con el estancamiento o caída del de los cristianos viejos en razón del celibato eclesiástico, la enclaustración femenina en los conventos, las guerras de Flandes y la emigración a América. Dicha argumentación, resucitada hoy por los ultras de la identidad europea, fue irónicamente resumida por el Berganza cervantino en el Coloquio de los perros.
El problema morisco y la terapéutica radical del mismo han sido objeto de numerosos y bien documentados estudios en el último medio siglo por historiadores tan diversos como Américo Castro, Domínguez Ortiz, Julio Caro Baroja, Mercedes García-Arenal, Bernard Vincent, Louis Cardaillac, Márquez Villanueva y un largo etcétera. Gracias a ellos, conocemos las reflexiones que hoy denominaríamos cívicas de quienes se opusieron al bando de expulsión de hace cuatro siglos. Muy significativamente, la mayoría de ellos formaba parte de la, no por desdibujada menos visible, comunidad de cristianos nuevos de origen judío, cuya defensa de la asimilación de los moriscos era asimismo un alegato pro domo, en la medida en que contradecía e impugnaba los muy poco cristianos estatutos de limpieza de sangre. La reivindicación del comercio, del trabajo y del mérito frente a la “negra honra” de los cristianos viejos, apuntaba al objetivo de detener la ya perceptible decadencia española y las largas “vacaciones históricas” que se prolongarían por espacio de dos siglos, hasta las Cortes de Cádiz, pese a las políticas más sensatas de Olivares y de los ministros ilustrados del XVIII. González de Cellorigo, cuyo memorial dirigido al monarca -De la política necesaria y útil restauración de la república de España- condensa en el título su contenido regeneracionista, y la excelente Historia de la rebelión y castigo de los moriscos, de Luis de Mármol y Carvajal -evocadora de una tragedia humana que hubiera podido evitarse con planteamientos más pragmáticos-, se ajustan a la corriente del pensamiento erasmista al que se adscribían los partidarios de una modernización de la ensimismada sociedad hispana.
En una obra de próxima publicación y que acabo de leer por gentileza de su autor -Moros, moriscos y turcos en Cervantes-, Francisco Márquez Villanueva analiza con su habitual competencia los escritos, en su mayoría inéditos, del humanista Pedro de Valencia, discípulo y testamentario del hebraísta Benito Arias Montano. Su Tratado acerca de los moriscos de España, desconocido hasta su publicación en 1979, y que no llegó a mis manos sino en fecha reciente, quizá sea, visto con la perspectiva del tiempo, la defensa mejor razonada de la causa de los expulsos. Judeoconverso, como Arias Montano, y enemigo de la escolástica y de la ideología tridentina, denuncia con energía “el agravio que se les hace (a los moriscos) en privarlos de sus tierras y en no tratarlos con igualdad de honra y estimación con los demás ciudadanos y naturales”. Como fray Luis de León (recuérdese lo “de generaciones de afrenta que nunca se acaba”), Pedro de Valencia se alza contra los estatutos del cardenal Siliceo y propugna una política de matrimonios mixtos de moriscos y cristianos viejos para “persuadir a los ciudadanos de la república, que todos son hermanos de un linaje y de una sangre”.
El espectáculo de decenas de millares de mujeres y hombres bautizados a quienes se separaba de sus hijos mientras imploraban misericordia a Dios y al rey y proclamaban en vano su voluntad de permanecer en su patria, resultaba para algunos cristianos sinceros difícil de soportar. Las condiciones brutales de la expulsión y las matanzas llevadas a cabo de quienes huían de ella fueron acogidas con tristeza y compasión por una minoría pensante, y con clamores de odio y con vítores por aquellos que, como Gaspar de Aguilar, las convirtieron en cantares de gesta.
La mayoría de los moriscos se refugiaron, con muy diversa fortuna, en el Magreb, y los naturales de Hornachos crearon en Marruecos la llamada república de Salé, con la esperanza ilusoria de congraciarse con el rey y retornar algún día a España. Los del Valle de Ricote fueron autorizados a emigrar voluntariamente durante un lapso de cuatro años por la frontera francesa y a dirigir sus pasos a otros países europeos. Aunque totalmente asimilados, el favorito de Felipe III firmó, sin que le temblara el pulso, su orden de destierro colectivo en 1614. El episodio del morisco Ricote -el encuentro con su paisano Sancho Panza- en la Segunda Parte del Quijote, permitió a Cervantes, maestro en el arte de la astucia, recoger la voz de quienes fueron víctimas, de tan salvaje atropello.
“Salí -dice el morisco- de nuestro pueblo, entré en Francia y aunque allí nos hacían buen acogimiento, quise verlo todo. Pasé a Italia y llegué a Alemania y allí me pareció que se podía vivir con más libertad, porque sus habitadores no miran en muchas delicadezas: cada uno vive como quiere, porque en la mayor parte de ella se vive con libertad de conciencia”.
¡Libertad de conciencia! De refilón, y como quien no quiere la cosa, el autor del Quijote pone el dedo en la llaga. Los despiertos centinelas del Santo Oficio eran todo oídos pero a buen relector sobran más palabras.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>Mitos históricos
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En la cámara de los lores del Parlamento británico hay una sala, suntuosamente pintada, de retratos de monarcas ingleses del siglo XVI. Encima de los cuadros hay unos espacios que están destinados a albergar escenas del que fue el mayor triunfo militar inglés de aquel entonces: el fracaso de la Armada Invencible, lanzada por España contra Inglaterra en 1588.
Sin embargo, la ausencia de las imágenes oculta una historia curiosa. Cuando la amenaza de la Invencible dejó de inquietar, la Corona inglesa encargó una serie de tapices conmemorativos. Se colgaron en la misma aula de debates de los lores para que la nobleza inglesa recordara para siempre las hazañas de sus antepasados. El rey Carlos I, a quien fastidiaba ese triunfalismo, ordenó quitarlos. No mucho después, los parlamentarios le cortaron a él la cabeza, y los tapices volvieron a colocarse en la sala. Se convirtieron en un símbolo no sólo de los sucesos de 1588, sino también de la tradición parlamentaria inglesa. Hasta 1834, fecha en la que un incendio los destruyó.
Resultó imposible hacerlos de nuevo. El presupuesto no daba entonces para tanto. Además, los tapiceros buenos escaseaban por lo que sólo se pudieron realizar algunas copias imperfectas de la mayoría de los tapices. Hace algunos años, se puso en marcha la restauración de las glorias icónicas de la Cámara de los lores, pero tampoco resultó factible restaurar los tapices. Entonces, el comité responsable decidió sustituirlos por unos cuadros inspirados en los antiguos tapices, sin intentar reproducirlos con fidelidad absoluta.
La tarea fue encomendada a un artista estupendo, Anthony Oakeshott, que se encontró envuelto en toda clase de controversias. ¿Se trataba de un proyecto de recuperar el espíritu del esquema decorativo decimonónico, o un intento de reconstruir imágenes del siglo XVI? ¿Había que mantener el propósito propagandístico del artista original, o respetar la realidad histórica? El comité de los lores responsable del proyecto pidió consejo a varios estudiosos. Por supuesto, los expertos no coincidimos.
No soy de esos historiadores que viven pegados a las fechas. No veo la necesidad de recordar que tal o cual batalla se libró en el mismo año en el que nació Fulano de no se qué. Por tanto, no suelo entusiasmarme por las conmemoraciones de sucesos históricos. A veces procuro aprovechar para aprender una novedad surgida de las investigaciones de mis colegas o, si cabe, vender algun libro mío. Pero casi siempre salgo desengañado. De las conmemoraciones en España del inicio de la Guerra de Independencia, por ejemplo, no ha salido ningun dato nuevo ni se ha cambiado el rumbo de la política nacional. En lugar de ver la importancia de actuar juntos y colaborar por el bien de todos, los micronacionalismos siguen con sus escaramuzas. En 1992, con la conmemoración del quinto centenario del primer viaje transatlántico de Colón, terminamos distraídos por debates frustrantes sobre los vicios y méritos del imperialismo, el relativismo moral de las distintas culturas y los matices semánticos de la palabra descubrimiento (que, según los políticamente correctos, sólo se podía emplear de los primeros pobladores humanos del hemisferio americano).
EN 1997, con el quinto centenario del gran viaje de Vasco da Gama ocurrió algo parecido. Me hallaba en Freemantle (Australia), donde asistía a una ceremonia en la explanada del puerto, donde ese día inauguraban un busto de Vasco. En su discurso, el alcalde alabó a los portugueses como «descubridores de nuestra costa» -lo que, por supuesto, no es cierto-. En un momento dado, un miembro del público le preguntó: «En ese caso, señor alcalde, ¿cómo explica usted el hecho de que toda nuestra costa esté llena de los restos de naufragios holandeses, mientras que no constan datos de ningun navío portugués?». «Eso -contestó el alcalde- demuestra que los portugueses navegaban mucho mejor».
A continuación hubo un cóctel. Le pregunté por qué había dicho tal cosa. «Lo que no entiendes, Felipe -me dijo-, es que en Australia del Oeste no tenemos a ningún votante de procedencia holandesa, mientras que hay unos 7.000 portugueses». Salí convencido de que las conmemoraciones no sirven para promocionar la Historia, sino la política.
Pero he aquí una excepción. En el cuarto centenario del viaje de la Invencible, los ingleses celebraron uno de los grandes logros de su epopeya nacional. Según la versión ortodoxa, la historia de Inglaterra consiste en una gran marcha hacia el constitucionalismo y la democracia -aunque sabemos que no hay marchas triunfales en la Historia, sino celadas y tanteos-. La Reforma, cuentan, aumentó la importancia de las instituciones parlamentarias, pero la verdad de la Reforma inglesa es que se ejecutó con violencia e intolerancia. Para los propios ingleses, el reinado de Isabel I es percibido como su máximo momento de gloria, en el que brillaban dramaturgos, pintores y músicos, y los arquitectos echaron los cimientos del Imperio británico. Pero la realidad es bien distinta. Al lado de las obras maestras de los artistas españoles e italianos, en aquella época Inglaterra parecía un reino salvaje y atrasado, ligeramente dorado de toques de distinción artística. Esos exploradores eran más bien piratas y sus logros parecen poca cosa cuando se piensa en la eficacia del imperialismo español o portugués de la misma época, o en el de los holandeses poco después.
Por estos motivos, hasta 1988 los ingleses seguían felicitándose por el destino de la Invencible como si hubiese sido un milagro divino. Incluso se reciclaba a veces la retórica bíblica de los propagandistas del siglo XVI: Inglaterra era David venciendo al gigante Felipe II, o un nuevo pueblo de Israel, liberándose del yugo egipcio de la casa de Austria. Pero los auténticos daviditos éramos los historiadores que en 1988 nos dedicamos a socavar el mito y convencer a los británicos de que casi todo lo que habían aprendido de la Armada en sus colegios era falso. Queríamos explicarles que antes de tropezarse con un huracán en el viaje de vuelta, los españoles sufrieron pocas bajas; que, por haber realizado un triunfo logísitico, manteniendo una armada inmensa lejos de casa, mostraron cierta proeza; y que en la opinión de casi todos, incluso los líderes ingleses, Inglaterra hubiera sido vulnerable a una invasión si el viento hubiese favorecido a los invasores. En casi todos los demás encuentros por mar entre ingleses y españoles, antes de que se terminase la guerra en 1604, ganaron los últimos. Aún lanzaron más armadas contra Inglaterra, aunque los vientos contrarios frustraron a todas.
Al cabo del debate de aquel año de 1988, por el peso de las pruebas históricas, las versiones míticas quedaron casi descartadas en ambos países. En España, para los liberales decimonónicos la Invencible se veía como la prueba de que las guerras y los imperios nos han llevado a desastres. Los nacionales la citaban como ejemplo de que España cumple con su destino sacrificándose y derramando sangre por ideales religiosos. Hoy en día, ya no hay quien crea tal cosa. En cambio, tenemos que reconocer que el rumbo de la historia del país se cambió con el fracaso de la Invencible. En el naufragio de la galeaza Girona, que se quebró con gran pérdida de vidas en las rocas del noroeste de Irlanda en octubre de 1588, perecieron los individuos más nobles y cumplidos de la juventud dorada de España -la caballería que hubiera sido capaz, tal vez, de realizar los sueños de un Quijote-. Sin esa generación prometedora, el siglo XVII resultó trabajoso y decadente.
Así que Anthony Oakeshott puede disponer de plena libertad artística. No hace falta que se distraiga intentando desmitificar la propaganda del XVI, ni el afán patriota del los lores del siglo XIX. Gracias a las investigaciones y debates que rodeaban los actos conmemorativos en 1988, todos somos conscientes de que las falsedades respetables eran parte de la contextura vital de aquellos tiempos, pero que no reflejan ni la realidad histórica ni las percepciones actuales que tenemos, españoles e ingleses, unos de otros. Cuando Oakeshott acabe su trabajo, y sus cuadros se cuelguen en presencia de la reina y del embajador español, no se desvelará el triunfo de Inglaterra sobre España, sino el de la historia sobre el mito, y el de la amistad actual de ambos pueblos sobre su pasado conflictivo.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>¿Será usted un niño robado por el franquismo?
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Cuando en el año 2006 publiqué mi novela Mala gente que camina, cuyo tema central es el de los niños robados por la dictadura a los vencidos de la Guerra Civil, muchos pensaron que la historia que contaba era inventada, o al menos que había exagerado las dimensiones de aquella tragedia. Ahora, la causa contra el franquismo iniciada por el juez Baltasar Garzón y abatida por el fuego amigo y enemigo del Gobierno y de los magistrados conservadores de la Audiencia Nacional les ha puesto un número a esos secuestros, al hablar de más de 30.000 niños segregados de sus familias y dados en adopción a personas afectas al Régimen o internados en centros del Auxilio Social, hospicios, conventos o seminarios, en donde se los reeducaba según los ideales del fantasmagórico Movimiento Nacional.
Como se ve, lo que se contaba en aquel libro era una recreación de la verdad, no un invento, ni mucho menos una suposición, pero esa certeza nos lleva a una pregunta que hoy día, tras más de 30 años de democracia, resulta hiriente: ¿cómo es posible que un drama de semejantes dimensiones se haya mantenido oculto tanto tiempo y que, aún hoy, se dificulte o prohíba su investigación desde las alturas del Estado de derecho? Tal vez sea porque esas alturas siempre están cubiertas por la nieve incontestable de la Transición, que con tanta eficacia decora, idealiza y cubre todo lo que está debajo de ella.
Garzón, que ha intentado salvar parte de su proceso inhibiéndose de él en favor de las salas de instrucción territoriales de toda España, ha remitido también la investigación sobre los niños perdidos a los juzgados decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza, que tendrán que decidir si los delitos que se pretende perseguir, y que el auto califica de “desapariciones legalizadas”, son crímenes contra la humanidad, lo cual impediría que pudiesen prescribir. El juez sabe bien lo que dice y cómo decirlo, porque esa palabra, “legalizadas”, es el centro del problema.
Los golpistas de 1936 no sólo pretendían exterminar a sus rivales, como demuestran las más de 150.000 personas enterradas en las fosas comunes que el Tribunal Supremo le impide abrir a Garzón, sino también erradicar su ideología. Para conseguirlo, pensaron en quitarles a los republicanos sus hijos para poder sembrar en ellos la doctrina nacionalsindicalista y el odio a las ideas de sus familiares. En esa ciénaga moral hicieron fortuna personajes como el militar y psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, que había explicado en sus absurdos libros una teoría según la cual el marxismo es una enfermedad mental y contagiosa, por lo cual era necesario separar el grano de la paja, como les gustaba decir a los heraldos negros del Régimen. Cuando los hospicios del Auxilio Social, la organización caritativa fundada por Mercedes Sanz Bachiller, viuda del líder falangista Onésimo Redondo, se llenaron de huérfanos o hijos de presos, y las cárceles acogieron a cientos de mujeres embarazadas o con menores a su cargo, los ladrones de niños tuvieron lugares de sobra donde escoger su botín. Para que el asunto se revistiese de esa legitimidad de la que habla Garzón, al poco de acabar la guerra Franco dictó dos leyes, según las cuales la patria potestad de todos los niños que entraban en el Auxilio Social pasaba a manos del Estado, que de esa manera podía cambiarles el nombre y entregarlos a quien quisiese. A otros se los llevaban recién nacidos, horas antes de fusilar a sus madres, de centros como la Prisión de Madres Lactantes de Madrid, que habían montado junto al río Manzanares. Y a muchos los fue a raptar al extranjero el Servicio Exterior de la Falange, a menudo, a los campos de concentración donde habían ido a parar los exiliados. Según datos recopilados por el historiador Ricard Vinyes, de 32.037 niños enviados por sus padres al exterior fueron repatriados 20.266.
Con los años se han ido reuniendo numerosos testimonios de los supervivientes de aquel horror, unos esbozados en libros pioneros como los de la militante comunista Tomasa Cuevas, y otros debidos al trabajo de historiadores como Miguel Ángel Rodríguez Arias, reciente autor de El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad, o el propio Vinyes, que ha asesorado a Garzón y que fue el inspirador del documental Los niños perdidos del franquismo, realizado por Montse Armengou y Ricard Bellis, que puso sobre la mesa ese espanto que sigue entre nosotros, porque como señala Garzón, “las víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas”.
¿Cuántas personas de este país no son quienes creen ser ni vienen de donde creen venir? Según los datos que obran en el sumario, la cifra de hijos de presas tutelados por el Estado llegó en 1955 a casi 31.000, tal y como le comunicó al propio Franco el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas. Algunas víctimas recuerdan haber sido entregadas en adopción y devueltas por quienes se los habían llevado hasta cuatro veces, y haber tenido, por tanto, cuatro apellidos diferentes. Y en un documento interno de Auxilio Social se reconoce que el asunto se les está yendo de las manos, porque muchos no se llevan a los niños para criarlos como hijos, sino para trabajar en sus tierras o sus casas prácticamente como esclavos.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica le ha pedido a Garzón que ordene de inmediato que se hagan pruebas de ADN a las víctimas, alegando su edad, porque esa urgencia justificaría que se ocupase del asunto la Audiencia Nacional, y argumenta que aunque la Sala de lo Penal declaró que Garzón no es competente para investigar el genocidio franquista, dejó abierta la puerta a la realización de pruebas inaplazables para averiguar el delito. Para demostrar que el tiempo se acaba, la ARMH recuerda a dos mujeres, Emilia Girón y Marina Álvarez, que murieron el año pasado sin llegar a encontrar a su hijo y a su hermana, y pide que se evite que eso ocurra en otros casos, los de Agustina Gómez, de 100 años, Julia Manzanal, de 93, y los hermanos José y María Setefilla Sánchez, de 75 y 73, que también buscan a sus familiares. Además, consideran clave el testimonio de Trinidad Gallego, de 95 años, que ejerció de matrona en varios penales, por lo que puede dar fe de cómo los niños eran robados a sus madres.
Será difícil que la iniciativa prospere, porque nuestro país se ha acostumbrado a considerar el abandono que sufren muchos represaliados por la dictadura una especie de mal necesario, cuando no a verlos a ellos como una presencia molesta que enturbia la imagen luminosa que la admirable democracia española quiere dar de sí misma, y olvidando en ocasiones que su meta no es parecer infalible, sino ser justa. ¿Seré yo una niña o un niño robado a mis padres por la dictadura? Esa pregunta se la podrían hacer muchas personas que tal vez sospechen de su pasado, hoy mismo, mientras se arreglan frente al espejo, y no es bueno que su país no quiera responderles.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>Duelo por la expulsión de los moriscos
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En el capítulo 8 de Don Quijote se nos cuenta cómo el caballero libertador de damas cautivas desafía en duelo al vizcaíno, tomado por celoso carcelero. De repente, el narrador interrumpe la historia porque se la ha acabado el texto que le está sirviendo de “inspiración”. Entonces nos damos cuenta de que el relato del hidalgo no es una invención del autor, sino una copia o traducción de un texto ya existente. Como el narrador no quiere dejarnos en vilo, se va a Toledo en busca de papeles viejos por si da con uno que siga la historia. Allí descubre uno, en árabe, que nos cuenta cómo acaba la pelea. Su autor es Cide Hamete Benengeli, nombre poco cristiano.
El gesto de Cervantes es enormemente significativo. Cuando él escribe esa Primera Parte, hace 40 años que Felipe II ha mandado destruir los libros en árabe y ha prohibido hablar algarabía y usar sus trajes y ritos. En el preciso momento en que se incuba la expulsión de los moriscos, él coloca a la lengua proscrita como inspiradora del texto que cuenta las andanzas del celebrado caballero. Con ese gesto no pretende restaurar la cultura que había desaparecido, sino minar las pretensiones hegemónicas del discurso casticista y colocar como seña de identidad de los contemporáneos la memoria de lo olvidado.
EN 1609, Felipe III decreta la expulsión de los moriscos. Con ella España se empeña en borrar de su memoria una época histórica en la que lo árabe-musulmán formaba parte de su geografía y, gracias a ello, de la europea. Viendo en televisión imágenes de energúmenos vociferando en árabe o leyendo los clichés sobre el fundamentalismo impenitente del musulmán, nos tiene que resultar incomprensible el prestigio del mundo morisco al que Cervantes rinde memoria. Solemos decir que gracias a los traductores árabes de Toledo o de Nápoles, Occidente recuperó la cultura griega. Es inexacto, porque estos traductores también interpretaban, y lo que Europa aprendió no era lo que decía Aristóteles, sino cómo lo entendían los Avicena, Averroes o el persa al-Farabi. “Los filósofos por excelencia, en el París del siglo XI y XII –dice el historiador Alain de Libera–, eran los árabes, no los griegos”. Ser moderno era ser averroísta. Fueron ellos los que plantearon la necesidad de distinguir entre fe y razón, una distinción sobre la que pudo construirse luego la modernidad ilustrada y laica.
El recuerdo de la expulsión de los moriscos hace 400 años debería dar pie, por un lado, a una reflexión política sobre nuestra identidad colectiva, construida sobre exclusiones, en este caso, sobre la ausencia de algo que fue tan propio como lo morisco, y, por otro, para revisar los clichés sobre el islam que se ha fabricado Occidente.
Por lo que respecta a la reflexión política, el sociólogo alemán Helmut Dubiel observa un cambio de rumbo en los planteamientos de las identidades colectivas. Se está produciendo, dice, “rechazo gradual de una lectura triunfalista de la historia nacional”. Al conocer lo que la propia historia tiene de negación del otro, se pone en solfa el orgullo nacional, es decir, la satisfacción de pertenecer a una historia con tantos héroes, mártires, banderas e himnos. Aparece entonces un nuevo sujeto político, sensible a una historia construida a base de violencia excluyente. “Son más bien –dice– las culpas compartidas en común a lo largo de su historia las que han creado en los seres humanos un sentido existencial de pertenencia, determinado por sentimientos de culpa reprimidos”. Lo que quiere decir es que el secreto del vínculo común no estaría en la sangre, ni en la tierra, ni en la lengua, ni en la religión, ni en hazañas heroicas, sino en la complicidad silenciosa. Es, desde luego, el caso de la Alemania actual y ese podría ser el ejemplo a seguir. El desafío teórico a los nacionalismos es evidente.
LA REVISIÓN de los estereotipos culturales que componen nuestro imaginario del “moro” obliga a desechar todos esos discursos que asocian musulmán con fundamentalismo y árabe con medieval o con incapacidad para las ciencias. Ya ha quedado señalado cómo la semilla de una concepción autónoma y laica del mundo la puso el averroísmo. Un ejemplo de la deformación que el Occidente cristiano ha hecho del mundo musulmán nos lo brinda el destino de Alberto de Colonia. Este sabio, maestro de Tomás de Aquino, que poco quería saber “de lo que sostienen los latinos”, es decir, los maestros cristianos, era en realidad un experto en ciencias árabes. A principio del siglo XX, la Iglesia le hizo santo, san Alberto Magno, para tener un santo patrón de los científicos. El experto en ciencias árabes pasaba a ser el patrón de las ciencias modernas que, según Max Weber, son asunto del genio europeo (”protestante y germánico”). La historia nos desautoriza.
Por sus torpezas y nuestros prejuicios estamos empujando al mundo árabe-islámico al rincón del fundamentalismo. El recuerdo del cuarto centenario de la expulsión de los moriscos podría ser la ocasión para reconocerles lo que les debemos y para levantar acta de lo que hemos perdido con aquella trágica decisión. No hay ninguna razón para la celebración, pero sí para la memoria.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
>La memoria impuesta
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Mientras en España tanto se ha debatido sobre la judicialización de la memoria histórica y el presunto proceso al franquismo en relación con la cuestión de la apertura de las fosas de las víctimas de la represión durante la Guerra Civil, en Francia, a lo largo del año 2008, se ha polemizado en torno a una vertiente del problema de la memoria histórica que aquí ha pasado un tanto desapercibida: la confrontación entre la memoria oficial y la memoria libre de los historiadores. Efectivamente en los últimos tiempos, en toda Europa, parece haberse desatado, tras la vorágine de cambios que desde los años ochenta vive el mundo, una ansiedad por la codificación de la memoria oficial, la que estipula la selección de lo que debe recordarse y establece cómo hacerlo, cuáles tiene que ser las lecciones que emanan del pasado. La busca de la seguridad de un pasado indubitable en medio de las convulsiones de un presente inestable que no garantiza un futuro claro. Como decía Timothy Garton Ash, cada vez más países tienen leyes que estipulan lo que debemos recordar y cómo recordarlo. En Suiza, uno puede ser procesado por decir que los horrores que sufrieron los armenios al final del Imperio Otomano no fueron un genocidio. En Turquía, por decir que lo fueron. La reacción al disciplinamiento de la memoria oficial, que cambia de un país a otro ha sido el manifiesto conocido como el Appel de Blois publicado hace un tiempo en Le Monde y que establecía que «en un país libre no es competencia de ninguna autoridad política definir la verdad histórica ni restringir la libertad del historiador mediante sanciones penales». Entre los primeros firmantes de este manifiesto se encuentran historiadores tan prestigiosos como Le Goff, Hobsbawm, Deyermond, Badinter, Ozouf, Winckler… Pocos españoles y ninguno de los más significados. El movimiento de historiadores que hay detrás del citado Manifiesto se llama «Libertad para la historia» y ha sido promovido por Pierre Nora, el historiador que en Francia institucionalizó el concepto de «lugares de memoria». El estímulo para la agitación de los historiadores ha partido de un país como Francia que ha vivido en los últimos años una sucesión de leyes dirigistas que imponen dictámenes históricos por encima de los propios historiadores.
Todo empezó en 1990 con la ley Gayssot que penalizaba el negacionismo del holocausto judío. Cinco años después Bernard Lewis fue condenado por un tribunal francés por alegar que según las fuentes por él estudiadas, lo que sufrieron los armenios no puede calificarse de genocidio. En el 2001, otra ley establecía que la República francesa reconocía la esclavitud como un crimen contra la humanidad y un grupo que representaba a varios ciudadanos franceses de ultramar presentó una querella contra el autor de un estudio sobre el tráfico de esclavos en África, Oliver Pétré- Grenouilleau, acusado de «negar un crimen contra la humanidad». La última injerencia política francesa en la memoria histórica ha sido la singular decisión de imponer la lectura obligatoria en las escuelas de la última carta de Guy Moguet, uno de los miles de niños franceses víctimas de la guerra, haciendo apadrinar su memoria a los alumnos de bachiller en este año. En febrero del 2008 la asociación «Libertad para la historia» objetaba a la decisión de Sarkozy tres cosas: la sustitución por la emotividad de lo que debe ser el primer deber de los historiadores: el aprendizaje crítico, la indefinición del «apadrinamiento de la memoria» y el riesgo no calculado de reacciones encontradas. La polémica ha estallado con el enfrentamiento dialéctico entre Nora y C. Lanzmann, crítico de la posición del Appel de Blois. Nora ha defendido la abolición de todas las «leyes memoriales» por lo que suponen de criminalización retrospectiva de la historia (la única excepción que establece es la ley Gayssot contra el negacionismo) y de banalización grosera en las calificaciones históricas por parte de cualquier autoridad política administrativa o judicial. El historiador francés defiende que la historia no sea reescrita ni por las víctimas ni por sus verdugos y considera que el Estado puede orientar la memoria colectiva, pero nunca por vías legislativas o autoritarias. Las leyes obstaculizan la investigación histórica. La complejidad del trabajo intelectual del historiador es incompatible con la simplicidad de las verdades de Estado. Por otra parte, Nora ha subrayado el peligro de remontarse en las leyes sobre la memoria. ¿Para cuándo una ley sobre La Vendée? ¿O sobre la matanza de San Bartolomé? ¿Para cuándo la ley sobre los Cátaros o las Cruzadas?
Los historiadores defensores de la legislación de la memoria histórica, en cambio, reivindican una memoria institucional, porque en tiempos tan líquidos y relativistas, hace falta un referente ideológico y la libertad de los historiadores conduce al subjetivismo interpretativo y a la verdad imposible. La historia -dicen- es demasiado seria para dejarla en manos de los historiadores y asusta pensar que dictadores impresentables moralmente apelen a ser juzgados por la historia en un futuro de límites siempre imprevisibles.
¿Memoria oficial, canónica, legalmente establecida o memoria libre, susceptible de ser interpretada a su manera, por los historiadores? La alternativa así planteada tiene mucho de falaz. La auténtica opción es la de la buena o mala historia, historia que reúne todos los requisitos de la exigencia científica, que aspira seriamente a la construcción de la verdad y la que carece del utillaje científico necesario y sólo sirve al estímulo de intereses apriorísticos. Desde luego, entre los historiadores no falta el corporativismo gremial y el gremio no garantiza por sí mismo el resultado de la ciencia como tampoco «la venganza del mercado» que suele darse en historiadores fuera del refugio académico, presupone la calidad del producto histórico que se elabora. La memoria oficial, no es, ciertamente nueva. Ha existido siempre el imperativo categórico de una memoria establecida desde el poder, con un aparato de historiadores-intelectuales orgánicos repetidores de las consignas oficiales frente a unos historiadores-libres de dependencias serviles. Las dos grandes novedades radican en que la memoria oficial se institucionaliza hoy convirtiendo a las autoridades políticas en definidoras de la verdad histórica y a los historiadores en sujetos intrínsecamente sospechosos susceptibles de ser sancionados penalmente por interpretar el pasado de modo diferente al dogma de fe. Se trata de un giro de tuerca más en el horizonte de la progresiva pérdida de la libertad individual de los ciudadanos en los tiempos que vivimos. La otra novedad es que la memoria oficial impuesta hoy en Francia tiene que ver poco con la clásica memoria jacobina tradicional. La nueva Francia multicultural parece encerrar en los armarios de lo políticamente incorrecto a los grandes ídolos de la nación francesa. Luis XIV, Napoleón y hasta De Gaulle sonrojan. Se impone el ternurismo de los perdedores de la historia, de las víctimas de los antes héroes o ídolos. Ciertamente, uno de los problemas de Nora es la necesidad que la actual memoria oficial francesa supone de replanteamiento de los «lugares de memoria» del nacionalismo francés.
A escala española, lo que llama la atención, es la insensibilidad ante el problema tan debatido en Francia. ¿Por qué este silencio discreto? ¿Inexistencia del problema en España? ¿Incapacidad para interesarse por la discusión ante la presión de una memoria tan corta que sólo se plantea la alternativa: fosas sí, fosas no? ¿O es que pesa tanto la memoria oficial que ni siquiera puede imaginarse un movimiento de resistencia de los historiadores como el movilizado por Nora? Me temo, en cualquier caso, que si el debate que hoy se da en la historiografía europea, es un signo de los malos tiempos que corren para el crédito de la historia y la libertad ciudadana en general, más inquietante es, todavía, el que, en nuestro país, no exista ni la conciencia del problema.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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