El fin de los alimentos baratos: una mirada desde los países productores
Por Martín Lousteau, ex ministro de Economía y Producción de la República Argentina (REAL INSTITUTO ELCANO, 19/09/08): Tema: El incremento en los precios internacionales de los alimentos está provocando tensiones económicas, sociales y políticas en diversos puntos del planeta. Este ARI comenta las múltiples causas que explican dicha subida y los desafíos que este nuevo contexto representa, focalizándose en los países productores de alimentos. Resumen: La subida generalizada de las materias primas agrícolas es consecuencia de diversos factores, siendo los principales el incremento de la demanda como consecuencia del rápido crecimiento y el alza de los ingresos de países densamente poblados como China y la India (de carácter estructural), y una política de fomento a la producción de biocombustibles (en particular del obtenido a partir del maíz) que, junto al alza de los precios energéticos y el consecuente incentivo a la sustitución, generó más presión a los precios de granos y oleaginosas. Para los países pobres, importadores netos de alimentos, este nuevo escenario genera graves riesgos en materia de seguridad alimentaria. Sin embargo, y paradójicamente, también puede ocasionar importantes desafíos en aquellos países exportadores netos de alimentos por el impacto que el nuevo escenario de precios tiene sobre la pobreza y la desigualdad. Para mitigar esos efectos, resulta necesaria la implementación de programas de transferencia de ingresos y/o alimentos a los sectores más vulnerables. En un contexto financiero mundial incierto no debe soslayarse la posibilidad de utilizar otros instrumentos que, además de estimular la incorporación de valor a las materias primas exportadas por los países productores, contribuyan a contener el alza de los precios internos de los alimentos y generen recursos al Fisco. Análisis: Excepto el breve período de la década de 1970, la segunda mitad del siglo XX estuvo caracterizada por alimentos baratos. Con la subida producida desde 2006 en los precios internacionales de los alimentos (profundizada a partir del segundo semestre de 2007), esta etapa parece haber finalizado. El nuevo escenario de precios ha generado, en los últimos meses, protestas y conflictos sociales y políticos en países con niveles de desarrollo muy disímiles. Egipto, Camerún, Burkina Faso, Pakistán, Indonesia, Marruecos, México, Haití —con la caída del primer ministro—, Costa de Marfil, Argentina e Italia son sólo algunos ejemplos. La subida de los precios internacionales de los alimentos y el petróleo representa, en términos agregados, una oportunidad para aquellos países exportadores netos de dichos productos; y un grave riesgo en materia de seguridad alimentaria (desnutrición, hambrunas, etc.) para los países subdesarrollados importadores netos (conjuntamente con posibles desequilibrios de la balanza de pagos). Gráfico 1. Evolución del precio de la soja, trigo y maíz, enero 2000 – junio 2008 Fuente: elaboración propia en base a Bloomberg También es importante tener en cuenta la situación dentro de los países a priori “beneficiados”. En aquellos con bajo nivel de desarrollo y alto porcentaje de personas viviendo en zonas rurales, con una agricultura básica de pequeñas explotaciones y escasa tecnificación, la nueva configuración de precios relativos tenderá a mejorar la situación de dichos productores. Esto eventualmente permitirá compensar el aumento de la pobreza en la población marginal urbana. Pero cuanto mayor sea el nivel de concentración en la tenencia de la tierra, con la consiguiente tecnificación agrícola y comercial, y más elevada la densidad poblacional urbana, más riesgos conlleva el nuevo escenario de aumento en los niveles de pobreza y empeoramiento en la distribución de la renta. La primera parte de este trabajo analiza los factores que explican el alza en los precios de los commodities (con énfasis en los alimentarios). Posteriormente, se describen las consecuencias del nuevo escenario en el interior de los países productores de alimentos; repasando cuáles son las herramientas disponibles para mitigar los efectos en términos de pobreza y desigualdad en sus economías. ¿Por qué suben los precios de los alimentos? Diversas causas explican el alza de los precios internacionales de los alimentos. La primera en orden de motivos tradicionales, pero hoy quizá la menos relevante desde el punto de vista estructural, es la depreciación del dólar desde 2002, al existir una correlación negativa entre el valor de la divisa estadounidense y el precio de los commodities. Si bien parte del aumento puede deberse a ello, midiendo el precio de los alimentos en otras monedas apreciadas respecto al dólar (como el euro) las subidas también han sido significativas. Por eso hay que atender a otros factores más profundos. Existen aspectos explicativos relacionados con elementos coyunturales, como la sequía en Australia y las bajas cosechas en Ucrania y la UE, el descenso de los stocks mundiales de granos, y las restricciones a las exportaciones implementadas recientemente por distintos países (Argentina, Camboya, China, Egipto, Etiopía, la India, Kazajistán, Pakistán, Rusia y Vietnam). Estos son factores explicativos de una incidencia muy baja, ya que en el primer caso la menor producción se compensó con aumentos en otras regiones, y porque el descenso de los stocks y las restricciones a la exportación son el resultado y no la causa de la subida en los precios. Adicionalmente, de tratarse de elementos cuyo poder explicativo fuera alto y con posibilidades de reversión a nivel agregado, el problema que enfrentamos dejaría de serlo. Uno de los principales motivos estructurales está relacionado con el incremento del ingreso y la demanda globales. El crecimiento económico de países como China y la India ha modificado su estructura productiva y social: las migraciones hacia las ciudades, el aumento del ingreso y la reducción de la pobreza han diversificado la dieta alimentaria de cientos de millones de personas, que pasan de consumir proteína vegetal a proteína animal. Asimismo, el desarrollo de sus industrias ha elevado la demanda de materias primas y energía, presionando los precios al alza. El incremento del precio del petróleo y sus derivados eleva los costes de la producción agrícola, a través de mayores precios de fertilizantes y el combustible para la producción y transporte de los alimentos. Sin embargo, este efecto directo en el precio del petróleo no parece ser el más relevante. Como ha estimado D. Mitchell para EEUU, dicha subida explica apenas un 15%–20% del incremento del precio de los alimentos. Por otro lado, el efecto indirecto, a través del incentivo a la producción de biocombustibles, merece un análisis más cuidadoso. Varios países han establecido en los últimos años objetivos de utilización de biocombustibles, mediante la implementación de incentivos fiscales y subsidios, combinados con altos aranceles a la importación. Como ha señalado el Banco Mundial, la UE ha establecido para 2010 una meta del 5,75% de biocombustibles, de modo que entre 2001 y 2007 la producción de biodiesel (principalmente a partir de aceite de soja y girasol) se multiplicó por seis. En EEUU, en 2005, se determinó un objetivo de utilización de 28.400 millones de litros de combustibles renovables para transporte en 2012 (incrementando a finales de 2007 la meta de etanol a partir de maíz a 56.800 millones de litros para 2022). Otros países de magnitud, como Brasil, China, la India y Tailandia tienen metas explícitas de utilización de biocombustibles. Estas políticas, impulsadas por el alza del petróleo, han incentivado la producción de biocombustibles. Entre 2004 y 2007, un 70% del aumento en la producción mundial de maíz ?de 55 millones de toneladas? fue absorbido por el incremento en la demanda de biocombustibles sólo en EEUU, provocando un descenso en los stocks mundiales de maíz. Su utilización en la producción de biocombustibles (81 millones de toneladas en EEUU, más 5 millones en Canada, China y la UE) representa el 25% de la producción maicera de EEUU y el 11% mundial. Se genera así una tendencia a un súbito cambio en los patrones geográficos de producción. En EEUU se sustituyeron otros cultivos (como la soja) en favor del maíz. El estímulo a los biocombustibles también ha reducido las áreas destinadas al trigo en Argentina, Canadá, la UE, Kazajistán, Rusia y Ucrania para aumentar la producción de oleaginosas para la obtención de biodiesel (el trigo y las oleaginosas crecen en condiciones climáticas y tierras similares). Tomando a los ocho mayores exportadores de trigo, mientras que el área cultivada decreció un 1% entre 2001 y 2007, la de colza y girasol se expandió un 36%. Pero no toda la producción de biocombustibles tiene el mismo efecto sobre la sustitución de otros cultivos. Al hablar de biocombustibles aludimos al etanol (obtenido de la caña de azúcar, la remolacha o el maíz) y al biodiesel (a partir de aceites vegetales ?como soja, girasol, colza, lino, etc.? o grasas animales). El impacto asociado a la producción de biocombustible a partir del maíz o la soja, en países de clima templado y alta utilización de tierras fértiles, difiere respecto al producido a partir de cultivos de alto contenido energético, en países tropicales y subutilización de tierras. El etanol en Brasil se produce a partir de la caña de azúcar (con una eficiencia energética aproximadamente seis veces mayor que el maíz), y el incremento en la producción de etanol no ha tenido el “efecto colateral” de sustituir otros cultivos. Sin embargo, el efecto global en la disponibilidad y el precio de las principales fuentes de alimento continúa dependiendo de lo que ocurre en las zonas más fértiles. Es saludable investigar en los biocombustibles para sustituir combustibles fósiles no renovables, con innovaciones tecnológicas que permitan en el futuro cercano obtener de forma económicamente eficiente combustibles a partir de la biomasa contenida en productos no alimenticios que no compitan directamente con la producción de alimentos. Pero resulta casi inevitable que surja una presión para que los países desarrollados replanteen sus objetivos de exigencia de utilización de biocombustibles, ya que el objetivo de seguridad energética comienza a afectar la seguridad alimentaria de otros países, con los consiguientes riesgos políticos y sociales. La combinación de incentivos a los biocombustibles y altos precios del petróleo (que vuelve rentable la producción de combustibles a partir de alimentos), junto a los efectos ya mencionados, ha aumentado los vasos comunicantes entre los mercados alimentarios y energéticos. Es la primera vez que esta relación entre fuentes energéticas ?una para la vida o el capital humano y otra para las máquinas o el capital físico? queda tan de manifiesto, y las consecuencias de este renovado vínculo deben ser seguidas muy de cerca. La tendencia reciente de los precios agrícolas sumada a las especulaciones acerca del precio de la energía y su interrelación con el coste de la comida, ha incentivado en los últimos tiempos la toma de posiciones financieras ?particularmente en los mercados de futuros de alimentos? por inversores institucionales. Sin embargo, el debate acerca del peso del componente “especulativo” en el alza de los precios de los alimentos no está claro. Resulta difícil cuantificar adecuadamente su magnitud, al tratarse de mercados de productos perecederos donde la transacción subyacente tiene lugar a un precio determinado por la oferta y la demanda y con un seguimiento razonable de stocks mundiales. Ello pareciera indicar que el impacto especulativo debiera estar limitado al corto plazo ya que los precios deberían convalidarse posteriormente. Sin embargo, en ese corto plazo podría existir una traslación del precio futuro al precio spot. En momentos en los cuales el tema de los alimentos se ha posicionado en las instancias multilaterales, vale la pena mencionar también el efecto combinado que cierto desinterés en las últimas décadas de los organismos multilaterales para financiar proyectos agrícolas (el Banco Mundial redujo el porcentaje de los préstamos anuales destinados a la agricultura del 30% en 1980 al 12% en 2007) y las políticas de subsidios y precios sostén en los países centrales ?con el consecuente impacto sobre los precios internacionales? han tenido sobre los incentivos a la producción agrícola. El nuevo contexto en los países productores de alimentos El alza de los commodities ha incrementado los índices de precios mundiales. En una muestra de cinco países de América del Sur (Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay) la inflación promedio en los precios de alimentos se triplicó en 2007 respecto a 2006 (del 3,7% al 10,7%), aunque dicho traspaso no ha sido de la misma magnitud en todos los países del mundo. Esto se debe, en primer lugar, a que la proporción del ingreso total destinada a alimentos es sustancialmente mayor en los países en desarrollo: en Argentina ?que sigue siendo uno de los países con menor desigualdad de Latinoamérica? el 20% más pobre de la población destina en promedio un 49% de su ingreso a alimentos y bebidas. En segundo lugar, la incidencia del alza de las materias primas en los precios de los alimentos es menor en los países más desarrollados, ya que el nivel de procesamiento de los alimentos consumidos es mayor (provocando que el peso de la subida en la materia prima se diluya en relación a los otros costes de elaboración, como los salarios, el empaquetado, la publicidad, etc.). De esta forma, el efecto sobre los precios de los alimentos ?y sobre la pobreza y la desigualdad? será mayor en los países con menor nivel de desarrollo relativo. La subida de precios internacionales incrementa el ingreso de los vendedores netos de alimentos (venden más de lo que consumen). De esta forma, el efecto neto sobre la pobreza dependerá de si las ganancias asociadas al alza de los precios más que compensan el incremento de la pobreza de los sectores urbanos compradores netos de alimentos. Según las estimaciones de M. Ivanic y W. Martin, que analizan los efectos para países de bajos ingresos con un alto porcentaje de población rural ?Bolivia, Madagascar, Malawi, Nicaragua, Pakistán, Perú, Vietnam y Zambia?, el impacto general de unos mayores precios de los alimentos es un incremento en los niveles de pobreza, dado que la mayoría de los pobres son compradores netos. En el caso de países productores de alimentos con menor población rural y alta concentración en la propiedad de la tierra, el impacto de la subida de los precios sobre la pobreza y la desigualdad sería esperable que fuera aún más pronunciado. Así, lo que puede ser una muy buena noticia para algunos ?se trate ya de grupos de personas o de países? se transforma en un gran inconveniente para muchos otros. La aptitud de distintas respuestas de política económica Desde los ámbitos multilaterales, todas las recomendaciones de política señalan la necesidad de que las medidas parciales de los países no lleven a un equilibrio general subóptimo. Se prescriben las recetas más habituales, como: (a) reducción de impuestos a los alimentos (aranceles de importación, IVA, etc.); (b) transferencia en efectivo a los sectores más vulnerables; (c) programas de efectivo por trabajo; y (d) programas de alimentación escolar. Teóricamente, se trata de recomendaciones acertadas. El riesgo es que si el mundo se queda sólo con esas herramientas y surgen problemas no previstos, la reacción será recurrir a instrumentos menos estudiados y urgentes. Ningún gobernante responsable se quedará de brazos cruzados o se limitará a lo técnicamente recomendable para el equilibrio general mientras contempla tensiones sociales o políticas. Por ello, la cuestión debe ser contemplada con mayor profundidad. Existen diversos inconvenientes prácticos para implementar las recomendaciones de política más tradicionales. El primero y más claro es que exige un mayor y sustancial esfuerzo fiscal, en países con dificultades estructurales para elevar su recaudación y cuando la coyuntura financiera internacional debería motivar un comportamiento más prudente sobre las erogaciones. En un marco de crisis global, con la desaceleración del ritmo de crecimiento mundial y el impacto que los mayores precios del petróleo generan sobre la cuenta corriente en aquellos países que no son autosuficientes en materia energética, las dificultades de financiamiento constituyen un obstáculo no menor. Adicionalmente, existen cuestiones vinculadas a la eficacia en la cobertura de los programas sociales. Dado que es esperable que en países de bajos ingresos la debilidad institucional genere complicaciones en la implementación y administración de los programas, se corre el riesgo de que con una focalización que reduzca los costes no se logre llegar de forma efectiva a la totalidad de la población vulnerable. Si estos inconvenientes ?el difícilmente financiable coste fiscal o la baja efectividad? tornan inviables las soluciones canónicas, la emergencia degradará la calidad de las soluciones. Ya son varios los países productores que ante la subida de los precios internacionales y su impacto local han implementado medidas restrictivas a las exportaciones a fin de asegurar el abastecimiento interno (cierre o limitación de las exportaciones) o contener las presiones inflacionarias domésticas (mediante la implementación de improvisados derechos de exportación). El mundo pasará así de intentar fallidamente la mejor solución a otras claramente subóptimas, sin la posibilidad de analizar otras instancias. Si bien pueden perseguir objetivos similares, existen diferencias sustanciales entre limitar o cerrar exportaciones o gravar las ventas externas. Pese a que ambas apuntan a contener los precios internos, el impacto es directo en el caso de los derechos de exportación pero indirecto en las restricciones a las ventas, ya que opera primero a través del efecto en cantidades. Ello hace que pueda demorar un poco más de tiempo y que sea difícil calibrarla. Adicionalmente, se hace más complicada la regulación tendiente a mantener el equilibrio deseado. Segundo, si bien ambas importan una redistribución de los productores a los consumidores, las restricciones constituyen una redistribución general y no focalizada en los sectores más vulnerables. Adicionalmente, las limitaciones a las ventas externas imposibilitan el establecimiento de mecanismos que discriminen el tipo de producción ?por ejemplo en áreas marginales que comienzan a ser explotadas por los elevados precios externos? reduciendo aquellas producciones que requieren de incentivos en cuanto a su precio neto para ser llevadas a cabo. Los derechos de exportación constituyen una política que no conlleva estas dificultades, que debe ser distinguida de las restricciones y que, en vista del contexto internacional y las posibles y desordenadas reacciones locales, merece ser estudiada en mayor detalle. El impacto en la pobreza y la distribución de la renta es sustancial. Un arancel a las exportaciones tiene un impacto inmediato y fácilmente cuantificable en los precios internos. Por otro lado, mediante la captación de una porción de rentas extraordinarias (debidas al contexto internacional de precios) provee recursos fiscales a los gobiernos para financiar programas que mitiguen el efecto de los mayores precios sobre la población más vulnerable. En el caso argentino, la implementación de derechos de exportación desde la mega crisis de 2002 ?explicada por la megadevaluación y luego por los extraordinarios precios internacionales? permitió fortalecer las cuentas fiscales, aportando el 2,5% del PIB en promedio cada año, en un contexto de fuerte crecimiento de los ingresos tributarios y consolidar un superávit promedio superior al 3% del PIB en el quinquenio 2003–2007 (la participación de este impuesto sobre el total de los recursos tributarios se mantuvo en torno al 10,5%). La generación de recursos por vía del impuesto a un grupo de bienes primarios exportados permite atender la situación del ingreso de áreas marginales a la producción de esos mismos bienes por la vía de un subsidio o compensación, por ejemplo, por flete hasta puertos de salida o de otra índole que torne nulo el impacto de la retención en esas zonas y por ende no afecte el incentivo marginal a producir. Finalmente, si la alícuota del derecho es decreciente en función del nivel de elaboración del producto, funcionan como un incentivo a la agregación de valor a los productos básicos y de compensación de las estructuras de aranceles de importación vigentes en los países importadores (con el consecuente impacto sobre la generación de empleo y los salarios), a la vez que permite sostener de forma genuina un tipo de cambio competitivo, evitando la apreciación nominal asociada a la denominada “enfermedad holandesa”. En términos de la dinámica de crecimiento y empleo, con su efecto en la pobreza, y de agregado de valor con su impacto en la desigualdad, no son éstos impactos desdeñables. De acuerdo a las estimaciones de Díaz Bonilla, la eliminación de los derechos de exportación generaría un incremento en la desigualdad en la distribución del ingreso y la pobreza, con efectos sobre el empleo debido a la especialización productiva en sectores menos trabajo–intensivos y una precarización, en términos de valor agregado, de la canasta exportadora. Las limitaciones que los instrumentos comúnmente más aceptados pueden evidenciar dentro del actual contexto justifican el surgimiento de otros más heterodoxos, como los derechos de exportación. Sin embargo, es preciso analizar algunos aspectos de su potencial aplicación en detalle. Su implementación, que tenderá a extenderse a más países si el contexto de precios elevados perdura, debe ser cautelosa. Primero, debe evitarse que una herramienta de fácil recaudación afecte la disciplina fiscal y se torne un sustituto de una gestión responsable y sustentable de las erogaciones. Segundo, debe contemplarse adecuadamente que, si bien se está introduciendo una distorsión, no esté tergiversando las señales de precios emanadas del contexto internacional e inducen a mayor producción. El objetivo es que la producción crezca a un ritmo mayor al consumo interno, que lo hace levemente por encima del crecimiento vegetativo a medida que el país se desarrolla. Si ello se logra, el excedente exportable es mayor cada año. Así, podrán rebajarse periódicamente los derechos, compensando por efecto de las cantidades la pérdida fiscal debida a la menor tasa y manteniendo las transferencias a los sectores vulnerables. Esto implica que en la medida en que aumente el crecimiento de la producción interna de alimentos (incrementando el saldo exportable) y el desarrollo económico permita una apreciación progresiva del tipo de cambio real, los derechos de exportación deberían seguir un sendero decreciente. Están claros los efectos nocivos de caer en un círculo vicioso en lugar de en el virtuoso descrito. Respecto a la disciplina fiscal, existen dos riesgos. Uno es la pretensión, que puede ir in crescendo, de financiar con estos instrumentos otros programas sin relación directa. El segundo, asociado con el primero o que lo podría agravar, es actuar como si estos ingresos fiscales extraordinarios fueran permanentes. Si el esquema de impuestos a las exportaciones y subsidios a los estratos más expuestos a los precios de los alimentos y a compensaciones de zonas marginales se torna superavitario, la prudencia en el actual escenario mundial reclama que se utilice para constituir fondos de reserva. Esto es particularmente relevante si, debido no sólo a los crecientes precios sino a su elevada volatilidad, se opta por la implementación de un esquema de derechos de exportación móviles que acompañe a la evolución de los precios internacionales (calibrado en función de la evolución de los costes de producción del sector) que permita desacoplar los precios internos y brindar los incentivos de una manera más estructural, como un contrato de más largo plazo que no deberá ser arbitrariamente modificado. Conclusión: El incremento de precio de los commodities agrícolas ha puesto al mundo frente a desafíos de magnitudes que hacía mucho tiempo no enfrentaba. Los riesgos son múltiples. Los más inmediatos y graves son los consiguientes aumentos en la desnutrición, las potenciales hambrunas y una mayor pobreza, dando por tierra con las mejoras globales de la última década. Lo anterior podría generar tensiones sociales e inestabilidad política en distintos puntos del planeta, existiendo varios indicios. Finalmente, enfrentados a esos escenarios, las repuestas de política económica de algunos gobiernos podrían incluir elementos que lleven a un equilibrio general subóptimo, agravando la situación global. Esto último no debería extrañar, ya que la reacción racional de cualquier dirigente ante la gravedad de los problemas enfrentados será privilegiar el bienestar interno inmediato, poniendo en un segundo plano los efectos secundarios (internacionales y de largo plazo). Por ello, al realizar recomendaciones de política económica, resulta imprescindible concentrarse en aquellas que ?más allá de su solidez teórica? resulten no sólo practicables sino también consistentes con la situación financiera mundial y los resguardos que todos los países ?en especial los menos desarrollados? deben tener. El riesgo de no contemplar estos elementos radica en que la potencial reacción ante el fracaso de las recetas tradicionales consista en medidas que empeoren indubitablemente el panorama general. Adoptar una perspectiva más realista a priori puede llevar a revisar los diagnósticos habituales sobre algunos instrumentos específicos, como los impuestos a la exportación a aplicarse en los países emergentes productores de alimentos y con desigualdad de ingresos.
Comerse el mundo
Pocas sentencias han quedado tan anticuadas y en tan poco tiempo como aquella célebre de Bertolt Brecht según la cual “primero es el comer y luego viene la moral”. La pronuncia uno de los protagonistas de su Ópera de los tres centavos, en la canción ¿De qué vive el hombre?, a la que puso música Kurt Weil y que fue estrenada en 1928. En ella retrata las típicas hipocresías que fueron el objeto predilecto de sus denuncias. En este caso, una mafia de mendigos en el Soho londinense del siglo XVIII, que trataba de aprovecharse de la compasión de los paseantes. Esta afirmación tiene pleno sentido en el contexto de criticar la doble moral; al contraponer las necesidades fundamentales y los deberes de la conciencia, la urgencia de sobrevivir y el lujo de las sutilezas morales, sitúa el discurso moral en su suelo vital al que necesariamente remite. La moral no debe servir para hacer la vida imposible.
Reconozcamos que Brecht es un autor fascinante para obtener una imagen del mundo en el que esté claro dónde se encuentra el bien y dónde el mal; tiene toda la razón que le falta al capitalismo, pero hace agua cuando la complejidad exige ir más allá del anti capitalismo elemental y la crítica requiere mayor sutileza. En cualquier caso, uno siempre puede reconfortarse con sentencias tan elementales como la de “¿qué delito es el robo de un banco comparado con el hecho de fundar uno?”, también de la misma ópera.
Pero el anacronismo de esta frase está en otro registro. Su autor no pudo saber que un día casi toda la ética fuera a caber en la cesta de la compra y que la justicia alimentaria pudiera simbolizar todas nuestras preocupaciones en torno a la justicia en general. Hoy la moral parece haberse desplazado desde el dormitorio hasta el comedor. La moral ya no viene después del comer sino al mismo tiempo. La food justice se ha convertido hoy en un espacio en el que confluyen todas las exigencias morales. La comida es un ámbito de obligaciones especialmente intensas, respecto de nosotros mismos, de los demás, la naturaleza o los animales. Comer no es un acto privado, ética y políticamente irrelevante, sino una práctica cotidiana en la que el mundo se juega su destino, lo configuramos o lo destruimos, en la que literalmente nos comemos el mundo. Pensemos en el hecho de que con una metáfora alimentaria (la macdonalización) solemos referirnos al malestar ante la globalización. Con nuestra decisión acerca de qué comer, decidimos también cómo queremos vivir e incluso en qué clase de mundo queremos vivir.
En la justicia alimentaria se concentra buena parte de nuestros principales dilemas éticos y políticos: los problemas de la alimentación presente y futura de una creciente población mundial teniendo en cuenta la sobrecarga ecológica del planeta; la discusión en torno a las posibilidades de suprimir el hambre en el mundo mediante los transgénicos, con sus riesgos inherentes; el número creciente de personas que se alimentan de una manera insana, también y especialmente en el mundo más desarrollado. Se extiende la exigencia de una agricultura sostenible, de una política alimentaria respetuosa con los derechos humanos; coinciden en el tiempo las exigencias de justicia económica global y el desarrollo de una ética del consumo, lo que podría estar anunciando una nueva convergencia entre el gusto y la justicia.
El desarrollo económico que ha tenido lugar desde la segunda mitad del siglo XX ha conducido a una extensión social del bienestar anteriormente inimaginable. Por primera vez en la historia, gracias a la producción segura de alimentos y a su provisión en el mercado, una gran cantidad de consumidores de los países ricos dispone de los presupuestos materiales necesarios para poder comer lo que quiera. En las estanterías de cualquier gran supermercado está a nuestra disposición una enorme cantidad de productos a precios asequibles. La cuestión es quién vive en ese paraíso: nosotros los consumidores de los países ricos. Esa particularidad nos obliga a formular principios éticos en orden a la universalización de los bienes y nos sitúa frente a las contradicciones del mundo actual en lo que se refiere a las posibilidades y las realidades de la alimentación.
¿Es posible alimentarse mejor de lo que lo hacemos? ¿Cómo deberíamos comer y qué hábitos alimentarios deberíamos cambiar de modo que todos se pudieran alimentar bien?
En las relaciones que se establecen como consecuencia de la alimentación comparecen asuntos que tienen una fuerte dimensión de justicia, como la producción y provisión de alimentos. Pero el asunto se amplía con la progresiva toma de conciencia de que el consumidor está igualmente obligado a examinar su conducta de acuerdo con criterios de justicia. También el que come debe tomar en consideración el valor de justicia de lo que come, si está producido con equidad, si daña el medio ambiente, si pone en peligro su propia salud y se convierte por ello en una carga para otros, si lo hace responsablemente examinando sus consecuencias globales… Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades del ciudadano, del sujeto particular, del consumidor, en orden a modificar las injusticias globales en materia de alimentación? Mejorar el estado de la alimentación mundial no está al alcance de uno solo, por supuesto, pero tampoco de los grandes poderes; las autoridades políticas y económicas no pueden nada sin los seres humanos, sin los consumidores y sus microdecisiones cotidianas.
La clave está en la fuerza transformadora de los estilos de vida. La renuncia a consumir no es una estrategia practicable de sostenibilidad. Lo que se reclama cada vez con más fuerza es una modificación de nuestro estilo de vida. En el debate sobre desarrollo sostenible los consumidores ocupan ahora un lugar central; son considerados como verdaderos motores de todo cambio estructural en la medida en que tienen la posibilidad de “hacer política con el carro de la compra”. Andoni Luis Aduriz nos daba recientemente algunas pistas en estas mismas páginas.
La relevancia de la alimentación en orden a la sostenibilidad es manifiesta: según las estimaciones aceptadas, entre un 30% y un 40% de los problemas medioambientales son debidos directa o indirectamente al comportamiento dominante en el consumo. Una gran relevancia para la salud y el medio ambiente tiene, por ejemplo, el elevado consumo de carne; el uso de productos congelados también plantea graves efectos sobre la sostenibilidad; muchas enfermedades y alergias se deben a una mala alimentación, especialmente las que están vinculadas al sobrepeso. La alimentación sostenible tiene una clara dimensión ecológica. Podría mencionarse a este respecto la compra de alimentos con criterios de regionalidad, trazabilidad y estacionalidad. De este modo, por ejemplo, se minimiza el transporte y se fortalecen los circuitos económicos regionales.
Sabemos, por otro lado, que una cuarta parte de las basuras domésticas tienen su origen en el empaquetamiento de los alimentos. Los envases reciclables o los productos con poco envoltorio contribuyen a disminuir notablemente la cantidad de basura y el uso de energía.
Existe por tanto un contrapoder de los sujetos que es preciso activar mediante la información, los incentivos y las sanciones fiscales. Del mismo modo que la política requiere de los ciudadanos para su legitimación y la economía depende en última instancia del comportamiento de los accionistas y consumidores, las prácticas cotidianas de la comida actúan sobre las relaciones de poder que constituyen el complejo mundo de la alimentación (y, por añadidura, el mundo en general). Dentro de los espacios de juego existentes, nuestra libertad de determinar qué y cómo comemos establece límites reales a la industria y a la política.
Las costumbres alimenticias permiten al individuo configurar el tipo de vida que desea para sí y modificar su relación con el mundo. Cada uno de nosotros, en el ámbito de su conducta alimentaria, puede llevar a cabo una mejora del mundo, inapreciable pero insustituible. Comer es hoy un acto político global, una verdadera conspiración revolucionaria. Nuestras decisiones cotidianas en esta materia configuran el mundo, para bien o para mal. Brecht no hubiera formulado aquella simplificadora oposición de haber sabido que, actualmente, el comer se ha convertido en un asunto moral, en una cuestión de ciudadanía.
Alimentos y desabastecimiento
El problema del abastecimiento de alimentos a escala global no es nuevo, pero empeora. Y parece que, de momento, los organismos internacionales que dicen ocuparse de ello, algunos esporádicamente, no han logrado frenar el aumento del número de personas que pasan hambre en el mundo, en su mayoría agricultores. Pese a que la FAO se encuentra hoy cerca del objetivo de reducir a la mitad su proporción –el porcentaje de personas desnutridas–, en realidad el nú- mero total crece. Además, el encarecimiento del precio de los alimentos básicos tiende a agravar este desastre, puesto que se prevé que unos 100 millones de personas pasen a formar parte del colectivo de los que pasan hambre en el mundo.
En este contexto, la declaración de intenciones que los líderes del G-8 regalaron al mundo el pasado 8 de julio es un claro exponente de la inopia y la carencia de respuesta de los gobiernos de los países más ricos ante un problema que se agrava.
El G-8 se limita a repetir el cuento neoliberal según el cual hace falta liberalizar aún más el mercado agroalimentario para terminar con el hambre en el mundo. Este cuento sería algo aburrido si no fuera porque la gravedad del problema reclama que la sociedad civil, consciente de ello, denuncie, denunciemos, lo que es una falsedad manifiesta: que la intención del G-8 cuando pide que la OMC liberalice más aún el mercado agroalimentario internacional sea paliar el hambre en el mundo.
Este fragmento del cuento, repetido una y mil veces, no puede convertirse en verdad, puesto que el G-8 olvida mencionar que ha sido la tendencia liberalizadora la que nos ha llevado a la situación actual de desabastecimiento a nivel global. Me remito al informe que la FAO publicó en el 2004: “Durante las últimas décadas, un puñado de corporaciones transnacionales, integradas verticalmente, han ganado un creciente control sobre el comercio, la elaboración y la venta mundial de alimentos”. Este escenario tiene graves repercusiones en la seguridad alimentaria de millones de personas, como, por ejemplo, “los pequeños agricultores y trabajadores sin tierra que conforman el grueso de la población con hambre crónica en el mundo”. “Para estas personas, la globalización de las industrias de la alimentación y la expansión de la gran distribución presentan tanto una oportunidad de acceder a nuevos mercados como un importante riesgo de aumentar la marginación e incluso de extremar su pobreza”, concluía la FAO en su informe de ese año.
LLEGADOS al 2008, todas las evidencias indican que la concentración de la producción y la distribución se agravan, con la consecuente degradación de las condiciones de vida de los agricultores de los países de la periferia. Sus mercados locales se desmantelan y se quedan desprovistos a causa de modelos productivos ajenos que abonan el campo a los abusos comerciales de las grandes multinacionales de la industria y la distribución alimentaria monopolística. Mientras, las 30 mayores cadenas de supermercados del mundo acumulan más de un tercio de las ventas de alimentos. Es necesario recordar que Catalunya no queda fuera de esta dinámica, puesto que cuatro cadenas aglutinan el 50% de la superficie comercial y del volumen de ventas del sector cotidiano. Además, el subdesarrollo rural en los países de la periferia, es decir, la carencia de carreteras, puertos, telecomunicaciones y una infraestructura adecuada impide a sus agricultores participar de un comercio internacional monopolizado por las grandes corporaciones.
Por lo tanto, ahora que el problema del hambre se agrava, ¿cómo tenemos que entender la “magnanimidad” con la que el G-8 nos presenta la receta de la liberalización, mientras propicia la tendencia a la concentración del mercado agroalimentario?
Cuando el G-8 delega en la ronda de la OMC, también sabe que ha sido este organismo el que ha actuado en la dirección contraria a la de propiciar una regulación de los mercados agroalimentarios que los haga más justos y equitativos a nivel global. Más bien los países más ricos han usado el sector agrario como moneda de cambio en beneficio de los intereses comerciales globales de otros sectores y de la concentración de los alimentos en manos de las multinacionales.
FRENTE A un modelo de distribución irracional y monopolístico que ha logrado el desabastecimiento de buena parte de la población mundial, la Unió de Pagesos de Catalunya ya formuló en su día que debe buscarse una alternativa al actual funcionamiento del comercio internacional de alimentos. Y no es otra que la de la soberanía alimentaria, que persigue, entre otros objetivos, primar la producción agrícola local para alimentar y proveer a la población; el acceso del campesinado y de los sin tierra a la tierra, al agua, las semillas y los créditos; unos precios ligados a los costes de producción; la participación de los pueblos en la definición de la política agraria, así como el reconocimiento de los derechos de las agricultoras que tienen una función esencial en la producción agraria y la alimentación. En definitiva, el derecho del campesinado a producir alimentos y a recibir un precio justo y el derecho de los consumidores a decidir qué quieren consumir, cómo y quién lo produce.
La ecología, otra gran víctima de la crisis
Hay muchos perdedores en nuestro nuevo mundo de gasolina y alimentos caros: los pobres en casi todas partes, las clases medias bajas, las compañías aéreas, las empresas de importación de alimentos… Y ahora aparece una nueva víctima: el sueño ecologista de conseguir un mundo más sostenible, equilibrado y equitativo. Esa visión de una Tierra armoniosa está amenazada por todas partes.
A algunos puede extrañarles esta conclusión. ¿Acaso los elevados precios del petróleo no recortan nuestras costumbres gastadoras? ¿No es positivo que entremos en un mundo sin Hummers? ¿No se nos está empujando a tomar medidas de ahorro energético? ¿No se nos está obligando a buscar fuentes de energía alternativas y más inteligentes: la energía solar y la térmica, la energía eólica y la de las olas?
Sí, todo eso es verdad. Pero, al mismo tiempo, también se está obligando a la población y las autoridades a adoptar políticas a las que el movimiento ecologista se ha opuesto, a menudo con éxito, desde hace 40 años. Desesperados por amortiguar el golpe que supone un petróleo a 130 dólares o más el barril y por prevenir el descontento popular, los Gobiernos están tomando medidas que dejan helados a casi todos los ecologistas.
La lista de retrocesos es larga. Mientras en el norte hay familias que vuelven a las estufas de leña, en los trópicos hay comunidades que talan bosques con más intensidad que nunca, y en India los más pobres queman estiércol y un queroseno de dudosa procedencia. Aún más, el Congreso de Estados Unidos recibe fuertes presiones para incrementar las perforaciones y extracciones en plataformas marinas delicadas desde el punto de vista ambiental, como el norte de Alaska y una franja del norte del Estado de Nueva York. Muchos Gobiernos quieren volver a la energía nuclear y preven construir decenas de nuevos reactores, que se unirán a numerosas nuevas plantas alimentadas por carbón.
Como es natural, los ecologistas se oponen, pero es dudoso que puedan oponerse en estos tiempos turbulentos a las presiones, los argumentos y las campañas en contra. Los argumentos sobre la seguridad nacional y la necesidad de reducir la dependencia de fuentes energéticas extranjeras e inseguras, las presiones para aumentar los subsidios a los combustibles en los países en vías de desarrollo y las campañas para reducir los impuestos sobre el petróleo y el gasóleo para los pescadores, los camioneros y las pequeñas empresas en los países industrializados.
Hasta hace poco, era posible alegar que una gran subida de los impuestos sobre el combustible podía ayudar a reducir nuestra afición a los todoterrenos devoradores de gasolina (además de incrementar las arcas del Gobierno). Hoy día, salvo entre las poblaciones más progresistas y acomodadas, sería imprudente el político que propusiera una cosa así.
Y luego está la decisión, muy controvertida, de incrementar la energía alternativa de moda, el etanol, sobre todo en su modalidad menos sensata, que es la de producir el combustible a partir de maíz. No sólo es mucho menos eficaz que el proceso a partir de caña de azúcar, y no sólo beneficia de forma desproporcionada a determinados intereses especiales agrarios y empresariales, sino que -al menos en el caso de Estados Unidos- ha tenido un efecto de sustitución negativo. Ahora que los agricultores del Medio Oeste de EE UU se han pasado al monocultivo y han convertido miles de hectáreas de soja y trigo en maíz, el precio de los primeros ha subido.
Esto nos lleva al derrumbe de la esperanza ecologista en que avancemos hacia una producción de alimentos más benigna con el medio ambiente (es decir, “orgánica”), con unos agricultores locales que cobran precios decentes (es decir, “comercio justo”) a unos consumidores agradecidos y más sanos. No sólo la crisis energética está colocando a muchos agricultores y pescadores contra las cuerdas, sino que el aumento de los costes de los alimentos en general y la demanda creciente de 1.000 millones más de asiáticos están reavivando los llamamientos a tomar unas medidas que los ecologistas siempre han detestado.
Así que no tengo la menor duda de que los argumentos en favor de la producción de alimentos transgénicos tienen muchas más posibilidades de ser aceptados hoy que hace 10 años; si hay que escoger entre las necesidades dietarias de 6.500 millones de personas (en 2050, quizá 9.000 millones) y los temores sobre los alimentos transgénicos, el resultado parece claro.
La demanda de alimentos permitirá vencer las aprensiones sobre el método de producción. Lo mismo ocurrirá probablemente con los llamamientos de algunas empresas agroquímicas para que se utilicen más fertilizantes y pesticidas. Cada lado asegurará tener la ciencia de su parte y recurrirá a sus propios expertos. Pero, al final, es muy posible que las consideraciones políticas y de seguridad pesen más que las preocupaciones ecológicas y de salud.
Las inseguridades sobre el abastecimiento de alimentos ya han hecho que los grupos agrarios de presión de tipo proteccionista, desde Francia hasta Japón, afirmen que sus políticas de altos aranceles sobre las importaciones de alimentos han estado muy justificadas, porque sólo con el mantenimiento (o incluso el refuerzo) de esas barreras pueden los países tener garantizada la presencia en la mesa de pan y manzanas en momentos de crisis.
Estas afirmaciones interesadas preocupan a los economistas del desarrollo, que dicen que la mejor forma de que Europa ayudara a África a prosperar sería permitir la importación de alimentos y, de esa forma, mejorar el nivel de vida de millones de cultivadores africanos de frutas, aceite de oliva, cereales, vino y otros productos. Pero por sólido que sea este argumento, las posibilidades de que se haga realidad y de que se establezca un régimen de libre comercio agrario mundial han disminuido.
Y aún no hemos hablado de las posibilidades de agitación política y social como consecuencia del encarecimiento del combustible y los alimentos, algo de lo que el Banco Mundial y la Organización Mundial de Alimentos llevan tiempo advirtiendo.
Se podría escribir otra media docena de artículos sobre todos los aspectos del problema. Lo único que hemos hecho aquí es señalar que las nuevas tendencias, con sus repercusiones tanto en los países ricos como en los pobres (salvo unos cuantos exportadores de petróleo), están erosionando, y van a erosionar aún más, muchas de las victorias conseguidas y de las teorías sostenidas por el movimiento ecologista.
La intensificación de las perforaciones de petróleo en zonas delicadas, el regreso de la energía nuclear, las presiones sobre los bosques tropicales y boreales, la preferencia por el etanol procedente de maíz, la posibilidad creciente de que se recurra a la agricultura transgénica y a un mayor uso de fertilizantes y el impulso dado al proteccionismo agrario del Primer Mundo son elementos que suscitan pesimismo entre los amigos de la tierra. Y deberían suscitarlo entre nosotros también.
Por supuesto, los ecologistas resistirán y, a largo plazo, es incluso probable que los desorbitados precios energéticos sirvan de aliciente para crear fantásticas tecnologías alternativas. A los lectores que vivan en comunidades con alto nivel de educación y de conciencia ecológica (y de renta), desde Seattle hasta Estocolmo, y que ya disfruten de las nuevas tecnologías inteligentes, este artículo puede parecerles demasiado sombrío. Pero es posible que no se den cuenta de lo privilegiada que es su situación en comparación con la mayor parte de la humanidad. En estos momentos, los tremendos aumentos de los costes del combustible y los alimentos están haciendo que muchos reclamen una rebaja de las exigencias en muchos frentes. Si esa tendencia prevalece, es muy probable que nuestro mundo se aleje cada vez más del sueño ecologista sobre una humanidad capaz de ordenarse de otra manera.
Quizá ese sueño no podía hacerse realidad ante nuestra continua expansión demográfica, el increíble aumento de la demanda de bienes y servicios que la acompaña y el agotamiento de varias reservas clave de materias primas. Sea o no así, la desagradable realidad actual es que las cosas no están mejorando, sino todo lo contrario, para los defensores de un planeta más limpio y acogedor.
La especulación en la crisis alimentaria
La crisis alimentaria mundial refleja el fin de la ilusión de abundancia en la que hemos vivido desde hace 20 años. Los factores que la han originado son múltiples y complejos: un desequilibrio estructural creciente entre oferta y demanda producido por políticas equivocadas y por la demanda de los países emergentes, agravado por malas condiciones climáticas y por el precio del petróleo, que tiene un gran impacto en los costes agrícolas desde los fertilizantes al transporte, y amplificado por la especulación ante la escasez creada por las restricciones a la exportación y la debilidad de los stocks.
Otro de los factores causantes de la crisis, señalado con frases lapidarias, se atribuye al papel de los biocombustibles. Aunque habría que distinguir entre bioetanol y biodiésel, su impacto ha sido, en mi opinión, menor del que se les adjudica mientras que el de la especulación ha sido mayor del que se quiere reconocer.
En efecto, un 77% de aumento del índice de precios FAO en el 2007, no puede explicarse por los 20 millones de toneladas adicionales de cereales dedicados al bioetanol sobre una producción mundial de 2.100 millones. Debe haber otras causas más importantes, como las malas cosechas.
Por ejemplo, en Europa dedicamos a la producción de bioetanol 2 millones de toneladas, menos del 2% del total de la cosecha, pero ésta disminuyó 33 millones en el 2005, 11 en el 2006 y no se recuperó en el 2007.
Por ello la Comisión Europea insiste en mantener el objetivo del 10% de participación de los biocombustibles, basado en criterios estrictos de sostenibilidad y teniendo en cuenta los de segunda generación que no interfieren en la producción alimentaria. Y el Parlamento Europeo ha rechazado todas las enmiendas destinadas a suprimir o reducir este objetivo.
El cereal que más ha subido de precio es el arroz, que no se utiliza en la producción de bioetanol. El trigo se utiliza muy poco pero también ha subido mucho. Y, por el contrario, el azúcar ha bajado a pesar de que la caña que lo produce es la materia prima del etanol brasileño en plena expansión. Pero, como explicó el presidente Lula en Roma, la caña de azúcar de Brasil ocupa el 2% de las tierras agrícolas y sólo la mitad se dedica al etanol. Los datos de la producción de cereales desmienten que la expansión del etanol se haya hecho en detrimento de la producción de alimentos.
Es cierto que un 25/30% de la cosecha de maíz americano se dedica a la producción de bioetanol y ello ha influido, de forma difícil de cuantificar, en el aumento de su precio. Pero, aun así, el maíz es el cereal que menos ha subido en términos relativos.
El 99% de la producción es maíz amarillo, que no se usa para la alimentación humana. Y las exportaciones americanas de maíz no han disminuido porque la producción también ha aumentado. Si no se hubiese dedicado al bioetanol lo más probable es que no se hubiese producido y la oferta alimentaria no habría sido mayor.
No se puede estar en misa y repicando. Si se suprimen los subsidios a la exportación agrícola, parte de la producción buscará otra finalidad. Lo mismo ocurre en Europa: no se puede acusar a las exportaciones europeas de destruir las agriculturas de otros países y también de causar el hambre cuando ya no se exportan y se dedican a producir energía.
Por ello los biocombustibles no deberían ser el chivo expiatorio de los problemas alimentarios mundiales. Con las debidas precauciones pueden contribuir decisivamente a la descarbonificación del transporte y a generar recursos para los países en desarrollo, mientras se impulsan los de segunda generación.
En cambio, parece claro que la especulación en los mercados financieros de futuros ha actuado como acelerador de los precios. Un aumento de 400 a 1.000 dólares la tonelada de arroz en cinco semanas, no se puede atribuir a ninguna variable física y mucho menos a la producción de biocarburantes, que no lo consumen.
En plena escalada de precios, el capital de los fondos de inversión en productos agrícolas europeos se multiplicó por 5 y por 7 en los americanos. Lo mismo ocurrió con el número de contratos de futuros. El desplazamiento de las inversiones especulativas quedaba bien reflejado en los impúdicos anuncios de algunos bancos europeos invitando a sus clientes a invertir para “sacar provecho de los efectos del cambio climático y del encarecimiento de los alimentos”. Ante la protesta del Parlamento Europeo esos anuncios fueron rápidamente retirados.
En el caso de las tortillas mexicanas, producidas con maíz blanco, el propio gobernador del Banco Central reconocía que su carestía no se podía imputar a la producción de bioetanol americano a partir de maíz amarillo, sino al acaparamiento especulativo de los tres grupos agroindustriales que se reparten el mercado.
La crisis mexicana tiene mucho que ver con la disminución de su capacidad agrícola. Desde 1994 México ha triplicado su importación de cereales mientras 2 millones de hectáreas han ido al barbecho y 2 millones de empleos agrarios perdidos emigran a EE UU. Lo mismo ha ocurrido en muchos países en desarrollo. Se impulsó la agricultura de exportación aprovechando los bajos costes laborales en detrimento de la producción de alimentos para la población, destruyendo el equilibrio territorial y provocando la dependencia alimentaria, confiando en que los precios a la importación serían siempre bajos.
Hoy el 75% de los 3.000 millones de pobres son rurales y malviven de la agricultura. Pero ésta sólo recibe el 4% de la ayuda al desarrollo. Como se dice y repite, esta crisis es una oportunidad para impulsar el desarrollo agrícola, especialmente en África. Para aprovecharla hay que aumentar su productividad aportando insumos en vez de una ayuda alimentaría que no resuelve el problema de fondo y cuya disponibilidad depende de la cuantía de nuestros excedentes.
Pero no repitamos los errores del pasado. No bastará dotar de semillas y abonos a los pequeños agricultores africanos si siguen enfrentados a importaciones con las que no pueden competir. Y la producción no aumentará, más bien disminuirá, sin un enorme esfuerzo para adaptarse a las consecuencias, ya inevitables, del cambio climático en África. Ni servirá de nada aumentarla sin infraestructuras que permitan trasladarla a los mercados. A ello se refirió claramente el presidente Zapatero en Roma.
La situación es grave y no tiene solución única ni rápida. Casi todos los protagonistas de la reunión de Madrid, encuentro organizado por el Partido Socialista después de la Conferencia de la FAO en Roma, habían alertado a la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo de la nueva cara del hambre provocada por el incremento de los precios agrícolas. Y el Programa Alimentario Mundial nos acaba de pedir 100 millones de dólares adicionales para alimentar a la población palestina en Gaza y Cisjordania.
Los biocarburantes pueden contribuir a este nuevo desarrollo agrícola aumentando la inversión y generando precios rentables sin los cuales no hay desarrollo agrícola posible.
Forman parte de una respuesta a la crisis alimentaria que debe ser tan multidimensional y compleja como sus causas. Y sin olvidar que necesitamos alimentar a un 50% más de seres humanos y, a la vez, reducir un 50% las emisiones de CO2 de aquí al 2050.
A Week of Hunger
Those of us who dimly remember the gas lines of the 1970s tend to view commodity price spikes as the temporary work of international villains. But anyone still expecting the return of cheap oil is in for a long wait. Rising energy prices are mainly the result of unprecedented global prosperity — a rising billion in China and India determined to own automobiles and air conditioners. This increased demand for oil, natural gas and coal has almost nothing to do with the policies of America or the designs of OPEC.
Given the strain on household budgets, it is impossible to call this a blessing, even a mixed one. But it might properly be called a mixed curse. During the 1992 campaign, some Democrats proposed a controversial 50-cent-a-gallon increase in the gas tax to reduce domestic consumption and encourage alternatives to oil. Since then, gas prices have risen by more than $3 a gallon, resulting in individual suffering and aggregate benefits. Alternatives to oil and coal — from wind to solar to nuclear — are suddenly more economical in comparison. Chevrolet and Toyota are only a couple of years away from offering plug-in hybrids that could average hundreds of miles to the gallon.
But our other demand-driven crisis — food inflation — is simply a curse since there is no pleasant alternative to eating. This problem has a variety of causes: the growth of meat-based diets across the world, requiring large amounts of grain for animal feed; the diversion of acreage to the production of ethanol; the rising cost of food transportation and natural gas-based fertilizers; water shortages and climate disruption. Recent prices have dipped a bit, but expensive food now seems to be a fact of life.
On the fringes of subsistence in the developing world, sudden double-digit jumps in the prices of staples have resulted in riots. In America, a rise of about 6 percent in the price of groceries this year has led the poor to adopt a variety of survival strategies, from buying food that is beyond its expiration date to visiting food banks.
The president and Congress cannot be accused of indifference. Funding for nutritional programs at the Agriculture Department has increased by more than 60 percent during the Bush years. In its recent farm bill (while expanding American agricultural subsidies that do staggering harm to farmers in the developing world), Congress helpfully increased funding for American food banks and food stamps. It also renamed the Food Stamp Program the Supplemental Nutrition Assistance Program, on the theory that boring bureaucratic names with annoying acronyms (SNAP) bear less stigma for recipients.
Expanding food stamps is the most direct way to reduce hunger in America. About 35 million Americans experience food insecurity, and about 25 million receive food stamps — really debit cards that can be used only for food (not sold for cash or used for alcohol). Both the Clinton and Bush administrations have cut fraud in this program. And because this system is computerized, we also know that most benefits are used up by the third week of the month, leaving many families to scramble for other sources of food.
Hunger exacts a social cost. Hungry adults miss more work and consume more health care. Hungry children tend to be sicker, absent from school more often and more prone to getting into more trouble. Larry Brown of the Harvard School of Public Health calculates that the total price tag of hunger to American society is about $90 billion a year. In contrast, Brown estimates it would only cost about $10 billion to $12 billion a year to “virtually end hunger in our nation.”
And this raises a moral issue. We have in place an automated food stamp program that is generally efficient and effective. We know it could be expanded with little increase in overhead. And we know with precision when its benefit runs out each month. So how is it then possible to justify funding three weeks of food instead of four? What additional dependence, what added moral hazard could a full month of eating possibly create?
Many social problems seem complex beyond hope. But dramatic progress against hunger is not. There are many explanations why this effort has not been undertaken — but there are no good excuses.
G-8 y crisis alimentaria
Si nos atenemos a los escasos avances reales en la lucha contra el hambre y la pobreza que han promovido las decisiones adoptadas en las cumbres del G-8 hasta la fecha, es altamente improbable que los líderes de las principales economías, reunidos desde hoy en Hokkaido Toyako (Japón) acuerden medidas ambiciosas ante la crisis alimentaria mundial. Sin embargo, la búsqueda de consensos en esta materia no sólo parece deseable sino que es, de todo punto, ineludible.
En primer lugar, las cifras demuestran tozudamente la gravedad de la situación: los precios nominales de los principales alimentos alcanzan en la actualidad los niveles más elevados de los últimos 50 años.
Se trata de un desafío a escala internacional que tan sólo se podrá abordar de manera coordinada entre todas las naciones, puesto que sus efectos trascienden las fronteras, al igual que sucede con el resto de los grandes problemas que aquejan a la Humanidad -impactos medioambientales, volatilidad de los mercados de capital, etcétera-. El corolario que se desprende de lo anterior es que en esta ‘nave espacial Tierra’ -por utilizar la expresión de Boulding- el margen de maniobra de las autoridades nacionales ha quedado seriamente mermado, de ahí que resulte preciso contar con alguna forma de gobierno global. Las Naciones Unidas han dado un primer paso en este sentido, al convocar la celebración de conferencias y cumbres internacionales. Ahora bien, la responsabilidad de llevar a la práctica los compromisos acordados en estos encuentros debe corresponder, en primer término, a los países más avanzados.
En este sentido, conviene recordar que si la Cumbre sobre seguridad alimentaria de la FAO de Roma se cerró con una controvertida declaración final que fue criticada por su tibieza, también trasladó al G-8 el reto de ofrecer una respuesta ante el alza de los precios de los alimentos. Se le ha emplazado a traducir las declaraciones de intenciones en intervenciones eficaces que promuevan una reactivación de la agricultura en los países en desarrollo. Se le ha reclamado igualmente que busque soluciones a dos polémicas cuestiones: la especulación en los mercados de cereales y la producción de biocombustibles.
Es cierto que la reunión del G-8 se produce en una coyuntura internacional adversa. Nos encontramos ante unas expectativas nada halagüeñas en las que los frentes abiertos son sumamente inquietantes: turbulencias financieras, alzas de los precios del petróleo, crecientes presiones inflacionistas y marcada desaceleración económica.
Sin embargo, paliar las privaciones y el sufrimiento causados por el alza desmesurada de los precios de los alimentos en los países más pobres debería ser el objetivo primordial de la reunión del G-8. Lo anterior parece difícilmente refutable cuando se valora la verdadera dimensión de una tragedia que amenaza a 290 millones de personas, causando lo que el Programa Mundial de Alimentos compara acertadamente con un silencioso ‘tsunami’. Hay que tener presente, asimismo, que la crisis alimentaria viene a ensombrecer un panorama ya de por sí extremadamente sombrío, pues el número de emergencias alimentarias ha pasado de un promedio de 15 por año en la década de los ochenta, a más de 30 por año desde el comienzo del nuevo milenio.
Una constatación de la capacidad de respuesta de la que las naciones avanzadas son capaces cuando existe una voluntad política clara es la inyección de más de un billón de dólares por parte de la Reserva Federal Norteamericana y del Banco Central Europeo en los últimos seis meses para conjurar el riesgo de un agravamiento de la crisis financiera. Los expertos estiman que una cantidad sensiblemente inferior -unos 14.500 millones de dólares- sería suficiente para atender las necesidades inmediatas de los 54 países más vulnerables ante la crisis alimentaria.
Existe otro tipo de argumentos para reclamar una actuación decidida del G-8: la situación actual es, en parte, consecuencia del abandono de la actividad agrícola al que se vieron forzadas las economías más pobres, ante la competencia desleal de las exportaciones subvencionadas procedentes de los países desarrollados. El propio Poul Nielson denunció esta situación cuando era comisario de Desarrollo de la Unión Europea y se sorprendía de que la Política Agrícola Común dedicase al sostenimiento de siete millones de agricultores el doble de los recursos invertidos en el desarrollo de 3.000 millones de personas viviendo con menos de dos dólares al día.
Además, la búsqueda de soluciones no sólo se justifica por imperativos éticos, sino que redundaría en claros beneficios para las propias sociedades desarrolladas. Ello se explica porque la pobreza acaba siendo fuente de numerosos problemas que superan el ámbito nacional. Así, fenómenos como el cambio climático, las migraciones masivas o la creciente inseguridad, sin ser resultado exclusivo de la pobreza, son exacerbados por ésta.
Lo que aquí se sostiene es que aquellos mecanismos de previsión social que configuraron un Estado del Bienestar que ha mostrado su idoneidad en los países desarrollados deberían reproducirse ahora internacionalmente. De igual modo que las clases privilegiadas de los países ricos han venido sosteniendo financieramente unas políticas públicas ventajosas para el conjunto de sus sociedades, ahora deben ser las naciones del Norte las que corrijan las desigualdades a escala mundial.
Seguir apostando por un modelo de relaciones internacionales profundamente injusto es, sencillamente, insostenible. Desde este punto de vista, un bochornoso ejemplo sirve para ilustrar la incoherencia entre el discurso de los líderes comunitarios y determinadas políticas de la UE: los subsidios anuales a los productos lácteos implican un gasto de unos 900 dólares por vaca, casi el doble de la renta media anual por habitante en África subsahariana y una cifra escandalosamente más elevada que los 8 dólares por persona que supone la ayuda per cápita de la UE al subcontinente.
Existen, no obstante, motivos para el optimismo, puesto que en anteriores ocasiones el G-8 fue capaz de adoptar decisiones que se están traduciendo en logros tangibles en materia de desarrollo humano. Éste es el caso del acuerdo de condonación de la deuda alcanzado en la Cumbre de Gleneagles (Escocia) en 2005. Si bien es cierto que tan sólo vino a refrendar decisiones ya tomadas en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados, esta medida logró zanjar el debate acerca del procedimiento de financiación de dicha iniciativa.
Así pues, por ética, por justicia y por interés, ha llegado el momento de pasar de las palabras a la acción. Confiemos en que los líderes de las naciones más poderosas de la Tierra así lo entiendan…y actúen en consecuencia.
Especulación: más que una palabra
Se ha modificado el escenario de precios internacionales. Los alimentos y la energía han pasado a ocupar el banquillo de los acusados, compartiendo como causa la explosión de la demanda y compitiendo por un espacio común a través de los agrocarburantes. Estos, que debían ser parte de la solución para la producción de combustibles en términos medioambientales mucho más aceptables, han acabado siendo una pesadilla, al friccionar con algo tan sensible como son los alimentos. Por fin, entre un cúmulo de intereses contradictorios, aparece la palabra mágica: la especulación. Tranquilos, aquí no ha pasado nada, era solo la especulación.
Hablemos de especulación. Supongamos que tenemos un conjunto organizado de piezas de dominó. Demasiado juntas, por tanto, en situación de riesgo. Tocamos una de ellas y esta hace caer la siguiente, y así sucesivamente. El aleteo de la mariposa ha provocado el huracán. Llega la hora de deshacer el desaguisado, pero no basta con levantar la primera pieza que ha caído, la única que hemos tocado. Las consecuencias ya desbordan la causa, y rehacer el desajuste exige una multiplicidad de acciones con resultados a veces imprevistos.
EN EL escenario real, la demanda creciente y la disminución consecuente de estocs alimentarios convierte la situación en explosiva. Cualquier suceso restrictivo puede provocar el desajuste, ya sean unas inundaciones en EEUU o un tifón en Birmania. En este punto, los agrocarburantes regalan argumentos sobrados a las expectativas de tensión de oferta. Más aún cuando desde el corazón de la economía mundial se expresa la voluntad de imponer, por norma legal, un creciente consumo de etanol o biodiésel en el próximo futuro. En definitiva, unas expectativas de demanda confirmadas por decreto abren la brecha de la especulación alimentaria. Pero, tras la especulación, en buena parte de base financiera, a través de la compra de futuros, la siguiente pieza que cae es la subida de precios y con ella la desviación de comercio de los países productores de cereales y materias primas alimentarias básicas. Aparece el fantasma de la inseguridad alimentaria o, dicho con rotundidad, el hambre, con todas sus consecuencias humanitarias, sociales y políticas.
La expectativa del desabastecimiento provoca una nueva actuación especulativa de signo defensivo: algunos países limitan sus exportaciones de alimentos básicos para garantizar el proveimiento interno. El hipotético desabastecimiento de los mercados aumenta sus probabilidades y con ella aparece el acaparamiento individual, tal como ha sucedido con el arroz en algún país. Otra actuación defensiva de carácter especulativo. Había cereales para todos, pero el desajuste provoca un real desabastecimiento que acaba movilizando a todos los centros de poder mundiales.
Uno de los activos financieros clave en este embrollo han sido los futuros. En este caso también merece la pena separar el grano de la paja. Los mercados de futuros aparecieron precisamente para la compra de cereales. El Chicago Board of Trade, fundado en 1848, fue el primer mercado organizado de futuros. Mediante estos contratos se garantiza el precio al agricultor antes de la cosecha, por lo que, en este sentido, es un instrumento de estabilización de los mercados alimentarios. Pero el comprador tiene en sus manos un activo cuyo valor puede variar en base a las expectativas sobre el resultado de la cosecha. Y este activo puede comprarse y venderse. Es decir, hay un espacio para el especulador.
Sin embargo, los futuros agrícolas tienen al final del proceso una mercancía física: en este caso, un producto que, en mayor o menor grado, es perecedero. Dicho en otras palabras, la especulación en base a activos agrícolas tiene fecha de caducidad y, si las expectativas han sido sobrevaloradas, supondrán pérdidas para el último tenedor. Ahora bien, por el camino, las expectativas vinculadas a futuros pueden haber distorsionado muy gravemente los mercados.
NO TIENE sentido que un simple juego especulativo pueda desequilibrar el proveimiento alimentario y las bases del desarrollo y la estabilidad mundial. Ni tiene sentido que el beneficio fugaz de unos pocos pueda tener como contrapartida un perjuicio tan grave para la mayoría. Del papel pernicioso de los fondos especulativos en los mercados de futuros se es consciente desde hace muchos años pero, tal como afirma Michael W. Masters en sus recientes e impactantes declaraciones al Senado de Estados Unidos, poco se ha hecho para evitarlo. Es fundamental regular los mercados de futuros, especialmente los referidos a alimentos básicos, limitando drásticamente la participación de agentes no vinculados a la real comercialización física del producto.
Desactivando la especulación financiera puede lograrse una mayor estabilidad de los mercados evitando los graves desajustes que pueda provocar. Pero los problemas de base subsisten con una demanda alimentaria creciente y una inmensa demanda potencial de agrocarburantes, estimulada por los altos precios del petróleo y la previsión estratégica de escasez futura. Es hora, por tanto, de planificar teniendo en cuenta el balance alimentario como prioridad ante cualquier opción productiva alternativa.
Africa’s Food Crisis Opportunity
Every time Americans buy groceries, we feel the crisis in food prices. But while inflation presents discomfort in the United States, it is causing dire hardship elsewhere. In many of the world’s poorest communities, food prices have become an obstacle to survival. Yet rapidly rising prices — which are hurting the 73 million people fed each day by the World Food Program and the hundreds of millions who work for low wages in cities — may also create an opportunity: the first chance in years for the world’s poorest farmers to climb out of poverty.
More than a billion people around the world eke out an existence on less than a dollar per day. Most people here in Rwanda fall into that category. But since they rely on themselves for food production and are too poor to afford fertilizer, tractors or advanced seeds, they are insulated from price spikes. For years, working as a farmhand in Rwanda meant slow starvation. Yet with basic food items now priced too high for the average person to afford, local production of food is more attractive, meaning that farmworkers are better able to maintain a living wage.
Since 1850, commodity prices have declined steadily. Coffee, maize and even oil have all become cheaper — until recently. The surge in fuel prices has, ironically, driven up demand for corn-based ethanol. And, while biofuels won’t lessen the need for crude oil, at least not yet, the resulting corn shortage has forced food prices higher.
In Africa, the crisis is imparting sharp lessons. Freer, more democratic nations with better economic policies appear more immune to the spike in food prices. Meanwhile, less-open countries have employed anachronistic policies of subsidies and tariffs, exacerbating market fluctuations. It’s no coincidence that Nigeria and Ethiopia have experienced rioting while Uganda, Rwanda and Tanzania have been relatively calm.
Asian countries that are becoming industrial economies are in the toughest spot: Low-wage factory workers’ situations are less elastic, leaving those workers more hard-pressed when the prices of common household goods rise. But subsistence-level farmers who are not reliant on expensive fertilizer or oil-fueled machinery can sell their excess produce at higher prices, which are still less than prices for food that might be trucked or flown in. The resulting boomlet benefits sub-Saharan Africa’s small farmers, who cultivate, on average, less than 2 1/2 acres and who can, with appropriate assistance, expand their production to meet increasing demand. It’s also possible that a local agricultural renaissance may attract some of the world’s urban poor back to the countryside to cultivate fallow land and earn decent wages.
A report released in April by the U.N. Educational, Scientific and Cultural Organization confirmed that farmers worldwide would benefit from reducing their dependency on fossil fuels and adopting practices that help protect their environments. This means reducing the amount of fossil fuel used for cultivation, as well as transported fertilizers and pesticides, in favor of locally available resources. To be sure, inputs such as fertilizer can tremendously boost poor farmers’ productivity and earnings in the short term. A colleague from Nigeria wrote to me this spring saying that while the cost of fertilizer had increased by 50 percent, the selling price of corn was up by 100 percent. In other words, those productive small farmers who had had access to the increased capital required to obtain fertilizer had doubled their income in a year. Other key areas of productivity investment for poor farmers in which donor governments would do well to invest include advanced seeds, technical assistance for terracing and irrigation, and diversification into higher-value crops that are less likely to be influenced by fluctuations in international commodities markets.
It has taken Americans decades to warm to the common sense of producing and consuming locally. Fortunately, the trend may catch on more quickly in the world’s poorest countries. Many have argued for an African “green revolution”: better farming practices and greater productivity through larger investment in smallholder farms. The timing could scarcely be better for following up on these opportunities. We should also resist the temptation to apply traditional fire-control responses to counter rising food prices, responses such as expanding subsidies or protecting markets. Investing in the poor today may enable many to make the transition out of poverty that has been so elusive for decades. If smallholder farmers can increase their income in real terms for the first time in 50 years, aided by improvements in health and education, they may manage to claw their way out of poverty, as many in Southeast Asia have done.
In the coming months, many will need food relief, but many more will benefit from investments in farm cooperatives and small farms. These investments will help to maintain progress, support stability, and, most important, help the world’s poor feed themselves and their neighbors.
Grilletes de esclavitud
Analizar la crisis alimentaria como un problema de aumento de precios nos ha permitido desvelar los efectos de la liberalización del comercio agrícola, la especulación que se hace en la Bolsa con la comida, el papel de los agrocombustibles, etcétera. Si ahora analizamos la crisis como el incremento en más de 100 millones del número de personas con graves dificultades para adquirir alimentos a estos nuevos precios, advertiremos que, mayoritariamente, las personas que no pueden acceder a los alimentos son pequeñas y pequeños agricultores sin ningún tipo de apoyo y que cosechan en tierras muy poco productivas, jornaleras y jornaleros contratados con salarios de miseria en grandes fincas dedicadas a la agroexportación o familias campesinas, ahora en suburbios urbanos, expulsadas de sus tierras por la avidez del control y la concentración de las tierras. Es la gran paradoja de esta crisis: pasan hambre las y los productores de alimentos.
No tenemos un problema de abastecimiento ni de productividad sino una desestructuración del mundo rural y la vida campesina que empezó en los años 40 tras la Segunda Guerra Mundial, y que continuó en los 60 con la implantación de la llamada revolución verde. Éste programa sustentado por un paquete tecnológico previsto para aumentar la productividad agrícola (semillas mejoradas, uso de fertilizantes, pesticidas) estaba en realidad «promoviendo las tecnologías y los modelos comerciales que sirven a los intereses de las multinacionales estadounidenses y destruyen la seguridad alimentaria de los agricultores. Frente a la opción de desarrollar una agricultura ecológica, autónoma e independiente de los pueblos, la maquinaria estadounidense (Gobierno de EE UU, Fundación Rockefeller y Fundación Ford) diseñó otro modelo agrícola, extendido y vigente actualmente en todo el mundo, que no se basaba en la cooperación con la naturaleza sino en su conquista», como explica la activista india Vandana Shiva.
La revolución verde, sin ningún respeto por el medio ambiente, permitió incrementar la productividad de los monocultivos, no la productividad de alimentos diversos y variados. Generó una gran dependencia de créditos (inicialmente facilitados por el Banco Mundial y que hoy engrosan la deuda externa) para la compra de fertilizantes y pesticidas químicos, obligó a la concentración de tierras y destruyó la diversidad agrícola que había sido siempre garantía de seguridad alimentaria.
En definitiva, y como ocurre ahora, se pensó en productividad (elegante eufemismo de negocio) no en quién produce. Lo que nos debería preocupar es que las consecuencias que derivaron entonces, por ejemplo, en India pueden repetirse ahora en cualquier punto del planeta. La revolución verde en India contribuyó a provocar el movimiento extremista y el terrorismo en Punjab que se cobró la vida de más de 30.000 personas, y todavía hoy decenas de miles de productores (fundamentalmente de algodón transgénico) se suicidan cada año por no poder realizar el pago de la deuda contraída para comprar la semilla y los insumos que la acompañan. En palabras de la All Sikh Convention, «Si los bien merecidos ingresos de la gente o los recursos naturales de cualquier nación o región son saqueados por la fuerza; si los bienes que producen se pagan a precios establecidos arbitrariamente mientras los bienes que compran se venden a precios más altos y, llevando este proceso de explotación económica a su conclusión lógica, se pierden los derechos humanos de una nación, una región o un pueblo, entonces la gente se sentirá como se sienten hoy los sikhs, con los grilletes de la esclavitud».
La revolución verde y políticas agrarias encaminadas hacia la exportación, la liberalización del comercio agrícola y la transformación de la alimentación (un derecho humano) en un negocio especulativo son responsables de la crisis en el campo y también de que millones de seres humanos del medio rural no puedan acceder a los alimentos. En algunos países, como Haití, ya se han rebelado contra estos grilletes de la esclavitud. Conocer la historia, las injusticias de algunas políticas, nos permite entender las raíces de la violencia y cómo prevenirla.
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