>Conflictos globales sobre patentes

>

Por Pere Puigdomènech, laboratorio de Genética Molecular Vegetal CSIC-IRTA (EL PERIÓDICO, 02/03/07):

Los periódicos se han hecho eco de una disputa en los tribunales de India planteada por la empresa farmacéutica Novartis contra la ley india de patentes. La empresa se queja de que la actual legislación de ese país no está adaptada a las normas internacionales sobre protección de la propiedad intelectual y permite a los fabricantes indios de genéricos producir fármacos que todavía están protegidos por las normas internacionales. Grupos que se preocupan de la falta de acceso a los fármacos de una proporción significativa de la población mundial han pedido a la empresa que retire su demanda y permita la producción de sustancias importantes para grupos significativos de pacientes. No es la primera vez que conflictos sobre patentes enfrentan a empresas con organizaciones no gubernamentales, ni probablemente va a ser la última.

LA PARADOJA es que, históricamente, el derecho de patentes es una conquista de los gobiernos progresistas de finales del siglo XVIII. En esa época, se trataba de proteger a quien se esforzaba por lograr productos innovadores o invenciones útiles. Otorgar una patente a un inventor lo protege durante un cierto tiempo de quienes quisieran aprovecharse de su hallazgo, al tiempo que le permite fijar las condiciones económicas para permitirlo. Se trata de un sistema para estimular y premiar el esfuerzo de los inventores. Por eso se crearon unas oficinas de patentes en las que era necesario convencer de que en lo que se quiere proteger hay alguna novedad significativa, que es la primera vez que se patenta y que puede ser útil. Además, y este es un requerimiento importante, debe hacerse pública la descripción del producto y cómo puede obtenerse, lo que permite a cualquiera saber de qué se trata y favorecer la investigación posterior.

En una economía basada en la tecnología, el sistema de patentes es un elemento esencial. En nuestro país, por ejemplo, a menudo se nos recuerda que uno de los peores defectos de la economía española es el bajo número de patentes obtenidas. Las empresas no se lanzan a asumir los gastos que implican el desarrollo de un nuevo producto si no cuentan con un sistema que las proteja de quienes quieren copiarlas. Es el caso de los productos farmacéuticos. La protección que ofrecen las patentes son importantes para emprender los gastos que representan el desarrollo de los fármacos y los ensayos clínicos necesarios para poner un nuevo producto en el mercado. En un mercado globalizado, esta protección ha sido reconocida por la Organización Mundial del Comercio. Uno de sus pilares es el llamado tratado Trips de protección de la propiedad intelectual. El argumento de la farmacéutica es que la India debe implementar una legislación acorde con este tratado.

En la India se ha desarrollado una industria de producción de fármacos de los llamados genéricos, que son los que tienen la patente caducada. Según las empresas occidentales, las empresas indias exportan la mayoría de su producción incluso a países desarrollados. Las organizaciones de ayuda al tercer mundo argumentan que gracias a estas empresas los países más pobres tienen acceso a fármacos a buen precio. El juicio tiene por tanto un interés global.

El dilema es muy típico de nuestro mundo globalizado. Por un lado nos interesa estimular la inversión en nuevos productos, y en este sentido las patentes son un instrumento esencial. Los demás sistemas ensayados desde los poderes públicos no han funcionado. Pensemos por ejemplo que en los años de la Unión Soviética esta no produjo ningún producto farmacéutico nuevo, mientras que en el mundo occidental había una eclosión de nuevas sustancias que contribuyeron de forma importante a elevar nuestro nivel de salud. Por otro lado, una economía de mercado hace que las empresas inviertan solo en aquello que da beneficios olvidándose de los productos destinados a poblaciones de bajo nivel económico. Los costes de desarrollo de fármacos crecen de tal forma que ya se plantean casos de tratamientos de los que se excluye, por razones de coste, a pacientes incluso de países desarrollados.

TAMBIÉN cabe decir que el sistema ha llegado quizá a niveles de complejidad tan grandes que sólo expertos en el tema pueden orientarse en la maraña de patentes mundial. En todas partes, incluso en entornos empresariales, se forja una clima de opinión para revisar el tema. Se puede haber dado un exceso de patentes que necesita un complejo sistema de negociación entre las empresas, y se pueden haber hecho patentes muy amplias de productos antes de que hubiera demostración de su uso.

También es cierto que en la legislación está previsto un sistema poco utilizado que permite que los estados puedan decretar que no se aceptan las limitaciones debidas a patentes por razones de interés para el país en términos de salud. Por todo ello, las decisiones que se tomarán en la India son importantes. Ni se puede acabar con un sistema que protege la búsqueda de soluciones a problemas que nos interesan, ni podemos permitir situaciones en que la división entre un mundo opulento y un mundo empobrecido se hace cada día mayor por falta de acceso a las nuevas tecnologías. Los retos de la globalización son complejos. Para corregir los desequilibrios que se producen recurrimos normalmente a sistemas de gobierno que de momento no existen.

Conflictos globales sobre patentes

Por Pere Puigdomènech, laboratorio de Genética Molecular Vegetal CSIC-IRTA (EL PERIÓDICO, 02/03/07):

Los periódicos se han hecho eco de una disputa en los tribunales de India planteada por la empresa farmacéutica Novartis contra la ley india de patentes. La empresa se queja de que la actual legislación de ese país no está adaptada a las normas internacionales sobre protección de la propiedad intelectual y permite a los fabricantes indios de genéricos producir fármacos que todavía están protegidos por las normas internacionales. Grupos que se preocupan de la falta de acceso a los fármacos de una proporción significativa de la población mundial han pedido a la empresa que retire su demanda y permita la producción de sustancias importantes para grupos significativos de pacientes. No es la primera vez que conflictos sobre patentes enfrentan a empresas con organizaciones no gubernamentales, ni probablemente va a ser la última.

LA PARADOJA es que, históricamente, el derecho de patentes es una conquista de los gobiernos progresistas de finales del siglo XVIII. En esa época, se trataba de proteger a quien se esforzaba por lograr productos innovadores o invenciones útiles. Otorgar una patente a un inventor lo protege durante un cierto tiempo de quienes quisieran aprovecharse de su hallazgo, al tiempo que le permite fijar las condiciones económicas para permitirlo. Se trata de un sistema para estimular y premiar el esfuerzo de los inventores. Por eso se crearon unas oficinas de patentes en las que era necesario convencer de que en lo que se quiere proteger hay alguna novedad significativa, que es la primera vez que se patenta y que puede ser útil. Además, y este es un requerimiento importante, debe hacerse pública la descripción del producto y cómo puede obtenerse, lo que permite a cualquiera saber de qué se trata y favorecer la investigación posterior.

En una economía basada en la tecnología, el sistema de patentes es un elemento esencial. En nuestro país, por ejemplo, a menudo se nos recuerda que uno de los peores defectos de la economía española es el bajo número de patentes obtenidas. Las empresas no se lanzan a asumir los gastos que implican el desarrollo de un nuevo producto si no cuentan con un sistema que las proteja de quienes quieren copiarlas. Es el caso de los productos farmacéuticos. La protección que ofrecen las patentes son importantes para emprender los gastos que representan el desarrollo de los fármacos y los ensayos clínicos necesarios para poner un nuevo producto en el mercado. En un mercado globalizado, esta protección ha sido reconocida por la Organización Mundial del Comercio. Uno de sus pilares es el llamado tratado Trips de protección de la propiedad intelectual. El argumento de la farmacéutica es que la India debe implementar una legislación acorde con este tratado.

En la India se ha desarrollado una industria de producción de fármacos de los llamados genéricos, que son los que tienen la patente caducada. Según las empresas occidentales, las empresas indias exportan la mayoría de su producción incluso a países desarrollados. Las organizaciones de ayuda al tercer mundo argumentan que gracias a estas empresas los países más pobres tienen acceso a fármacos a buen precio. El juicio tiene por tanto un interés global.

El dilema es muy típico de nuestro mundo globalizado. Por un lado nos interesa estimular la inversión en nuevos productos, y en este sentido las patentes son un instrumento esencial. Los demás sistemas ensayados desde los poderes públicos no han funcionado. Pensemos por ejemplo que en los años de la Unión Soviética esta no produjo ningún producto farmacéutico nuevo, mientras que en el mundo occidental había una eclosión de nuevas sustancias que contribuyeron de forma importante a elevar nuestro nivel de salud. Por otro lado, una economía de mercado hace que las empresas inviertan solo en aquello que da beneficios olvidándose de los productos destinados a poblaciones de bajo nivel económico. Los costes de desarrollo de fármacos crecen de tal forma que ya se plantean casos de tratamientos de los que se excluye, por razones de coste, a pacientes incluso de países desarrollados.

TAMBIÉN cabe decir que el sistema ha llegado quizá a niveles de complejidad tan grandes que sólo expertos en el tema pueden orientarse en la maraña de patentes mundial. En todas partes, incluso en entornos empresariales, se forja una clima de opinión para revisar el tema. Se puede haber dado un exceso de patentes que necesita un complejo sistema de negociación entre las empresas, y se pueden haber hecho patentes muy amplias de productos antes de que hubiera demostración de su uso.

También es cierto que en la legislación está previsto un sistema poco utilizado que permite que los estados puedan decretar que no se aceptan las limitaciones debidas a patentes por razones de interés para el país en términos de salud. Por todo ello, las decisiones que se tomarán en la India son importantes. Ni se puede acabar con un sistema que protege la búsqueda de soluciones a problemas que nos interesan, ni podemos permitir situaciones en que la división entre un mundo opulento y un mundo empobrecido se hace cada día mayor por falta de acceso a las nuevas tecnologías. Los retos de la globalización son complejos. Para corregir los desequilibrios que se producen recurrimos normalmente a sistemas de gobierno que de momento no existen.

Acceso a medicamentos desde India

Por Paula Farias, médica y presidenta de Médicos sin Fronteras España (EL PAÍS, 27/03/07):

Los números no producen dolor, y cada vez se nos hace más difícil llegar a ver el rostro humano que hay detrás de ellos. Pongamos el ejemplo de una cifra estimada: 35.000 personas. Hoy todas ellas morirán simplemente porque no han podido acceder a un medicamento que en países desarrollados está al alcance de nuestra mano. Hay muchos factores que impiden que esos medicamentos lleguen, pero los equipos sanitarios de Médicos sin Fronteras han podido comprobar sobre el terreno que el precio de los medicamentos es una barrera fundamental, y sí es un problema verdadero.

Es difícil entonces asumir lo que está ocurriendo con la empresa Novartis y su demanda contra la ley de patentes de India, sobre la que ayer estaba prevista una vista. Esta ley protege la posibilidad de producir medicamentos genéricos más baratos, al alcance de los programas de salud y de las personas que viven en los países en desarrollo. Tal como está estipulada, la ley es perfectamente compatible con los Acuerdos de Propiedad Intelectual (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Declaración de Doha, firmada por todos sus miembros, donde se antepone la salud pública a cualquier interés comercial. Según la oficina de patentes de India, Gleevec, un anticancerígeno producido por Novartis, no debe gozar de monopolio de mercado. La razón, según los técnicos, es que desde la fecha en que India otorga patentes a medicamentos no ha habido innovaciones en ese medicamento. Gleevec goza de patente en muchísimos países, como en el caso de España, pero no existe ningún sistema de patente internacional que obligue a India a patentar un fármaco por el mero hecho de que ya estuviese patentado previamente en otros países.

Ahora bien, Novartis no sólo se ha limitado a recurrir esta sentencia. Ha ido mucho más lejos. La compañía ha demandado la sección de la ley india que permite aplicar con ciertas restricciones la concesión de las patentes, pretendiendo que la ley de India se amolde a sus propios intereses económicos. Pero aquí no está en juego ni la producción de Gleevec, ni el sistema de patentes. Si Novartis gana el juicio, con el consiguiente cambio de la ley, se permitiría que miles de solicitudes de patentes en lista de espera, sean concedidas con más facilidad en India. Esto interrumpiría la posibilidad de seguir produciendo genéricos clave para enfermedades infecciosas y exportarlos a países en desarrollo Si Novartis gana el juicio, se pone en riesgo la vida de millones de personas.

India se ha convertido en lo que podríamos denominar “la farmacia de los países pobres”, de modo que lo que ocurra con su ley de patentes no sólo afectará a los pacientes más pobres de India sino a un gran número de los que viven en países en desarrollo. Gracias a la entrada en el mercado de genéricos indios para el VIH/Sida se logró una reducción de precios que permitió que se empezara a tratar a los enfermos de países pobres: desde más de 10.000 euros a poco más de 130 euros. Esto, indudablemente, significa la posibilidad de la prolongación de la vida para cientos de miles de personas. En Lesotho o Zimbabue, por ejemplo, con un altísimo índice de personas con VIH/Sida, el 95% de todos los medicamentos antirretrovirales (ARV) se compran en India. Incluso el programa del presidente Bush para el sida (PEPFAR) compra genéricos a India para su distribución en los países en desarrollo, lo que le permite ahorrar hasta un 90% de los gastos.

Respecto a otros medicamentos, India juega también un papel clave en el acceso para los países más pobres. Aproximadamente el 50% de los medicamentos esenciales que distribuye Unicef en los países en desarrollo proceden de India. Y podríamos seguir dando ejemplos. De hecho, el 67% de los medicamentos indios se exportan a países en desarrollo. Aunque Novartis tenga un programa de donación de un medicamento, que puede efectivamente estar salvando la vida de bastantes enfermos, no le da legitimidad para emprender una acción contra la ley india y atentar así contra las salvaguardas que resultan en una mayor protección de la salud pública.

La equivalencia que Novartis, junto a la industria farmacéutica, defiende como verdad (patentes = innovación) es muy discutible, y los datos surgidos incluso en nuestros países ricos lo confirman. Un desglose de más de mil nuevos fármacos aprobados por la agencia de medicamentos de EE UU (la FDA) entre 1989 y 2000 arroja la evidencia de que más de las tres cuartas partes no representan ningún beneficio terapéutico comparado con productos ya existentes. Esto mismo se ha documentado en Canadá, en el Reino Unido, etcétera. Para las enfermedades que afectan mayoritariamente a los países más pobres, las estadísticas son aún más claras en lo que se refiere a la ausencia de correlación directa entre patentes e innovación. En los últimos treinta años, la investigación farmacéutica ha olvidado casi por completo a las enfermedades que matan a millones de personas en África, Asia o América Latina, y sólo le han dedicado poco más de un 1% de esas innovaciones que prometían acceso a nuevos fármacos y métodos de diagnóstico.

Solemos decir que la industria farmacéutica es parte del problema, pero también parte de la solución. La solución que puede ofrecer Novartis pasa ahora por reconocer responsablemente las consecuencias nefastas que tendría su acción de demandar la ley de India y evitar así un problema humanitario mayor. Novartis no debe ignorar lo que le están solicitando, a través de las páginas web de MSF e Intermón Oxfam más de 300.000 ciudadanos, incluyendo al enviado especial de la ONU para el sida en África, o al director del Fondo Global para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, o la presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual e Innovación de la Organización Mundial de la Salud, que han alertado también sobre la gravedad de la situación. Novartis debe responder retirando su demanda.

A medio y largo plazo, se tiene que avanzar, como se acordó en la última Asamblea Mundial de la Salud, en un sistema de I+D de medicamentos con más participación pública además de la privada, para que no tengamos que estar mendigando la buena voluntad de unos directivos de una compañía farmacéutica. Pero mientras tanto, la mejor garantía para que los medicamentos sean más accesibles y lleguen a más personas tal como hemos podido comprobar en el terreno, es contar con los genéricos, de los que India es la mayor fuente. Mientras que el sistema de patentes de los países más ricos no redunde en una mayor accesibilidad para paliar la enorme crisis humanitaria de la falta de medicamentos en el mundo en desarrollo, deberíamos dejar que India siga produciendo genéricos en el marco que le permiten los acuerdos de la OMC. A estas páginas sólo llegan los números, pero no el sufrimiento humano que hay detrás. Sólo podemos estar cerca de sentir la rabia, la impotencia de morir injustamente porque no se puede pagar el precio de un medicamento. Miles de muertes hoy por esa causa nos dicen que estamos aún muy lejos de lo que se proclamó en Doha: “Que la Salud Pública está por encima de cualquier interés comercial”.

>Acceso a medicamentos desde India

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Por Paula Farias, médica y presidenta de Médicos sin Fronteras España (EL PAÍS, 27/03/07):

Los números no producen dolor, y cada vez se nos hace más difícil llegar a ver el rostro humano que hay detrás de ellos. Pongamos el ejemplo de una cifra estimada: 35.000 personas. Hoy todas ellas morirán simplemente porque no han podido acceder a un medicamento que en países desarrollados está al alcance de nuestra mano. Hay muchos factores que impiden que esos medicamentos lleguen, pero los equipos sanitarios de Médicos sin Fronteras han podido comprobar sobre el terreno que el precio de los medicamentos es una barrera fundamental, y sí es un problema verdadero.

Es difícil entonces asumir lo que está ocurriendo con la empresa Novartis y su demanda contra la ley de patentes de India, sobre la que ayer estaba prevista una vista. Esta ley protege la posibilidad de producir medicamentos genéricos más baratos, al alcance de los programas de salud y de las personas que viven en los países en desarrollo. Tal como está estipulada, la ley es perfectamente compatible con los Acuerdos de Propiedad Intelectual (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Declaración de Doha, firmada por todos sus miembros, donde se antepone la salud pública a cualquier interés comercial. Según la oficina de patentes de India, Gleevec, un anticancerígeno producido por Novartis, no debe gozar de monopolio de mercado. La razón, según los técnicos, es que desde la fecha en que India otorga patentes a medicamentos no ha habido innovaciones en ese medicamento. Gleevec goza de patente en muchísimos países, como en el caso de España, pero no existe ningún sistema de patente internacional que obligue a India a patentar un fármaco por el mero hecho de que ya estuviese patentado previamente en otros países.

Ahora bien, Novartis no sólo se ha limitado a recurrir esta sentencia. Ha ido mucho más lejos. La compañía ha demandado la sección de la ley india que permite aplicar con ciertas restricciones la concesión de las patentes, pretendiendo que la ley de India se amolde a sus propios intereses económicos. Pero aquí no está en juego ni la producción de Gleevec, ni el sistema de patentes. Si Novartis gana el juicio, con el consiguiente cambio de la ley, se permitiría que miles de solicitudes de patentes en lista de espera, sean concedidas con más facilidad en India. Esto interrumpiría la posibilidad de seguir produciendo genéricos clave para enfermedades infecciosas y exportarlos a países en desarrollo Si Novartis gana el juicio, se pone en riesgo la vida de millones de personas.

India se ha convertido en lo que podríamos denominar “la farmacia de los países pobres”, de modo que lo que ocurra con su ley de patentes no sólo afectará a los pacientes más pobres de India sino a un gran número de los que viven en países en desarrollo. Gracias a la entrada en el mercado de genéricos indios para el VIH/Sida se logró una reducción de precios que permitió que se empezara a tratar a los enfermos de países pobres: desde más de 10.000 euros a poco más de 130 euros. Esto, indudablemente, significa la posibilidad de la prolongación de la vida para cientos de miles de personas. En Lesotho o Zimbabue, por ejemplo, con un altísimo índice de personas con VIH/Sida, el 95% de todos los medicamentos antirretrovirales (ARV) se compran en India. Incluso el programa del presidente Bush para el sida (PEPFAR) compra genéricos a India para su distribución en los países en desarrollo, lo que le permite ahorrar hasta un 90% de los gastos.

Respecto a otros medicamentos, India juega también un papel clave en el acceso para los países más pobres. Aproximadamente el 50% de los medicamentos esenciales que distribuye Unicef en los países en desarrollo proceden de India. Y podríamos seguir dando ejemplos. De hecho, el 67% de los medicamentos indios se exportan a países en desarrollo. Aunque Novartis tenga un programa de donación de un medicamento, que puede efectivamente estar salvando la vida de bastantes enfermos, no le da legitimidad para emprender una acción contra la ley india y atentar así contra las salvaguardas que resultan en una mayor protección de la salud pública.

La equivalencia que Novartis, junto a la industria farmacéutica, defiende como verdad (patentes = innovación) es muy discutible, y los datos surgidos incluso en nuestros países ricos lo confirman. Un desglose de más de mil nuevos fármacos aprobados por la agencia de medicamentos de EE UU (la FDA) entre 1989 y 2000 arroja la evidencia de que más de las tres cuartas partes no representan ningún beneficio terapéutico comparado con productos ya existentes. Esto mismo se ha documentado en Canadá, en el Reino Unido, etcétera. Para las enfermedades que afectan mayoritariamente a los países más pobres, las estadísticas son aún más claras en lo que se refiere a la ausencia de correlación directa entre patentes e innovación. En los últimos treinta años, la investigación farmacéutica ha olvidado casi por completo a las enfermedades que matan a millones de personas en África, Asia o América Latina, y sólo le han dedicado poco más de un 1% de esas innovaciones que prometían acceso a nuevos fármacos y métodos de diagnóstico.

Solemos decir que la industria farmacéutica es parte del problema, pero también parte de la solución. La solución que puede ofrecer Novartis pasa ahora por reconocer responsablemente las consecuencias nefastas que tendría su acción de demandar la ley de India y evitar así un problema humanitario mayor. Novartis no debe ignorar lo que le están solicitando, a través de las páginas web de MSF e Intermón Oxfam más de 300.000 ciudadanos, incluyendo al enviado especial de la ONU para el sida en África, o al director del Fondo Global para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, o la presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual e Innovación de la Organización Mundial de la Salud, que han alertado también sobre la gravedad de la situación. Novartis debe responder retirando su demanda.

A medio y largo plazo, se tiene que avanzar, como se acordó en la última Asamblea Mundial de la Salud, en un sistema de I+D de medicamentos con más participación pública además de la privada, para que no tengamos que estar mendigando la buena voluntad de unos directivos de una compañía farmacéutica. Pero mientras tanto, la mejor garantía para que los medicamentos sean más accesibles y lleguen a más personas tal como hemos podido comprobar en el terreno, es contar con los genéricos, de los que India es la mayor fuente. Mientras que el sistema de patentes de los países más ricos no redunde en una mayor accesibilidad para paliar la enorme crisis humanitaria de la falta de medicamentos en el mundo en desarrollo, deberíamos dejar que India siga produciendo genéricos en el marco que le permiten los acuerdos de la OMC. A estas páginas sólo llegan los números, pero no el sufrimiento humano que hay detrás. Sólo podemos estar cerca de sentir la rabia, la impotencia de morir injustamente porque no se puede pagar el precio de un medicamento. Miles de muertes hoy por esa causa nos dicen que estamos aún muy lejos de lo que se proclamó en Doha: “Que la Salud Pública está por encima de cualquier interés comercial”.

La distribución y dispensación de medicamentos en España

Por Ricard Meneu, licenciado en Medicina y doctor en Economía por la Universitat de Valencia, Máster en Economía de la Salud y Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y Editor jefe de la revista Gestión Clínica y Sanitaria (FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, 30/04/08):

En muchos países, España entre ellos, la distribución y dispensación de medicamentos está sometida a una importante regulación pública, que a menudo parece guiada más por intereses sectoriales e indeseables dependencias de senda que por el elusivo concepto de bien común, o por la consecución de los beneficios para la salud a la que el importante contingente de sanitarios implicados en el proceso puede contribuir.

España cuenta con una amplia red de distribución de medicamentos configurada unas 21.000 farmacias, un importante número de servicios farmacéuticos hospitalarios y una fragmentada estructura de distribuidoras que intermedian entre aquéllas y los laboratorios.

Este diseño se ha ido consolidando durante el último medio siglo, al tiempo que el sector experimentaba una transformación radical que ha desplazado la elaboración de fármacos desde la práctica artesanal de las boticas hacia su producción industrial en presentaciones ya dispuestas para su consumo. Tal cambio esencial en las responsabilidades y competencias de los distintos actores apenas ha tenido reflejo en el diseño regulatorio vigente, por lo que sus rasgos y características definitorias no se compadecen bien con una realidad sumamente alejada de la que lo configuró.

El desafío que enfrenta la actuación pública en este campo no consiste tanto en el logro de inmediatos beneficios económicos, sino en la necesidad de avanzar hacia diseños acordes con la moderna configuración del ciclo del medicamento, que se ajusten dinámicamente a las condiciones y cambios del sector en lugar de apelar a imaginarios caducos. Para ello se requiere diseñar incentivos que promuevan las actividades para las que la profesión farmacéutica dispone de valiosos activos específicos, relajando la atención prestada a las sólitas cuestiones propias del menudeo, comunes a muchas otras iniciativas empresariales que puedensustituir ventajosamente a los actores actuales.

Entre las líneas por las que se entiende debe transitar una reformulación del sector más acorde con la realidad actual de los medicamentos, los principios generales de la circulación de productos y el progresivo aumento de la contribución de estos profesionales a la salud, se destacan:

> Aprovechar los potenciales beneficios de la planificación aplicada, modificando algunos de sus mecanismos y eliminando efectos indeseables. También las oportunidades que brindan la ágil distribución existente –elemento nuclear de la accesibilidad– y las posibilidades de la farmacia virtual.

> Nada obliga a asociar la apertura de una farmacia con su reconocimiento como proveedor del Sistema Nacional de Salud, responsabilidad del los gestores de éste. Cabe, pues, liberalizar la apertura restringiendo el número de centros a “conveniar” en cada demarcación (contratación selectiva).

> Abolir la redundante e ineficaz exigencia de titulación específica para ostentar la propiedad de una oficina de farmacia, al tiempo que se perfeccionan los mecanismos para una garantía efectiva de la actuación profesional en aquellas actividades que la requieran.

> Reconsiderar los pros y los contras de la integración de proveedores desde la perspectiva de la eficiencia del sistema –sus beneficios para los consumidores y los financiadores– y no desde la de las ganancias y pérdidas de algunas de las partes afectadas. Y teniendo presente que los efectos indeseables atribuidos a la integración vertical también son propiciados por la vinculación directa entre la titularidad de una oficina de farmacia y la participación en la distribución mayorista.

> Redefinir los mecanismos de adjudicación de licencias de apertura. Entre la clásica funcionarización nórdica en oficinas de farmacia de propiedad pública y el absoluto laissez faire, existen múltiples formas intermedias.

> Sustituir el actual esquema retributivo por sistemas de pago que remuneren en función del valor añadido y que incorporen incentivos deseables, siguiendo las reiteradas recomendaciones internacionales, coincidentes en afirmar que el margen de beneficios o el volumen de ventas no son adecuados para retribuir servicios profesionales, ni tampoco útiles para el control de costes.

> La interesada confusión entre actividad profesional y limitación de propiedad a algunos profesionales lleva a desatender la ineludible redefinición de aquélla. Es preciso contemplar más las necesidades de la demanda que las de la oferta, diseñando sistemas de regulación, actuación y retribución que vinculen las rentas de la dispensación a los beneficios sanitarios que aporta.

> Incrementar la atención prestada a aquellos contenidos socialmente deseables y profesionalmente coherentes no siempre coincidirá con muchas de las ocurrencias sobre una inconcreta “atención farmacéutica” que vienen proponiendo algunos colectivos del sector.

> En síntesis, se requiere un cambio de enfoque que considere de modo integral la aportación de la actuación farmacéutica a la mejora de la salud de la población. En este empeño no debe obviarse que los potenciales beneficiarios de esas modificaciones –el conjunto de la ciudadanía– apenas perciben las futuribles ganancias que pueden entrañar algunos cambios, mientras los actuales proveedores tarifan minuciosamente sus posibles pérdidas y pugnan tenazmente contra cualquier modificación. Seguramente se requerirán importantes dosis de pedagogía para lograr que se perciba la ganancia que una farmacia más orientada a sus capacidades profesionales sanitarias puede suponer frente a la actual deriva hacia el mero detallismo.

Leer artículo completo (PDF). Disponible también en la Fundación Alternativas.

>La distribución y dispensación de medicamentos en España

>

Por Ricard Meneu, licenciado en Medicina y doctor en Economía por la Universitat de Valencia, Máster en Economía de la Salud y Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y Editor jefe de la revista Gestión Clínica y Sanitaria (FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, 30/04/08):

En muchos países, España entre ellos, la distribución y dispensación de medicamentos está sometida a una importante regulación pública, que a menudo parece guiada más por intereses sectoriales e indeseables dependencias de senda que por el elusivo concepto de bien común, o por la consecución de los beneficios para la salud a la que el importante contingente de sanitarios implicados en el proceso puede contribuir.

España cuenta con una amplia red de distribución de medicamentos configurada unas 21.000 farmacias, un importante número de servicios farmacéuticos hospitalarios y una fragmentada estructura de distribuidoras que intermedian entre aquéllas y los laboratorios.

Este diseño se ha ido consolidando durante el último medio siglo, al tiempo que el sector experimentaba una transformación radical que ha desplazado la elaboración de fármacos desde la práctica artesanal de las boticas hacia su producción industrial en presentaciones ya dispuestas para su consumo. Tal cambio esencial en las responsabilidades y competencias de los distintos actores apenas ha tenido reflejo en el diseño regulatorio vigente, por lo que sus rasgos y características definitorias no se compadecen bien con una realidad sumamente alejada de la que lo configuró.

El desafío que enfrenta la actuación pública en este campo no consiste tanto en el logro de inmediatos beneficios económicos, sino en la necesidad de avanzar hacia diseños acordes con la moderna configuración del ciclo del medicamento, que se ajusten dinámicamente a las condiciones y cambios del sector en lugar de apelar a imaginarios caducos. Para ello se requiere diseñar incentivos que promuevan las actividades para las que la profesión farmacéutica dispone de valiosos activos específicos, relajando la atención prestada a las sólitas cuestiones propias del menudeo, comunes a muchas otras iniciativas empresariales que puedensustituir ventajosamente a los actores actuales.

Entre las líneas por las que se entiende debe transitar una reformulación del sector más acorde con la realidad actual de los medicamentos, los principios generales de la circulación de productos y el progresivo aumento de la contribución de estos profesionales a la salud, se destacan:

> Aprovechar los potenciales beneficios de la planificación aplicada, modificando algunos de sus mecanismos y eliminando efectos indeseables. También las oportunidades que brindan la ágil distribución existente –elemento nuclear de la accesibilidad– y las posibilidades de la farmacia virtual.

> Nada obliga a asociar la apertura de una farmacia con su reconocimiento como proveedor del Sistema Nacional de Salud, responsabilidad del los gestores de éste. Cabe, pues, liberalizar la apertura restringiendo el número de centros a “conveniar” en cada demarcación (contratación selectiva).

> Abolir la redundante e ineficaz exigencia de titulación específica para ostentar la propiedad de una oficina de farmacia, al tiempo que se perfeccionan los mecanismos para una garantía efectiva de la actuación profesional en aquellas actividades que la requieran.

> Reconsiderar los pros y los contras de la integración de proveedores desde la perspectiva de la eficiencia del sistema –sus beneficios para los consumidores y los financiadores– y no desde la de las ganancias y pérdidas de algunas de las partes afectadas. Y teniendo presente que los efectos indeseables atribuidos a la integración vertical también son propiciados por la vinculación directa entre la titularidad de una oficina de farmacia y la participación en la distribución mayorista.

> Redefinir los mecanismos de adjudicación de licencias de apertura. Entre la clásica funcionarización nórdica en oficinas de farmacia de propiedad pública y el absoluto laissez faire, existen múltiples formas intermedias.

> Sustituir el actual esquema retributivo por sistemas de pago que remuneren en función del valor añadido y que incorporen incentivos deseables, siguiendo las reiteradas recomendaciones internacionales, coincidentes en afirmar que el margen de beneficios o el volumen de ventas no son adecuados para retribuir servicios profesionales, ni tampoco útiles para el control de costes.

> La interesada confusión entre actividad profesional y limitación de propiedad a algunos profesionales lleva a desatender la ineludible redefinición de aquélla. Es preciso contemplar más las necesidades de la demanda que las de la oferta, diseñando sistemas de regulación, actuación y retribución que vinculen las rentas de la dispensación a los beneficios sanitarios que aporta.

> Incrementar la atención prestada a aquellos contenidos socialmente deseables y profesionalmente coherentes no siempre coincidirá con muchas de las ocurrencias sobre una inconcreta “atención farmacéutica” que vienen proponiendo algunos colectivos del sector.

> En síntesis, se requiere un cambio de enfoque que considere de modo integral la aportación de la actuación farmacéutica a la mejora de la salud de la población. En este empeño no debe obviarse que los potenciales beneficiarios de esas modificaciones –el conjunto de la ciudadanía– apenas perciben las futuribles ganancias que pueden entrañar algunos cambios, mientras los actuales proveedores tarifan minuciosamente sus posibles pérdidas y pugnan tenazmente contra cualquier modificación. Seguramente se requerirán importantes dosis de pedagogía para lograr que se perciba la ganancia que una farmacia más orientada a sus capacidades profesionales sanitarias puede suponer frente a la actual deriva hacia el mero detallismo.

Leer artículo completo (PDF). Disponible también en la Fundación Alternativas.

Salud, pobreza y patentes

Por Pasqual Maragall i Mira, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, y Toni Comín i Oliveres, diputado del Parlamento de Cataluña por el PSC-CpC (EL PAÍS, 03/01/08):

Quién financia la investigación farmacéutica y sus elevados costes? Las multinacionales sólo investigan si pueden recuperar su inversión por medio de las patentes, es decir, si la investigación les resulta mínimamente rentable. Lo cual conduce a una dramática paradoja. Con patentes, los países pobres no tienen acceso a determinados medicamentos muy necesarios, porque los precios de patente son demasiado caros para ellos (es lacerante que la vida de miles de personas dependa de medicinas que existen, pero que los sistemas de salud del Sur no pueden pagar). Sin patentes, los países pobres tampoco dispondrían de los medicamentos necesarios, porque sin posibilidad de negocio no habría nuevos descubrimientos farmacéuticos.

El fallo del Tribunal Superior de Chennai, en la India, sobre el caso Novartis, el pasado agosto, puso sobre la mesa un tema interesante y complejo. Como se recordará, Novartis interpuso una demanda contra la Ley de Patentes india, por considerar que se extralimitaba a la hora de aplicar las excepciones al régimen de patentes que prevé el ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). Este Acuerdo internacional, del año 1994, regula el derecho de las multinacionales farmacéuticas a cobrar los medicamentos a precio de patente, así como el derecho de los países pobres a ser eximidos de su pago en determinadas circunstancias. Prevé que los Gobiernos en situación de emergencia sanitaria puedan conceder las llamadas “exenciones”, es decir, fabricar medicamentos genéricos o importarlos de otros países.

Como es sabido, el precio de los genéricos es sensiblemente inferior al de un medicamento patentado, lo cual permite a los sistemas sanitarios de los países del Sur disponer de medicamentos que de otro modo difícilmente estarían a su alcance. Dicho en plata, los genéricos salvan vidas y lo hacen, precisamente, permitiendo que actúe la lógica de la competencia. Las patentes no son más que un monopolio temporal, sin el cual no se podría financiar el alto coste de la investigación. Cuando se fabrican genéricos cesa el monopolio y, en virtud de las leyes del mercado, los precios se desploman.

En 2001, los países de la OMC, España incluida, firmaron la Declaración de Doha, según la cual la normativa internacional sobre propiedad intelectual “puede y tendrá que ser interpretada y aplicada de tal modo que apoye el derecho de los miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en particular, a promover el acceso a los medicamentos para todos”. Pero la interpretación de los países en desarrollo y de las multinacionales farmacéuticas difiere irreconciliablemente, hasta el punto de librar costosas batallas judiciales.

La salud es un derecho. Las multinacionales actúan según la lógica del beneficio. ¿Cómo equilibrar este conflicto de intereses, del que depende la vida de millones de enfermos del Sur? La investigación, ciertamente, es cara. Pero según la OMS, las multinacionales farmacéuticas son un negocio muy rentable. Según el Informe 2006 de la Comisión sobre Salud Pública, Innovación y Derechos de Propiedad Intelectual de la OMS, “entre 1995 y 2002 la industria farmacéutica fue la más rentable de Estados Unidos, en términos de beneficio neto medio después de impuestos como porcentaje de los ingresos. El 2003 decayó un poco (…) pero mantuvo un margen de rentabilidad del 14%, tres veces superior a la media de todas las empresas incluidas aquel año en la lista Fortune 500″.

El Parlament de Catalunya, a raíz del caso Novartis, puso sobre la mesa una propuesta que intenta superar aquella paradoja. Se trata de una idea relativamente sencilla: un Fondo Mundial de Rescate de Patentes, que permita, en primer lugar, liberar la patente de aquellos medicamentos ya desarrollados, pero cuyo precio los hace inaccesibles a las poblaciones del Sur; y, en segundo lugar, orientar la investigación hacia aquellas enfermedades que afectan a centenares de miles de personas pobres del Sur, pero que no son rentables comercialmente. Algo parecido al sistema de “premios” que promueven el profesor James Love o el propio Joseph Stiglitz.

Una propuesta así es inocua para las empresas farmacéuticas. No perjudica la investigación, sino que la favorece. Gracias al Fondo, las multinacionales cobrarían de golpe aquello que, en virtud de la patente, van cobrando poco a poco a través del mercado. Una vez pagado el “rescate”, habría plena libertad para fabricar los genéricos de medicamento “rescatado” y, por tanto, para que se activaran los eficientes mecanismos de la competencia. Obviamente, el verdadero problema de esta propuesta es cómo financiarla. Sin embargo, con voluntad política se pueden imaginar soluciones. Probablemente, 10.000 millones de dólares anuales servirían para comenzar. Una cifra importante, pero que equivale sólo al 0,02% del PIB mundial.

Se podría establecer algún tipo de impuesto mundial para financiar este Fondo. ¿No sería esta propuesta un buen motivo para empezar a caminar por la senda de un sistema fiscal global? Si se ha globalizado casi todo, desde los mercados financieros hasta el comercio, pasando por las empresas, ¿por qué no pensar en globalizar también la financiación de los derechos sociales? La disminución de las tensiones entre el Norte y el Sur -por no hablar de la disminución de los resentimientos que causan luego tantas tragedias- sería sin duda significativa.

De hecho, la Iniciativa Mundial contra el Hambre y la Pobreza -lanzada en 2004 por Lula, Chirac, Lagos y Kofi Annan, y a la que se sumaron luego Zapatero y Schröder- acabó proponiendo un mecanismo de financiación que tiene ya cierto aspecto de impuesto global: una tasa sobre los billetes de avión. En el marco de esta misma Iniciativa, el Informe Landau sobre Las nuevas contribuciones financieras internacionales proponía -ya en 2003- hasta una decena de posibles impuestos globales, en base a los cuales organizar un embrionario régimen tributario internacional.

Un Fondo Mundial de Rescate de Patentes o algo similar, más allá de cual sea su mecanismo de financiación, merece ser considerado seriamente. Se ajusta plenamente a los Objetivos del Milenio. ¿Qué debería impedir un consenso global entorno a una idea de este tipo? Las fuerzas y movimientos progresistas de todo el mundo harían bien en liderarla. Los neoliberales no tienen nada que oponer a ella. Probablemente, habría que empezar por conocer la opinión de las propias multinacionales farmacéuticas.

Se dice que a las fuerzas progresistas del mundo -de izquierda y centro-izquierda- la globalización las ha pillado de traspié, sin ideas que las distingan verdaderamente de las fuerzas conservadoras. Para desmentirlo, nada mejor que hacer propuestas audaces y ofrecerlas a propios y a extraños. Audaces no porque sí, sino porque la globalización es, en sí misma, un proceso audaz, que plantea retos desafiantes. La propuesta de un Fondo Mundial financiado con un impuesto global -que garantice una financiación suficiente, previsible y estable del mismo- puede parecernos audaz. Pero lo que hoy nos parece audaz, a nuestros nietos, probablemente, les parecerá simplemente una obviedad.

Las empresas farmacéuticas tienen necesidad de financiar una investigación cara, muy cara. Pero no debemos cargar esos costes sobre una población para la cual la disminución de los precios de la salud es absolutamente vital. Permítasenos acabar con una reflexión que uno de nosotros escribió para otra ocasión: “Siempre he creído que el beneficio que las ideologías empresariales o sociales, de derechas o de izquierdas, confieren a sus adeptos consiste en el ahorro de combustible mental que suponen y en el paraguas moral que regalan. Y que los ciudadanos pagan los costes de esos dos beneficios”.

Salud, pobreza y patentes

Por Pasqual Maragall i Mira, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, y Toni Comín i Oliveres, diputado del Parlamento de Cataluña por el PSC-CpC (EL PAÍS, 03/01/08):

Quién financia la investigación farmacéutica y sus elevados costes? Las multinacionales sólo investigan si pueden recuperar su inversión por medio de las patentes, es decir, si la investigación les resulta mínimamente rentable. Lo cual conduce a una dramática paradoja. Con patentes, los países pobres no tienen acceso a determinados medicamentos muy necesarios, porque los precios de patente son demasiado caros para ellos (es lacerante que la vida de miles de personas dependa de medicinas que existen, pero que los sistemas de salud del Sur no pueden pagar). Sin patentes, los países pobres tampoco dispondrían de los medicamentos necesarios, porque sin posibilidad de negocio no habría nuevos descubrimientos farmacéuticos.

El fallo del Tribunal Superior de Chennai, en la India, sobre el caso Novartis, el pasado agosto, puso sobre la mesa un tema interesante y complejo. Como se recordará, Novartis interpuso una demanda contra la Ley de Patentes india, por considerar que se extralimitaba a la hora de aplicar las excepciones al régimen de patentes que prevé el ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). Este Acuerdo internacional, del año 1994, regula el derecho de las multinacionales farmacéuticas a cobrar los medicamentos a precio de patente, así como el derecho de los países pobres a ser eximidos de su pago en determinadas circunstancias. Prevé que los Gobiernos en situación de emergencia sanitaria puedan conceder las llamadas “exenciones”, es decir, fabricar medicamentos genéricos o importarlos de otros países.

Como es sabido, el precio de los genéricos es sensiblemente inferior al de un medicamento patentado, lo cual permite a los sistemas sanitarios de los países del Sur disponer de medicamentos que de otro modo difícilmente estarían a su alcance. Dicho en plata, los genéricos salvan vidas y lo hacen, precisamente, permitiendo que actúe la lógica de la competencia. Las patentes no son más que un monopolio temporal, sin el cual no se podría financiar el alto coste de la investigación. Cuando se fabrican genéricos cesa el monopolio y, en virtud de las leyes del mercado, los precios se desploman.

En 2001, los países de la OMC, España incluida, firmaron la Declaración de Doha, según la cual la normativa internacional sobre propiedad intelectual “puede y tendrá que ser interpretada y aplicada de tal modo que apoye el derecho de los miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en particular, a promover el acceso a los medicamentos para todos”. Pero la interpretación de los países en desarrollo y de las multinacionales farmacéuticas difiere irreconciliablemente, hasta el punto de librar costosas batallas judiciales.

La salud es un derecho. Las multinacionales actúan según la lógica del beneficio. ¿Cómo equilibrar este conflicto de intereses, del que depende la vida de millones de enfermos del Sur? La investigación, ciertamente, es cara. Pero según la OMS, las multinacionales farmacéuticas son un negocio muy rentable. Según el Informe 2006 de la Comisión sobre Salud Pública, Innovación y Derechos de Propiedad Intelectual de la OMS, “entre 1995 y 2002 la industria farmacéutica fue la más rentable de Estados Unidos, en términos de beneficio neto medio después de impuestos como porcentaje de los ingresos. El 2003 decayó un poco (…) pero mantuvo un margen de rentabilidad del 14%, tres veces superior a la media de todas las empresas incluidas aquel año en la lista Fortune 500″.

El Parlament de Catalunya, a raíz del caso Novartis, puso sobre la mesa una propuesta que intenta superar aquella paradoja. Se trata de una idea relativamente sencilla: un Fondo Mundial de Rescate de Patentes, que permita, en primer lugar, liberar la patente de aquellos medicamentos ya desarrollados, pero cuyo precio los hace inaccesibles a las poblaciones del Sur; y, en segundo lugar, orientar la investigación hacia aquellas enfermedades que afectan a centenares de miles de personas pobres del Sur, pero que no son rentables comercialmente. Algo parecido al sistema de “premios” que promueven el profesor James Love o el propio Joseph Stiglitz.

Una propuesta así es inocua para las empresas farmacéuticas. No perjudica la investigación, sino que la favorece. Gracias al Fondo, las multinacionales cobrarían de golpe aquello que, en virtud de la patente, van cobrando poco a poco a través del mercado. Una vez pagado el “rescate”, habría plena libertad para fabricar los genéricos de medicamento “rescatado” y, por tanto, para que se activaran los eficientes mecanismos de la competencia. Obviamente, el verdadero problema de esta propuesta es cómo financiarla. Sin embargo, con voluntad política se pueden imaginar soluciones. Probablemente, 10.000 millones de dólares anuales servirían para comenzar. Una cifra importante, pero que equivale sólo al 0,02% del PIB mundial.

Se podría establecer algún tipo de impuesto mundial para financiar este Fondo. ¿No sería esta propuesta un buen motivo para empezar a caminar por la senda de un sistema fiscal global? Si se ha globalizado casi todo, desde los mercados financieros hasta el comercio, pasando por las empresas, ¿por qué no pensar en globalizar también la financiación de los derechos sociales? La disminución de las tensiones entre el Norte y el Sur -por no hablar de la disminución de los resentimientos que causan luego tantas tragedias- sería sin duda significativa.

De hecho, la Iniciativa Mundial contra el Hambre y la Pobreza -lanzada en 2004 por Lula, Chirac, Lagos y Kofi Annan, y a la que se sumaron luego Zapatero y Schröder- acabó proponiendo un mecanismo de financiación que tiene ya cierto aspecto de impuesto global: una tasa sobre los billetes de avión. En el marco de esta misma Iniciativa, el Informe Landau sobre Las nuevas contribuciones financieras internacionales proponía -ya en 2003- hasta una decena de posibles impuestos globales, en base a los cuales organizar un embrionario régimen tributario internacional.

Un Fondo Mundial de Rescate de Patentes o algo similar, más allá de cual sea su mecanismo de financiación, merece ser considerado seriamente. Se ajusta plenamente a los Objetivos del Milenio. ¿Qué debería impedir un consenso global entorno a una idea de este tipo? Las fuerzas y movimientos progresistas de todo el mundo harían bien en liderarla. Los neoliberales no tienen nada que oponer a ella. Probablemente, habría que empezar por conocer la opinión de las propias multinacionales farmacéuticas.

Se dice que a las fuerzas progresistas del mundo -de izquierda y centro-izquierda- la globalización las ha pillado de traspié, sin ideas que las distingan verdaderamente de las fuerzas conservadoras. Para desmentirlo, nada mejor que hacer propuestas audaces y ofrecerlas a propios y a extraños. Audaces no porque sí, sino porque la globalización es, en sí misma, un proceso audaz, que plantea retos desafiantes. La propuesta de un Fondo Mundial financiado con un impuesto global -que garantice una financiación suficiente, previsible y estable del mismo- puede parecernos audaz. Pero lo que hoy nos parece audaz, a nuestros nietos, probablemente, les parecerá simplemente una obviedad.

Las empresas farmacéuticas tienen necesidad de financiar una investigación cara, muy cara. Pero no debemos cargar esos costes sobre una población para la cual la disminución de los precios de la salud es absolutamente vital. Permítasenos acabar con una reflexión que uno de nosotros escribió para otra ocasión: “Siempre he creído que el beneficio que las ideologías empresariales o sociales, de derechas o de izquierdas, confieren a sus adeptos consiste en el ahorro de combustible mental que suponen y en el paraguas moral que regalan. Y que los ciudadanos pagan los costes de esos dos beneficios”.

>Salud, pobreza y patentes

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Por Pasqual Maragall i Mira, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, y Toni Comín i Oliveres, diputado del Parlamento de Cataluña por el PSC-CpC (EL PAÍS, 03/01/08):

Quién financia la investigación farmacéutica y sus elevados costes? Las multinacionales sólo investigan si pueden recuperar su inversión por medio de las patentes, es decir, si la investigación les resulta mínimamente rentable. Lo cual conduce a una dramática paradoja. Con patentes, los países pobres no tienen acceso a determinados medicamentos muy necesarios, porque los precios de patente son demasiado caros para ellos (es lacerante que la vida de miles de personas dependa de medicinas que existen, pero que los sistemas de salud del Sur no pueden pagar). Sin patentes, los países pobres tampoco dispondrían de los medicamentos necesarios, porque sin posibilidad de negocio no habría nuevos descubrimientos farmacéuticos.

El fallo del Tribunal Superior de Chennai, en la India, sobre el caso Novartis, el pasado agosto, puso sobre la mesa un tema interesante y complejo. Como se recordará, Novartis interpuso una demanda contra la Ley de Patentes india, por considerar que se extralimitaba a la hora de aplicar las excepciones al régimen de patentes que prevé el ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). Este Acuerdo internacional, del año 1994, regula el derecho de las multinacionales farmacéuticas a cobrar los medicamentos a precio de patente, así como el derecho de los países pobres a ser eximidos de su pago en determinadas circunstancias. Prevé que los Gobiernos en situación de emergencia sanitaria puedan conceder las llamadas “exenciones”, es decir, fabricar medicamentos genéricos o importarlos de otros países.

Como es sabido, el precio de los genéricos es sensiblemente inferior al de un medicamento patentado, lo cual permite a los sistemas sanitarios de los países del Sur disponer de medicamentos que de otro modo difícilmente estarían a su alcance. Dicho en plata, los genéricos salvan vidas y lo hacen, precisamente, permitiendo que actúe la lógica de la competencia. Las patentes no son más que un monopolio temporal, sin el cual no se podría financiar el alto coste de la investigación. Cuando se fabrican genéricos cesa el monopolio y, en virtud de las leyes del mercado, los precios se desploman.

En 2001, los países de la OMC, España incluida, firmaron la Declaración de Doha, según la cual la normativa internacional sobre propiedad intelectual “puede y tendrá que ser interpretada y aplicada de tal modo que apoye el derecho de los miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en particular, a promover el acceso a los medicamentos para todos”. Pero la interpretación de los países en desarrollo y de las multinacionales farmacéuticas difiere irreconciliablemente, hasta el punto de librar costosas batallas judiciales.

La salud es un derecho. Las multinacionales actúan según la lógica del beneficio. ¿Cómo equilibrar este conflicto de intereses, del que depende la vida de millones de enfermos del Sur? La investigación, ciertamente, es cara. Pero según la OMS, las multinacionales farmacéuticas son un negocio muy rentable. Según el Informe 2006 de la Comisión sobre Salud Pública, Innovación y Derechos de Propiedad Intelectual de la OMS, “entre 1995 y 2002 la industria farmacéutica fue la más rentable de Estados Unidos, en términos de beneficio neto medio después de impuestos como porcentaje de los ingresos. El 2003 decayó un poco (…) pero mantuvo un margen de rentabilidad del 14%, tres veces superior a la media de todas las empresas incluidas aquel año en la lista Fortune 500″.

El Parlament de Catalunya, a raíz del caso Novartis, puso sobre la mesa una propuesta que intenta superar aquella paradoja. Se trata de una idea relativamente sencilla: un Fondo Mundial de Rescate de Patentes, que permita, en primer lugar, liberar la patente de aquellos medicamentos ya desarrollados, pero cuyo precio los hace inaccesibles a las poblaciones del Sur; y, en segundo lugar, orientar la investigación hacia aquellas enfermedades que afectan a centenares de miles de personas pobres del Sur, pero que no son rentables comercialmente. Algo parecido al sistema de “premios” que promueven el profesor James Love o el propio Joseph Stiglitz.

Una propuesta así es inocua para las empresas farmacéuticas. No perjudica la investigación, sino que la favorece. Gracias al Fondo, las multinacionales cobrarían de golpe aquello que, en virtud de la patente, van cobrando poco a poco a través del mercado. Una vez pagado el “rescate”, habría plena libertad para fabricar los genéricos de medicamento “rescatado” y, por tanto, para que se activaran los eficientes mecanismos de la competencia. Obviamente, el verdadero problema de esta propuesta es cómo financiarla. Sin embargo, con voluntad política se pueden imaginar soluciones. Probablemente, 10.000 millones de dólares anuales servirían para comenzar. Una cifra importante, pero que equivale sólo al 0,02% del PIB mundial.

Se podría establecer algún tipo de impuesto mundial para financiar este Fondo. ¿No sería esta propuesta un buen motivo para empezar a caminar por la senda de un sistema fiscal global? Si se ha globalizado casi todo, desde los mercados financieros hasta el comercio, pasando por las empresas, ¿por qué no pensar en globalizar también la financiación de los derechos sociales? La disminución de las tensiones entre el Norte y el Sur -por no hablar de la disminución de los resentimientos que causan luego tantas tragedias- sería sin duda significativa.

De hecho, la Iniciativa Mundial contra el Hambre y la Pobreza -lanzada en 2004 por Lula, Chirac, Lagos y Kofi Annan, y a la que se sumaron luego Zapatero y Schröder- acabó proponiendo un mecanismo de financiación que tiene ya cierto aspecto de impuesto global: una tasa sobre los billetes de avión. En el marco de esta misma Iniciativa, el Informe Landau sobre Las nuevas contribuciones financieras internacionales proponía -ya en 2003- hasta una decena de posibles impuestos globales, en base a los cuales organizar un embrionario régimen tributario internacional.

Un Fondo Mundial de Rescate de Patentes o algo similar, más allá de cual sea su mecanismo de financiación, merece ser considerado seriamente. Se ajusta plenamente a los Objetivos del Milenio. ¿Qué debería impedir un consenso global entorno a una idea de este tipo? Las fuerzas y movimientos progresistas de todo el mundo harían bien en liderarla. Los neoliberales no tienen nada que oponer a ella. Probablemente, habría que empezar por conocer la opinión de las propias multinacionales farmacéuticas.

Se dice que a las fuerzas progresistas del mundo -de izquierda y centro-izquierda- la globalización las ha pillado de traspié, sin ideas que las distingan verdaderamente de las fuerzas conservadoras. Para desmentirlo, nada mejor que hacer propuestas audaces y ofrecerlas a propios y a extraños. Audaces no porque sí, sino porque la globalización es, en sí misma, un proceso audaz, que plantea retos desafiantes. La propuesta de un Fondo Mundial financiado con un impuesto global -que garantice una financiación suficiente, previsible y estable del mismo- puede parecernos audaz. Pero lo que hoy nos parece audaz, a nuestros nietos, probablemente, les parecerá simplemente una obviedad.

Las empresas farmacéuticas tienen necesidad de financiar una investigación cara, muy cara. Pero no debemos cargar esos costes sobre una población para la cual la disminución de los precios de la salud es absolutamente vital. Permítasenos acabar con una reflexión que uno de nosotros escribió para otra ocasión: “Siempre he creído que el beneficio que las ideologías empresariales o sociales, de derechas o de izquierdas, confieren a sus adeptos consiste en el ahorro de combustible mental que suponen y en el paraguas moral que regalan. Y que los ciudadanos pagan los costes de esos dos beneficios”.