La crisis política belga

Por Andoni Pérez Ayala (EL CORREO DIGITAL, 20/11/07):

Los cinco meses transcurridos desde la celebración, el pasado 10 de junio, de las elecciones en Bélgica, sin que hasta el día de hoy haya sido posible la formación de un nuevo gobierno, son una muestra reveladora de la situación de crisis política que vive Bélgica en el momento presente. Pero más importante que la duración temporal, llamativamente excesiva en cualquier caso, del periodo de negociaciones entre las distintas formaciones políticas para conseguir cerrar un acuerdo de gobierno, es la naturaleza de los problemas que se están planteando en este proceso, que sobrepasan ampliamente los límites propios de las crisis gubernamentales para situarse en una dinámica que alimenta una crisis de Estado de desenlace incierto.

En relación con el Gobierno, cuyas dificultades para su formación originan la presente crisis, es preciso tener presente que en Bélgica, a diferencia de otros países, su composición viene predeterminada constitucionalmente sobre la base del principio de la paridad lingüística, exigiéndose un número igual de ministros pertenecientes a cada una de las dos grandes comunidades lingüísticas, neerlandófona y francófona. Así mismo, y por lo que se refiere a las cámaras parlamentarias, éstas funcionan sobre la base de los grupos lingüísticos -integrados por diputados y senadores francófonos o neerlandófonos- cuando se trata de aprobar determinadas leyes que puedan afectar a la estructura lingüístico-comunitaria del país (que es precisamente lo que más conflictividad suscita). Resulta obvio que con estos condicionantes relativos a la composición del gobierno y al funcionamiento de las cámaras parlamentarias, tanto la formación de aquél como asegurar el respaldo de éstas al ejecutivo comporta una complejidad y unas dificultades añadidas que inevitablemente repercuten en el funcionamiento institucional.

Pero más allá de estas peculiaridades en la configuración de las instituciones parlamentarias belgas, el auténtico problema de fondo nos remite a la aguda fractura comunitaria que segmenta a la población belga. Una fractura que no sólo tiene manifestaciones en el plano político -las actuales dificultades para formar gobierno serían una de ellas-, sino que tiene carácter global afectando a la sociedad belga en su conjunto, incluyendo también, cada vez con más nitidez, factores de orden económico y financieros (distribución de los recursos financieros del Estado). Se trata de una componente de carácter estructural, tanto por lo que se refiere a la sociedad como al Estado belgas, que condiciona de forma determinante el proceso político en su conjunto así como las diversas opciones y principales decisiones políticas en Bélgica.

A lo largo de las últimas décadas -desde finales de los sesenta a mediados de los noventa- Bélgica ha experimentado un proceso de profunda transformación del Estado, particularmente en lo que concierne a su forma de organización territorial. Partiendo de un modelo inicial de carácter unitario centralizado, ha seguido una evolución de signo progresivamente descentralizador a través de sucesivas revisiones constitucionales -las más importantes en 1970, 1980 y 1993, además de otras menores- que ha transformado a Bélgica, primero en Estado autonómico (revisiones constitucionales de 1970 y 1980) y finalmente (revisión constitucional de 1993) en un Estado federal con características muy peculiares. En especial por lo que se refiere a la doble estructura, comunitaria y regional, en que se basa su singular modelo federal.

A diferencia de otros sistemas federales (y también autonómicos), el belga se articula a través de una doble red: la comunitaria, integrada por las tres comunidades lingüístico-culturales -flamencos neerlandófonos, francófonos, tanto bruselenses como valones, y la pequeña comunidad germanófona de habla alemana-; y, simultáneamente, la regional, integrada por la región flamenca, la valona y la bruselense. Ni el ámbito competencial comunitario coincide con el regional ni tampoco el ámbito territorial ni el de la población que forma parte de cada una de ellas. Así, por ejemplo, Bruselas es una región (pero no una comunidad) que acoge tanto a miembros de la comunidad francófona como neerlandófona; y ni Flandes ni Valonia coinciden en su delimitación territorial con el ámbito territorial de la población de expresión lingüística neerlandófona o francófona. Se trata, en definitiva, de un modelo particularmente complejo que puede llegar a dificultar extraordinariamente, como ocurre ahora, llegar a acuerdos comunes; en efecto, es preciso conjugar no sólo los intereses enfrentados de las distintas comunidades lingüísticas, sino también los no menos enfrentados de las regiones, que no tienen por qué coincidir, como se está poniendo de manifiesto en esta crisis, con aquéllos; así, por ejemplo, los intereses de los valones (francófonos) tienen muy poco que ver, particularmente en el plano económico y social, con los de los bruselenses (mayoritariamente francófonos) por mucho que ambos pertenezcan a la misma comunidad lingüística.

Pero más allá de la complejidad y de las peculiaridades reseñadas en el singular modelo federal belga, lo que realmente constituye el dato más relevante en relación con la crisis política que vive Bélgica actualmente es la ausencia de mecanismos de cooperación entre las comunidades y regiones, y entre ambas y el Estado. A falta de instrumentos de cooperación intercomunitarios e interregionales, se ha ido configurando un modelo, primero autonómico y finalmente federal, basado de forma exclusiva en la sobreprotección de los intereses propios de cada comunidad y región frente a las demás (y frente al Estado), abriendo así una dinámica de confrontación intercomunitaria e interregional de creciente intensidad y de desenlace incierto. Esta es precisamente la situación actual y en este marco es preciso encuadrar la prolongada crisis gubernamental belga en el momento presente.

Sería erróneo considerar que se trata, simplemente, de una crisis de gobierno (aunque ésta sea su manifestación en este momento) de carácter coyuntural, que pueda ser cerrada mediante un acuerdo que haga posible la formación de una nueva coalición de gobierno para la legislatura que ahora se abre tras las elecciones. Siendo ello necesario, la cuestión decisiva en Bélgica es afrontar la crisis estructural, derivada de la aguda fractura intercomunitaria e interregional, que afecta de lleno al Estado en su conjunto y que conduce inevitablemente al bloqueo de su funcionamiento institucional (la actual crisis de gobierno es la muestra más expresiva). En este sentido, no estaría de más que la experiencia de estos últimos meses sirviese para que las formaciones políticas belgas tomasen conciencia colectivamente de la necesidad de abordar sin dilación esta cuestión.

Sólo el restablecimiento de instrumentos de cooperación entre las comunidades y las regiones, y entre éstas y el Estado, puede aportar los elementos que hagan posible una alternativa compartida, intercomunitaria e interregional, a la aguda crisis política que viene sufriendo Bélgica en este último periodo. De no ser así, lo más previsible es que esta crisis crónica se siga reproduciendo en lo sucesivo de forma recurrente pero con una carga de conflictividad intercomunitaria e interregional creciente que dificulte cada vez más encontrar salidas viables. Y bien podría ocurrir finalmente que en alguna de las próximas crisis lo que haya que dilucidar no sea ya la formación de un nuevo gobierno, sino la propia continuidad y existencia del Estado.

La crisis política belga

Por Andoni Pérez Ayala (EL CORREO DIGITAL, 20/11/07):

Los cinco meses transcurridos desde la celebración, el pasado 10 de junio, de las elecciones en Bélgica, sin que hasta el día de hoy haya sido posible la formación de un nuevo gobierno, son una muestra reveladora de la situación de crisis política que vive Bélgica en el momento presente. Pero más importante que la duración temporal, llamativamente excesiva en cualquier caso, del periodo de negociaciones entre las distintas formaciones políticas para conseguir cerrar un acuerdo de gobierno, es la naturaleza de los problemas que se están planteando en este proceso, que sobrepasan ampliamente los límites propios de las crisis gubernamentales para situarse en una dinámica que alimenta una crisis de Estado de desenlace incierto.

En relación con el Gobierno, cuyas dificultades para su formación originan la presente crisis, es preciso tener presente que en Bélgica, a diferencia de otros países, su composición viene predeterminada constitucionalmente sobre la base del principio de la paridad lingüística, exigiéndose un número igual de ministros pertenecientes a cada una de las dos grandes comunidades lingüísticas, neerlandófona y francófona. Así mismo, y por lo que se refiere a las cámaras parlamentarias, éstas funcionan sobre la base de los grupos lingüísticos -integrados por diputados y senadores francófonos o neerlandófonos- cuando se trata de aprobar determinadas leyes que puedan afectar a la estructura lingüístico-comunitaria del país (que es precisamente lo que más conflictividad suscita). Resulta obvio que con estos condicionantes relativos a la composición del gobierno y al funcionamiento de las cámaras parlamentarias, tanto la formación de aquél como asegurar el respaldo de éstas al ejecutivo comporta una complejidad y unas dificultades añadidas que inevitablemente repercuten en el funcionamiento institucional.

Pero más allá de estas peculiaridades en la configuración de las instituciones parlamentarias belgas, el auténtico problema de fondo nos remite a la aguda fractura comunitaria que segmenta a la población belga. Una fractura que no sólo tiene manifestaciones en el plano político -las actuales dificultades para formar gobierno serían una de ellas-, sino que tiene carácter global afectando a la sociedad belga en su conjunto, incluyendo también, cada vez con más nitidez, factores de orden económico y financieros (distribución de los recursos financieros del Estado). Se trata de una componente de carácter estructural, tanto por lo que se refiere a la sociedad como al Estado belgas, que condiciona de forma determinante el proceso político en su conjunto así como las diversas opciones y principales decisiones políticas en Bélgica.

A lo largo de las últimas décadas -desde finales de los sesenta a mediados de los noventa- Bélgica ha experimentado un proceso de profunda transformación del Estado, particularmente en lo que concierne a su forma de organización territorial. Partiendo de un modelo inicial de carácter unitario centralizado, ha seguido una evolución de signo progresivamente descentralizador a través de sucesivas revisiones constitucionales -las más importantes en 1970, 1980 y 1993, además de otras menores- que ha transformado a Bélgica, primero en Estado autonómico (revisiones constitucionales de 1970 y 1980) y finalmente (revisión constitucional de 1993) en un Estado federal con características muy peculiares. En especial por lo que se refiere a la doble estructura, comunitaria y regional, en que se basa su singular modelo federal.

A diferencia de otros sistemas federales (y también autonómicos), el belga se articula a través de una doble red: la comunitaria, integrada por las tres comunidades lingüístico-culturales -flamencos neerlandófonos, francófonos, tanto bruselenses como valones, y la pequeña comunidad germanófona de habla alemana-; y, simultáneamente, la regional, integrada por la región flamenca, la valona y la bruselense. Ni el ámbito competencial comunitario coincide con el regional ni tampoco el ámbito territorial ni el de la población que forma parte de cada una de ellas. Así, por ejemplo, Bruselas es una región (pero no una comunidad) que acoge tanto a miembros de la comunidad francófona como neerlandófona; y ni Flandes ni Valonia coinciden en su delimitación territorial con el ámbito territorial de la población de expresión lingüística neerlandófona o francófona. Se trata, en definitiva, de un modelo particularmente complejo que puede llegar a dificultar extraordinariamente, como ocurre ahora, llegar a acuerdos comunes; en efecto, es preciso conjugar no sólo los intereses enfrentados de las distintas comunidades lingüísticas, sino también los no menos enfrentados de las regiones, que no tienen por qué coincidir, como se está poniendo de manifiesto en esta crisis, con aquéllos; así, por ejemplo, los intereses de los valones (francófonos) tienen muy poco que ver, particularmente en el plano económico y social, con los de los bruselenses (mayoritariamente francófonos) por mucho que ambos pertenezcan a la misma comunidad lingüística.

Pero más allá de la complejidad y de las peculiaridades reseñadas en el singular modelo federal belga, lo que realmente constituye el dato más relevante en relación con la crisis política que vive Bélgica actualmente es la ausencia de mecanismos de cooperación entre las comunidades y regiones, y entre ambas y el Estado. A falta de instrumentos de cooperación intercomunitarios e interregionales, se ha ido configurando un modelo, primero autonómico y finalmente federal, basado de forma exclusiva en la sobreprotección de los intereses propios de cada comunidad y región frente a las demás (y frente al Estado), abriendo así una dinámica de confrontación intercomunitaria e interregional de creciente intensidad y de desenlace incierto. Esta es precisamente la situación actual y en este marco es preciso encuadrar la prolongada crisis gubernamental belga en el momento presente.

Sería erróneo considerar que se trata, simplemente, de una crisis de gobierno (aunque ésta sea su manifestación en este momento) de carácter coyuntural, que pueda ser cerrada mediante un acuerdo que haga posible la formación de una nueva coalición de gobierno para la legislatura que ahora se abre tras las elecciones. Siendo ello necesario, la cuestión decisiva en Bélgica es afrontar la crisis estructural, derivada de la aguda fractura intercomunitaria e interregional, que afecta de lleno al Estado en su conjunto y que conduce inevitablemente al bloqueo de su funcionamiento institucional (la actual crisis de gobierno es la muestra más expresiva). En este sentido, no estaría de más que la experiencia de estos últimos meses sirviese para que las formaciones políticas belgas tomasen conciencia colectivamente de la necesidad de abordar sin dilación esta cuestión.

Sólo el restablecimiento de instrumentos de cooperación entre las comunidades y las regiones, y entre éstas y el Estado, puede aportar los elementos que hagan posible una alternativa compartida, intercomunitaria e interregional, a la aguda crisis política que viene sufriendo Bélgica en este último periodo. De no ser así, lo más previsible es que esta crisis crónica se siga reproduciendo en lo sucesivo de forma recurrente pero con una carga de conflictividad intercomunitaria e interregional creciente que dificulte cada vez más encontrar salidas viables. Y bien podría ocurrir finalmente que en alguna de las próximas crisis lo que haya que dilucidar no sea ya la formación de un nuevo gobierno, sino la propia continuidad y existencia del Estado.

El Benelux y el problema belga

Por Daniel Reboredo (EL CORREO DIGITAL, 09/11/07):

La globalización en la que nos encontramos inmersos los ciudadanos del mundo cuestiona un presupuesto fundamental de la primera modernidad, la idea de que el perfil de la sociedad tiende a coincidir con el del Estado nacional. El modelo organizado sobre la base de la identidad cultural y el Estado aparece claramente cuestionado por el modelo globalizador. Pero, por otra parte, en unos tiempos en los que las visiones universalistas de la existencia humana preveían una fusión entre individualidad y globalidad, la especificidad grupal ha recobrado de nuevo su protagonismo societario. El resurgimiento de las identidades étnico-territoriales ha ido a la par del cuestionamiento del modelo centralista del Estado unitario y de ahí que la descentralización, la federalización y la subsidiariedad hayan pretendido acomodarse a esta realidad. Aunque asistimos a un creciente apego a los niveles de desarrollo institucional e integración cívica supranacional, también contemplamos un proceso paralelo de fortalecimiento de las identidades étnico-territoriales. En el mundo contemporáneo, los mitos étnicos y las pertenencias grupales siguen conformando el sustrato de buena parte de los anhelos y expectativas ciudadanas. En la propia UE se están reforzando estas identidades y la implantación del principio de subsidiariedad (Tratado de Maastricht, 1992) tiene mucho que ver con ello.

Las reflexiones anteriores tienen mucho que ver con lo que supuso la creación del Benelux hace 60 años -29 de octubre de 1947-, y la paradigmática contradicción que respecto a ésta refleja la actual situación de Bélgica y sus conatos desintegradores. Varios meses después de las elecciones de 10 de junio de este año en las que vencieron los partidos conservadores flamencos favorables a aumentar la descentralización, Bélgica carece de gobierno, debido a la incapacidad de unos y otros para llegar a un acuerdo de coalición que necesitaría a cuatro partidos del espectro político belga, probablemente el francófono y liberal Movimiento Reformador, el Partido Liberal Flamenco y el Centro Demócrata Humanista de Valonia, que se sumarían a la ganadora Alianza Nueva Flamenca. Esta situación no es nada sorprendente ya que flamencos y francófonos (valones) son dos grupos que viven existencias paralelas y a los que separan fronteras más sólidas de lo que a primera vista parece. La unidad belga está seriamente amenazada tal y como avala la sucesión de mediadores nombrados por Alberto II (Didier Reynders, Jean Luc Dehaene, Yves Leterme y Herman van Rompuy) para conseguir formar un gobierno estable. Las crecientes demandas independentistas de Flandes y las reformas constitucionales que implican hacen muy difícil llegar a un punto de encuentro. Nadie sabe aún si forma parte del ejecutivo o de la oposición, no hay primer ministro, no existe ninguna alianza, el vacío de gobierno es absoluto y aún y todo el país no se desmorona.

Durante el último cuarto de siglo, los belgas han incrementado la velocidad de su proyecto común en pos de la eliminación de los elementos comunes, acelerado cuando en 1970 el choque parecía inevitable y que se evitó separando culturalmente ambas comunidades lingüísticas en vez de apostar por el bilingüismo y proclamando diez años más tarde un Estado federal que más parecía una separación amistosa. Esta situación ha generado un imaginario en el que no existen ni los partidos políticos belgas, ni la televisión pública belga, ni prensa con las mismas noticias en los dos idiomas. La posibilidad de que una comunidad influya sobre la otra es una quimera, ya que se ignoran sin ningún disimulo. El complejo e intrincadísimo sistema político de regiones y comunidades lingüísticas superpuestas, de innumerables instituciones y parlamentos, de un bicameralismo igualitario formado por un Senado y la Cámara de Representantes, de proporcionalidad territorial regional y multipartidismo, de la omnipresente cultura del pacto, etétera, equilibra lo justo el sistema para que la estructura no se venga abajo. Si esto ocurriera, Flandes sería un país independiente y los valones francófonos pedirían su anexión a Francia o la unión a Luxemburgo.

La paradoja de esta situación se manifiesta cuando recordamos la creación y los fines del Benelux, acrónimo formado por las primeras letras de los nombres de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y utilizado para referirse a la Unión Económica del Benelux. Lazos históricos e interdependencia económica generaron esta realidad cuyo principal referente histórico fue el Reino de los Países Bajos, del cual Bélgica, en 1830, y Luxemburgo, en 1890, se independizaron, surgiendo la necesidad de una unión económica entre los nuevos pequeños Estados. El 25 de julio de 1921 se firmó el tratado que creaba la Unión económica entre Bélgica y Luxemburgo, mediante la cual se eliminaban las barreras económicas, y que fue el precedente del Benelux, adhiriéndose a la misma Holanda en 1943. El 5 de septiembre de 1944, se firmó el Tratado de Londres, ciudad en la que se encontraban exiliados los tres gobiernos, cuya entrada en vigor se fijó para el 1 de enero de 1948. Previamente, el 29 de octubre de 1947, se llevó a cabo la Unión Aduanera. El 17 de marzo de 1948 el Benelux, Francia y Reino Unido firmaron el Tratado de Bruselas, cuyo espíritu se basaba en que la colaboración militar contribuiría al proceso de integración europea. Como la neutralidad de las dos guerras mundiales no había servido para nada a los miembros del Benelux, éstos firmaron el Tratado del Atlántico Norte el 4 de abril de 1949, junto con Francia, Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega, Portugal, Canadá y EE UU, y un mes más tarde, el 5 de mayo, firmaron también el Tratado de Londres que creó el Consejo de Europa. Con la adhesión y firma de los Tratados de la CECA (1951) y de la CEE (1957), el Benelux perdió en cierta forma su razón de ser y en 1960 la Unión Aduanera fue remplazada por la Unión Económica del Benelux, instituida por el Tratado de 3 de febrero de 1958.

Después de este recordatorio histórico, se entiende claramente que el Benelux fue el primer intento de integración supranacional de países europeos, iniciándose el camino en el proceso de integración de los mismos. Los múltiples frentes en que se vive la disputa de soberanía en el Estado federal belga, se están manifestando en un país miembro de la UE y las diferencias lingüísticas han dejado ya paso a las identidades culturales dispares y afines a los países de alrededor. Bélgica ha quedado así dividida entre el frente flamenco, el frente valón y Bruselas. El bloqueo y las posibilidades de colapso que amenazan a uno de los países fundadores de la Europa comunitaria conforman un fenómeno preocupante para el resto de miembros, aunque su posible fragmentación se ve frenada tanto por su pertenencia a la UE como por la demostrada capacidad de sus políticos para llegar a acuerdos inverosímiles y complicadísimos que han conseguido mantener el equilibrio hasta ahora. Lo que ocurre en Bélgica es parte de la revitalización del debate relativo a las identidades colectivas y los derechos individuales de las últimas décadas, y de las dificultades que existen en la acomodación de las identidades étnico-territoriales y sociedades diferenciadas en el seno de los Estados plurales. De ahí la complejidad de la articulación de la vida política, económica, social y ciudadana en proyectos territoriales supranacionales como la UE, en los que las identidades y la territorialidad exigen minuciosa reglamentación.

El proceso de europeización reclama y necesita la confluencia de recursos y rendimientos de unos Estados miembros que, aun compartiendo desarrollos históricos análogos y asumiendo valores de democracia y derechos humanos de naturaleza igualitaria, tienen que superar protagonismos y rivalidades nacionales seculares. La Europa comunitaria, y todos sus miembros sin excepción, deben salvar el escollo de los nacionalismos disgregadores e ir más allá de las viejas servidumbres del Estado nacional que hoy debe adaptarse al nuevo orden global, y, por su parte, los abundantes nacionalismos identitarios de la vieja Europa tienen también que ver más allá de la revisión de la soberanía estatal en pos de una democracia cosmopolita. La vieja aspiración de implantar a escala global la democracia y los derechos humanos sólo puede avanzar si la comunidad internacional evoluciona hacia una soberanía compartida donde los derechos de los ciudadanos predominen por fin sobre el de los Estados y sobre la mitología de las identidades destructivas.

El Benelux y el problema belga

Por Daniel Reboredo (EL CORREO DIGITAL, 09/11/07):

La globalización en la que nos encontramos inmersos los ciudadanos del mundo cuestiona un presupuesto fundamental de la primera modernidad, la idea de que el perfil de la sociedad tiende a coincidir con el del Estado nacional. El modelo organizado sobre la base de la identidad cultural y el Estado aparece claramente cuestionado por el modelo globalizador. Pero, por otra parte, en unos tiempos en los que las visiones universalistas de la existencia humana preveían una fusión entre individualidad y globalidad, la especificidad grupal ha recobrado de nuevo su protagonismo societario. El resurgimiento de las identidades étnico-territoriales ha ido a la par del cuestionamiento del modelo centralista del Estado unitario y de ahí que la descentralización, la federalización y la subsidiariedad hayan pretendido acomodarse a esta realidad. Aunque asistimos a un creciente apego a los niveles de desarrollo institucional e integración cívica supranacional, también contemplamos un proceso paralelo de fortalecimiento de las identidades étnico-territoriales. En el mundo contemporáneo, los mitos étnicos y las pertenencias grupales siguen conformando el sustrato de buena parte de los anhelos y expectativas ciudadanas. En la propia UE se están reforzando estas identidades y la implantación del principio de subsidiariedad (Tratado de Maastricht, 1992) tiene mucho que ver con ello.

Las reflexiones anteriores tienen mucho que ver con lo que supuso la creación del Benelux hace 60 años -29 de octubre de 1947-, y la paradigmática contradicción que respecto a ésta refleja la actual situación de Bélgica y sus conatos desintegradores. Varios meses después de las elecciones de 10 de junio de este año en las que vencieron los partidos conservadores flamencos favorables a aumentar la descentralización, Bélgica carece de gobierno, debido a la incapacidad de unos y otros para llegar a un acuerdo de coalición que necesitaría a cuatro partidos del espectro político belga, probablemente el francófono y liberal Movimiento Reformador, el Partido Liberal Flamenco y el Centro Demócrata Humanista de Valonia, que se sumarían a la ganadora Alianza Nueva Flamenca. Esta situación no es nada sorprendente ya que flamencos y francófonos (valones) son dos grupos que viven existencias paralelas y a los que separan fronteras más sólidas de lo que a primera vista parece. La unidad belga está seriamente amenazada tal y como avala la sucesión de mediadores nombrados por Alberto II (Didier Reynders, Jean Luc Dehaene, Yves Leterme y Herman van Rompuy) para conseguir formar un gobierno estable. Las crecientes demandas independentistas de Flandes y las reformas constitucionales que implican hacen muy difícil llegar a un punto de encuentro. Nadie sabe aún si forma parte del ejecutivo o de la oposición, no hay primer ministro, no existe ninguna alianza, el vacío de gobierno es absoluto y aún y todo el país no se desmorona.

Durante el último cuarto de siglo, los belgas han incrementado la velocidad de su proyecto común en pos de la eliminación de los elementos comunes, acelerado cuando en 1970 el choque parecía inevitable y que se evitó separando culturalmente ambas comunidades lingüísticas en vez de apostar por el bilingüismo y proclamando diez años más tarde un Estado federal que más parecía una separación amistosa. Esta situación ha generado un imaginario en el que no existen ni los partidos políticos belgas, ni la televisión pública belga, ni prensa con las mismas noticias en los dos idiomas. La posibilidad de que una comunidad influya sobre la otra es una quimera, ya que se ignoran sin ningún disimulo. El complejo e intrincadísimo sistema político de regiones y comunidades lingüísticas superpuestas, de innumerables instituciones y parlamentos, de un bicameralismo igualitario formado por un Senado y la Cámara de Representantes, de proporcionalidad territorial regional y multipartidismo, de la omnipresente cultura del pacto, etétera, equilibra lo justo el sistema para que la estructura no se venga abajo. Si esto ocurriera, Flandes sería un país independiente y los valones francófonos pedirían su anexión a Francia o la unión a Luxemburgo.

La paradoja de esta situación se manifiesta cuando recordamos la creación y los fines del Benelux, acrónimo formado por las primeras letras de los nombres de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y utilizado para referirse a la Unión Económica del Benelux. Lazos históricos e interdependencia económica generaron esta realidad cuyo principal referente histórico fue el Reino de los Países Bajos, del cual Bélgica, en 1830, y Luxemburgo, en 1890, se independizaron, surgiendo la necesidad de una unión económica entre los nuevos pequeños Estados. El 25 de julio de 1921 se firmó el tratado que creaba la Unión económica entre Bélgica y Luxemburgo, mediante la cual se eliminaban las barreras económicas, y que fue el precedente del Benelux, adhiriéndose a la misma Holanda en 1943. El 5 de septiembre de 1944, se firmó el Tratado de Londres, ciudad en la que se encontraban exiliados los tres gobiernos, cuya entrada en vigor se fijó para el 1 de enero de 1948. Previamente, el 29 de octubre de 1947, se llevó a cabo la Unión Aduanera. El 17 de marzo de 1948 el Benelux, Francia y Reino Unido firmaron el Tratado de Bruselas, cuyo espíritu se basaba en que la colaboración militar contribuiría al proceso de integración europea. Como la neutralidad de las dos guerras mundiales no había servido para nada a los miembros del Benelux, éstos firmaron el Tratado del Atlántico Norte el 4 de abril de 1949, junto con Francia, Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega, Portugal, Canadá y EE UU, y un mes más tarde, el 5 de mayo, firmaron también el Tratado de Londres que creó el Consejo de Europa. Con la adhesión y firma de los Tratados de la CECA (1951) y de la CEE (1957), el Benelux perdió en cierta forma su razón de ser y en 1960 la Unión Aduanera fue remplazada por la Unión Económica del Benelux, instituida por el Tratado de 3 de febrero de 1958.

Después de este recordatorio histórico, se entiende claramente que el Benelux fue el primer intento de integración supranacional de países europeos, iniciándose el camino en el proceso de integración de los mismos. Los múltiples frentes en que se vive la disputa de soberanía en el Estado federal belga, se están manifestando en un país miembro de la UE y las diferencias lingüísticas han dejado ya paso a las identidades culturales dispares y afines a los países de alrededor. Bélgica ha quedado así dividida entre el frente flamenco, el frente valón y Bruselas. El bloqueo y las posibilidades de colapso que amenazan a uno de los países fundadores de la Europa comunitaria conforman un fenómeno preocupante para el resto de miembros, aunque su posible fragmentación se ve frenada tanto por su pertenencia a la UE como por la demostrada capacidad de sus políticos para llegar a acuerdos inverosímiles y complicadísimos que han conseguido mantener el equilibrio hasta ahora. Lo que ocurre en Bélgica es parte de la revitalización del debate relativo a las identidades colectivas y los derechos individuales de las últimas décadas, y de las dificultades que existen en la acomodación de las identidades étnico-territoriales y sociedades diferenciadas en el seno de los Estados plurales. De ahí la complejidad de la articulación de la vida política, económica, social y ciudadana en proyectos territoriales supranacionales como la UE, en los que las identidades y la territorialidad exigen minuciosa reglamentación.

El proceso de europeización reclama y necesita la confluencia de recursos y rendimientos de unos Estados miembros que, aun compartiendo desarrollos históricos análogos y asumiendo valores de democracia y derechos humanos de naturaleza igualitaria, tienen que superar protagonismos y rivalidades nacionales seculares. La Europa comunitaria, y todos sus miembros sin excepción, deben salvar el escollo de los nacionalismos disgregadores e ir más allá de las viejas servidumbres del Estado nacional que hoy debe adaptarse al nuevo orden global, y, por su parte, los abundantes nacionalismos identitarios de la vieja Europa tienen también que ver más allá de la revisión de la soberanía estatal en pos de una democracia cosmopolita. La vieja aspiración de implantar a escala global la democracia y los derechos humanos sólo puede avanzar si la comunidad internacional evoluciona hacia una soberanía compartida donde los derechos de los ciudadanos predominen por fin sobre el de los Estados y sobre la mitología de las identidades destructivas.

La Monarquía belga, ¿en peligro?

Por Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra (EL PAÍS, 17/10/07):

Bélgica lleva ya cuatro meses sin dotarse de un Gobierno, a pesar de haber celebrado elecciones legislativas el 10 de junio pasado, que la han sumido en una crisis institucional de alcance impredecible. A finales de septiembre el dirigente democristiano flamenco Yves Leterme recibía el encargo del rey Alberto II de procurar un acuerdo entre los partidos ganadores de los comicios para constituir un Gobierno federal. El incierto resultado electoral ha dificultado si cabe aún más la posibilidad de un acuerdo entre los partidos que representan a las minorías flamenca y valona. La crisis política ha alcanzado una intensidad superior a la que viene siendo habitual entre ambas, hasta el punto de que se ha llegado a plantear el riesgo de escisión del Estado belga nacido tras la revuelta de septiembre de 1830, lo que conllevaría la disolución de la Monarquía de la casa Saxe Cobourg. Seguramente porque está en juego su propia existencia institucional, la función arbitral del Rey como monarca parlamentario se ha intensificado en las últimas semanas para neutralizar y hacer frente a la situación creada. Y a ella no es ajena la insatisfacción expresada por la minoría flamenca, mayoritaria a su vez en Bélgica, respecto del alcance del autogobierno del que actualmente dispone según la Constitución federal.

Merece la pena retener la atención en el análisis del alcance de los poderes del Rey previstos en la Constitución de 1831, revisada con carácter federal en 1994, que si bien en el pasado eran los propios de una Monarquía constitucional, es decir, poderes decisorios, hoy se inscriben en el marco de la Monarquía parlamentaria. Esto es, el titular de la Corona es inviolable y sus actos carecen de valor jurídico sin el refrendo de un ministro que es quien, en ese caso, asume la responsabilidad. La cuestión tiene especial trascendencia no sólo porque a Alberto II le preocupe la pervivencia de la institución hereditaria que preside, sino también porque la minoría francófona -los valones- sienten que el monarca, en su calidad de máximo representante del Estado belga que ellos defienden, es el garante de sus propios intereses en la siempre conflictiva relación con los flamencos, la minoría de lengua neerlandesa del norte.

Como pone de relieve el jurista Pierre Yves Monette, consejero honorario del gabinete del Rey, sus prerrogativas estriban en ser consultado, en estimular y, si cabe, advertir al resto de instituciones. En el texto de la Constitución, que en este apartado ha variado muy poco desde 1831 -formalmente- el Rey aparece como el jefe del Ejecutivo y comandante en jefe de las fuerzas armadas. Pero la realidad es distinta: materialmente, la Corona belga sólo es una magistratura de influencia, en la que se concentran funciones de carácter simbólico, representativo, moral y mediador. Como así ocurre también, con grados de intensidad diversos, en el resto de monarquías parlamentarias europeas, aunque en sus inicios históricos el Rey ejerciese poderes ejecutivos e incluso compartiese con el Parlamento la función legislativa. Pero esto es ya historia. No lo es, sin embargo, el alcance que en algunos casos pueden tener las funciones mediadoras que el monarca belga está ejerciendo en la crisis institucional suscitada. Porque la magistratura de influencia la lleva a cabo diariamente a través de las audiencias, encuentros con instituciones y entidades, discursos y mensajes, etc., circunstancias en las que en su condición de garante del interés del Estado, el Rey se informa, pregunta, exhorta, critica, convence, recuerda o advierte, sin que jamás pueda imponer o prohibir.

Parece pues evidente que en un contexto institucional como el descrito, el ejercicio de estas atribuciones de influencia del monarca sobre significados actores de la vida política belga, puede otorgar y de hecho está otorgando un considerable protagonismo al Rey en el juego político del momento. Nótese al respecto que antes de que el democristiano flamenco Yves Leterme recibiese el encargo para explorar las posibilidades de formar un Gobierno estable, el Rey ya había procedido a llevar a cabo cuatro nominaciones -además del citado político- a fin de recabar información sobre la crisis y los medios para superarla, a través de un informador (el liberal francófono Didier Reynders), de un mediador (el ex primer ministro cristiano demócrata flamenco, Jean Luc Dehaene) y, finalmente, de Van Rompuy, del mismo partido que el ganador de las elecciones, con el encargo también de explorar y aportar al Rey salidas posibles a la crisis. Por tanto, a fin de resolverla, indefectiblemente el Rey se ve implicado en el conflicto político. Es su obligación constitucional, pero el envite comporta sus riesgos. En primer lugar, porque con la elección de este grupo de políticos se hace inevitable que el Monarca tome partido en una crisis institucional que a buen seguro podría tener más de una salida y se compromete en un proceso entre diversos actores políticos, en el que el único cargo que no es tributario de elección popular es suyo. Y en segundo lugar, porque en la delicada convivencia entre flamencos y valones, estos últimos entienden que es el Rey, en su condición de garante del principio de lealtad federal, quien ha de asegurar que sus intereses habrán de ser preservados. Con lo cual se sitúa en un muy delicado fiel de una balanza, no sólo para resolver la crisis institucional sino también para no exasperar el contencioso territorial que, obviamente, es parte esencial del conflicto político.

El Rey reina pero no gobierna. Cierto, éste es el principio genérico que informa el estatuto constitucional de las monarquías parlamentarias y que no siempre es pacífico. Allí como en Bélgica, donde el Rey debe proponer un candidato a primer ministro para que forme un Gobierno que merezca la confianza del Parlamento, si el resultado de las elecciones dificulta la formación de un Gobierno, el monarca puede correr el riesgo de implicarse en un proceso incierto e incluso resultar dañado políticamente. Y éste es un peligro que siempre corre la Monarquía. Atendida la situación de crisis entre las comunidades flamenca y valona, el papel del rey Alberto II se presenta especialmente delicado, al que no ayuda -según el parecer de diversos observadores- un carácter más débil e inexperto que su hermano, el integrista Balduino.

La Monarquía belga, ¿en peligro?

Por Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra (EL PAÍS, 17/10/07):

Bélgica lleva ya cuatro meses sin dotarse de un Gobierno, a pesar de haber celebrado elecciones legislativas el 10 de junio pasado, que la han sumido en una crisis institucional de alcance impredecible. A finales de septiembre el dirigente democristiano flamenco Yves Leterme recibía el encargo del rey Alberto II de procurar un acuerdo entre los partidos ganadores de los comicios para constituir un Gobierno federal. El incierto resultado electoral ha dificultado si cabe aún más la posibilidad de un acuerdo entre los partidos que representan a las minorías flamenca y valona. La crisis política ha alcanzado una intensidad superior a la que viene siendo habitual entre ambas, hasta el punto de que se ha llegado a plantear el riesgo de escisión del Estado belga nacido tras la revuelta de septiembre de 1830, lo que conllevaría la disolución de la Monarquía de la casa Saxe Cobourg. Seguramente porque está en juego su propia existencia institucional, la función arbitral del Rey como monarca parlamentario se ha intensificado en las últimas semanas para neutralizar y hacer frente a la situación creada. Y a ella no es ajena la insatisfacción expresada por la minoría flamenca, mayoritaria a su vez en Bélgica, respecto del alcance del autogobierno del que actualmente dispone según la Constitución federal.

Merece la pena retener la atención en el análisis del alcance de los poderes del Rey previstos en la Constitución de 1831, revisada con carácter federal en 1994, que si bien en el pasado eran los propios de una Monarquía constitucional, es decir, poderes decisorios, hoy se inscriben en el marco de la Monarquía parlamentaria. Esto es, el titular de la Corona es inviolable y sus actos carecen de valor jurídico sin el refrendo de un ministro que es quien, en ese caso, asume la responsabilidad. La cuestión tiene especial trascendencia no sólo porque a Alberto II le preocupe la pervivencia de la institución hereditaria que preside, sino también porque la minoría francófona -los valones- sienten que el monarca, en su calidad de máximo representante del Estado belga que ellos defienden, es el garante de sus propios intereses en la siempre conflictiva relación con los flamencos, la minoría de lengua neerlandesa del norte.

Como pone de relieve el jurista Pierre Yves Monette, consejero honorario del gabinete del Rey, sus prerrogativas estriban en ser consultado, en estimular y, si cabe, advertir al resto de instituciones. En el texto de la Constitución, que en este apartado ha variado muy poco desde 1831 -formalmente- el Rey aparece como el jefe del Ejecutivo y comandante en jefe de las fuerzas armadas. Pero la realidad es distinta: materialmente, la Corona belga sólo es una magistratura de influencia, en la que se concentran funciones de carácter simbólico, representativo, moral y mediador. Como así ocurre también, con grados de intensidad diversos, en el resto de monarquías parlamentarias europeas, aunque en sus inicios históricos el Rey ejerciese poderes ejecutivos e incluso compartiese con el Parlamento la función legislativa. Pero esto es ya historia. No lo es, sin embargo, el alcance que en algunos casos pueden tener las funciones mediadoras que el monarca belga está ejerciendo en la crisis institucional suscitada. Porque la magistratura de influencia la lleva a cabo diariamente a través de las audiencias, encuentros con instituciones y entidades, discursos y mensajes, etc., circunstancias en las que en su condición de garante del interés del Estado, el Rey se informa, pregunta, exhorta, critica, convence, recuerda o advierte, sin que jamás pueda imponer o prohibir.

Parece pues evidente que en un contexto institucional como el descrito, el ejercicio de estas atribuciones de influencia del monarca sobre significados actores de la vida política belga, puede otorgar y de hecho está otorgando un considerable protagonismo al Rey en el juego político del momento. Nótese al respecto que antes de que el democristiano flamenco Yves Leterme recibiese el encargo para explorar las posibilidades de formar un Gobierno estable, el Rey ya había procedido a llevar a cabo cuatro nominaciones -además del citado político- a fin de recabar información sobre la crisis y los medios para superarla, a través de un informador (el liberal francófono Didier Reynders), de un mediador (el ex primer ministro cristiano demócrata flamenco, Jean Luc Dehaene) y, finalmente, de Van Rompuy, del mismo partido que el ganador de las elecciones, con el encargo también de explorar y aportar al Rey salidas posibles a la crisis. Por tanto, a fin de resolverla, indefectiblemente el Rey se ve implicado en el conflicto político. Es su obligación constitucional, pero el envite comporta sus riesgos. En primer lugar, porque con la elección de este grupo de políticos se hace inevitable que el Monarca tome partido en una crisis institucional que a buen seguro podría tener más de una salida y se compromete en un proceso entre diversos actores políticos, en el que el único cargo que no es tributario de elección popular es suyo. Y en segundo lugar, porque en la delicada convivencia entre flamencos y valones, estos últimos entienden que es el Rey, en su condición de garante del principio de lealtad federal, quien ha de asegurar que sus intereses habrán de ser preservados. Con lo cual se sitúa en un muy delicado fiel de una balanza, no sólo para resolver la crisis institucional sino también para no exasperar el contencioso territorial que, obviamente, es parte esencial del conflicto político.

El Rey reina pero no gobierna. Cierto, éste es el principio genérico que informa el estatuto constitucional de las monarquías parlamentarias y que no siempre es pacífico. Allí como en Bélgica, donde el Rey debe proponer un candidato a primer ministro para que forme un Gobierno que merezca la confianza del Parlamento, si el resultado de las elecciones dificulta la formación de un Gobierno, el monarca puede correr el riesgo de implicarse en un proceso incierto e incluso resultar dañado políticamente. Y éste es un peligro que siempre corre la Monarquía. Atendida la situación de crisis entre las comunidades flamenca y valona, el papel del rey Alberto II se presenta especialmente delicado, al que no ayuda -según el parecer de diversos observadores- un carácter más débil e inexperto que su hermano, el integrista Balduino.

La enésima crisis de Bélgica

Por Mateo Madridejos, periodista e historiador (EL PERIÓDICO, 01/10/07):

Escribiendo en De Standaard, gran diario de Flandes, Rik Torfs, profesor flamenco en la universidad de Lovaina, concluye: “El único chivo sobre el que jamás se tiene el derecho de disparar es el chivo expiatorio, porque, una vez muerto, uno se convierte en responsable de sus propios fracasos”. La feliz ocurrencia se dirige a los flamencos que vituperan a los valones y les echan la culpa de todos los males del reino, pero que quizá no son conscientes de que, una vez lograda la muerte de Bélgica, ya no podrán sentirse agraviados por sus hasta ahora compatriotas.

Esta reflexión viene a cuento de la enésima crisis de identidad de Bélgica, que lleva más de 100 días sin Gobierno, y que radicaliza a los extremistas de las dos comunidades. Las elecciones del 10 de junio provocaron un viraje a derecha y extrema derecha que se plasmó en el triunfo del Partido Cristiano Demócrata y el avance de los separatistas, xenófobos y populistas, en perjuicio de los partidos Liberal y Socialista que integran la coalición saliente. Por primera vez, la aritmética parlamentaria federal permite lucubrar con la liquidación del Estado surgido en 1830 para frenar el expansionismo francés.

El líder democristiano Yves Leterme, vencedor electoral, nacionalista radical aunque hijo de padre valón, abanderado poco sutil del divorcio de terciopelo, bestia negra de los valones, ofendió a los que podían ayudarle a componer la coalición para ser investido por un Parlamento multicolor. Preguntado si conocía el himno nacional, se puso a cantar La Marsellesa, y aseveró que los belgas solo tienen en común el rey, el equipo de fútbol y algunas cervezas. Tiró la toalla el 23 de agosto y ahora recibe de nuevo el encargo real, pero es poco probable que los valones acepten una revisión constitucional que interpretan como la extinción programada de los poderes del Estado. El Parlamento flamenco rechazó la perentoria demanda del neofascista Vlaams Belang para un referendo de autodeterminación, pero el vacío de poder a nivel federal alimenta las especulaciones más estrambóticas sobre el destino del país, subastado ficticiamente en internet hasta los 10 millones de euros. El psicodrama llegó hasta el palacio real de Bruselas, donde el rey Alberto II multiplica las consultas sin dejarse intimidar por las demandas de los nacionalistas flamencos para que se recorten sus pocas prerrogativas.

LAS ENCUESTAS aseguran que hasta el 40% de los flamencos están a favor de la independencia, pero solo el 12% de los valones. Sobre la incertidumbre planea la sombra de Bruselas, la capital federal y de Europa, cultural y lingüísticamente afrancesada, pero en territorio históricamente flamenco y rodeada por una serie de municipios donde los ciudadanos viven con intensidad y acritud el pleito entre el holandés obligatorio y el francés que prefieren muchos de ellos. Los separatistas creen que Bruselas es el último obstáculo en el camino hacia la independencia, auténtico nudo gordiano que hace recapacitar a los más exaltados.

La crisis tiene diversas causas y explicaciones. Surgida Bélgica con vocación de Estado-tampón entre las grandes potencias, cimentada en el catolicismo de ambas comunidades, estuvo en su primera centuria dominada por el francés como idioma universal y la prosperidad económica de los valones –la cuenca minera y la industria metalúrgica más potentes de Europa–, pero, a partir de 1945, el auge creciente y el dinamismo demográfico de Flandes (seis millones de habitantes) coincidieron con la decadencia de Valonia (cuatro millones), aceleradas tras la independencia del Congo en 1960.

La reforma federal de 1970, que consagró la división del país en tres regiones y comunidades lingüísticas, más la isla multinacional de Bruselas, en vez de mitigar las veleidades separatistas, las exacerbó, hasta levantar un muro psicológico que fomenta la incomunicación. Los partidos políticos se han fragmentado y no existe ninguna fuerza que compita por el voto en ambas comunidades. Hasta el modelo económico ofrece algunas divergencias –más anglosajón en Flandes, más renano o de subvención en Valonia–, que rápidamente se ahondarían, como pretenden los flamencos, con el traspaso de las competencias que aún se encarnan en el Estado federal.

LA UNIDAD ÉTNICA y lingüística, si alguna vez existió, se ha volatilizado, lo que explica la alarma de los artistas flamencos. Los ciudadanos no ven los mismos programas de televisión, ni leen los mismos periódicos ni se preocupan por las mismas celebridades; viven en compartimentos estancos, culturalmente de espaldas, con la barrera idiomática omnipresente, entre agravios históricos y reproches de balanzas y egoísmos fiscales. A diferencia de los flamencos, los valones no tienen patria de sustitución, como no sea el improbable retorno a Francia.

Cuando el separatismo estaba en su apogeo en Canadá, los promotores del Québec libre, incluido el general Charles de Gaulle, no percibieron que en Montreal vivían muchos anglohablantes, entre ellos, los emigrantes recién llegados al país, que se oponían radicalmente a la secesión. La situación aún es más nítida en Bruselas, cuya población multinacional, identificada con el francés, rechaza inequívocamente la incorporación a un Flandes obsesivamente neerlandés. Y, sin Bruselas, muchos flamencos prefieren seguir la marcha hacia la soberanía, maniatando al Estado, pero sin fijar fecha para desmantelarlo.

La enésima crisis de Bélgica

Por Mateo Madridejos, periodista e historiador (EL PERIÓDICO, 01/10/07):

Escribiendo en De Standaard, gran diario de Flandes, Rik Torfs, profesor flamenco en la universidad de Lovaina, concluye: “El único chivo sobre el que jamás se tiene el derecho de disparar es el chivo expiatorio, porque, una vez muerto, uno se convierte en responsable de sus propios fracasos”. La feliz ocurrencia se dirige a los flamencos que vituperan a los valones y les echan la culpa de todos los males del reino, pero que quizá no son conscientes de que, una vez lograda la muerte de Bélgica, ya no podrán sentirse agraviados por sus hasta ahora compatriotas.

Esta reflexión viene a cuento de la enésima crisis de identidad de Bélgica, que lleva más de 100 días sin Gobierno, y que radicaliza a los extremistas de las dos comunidades. Las elecciones del 10 de junio provocaron un viraje a derecha y extrema derecha que se plasmó en el triunfo del Partido Cristiano Demócrata y el avance de los separatistas, xenófobos y populistas, en perjuicio de los partidos Liberal y Socialista que integran la coalición saliente. Por primera vez, la aritmética parlamentaria federal permite lucubrar con la liquidación del Estado surgido en 1830 para frenar el expansionismo francés.

El líder democristiano Yves Leterme, vencedor electoral, nacionalista radical aunque hijo de padre valón, abanderado poco sutil del divorcio de terciopelo, bestia negra de los valones, ofendió a los que podían ayudarle a componer la coalición para ser investido por un Parlamento multicolor. Preguntado si conocía el himno nacional, se puso a cantar La Marsellesa, y aseveró que los belgas solo tienen en común el rey, el equipo de fútbol y algunas cervezas. Tiró la toalla el 23 de agosto y ahora recibe de nuevo el encargo real, pero es poco probable que los valones acepten una revisión constitucional que interpretan como la extinción programada de los poderes del Estado. El Parlamento flamenco rechazó la perentoria demanda del neofascista Vlaams Belang para un referendo de autodeterminación, pero el vacío de poder a nivel federal alimenta las especulaciones más estrambóticas sobre el destino del país, subastado ficticiamente en internet hasta los 10 millones de euros. El psicodrama llegó hasta el palacio real de Bruselas, donde el rey Alberto II multiplica las consultas sin dejarse intimidar por las demandas de los nacionalistas flamencos para que se recorten sus pocas prerrogativas.

LAS ENCUESTAS aseguran que hasta el 40% de los flamencos están a favor de la independencia, pero solo el 12% de los valones. Sobre la incertidumbre planea la sombra de Bruselas, la capital federal y de Europa, cultural y lingüísticamente afrancesada, pero en territorio históricamente flamenco y rodeada por una serie de municipios donde los ciudadanos viven con intensidad y acritud el pleito entre el holandés obligatorio y el francés que prefieren muchos de ellos. Los separatistas creen que Bruselas es el último obstáculo en el camino hacia la independencia, auténtico nudo gordiano que hace recapacitar a los más exaltados.

La crisis tiene diversas causas y explicaciones. Surgida Bélgica con vocación de Estado-tampón entre las grandes potencias, cimentada en el catolicismo de ambas comunidades, estuvo en su primera centuria dominada por el francés como idioma universal y la prosperidad económica de los valones –la cuenca minera y la industria metalúrgica más potentes de Europa–, pero, a partir de 1945, el auge creciente y el dinamismo demográfico de Flandes (seis millones de habitantes) coincidieron con la decadencia de Valonia (cuatro millones), aceleradas tras la independencia del Congo en 1960.

La reforma federal de 1970, que consagró la división del país en tres regiones y comunidades lingüísticas, más la isla multinacional de Bruselas, en vez de mitigar las veleidades separatistas, las exacerbó, hasta levantar un muro psicológico que fomenta la incomunicación. Los partidos políticos se han fragmentado y no existe ninguna fuerza que compita por el voto en ambas comunidades. Hasta el modelo económico ofrece algunas divergencias –más anglosajón en Flandes, más renano o de subvención en Valonia–, que rápidamente se ahondarían, como pretenden los flamencos, con el traspaso de las competencias que aún se encarnan en el Estado federal.

LA UNIDAD ÉTNICA y lingüística, si alguna vez existió, se ha volatilizado, lo que explica la alarma de los artistas flamencos. Los ciudadanos no ven los mismos programas de televisión, ni leen los mismos periódicos ni se preocupan por las mismas celebridades; viven en compartimentos estancos, culturalmente de espaldas, con la barrera idiomática omnipresente, entre agravios históricos y reproches de balanzas y egoísmos fiscales. A diferencia de los flamencos, los valones no tienen patria de sustitución, como no sea el improbable retorno a Francia.

Cuando el separatismo estaba en su apogeo en Canadá, los promotores del Québec libre, incluido el general Charles de Gaulle, no percibieron que en Montreal vivían muchos anglohablantes, entre ellos, los emigrantes recién llegados al país, que se oponían radicalmente a la secesión. La situación aún es más nítida en Bruselas, cuya población multinacional, identificada con el francés, rechaza inequívocamente la incorporación a un Flandes obsesivamente neerlandés. Y, sin Bruselas, muchos flamencos prefieren seguir la marcha hacia la soberanía, maniatando al Estado, pero sin fijar fecha para desmantelarlo.

Bélgica se evapora

Por ANDREU MISSÉ – Bruselas – 23/09/2007

El explorador Herman van Rompuy lleva oteando en la jungla de partidos políticos belgas desde finales de agosto sin amarrar el más mínimo acuerdo. El explorador es un democristiano flamenco (CDV) -partido que, aliado con los nacionalistas moderados (N-VA), ganó las elecciones el 10 de junio -es el último elegido por el rey Alberto II para tantear a las demás fuerzas para formar Gobierno. Es el cuarto intento del monarca, que ve cómo el país se le va de las manos, por la difícil digestión de las crecientes demandas independentistas de Flandes.

Tres días después de las elecciones, el monarca había probado suerte, sin éxito, designando un informador, Didier Reynders, liberal francófono vencedor de los comicios en Valonia, para que realizara los primeros escarceos. Después, a primeros de julio, Alberto II, 73 años, recuperado de una rotura de cuello de fémur, recurrió a un negociador-mediador, Jean-Luc Dehaene, cristiano flamenco y ex primer ministro, que renunció al empleo al cabo de 10 días. Seguidamente, el jefe del Estado optó directamente por un formador, Ives Leterme, para que intentara formar Gobierno. El líder de los democristianos flamencos, que con 800.000 votos, fue el más claro ganador y se perfilaba como primer ministro, tampoco logró la cuadratura del círculo.

A finales de agosto el rey pasó la pelota al explorador Van Rompuy, que sigue sin encontrar un equipo para llevar las riendas de este país, uno de los Estados más jóvenes de Europa, que se independizó de la luterana Holanda en 1830 con el impulso de sus activos liberales y el auspicio de los británicos, que se adelantaron en la revolución industrial a franceses y alemanes.

Hoy Bélgica cumple 105 días sin Gobierno. El país sigue funcionando con envidiable normalidad con el Ejecutivo anterior de Guy Verhofstadt (liberales y socialistas), que se limita a ejecutar los affaires courantes y las cuestiones urgentes. Este país de gente educada, culta y pacífica, que ha sido barrido en las dos últimas guerras mundiales, funciona la mar de bien y sin sobresaltos, a pesar de sus querellas. Los belgas ya han pasado por este trance de vivir más de 100 días sin Gobierno en tres ocasiones. En 1979 (106 días); 1988 (148 días) y 1992 (103).

Las dificultades de constituir el Gobierno federal derivan de los problemas para formar una mayoría parlamentaria que represente equilibradamente a Flandes y Valonia, dos comunidades que marchan a distinta velocidad y en diferente dirección. Los flamencos al norte, unos seis millones, monolingües con su neerlandés, han pasado de ser los ignorantes campesinos que enviaban a sus hijos a las industrias del sur a una sociedad pujante donde florecen miles de pequeñas y medianas empresas y con una gran pasión artística. Los valones, 3,5 millones, de habla exclusivamente francófona, intentan superar el declive que han sufrido sus grandes siderurgias y minerías y por primera vez rompiendo clichés aprenden la lengua del norte.

El país aguanta gracias a Bruselas, más de un millón de habitantes, bilingües, también en plena expansión económica, con un creciente protagonismo político internacional desde que acoge la capital de la Unión Europea. La suerte o la desgracia es que Bruselas está en Flandes y es reivindicada como capital por las dos partes. Completa el cuadro una pequeña comunidad alemana de unos 70.000 habitantes.

En calidad de formador, Leterme ha propuesto la coalición naranja-azul, un fruto surrealista, típicamente belga, que como se ve es de difícil maduración. Sus colores provienen de los partidos que la integran. El naranja simboliza a la familia democristiana en Flandes (CDV) y a su equivalente democristiano humanista en Valonia (CDH), que lidera Joëlle Milquet. El azul es el de los liberales flamencos (Open VLD) de Bart Somers y sus correligionarios francófonos del Sur del Movimiento Reformatorio de Reynders. Los socialistas flamencos de Johan Vande Lanotte, han preferido ir a la oposición.

Las dificultades de Leterme para formar Gobierno han aparecido a la hora de intentar llevar a la práctica su ambicioso programa electoral rebosante de reclamaciones de nuevas competencias, que exigían una profunda reforma institucional. De aquellos barros, estos lodos. Flandes pide competencias en justicia, empleo, impuesto sobre la renta, código de circulación y gestionar los servicios de salud, la política familiar, los convenios colectivos y ferrocarriles, entre otros. Su lema es “lo que hacemos nosotros mismos lo hacemos mejor”. En síntesis, aspiran a convertir el actual Estado federal en confederal, para dar más poder a las regiones, que después podrían decidir las condiciones de su asociación. El modelo sería Suiza. Pero esta reforma requiere mayorías de dos tercios, de las que no disponen los flamencos. Por ello intentan pactarlas ahora junto a la negociación del Gobierno.

Los valones, especialmente Milquet, conocida como madame no, no están por regalar nada. Al principio no pedían nada, pero tal como van las cosas también han hecho su lista. Quieren ampliar la región de Bruselas y un Senado paritario. La presidenta de la comunidad francófona, Marie Arena, promueve la redefinición de esta comunidad, que junto con Bruselas suman 4,5 millones de habitantes. Una sugerencia pasa por crear un corredor entre Valonia y Bruselas por si algún día se ven obligados a reducir a Bélgica a este territorio.

El radicalismo de la campaña electoral y los forcejeos para formar Gobierno han disparado el sentimiento nacionalista en Flandes. Una encuesta reciente reflejaba que el 46% de los flamencos son partidarios de la separación ahora y dos tercios están convencidos de que más pronto o más tarde Flandes será independiente.

Frente a esta avalancha de malos presagios, Louis Michel, liberal francófono pero que se identifica como belga, comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria de la UE, se muestra “optimista” pese a la crisis. “Hemos tenido situaciones más dramáticas en el pasado y hemos encontrado solución”, asegura. Michel sostiene que “la separación de las tres regiones no se producirá jamás”.

El clima de excitación política llevó el 10 de septiembre al Vlaams Belang, el partido separatista flamenco, acusado de xenófobo, a proponer un referéndum para la independencia de Flandes en su Parlamento. Filip Dewinter, líder de este partido de extrema derecha, afirmó: “Asistimos a la lucha contra la muerte de un paciente en fase terminal llamado Bélgica; ya es hora de que le apliquemos la eutanasia”. Nadie le apoyó, salvo sus diputados y un ex miembro del partido. Socialistas, liberales, verdes, democristianos y nacionalistas moderados se pronunciaron en contra. Los flamencos quieren reformas, pero no el divorcio. Al menos por ahora.

Desde los años sesenta, la senda de la división se agranda. Se han separado los partidos, las universidades y las bibliotecas, según las comunidades. En 1968, la fiebre alcanzó a la histórica Universidad de Lovaina (1425). Los católicos flamencos expulsaron a los católicos valones. Cuestión de lenguas. La solución fue crear una universidad para los francófonos en Ottinges. En la biblioteca, los libros pares para los flamencos y los impares para los valones.

Bélgica, que nació bilingüe y como tal funcionó durante más de un siglo, retrocedió al monolingüismo en los años veinte, por decisión de los valones. Un error grave. El pueblo flamenco fue dominado por la burguesía francófona y la suya, que prohibió su lengua e impuso el francés.

Pero a medida que asoma el abismo de la ruptura se calman los ánimos. Paul Goossens, periodista de la agencia belga, fundador de De Morgen y compañero de clase del entonces estudiante en Lovaina Felipe González, advierte: “Cuando se hacen las cuentas y se consideran las consecuencias de todo esto se ve que hay que reflexionar mucho más”.

Las cuentas están enfriando muchos ánimos. Y aparecen las preguntas de difícil respuesta: ¿Cómo se reparten los 250.000 millones de euros de deuda? ¿Qué pasa con las prestaciones sociales de los valones, que se reducirían en un 20%? ¿Cómo se reparte el ferrocarril? ¿Qué pasa con las sedes europeas y la representación en la UE? Los flamencos perderían las dos marcas más importantes del país, Bélgica y Bruselas, que les abren las puertas al mundo.

“El llano país” y también “falso país” que adoraba Jacques Brel se encuentra en una grave disyuntiva, aunque lo serio no se discute. De común acuerdo, los belgas han logrado sanear las cuentas públicas, acordado un plan para sus centrales nucleares y envían sus soldados a Líbano y Afganistán. “Los belgas, los galos más bravos” como les definió Julio César, tienen todavía mucho que contar.

Bélgica se evapora

Por ANDREU MISSÉ – Bruselas – 23/09/2007

El explorador Herman van Rompuy lleva oteando en la jungla de partidos políticos belgas desde finales de agosto sin amarrar el más mínimo acuerdo. El explorador es un democristiano flamenco (CDV) -partido que, aliado con los nacionalistas moderados (N-VA), ganó las elecciones el 10 de junio -es el último elegido por el rey Alberto II para tantear a las demás fuerzas para formar Gobierno. Es el cuarto intento del monarca, que ve cómo el país se le va de las manos, por la difícil digestión de las crecientes demandas independentistas de Flandes.

Tres días después de las elecciones, el monarca había probado suerte, sin éxito, designando un informador, Didier Reynders, liberal francófono vencedor de los comicios en Valonia, para que realizara los primeros escarceos. Después, a primeros de julio, Alberto II, 73 años, recuperado de una rotura de cuello de fémur, recurrió a un negociador-mediador, Jean-Luc Dehaene, cristiano flamenco y ex primer ministro, que renunció al empleo al cabo de 10 días. Seguidamente, el jefe del Estado optó directamente por un formador, Ives Leterme, para que intentara formar Gobierno. El líder de los democristianos flamencos, que con 800.000 votos, fue el más claro ganador y se perfilaba como primer ministro, tampoco logró la cuadratura del círculo.

A finales de agosto el rey pasó la pelota al explorador Van Rompuy, que sigue sin encontrar un equipo para llevar las riendas de este país, uno de los Estados más jóvenes de Europa, que se independizó de la luterana Holanda en 1830 con el impulso de sus activos liberales y el auspicio de los británicos, que se adelantaron en la revolución industrial a franceses y alemanes.

Hoy Bélgica cumple 105 días sin Gobierno. El país sigue funcionando con envidiable normalidad con el Ejecutivo anterior de Guy Verhofstadt (liberales y socialistas), que se limita a ejecutar los affaires courantes y las cuestiones urgentes. Este país de gente educada, culta y pacífica, que ha sido barrido en las dos últimas guerras mundiales, funciona la mar de bien y sin sobresaltos, a pesar de sus querellas. Los belgas ya han pasado por este trance de vivir más de 100 días sin Gobierno en tres ocasiones. En 1979 (106 días); 1988 (148 días) y 1992 (103).

Las dificultades de constituir el Gobierno federal derivan de los problemas para formar una mayoría parlamentaria que represente equilibradamente a Flandes y Valonia, dos comunidades que marchan a distinta velocidad y en diferente dirección. Los flamencos al norte, unos seis millones, monolingües con su neerlandés, han pasado de ser los ignorantes campesinos que enviaban a sus hijos a las industrias del sur a una sociedad pujante donde florecen miles de pequeñas y medianas empresas y con una gran pasión artística. Los valones, 3,5 millones, de habla exclusivamente francófona, intentan superar el declive que han sufrido sus grandes siderurgias y minerías y por primera vez rompiendo clichés aprenden la lengua del norte.

El país aguanta gracias a Bruselas, más de un millón de habitantes, bilingües, también en plena expansión económica, con un creciente protagonismo político internacional desde que acoge la capital de la Unión Europea. La suerte o la desgracia es que Bruselas está en Flandes y es reivindicada como capital por las dos partes. Completa el cuadro una pequeña comunidad alemana de unos 70.000 habitantes.

En calidad de formador, Leterme ha propuesto la coalición naranja-azul, un fruto surrealista, típicamente belga, que como se ve es de difícil maduración. Sus colores provienen de los partidos que la integran. El naranja simboliza a la familia democristiana en Flandes (CDV) y a su equivalente democristiano humanista en Valonia (CDH), que lidera Joëlle Milquet. El azul es el de los liberales flamencos (Open VLD) de Bart Somers y sus correligionarios francófonos del Sur del Movimiento Reformatorio de Reynders. Los socialistas flamencos de Johan Vande Lanotte, han preferido ir a la oposición.

Las dificultades de Leterme para formar Gobierno han aparecido a la hora de intentar llevar a la práctica su ambicioso programa electoral rebosante de reclamaciones de nuevas competencias, que exigían una profunda reforma institucional. De aquellos barros, estos lodos. Flandes pide competencias en justicia, empleo, impuesto sobre la renta, código de circulación y gestionar los servicios de salud, la política familiar, los convenios colectivos y ferrocarriles, entre otros. Su lema es “lo que hacemos nosotros mismos lo hacemos mejor”. En síntesis, aspiran a convertir el actual Estado federal en confederal, para dar más poder a las regiones, que después podrían decidir las condiciones de su asociación. El modelo sería Suiza. Pero esta reforma requiere mayorías de dos tercios, de las que no disponen los flamencos. Por ello intentan pactarlas ahora junto a la negociación del Gobierno.

Los valones, especialmente Milquet, conocida como madame no, no están por regalar nada. Al principio no pedían nada, pero tal como van las cosas también han hecho su lista. Quieren ampliar la región de Bruselas y un Senado paritario. La presidenta de la comunidad francófona, Marie Arena, promueve la redefinición de esta comunidad, que junto con Bruselas suman 4,5 millones de habitantes. Una sugerencia pasa por crear un corredor entre Valonia y Bruselas por si algún día se ven obligados a reducir a Bélgica a este territorio.

El radicalismo de la campaña electoral y los forcejeos para formar Gobierno han disparado el sentimiento nacionalista en Flandes. Una encuesta reciente reflejaba que el 46% de los flamencos son partidarios de la separación ahora y dos tercios están convencidos de que más pronto o más tarde Flandes será independiente.

Frente a esta avalancha de malos presagios, Louis Michel, liberal francófono pero que se identifica como belga, comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria de la UE, se muestra “optimista” pese a la crisis. “Hemos tenido situaciones más dramáticas en el pasado y hemos encontrado solución”, asegura. Michel sostiene que “la separación de las tres regiones no se producirá jamás”.

El clima de excitación política llevó el 10 de septiembre al Vlaams Belang, el partido separatista flamenco, acusado de xenófobo, a proponer un referéndum para la independencia de Flandes en su Parlamento. Filip Dewinter, líder de este partido de extrema derecha, afirmó: “Asistimos a la lucha contra la muerte de un paciente en fase terminal llamado Bélgica; ya es hora de que le apliquemos la eutanasia”. Nadie le apoyó, salvo sus diputados y un ex miembro del partido. Socialistas, liberales, verdes, democristianos y nacionalistas moderados se pronunciaron en contra. Los flamencos quieren reformas, pero no el divorcio. Al menos por ahora.

Desde los años sesenta, la senda de la división se agranda. Se han separado los partidos, las universidades y las bibliotecas, según las comunidades. En 1968, la fiebre alcanzó a la histórica Universidad de Lovaina (1425). Los católicos flamencos expulsaron a los católicos valones. Cuestión de lenguas. La solución fue crear una universidad para los francófonos en Ottinges. En la biblioteca, los libros pares para los flamencos y los impares para los valones.

Bélgica, que nació bilingüe y como tal funcionó durante más de un siglo, retrocedió al monolingüismo en los años veinte, por decisión de los valones. Un error grave. El pueblo flamenco fue dominado por la burguesía francófona y la suya, que prohibió su lengua e impuso el francés.

Pero a medida que asoma el abismo de la ruptura se calman los ánimos. Paul Goossens, periodista de la agencia belga, fundador de De Morgen y compañero de clase del entonces estudiante en Lovaina Felipe González, advierte: “Cuando se hacen las cuentas y se consideran las consecuencias de todo esto se ve que hay que reflexionar mucho más”.

Las cuentas están enfriando muchos ánimos. Y aparecen las preguntas de difícil respuesta: ¿Cómo se reparten los 250.000 millones de euros de deuda? ¿Qué pasa con las prestaciones sociales de los valones, que se reducirían en un 20%? ¿Cómo se reparte el ferrocarril? ¿Qué pasa con las sedes europeas y la representación en la UE? Los flamencos perderían las dos marcas más importantes del país, Bélgica y Bruselas, que les abren las puertas al mundo.

“El llano país” y también “falso país” que adoraba Jacques Brel se encuentra en una grave disyuntiva, aunque lo serio no se discute. De común acuerdo, los belgas han logrado sanear las cuentas públicas, acordado un plan para sus centrales nucleares y envían sus soldados a Líbano y Afganistán. “Los belgas, los galos más bravos” como les definió Julio César, tienen todavía mucho que contar.