El fin de la intervención

Por Madeleine K. Albright, ex secretaria de Estado de Estados Unidos desde 1997 a 2001 (EL MUNDO, 12/06/08):

La respuesta criminalmente negligente del Gobierno de Birmania al ciclón del mes pasado y la reacción del mundo a esa respuesta ilustran tres desalentadoras realidades de nuestros días: los gobiernos totalitarios siguen ahí tan campantes, sus vecinos son reacios a presionarlos para que cambien y la noción de soberanía nacional como algo sagrado está ganando terreno, ayudada no en pequeña medida por los resultados desastrosos de la invasión de Irak por EEUU. De hecho, muchas de las intervenciones necesarias en la década anterior a esta invasión, en lugares como Haití y los Balcanes, parecerían imposibles en el ambiente hoy reinante.

La primera realidad, y la más obvia, es la supervivencia de gobiernos totalitarios en una era de comunicaciones globales y progreso democrático. La junta militar de Myanmar emplea el mismo repertorio de instrumentos utilizados por los epígonos de Stalin para aplastar a los disidentes y controlar las vidas de los ciudadanos. Las necesidades de las víctimas del ciclón Nargis no significan nada para un régimen centrado exclusivamente en mantener su propia autoridad.

La segunda es la nula disposición de los países vecinos de Myanmar a recurrir a su capacidad de influencia colectiva en favor del cambio. Hace una década, cuando a Myanmar se le permitió entrar a formar parte de la ASAO (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en sus siglas en inglés), dirigentes de la zona me aseguraron que presionarían a la junta para que procediera a abrir su economía y avanzara hacia la democracia. Con escasas y honorables excepciones, eso no ha ocurrido.

Una tercera realidad es que el concepto de soberanía nacional, en cuanto que principio inviolable y fundamental de la legislación internacional, está, una vez más, ganando terreno de nuevo. Muchos diplomáticos y expertos en política exterior tenían la esperanza de que la caída del Muro de Berlín llevaría a la creación de un sistema mundial integrado, libre de esferas de influencia, en el que cicatrizarían las heridas causadas por los imperios coloniales y los de la Guerra Fría.

En un mundo así, la comunidad internacional reconocería como propia una responsabilidad que pasaría por encima de la soberanía en situaciones excepcionales, como impedir las persecuciones raciales o los genocidios, detener a criminales de guerra, restaurar la democracia o proporcionar socorro en casos de desastre cuando los gobiernos nacionales no pudieran o no quisieran tomar las medidas correspondientes.

A lo largo de los años 90 se crearon algunos precedentes. El Gobierno de George Bush intervino para atajar el hambre en Somalia y para ayudar a los kurdos del norte de Irak, el Gobierno Clinton repuso en el poder en Haití a un dirigente elegido democráticamente, la OTAN puso fin a la guerra en Bosnia y cortó la campaña de terror de Slobodan Milosevic en Kosovo; los británicos pararon una guerra civil en Sierra Leona y las Naciones Unidas autorizaron misiones de socorro en Timor Oriental y en otros lugares del mundo.

Estas intervenciones no representaron ningún paso hacia un gobierno mundial. Reflejaban la postura de que el sistema internacional existe para que se impongan unos determinados valores esenciales, entre ellos, el desarrollo, la Justicia y los Derechos Humanos. Desde este punto de vista, la soberanía sigue teniendo una consideración fundamental, pero pueden plantearse casos en los que exista la responsabilidad de intervenir para salvar vidas, mediante sanciones o, en casos extremos, mediante el empleo de la fuerza.

La decisión del Gobierno Bush de presentar batalla en Afganistán a raíz del 11-S no restó fuerza, en modo alguno, a este planteamiento porque estuvo motivada claramente por la autodefensa. La invasión de Irak, con toda aquella palabrería grandilocuente sobre la prevención, era sin embargo, harina de otro costal. Desencadenó una reacción negativa que ha debilitado el apoyo a intervenciones transfronterizas en pos de objetivos encomiables. Los gobiernos, especialmente los del mundo en vías de desarrollo, están ahora decididos a mantener el principio de soberanía, aun cuando los costes humanos de esta actuación sean tan elevados.

Así es como los dirigentes de Myanmar se han librado de las repercusiones de sus atroces decisiones, Sudán ha tenido la posibilidad de dictar las condiciones de las operaciones multinacionales en Darfur y hasta es posible que el Gobierno de Zimbabue se salga con la suya de robar unas elecciones presidenciales.

Los dirigentes políticos de Pakistán han conminado al Gobierno Bush a echar marcha atrás a pesar del incremento de células de Al Qaeda y de los talibán en el indómito noroeste del país, los dirigentes africanos han dicho que no (lo que quizá sea comprensible) a la creación de un mando militar norteamericano para el continente y, a pesar de esfuerzos recientes por introducir dentro de la legislación internacional la doctrina de la «responsabilidad de protección», el concepto de la intervención humanitaria ha perdido predicamento.

La conciencia mundial no es que esté dormida pero, tras las turbulencias de los últimos años, se encuentra en un estado de profunda confusión. Algunos gobiernos estarán en contra de que se hagan excepciones al principio de soberanía porque temen las críticas a sus políticas respectivas. Otros defenderán el carácter sacrosanto de la soberanía hasta que recuperen la confianza en el criterio de los que proponen excepciones.

Lo que se ventila en el fondo de este debate es en qué consiste el sistema internacional. ¿No es nada más que una colección de recursos prácticos encajados por los gobiernos en un ordenamiento legal para protegerse a sí mismos? ¿Es un marco vivo de reglas dirigidas a hacer del mundo un lugar más humano? Sabemos cuál sería la respuesta del Gobierno de Myanmar a esta pregunta, pero lo que necesitamos oír es la voz (y el grito) del pueblo de Birmania.

El celo de la primera dama

Por Brahma Chellaney, profesor de estudios estratégicos del Centro de Investigación Política de Nueva Delhi (LA VANGUARDIA, 31/05/08):

Un desastre natural suele ser ocasión propicia para apartar a un lado las diferencias políticas y mostrar compasión. No obstante, la Birmania devastada por el ciclón, gobernada por elites militares ultranacionalistas y rapaces, temerosas de sanciones de parte de Occidente, se ha visto presionada para franquear sus áreas devastadas a la ayuda humanitaria o bien enfrentarse a una intervención armada de signo asimismo humanitario.

La politización de la ayuda ha oscurecido el papel de una protagonista cuyos esfuerzos han contribuido a ejercer mayores presiones sobre los generales birmanos. En cuanto el ciclón Nargis,con vientos de hasta 190 kilómetros por hora, devastó el delta del Irawadi, la esposa del presidente Bush, Laura, lanzó públicamente improperios contra los aislados gobernantes birmanos. En una comparecencia sin precedentes en la sala de prensa de la Casa Blanca – dominio tradicional del presidente y del secretario de Estado- Laura Bush peroró sobre política exterior y acusó a la junta birmana del elevado número de víctimas del ciclón. Y en diciembre, Laura Bush dijo en Nueva Delhi que “India, uno de los principales socios comerciales de Birmania, ya no vende armas a la junta”, para sorpresa de la audiencia.

A decir verdad, siendo China un suministrador de armas de confianza desde hace 20 años y pudiendo abastecerse de armas a través de Singapur y Rusia, la junta apenas precisa de armamento indio. India, en cualquier caso, tampoco llevará la contraria a la primera dama estadounidense, imbuida de furor moral y religioso.

Por otra parte, no es difícil optar por la prédica ética contra Birmania, uno de los países del mundo más endebles y en situación más crítica. Sancionar a Birmania de vez en cuando se había convertido en un pasatiempo tan dilecto al presidente Bush que sólo 24 horas antes del ciclón anunció otra tanda de sanciones. Ninguna instancia mundial, sin embargo, ha llegado a sugerir medidas penales (moderadas) contra China por su permanente represión brutal en Tíbet, pues las sanciones acarrearían pérdida de empleos y otros inconvenientes económicos a Occidente.

De hecho, incitado por su esposa, Bush ha firmado más medidas para sancionar a Birmania en los últimos cinco años que contra cualquier otro país. La cruzada de Laura Bush contra la junta militar que se considera a sí misma defensora de la unidad e identidad cultural birmana, predominantemente budista, obedece a la inspiración encarnada en algunas iglesias cristianas que cuentan con notables minorías étnicas, aparte de una reunión mantenida al parecer en aquel país con una víctima cristiana de una violación. En cambio, tanto Laura Bush como su marido encontraron la senda despejada en relación con una intervención militar en la política de países vecinos de Birmania, como Bangladesh y Tailandia.

Aunque la junta militar birmana accedió al poder en 1962, las primeras sanciones estadounidenses de importancia no llegaron hasta 1997. No obstante, el punto de mira sobre Birmania se fijó con mayor precisión y fuerza bajo el mandato de Bush.

Actualmente, Birmania se halla atrapada entre las sanciones lideradas por Estados Unidos y la creciente influencia de China. Azuzado por el diablo que le pisa los talones, el país se inclina hacia el profundo mar azul de la benevolencia china.

Al tratar a Birmania como un títere en el marco de un juego geopolítico más amplio e intentar llevar al país ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Casa Blanca no hace más que aumentar la necesidad de protección política de la junta procedente de una China dotada de poder de veto, con la consiguiente obligación de agradecer tal protección a Pekín. Muestra de ello ha sido la firma de un contrato gasista de 30 años de vigencia.

Las iniciativas estadounidenses no sólo han obligado a Birmania a desplazarse del no alineamiento al alineamiento, sino que han motivado una dependencia mayor de la política estadounidense respecto de Pekín en lo concerniente a Birmania.

Como en el caso de Corea del Norte, Bush externaliza alegremente en China una parte de su política con relación a Birmania. Sin embargo, la política estadounidense acusa también el peso del celo misionero de Laura Bush sobre Birmania. Lejos de mejorar la situación de los derechos humanos en el país, este miope activismo ha contribuido a reforzar a la junta. La amenaza de una invasión por causas humanitarias de Birmania hiede a recurso desesperado y apunta a un deseo de valerse de la herramienta humanitaria para provocar un cambio político.

Ahora resulta que una mujer no electa ni titular de responsabilidad alguna secuestra la política de Estados Unidos para promover paradójicamente elecciones libres y responsabilidad pública en Birmania. Y el doblemente electo y renacido cristiano Bush da fe de hallarse bajo la influencia de su esposa, como se constata mediante la expresión “Laura y yo” en su último anuncio de sanciones contra Birmania.

Pero, como dice la Biblia, “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Sismos políticos chino y birmano

Por Noemi Klein, columnista de The Nation y The Guardian de Londres. Autora de No logo: el poder de las marcas (LA VANGUARDIA, 25/05/08):

Cuando llegó la noticia del catastrófico terremoto en Sichuan, recordé a Zheng Sun Man, un ejecutivo especialista en seguridad que conocí en un viaje reciente a China. Zheng dirige Aebell Electrical Technology, una empresa con sede en Cantón que fabrica cámaras de vigilancia y las vende al Gobierno. Zheng, salido de una escuela de administración de empresas, de 28 años, quiso persuadirme de que sus cámaras y altavoces no eran usados contra los activistas pro democracia o los sindicalistas. Son para lidiar con desastres naturales, explicaba Zheng, como las monstruosas tormentas de nieve antes del Año Nuevo lunar. Durante la crisis, me aseguró, el Gobierno “pudo usar los datos de las cámaras del ferrocarril para organizar una evacuación”. Así, “el Gobierno central pudo lidiar desde el norte con las emergencias en el sur”.

Por supuesto, las cámaras de vigilancia también tienen otros usos. Contribuyen a configurar los carteles de de los “más buscados” entre los activistas tibetanos.

Pero Zheng tenía un punto a su favor: nada aterroriza tanto a un régimen represivo como un desastre natural. Los estados autoritarios gobiernan por el miedo y proyectan un aura de control total. Cuando súbitamente parecen carecer de personal, sus sujetos pueden envalentonarse.

Es algo que tener en cuenta cuando dos de los regímenes más represivos del planeta – China y Birmania- luchan para responder a desastres devastadores: el terremoto de Sichuan y el ciclón Nargis.En ambos casos, los desastres han expuesto graves debilidades de esos regímenes y pueden encender niveles de furia difíciles de controlar.

Cuando China está ocupada construyéndose a sí misma, creando trabajos y nuevas riquezas, los residentes suelen quedarse mudos sobre los constructores que se burlan de los códigos de seguridad, mientras los funcionarios locales son sobornados con el propósito de que hagan la vista gorda.

Pero cuando en China un terremoto derrumba edificios, la verdad tiene un modo de escapar de los escombros. “Miren todos los edificios de alrededor. Tenían la misma altura, pero ¿por qué se derrumbó la escuela?”, pregunta una persona en Juyuan a un periodista extranjero. “Porque los contratistas desean conseguir ganancias a costa de nuestros niños”, añadió.

Una madre en Dujiangyan le dijo a un reportero del The Guardian:”Los funcionarios chinos son demasiado corruptos y malos… Tienen dinero para pagar a prostitutas y concubinas, pero no tienen dinero para nuestros niños”.

Pero nada de esto se compara con la furia que está bullendo en Birmania, donde los supervivientes del ciclón han apaleado al menos a un funcionario local, furiosos frente a su fallos en distribuir ayuda. Simon Billenness, copresidente del consejo directivo de la campaña en favor de Birmania de Estados Unidos, me dijo: “Esto es el Katrina mil veces. Ignoro cómo podrán evitar una convulsión política”.

Según un informe del Asia Times,el régimen ha estado confiscando los envíos de alimentos suministrados por organismos internacionales y los ha distribuido entre sus 400.000 soldados. Este robo en una escala relativamente pequeña está fortaleciendo a la junta militar para su robo más grande a través del referéndum constitucional que los generales han insistido en celebrar pese a la catástrofe natural.

Extrayendo una página al libreto del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, los generales han bosquejado una Constitución que intenta garantizar que ningún gobierno tendrá jamás poder suficiente para enjuiciarlos por sus crímenes o recuperar su riqueza mal habida.

El ciclón, mientras, le ha presentado a la junta una última, vasta oportunidad de negocios: bloquear el acceso de ayuda al fértil delta del Irawadi. Así, cientos de miles de agricultores de arroz, en su mayoría de la etnia karen, quedan sentenciados a muerte. Según Mark Farmaner, director de la campaña por Birmania en el Reino Unido, esas tierras “pueden ser transferidas a los compinches de los generales” (algo similar pasó luego del tsunami del 2004 en Sri Lanka y Tailandia con tierras costeras).

Esto no es incompetencia, como muchos han sostenido. Es limpieza étnica por medio del liberalismo económico. Si la junta de Birmania evita el motín y consigue estos objetivos, será en gran medida gracias a China, que ha bloqueado todo intento de la ONU para una intervención humanitaria en Birmania. Dentro de China, donde el Gobierno intenta mostrarse compasivo, la noticia de esta complicidad podría resultar explosiva.

¿Recibirán esta noticia los ciudadanos de China? Tal vez sí. Hasta ahora Pekín ha mostrado una asombrosa determinación para censurar y controlar toda forma de comunicación. Pero en el velatorio del terremoto, el notorio programa Great Firewall que permite censurar información en internet está teniendo serios fallos. Los blogs se han vuelto locos e incluso los periodistas del Gobierno insisten en revelar la verdad de lo ocurrido.

Para los gobernantes de China, nada ha sido más importante para mantener el poder que controlar lo que la gente ve y escucha. Si pierden eso, ni las cámaras de vigilancia ni los altavoces serán capaces de ayudarlos.

La paranoia es ley en Myanmar

Por FRANCISCO PEREGIL (ENVIADO ESPECIAL) – Mandalay – (El Paìs.com, 22/05/2008)

En las gasolineras de Myanmar, junto a los carteles de prohibido fumar aparece siempre otro similar sobre hacer fotos. ¿Por qué? En este país, que se llamaba Birmania hasta 1989, hay cosas a las que cuesta encontrarles un fundamento. ¿Por qué la Junta Militar restringió la entrada de ayuda humanitaria tras el ciclón del 3 de mayo que mató a más de 77.000 personas? ¿Por qué sigue impidiendo la entrada de periodistas y cooperantes extranjeros? ¿Por qué decidió hace tres años construir una nueva capital a ocho horas en coche desde Yangon, trasladar allí la sede de todos los organismos oficiales y crear viviendas de lujo para miles de funcionarios?

Hay cuestiones menos graves, pero no menos absurdas: ¿Por qué desde 2003 decidieron limitar el uso de tarjetas de crédito? ¿Por qué en una ciudad de más de cinco millones de habitantes como Yangon se multa con el equivalente a 13 euros (un médico gana 51 euros al mes y un profesor de universidad, 25) a quien toque la bocina? En el resto de ciudades está permitido tocarla. Y en la carretera principal hay que tocarla a cada 10 metros si no se quiere atropellar a cualquier usuario de moto o bicicleta, los medios de locomoción más usados.

Para encontrarle un sentido a lo de las gasolineras circulan dos teorías. La primera obedece a una explicación técnica semejante a la que lleva en tantas partes del mundo a prohibir el uso de los móviles o encender la radio del coche para evitar que afecten a las máquinas expendedoras de combustible. Claro que se puede alegar que las gasolineras no suelen estar saturadas de gente haciéndose fotos.

La segunda teoría explica por qué una cámara no puede distorsionar el funcionamiento de las máquinas expendedoras, con sus pistolas y esas bolitas de colores que se mueven mientras el combustible fluye: “En realidad”, razona un taxista, “lo único que se pretende es que no se vea en el exterior la forma en que se despacha en muchos lugares la gasolina, que no es con ninguna goma, ni máquina, ni pistola, sino con un bidón que tiene grifo. Se abre el grifo, el líquido cae en una jarra y con ésta y la ayuda de un embudo se echa en el coche”.

En la carretera principal del país, la que va desde Yangon a Mandalay, casi todas las estaciones de servicio visitadas funcionaban con el mismo sistema. Si ésa es la razón paranoica del Gobierno, entonces será más fácil de entender por qué en la gran mayoría de los teléfonos del país no es posible establecer comunicación con el extranjero. La teoría paranoica ayuda a explicar por qué la Junta Militar concede licencias de móviles con cuentagotas y, sobre todo, por qué no se ha permitido la entrada de ningún extranjero en la zona afectada por el ciclón.

El Gobierno pretende controlar gran parte de la vida cotidiana de sus 53 millones de habitantes. Hasta el punto de que si alguien decide dormir en la casa de un amigo en el pueblo de al lado, éste tiene que informar del nombre de su invitado a la policía. De lo contrario, se arriesga a tener problemas. Y los informantes están por todas partes.

Reticencias al cambio en Myanmar

Por Pedro Baños Bajo (EL CORREO DIGITAL, 08/05/08):

A la Junta Militar birmana, encabezada por el general Than Shwe, se le complica su permanencia en el poder desde el que somete con mando de hierro a los sufridos habitantes de Myanmar (antigua Birmania) desde 1963. Sus integrantes estarán temerosos de que el terrible desastre provocado por el reciente ciclón, que ha dejado decenas de miles de muertos y desaparecidos, sea un revulsivo contra su opresor régimen militar y la gota que colme el vaso de la paciencia internacional, obligando, finalmente, a la apertura democrática anhelada por amplios sectores de la población. Un nerviosismo al que añadirá tensión la segura agudización de los problemas ya existentes en torno a la creciente carestía de alimentos básicos como el arroz, consecuencia directa de los efectos devastadores de la catástrofe en la agricultura.

Para controlar su propia zozobra, los dictadores intentarán seguir manteniendo la confianza de un Ejército de 450.000 hombres (incluyendo la policía y las milicias populares), base de la fortaleza de su mundialmente desprestigiado régimen, y cuyos efectivos nunca han dudado en emplear para someter a la castigada población. Un Ejército cuyos mandos, que mayoritariamente pertenecen a la predominante etnia birmana, están animados por un fuerte sentimiento nacionalista y por un incondicional apoyo a la Junta Militar. Los generales seguirán teniendo fe en estas fuerzas armadas que, aun disponiendo de 98 carros y 150 aviones de combate, centran su capacidad en la habilidad para el combate en la montaña, el bosque y la selva, y en el empleo de tácticas de guerrilla y contraguerrilla, lo que, unido a la difícil orografía y al hostil ambiente, dificultarían a un invasor llegar a dominar el país. Características especialmente adecuadas para controlar a la población aldea por aldea.

Pero los integrantes de la Junta quizá no las tengan todas consigo al pensar en los fuertes intereses internacionales que convergen sobre su país. Para Pekín, Birmania siempre ha sido parte de sus más dulces sueños geopolíticos, ya que le permite el acceso directo al Océano Índico, una de sus mayores ambiciones expansionistas. Lo que ha conseguido plenamente con la instalación de radares y la construcción de bases navales en la costa birmana, como la establecida en la isla Coco, desde la que controla las actividades de la Armada india. Todo a cambio del apoyo decidido chino a la dictadura militar desde 1978, pasando a ser su principal suministrador de material militar (carros de combate T-69, misiles HN-5, etcétera).

Los intereses económicos de Pekín en la antigua Birmania van desde garantizarse el suministro de arroz de uno de los primeros productores del mundo, a abastecerse de sus ingentes recursos minerales, casi todavía sin explotar (como zinc, plata o tungsteno, del que ya es el cuarto productor mundial). Eso sin descuidar la inmensa riqueza forestal que posee Myanmar, especialmente en la zona fronteriza entre ambos países, una de las de mayor biodiversidad del planeta. De hecho, China ya se ha convertido en el primer socio comercial de Rangún.

En el plano diplomático, China siempre ha garantizado a Birmania el manto protector de su asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que le permite tener la certeza de que ningún país intervendrá en sus asuntos internos, como pudo comprobar con ocasión de la ‘revolución del azafrán’ el pasado septiembre. Y como vuelve a ocurrir ahora, ya que Pekín no respalda la propuesta de EE UU de que el CSNU inste a la Junta Militar a permitir la participación de grupos opositores en el referéndum sobre la nueva Constitución previsto para el 10 de mayo, que corre el riesgo de no quedar más que en una farsa para dar un aspecto civil a la continuidad del dominio militar.

Asimismo, China va a construir un oleoducto desde el puerto de Sittwe, en Myanmar, hasta Kunming, capital de la provincia china de Yunnan, con la finalidad de no depender del saturado, conflictivo y fácilmente bloqueable estrecho de Malaca, por el que actualmente transita el 70% del crudo que importa Pekín. E invertirá mil millones de dólares en construir un gaseoducto de más de 2.000 kilómetros desde Birmania a su territorio. Las principales petroleras chinas han incrementado notablemente sus intereses económicos en Myanmar, entre los que figuran la extracción de crudo y gas en aguas profundas cercanas a su costa. Otra de las intenciones de China es equilibrar la amenaza que le supone la alianza entre India, EE UU, Japón y Australia, a la que ha llegado a denominar como una ‘mini OTAN’.

Por lo que respecta a India, trata de hacer frente a la presencia de Pekín, por el que se siente cada vez más rodeado, al tiempo que intenta ejercer el dominio del Golfo de Bengala, razón por la que ya controla las islas de Andaman y Nicobar, con capacidad para cortar las rutas en dirección a los principales puertos de Myanmar.

La comunidad internacional, encabezada por EE UU, presta especial atención a Birmania por varios motivos, más o menos confesables. En primer lugar, por contrarrestar la influencia de China en esa parte del mundo. Además, para frenar la exportación de opio, del que es uno de los principales productores mundiales, al igual que de anfetaminas.

De lo que no cabe duda es de que China tiene en sus manos la capacidad de decidir una buena parte de lo que vaya a acontecer en los próximos días en Birmania, tras el referéndum. Su apuesta sería la del apoyo a la perpetuación, sin más, de la dictadura militar. Pero quizá la delicada situación que vive Pekín en el plano internacional, especialmente a consecuencia de los acontecimientos en Tíbet, lleve a los dirigentes chinos a adoptar posturas más proclives al cambio controlado en Myanmar. Sin olvidar que una de las bazas más importantes de la expansión china en países subdesarrollados es precisamente garantizarles el pleno ejercicio de su soberanía, libre de cualquier injerencia externa. Pekín sabe que si cediera ahora la caja de Pandora quedaría abierta, y el siguiente eslabón de su cadena de influencias en quebrarse podría ser Sudán, por su intransigente posición con respecto a Darfur.

La cerrazón birmana se vuelve en su contra

AGENCIAS – Yangon / Ginebra – 06/05/2008

El puño de hierro con que la Junta militar gobierna Myanmar (la antigua Birmania) desde hace 46 años, se está convirtiendo en un problema, incluso para los propios militares, ahora que la catástrofe, en forma de ciclón Nargis, se ha abatido sobre el país. El personal humanitario no puede llegar porque, debido a la estricta normativa, la entrada de extranjeros en el país está muy limitada y es necesario gestionar visados. Además, la ONU culpa al régimen del elevado número de víctimas -22.000 muertos, 41.000 desaparecidos- por no instalar un sistema de alerta temprana, como ha hecho Bangladesh. La disidencia, encabezada por la activista Aung Sang Suu Kyi, critica al régimen por su cerrazón e inmovilidad y empieza a cundir el descontento popular.

Myanmar, uno de los regímenes más cerrados del mundo, limita desde hace años el movimiento de extranjeros por su territorio, lo que ahora perjudica el trabajo de las organizaciones humanitarias. Según ha informado hoy Veronique Taveau, portavoz de UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia y la educación, los equipos de las agencias humanitarias de Naciones Unidas están esperando para obtener el visado y poder entrar en Myanmar, cuatro días después del fenómeno. Elizabeth Byrs, portavoz de OCHA, la agencia de coordinación de la Ayuda Humanitaria, ha confirmado que esperan visados, al igual que los equipos de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Todos dan a entender que la luz verde dada por Yangon para recibir ayuda humanitaria se refiere más a los materiales -como tiendas de campaña, mosquiteras impregnadas de insecticida, pastillas potabilizadoras para el agua y medicinas- que a las personas. El Gobierno birmano, que limita estrictamente desde 2006 los movimientos de extranjeros en el país, ha aceptado formalmente la ayuda exterior a los damnificados del ciclón, pero los trabajadores de agencias humanitarias y ONGs deben negociar con las autoridades la concesión de visados. “Los equipos de expertos extranjeros que vengan a Birmania deberán negociar con el Ministerio de Exteriores y con las más altas instancias”, ha declarado hoy Maung Maung Swe, ministro de Protección social.

Otra crítica lanzada por la ONU es la falta de un sistema de alerta temprana para avisar a la población cuando se acerca un fenómeno como el Nargis. Tras el tsunami que asoló el sureste asiático en diciembre de 2004, se recomendó este tipo de sistemas, pero la junta hizo oídos sordos. Con un sistema así, no habrían muerto tantas personas, cree la ONU: “Un sistema de alerta precoz es muy importante y efectivo, pues un ciclón se puede predecir con 48 horas de antelación. En Myanmar, las autoridades no habían establecido ningún sistema de este tipo, que hubiera salvado miles de vidas”, ha dicho Brigitte Leoni, portavoz de la oficina de Naciones Unidas para la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (ISDR). “Al no tener un sistema de comunicación y de alerta rápida, la población no fue avisada de lo que iba a ocurrir y por ello no evacuaron”, ha dicho.

También el régimen afronta críticas de la población. Ya en noviembre tuvo que afrontar un levantamiento de los monjes budistas, seguidos por miles de ciudadanos, a favor de la democracia, revuelta que fue duramente reprimida. Ahora, su inmovilidad para hacer frente a la catástrofe y su decisión de no suspender el referéndum del sábado sobre la nueva Constitución diseñada por la Junta -sólo en las zonas más afectadas se aplaza hasta el 24 de mayo-, han hecho aflorar las críticas.

El partido de Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, estima “totalmente inaceptable” que la Junta mantenga el referéndum constitucional. “El mito de que estaban bien preparados ha saltado por los aires”, ha comentado el analista Aung Naing Oo, que tuvo que huir a Tailandia por la revuelta de 1988, también reprimida sin piedad.

La revolución “azafrán” en Birmania: claves geopolíticas para una posible transición

Por Rubén Campos Palarea, profesor especializado en Asia Meridional y Sudeste Asiático en diversos cursos de posgrado en España y trabaja en el Club de Madrid (REAL INSTITUTO ELCANO, 08/11/07):

Tema: El análisis explica las claves geopolíticas de la denominada revolución “azafrán”, liderada por los monjes budistas en Birmania (o Myanmar), así como los posibles escenarios futuros tras la represión del régimen militar y la intervención de Naciones Unidas.

Resumen: Birmania (o Myanmar) es una de las naciones más pobres del mundo, que sufre además décadas de aislamiento y mal gobierno. En las últimas semanas, miles de ciudadanos, liderados por los monjes budistas, se han manifestado en las calles reclamando un cambio político. Las imágenes de las protestas recogidas por los medios internacionales y la consiguiente represión han expuesto ante la opinión pública mundial la crudeza de la Junta Militar que gobierna desde 1962. Las Naciones Unidas han mostrado su rechazo y EEUU, la UE y Japón han anunciado nuevas sanciones, pero la presión internacional sobre el régimen birmano y la posible evolución de la crisis está condicionada por los intereses económicos y estratégicos de los actores claves de la región: China, la India y los países de la ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental).

Análisis: El comienzo del movimiento conocido ya como la revolución “azafrán” tuvo lugar a mediados de agosto cuando el gobierno militar de Birmania, rebautizada como Myanmar por la propia Junta en los años noventa, decidió unilateralmente subir un 100% el precio de los combustibles. Esta decisión repercutió de forma inmediata en los precios de los productos de primera necesidad en todo el país y propició las primeras protestas significativas contra la dictadura en las dos últimas décadas.

Tras la independencia del Imperio Británico en 1948, los líderes y la sociedad civil de Birmania intentaron construir un modelo político democrático, siguiendo el ejemplo de su vecina India. Un golpe de Estado militar en 1962 finalizó abruptamente esta vía e inauguró una etapa de autocracia que cumple ahora más de 45 años. El gobierno militar justificó su intervención y su presencia permanente en el poder en la necesidad de mantener la unidad nacional en peligro ante la diversidad étnica del país, con más de 100 grupos lingüísticos diferentes.

Durante años las principales fuentes económicas de la Junta Militar han estado vinculadas con la industria maderera, el narcotráfico (Birmania es el segundo productor de opio a nivel mundial) y el comercio ilegal de piedras preciosas; pero el descubrimiento de reservas significativas de gas natural en su territorio le han proporcionado un recurso estratégico adicional de extraordinaria importancia. Una hábil política de alianzas internacionales, utilizando esos recursos y su privilegiada posición estratégica entre la India y China, ha permitido al régimen sobrevivir a las sanciones internacionales y las presiones de las potencias occidentales como EEUU y la UE. Primero la Unión Soviética y luego China, pero también la India y países vecinos como Tailandia y Singapur, han dado un apoyo diplomático y económico imprescindible para el mantenimiento de la dictadura militar.

El control de la situación interna por parte de la Junta ha sido férreo durante décadas, pero en 1990 se vio forzada por manifestaciones de protesta y presiones internacionales a convocar elecciones parlamentarias. Los dirigentes militares pensaron que podían controlar el proceso democrático pero la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi obtuvo 392 de los 492 escaños del parlamento. Sin embargo, la Junta anuló el resultado de las elecciones y recrudeció su política represiva hacia cualquier tipo de oposición política. De los últimos 18 años, Suu Kyi ha pasado más de 11 y medio bajo detención domiciliaria arbitraria. El resto del tiempo las autoridades han puesto estrictos límites a su libertad de circulación, a pesar de que nunca ha sido acusada ni juzgada por ningún delito.

Pese a sus importantes recursos naturales, la corrupción y el mal gobierno de la Junta han impedido el desarrollo económico del país, por lo que la reciente subida de precios ha castigado especialmente a miles de ciudadanos que viven en condiciones de extrema pobreza. Detrás de esta medida se encuentra la necesidad del gobierno de obtener fondos para cubrir los gastos de la construcción faraónica de una nueva capital, Naypyidaw. Surgida de la nada, en medio de la jungla y a más de 500 kilómetros al norte de Rangún, el centro vital del país y antigua capital, Naypyidaw es otro símbolo del nepotismo en el que vive instalado el régimen, que ha pretendido buscar un centro de poder donde sentirse a salvo de su propia población.

La revolución “azafrán” como punto de inflexión

El reciente movimiento de protesta surgió en un primer momento mediante manifestaciones espontáneas en diversas ciudades birmanas de pequeños grupos de ciudadanos que pedían la bajada de los precios. En pocas semanas, y pese al clima de represión y la falta de libertad impuestos por los militares durante décadas, lo que eran protestas puntuales se convirtieron en una campaña organizada para promover un cambio político, liderada por los monjes budistas. Este liderazgo de los monjes se explica por su importancia en el contexto social birmano. La represión constante de la Junta Militar ha socavado los cimientos de la sociedad civil y, salvo en la clandestinidad, no existen organizaciones políticas, culturales y sociales que no estén controladas por el ejército. Aung San Suu Kyi sigue siendo el símbolo de la oposición al régimen, pero la LND no tiene capacidad para movilizar abiertamente a la población. La única excepción a este férreo control, por su prestigio histórico y moral en la sociedad, son los monasterios budistas.

Los monjes ya jugaron un papel clave en las manifestaciones contra el régimen militar de 1988, saldadas con más de 3.000 muertos. En esta ocasión, han vuelto a liderar el movimiento, basado en una campaña de movilización no violenta en fases crecientes. En un primer momento, y aprovechando el escudo moral contra la represión que les proporciona su prestigio social, los monjes se conformaron con apoyar las protestas económicas y marchar en torno a los símbolos religiosos como la gran pagoda de Shwedagon en Rangún. Después lo hicieron en torno a la embajada china, principal aliado internacional del régimen, destacando los lazos de cooperación y hermandad con este país, y sólo en la última fase tomaron una actitud más desafiante, marchando hacia los centros de poder y llamando a la participación masiva y no violenta de la sociedad para propiciar un cambio político pacífico.

A finales de septiembre el número de manifestantes en Rangún, Mandalay y otras ciudades importantes creció hasta más de 100.000 personas. El régimen militar se vio sorprendido por los miles de manifestantes en las calles y por la atención mediática internacional. Reaccionó con más cautela que en otras ocasiones, pero finalmente optó por reprimir violentamente las protestas. El ejército (tatmadaw) movilizó a las unidades de elite, que normalmente combaten a los grupos rebeldes en las zonas fronterizas, para “combatir” a los manifestantes pacíficos en los centros urbanos. El resultado ha sido la detención de centenares de personas, el saqueo de monasterios y numerosos manifestantes muertos. La Junta Militar no reconoce oficialmente más de nueve muertos y unos 3.000 detenidos, pero las cifras de organizaciones disidentes hablan de más de un centenar de asesinados y miles de desaparecidos.

Respuesta internacional a la crisis: la importancia de China

La reacción de la sociedad internacional ha sido casi unánime en las críticas a la represión por la Junta Militar de un movimiento pacífico, que ha tenido gran resonancia mediática por la presencia simbólica de los monjes budistas. EEUU, la UE y Japón han abanderado una política de renovadas sanciones diplomáticas y económicas para Birmania. Sin embargo, la clave geopolítica de la crisis la tienen los Estados de la región como la India, los países de la ASEAN y especialmente China, debido a su tradicional apoyo internacional al régimen militar birmano con quien mantiene relaciones estratégicas en el ámbito económico y militar.

China ha buscado históricamente buenas relaciones con la Junta como una vía directa de influencia en el sudeste asiático. Ambos países han desarrollado una relación más estrecha desde la desaparición de la Unión Soviética, tradicional aliado de Birmania en el marco de la Guerra Fría, y la supresión de protestas prodemocráticas en sus respectivas capitales en septiembre de 1988 (Rangún) y junio de 1989 (Tiananmen). Estos lazos se han reforzado también por las prioridades energéticas de China, ya que las reservas de gas natural de Birmania figuran de forma prominente en la política energética del gigante chino. Para canalizar estas reservas el gigante asiático ha invertido millones de euros en la infraestructura de comunicaciones con Birmania.

La Junta Militar, además de ofrecer acuerdos económicos muy favorables y la explotación compartida de sus reservas energéticas, también ejerce un papel de control sobre numerosos grupos armados en la extensa frontera que comparte Birmania con China. Recibe como contrapartida apoyo económico, técnico y militar chino, además de protección diplomática con la posibilidad de vetar resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Durante las recientes protestas, la postura tradicional del gobierno chino de oponerse a la interferencia en asuntos internos de otros países se ha modificado a favor de una implicación constructiva en la crisis. El 27 de septiembre, cuando comenzó la represión, el ministro chino de Asuntos Exteriores solicitó públicamente al gobierno birmano una respuesta moderada que no agravará la situación y destacó la importancia de la estabilidad y el desarrollo económico del país. La imagen internacional de China en el marco de la celebración el próximo año de los Juegos Olímpicos en Beijing puede haber tenido un peso en esta nueva política, pero sus intereses económicos y estratégicos a medio plazo en el país son la clave. La pérdida creciente de legitimidad, tanto a nivel interno como externo, de la Junta Militar pone en peligro esos objetivos y ha promovido el apoyo del gobierno chino a la intermediación de Naciones Unidas. El escenario preferido por China es un cambio gradual del régimen que posibilite un nuevo gobierno encabezado por civiles, con los militares manteniendo los hilos del poder en la retaguardia si fuera posible.

El papel de la India y los países de la ASEAN

Pese a sus credenciales democráticas la India también se ha convertido en los últimos años en un aliado importante de la Junta Militar. Su política tradicional de defensa de la democracia en Birmania ha sido substituida por una visión más pragmática. Delhi ha establecido acuerdos de colaboración en el ámbito militar y energético, en parte para cubrir sus crecientes necesidades, en parte para contrarrestar la influencia china en su frontera oriental. Como en el caso de China, también existe una preocupación por los grupos armados que operan desde la frontera birmana, apoyando movimientos insurgentes en el noreste del subcontinente indio y se cuenta con la colaboración militar de la Junta para disminuir su influencia.

El gobierno indio sigue viendo con buenos ojos la posibilidad de una transición democrática en Birmania, pero no está dispuesto a perjudicar sus relaciones con la Junta por ello. Un ejemplo de esta nueva política india se produjo a finales de septiembre cuando en plena represión al movimiento de protesta, el ministro indio de Hidrocarburos visitó oficialmente el país para firmar un acuerdo de cooperación. Las criticas internas generadas por esta visita han obligado al gobierno de Manmohan Singh a pronunciarse más firmemente por “un proceso incluyente y amplío de reconciliación nacional que conlleve reformas pacíficas”, pero su voluntad real de perjudicar su reciente relación estratégica con Birmania es muy escasa.

La Junta Militar tiene también una relación privilegiada con los países de la ASEAN, organización a la que pertenece desde 1997. Particularmente, Tailandia y Singapur son dos de los socios económicos más relevantes para el régimen. La política tradicional de esos países ha sido la de fomentar un acercamiento constructivo especialmente en lo comercial, que a largo plazo favorezca una transición política. Esa estrategia quedo resumida en la famosa frase del ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia en la Cumbre de 1997 que formalizaba la entrada de Birmania en la ASEAN: “Incluso un playboy puede convertirse en un buen marido después de su boda, si cuenta con la ayuda de la familia. Éste es el modelo de la ASEAN para Myanmar”.

Una década después, la política constructiva no ha dado los resultados esperados y antes del movimiento de protesta ya se apuntaba un cambio estratégico, impulsado también por la presión de EEUU y la UE. El pasado 30 de julio los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN hicieron público un comunicado exigiendo a Birmania la liberación de los prisioneros políticos y la realización de “progresos tangibles” hacia la democracia. Las críticas se han agravado tras los últimos acontecimientos. Después de expresar su condena tajante, los Estados miembros de la ASEAN tienen una oportunidad de demostrar si son capaces de ir más allá de la pura retórica en la reunión que comenzará el próximo 17 de noviembre y que conmemorará su 40 aniversario.

La influencia internacional, especialmente la intermediación china, ha limitado el alcance violento de la represión si lo comparamos con las protestas de 1988. La Junta Militar ha acusado el desgaste de la presión interna y externa y el régimen se ha visto forzado a dialogar con la comunidad internacional a través de la figura del enviado especial de Naciones Unidas, Ibrahim Gambari, que en su primera gira birmana ha podido entrevistarse también con Aung San Suu Kyi. Dentro de esta dinámica la Junta ha realizado ciertos gestos de apertura como la liberación de parte de los detenidos, el levantamiento del toque de queda o la readmisión en el país de Paulo Sergio Pinheiro, el relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Birmania, que tenía prohibida su entrada desde 2003.

Sin embargo, la reciente visita de Gambari a principios de noviembre deja entrever que la Junta no está dispuesta a ceder poder si no recibe más presiones. La disidencia política sospecha que la estrategia negociadora es sólo una cortina de humo para intentar vender una mejor imagen mientras dure la atención internacional sobre el país. Por ejemplo, la oposición denuncia que el diálogo con la líder birmana se desarrollaría sólo si ésta acepta unas condiciones previas inaceptables y que la Hoja de Ruta hacia la democracia es una vieja iniciativa que lleva más de 14 años en funcionamiento para redactar una nueva constitución, sin ninguna representación de los grupos opositores.

Conclusiones: La clave para una salida a la crisis que implique el comienzo de un cambio político real en el país pasa necesariamente por la fortaleza del movimiento no violento de protesta. En la medida en que pueda reconstituirse pese a la represión y seguir expresando el deseo de cambio político en las calles, la Junta Militar recibirá más presiones para sentarse a negociar con la oposición cambios reales en el corto plazo. La creciente falta de legitimidad del gobierno entre la población, acrecentada por su represión violenta de las últimas manifestaciones pacíficas, y la gravísima situación económica confluyen para que la necesidad de un cambio sea sólo sea cuestión de tiempo.

Desde la perspectiva de la UE, sus esfuerzos deberían coordinarse con los de EEUU, Japón y Australia para seguir presionando al gobierno birmano con sanciones económicas y diplomáticas. Al mismo tiempo, siendo conscientes de que éstas no son suficientes y además muchas veces perjudican a una población civil cada vez más vulnerable, debería aumentar la ayuda de emergencia y humanitaria. En paralelo, es necesario continuar con una firme presión internacional coordinada por Naciones Unidas para promover un proceso gradual de reforma, que cuente con incentivos para el régimen, como el levantamiento de parte de las sanciones en función de avances reales. China y la India deben ser tenidas en cuenta como actores claves de la región y promover un diálogo a cuatro bandas, incluyendo a la Junta Militar y las Naciones Unidas, que apoye el diálogo interno.

El proceso deberá iniciarse a través de un diálogo político genuino que incluya a la LND y Aung San Suu Kyi además de representantes de los diversos grupos étnicos, en paralelo a un cese de las operaciones militares del Ejército y los grupos armados. El modelo sudafricano de transición liderado por el Congreso Nacional Africano y Nelson Mandela, que supo construir un proceso gradual y no traumático con la inclusión de los sectores moderados y aperturistas del régimen del apartheid, es una referencia clave a seguir para esta situación. La oposición política debe ser consciente de que es necesario dialogar con la Junta desde una posición constructiva para facilitar una transición hacia un régimen más democrático, encabezado por civiles, donde los monjes puedan volver a sus monasterios y los militares a sus cuarteles.

La revolución “azafrán” en Birmania: claves geopolíticas para una posible transición

Por Rubén Campos Palarea, profesor especializado en Asia Meridional y Sudeste Asiático en diversos cursos de posgrado en España y trabaja en el Club de Madrid (REAL INSTITUTO ELCANO, 08/11/07):

Tema: El análisis explica las claves geopolíticas de la denominada revolución “azafrán”, liderada por los monjes budistas en Birmania (o Myanmar), así como los posibles escenarios futuros tras la represión del régimen militar y la intervención de Naciones Unidas.

Resumen: Birmania (o Myanmar) es una de las naciones más pobres del mundo, que sufre además décadas de aislamiento y mal gobierno. En las últimas semanas, miles de ciudadanos, liderados por los monjes budistas, se han manifestado en las calles reclamando un cambio político. Las imágenes de las protestas recogidas por los medios internacionales y la consiguiente represión han expuesto ante la opinión pública mundial la crudeza de la Junta Militar que gobierna desde 1962. Las Naciones Unidas han mostrado su rechazo y EEUU, la UE y Japón han anunciado nuevas sanciones, pero la presión internacional sobre el régimen birmano y la posible evolución de la crisis está condicionada por los intereses económicos y estratégicos de los actores claves de la región: China, la India y los países de la ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental).

Análisis: El comienzo del movimiento conocido ya como la revolución “azafrán” tuvo lugar a mediados de agosto cuando el gobierno militar de Birmania, rebautizada como Myanmar por la propia Junta en los años noventa, decidió unilateralmente subir un 100% el precio de los combustibles. Esta decisión repercutió de forma inmediata en los precios de los productos de primera necesidad en todo el país y propició las primeras protestas significativas contra la dictadura en las dos últimas décadas.

Tras la independencia del Imperio Británico en 1948, los líderes y la sociedad civil de Birmania intentaron construir un modelo político democrático, siguiendo el ejemplo de su vecina India. Un golpe de Estado militar en 1962 finalizó abruptamente esta vía e inauguró una etapa de autocracia que cumple ahora más de 45 años. El gobierno militar justificó su intervención y su presencia permanente en el poder en la necesidad de mantener la unidad nacional en peligro ante la diversidad étnica del país, con más de 100 grupos lingüísticos diferentes.

Durante años las principales fuentes económicas de la Junta Militar han estado vinculadas con la industria maderera, el narcotráfico (Birmania es el segundo productor de opio a nivel mundial) y el comercio ilegal de piedras preciosas; pero el descubrimiento de reservas significativas de gas natural en su territorio le han proporcionado un recurso estratégico adicional de extraordinaria importancia. Una hábil política de alianzas internacionales, utilizando esos recursos y su privilegiada posición estratégica entre la India y China, ha permitido al régimen sobrevivir a las sanciones internacionales y las presiones de las potencias occidentales como EEUU y la UE. Primero la Unión Soviética y luego China, pero también la India y países vecinos como Tailandia y Singapur, han dado un apoyo diplomático y económico imprescindible para el mantenimiento de la dictadura militar.

El control de la situación interna por parte de la Junta ha sido férreo durante décadas, pero en 1990 se vio forzada por manifestaciones de protesta y presiones internacionales a convocar elecciones parlamentarias. Los dirigentes militares pensaron que podían controlar el proceso democrático pero la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi obtuvo 392 de los 492 escaños del parlamento. Sin embargo, la Junta anuló el resultado de las elecciones y recrudeció su política represiva hacia cualquier tipo de oposición política. De los últimos 18 años, Suu Kyi ha pasado más de 11 y medio bajo detención domiciliaria arbitraria. El resto del tiempo las autoridades han puesto estrictos límites a su libertad de circulación, a pesar de que nunca ha sido acusada ni juzgada por ningún delito.

Pese a sus importantes recursos naturales, la corrupción y el mal gobierno de la Junta han impedido el desarrollo económico del país, por lo que la reciente subida de precios ha castigado especialmente a miles de ciudadanos que viven en condiciones de extrema pobreza. Detrás de esta medida se encuentra la necesidad del gobierno de obtener fondos para cubrir los gastos de la construcción faraónica de una nueva capital, Naypyidaw. Surgida de la nada, en medio de la jungla y a más de 500 kilómetros al norte de Rangún, el centro vital del país y antigua capital, Naypyidaw es otro símbolo del nepotismo en el que vive instalado el régimen, que ha pretendido buscar un centro de poder donde sentirse a salvo de su propia población.

La revolución “azafrán” como punto de inflexión

El reciente movimiento de protesta surgió en un primer momento mediante manifestaciones espontáneas en diversas ciudades birmanas de pequeños grupos de ciudadanos que pedían la bajada de los precios. En pocas semanas, y pese al clima de represión y la falta de libertad impuestos por los militares durante décadas, lo que eran protestas puntuales se convirtieron en una campaña organizada para promover un cambio político, liderada por los monjes budistas. Este liderazgo de los monjes se explica por su importancia en el contexto social birmano. La represión constante de la Junta Militar ha socavado los cimientos de la sociedad civil y, salvo en la clandestinidad, no existen organizaciones políticas, culturales y sociales que no estén controladas por el ejército. Aung San Suu Kyi sigue siendo el símbolo de la oposición al régimen, pero la LND no tiene capacidad para movilizar abiertamente a la población. La única excepción a este férreo control, por su prestigio histórico y moral en la sociedad, son los monasterios budistas.

Los monjes ya jugaron un papel clave en las manifestaciones contra el régimen militar de 1988, saldadas con más de 3.000 muertos. En esta ocasión, han vuelto a liderar el movimiento, basado en una campaña de movilización no violenta en fases crecientes. En un primer momento, y aprovechando el escudo moral contra la represión que les proporciona su prestigio social, los monjes se conformaron con apoyar las protestas económicas y marchar en torno a los símbolos religiosos como la gran pagoda de Shwedagon en Rangún. Después lo hicieron en torno a la embajada china, principal aliado internacional del régimen, destacando los lazos de cooperación y hermandad con este país, y sólo en la última fase tomaron una actitud más desafiante, marchando hacia los centros de poder y llamando a la participación masiva y no violenta de la sociedad para propiciar un cambio político pacífico.

A finales de septiembre el número de manifestantes en Rangún, Mandalay y otras ciudades importantes creció hasta más de 100.000 personas. El régimen militar se vio sorprendido por los miles de manifestantes en las calles y por la atención mediática internacional. Reaccionó con más cautela que en otras ocasiones, pero finalmente optó por reprimir violentamente las protestas. El ejército (tatmadaw) movilizó a las unidades de elite, que normalmente combaten a los grupos rebeldes en las zonas fronterizas, para “combatir” a los manifestantes pacíficos en los centros urbanos. El resultado ha sido la detención de centenares de personas, el saqueo de monasterios y numerosos manifestantes muertos. La Junta Militar no reconoce oficialmente más de nueve muertos y unos 3.000 detenidos, pero las cifras de organizaciones disidentes hablan de más de un centenar de asesinados y miles de desaparecidos.

Respuesta internacional a la crisis: la importancia de China

La reacción de la sociedad internacional ha sido casi unánime en las críticas a la represión por la Junta Militar de un movimiento pacífico, que ha tenido gran resonancia mediática por la presencia simbólica de los monjes budistas. EEUU, la UE y Japón han abanderado una política de renovadas sanciones diplomáticas y económicas para Birmania. Sin embargo, la clave geopolítica de la crisis la tienen los Estados de la región como la India, los países de la ASEAN y especialmente China, debido a su tradicional apoyo internacional al régimen militar birmano con quien mantiene relaciones estratégicas en el ámbito económico y militar.

China ha buscado históricamente buenas relaciones con la Junta como una vía directa de influencia en el sudeste asiático. Ambos países han desarrollado una relación más estrecha desde la desaparición de la Unión Soviética, tradicional aliado de Birmania en el marco de la Guerra Fría, y la supresión de protestas prodemocráticas en sus respectivas capitales en septiembre de 1988 (Rangún) y junio de 1989 (Tiananmen). Estos lazos se han reforzado también por las prioridades energéticas de China, ya que las reservas de gas natural de Birmania figuran de forma prominente en la política energética del gigante chino. Para canalizar estas reservas el gigante asiático ha invertido millones de euros en la infraestructura de comunicaciones con Birmania.

La Junta Militar, además de ofrecer acuerdos económicos muy favorables y la explotación compartida de sus reservas energéticas, también ejerce un papel de control sobre numerosos grupos armados en la extensa frontera que comparte Birmania con China. Recibe como contrapartida apoyo económico, técnico y militar chino, además de protección diplomática con la posibilidad de vetar resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Durante las recientes protestas, la postura tradicional del gobierno chino de oponerse a la interferencia en asuntos internos de otros países se ha modificado a favor de una implicación constructiva en la crisis. El 27 de septiembre, cuando comenzó la represión, el ministro chino de Asuntos Exteriores solicitó públicamente al gobierno birmano una respuesta moderada que no agravará la situación y destacó la importancia de la estabilidad y el desarrollo económico del país. La imagen internacional de China en el marco de la celebración el próximo año de los Juegos Olímpicos en Beijing puede haber tenido un peso en esta nueva política, pero sus intereses económicos y estratégicos a medio plazo en el país son la clave. La pérdida creciente de legitimidad, tanto a nivel interno como externo, de la Junta Militar pone en peligro esos objetivos y ha promovido el apoyo del gobierno chino a la intermediación de Naciones Unidas. El escenario preferido por China es un cambio gradual del régimen que posibilite un nuevo gobierno encabezado por civiles, con los militares manteniendo los hilos del poder en la retaguardia si fuera posible.

El papel de la India y los países de la ASEAN

Pese a sus credenciales democráticas la India también se ha convertido en los últimos años en un aliado importante de la Junta Militar. Su política tradicional de defensa de la democracia en Birmania ha sido substituida por una visión más pragmática. Delhi ha establecido acuerdos de colaboración en el ámbito militar y energético, en parte para cubrir sus crecientes necesidades, en parte para contrarrestar la influencia china en su frontera oriental. Como en el caso de China, también existe una preocupación por los grupos armados que operan desde la frontera birmana, apoyando movimientos insurgentes en el noreste del subcontinente indio y se cuenta con la colaboración militar de la Junta para disminuir su influencia.

El gobierno indio sigue viendo con buenos ojos la posibilidad de una transición democrática en Birmania, pero no está dispuesto a perjudicar sus relaciones con la Junta por ello. Un ejemplo de esta nueva política india se produjo a finales de septiembre cuando en plena represión al movimiento de protesta, el ministro indio de Hidrocarburos visitó oficialmente el país para firmar un acuerdo de cooperación. Las criticas internas generadas por esta visita han obligado al gobierno de Manmohan Singh a pronunciarse más firmemente por “un proceso incluyente y amplío de reconciliación nacional que conlleve reformas pacíficas”, pero su voluntad real de perjudicar su reciente relación estratégica con Birmania es muy escasa.

La Junta Militar tiene también una relación privilegiada con los países de la ASEAN, organización a la que pertenece desde 1997. Particularmente, Tailandia y Singapur son dos de los socios económicos más relevantes para el régimen. La política tradicional de esos países ha sido la de fomentar un acercamiento constructivo especialmente en lo comercial, que a largo plazo favorezca una transición política. Esa estrategia quedo resumida en la famosa frase del ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia en la Cumbre de 1997 que formalizaba la entrada de Birmania en la ASEAN: “Incluso un playboy puede convertirse en un buen marido después de su boda, si cuenta con la ayuda de la familia. Éste es el modelo de la ASEAN para Myanmar”.

Una década después, la política constructiva no ha dado los resultados esperados y antes del movimiento de protesta ya se apuntaba un cambio estratégico, impulsado también por la presión de EEUU y la UE. El pasado 30 de julio los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN hicieron público un comunicado exigiendo a Birmania la liberación de los prisioneros políticos y la realización de “progresos tangibles” hacia la democracia. Las críticas se han agravado tras los últimos acontecimientos. Después de expresar su condena tajante, los Estados miembros de la ASEAN tienen una oportunidad de demostrar si son capaces de ir más allá de la pura retórica en la reunión que comenzará el próximo 17 de noviembre y que conmemorará su 40 aniversario.

La influencia internacional, especialmente la intermediación china, ha limitado el alcance violento de la represión si lo comparamos con las protestas de 1988. La Junta Militar ha acusado el desgaste de la presión interna y externa y el régimen se ha visto forzado a dialogar con la comunidad internacional a través de la figura del enviado especial de Naciones Unidas, Ibrahim Gambari, que en su primera gira birmana ha podido entrevistarse también con Aung San Suu Kyi. Dentro de esta dinámica la Junta ha realizado ciertos gestos de apertura como la liberación de parte de los detenidos, el levantamiento del toque de queda o la readmisión en el país de Paulo Sergio Pinheiro, el relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Birmania, que tenía prohibida su entrada desde 2003.

Sin embargo, la reciente visita de Gambari a principios de noviembre deja entrever que la Junta no está dispuesta a ceder poder si no recibe más presiones. La disidencia política sospecha que la estrategia negociadora es sólo una cortina de humo para intentar vender una mejor imagen mientras dure la atención internacional sobre el país. Por ejemplo, la oposición denuncia que el diálogo con la líder birmana se desarrollaría sólo si ésta acepta unas condiciones previas inaceptables y que la Hoja de Ruta hacia la democracia es una vieja iniciativa que lleva más de 14 años en funcionamiento para redactar una nueva constitución, sin ninguna representación de los grupos opositores.

Conclusiones: La clave para una salida a la crisis que implique el comienzo de un cambio político real en el país pasa necesariamente por la fortaleza del movimiento no violento de protesta. En la medida en que pueda reconstituirse pese a la represión y seguir expresando el deseo de cambio político en las calles, la Junta Militar recibirá más presiones para sentarse a negociar con la oposición cambios reales en el corto plazo. La creciente falta de legitimidad del gobierno entre la población, acrecentada por su represión violenta de las últimas manifestaciones pacíficas, y la gravísima situación económica confluyen para que la necesidad de un cambio sea sólo sea cuestión de tiempo.

Desde la perspectiva de la UE, sus esfuerzos deberían coordinarse con los de EEUU, Japón y Australia para seguir presionando al gobierno birmano con sanciones económicas y diplomáticas. Al mismo tiempo, siendo conscientes de que éstas no son suficientes y además muchas veces perjudican a una población civil cada vez más vulnerable, debería aumentar la ayuda de emergencia y humanitaria. En paralelo, es necesario continuar con una firme presión internacional coordinada por Naciones Unidas para promover un proceso gradual de reforma, que cuente con incentivos para el régimen, como el levantamiento de parte de las sanciones en función de avances reales. China y la India deben ser tenidas en cuenta como actores claves de la región y promover un diálogo a cuatro bandas, incluyendo a la Junta Militar y las Naciones Unidas, que apoye el diálogo interno.

El proceso deberá iniciarse a través de un diálogo político genuino que incluya a la LND y Aung San Suu Kyi además de representantes de los diversos grupos étnicos, en paralelo a un cese de las operaciones militares del Ejército y los grupos armados. El modelo sudafricano de transición liderado por el Congreso Nacional Africano y Nelson Mandela, que supo construir un proceso gradual y no traumático con la inclusión de los sectores moderados y aperturistas del régimen del apartheid, es una referencia clave a seguir para esta situación. La oposición política debe ser consciente de que es necesario dialogar con la Junta desde una posición constructiva para facilitar una transición hacia un régimen más democrático, encabezado por civiles, donde los monjes puedan volver a sus monasterios y los militares a sus cuarteles.

Los matices del azafrán

Por Aitor Esteban (EL CORREO DIGITAL, 07/10/07):

El color azafrán de las túnicas de los monjes budistas ha servido para poner nombre a la rebelión que se está produciendo estos días en Myanmar. La revolución azafrán, encabezada en su inicio por columnas interminables de monjes que recorrían las calles de Yangón, está ocupando portadas sobre un país habitualmente ignoto para los medios.

La mirada occidental se ha centrado en la lucha entre el Gobierno militar y la oposición política personificada en Aung San Suu Kyi, pero el azafrán tiene muchos matices. El conflicto étnico representa un obstáculo incluso más fundamental y difícil de tratar para la consecución de la paz y la democracia. De hecho, la justificación habitual que la Junta militar hace de su mandato es su necesaria determinación de mantener el país unido.

Es bien cierto que la coalición de partidos que lidera Aung San, la NLD, alcanzó en las elecciones de 1990 la abrumadora mayoría, pero no lo es menos que el segundo partido fue una coalición de grupos nacionalistas de las minorías, a pesar de que la posibilidad de votar en las zonas fronterizas estuviera sujeta a muchas restricciones. En efecto, desde la independencia del país y dado que un tercio de la población que ocupa aproximadamente la mitad del territorio está formado por minorías étnicas, la guerra civil ha sido constante desde hace más de 50 años. Hasta hoy ha provocado más de 200.000 refugiados en los Estados limítrofes.

La inestabilidad de Birmania como entidad independiente parte ya desde el inicio de su independencia. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, las etnias minoritarias apoyaron a los británicos mientras que las fuerzas nacionalistas birmanas se alinearon con el Ejército imperial japonés. Respetando su estructura política tradicional y sujetos directamente a la Corona se congraciaron con ellos como protectores frente a la mayoría birmana. Muchas de las etnias minoritarias se convirtieron al cristianismo. Las tropas Karen, Kachin, Shan, Chin, Wa y de otras minorías fueron fundamentales para frenar a los japoneses en su avance hacia India, que fue finalmente detenido en Kolima. Las atrocidades birmanas en las comunidades Karen del delta dejaron un enemistad profunda que continúa hoy. Cuando el Ejército británico se retiró concediendo la independencia tras la Segunda Guerra Mundial, muchas minorías creyeron que los ingleses les recompensarían con la independencia. Desgraciadamente, éstos tenían otras cosas en las que pensar. Para los Karen, como para los Nagas en India, la actitud británica fue lisa y llanamente una traición.

En un principio, el acuerdo de Panglong en 1947 entre representantes de diversas organizaciones políticas intentó crear una Birmania federal. La experiencia práctica del acuerdo una vez conseguida la independencia no fue satisfactoria y los movimientos guerrilleros comenzaron a actuar en las zonas de influencia de las minorías. Pero fue el golpe del 2 marzo 1962, del general Ne Win, el que eliminó cualquier tipo de autonomía, incluso para los Shan, primos hermanos de los tailandeses, que habían conseguido tener una influencia relativa en el Gobierno birmano. La guerra se recrudeció en toda su extensión a partir de esa fecha. El Tatmadaw, nombre del Ejercito birmano, adquirió una merecida fama de sanguinario con su política de los ‘cuatro cortes’, dejar a los insurgentes sin acceso a alimentos, recursos económicos, información ni civiles en los que apoyarse. Para ello no dudó en emplear su fuerza contra los civiles de etnias minoritarias provocando más de medio millón de desplazamientos internos en el país y más de 200.000 refugiados en Tailandia y otros países fronterizos. El Tatmadaw está acusado asimismo por las organizaciones internacionales de reclutar a niños soldado y utilizar como arma de combate las violaciones a mujeres.

A mediados de los años 90 y aplicando la táctica de la división, la SLORC, el Gobierno militar birmano, fue llegando a acuerdos con algunas guerrillas étnicas concediendo a sus organizaciones políticas, como en el caso de los Kachin y los Wa, un amplio territorio sobre el que éstas ejercerían su control como administración local. Se les otorgaban concesiones en la explotación de recursos mineros o forestales. Son los llamados ‘grupos del alto el fuego’. En el caso de pequeñas milicias, guerrillas escindidas de organizaciones mayores, el Tatmadaw las convirtió incluso en colaboradoras a cambio de algunas dádivas.

Así poco a poco la Junta Militar fue neutralizando resistencias. Con todo, hoy en día siguen combatiendo tres guerrillas: La más importante y de gran predicamento incluso entre los ‘grupos del alto el fuego’ por su fuerza y arraigo manteniendo una rebelión que ya dura 60 años, es la Unión Nacional Karen (KNU) con su brazo armado, el Ejército de Liberación Nacional Karen (KNLA). Los otros dos son el Karenni National Progresive Party (KNPP), que representa a los Karenni, emparentados con los ya citados Karen, y el Shan State Army-South, una de las muchas guerrillas Shan. Aun debilitados y reducidos a pequeñas parcelas de territorio como estos tres grupos están hoy, podrían en una situación de crisis convertirse en importantes máquinas militares que apoyaran la rebelión. Eso sin olvidar que las guerrillas que llegaron a un acuerdo, y no lo olvidemos, mantienen su estructura militar en modo alguno renunciaron a las reivindicaciones que tenían acerca de sus pueblos.

¿Qué hacen mientras tanto los países limítrofes para apoyar una vuelta a la democracia de Birmania? Podría esperarse algún gesto de solidaridad de parte de la mayor democracia del mundo, India. Sin embargo, el dato cierto es que este mismo año ha contribuido a la Junta birmana con ayuda militar, vendiendo armamento pesado y ofreciéndose a entrenar al Tatmadaw en tácticas de contrainsurgencia. India tiene sus propias guerrillas independentistas en su zona fronteriza con Myammar (Nagaland, Mizoram, Tripura) y quiere colaborar mano con mano con los militares birmanos. Por otra parte, el interés indio por competir como potencia en la zona con China hace el resto. A China, bien es sabido que no le importa que el gato sea negro o blanco (léase dictadura comunista, de derechas o sin ideología), sino que cace ratones. En esas circunstancias los militares birmanos se sienten fuertes. Porque además la realidad es que en el concierto internacional nadie, o casi nadie, se atreve a inquirir a muchos regímenes totalitarios sobre su política de derechos humanos.

Por eso tiene tanto valor el gesto de la canciller germana, Angela Merkel, al recibir al Dalai Lama a pesar de las presiones de China para que no lo hiciera. Pekín gusta de amenazar velada y explícitamente con restringir sus relaciones comerciales a aquellos países que osan hacer el mínimo gesto crítico con su política de derechos humanos, o mejor dicho, con su falta de política. No hay visita de alguna persona desafecta al régimen comunista que no se intente boicotear. Lo irritante de la postura China es que se permite el lujo de decirte qué es lo que puedes y no puedes hacer por muy soberano que tú te creas, que para eso son el mayor mercado del mundo. En eso los comunistas chinos del siglo XXI se han quedado en la época del imperio. Ni siquiera Rusia se atreve a tanto con Occidente, a pesar de su bravuconería en el caso checheno. Harán falta más dirigentes que crean en valores más allá del día a día de la política, como Angela Merkel, para que las palabras sobre la democracia y los derechos humanos sean poco más que una fachada para Occidente.

El circo de las Naciones Unidas

Por Inocencio Arias, diplomático (EL PERIÓDICO, 06/10/07):

En las novelas decimonónicas, hay muchos personajes que acuden a la ópera para ver y ser vistos. Que la pieza del escenario sea de Verdi, Wagner o Puccini les deja indiferentes. El interés principal de su desplazamiento no es degustar la música.

Un escéptico pensaría que en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas ocurre algo parecido. No pocos dirigentes acuden para pronunciar un discurso para su galería o para ver a una serie de colegas. La concentración de estadistas en la sede de la ONU en esa semana es impresionante, pero no aparentan estar demasiado concentrados en los problemas urgentes del mundo, pese a que la búsqueda de soluciones para ellos es el motivo por el que se creó la organización.

El show en que se convierten las Naciones Unidas tiene cada año una estrella que barre mediáticamente. Nikita Kruschev fue en una sesión el artista indiscutible, con los zapatazos en su bancada y el barrigazo a nuestro embajador Jaime de Piniés, en los sesenta. Fidel Castro dio titulares fustigando a Estados Unidos y alanceando a los dos candidatos presidenciales del momento, John F. Kennedy (”es un millonario ignorante y analfabeto”) y Richard Nixon (”le falta seso político”). George Bush acaparó la atención en el 2002 al anunciar, sin tapujos, que o la ONU metía en cintura a Sadam Husein o su país intervendría.

LOS ORADORES pueden tener tres objetivos: a) Explicar su posición sobre la problemática internacional. El más razonable. b) Hacer política interior alimentando a su opinión pública con mensajes atractivos (con frecuencia no lo son), y c) Tener eco en los medios de información estadounidenses y otros. Método garantizado para lograr lo último es atacar a Washington. Lo consiguió el año pasado Hugo Chávez cuando dijo que el podio aún olía a azufre por el paso del demonio Bush. Gracieta noticiosa, pero que le pasó una pesada factura política: al poco, Venezuela cayó en la elección para el Consejo de Seguridad, algo que no debería haber perdido. Aclaremos que Estados Unidos no puede oponerse a que vengan a zarandearlo en su propia casa porque el Acuerdo de Sede de 1946 con la ONU le obliga a conceder visados para los dirigentes políticos.

La vedet de este año ha sido el iraní Mahmud Ahmadineyad. Calentó el ambiente acudiendo con coraje la víspera a programas televisivos y a la Universidad de Columbia. (Al calor del cónclave onusiano, bastantes instituciones organizan eventos. Bill Clinton, por ejemplo, viene montando un foro sobre la pobreza al que asisten políticos –Recep Tayyip Erdogan, Tony Blair–, magnates –Rupert Murdoch–, premios Nobel… y en el que las personalidades hispanas escasean). En Columbia, Ahmadineyad, en un ambiente hostil y ante 200 periodistas, después de lanzar verdades sobre el sufrimiento palestino, esquivó pronunciarse sobre el derecho de Israel a existir, mostró dudas sobre la existencia del Holocausto y soltó la ya inmortal afirmación de que no hay homosexuales en Irán. En la ONU se mostró desafiante. Decretó, por sí y ante sí, que no va a acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad porque son imposiciones de “potencias arrogantes”. Ignoró que el Consejo no es una sucursal de Estados Unidos: estos no lo controlan, es la ONU quien ordena que pare su programa nuclear.

CONSIGUIÓ, con todo, dos objetivos. Impacto mediático y, probablemente, ante la animosidad ambiental, la solidaridad de bastantes de sus compatriotas. En contraste con un superstar, coyuntural pero llamativo por su carácter provocativo, otros europeos –como los representantes italiano y sueco, José Luis Rodríguez Zapatero, etcétera– son escasamente notados. Nicolas Sarkozy, en cambio, sí lo fue: está en el Consejo y tiene pegada informativa.

¿Qué hubo sobre los temas de fondo? Discursos. Algo que, según resumen los críticos de la ONU, a menudo injustamente, no es más que una caja de charletas inoperantes y bastante división. Dos ejemplos iluminadores: Irán. Cuando hasta el ministro de Exteriores francés, un socialista, ha deslizado que la guerra es una opción, tal vez no deseable, pero opción al fin y al cabo, Ahmadineyad decide, sin admitir que parará su programa nuclear, que es un “tema cerrado” y el Consejo –¿cómo no?– se escinde. Rusia y China piden más tiempo. Estados Unidos, Gran Bretaña y –novedad– Francia, con un Sarkozy que considera “insoportable que Irán tenga la bomba”, dicen que ya se ha tenido bastante paciencia con Teherán.

BIRMANIA. El régimen militar birmano, al que la ONU denuncia por violar los derechos humanos –no hay que olvidar que la principal opositora política a la junta y premio Nobel de la Paz ha pasado 12 años en la cárcel– reprime a la población que protesta por el endurecimiento de sus condiciones de vida con violencia. Resultado, el Consejo de Seguridad, tímidamente, le pide “contención”. Rusia y China se oponen a hacer llegar a la junta militar algo más co- activo. La indignación por los abusos birmanos es generalizada, pero la ONU es lo que es. Cuentan los egoísmos de las potencias. Como dice el estudioso Brian Urquart, “las diferencias y los intereses nacionales priman sobre la responsabilidad internacional”.