Contra las bombas de racimo

Por Eugeni Barquero, coordinador de Campañas de la Fundació per la Pau (EL PERIÓDICO, 30/05/08):

Si al final de la década de los 90 veía la luz el Tratado de Ottawa por el cual se prohibían el uso, la fabricación, la venta y el almacenaje de las minas antipersona, hoy y ahora hemos logrado reforzar el derecho internacional humanitario con un nuevo tratado para prohibir las bombas de racimo. En Dublín, se ha celebrado la conferencia diplomática que acabó ayer con la aprobación de esta nueva convención internacional. Gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil, todos hemos unido esfuerzos para conseguir poner fin al enorme sufrimiento que provoca entre la población civil la utilización de este tipo de armamento.

Las bombas de racimo son como unos contenedores que, una vez lanzados desde tierra, mar o aire, se abren y en su trayectoria dejan caer desde decenas hasta centenares de cargas explosivas. Estas municiones quedan diseminadas por una amplia zona, de una extensión similar a la de tres campos de fútbol, y ac- túan de forma indiscriminada, sin distinguir entre objetivos civiles y militares. Además, tienen unos efectos desproporcionados que se prolongan en el tiempo, en perjuicio de la población civil. En principio, estas cargas deberían explotar cuando llegan a tierra, pero a menudo esto no ocurre. Se calcula que entre el 5% y el 30% de las municiones se mantienen activas hasta que alguien –en muchas ocasiones niños y niñas atraídos por su color y forma– entra en contacto con ellas y se produce la terrible explosión.

Las bombas de racimo han matado y herido a decenas de miles de civiles inocentes desde que fueron utilizadas por primera vez durante la segunda guerra mundial. Posteriormente, estas municiones han sido utilizadas en conflictos como los que han tenido lugar en Kosovo, Afganistán, Irak y también el más reciente, en verano del 2006, al sur del Líbano. En estos momentos, 75 países de todo el mundo tienen estocs de bombas de racimo, y 34 producen más de 210 tipos de estos explosivos, que han sido utilizados en al menos 20 conflictos. También el Estado español forma parte de la lista de países involucrados en este problema: el Ejército español posee un arsenal de este tipo de armas y varias empresas españolas figuran entre las productoras.

En el año 2007, 46 estados, entre ellos el español, firmaban la llamada Declaración de Oslo y se abría un proceso que deberá completarse en diciembre del 2008 con la firma protocolaria de esta nueva convención internacional. Hace tan solo unas semanas el Parlament catalán tomaba también posición institucional en este tema y reclamaba al Gobierno español que tuviese un rol activo y que uniera sus esfuerzos a los de la sociedad civil para fortalecer esta etapa final del proceso.

EL GOBIERNO español siempre se ha expresado públicamente a favor de poner en el centro de este futuro tratado las consideraciones humanitarias. Ahora bien, este principio era incompatible con la defensa de algunas excepciones, como las demandadas por la delegación española en la Conferencia de Dublín. Con el texto del tratado que sale de Dublín, y que cuenta con el consenso de más 100 países, quedan prohibidas todas las bombas de racimo, sin ninguna excepción. El corazón de este tratado ha sido siempre proteger a la población civil de cualquier arma que tuviese los efectos inaceptables que provocan las bombas de racimo. Pues bien: todas las bombas de este tipo serán, a partir de la ratificación del tratado, armamento ilegal.
El texto también deja fuera algunas de las reservas exigidas por algunos países en cuanto a establecer periodos de transición durante los cuales se podría seguir utilizando este tipo de bombas. La convención que sale de Dublín establece de forma clara medidas y plazos de destrucción de arsenales. Asimismo, establece la obligación de proporcionar asistencia médica, rehabilitación y apoyo a las víctimas con un plan nacional, calendario y presupuesto.

El Gobierno español secunda este tratado en cumplimiento, también, de la disposición adicional V de la reciente ley de comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Esto significa que, a partir de la ratificación del nuevo tratado por parte del Ejecutivo, los dos modelos de bombas que se fabrican en el Estado español quedarán prohibidos y habrá que proceder a la destrucción de todos los estocs de este armamento que posee el Ejército.

LA DECISIÓN y el liderazgo de algunos países y, una vez más, la tenacidad, constancia y claridad de objetivos de la sociedad civil internacional organizada han hecho posible este paso tan importante en materia de desarme y defensa del Derecho Internacional Humanitario. Ahora estaremos atentos y vigilantes para que los estados ratifiquen e implementen el tratado lo más pronto posible y con toda su eficacia. Y es en este sentido que pedimos, ya desde ahora, al Gobierno español que sea uno de los primeros países en ratificarlo.

Desgraciadamente, como en el caso de las minas antipersona, este nuevo tratado no servirá para eliminar las guerras ni los conflictos que hay en el mundo; ahora bien, sí servirá para eliminar la grave amenaza que para la población civil significa el uso de las bombas de racimo.

Dublín y las bombas de racimo: un paso vital para su prohibición

Por Enrique Figaredo (EL CORREO DIGITAL, 27/05/08):

Desde el 19 de mayo más de 100 países, entre ellos España, se reúnen en Dublín para negociar un nuevo tratado internacional cuyo objetivo es la prohibición de las bombas racimo, un armamento que ‘produce un daño inaceptable’. El mayor peligro que representan es que son armas de saturación área con un efecto indiscriminado; es decir, están formadas por una bomba ‘contenedor’ que se abre en el aire dispersando cientos de submuniciones que, al caer, no distinguen entre los objetivos, alcanzando, en un 98% de las ocasiones, a civiles. Pero esto no es lo peor: una parte de las submuniciones no explotan y quedan esparcidas sin control por amplios territorios, prolongando indefinidamente las guerras, actuando como minas antipersonales y mutilando a personas muchos años después del término del conflicto.

El Papa, Benedicto XVI, aprovechó el día previo al inicio de la Conferencia en Dublín para realizar un último llamamiento, tras una larga serie de enérgicas condenas a estas armas, para alentar a las partes negociadoras a que promuevan «una convención que prohíba estos mortíferos artefactos», haciendo especial hincapié en que «gracias a la responsabilidad de todos los participantes se pueda alcanzar un instrumento internacional fuerte y creíble». Es este precisamente el gran desafío de la Conferencia de Dublín: que todos los gobiernos rechacen una versión ‘diluida’ de este tratado, y consigan que toda variante de las bombas de racimo queden prohibidas en virtud del mismo.

Las industrias del sector, y aquellos que defienden su utilidad, aseguran que los avances técnicos pueden lograr unas tasas de error (es decir, submuniciones que no explotan) inferiores al 1%, mejorando así la seguridad para los civiles. Sin embargo, esto nunca se ha demostrado en la práctica y en todos los casos las tasas de error han sido superiores. Incluso aunque se lograran esas tasas en laboratorio, hay que recordar que las condiciones reales durante un bombardeo son muy diferentes, e influyen la situación meteorológica, el tipo de terreno, los errores humanos. Un solo fallo ya sería inaceptable.

El borrador del tratado prohíbe el uso, la producción y la comercialización de estas armas, y establece un periodo de seis años para la destrucción de todo almacenaje. Prevé también la limpieza de zonas contaminadas -con una fecha límite- y la asistencia a las víctimas y a las comunidades afectadas. «Tal y como está redactado ahora, el borrador del tratado es fuerte e incluye una prohibición suficiente de las bombas racimo. Cualquier intento de diluirlo debe ser totalmente rechazado», según indica Steve Goose, director del departamento de armas de Human Rights Watch. «El tratado es una combinación potente de legislación humanitaria y de desarme, y prevé requisitos específicos para las acciones humanitarias sobre el terreno -explica Goose-. Tiene el potencial de salvar incontables vidas hoy y en las próximas generaciones».
Hay tres puntos de contención que surgirán en las dos semanas de negociación. Uno: algunos Estados -Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza y Reino Unido- buscan excepciones a la prohibición para ciertas armas que tienen almacenadas, y argumentan que aún son necesarias para fines militares y que no producirán tanto daño como otras bombas de racimo. Dos: algunos países tratan de defender un ‘periodo de transición’ de más de siete años durante el cual podrían todavía utilizar bombas prohibidas. Su argumento es que no pueden prescindir de estas armas hasta que no hayan desarrollado alternativas militares. Los países que defienden con más fuerza esta tesis son Francia, Alemania, Japón, Suiza y Reino Unido, aun declarando que estas armas causan un daño inaceptable a los civiles. Tres: algunos Estados tratan de suprimir una disposición del tratado que prohíbe a los Estados firmantes asistir a otros que utilicen bombas de racimo durante operaciones militares conjuntas. Los que más defienden la tesis de la ‘interoperatividad’ son Australia, Canadá, Japón y Reino Unido. EE UU ha presionado sutilmente a muchos de sus aliados sobre esta cuestión.

En Dublín se encuentran 140 países negociadores que incluyen a la mayoría de los que más utilizan, producen o almacenan estas armas. Pero entre los que no están presentes figuran grandes potencias como EE UU, China, Rusia, India, Pakistán e Israel, todos ellos importantes productores de bombas de racimo. El Ejecutivo español tiene la ocasión de demostrar su compromiso con la paz mediante la prohibición total de este tipo de armamento en el ámbito nacional, y con su apoyo a un tratado integral en el internacional. Así demostraría que sitúa los derechos de las víctimas por encima de los intereses empresariales. Varias empresas españolas -Expal (Explosivos Alaveses S.A.) e Instalaza, con sede en Zaragoza- y entidades bancarias aún apoyan la producción de bombas de racimo. «La guerra en Camboya terminó en 1998, pero cada día entre dos y tres personas mueren o quedan mutiladas en el camino a la escuela, en los campos de arroz o en los bosques», explica desde su silla de ruedas Chan Neing, camboyano de 19 años que perdió las dos piernas y el brazo izquierdo mientras circulaba por un camino en el norte del país en 2005.

Bombas que matan sin cesar

Por Tahar Ben Jelloun, escritor. Premio Goncourt 1987. Traducción: José María Puig de la Bellacasa (LA VANGUARDIA, 16/01/08):

El ingenio y la inventiva aplicadas al mal no sólo son capaces de inventar armas de destrucción masiva, armas muy sofisticadas, denominadas “limpias” o “inteligentes”, sino que también puede fabricar armas carentes de artificio pero arteras y de diabólica eficacia. Por ejemplo, las bombas de racimo que liberan una miríada de bombas más pequeñas, ambas letales por igual.

Era menester inventarlas, es una cuestión de economía: un único ingenio tiene un efecto multiplicador de forma que sus vástagos horadan el suelo donde los niños irán a jugar y morir pues algunos no estallan de manera inmediata. Y así quedan ahí prestos, a la menor oportunidad, a despedazar o arrancar una pierna o un brazo; o, simplemente, a matar.

El avión, que sobrevuela un vasto territorio, lanza unas cuantas bombas de factura clásica que se abren como un paracaídas a manera de material de reserva que cae al azar… Su presencia no siempre es perceptible, al menos para los niños. Pero ahí están para llevar la muerte consigo como si el destino les hubiera concedido una prórroga. Sí, es menester matar pero no el mismo día ni al mismo tiempo.

Me acordé de una crónica periodística que denunciaba el empleo de estas bombas; un político declaraba que tales bombas de racimo son “una pequeña maravilla ya que nos permiten economizar dinero, material explosivo y munición”. Claro y contundente. El declarante, que tal vez tenga hijos y mantenga una vida familiar normal, ha aprendido que no hay que molestarse en abrigar inquietudes morales.

La organización Human Rights Watch ha realizado una película cuyas imágenes no precisan comentario: basta mirarlas para comprender que estas armas son si cabe más peligrosas debido a su carácter solapado, discreto, reservado y, al propio tiempo, aterrador.

Empleadas por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en Vietnam en 1967, en Kosovo en 1999, en Iraq en el 2003 y en Líbano en el 2006, son objeto de elección por parte de los estados que las descargan tranquilamente sobre países en guerra. La reglamentación internacional no prohíbe su empleo en tanto que el efecto retardado de tales ingenios – que afecta sobre todo a civiles- es de dominio público. Según un informe de la organización de las Naciones Unidas, el 98% de sus víctimas son civiles. Los 70 países propietarios de reservas de armas de este tipo (Estados Unidos posee más de un millardo) no se plantean tal género de cuestiones. Eso se lo dejan a los cientos de miles de familias que han perdido uno o varios de sus miembros durante o después de los conflictos de referencia. Y el caso es que millones de estas pequeñas bombas aguardan su hora para estallar en el Sudeste Asiático, África, Afganistán u Oriente Medio.

Según la película de Human Rights Watch, Israel lanzó cuatro millones de bombas de este tipo sobre Líbano durante la guerra del verano del 2006. Los equipos de las Naciones Unidas han detectado 359 lugares en ese país donde se han empleado tales bombas. Más de cien mil aún no han estallado. Hizbulah lanzó asimismo bombas de racimo de fabricación china entre los cuatro mil cohetes dirigidos contra el norte de Israel.

Para que los civiles dejen de ser víctimas de tales ataques sólo tienen que enfundarse uniforme militar y devolver el golpe. Sólo que tal respuesta no logrará más que la generalización de la barbarie, porque la brutalidad de los estados y de sus mercaderes de armas ya no reparan lo más mínimo a la hora de degenerar en barbarie pura y simple.

La prohibición de tales armas debería constituir la iniciativa más natural y lógica. Ni tan sólo harían falta discursos ni manifestaciones. Sin embargo, los numerosos estados en posesión de estas armas no están dispuestos a renunciar a este tesoro de muerte, tanto una muerte inmediata como aplazada.

La Unión Europea debería también reaccionar, considerar el tema como una cuestión de principio y esforzarse activa y denodadamente por prohibir definitivamente estas armas que matan incesantemente.

Bombas que matan sin cesar

Por Tahar Ben Jelloun, escritor. Premio Goncourt 1987. Traducción: José María Puig de la Bellacasa (LA VANGUARDIA, 16/01/08):

El ingenio y la inventiva aplicadas al mal no sólo son capaces de inventar armas de destrucción masiva, armas muy sofisticadas, denominadas “limpias” o “inteligentes”, sino que también puede fabricar armas carentes de artificio pero arteras y de diabólica eficacia. Por ejemplo, las bombas de racimo que liberan una miríada de bombas más pequeñas, ambas letales por igual.

Era menester inventarlas, es una cuestión de economía: un único ingenio tiene un efecto multiplicador de forma que sus vástagos horadan el suelo donde los niños irán a jugar y morir pues algunos no estallan de manera inmediata. Y así quedan ahí prestos, a la menor oportunidad, a despedazar o arrancar una pierna o un brazo; o, simplemente, a matar.

El avión, que sobrevuela un vasto territorio, lanza unas cuantas bombas de factura clásica que se abren como un paracaídas a manera de material de reserva que cae al azar… Su presencia no siempre es perceptible, al menos para los niños. Pero ahí están para llevar la muerte consigo como si el destino les hubiera concedido una prórroga. Sí, es menester matar pero no el mismo día ni al mismo tiempo.

Me acordé de una crónica periodística que denunciaba el empleo de estas bombas; un político declaraba que tales bombas de racimo son “una pequeña maravilla ya que nos permiten economizar dinero, material explosivo y munición”. Claro y contundente. El declarante, que tal vez tenga hijos y mantenga una vida familiar normal, ha aprendido que no hay que molestarse en abrigar inquietudes morales.

La organización Human Rights Watch ha realizado una película cuyas imágenes no precisan comentario: basta mirarlas para comprender que estas armas son si cabe más peligrosas debido a su carácter solapado, discreto, reservado y, al propio tiempo, aterrador.

Empleadas por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en Vietnam en 1967, en Kosovo en 1999, en Iraq en el 2003 y en Líbano en el 2006, son objeto de elección por parte de los estados que las descargan tranquilamente sobre países en guerra. La reglamentación internacional no prohíbe su empleo en tanto que el efecto retardado de tales ingenios – que afecta sobre todo a civiles- es de dominio público. Según un informe de la organización de las Naciones Unidas, el 98% de sus víctimas son civiles. Los 70 países propietarios de reservas de armas de este tipo (Estados Unidos posee más de un millardo) no se plantean tal género de cuestiones. Eso se lo dejan a los cientos de miles de familias que han perdido uno o varios de sus miembros durante o después de los conflictos de referencia. Y el caso es que millones de estas pequeñas bombas aguardan su hora para estallar en el Sudeste Asiático, África, Afganistán u Oriente Medio.

Según la película de Human Rights Watch, Israel lanzó cuatro millones de bombas de este tipo sobre Líbano durante la guerra del verano del 2006. Los equipos de las Naciones Unidas han detectado 359 lugares en ese país donde se han empleado tales bombas. Más de cien mil aún no han estallado. Hizbulah lanzó asimismo bombas de racimo de fabricación china entre los cuatro mil cohetes dirigidos contra el norte de Israel.

Para que los civiles dejen de ser víctimas de tales ataques sólo tienen que enfundarse uniforme militar y devolver el golpe. Sólo que tal respuesta no logrará más que la generalización de la barbarie, porque la brutalidad de los estados y de sus mercaderes de armas ya no reparan lo más mínimo a la hora de degenerar en barbarie pura y simple.

La prohibición de tales armas debería constituir la iniciativa más natural y lógica. Ni tan sólo harían falta discursos ni manifestaciones. Sin embargo, los numerosos estados en posesión de estas armas no están dispuestos a renunciar a este tesoro de muerte, tanto una muerte inmediata como aplazada.

La Unión Europea debería también reaccionar, considerar el tema como una cuestión de principio y esforzarse activa y denodadamente por prohibir definitivamente estas armas que matan incesantemente.

Un gran pacto con Irán

Por Shlomo Ben-Ami, antiguo ministro de Exteriores de Israel, y vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia. © Project Syndicate, 2007 (EL PAÍS, 12/09/07):

El espectro de Irán nuclearizado atormenta por igual a árabes e israelíes, pero son Estados Unidos e Israel los que están impulsando los esfuerzos para cortar las alas a las ambiciones nucleares iraníes. La clave del problema y su posible solución están en el triángulo Estados Unidos-Irán-Israel.

Aunque la revolución islámica del ayatolá Jomeini en 1979 perturbó la vieja alianza de Israel con Irán, los dos países siguieron manteniendo relaciones, con la bendición de Estados Unidos. Un ejemplo es el caso Irán-contra de los años ochenta, cuando Israel suministró armas a la República Islámica para su guerra contra Irak. Israel e Irán, dos potencias no árabes en un entorno árabe hostil, compartían intereses fundamentales que la revolución islámica no fue capaz de alterar.

Los dos países entraron claramente en conflicto durante el mandato de Isaac Rabin, a principios de los noventa, debido a las nuevas circunstancias estratégicas producidas tras la victoria de Estados Unidos en la primera guerra del Golfo y la caída de la Unión Soviética. El proceso de paz entre árabes e israelíes promovido por Estados Unidos, que obtuvo una serie de logros espectaculares -la conferencia de paz de Madrid, los acuerdos de Oslo, el acuerdo de paz entre Israel y Jordania, una especie de acercamiento con Siria y ligeros avances de Israel en varios países árabes, desde Marruecos hasta Qatar-, era la peor pesadilla posible para un Irán cada vez más aislado.

En aquellas circunstancias, Israel e Irán, dos potencias que competían por dominar un Oriente Próximo en rápida transformación, decidieron dar a su rivalidad estratégica una base ideológica. El conflicto pasó a ser un enfrentamiento entre Israel, un modelo de democracia que luchaba contra la expansión de un imperio chií oscurantista, e Irán, que quería proteger su revolución a base de movilizar a las masas árabes en nombre de los valores islámicos y en contra de unos peligrosos gobernantes que habían traicionado a los palestinos desposeídos.

Los mulás son más enemigos de la reconciliación entre árabes e israelíes que de Israel como tal, y su recurso a palabras incendiarias de tono panislámico y en contra de los judíos tiene como fin acabar con el aislamiento de Irán y presentar sus ambiciones regionales de manera aceptable para las masas suníes. En un Oriente Próximo árabe, Irán es el enemigo natural; en un mundo islámico, Irán es un posible líder. Lo irónico es que Irán ha sido el mayor defensor de la democracia árabe, porque la mejor forma de debilitar a los regímenes en el poder es impulsar movimientos islamistas populares como Hezbolá en Líbano, los Hermanos Musulmanes en Egipto, Hamás en Palestina y la mayoría chií en Irak.

Isaac Rabin creía que la paz entre árabes e israelíes podría impedir un Irán nuclear, pero ahora parece que su pesadilla está cada vez más cerca. Como potencia contraria al statu quo, Irán no pretende tener capacidad nuclear para destruir Israel, sino con el fin de adquirir prestigio e influencia en un entorno hostil y como escudo para desafiar el orden regional.

A pesar de ello, Israel tiene muchos motivos para estar preocupado, porque un Irán nuclear haría imposible la promesa sionista de garantizar un refugio para los judíos -el fundamento para la estrategia israelí de la “ambigüedad nuclear”- y envalentonaría a sus enemigos en toda la región. Además, desencadenaría la proliferación nuclear descontrolada en la zona, empezando por Arabia Saudí y Egipto.

Un ataque militar contra las instalaciones nucleares de Irán es demasiado peligroso y sus resultados son inciertos. Y las sanciones económicas, por muy duras que fueran, podrían no ser suficientes para doblegar a Irán. Tampoco está claro que las divisiones en el seno de la clase dirigente iraní, entre los puristas revolucionarios y los más mercantilistas, vayan a desembocar pronto en un cambio de régimen. No obstante, ser radical no significa necesariamente ser irracional, y el Irán revolucionario nos ha ofrecido pruebas de su pragmatismo muy a menudo.

En la ecuación Estados Unidos-Irán fueron los estadounidenses, y no los iraníes, los que ejercieron una diplomacia ideológicamente rígida. Irán apoyó a Estados Unidos durante la primera guerra del Golfo, pero se vio marginado de la conferencia de paz de Madrid. Irán apoyó a Estados Unidos en la guerra para derrocar a los talibanes en Afganistán. Y cuando las fuerzas norteamericanas derrotaron al ejército de Sadam Husein en la primavera de 2003, los iraníes, rodeados, propusieron un gran pacto que incluiría la discusión de todos los aspectos polémicos, desde la cuestión nuclear hasta Israel, desde Hezbolá hasta Hamás. Además, los iraníes se comprometieron a dejar de obstaculizar el proceso de paz entre árabes e israelíes.

Sin embargo, la soberbia de los neoconservadores estadounidenses -”No hablamos con el mal”- impidió dar una respuesta pragmática a la mano tendida de Irán.

Cuando se vio que la estrategia estadounidense en Oriente Próximo se había ido al garete, la actitud iraní ya había cambiado, pero ese gran pacto sigue siendo la única forma posible de salir del punto muerto. Sin embargo, sería imposible lograrlo mediante un sistema de sanciones inevitablemente imperfecto o recurriendo a una lógica propia de la guerra fría, por la que Estados Unidos pretenda debilitar a Irán arrastrándole a una carrera de armamento ruinosa. La influencia creciente de Irán en la región no se debe a su gasto militar, que es muy inferior a los de sus enemigos, sino a su actitud de enfrentamiento con Estados Unidos e Israel, y su astuta utilización del poder blando.

No hay mejor forma de desbaratar la estrategia regional iraní de desestabilización que alcanzar un amplio acuerdo de paz entre árabes e israelíes, acompañado de inversiones masivas en desarrollo humano y seguido de un sistema de paz y seguridad, auspiciado por la comunidad internacional, en un Oriente Próximo claramente libre de armas nucleares, incluido Israel.

Un gran pacto con Irán

Por Shlomo Ben-Ami, antiguo ministro de Exteriores de Israel, y vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia. © Project Syndicate, 2007 (EL PAÍS, 12/09/07):

El espectro de Irán nuclearizado atormenta por igual a árabes e israelíes, pero son Estados Unidos e Israel los que están impulsando los esfuerzos para cortar las alas a las ambiciones nucleares iraníes. La clave del problema y su posible solución están en el triángulo Estados Unidos-Irán-Israel.

Aunque la revolución islámica del ayatolá Jomeini en 1979 perturbó la vieja alianza de Israel con Irán, los dos países siguieron manteniendo relaciones, con la bendición de Estados Unidos. Un ejemplo es el caso Irán-contra de los años ochenta, cuando Israel suministró armas a la República Islámica para su guerra contra Irak. Israel e Irán, dos potencias no árabes en un entorno árabe hostil, compartían intereses fundamentales que la revolución islámica no fue capaz de alterar.

Los dos países entraron claramente en conflicto durante el mandato de Isaac Rabin, a principios de los noventa, debido a las nuevas circunstancias estratégicas producidas tras la victoria de Estados Unidos en la primera guerra del Golfo y la caída de la Unión Soviética. El proceso de paz entre árabes e israelíes promovido por Estados Unidos, que obtuvo una serie de logros espectaculares -la conferencia de paz de Madrid, los acuerdos de Oslo, el acuerdo de paz entre Israel y Jordania, una especie de acercamiento con Siria y ligeros avances de Israel en varios países árabes, desde Marruecos hasta Qatar-, era la peor pesadilla posible para un Irán cada vez más aislado.

En aquellas circunstancias, Israel e Irán, dos potencias que competían por dominar un Oriente Próximo en rápida transformación, decidieron dar a su rivalidad estratégica una base ideológica. El conflicto pasó a ser un enfrentamiento entre Israel, un modelo de democracia que luchaba contra la expansión de un imperio chií oscurantista, e Irán, que quería proteger su revolución a base de movilizar a las masas árabes en nombre de los valores islámicos y en contra de unos peligrosos gobernantes que habían traicionado a los palestinos desposeídos.

Los mulás son más enemigos de la reconciliación entre árabes e israelíes que de Israel como tal, y su recurso a palabras incendiarias de tono panislámico y en contra de los judíos tiene como fin acabar con el aislamiento de Irán y presentar sus ambiciones regionales de manera aceptable para las masas suníes. En un Oriente Próximo árabe, Irán es el enemigo natural; en un mundo islámico, Irán es un posible líder. Lo irónico es que Irán ha sido el mayor defensor de la democracia árabe, porque la mejor forma de debilitar a los regímenes en el poder es impulsar movimientos islamistas populares como Hezbolá en Líbano, los Hermanos Musulmanes en Egipto, Hamás en Palestina y la mayoría chií en Irak.

Isaac Rabin creía que la paz entre árabes e israelíes podría impedir un Irán nuclear, pero ahora parece que su pesadilla está cada vez más cerca. Como potencia contraria al statu quo, Irán no pretende tener capacidad nuclear para destruir Israel, sino con el fin de adquirir prestigio e influencia en un entorno hostil y como escudo para desafiar el orden regional.

A pesar de ello, Israel tiene muchos motivos para estar preocupado, porque un Irán nuclear haría imposible la promesa sionista de garantizar un refugio para los judíos -el fundamento para la estrategia israelí de la “ambigüedad nuclear”- y envalentonaría a sus enemigos en toda la región. Además, desencadenaría la proliferación nuclear descontrolada en la zona, empezando por Arabia Saudí y Egipto.

Un ataque militar contra las instalaciones nucleares de Irán es demasiado peligroso y sus resultados son inciertos. Y las sanciones económicas, por muy duras que fueran, podrían no ser suficientes para doblegar a Irán. Tampoco está claro que las divisiones en el seno de la clase dirigente iraní, entre los puristas revolucionarios y los más mercantilistas, vayan a desembocar pronto en un cambio de régimen. No obstante, ser radical no significa necesariamente ser irracional, y el Irán revolucionario nos ha ofrecido pruebas de su pragmatismo muy a menudo.

En la ecuación Estados Unidos-Irán fueron los estadounidenses, y no los iraníes, los que ejercieron una diplomacia ideológicamente rígida. Irán apoyó a Estados Unidos durante la primera guerra del Golfo, pero se vio marginado de la conferencia de paz de Madrid. Irán apoyó a Estados Unidos en la guerra para derrocar a los talibanes en Afganistán. Y cuando las fuerzas norteamericanas derrotaron al ejército de Sadam Husein en la primavera de 2003, los iraníes, rodeados, propusieron un gran pacto que incluiría la discusión de todos los aspectos polémicos, desde la cuestión nuclear hasta Israel, desde Hezbolá hasta Hamás. Además, los iraníes se comprometieron a dejar de obstaculizar el proceso de paz entre árabes e israelíes.

Sin embargo, la soberbia de los neoconservadores estadounidenses -”No hablamos con el mal”- impidió dar una respuesta pragmática a la mano tendida de Irán.

Cuando se vio que la estrategia estadounidense en Oriente Próximo se había ido al garete, la actitud iraní ya había cambiado, pero ese gran pacto sigue siendo la única forma posible de salir del punto muerto. Sin embargo, sería imposible lograrlo mediante un sistema de sanciones inevitablemente imperfecto o recurriendo a una lógica propia de la guerra fría, por la que Estados Unidos pretenda debilitar a Irán arrastrándole a una carrera de armamento ruinosa. La influencia creciente de Irán en la región no se debe a su gasto militar, que es muy inferior a los de sus enemigos, sino a su actitud de enfrentamiento con Estados Unidos e Israel, y su astuta utilización del poder blando.

No hay mejor forma de desbaratar la estrategia regional iraní de desestabilización que alcanzar un amplio acuerdo de paz entre árabes e israelíes, acompañado de inversiones masivas en desarrollo humano y seguido de un sistema de paz y seguridad, auspiciado por la comunidad internacional, en un Oriente Próximo claramente libre de armas nucleares, incluido Israel.

Rusia vuelve a ‘enseñar los dientes’

Por Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca (EL MUNDO, 23/07/07):

No fue una sorpresa. El mismo presidente de Rusia, Vladimir Putin, venía avisando en varios discursos oficiales que «la Guerra Fría había dejado munición que aún no ha explosionado», primero en Berlín, el pasado 10 de febrero, y, de nuevo, en junio pasado, en el seno mismo de la Conferencia de Viena sobre Fuerzas Convencionales, convocada con carácter extraordinario a petición rusa. El 14 de julio anunció unilateralmente la suspensión del Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa (FCE) de 1990 y del conjunto de acuerdos vinculados a aquél; dicha suspensión entrará en vigor al finalizar 2007.

El Tratado FCE de 1990 fue concluido entre los estados pertenecientes a la OTAN y al desaparecido Pacto de Varsovia, alianza militar que agrupaba a los antiguos estados comunistas. En dicho Tratado (y acuerdos conexos) se establecen límites muy detallados de armamentos convencionales (artillería, blindados, aviación de combate, helicópteros, etcétera) y efectivos humanos de los ejércitos de los estados partes, así como obligaciones de información sobre movimientos de tropas y de acceso a inspecciones militares mutuas. Este Tratado, que obliga a una treintena de estados (incluidos EEUU y Canadá), ha sido la clave de bóveda de la seguridad del continente y único por las fuertes destrucciones y reducciones de armamentos que ha supuesto para todos, amén de su satisfactorio sistema de verificación basado en la transparencia (cielos y puertas abiertas, con miles de inspecciones reales).

Sin embargo, es bien conocido cómo el mapa de la división Este-Oeste saltó por los aires en 1989 (caída del Muro de Berlín) y la Unión Soviética alumbró de su seno imperial 15 nuevos estados, de los cuales tres son hoy miembros de la OTAN y de la UE (los bálticos Estonia, Letonia y Lituania). Y estados satélites pertenecientes al Pacto de Varsovia siguieron la misma senda de fervor atlántico que los bálticos. El Tratado FCE estaba inspirado en la frase «ya no somos adversarios», antesala del «ahora todos aliados y atlantistas». Tras la disolución en 1991 de la URSS, el Tratado FCE sigue en vigor para una parte de sus estados sucesores (Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Kazajstán), los antiguos estados comunistas del Este (Bulgaria, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía) y los 16 estados que en aquel momento eran miembros del Tratado Atlántico, como es el caso de España.

Como los estados del antiguo Pacto de Varsovia se pasaron -nunca mejor dicho- con armas y bagajes a la OTAN, el Tratado FCE quedó desequilibrado, por lo que se negoció un nuevo Acuerdo de adaptación en 1999 en Estambul, complementario del de 1990, para hacerse eco de esos corrimientos de tropas y readaptar los techos de armamentos.

Pero este segundo Acuerdo FCE no está en vigor porque los aliados no lo han ratificado. ¿Por qué? Los estados europeos reprochan a Rusia el incumplimiento del Tratado FCE de 1990, que le obliga a retirar sus tropas de Georgia y de Moldavia. Mientras Moscú no cumpla aquellos compromisos, no ven motivos para asumir otros nuevos con el Acuerdo de Estambul de 1999. A su vez, Rusia deduce una interpretación de ese Acuerdo que busca, como es lógico, favorecerse: entiende que los niveles de tropas asignados a los estados de la Alianza Atlántica deben reducirse, a fin de que no vea aumentados indirectamente sus cupos al alinearse los estados bálticos con la OTAN. Sin embargo, los límites no afectan a los tres países bálticos ni a Eslovaquia, que no son partes del Tratado FCE de 1990. Además, Rusia estima que no se le pueden poner límites a la presencia de sus propias tropas a lo largo de su frontera occidental (con los bálticos, con Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Turquía…).

El Tratado FCE no regula expresamente su suspensión, aunque Rusia la puede invocar con fundamento en el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en cuyo caso precisaría ser acordada por todas las partes, lo que no ha sucedido al menos todavía. Lo que sí prevé el Tratado FCE es la retirada unilateral, que obviamente no requiere acuerdo de los restantes estados, pero no podrá ser efectiva hasta pasados al menos 150 días desde la notificación. La decisión de retirada unilateral es legal a la luz tanto del propio Tratado FCE como del Convenio de Viena, del que también es parte Rusia.

Claro que si la decisión rusa de retirarse del Tratado FCE es legal, no lo es menos la negativa de los estados occidentales de ratificar el Acuerdo de 1999. Hay que dejar claro que, cuando un Estado negocia un tratado y adopta la redacción de un texto, no está obligado por el hecho de la firma de autenticación del texto. Un Estado sólo queda obligado por un Tratado si con posterioridad a la firma de autenticación, lleva a cabo la prestación del consentimiento (por el Gobierno en ocasiones, pero las más de las veces precisan la autorización del Parlamento). Dicho sea esto para dejar bien claro que los estados miembros de la OTAN no han incumplido el Acuerdo de 1999: son países negociadores, pero no son contratantes (el que ha consentido en obligarse por un tratado, esté o no en vigor), ni son partes (cuando se ha consentido y el Tratado está en vigor).

Por ello, el envite ruso es una descarada medida de fuerza para presionar, de un lado, a Estados Unidos en relación con su discutible decisión de situar una barrera de antimisiles en Polonia y República Checa y, de otro, a los estados europeos parte del Tratado FCE para que se negocie un nuevo Tratado adaptándolo a las nuevas realidades. Esto es, que Rusia se siente gran potencia y desea ejercer como tal, imponiendo sus intereses del mismo modo que lo hace Estados Unidos. Pero los reproches rusos se dirigen también hacia Washington por su proyecto de asentamiento de tropas estadounidenses en Bulgaria y Rumanía, dos estados, no sé si soberanos e independientes, que se desviven por complacer a EEUU.¿Bravuconada o no de Putin? En todo caso, no debe echarse en saco roto, habida cuenta la creciente militarización del planeta desde 2005 a la que han contribuido los disparatados presupuestos militares de Estados Unidos, Rusia, China y la India. Putin cree que Rusia ha alcanzado ya un nivel de pujanza económica que le permite volver a ejercer de gran potencia, con capacidad de arbitrar en Europa y en el mundo -como lo hiciera en tiempos de los zares o del comunismo- en todos los asuntos que conciernen a sus intereses nacionales propios, ya sea en la crisis nuclear iraní, ya sea en Oriente Medio, ya sea para vetar la autorización para un Kosovo independiente -con toda la razón en este caso-, ya sea para evitar que sus estados limítrofes caigan bajo la creciente zona de influencia europea y atlantista. Rusia entiende que las ampliaciones de la UE y la atracción que el bienestar europeo prende en la población de los países de su cordón de seguridad (como Moldavia o Ucrania, o en algún estado transcaucásico como Georgia) pueden producirle un aislamiento político y estratégico indeseable.

No creo que pretenda con entusiasmo la entrada en vigor del acuerdo de Estambul de 1999; lo que probablemente desee es dinamitar ambos acuerdos y negociar uno nuevo. Utilizar la coartada del Acuerdo de 1999 no es verosímil, pues dicho acuerdo autoriza a las partes a adscribirse libremente a alianzas militares y a decidir soberanamente la presencia de fuerzas armadas extranjeras en su territorio, dos concesiones que hizo la debilitada Rusia de Yeltsin con gran disgusto de sus generales.

Su contenido no satisface a la política rusa, que rechaza las futuras bases militares norteamericanas en Chequia y Polonia. Cumplir Rusia con la retirada de Georgia y Moldavia y abrir negociaciones para un nuevo tratado sería la única vía para incluir en el recuento a los incómodos, para Rusia, vecinos bálticos y a los estados surgidos de la antigua Yugoslavia, que más temprano que tarde se inscribirán en el multitudinario club de la UE y de la OTAN. Igualmente, le permitiría poner sobre la mesa nuevos compromisos para declarar no contaminables de europeísmo y atlantismo al resto de sus vecinos (Ucrania, Moldavia, Georgia, etcétera). Ya tiene bastante con los bálticos y Finlandia como para tener que soportar un día veleidades de dos estados como Moldavia y Ucrania, deseosos de aproximarse a la UE.Claro que Rusia ya se ha percibido, hace dos inviernos, de uno de los talones de Aquiles de una UE temerosa por su dependencia energética de Rusia: es el momento de presionar sobre Europa, ensimismada en sus cuitas institucionales, falta de liderazgo internacional y de capacidades militares, y de volver Rusia por sus fueros de gran potencia. Hasta hace poco, la UE veía a Rusia de forma distante y no había una política rusa desde la UE. Ahora habrá que improvisar un think tank que dé ideas rápidamente sobre cómo calmar a Moscú… o cómo calmar a una desleal Polonia que reclamará la solidaridad de la UE para garantizarse los suministros energéticos.

Los 150 días que nos ha dado Rusia vencen el 12 de diciembre y, para entonces, puede hacer muchísimo frío… por ejemplo, en Polonia. Otra vez Polonia y sus gemelos.

Rusia ya no admite más la unipolaridad real basada en la hiperpotencia americana ni la ficción de bipolaridad creada desde la primera Guerra del Golfo (la única legal, la de papá Bush) de tenerles como comparsa en la arena internacional. Putin cree que Rusia es la otra hiperpotencia real y quiere que empecemos a creernos que sus ambiciones van de verdad. Lo pueden probar poniendo en jaque a la UE y dando jaque-mate a los dividendos de la distensión.

Rusia vuelve a ‘enseñar los dientes’

Por Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca (EL MUNDO, 23/07/07):

No fue una sorpresa. El mismo presidente de Rusia, Vladimir Putin, venía avisando en varios discursos oficiales que «la Guerra Fría había dejado munición que aún no ha explosionado», primero en Berlín, el pasado 10 de febrero, y, de nuevo, en junio pasado, en el seno mismo de la Conferencia de Viena sobre Fuerzas Convencionales, convocada con carácter extraordinario a petición rusa. El 14 de julio anunció unilateralmente la suspensión del Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa (FCE) de 1990 y del conjunto de acuerdos vinculados a aquél; dicha suspensión entrará en vigor al finalizar 2007.

El Tratado FCE de 1990 fue concluido entre los estados pertenecientes a la OTAN y al desaparecido Pacto de Varsovia, alianza militar que agrupaba a los antiguos estados comunistas. En dicho Tratado (y acuerdos conexos) se establecen límites muy detallados de armamentos convencionales (artillería, blindados, aviación de combate, helicópteros, etcétera) y efectivos humanos de los ejércitos de los estados partes, así como obligaciones de información sobre movimientos de tropas y de acceso a inspecciones militares mutuas. Este Tratado, que obliga a una treintena de estados (incluidos EEUU y Canadá), ha sido la clave de bóveda de la seguridad del continente y único por las fuertes destrucciones y reducciones de armamentos que ha supuesto para todos, amén de su satisfactorio sistema de verificación basado en la transparencia (cielos y puertas abiertas, con miles de inspecciones reales).

Sin embargo, es bien conocido cómo el mapa de la división Este-Oeste saltó por los aires en 1989 (caída del Muro de Berlín) y la Unión Soviética alumbró de su seno imperial 15 nuevos estados, de los cuales tres son hoy miembros de la OTAN y de la UE (los bálticos Estonia, Letonia y Lituania). Y estados satélites pertenecientes al Pacto de Varsovia siguieron la misma senda de fervor atlántico que los bálticos. El Tratado FCE estaba inspirado en la frase «ya no somos adversarios», antesala del «ahora todos aliados y atlantistas». Tras la disolución en 1991 de la URSS, el Tratado FCE sigue en vigor para una parte de sus estados sucesores (Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Kazajstán), los antiguos estados comunistas del Este (Bulgaria, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía) y los 16 estados que en aquel momento eran miembros del Tratado Atlántico, como es el caso de España.

Como los estados del antiguo Pacto de Varsovia se pasaron -nunca mejor dicho- con armas y bagajes a la OTAN, el Tratado FCE quedó desequilibrado, por lo que se negoció un nuevo Acuerdo de adaptación en 1999 en Estambul, complementario del de 1990, para hacerse eco de esos corrimientos de tropas y readaptar los techos de armamentos.

Pero este segundo Acuerdo FCE no está en vigor porque los aliados no lo han ratificado. ¿Por qué? Los estados europeos reprochan a Rusia el incumplimiento del Tratado FCE de 1990, que le obliga a retirar sus tropas de Georgia y de Moldavia. Mientras Moscú no cumpla aquellos compromisos, no ven motivos para asumir otros nuevos con el Acuerdo de Estambul de 1999. A su vez, Rusia deduce una interpretación de ese Acuerdo que busca, como es lógico, favorecerse: entiende que los niveles de tropas asignados a los estados de la Alianza Atlántica deben reducirse, a fin de que no vea aumentados indirectamente sus cupos al alinearse los estados bálticos con la OTAN. Sin embargo, los límites no afectan a los tres países bálticos ni a Eslovaquia, que no son partes del Tratado FCE de 1990. Además, Rusia estima que no se le pueden poner límites a la presencia de sus propias tropas a lo largo de su frontera occidental (con los bálticos, con Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Turquía…).

El Tratado FCE no regula expresamente su suspensión, aunque Rusia la puede invocar con fundamento en el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en cuyo caso precisaría ser acordada por todas las partes, lo que no ha sucedido al menos todavía. Lo que sí prevé el Tratado FCE es la retirada unilateral, que obviamente no requiere acuerdo de los restantes estados, pero no podrá ser efectiva hasta pasados al menos 150 días desde la notificación. La decisión de retirada unilateral es legal a la luz tanto del propio Tratado FCE como del Convenio de Viena, del que también es parte Rusia.

Claro que si la decisión rusa de retirarse del Tratado FCE es legal, no lo es menos la negativa de los estados occidentales de ratificar el Acuerdo de 1999. Hay que dejar claro que, cuando un Estado negocia un tratado y adopta la redacción de un texto, no está obligado por el hecho de la firma de autenticación del texto. Un Estado sólo queda obligado por un Tratado si con posterioridad a la firma de autenticación, lleva a cabo la prestación del consentimiento (por el Gobierno en ocasiones, pero las más de las veces precisan la autorización del Parlamento). Dicho sea esto para dejar bien claro que los estados miembros de la OTAN no han incumplido el Acuerdo de 1999: son países negociadores, pero no son contratantes (el que ha consentido en obligarse por un tratado, esté o no en vigor), ni son partes (cuando se ha consentido y el Tratado está en vigor).

Por ello, el envite ruso es una descarada medida de fuerza para presionar, de un lado, a Estados Unidos en relación con su discutible decisión de situar una barrera de antimisiles en Polonia y República Checa y, de otro, a los estados europeos parte del Tratado FCE para que se negocie un nuevo Tratado adaptándolo a las nuevas realidades. Esto es, que Rusia se siente gran potencia y desea ejercer como tal, imponiendo sus intereses del mismo modo que lo hace Estados Unidos. Pero los reproches rusos se dirigen también hacia Washington por su proyecto de asentamiento de tropas estadounidenses en Bulgaria y Rumanía, dos estados, no sé si soberanos e independientes, que se desviven por complacer a EEUU.¿Bravuconada o no de Putin? En todo caso, no debe echarse en saco roto, habida cuenta la creciente militarización del planeta desde 2005 a la que han contribuido los disparatados presupuestos militares de Estados Unidos, Rusia, China y la India. Putin cree que Rusia ha alcanzado ya un nivel de pujanza económica que le permite volver a ejercer de gran potencia, con capacidad de arbitrar en Europa y en el mundo -como lo hiciera en tiempos de los zares o del comunismo- en todos los asuntos que conciernen a sus intereses nacionales propios, ya sea en la crisis nuclear iraní, ya sea en Oriente Medio, ya sea para vetar la autorización para un Kosovo independiente -con toda la razón en este caso-, ya sea para evitar que sus estados limítrofes caigan bajo la creciente zona de influencia europea y atlantista. Rusia entiende que las ampliaciones de la UE y la atracción que el bienestar europeo prende en la población de los países de su cordón de seguridad (como Moldavia o Ucrania, o en algún estado transcaucásico como Georgia) pueden producirle un aislamiento político y estratégico indeseable.

No creo que pretenda con entusiasmo la entrada en vigor del acuerdo de Estambul de 1999; lo que probablemente desee es dinamitar ambos acuerdos y negociar uno nuevo. Utilizar la coartada del Acuerdo de 1999 no es verosímil, pues dicho acuerdo autoriza a las partes a adscribirse libremente a alianzas militares y a decidir soberanamente la presencia de fuerzas armadas extranjeras en su territorio, dos concesiones que hizo la debilitada Rusia de Yeltsin con gran disgusto de sus generales.

Su contenido no satisface a la política rusa, que rechaza las futuras bases militares norteamericanas en Chequia y Polonia. Cumplir Rusia con la retirada de Georgia y Moldavia y abrir negociaciones para un nuevo tratado sería la única vía para incluir en el recuento a los incómodos, para Rusia, vecinos bálticos y a los estados surgidos de la antigua Yugoslavia, que más temprano que tarde se inscribirán en el multitudinario club de la UE y de la OTAN. Igualmente, le permitiría poner sobre la mesa nuevos compromisos para declarar no contaminables de europeísmo y atlantismo al resto de sus vecinos (Ucrania, Moldavia, Georgia, etcétera). Ya tiene bastante con los bálticos y Finlandia como para tener que soportar un día veleidades de dos estados como Moldavia y Ucrania, deseosos de aproximarse a la UE.Claro que Rusia ya se ha percibido, hace dos inviernos, de uno de los talones de Aquiles de una UE temerosa por su dependencia energética de Rusia: es el momento de presionar sobre Europa, ensimismada en sus cuitas institucionales, falta de liderazgo internacional y de capacidades militares, y de volver Rusia por sus fueros de gran potencia. Hasta hace poco, la UE veía a Rusia de forma distante y no había una política rusa desde la UE. Ahora habrá que improvisar un think tank que dé ideas rápidamente sobre cómo calmar a Moscú… o cómo calmar a una desleal Polonia que reclamará la solidaridad de la UE para garantizarse los suministros energéticos.

Los 150 días que nos ha dado Rusia vencen el 12 de diciembre y, para entonces, puede hacer muchísimo frío… por ejemplo, en Polonia. Otra vez Polonia y sus gemelos.

Rusia ya no admite más la unipolaridad real basada en la hiperpotencia americana ni la ficción de bipolaridad creada desde la primera Guerra del Golfo (la única legal, la de papá Bush) de tenerles como comparsa en la arena internacional. Putin cree que Rusia es la otra hiperpotencia real y quiere que empecemos a creernos que sus ambiciones van de verdad. Lo pueden probar poniendo en jaque a la UE y dando jaque-mate a los dividendos de la distensión.