¿Menos carreteras?

Por Miguel María Muñoz Medina, presidente de la Asociación Española de la Carretera (EL PAÍS, 29/08/08):

El cambio climático es uno de los problemas más preocupantes en la sociedad actual. En los últimos años, se han puesto en marcha muchas iniciativas en todo el mundo (legislativas, políticas, empresariales, sociales…), con el Protocolo de Kioto a la cabeza, para ayudar a combatir los efectos que produce en el medio ambiente y en nuestra vida diaria. El objetivo final es encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y social y el respeto y cuidado de nuestro planeta. En el caso del transporte, la reducción de su impacto supone uno de los grandes retos en el campo medioambiental. Su contribución a las emisiones globales es elevada y todavía no está contemplada en los Planes Nacionales de asignación de derechos de emisiones. Sin embargo, en esta lucha por la defensa del medio ambiente, la sociedad no debería dejarse llevar en exceso por un entusiasmo que conduzca esta posición a un extremo insostenible.

Es frecuente que desde la opinión pública e incluso desde algunos estamentos de la política nacional, europea y mundial se considere la reducción (o eliminación) del transporte por carretera como el eje prioritario de esta cruzada por la protección del medioambiente. Cuidado. Afirmaciones en este sentido son sencillas de realizar, pero es necesario hacer una valoración de su impacto.

El 83% del transporte terrestre de mercancías y el 88% del de viajeros se realiza por carretera. Modificar esta distribución no es sencillo, no sólo por la necesidad de mejorar notablemente las infraestructuras de otros modos de transporte, con la enorme inversión que implica, sino también porque iría en contra de las decisiones personales, y libres, de los ciudadanos.

El transporte por carretera es un importante generador de empleo: cerca de un millón de personas ocupadas de manera directa, que llegan a dos millones si se consideran puestos de trabajo indirectos (entre el 5%-10% de la población activa total del país). Contribuye significativamente al PIB: 5,9% de manera oficial, que podría superar el 14% si se considera la participación del transporte por cuenta propia o el sector del automóvil privado. Genera más de 23.000 millones de euros en recaudación fiscal, que se invierten en hospitales, escuelas, comunicaciones, mejora del medio ambiente, recuperación del patrimonio histórico… para todos.

¿Realmente la carretera contamina más que otros medios de transporte? Si se analizan las emisiones globales, se puede extraer esa conclusión debido a su elevada participación en el reparto modal de viajeros y mercancías. Pero si se hace un análisis en igualdad de condiciones, es decir, en emisiones por kilómetro recorrido, la realidad es distinta. La Agencia Europea de Medio Ambiente en su informe Climate for a transport change establecía que los autobuses con tasas de ocupación elevadas (45-80 gramos de CO2 por kilómetro recorrido) y los vehículos respetuosos con el medio ambiente (100-150 g CO2/km) contaminan menos por kilómetro que el tren de alta velocidad (80-165 g CO2/km) o los vuelos de corta duración (77-240 g CO2/km). Datos similares podrían aportarse para todos los modos de transporte.

Desde luego, es necesario reducir el impacto del transporte en el medio ambiente, pero con medidas sensatas, realistas, con consecuencias valoradas y viables.

En el caso del transporte por carretera, la estrategia a seguir pasa, en primer lugar, por separar el mundo urbano del interurbano (se estima que el primero es responsable del 40% de las emisiones totales del transporte por carretera). En el contexto de las ciudades, es preciso promover la utilización del transporte público y contribuir a la generación de un transporte más limpio. El contexto interurbano requiere un tratamiento diferente.

Desde el sector de la carretera promovemos un transporte sostenible, integrado en el medio ambiente y respetándolo al máximo, pero sin descuidar las necesidades de los ciudadanos. Probablemente estamos lejos de conseguirlo, pero se avanza en esta línea. Quizá se trata de un sector que no ha sabido transmitir sus mejoras en este sentido a la sociedad, como sí lo han hecho, por ejemplo, las compañías eléctricas, con grandes campañas publicitarias.

El reciclado de firmes, reutilización de materiales, empleo de residuos en la construcción de carreteras, generación de sumideros de carbono asociados a los márgenes de las carreteras, reducción de la congestión por construcción de variantes de poblaciones y mejora de niveles de servicio… son algunos de los campos en los que se ha trabajado en los últimos años, y que se unen a la reducción de las emisiones de los vehículos y al uso de combustibles alternativos al petróleo y menos contaminantes, con el objetivo de un transporte más limpio y menos perjudicial.

Imaginemos un mundo sin carreteras: ¿estamos preparados para asumir un aumento del desempleo?, ¿una economía con una considerable reducción del PIB?, ¿una enorme reducción de la recaudación fiscal? Ciertamente, no. La sociedad no está preparada ni dispuesta a un mundo sin carreteras, porque forman parte de su vida, de su trabajo, de su ocio… Cambiemos “menos carreteras” por “carreteras sostenibles”. Conseguiremos avanzar en una dirección de equilibrio entre el respeto al medio ambiente y las necesidades de nuestros ciudadanos y nuestras economías.

Carbon credits tick all the boxes. What’s the delay?

By Poly Toynbee (THE GUARDIAN, 16/08/08):

Awful August, the weather forecasters call this unseasonably cold, wet month, as holiday-makers huddle against intermittent monsoon downpours, reminded that global warming doesn’t necessarily mean a Mediterranean Britain.

Every month, reports from climatologists deliver worse predictions of the speed and tipping points for irreversible climate change. A 4C temperature rise is the latest warning: it would bring unimaginable horror in its wake. The time to act gets shorter, but the political will to act lags ever further behind the science that tells politicians they must do so. Latest figures, including air travel, shipping and energy used in our goods manufactured abroad, show no cut in Britain but an 18% growth in emissions.

If the market is the answer, soaring energy prices should drive down emissions. Road traffic figures showed a 2% drop in car use, with demand for petrol briefly 20% down – but already it is rising again as the price falls. On household energy – responsible for 27% of emissions – it’s too early to know the effect of 30% price increases. But as one hour of an old-fashioned lightbulb still only costs 0.8p, energy prices may not be noticed by those who already consume most. Those who will make serious cuts are the poorest and debt-averse pensioners. Official fuel poverty figures are expected to rise to 5 million people this winter: more deaths are expected among the old and cold. Back in Labour’s optimistic can-do days in 2000, the Warm Homes and Energy Conservation Act created a legal obligation to eliminate fuel poverty among the vulnerable by 2010, a target missed by so many light years that Friends of the Earth is seeking a judicial review to get the act enforced. Gordon Brown’s plan to buy off the problem with £100 vouchers for the poor is no answer.

What does the public think the answer should be? The Institute for Public Policy Research has just conducted the most extensive consultation so far, with focus groups in Newcastle, Camden, Southwark, Bristol and rural Suffolk across all social groups, as well as a nationwide opinion poll and interviews with energy companies, climate change NGOs and consumer organisations. The results pointed in one clear direction.

Seventy-four per cent said they are “very concerned” or “fairly concerned” about climate change – so politicians can ignore the shrinking, unconcerned minority. Seventy-one per cent thought action was necessary to curb people’s energy use. But there was pessimism about the public changing its behaviour: only one in 10 thought people would drive less or take fewer flights. Naturally, favourite choices were the painless ones – the cheaper, environmentally friendly options. Least popular was any system that taxed energy use.

They were offered three possible government actions. First, a carbon tax could be added to all energy not generated from renewables. Second, a cap on the amount of carbon that companies could emit in selling their energy to consumers would force them to generate more from renewables: they would pass on the extra cost to consumers. But both of these were regarded as too unfair, with the impact felt least by the wealthy who burn most energy.

Personal carbon trading was the most popular option: it was the fairest and it wasn’t seen as a new tax. Here’s how it works: each year everyone gets equal carbon credits to spend on petrol, home heating or air travel. People exceeding their quota can buy more credits. People who use less can sell credits. It encourages home insulation, energy saving and less driving or flying. Since low earners use less – 20% have no car, 50% don’t fly – they can profit by selling to those with big houses, foreign holidays and gas-guzzling cars. It would be a powerful but voluntary agent for redistribution.

Failure to pursue personal carbon trading (or any other method) joined the long list of good causes killed by Labour cowardice. At Defra, David Miliband took it up with enthusiasm and commissioned a feasibility study, but after he made a strong speech advocating it, Gordon Brown at the Treasury banned any further mention. Miliband was moved away and what was called a “pre-feasibility study”, limped out with the judgment that this idea was “ahead of its time”. They guessed it would cost £2bn a year to run, threw up sundry obstacles, and the report disappeared.

Odd that a government with computers thinks it can’t introduce a simple credit system, when a Nectar or Oyster card shows how easily home and car fuel bills and airline tickets could be deducted. Historian Mark Roodhouse of York University draws comparisons with his work on wartime rationing. Back then the state provided ration books for all, covering not just fuel but coupons valuing virtually every individual item in the shops from clothes to food.

Have we become more administratively incompetent since then? Roodhouse records the wartime internal debates about whether to cut national consumption by raising prices. “They concluded rationing was the only way to achieve dramatic cuts without feeding inflation or causing social unrest,” he reports. They, too, considered making ration coupons tradable but decided equality of sacrifice was essential. But Roodhouse considers tradable carbon rations “would improve on the system, preventing black markets in unused coupons”. The trading element makes carbon rationing feel more voluntary and less oppressive.

In distribution of wealth, Britain is now back to 1937 levels of inequality, regressing backwards every year: that’s what makes any kind of carbon tax or reliance on high prices impossible, the burden falling too unfairly. Doling out ad hoc energy vouchers to the poor at the taxpayers’ expense is the wrong answer, and it only adds to the poverty trap by making the step up harder to climb. Will Brown at least pay for it with a windfall tax on profiteering energy companies? But if personal carbon trading is “ahead of its time”, that is exactly where we need to be. Cowardly political leaders dare not tell voters the plain truth that we need to cut energy use. If Miliband makes his run for the leadership, plain speaking about the climate will be one of his pitches – and bravery on personal carbon trading will be a test of candidates’ seriousness about both climate and social justice.

Bridging the Gap on Climate Change

By Richard G. Lugar, a Republican senator from Indiana and Henry M. Paulson Jr., secretary of the Treasury (THE WASHINGTON POST, 14/07/08):

Despite the scientific consensus that climate change is occurring, there remain sharp political disagreements both here in the United States and around the world about how policymakers should respond. Nowhere is this gap more profound than between developed and developing countries.

As our vigorous domestic debate shows, there is disagreement within America about whether we should take strong steps to limit greenhouse gas emissions if fast-growing emitters in the developing world do not make similar commitments. Yet nations such as China and India say that fossil fuels are essential to power their economies, raise living standards and pull millions of their people out of poverty. Expanding the use of clean technologies is one way to address the common challenge of reducing greenhouse gas emissions while transcending the differences here at home and between developed and developing countries.

That is why we support a new multilateral initiative to help finance the deployment of commercially available clean technology to the developing world. This Clean Technology Fund, proposed by President Bush last September, is an important opportunity for which American leadership is vital.

The Group of Eight countries, led by the United States, Britain and Japan, in conjunction with the World Bank, have been working with potential donor and recipient countries over the past eight months to create the fund. The aim of the CTF is to reduce the growth of greenhouse gas emissions in developing countries by helping finance the additional costs of using cleaner energy technologies. It will stimulate private-sector investment in existing clean technologies and speed the deployment of emerging technologies once they are market-ready. Such emerging technologies include carbon capture and storage, which separates carbon dioxide before it goes up a smokestack and sequesters it underground.

Equally important, the fund will promote international cooperation to pursue a future climate agreement. Given the grave economic, security and environmental threats posed by climate change, such an agreement must prescribe significant long-term reductions in global emissions by requiring commitments from all major emitters in an equitable and flexible way.

The challenge is enormous. The greenhouse gas emissions of developing economies are rising more rapidly and will soon surpass those of developed countries. The International Energy Agency reports that by 2030 global demand for energy could increase 55 percent, with almost 80 percent of this increase coming from developing countries.

But each time an emerging economy invests in a cheaper but dirtier technology, the harder and costlier it becomes to mitigate the effects on the climate in the future. Electric power plants can last 30 years or more. The World Bank estimates that the price of the incremental costs to deploy clean energy technologies in just the power sectors of the developing countries would be $30 billion annually.

The CTF plans to use a mix of loans, grants, equity investment and credit guarantees to finance this incremental cost. For example, if the difference between building a traditional fossil-fuel power plant and a wind farm were $10 million, the fund could help the recipient country finance the wind farm’s extra cost. Recipient countries and the private sector would pay the bulk of the cost of such projects, but the fund would help make the choice between clean and dirty technologies economically neutral.

The proposed U.S. contribution of $2 billion would be matched by up to $8 billion from other donors to the fund, which is to be housed at the World Bank. At last week’s G-8 summit, the leaders stated their support for the program. The fund recognizes that addressing climate change presents economic opportunities, not just constraints, and that with advanced technology developing countries can curb emissions growth without limiting economic growth.

The program will offer U.S. companies a new market for their technologies in countries that will be searching for cleaner alternatives. As America takes steps to reduce its carbon emissions on a national scale, we expect countries assisted by the CTF to develop credible nationwide carbon mitigation plans and to work constructively toward a successful conclusion to the U.N. climate negotiations.

This program will pilot concepts and approaches for the post-2012 climate change framework and will build trust among developed and developing countries in the U.N. negotiations over that framework. If we do not act immediately to help provide developing countries with the right incentives, their investments today may lock in a legacy of highly polluting, less efficient technologies.

We encourage our colleagues in Congress to come together to support this multilateral initiative. It is one of the most significant efforts proposed in years to address the challenges of climate change.

Climate Change Economics

By Peter R. Orszag, director of the Congressional Budget Office (THE WASHINGTON POST, 09/07/08):

President Bush and other leaders of the Group of Eight pledged yesterday to try to reduce greenhouse gas emissions 50 percent by 2050. A key consideration in evaluating climate policies is the economic cost of cutting emissions. That cost could be reduced, perhaps by a lot, depending on two key questions about domestic climate policies: whether flexibility is provided when emissions are reduced and whether allowances to emit carbon are sold or given away.

The most common proposal for reducing carbon emissions involves a cap-and-trade program. Such programs provide flexibility regarding where and how firms reduce emissions. That’s a good start, but research suggests that businesses also need flexibility about when they reduce emissions if they are to minimize economic costs. Changes in climate reflect the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere over long periods; the impact depends little on year-to-year fluctuations in emissions. By contrast, the economic cost of reducing emissions can vary a lot from year to year — because of factors such as weather, economic activity or the state of technology. Flexibility regarding the timing of emissions reductions matters because of this disconnect between the environmental dynamic, which depends on total emissions reductions over an extended period, and the economic dynamic.

Timing flexibility could be delivered in many ways. Some cap-and-trade proposals allow permits for emitting carbon to be shifted across years. Yet these “banking and borrowing provisions” are typically limited. Alternatively, setting a floor and a ceiling on allowance prices each year could provide flexibility without sacrificing the ultimate goal. Setting a minimum auction price for allowances would encourage more emissions reductions when the costs were low. A price ceiling, implemented by selling additional allowances at that ceiling price, would mean fewer reductions when costs were high. Regulators could periodically adjust the price floor and ceiling to ensure that emissions reductions were on track for achieving a long-term target. A carbon tax also would provide timing flexibility.

A second way to reduce costs under a cap-and-trade program involves the method for initially distributing emissions allowances. The key questions here are whether some or all of the allowances will be sold by the government or given away — and, if they are sold, how the revenue will be used.

Cap-and-trade programs create a new commodity: the right to emit carbon. With a constraint on total emissions, allowances would suddenly be highly valuable — likely to be worth more than $100 billion per year. Selling them would provide revenue to offset some of the costs of the program. For example, revenue could be used to lower existing taxes that dampen economic activity. Following this path, the cost to the U.S. economy of a 15 percent cut in emissions might be half as large as it would be if the allowances were given away.

Another possible use of revenue from auctioning allowances is to offset the effects that higher energy prices would have on low- and moderate-income households. Although such price increases encourage greater efficiency in reducing emissions, and are thus essential to the success of a cap-and-trade program, they would impose a disproportionate burden on low- and moderate-income households. The Congressional Budget Office has found that if the allowances were sold and the revenue used to provide equal rebates to every household, lower-income households could be financially better off because the rebate would be larger than the average increase in their spending on energy-intensive goods. Alternatively, the distributional consequences could be offset by increasing the earned-income tax credit or boosting food stamp benefits.

By contrast, granting allowances free to emitters would not be well suited to reducing either the macroeconomic costs or the distributional effects of a cap-and-trade program. Businesses would raise energy prices for their customers regardless of whether the allowances were auctioned or given away. Indeed, providing free permits to energy producers and energy-intensive firms would be equivalent to auctioning the permits and simply giving the proceeds to the firms. The result would be a lost opportunity to use the money to offset the costs of emissions reductions as well as the potential creation of regressive “windfall profits” for the relatively high-income shareholders of those companies.

Given that climate change is a global problem, effective solutions will require care toward not only these domestic design issues but in coordinating efforts with other major emitters. Whereas timing flexibility and the use of revenue from allowance sales can be legislated, such coordination is difficult to legislate — but may be easier to negotiate the more credible the U.S. effort, which in turn depends on avoiding excessive domestic costs. Giving firms flexibility about when they reduce emissions and devoting the revenue from selling allowances to reducing either the macroeconomic costs or the distributional consequences would not make it free to reduce the risks associated with global climate change, but such strategies could reduce the domestic economic costs substantially.

Obama y el cambio climático

Por Mark Hertgaard, periodista y ensayista norteamericano, autor de un libro sobre el calentamiento global. Traducción: José María Puig de la Bellacasa (LA VANGUARDIA, 09/06/08):

La cuestión se ha hecho de rogar, pero Estados Unidos va a tener por fin un presidente que se tome el cambio climático con suficiente seriedad como para adoptar alguna medida. La víspera de que el senador Barack Obama se afianzara en la senda de la nominación del Partido Demócrata a la presidencia, sus colegas del Senado estadounidense empezaron a prepararse para la votación más trascendente sobre el cambio climático de la historia de Washington. El proyecto de ley sobre la seguridad del clima iba a imponer amplias y obligatorias reducciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. No se esperaba que el texto pudiera convertirse en ley – aunque sólo fuera por el prometido veto del presidente Bush- y hacia el final de la semana las tácticas dilatorias de los senadores republicanos bloquearon el trámite del proyecto, de forma que ni siquiera llegó a votarse. Sin embargo, el debate del Senado fue un momento decisivo en el clima político estadounidense, no digamos ya por lo que reveló sobre el modo en que el próximo presidente, ya sea Obama o el senador John McCain, afrontará la cuestión del clima cuando acceda al cargo en el 2009.

A diferencia de Bush, McCain y Obama han manifestado desde hace mucho tiempo que el cambio climático es una amenaza que debe abordarse de manera preferente y exige una acción eficaz inmediata. En la cuestión medioambiental, las propuestas de Obama son más firmes y enérgicas. Los demócratas defienden lo que la ciencia manifiesta que es necesario: un recorte del 80% de las emisiones de gases para el 2050. Obama, como presidente, lo lograría mediante el sistema de venta de los permisos para contaminar que pagarían las empresas y cuyos ingresos dedicaría al fomento de la energía verde y a ofrecer descuentos a los afectados por el aumento de los precios de la energía.

McCain, sin embargo, puede señalar con razón que ha estado hablando acerca del cambio climático durante más tiempo que muchos demócratas; los republicanos copatrocinaron el último proyecto de ley importante sobre el cambio climático en el Senado en el 2005. Sin embargo, resulta dudoso que el enfoque que propone Mc-Cain revierta efectivamente en reducciones de gases tan notables, ya que en su caso negociaría los permisos de forma gratuita, método que los medioambientalistas atacan por considerarlo un “regalo de empresa”. Obama vendería todos los permisos de emisiones al mejor postor. Y Obama es mucho menos entusiasta que McCain a propósito de la energía nuclear como respuesta al cambio climático.

El objetivo de la ley sobre seguridad del clima era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos en un 19% para el año 2020 y el 71% por ciento para el 2050, igualmente según el sistema de venta de permisos. Por tanto, el proyecto de ley iba más lejos que el enfoque de McCain pero menos que el de Obama. Además, abocaba de hecho a ambos candidatos a un terreno minado en el plano político. Con la gasolina a casi 4 dólares por galón en Estados Unidos, los políticos desconfiaban de cualquier medida susceptible de subir aún más los precios. También complicó las cosas un estudio científico que advertía que invertir el rumbo del cambio climático exigiría acabar con rapidez en el empleo del carbón. Probablemente, ninguno de los candidatos iba a suscribir tal idea (aunque la web de Obama dijo que él la consideraría), ya que casi con seguridad disminuiría las oportunidades del candidato en los montes Apalaches y otras regiones carboníferas en las presidenciales de noviembre.

La recomendación de prohibir el carbón provino de James Hansen, de la NASA, decano de los científicos del clima estadounidenses. En abril, Hansen fue el coautor de un estudio que concluía que las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse mucho más de lo que nadie ha llegado nunca a proponer si realmente la humanidad desea evitar los peores panoramas de cambio climático, incluida una fusión de los hielos polares que en último término elevaría el nivel de los océanos 25 metros y sumergiría a la mayoría de las civilizaciones. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre en el 2007 fue de 385 partes por millón (ppm) y aumenta al ritmo de dos al año. De modo alarmante, Hansen llegó a la conclusión de que 350 ppm es el nivel máximo compatible con un planeta habitable. En otras palabras, la humanidad ya está en la zona de peligro y debe invertir el rumbo rápidamente.

“Necesitamos una moratoria de la construcción de centrales eléctricas clásicas alimentadas con carbón hasta el año 2010, y su eliminación progresiva respecto al horizonte del año 2030″, dijo Hansen en una entrevista. Este adiós al carbón ha de ser “mundial”, añadió Hansen. Ello significa que debe incluirse a China e India, lo que no será fácil; ambos países insisten en que el empleo de carbón es esencial para sacar a sus pueblos de la pobreza. De todos modos, la eliminación de la combustión de carbón no es tan inconcebible como parecía hace poco. Ya se han clausurado unas 60 plantas de las 150 proyectadas en Estados Unidos y otras 50 son cuestionadas. Y, según Hansen, un estudio reciente publicado en Scientific American ha señalado que la electricidad de origen termosolar podría suministrar toda la electricidad de Estados Unidos. Autocalificado de conservador en política, Hansen ha acusado a los “intereses especiales” de bloquear estas y otras soluciones basadas en la energía verde: “No hay ninguna razón por la que no podamos introducir los cambios necesarios, si se exceptúa que las industrias que funcionan con combustibles fósiles están decidiendo las políticas de los gobiernos”.

Amigos de la Tierra y Greenpeace han declarado que la citada ley es un ejemplo de ello. Contra el objetivo del proyecto de reducir las emisiones un 71% para el año 2050, la agencia medioambiental estadounidense calcula que tal objetivo se quedaría en sólo un 25%. En buena parte porque el proyecto de ley dio gratis un 49% de los permisos de emisión, con menor incentivo para cambiar a fuentes de energía verde. Ni siquiera este enfoque amistoso para la empresa satisfizo a los senadores republicanos, cuya mayoría niega que el cambio climático sea real.

La auténtica batalla por una nueva política estadounidense sobre el asunto llegará en el año 2009, cuando un nuevo Congreso y un nuevo presidente aborden la cuestión. Pese a las insuficiencias del proyecto de ley, el hecho de haber llegado al Senado ha señalado un avance; el compromiso retórico de llegar a reducir las emisiones un 70% va mucho más allá de lo que se consideraba realista en el Capitolio hace un año. Pero la Tierra no hace componendas. Si Hansen y otros científicos tienen razón, Estados Unidos habrá de adoptar medidas mucho más ambiciosas si quiere realmente ayudar a salvar un planeta habitable.

De Bali a Copenhague

Firman este artículo Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, enviado especial de Naciones Unidas para el Cambio Climático y presidente del Club de Madrid; Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega, enviada especial de Naciones Unidas para el Cambio Climático y miembro del Club de Madrid, y Nicholas Stern, IG Patel profesor de Economía y Gobierno, LSE (EL PAÍS, 05/06/08):

El cambio climático se ha convertido en un problema global sin parangón. La evidencia científica presentada por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) confirma que la actividad humana está modificando el clima. Las emisiones de gases de efecto invernadero están creciendo más rápido de lo previsto, entre otras cosas, debido al bienvenido crecimiento de los países en vías de desarrollo. Si verdaderamente queremos hacer frente al riesgo de considerables daños al planeta y a la amenaza al crecimiento sostenible, el desarrollo y la reducción de la pobreza que esta situación implica, tenemos unos pocos años para lograr el acuerdo fuerte y creíble respecto a las acciones que nos permitirán reducir dichas emisiones.

La Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) que tendrá lugar en Copenhague a finales de 2009 jugará un papel decisivo en el diseño de un marco de trabajo post-Kioto. Según el Plan de Acción de Bali, los cuatro elementos esenciales de un acuerdo global, son mitigación, adaptación, tecnología y financiación. Pero éstos deberán estar sólidamente anclados en los principios clave de efectividad, eficiencia y equidad que permitirán, a su vez, el acuerdo sobre metas a nivel de emisiones, el papel de los países en desarrollo en materia de mitigación y comercio, un esquema internacional de comercio de emisiones, la financiación de la reducción de emisiones debidas a la deforestación, el desarrollo de tecnologías de bajo carbono y el apoyo a la adaptación (ver Elementos Clave para un Acuerdo Global en www.lse.ac.uk y el Marco de Trabajo para un Acuerdo sobre Cambio Climático Post 2012 y su Actualización 2008 en www.globalclimateaction.org). Por el momento centrémonos en los elementos de tecnología y financiación y su relación con el futuro acuerdo.

Es de vital importancia que las negociaciones acuerden un objetivo de estabilización sobre la existencia de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera (normalmente, medidas en partes equivalentes de CO2 por millón). Sostenemos que para equilibrar los riesgos y costes globales proyectados la meta debe estar entre 450 ppmv CO2e y 500 ppmv CO2e. Una estabilización por debajo de 450 ppmv CO2 requeriría que las emisiones alcanzaran un máximo en los próximos años, con posteriores reducciones anuales de entre el 6% y el 10%. Aunque factible, esto sería muy caro. Una estabilización en 550 ppmv CO2 parecería ser, por otro lado, excesivamente arriesgada. En relación a los daños evitados, una meta de 500 ppmv CO2 sería alcanzable a un coste razonable. Sin embargo, el desafío de alcanzar un objetivo de 500 ppmv CO2 no se debería subestimar, ya que requeriría una reducción del 50% en las emisiones de gases de efecto invernadero sobre niveles del 1990 al 2050, de los 40 GTCO de ahora a 20 GTCO2e.

El reto de reducir significativamente las emisiones, manteniendo el crecimiento económico, requiere un cambio dramático en materia de las tecnologías. Los estudios indican que la estabilización se puede conseguir a través del despliegue de tecnologías existentes y próximas a ser comercializadas. Pero para que éstas sean plenamente difundidas, y paraque se produzcan otras innovaciones, habrá que superar tres fallas del mercado: el fracaso general de incorporar los costes de las emisiones de gases de efecto invernadero; los defectos del mercado que han restringido el despliegue de muchas tecnologías existentes a pesar de los crecientes precios de la energía, y los fallos de mercado específicos a las tecnologías en sí mismas como los rendimientos de innovaciones que benefician otros.

La inversión global en investigación y desarrollo en energía se mantiene muy por debajo de su nivel de 25 años atrás. Esto tiene que cambiar. A partir de la motivación de las fuerzas del mercado y la superación de sus imperfecciones, las políticas exitosas en materia de tecnología extenderán dramáticamente el mercado global para las tecnologías de bajo carbono y crearán la base para una nueva ola de sustitución de activos y crecimiento económico.

A corto plazo, son necesarias políticas para difundir la tecnología baja en carbono ya existente, en estos momentos sólo parcialmente presente en la economía global. A medio plazo, son necesarias políticas que desarrollen y amplíen las tecnologías próximas a ser comercializadas, tales como la captura y almacenamiento de carbono (CCS) y los distintos tipos de energía solar. Más allá de 2030, sólo se alcanzarán los necesarios recortes en las emisiones de carbono a través de cambios más radicales en la tecnología, como el abastecimiento energético con emisiones cercanas a cero. Todas éstas tienen un gran potencial, pero requerirán una inversión sustancial en I+D.

La hoja de ruta de Bali reconoció la necesidad de una inversión adecuada, previsible y sostenible, que incluyese fuentes nuevas y adicionales para la mitigación, la adaptación y la cooperación tecnológica. La financiación para la adaptación será medular para un acuerdo global que comprometa a los países desarrollados a ayudar a los países en vías de desarrollo a adaptarse al aumento global de las temperaturas. El cambio climático hará aún más costoso el logro efectivo y sostenible de los Objetivos de Desarrollo del Milenio más allá de 2015. Los costes adicionales de la adaptación al cambio climático varían y son altamente inciertos: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, UNFCCC, trabaja con un rango de entre 28.000 y 67.000 millones de dólares por año hasta el 2030, mientras que las estimaciones del PNUD están en torno a los 86.000 millones de dólares hasta 2015. Aunque indefinidos, esos costes probablemente alcancen rápidamente una magnitud similar a la actual Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

El comercio internacional de emisiones también generaría fondos para una inversión en un desarrollo bajo en carbono. La escala de los eventuales flujos financieros privados podría ser sustancial. Por ejemplo, si los países desarrollados redujeran sus emisiones entre un 20% y un 40% sobre los niveles de 1990 para el 2020, y aunque sólo el 30% de esto se adquiriera en el marco de un esquema de comercio internacional de emisiones, con precios de entre $10-25/t CO2e (probablemente por debajo de lo necesario), esto generaría flujos de entre 20.000 y 70.000 millones de dólares al año. Estos recursos podrían lograrse por la vía de mecanismos existentes, como el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) ampliado. Incluso con reducciones suaves, con el objetivo de estabilizar las emisiones de CO2 en torno a 550 ppmv, los flujos financieros de países desarrollados a países en desarrollo podrían alcanzar de 50.000 a 100.000 millones de dólares al año hacia 2030. A título informativo, la AOD total a países en vías de desarrollo fue de 100.000 millones de dólares en 2007.

Estamos más cerca de diciembre de 2009 de lo que pensamos y la movilización de la voluntad política es clave. Es el momento de acordar los principios, si queremos tener éxito en Copenhague y construir sobre la base de la hoja de ruta de Bali. La efectividad, la eficiencia y la equidad son parámetros claros que nos permitirán considerar cómo distintos elementos de un acuerdo global pueden ser efectivos a la hora de alcanzar un objetivo común dentro de un compromiso global.

Carbon Chastity

By Charles Krauthammer (THE WASHINGTON POST, 30/05/08):

I’m not a global warming believer. I’m not a global warming denier. I’m a global warming agnostic who believes instinctively that it can’t be very good to pump lots of CO2into the atmosphere but is equally convinced that those who presume to know exactly where that leads are talking through their hats.

Predictions of catastrophe depend on models. Models depend on assumptions about complex planetary systems — from ocean currents to cloud formation — that no one fully understands. Which is why the models are inherently flawed and forever changing. The doomsday scenarios posit a cascade of events, each with a certain probability. The multiple improbability of their simultaneous occurrence renders all such predictions entirely speculative.

Yet on the basis of this speculation, environmental activists, attended by compliant scientists and opportunistic politicians, are advocating radical economic and social regulation. “The largest threat to freedom, democracy, the market economy and prosperity,” warns Czech President Vaclav Klaus, “is no longer socialism. It is, instead, the ambitious, arrogant, unscrupulous ideology of environmentalism.”

If you doubt the arrogance, you haven’t seen that Newsweek cover story that declared the global warming debate over. Consider: If Newton’s laws of motion could, after 200 years of unfailing experimental and experiential confirmation, be overthrown, it requires religious fervor to believe that global warming — infinitely more untested, complex and speculative — is a closed issue.

But declaring it closed has its rewards. It not only dismisses skeptics as the running dogs of reaction, i.e., of Exxon, Cheney and now Klaus. By fiat, it also hugely re-empowers the intellectual left.

For a century, an ambitious, arrogant, unscrupulous knowledge class — social planners, scientists, intellectuals, experts and their left-wing political allies — arrogated to themselves the right to rule either in the name of the oppressed working class (communism) or, in its more benign form, by virtue of their superior expertise in achieving the highest social progress by means of state planning (socialism).

Two decades ago, however, socialism and communism died rudely, then were buried forever by the empirical demonstration of the superiority of market capitalism everywhere from Thatcher’s England to Deng’s China, where just the partial abolition of socialism lifted more people out of poverty more rapidly than ever in human history.

Just as the ash heap of history beckoned, the intellectual left was handed the ultimate salvation: environmentalism. Now the experts will regulate your life not in the name of the proletariat or Fabian socialism but — even better — in the name of Earth itself.

Environmentalists are Gaia’s priests, instructing us in her proper service and casting out those who refuse to genuflect. (See Newsweek above.) And having proclaimed the ultimate commandment — carbon chastity — they are preparing the supporting canonical legislation that will tell you how much you can travel, what kind of light you will read by, and at what temperature you may set your bedroom thermostat.

Only Monday, a British parliamentary committee proposed that every citizen be required to carry a carbon card that must be presented, under penalty of law, when buying gasoline, taking an airplane or using electricity. The card contains your yearly carbon ration to be drawn down with every purchase, every trip, every swipe.

There’s no greater social power than the power to ration. And, other than rationing food, there is no greater instrument of social control than rationing energy, the currency of just about everything one does and uses in an advanced society.

So what does the global warming agnostic propose as an alternative? First, more research — untainted and reliable — to determine (a) whether the carbon footprint of man is or is not lost among the massive natural forces (from sunspot activity to ocean currents) that affect climate, and (b) if the human effect is indeed significant, whether the planetary climate system has the homeostatic mechanisms (like the feedback loops in the human body, for example) with which to compensate.

Second, reduce our carbon footprint in the interim by doing the doable, rather than the economically ruinous and socially destructive. The most obvious step is a major move to nuclear power, which to the atmosphere is the cleanest of the clean.

But your would-be masters have foreseen this contingency. The Church of the Environment promulgates secondary dogmas as well. One of these is a strict nuclear taboo.

Rather convenient, is it not? Take this major coal-substituting fix off the table, and we will be rationing all the more. Guess who does the rationing.

Leading On Climate Change

By Tony Blair, British prime minister from 1997 to 2007. He recently launched the Breaking the Climate Deadlock initiative to promote a new global agreement on climate change (THE WASHINGTON POST, 29/05/08):

The climate change bill that senators are to begin debating next week is a hugely important signal of intent on behalf of U.S. legislators. Yes, negotiations could still alter the legislation. But the bill’s core proposition is correct: Unless the United States radically reduces its greenhouse gas emissions, along with other major emitters, the damage to the climate will be irreversible.

Radical reduction is unlikely to happen through voluntary action alone. Measures in the bill, through a mandatory cap-and-trade scheme, would reduce emissions 70 percent from 2005 levels by 2050. These cuts would be based on a carbon market incentive system that moves with the grain of action around the globe.

Over the past few years, the debate on climate change has shifted profoundly. The scientific consensus that human activity is causing global warming has become overwhelming. The effect of unabated climate change is shocking and, as was shown by the report of Sir Nicholas Stern — the first authoritative study of the economics of climate change, commissioned by the British government in 2006 — it is far riskier economically to ignore climate change than to act to abate it.

New environmental technologies, in fact, already drive a multibillion-dollar industry. Last year, an estimated $148 billion was invested in clean-energy technologies, companies and projects, a 60 percent increase from 2006.

Round the planet, people are developing exciting technologies, changing their behavior and agitating for action so that responsibility on the environment will come in a way that is consistent with necessary economic growth.

Meanwhile, fears over energy security create a synergy with the climate debate. With oil above $130 a barrel, there are reasons to act irrespective of concern for the atmosphere. Reducing carbon dependency also goes to the heart of our basic security needs for the future. I have long thought that energy policy is only a small way behind defense in terms of strategic importance to our way of life.

Much is happening abroad. Europe has introduced the Emissions Trading System, with over half of emissions now tradable; despite the early teething troubles to be expected from any new policy framework, the system is delivering emissions reductions and sending a clear, market-based signal to companies across the continent. Japan has indicated that it is open to a binding national target. China has already set new energy intensity targets. India is to unveil its first national climate action plan in the next few weeks.

Israel recently announced support for a project that aims to add 100,000 electric cars to its roads by the end of 2010, providing tax incentives that will make those cars cheaper than gas-powered cars as a first step toward moving completely to electric.

The Group of Eight major industrialized nations will have climate change high on their agenda at their July meeting. At the same time, President Bush will hold the Major Economies Meeting.

The Clean Development Mechanism, while also by no means perfect, has established a basis for channeling resources efficiently to finance emissions reduction across the developing world.

Clearly, many countries and companies are realizing that, far from being a detriment to their economies, acting early to cut emissions can increase productivity and give them a competitive edge. And it’s not just outside the United States: A majority of U.S. states have climate action plans, and many American cities are already working toward emissions reductions.

Hanging over all of this progress, however, is a political reality: There will be no consequential action on climate change unless there is a global deal. For that to happen, the United States has to lead to ensure that we have an effective agreement in which China and India take part.

Science shows that the world must move to a low-carbon economy. America could use its technology and entrepreneurial spirit to drive this revolution.

That’s why the legislation sponsored by Sens. Barbara Boxer, Joe Lieberman and John Warner matters. It says — and shows — that America will act. It will allow the United States to say to others: You must act, too.

The U.N. process has produced the formula: There should be common but differentiated obligations for developing and developed nations. A great ambition, but what does it mean? That is the subject of the project I am leading that will produce its first report at the end of June.

Without an American commitment, a global deal is impossible. This is an important moment where the United States can show strong leadership. If the United States commits to the 50 percent global target for a reduction in emissions by mid-century and to legislation that mandates action, it will transform the prospects for effective change. It would allow this country to shape the debate and, most important, the solution. I hope it happens.

Una llamada a la acción

Por Mijaíl Gorbachov, ex xpresidente de la URSS y premio Nobel de la Paz. Traducción, Toni Tobella (EL PERIÓDICO, 18/05/08):

Parece como si la crisis mundial de alimentos hubiera pillado con la guardia baja a los dirigentes políticos e incluso a los especialistas en el tema. Lo que al principio se llamó “el tsunami silencioso” ya no respeta el silencio. Muchos países, incluyendo algunos que son críticamente importantes para una estabilidad regional y mundial, ya han sido testigos de tensiones e incluso disturbios por el tema de los alimentos.

Hay que destacar varias causas de esta crisis: el creciente consumo de alimentos en China y la India, países en rápido desarrollo; el aumento de la demanda de biocombustibles, como el etanol, fundamentalmente elaborados a base de cereales, y los cambios en las condiciones climatológicas causados por el calentamiento global y la escasez de agua.

La primera es una tendencia inevitable, y debemos alegrarnos de que centenares de millones de personas salgan de la pobreza y puedan comprar alimentos dignos. Nuestro planeta es perfectamente capaz de alimentarles: los expertos calculan que con las tecnologías agrícolas existentes, la producción mundial debería bastar para alimentar a 8.000 millones de personas.

Los motivos fundamentales de la repentina crisis son obra de la mano del hombre, fruto de la acción –o falta de acción– de los políticos.

¿Acaso no se les avisó del calentamiento global y de la necesidad de tomar medidas para hacerle frente y adaptarse? La producción de etanol nos la presentaron como una forma ecológicamente beneficiosa de reducir nuestra dependencia del petróleo. Pero no se calibró con tiento, y el resultado ha sido una auténtica ironía: los contribuyentes de un buen número de países subvencionan la conversión de cereales en etanol, reduciendo así los recursos alimenticios. Esto genera un círculo vicioso, que demuestra una vez más que no existen soluciones simples ni varitas mágicas.

EL DIRECTOR general de la FAO, organismo de las Naciones Unidas, Jacques Diouf, tenía razón cuando afirmó hace poco que la crisis se estaba gestando desde hacía décadas y que era el resultado de “políticas desacertadas durante los últimos 20 años”. Mientras, por un lado, entre 1990 y 2000, se reducían a la mitad las ayudas a la agricultura en los países en vías de desarrollo, el mundo industrializado mantenía los generosos subsidios a sus agricultores. Las cosas son así: que ellos perezcan o se pongan a nadar en el oleaje del mercado global, mientras los nuestros van obteniendo ayudas.

A medida que la situación evoluciona, ¿seguirán los países el principio de sálvese quien pueda o mostrarán finalmente la fuerza y capacidad de trabajar conjuntamente y actuar de forma eficaz? La respuesta no está muy clara. Algunos países productores de alimentos ya han impuesto sus límites a las exportaciones para mantener precios bajos y evitar enfados entre la gente. Es una reacción comprensible, pero a largo plazo no funcionará. Se necesitan soluciones a escala internacional.

El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, convocó hace poco una reunión de los directores de 27 organizaciones internacionales para coordinar la respuesta de la comunidad mundial. Se creó una especie de task force, que sería un buen primer paso. Además, los países ricos han otorgado 500 millones de dólares para ayuda urgente para alimentos. No es mucho dinero, pero es un principio.

La sociedad civil mundial también está interviniendo a través de la ayuda que ofrecen las organizaciones humanitarias no gubernamentales.

Eso está muy bien, pero yo aún me pregunto qué está haciendo el Consejo de Seguridad, que según la Carta de las Naciones Unidas “tiene una responsabilidad fundamental en mantener la paz y la seguridad internacionales”. ¿Acaso no se detecta ninguna amenaza para la paz y estabilidad desde el edificio de la ONU en East River?

“Me sorprende”, declaró Diouf, “que no me hayan convocado al Consejo de Seguridad de la ONU” para informar urgentemente de la situación. Parece como si los diplomáticos estuvieran allí demasiado acostumbrados a trabajar como bomberos que responden ante unas crisis que ha degenerado en hostilidades. Este, evidentemente, es un trabajo necesario, pero el desarrollo de medidas de prevención es aún más importante. Cuando la situación estalle, con el aumento del número de inmigrantes hambrientos, mientras las naciones luchan por el agua, ya será demasiado tarde.

¿CÓMO PUEDE ser que mientras los parlamentos nacionales celebran sesiones sobre problemas urgentes, recurriendo a toda la experiencia disponible y buscando soluciones, no sucede lo mismo a escala internacional?

El Consejo de Seguridad aún no se ha convertido en un centro de gestación de políticas que pudiese concentrar la mente de los dirigentes mundiales en los problemas reales. En las auténticas prioridades, más que en las sesgadas que conocemos hoy.

Una vez más, todo se resume en unas prioridades distorsionadas. Es función del Consejo de Seguridad corregir el sistema de prioridades mundial y adaptarlo a los nuevos retos. Es imperativo empezar ahora, sin esperar a la reforma del consejo, que por supuesto es necesaria. Mientras que es cierto que la ausencia de países importantes como la India, Brasil, Japón, Alemania y Suráfrica del grupo de miembros permanentes está mal y debe corregirse, y que el ámbito del consejo debería incluir la seguridad económica y medioambiental, ¿por qué no se cambia la agenda y ya incluimos a estos países en la discusión? El problema es la inercia. Pero la crisis de los alimentos nos recuerda que la inercia mata.

Los verdes y el cambio climático

Por John Gray es autor de Black Mass: apocalyptic religion and the death of utopia [Misa negra: la religión apocalíptica y la muerte de la utopía]. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia (EL PAÍS, 17/03/08):

Si alguna vez ha habido un ejemplo de cómo la humanidad es incapaz de soportar el exceso de realidad, es el debate actual sobre el cambio climático. Ninguna persona razonable duda ya de que el mundo está calentándose, ni de que ese cambio se debe a las acciones humanas. Aparte de un grupo cada vez menor que rechaza los hallazgos inequívocos de la ciencia, todo el mundo está de acuerdo en que nos enfrentamos a un reto sin precedentes.

A la hora de decidir qué hay que hacer, la mayoría de la gente -incluidos casi todos los ecologistas- rehúye las incomodidades que acompañan al pensamiento realista. Parece que George Bush ya se ha convencido de que la ciencia del clima no es una conspiración de izquierdas para destruir la economía estadounidense. Sin embargo, tanto él como el resto de nuestros dirigentes políticos siguen insistiendo en que el crecimiento no tiene límites. Mientras adoptemos nuevas tecnologías que se suponen inocuas para el medio ambiente -como los biocombustibles-, la expansión económica puede seguir como hasta ahora. En el otro extremo del espectro, los verdes tienen la fe puesta en el crecimiento sostenible y las energías renovables. Las raíces de la crisis ambiental, dicen -y aquí están de acuerdo con Bush-, están en nuestra adicción a los combustibles fósiles. Con que pasemos al viento, las olas y la energía solar, todo irá bien.

Desde el punto de vista político, Bush y los verdes no pueden estar más alejados; ahora bien, en lo que sí están unidos es en su resistencia a la verdad más fundamental en la crisis del medio ambiente, que es que no puede resolverse sin reducir enormemente nuestro impacto sobre la tierra. Esto significa disminuir la producción de gases de efecto invernadero, pero, en este aspecto, las políticas de moda hasta pueden ser contraproducentes. El paso a los biocombustibles, encabezado por Bush pero en marcha también en varias partes del mundo, significa más destrucción de bosques tropicales, que son un importantísimo regulador natural del clima. Reducir las emisiones al tiempo que se destruyen los mecanismos naturales de absorción del planeta no es una solución. Es una receta para el desastre.

Las recetas habituales de los verdes no suelen ser mucho mejores. Muchas energías renovables no son tan eficientes ni tan inocuas como se dice. Unas granjas de molinos de viento antiestéticas e ineficaces no nos van a permitir renunciar a los combustibles fósiles, y la energía hidroeléctrica a gran escala tiene tremendos costes ambientales. Los métodos orgánicos de producción de alimentos pueden tener beneficios significativos en el sentido de que mejoran el bienestar de los animales y reducen los costes de combustible. Ahora bien, no contribuyen a detener la destrucción de la naturaleza que acompaña a la expansión de la agricultura para alimentar a una población humana cada vez más numerosa.

Es decir, las panaceas verdes convencionales no se diferencian tanto de las políticas de Bush. En los dos casos, el resultado no puede ser más que un planeta que habrá perdido su biodiversidad y una humanidad expuesta a un entorno cada vez más hostil. La tecnología, hasta cierto punto, puede sustituir la biosfera destruida, pero, como ocurre con un paciente que vive enchufado a las máquinas, viviremos con los días contados. Un día, la máquina se parará.

La incómoda realidad, que ambos lados del debate ambiental ignoran o niegan, es que un estilo de vida tan necesitado de energía como el que se disfruta en las zonas ricas del mundo no puede ampliarse a una población de 9.000 o 10.000 millones de seres humanos, el nivel previsto en los estudios de la ONU para mediados de siglo. Por lo que respecta a los recursos, los números humanos ya son insostenibles. El calentamiento global es la otra cara de la moneda de la industrialización mundial, y las reservas de gas natural y petróleo que necesita la industria están llegando a su máximo precisamente en un momento en el que su demanda aumenta a toda prisa. Al contrario de lo que dicen los verdes, no existe la menor perspectiva de que el mundo vaya a abandonar el uso de los combustibles fósiles. No hay más que preguntar a cualquier economista competente, y se verá que, por más que se extiendan las energías renovables, es imposible satisfacer la demanda de energía que se genera en China e India. Y, de todas formas, ¿acaso alguien cree que los países que están enriqueciéndose gracias a los hidrocarburos -Rusia, Irán, Venezuela y los Estados del Golfo- van a renunciar a ellos? Mientras exista una demanda suficiente de combustibles fósiles, esos países seguirán extrayéndolos, sean cuales sean las consecuencias para el clima mundial.

La única forma de avanzar es disminuir la necesidad de combustibles fósiles y, al mismo tiempo, dado que es imposible renunciar a ellos por completo, hacer que sean más limpios. Eso significa utilizar sin reparos unas tecnologías que muchos ecologistas ven con pavor supersticioso. La energía nuclear tiene los sabidos problemas de la seguridad y el tratamiento de los residuos, y no es, ni mucho menos, una panacea. Sin embargo, su demonización es típica de las peores ideas fantasiosas de los verdes. Aunque la energía solar tiene posibilidades, no hay un tipo único de energía renovable que pueda sustituir a los combustibles sucios del pasado industrial.

Si rechazamos la opción nuclear acabaremos inevitablemente volviendo al carbón. Existen nuevas tecnologías que pueden hacer que el carbón sea más limpio. Pero ésa no es razón para dar la espalda a la energía nuclear, que ya está prácticamente libre de emisiones. Lo mismo ocurre con las cosechas transgénicas. La ingeniería genética supone un tipo de intervención humana en procesos naturales cuyos riesgos no se conocen aún del todo. Pero su alternativa es seguir adelante con la agricultura de estilo industrial, cuyos efectos destructivos en la biosfera son muy visibles.

Cualquier remedio factible para la crisis del medio ambiente tiene que contar con soluciones de alta tecnología. Si se tienen en cuenta las aspiraciones legítimas de las personas que viven en los países en vías de desarrollo, las estrategias de alta tecnología son las únicas que disponen de alguna posibilidad de reducir la huella humana. Pero también será necesario romper el tabú supremo y afrontar la realidad de las presiones de la población.

Los activistas verdes, los economistas del libre mercado y los fundamentalistas religiosos pueden dar la impresión de no tener mucho en común. No obstante, todos están de acuerdo en que no hay nada que no pueda resolverse con un mejor reparto, un crecimiento más rápido y una transformación de los valores humanos. En realidad, el eternamente impopular Malthus se acercaba bastante a la verdad cuando, a finales del siglo XVIII, afirmó que el crecimiento de la población acabaría por superar a la producción de alimentos. Se suponía que la agricultura industrial iba a acabar con la hambruna. Pero resulta que depende demasiado del petróleo barato, y, con las tierras que están perdiéndose para otros cultivos como consecuencia del paso a los biocombustibles, están volviendo a aparecer los límites a la producción de alimentos.

Más que centrarnos en programas fantasiosos sobre energías renovables, debemos garantizar métodos anticonceptivos y aborto libres y gratuitos en todas partes. Un mundo con menos gente estaría mucho mejor preparado para abordar el cambio climático que el mundo superpoblado al que nos encaminamos.

Todavía merece la pena luchar por un mundo habitable y humano. Pero se necesita pensar con realismo, y ése no es el fuerte del movimiento ecologista. Sería irónico que, por culpa de su hostilidad irracional respecto a las soluciones de alta tecnología, los verdes acabaran siendo una amenaza para el planeta equiparable a la que representa George W. Bush.