La agricultura argentina: cambios recientes, desafíos futuros y conflictos latentes

Por Roberto Bisang, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires (REAL INSTITUTO ELCANO, 19/09/08):

Tema: El agro argentino, en base a su potencialidad natural y a los cambios técnico–organizacionales recientes, se ha convertido en un sector con fuerte capacidad de captar rentas internacionales de magnitud; ello replantea las formas y el sentido de las intervenciones públicas (entre ellas los impuestos al comercio exterior) en el proceso de apropiación de tales excedentes.

Resumen: Recientemente, el agro argentino reconfiguró la forma tradicional de producción para convertirla en una red de dueños de tierras, empresas operadoras que desarrollan la actividad, proveedores de insumos y servicios e incluso manufacturación industrial, relacionados entre sí por una amplia gama de contratos. A partir de esta organización (similar a la que sustenta parte del actual modelo industrial) y con una demanda (interna y externa) dinámica se produjo un salto tecnológico radical (semillas transgénicas, siembra directa, etc.) que duplicó la producción en unos pocos años. Ello generó –condiciones macroeconómicas mediante– un vigoroso flujo de rentas con las consecuentes tensiones en su apropiación; en este proceso aparece no sólo el Estado –a través de los impuestos al comercio exterior– sino también las múltiples empresas que conforman la red (provenientes del propio agro, los servicios, la industria y la tecnología). En un final abierto, ello pone en la agenda social el modelo de acumulación, crecimiento y desarrollo para las próximas décadas.

Análisis

La re invención del agro en Argentina

El desarrollo económico argentino guarda una estrecha relación con la explotación de los recursos naturales. Recientemente, varios de estos recursos se han revalorizado económicamente replanteando antiguos interrogantes asociados con la dinámica de estas actividades y su relación con los procesos de acumulación, inserción internacional y crecimiento. El agro es un caso paradigmático. Una mirada de largo plazo permite dimensionar el “salto” productivo reciente.

Gráfico 1. Evolución de la producción argentina de cereales y oleaginosas (en toneladas)

Fuente: elaboración propia en base a Junta Nacional de Granos (1975) y SAGPyA (2008).

Tras cierta pasividad, desde inicios de los años 90 hasta el presente, la producción de cereales y oleaginosas –en términos físicos– creció a razón del 5,7% anual acumulado. Parte sustantiva de este comportamiento se asocia con la creciente importancia que adquiere el complejo oleaginoso y, en particular, la soja (grosso modo explica la mitad de la producción total). La importancia de este cultivo es más acentuada aún si consideramos la dupla soja–trigo (casi dos tercios del total).

La expansión no se dio a expensas de otras producciones –como lechería y/o ganadería– que compiten por el uso de la tierra. Independientemente de una relocalización de las actividades, las producciones físicas de carnes y leche también evidenciaron cierto dinamismo. En el último rubro, los últimos 15 años analizados señalan la presencia de una producción creciente hasta 1999, luego un trienio de declinación y crisis, y un posterior desarrollo a partir de 2002 que llevaría a la actividad a niveles similares a los mayores registros históricos. La producción de carnes también evidencia cierto dinamismo productivo, especialmente a partir de 2002. Pese a que el avance agrícola le restó tierras (se estima que la ganadería pasó de ocupar 8 millones de hectáreas a poco menos de 5,1 millones en poco más de una década), el stock ganadero creció levemente y la producción de carnes de los últimos años se ubica entre los mejores registros históricos.

A partir de este comportamiento, la producción agrícola (y agroalimentaria) se convierte en una actividad muy dinámica, con creciente peso sobre el conjunto de la economía. En poco más de una década, agricultura y ganadería casi duplicaron su participación en el valor bruto de producción (VPB) hasta llegar a casi un 7%; si se le adiciona el rubro Alimentos Bebidas y Tabaco, el complejo primario explica casi el 17% del VBP global.

En términos de exportaciones, los principales complejos productivos agrarios representan algo más del 55% de las colocaciones externas. Solamente el complejo oleaginoso –soja/ girasol– supone casi el 25% del total exportado. Aumentos en los precios internacionales y una favorable paridad cambiaria indujeron al gobierno a fijar impuestos a las exportaciones del complejo agroalimentario, con su consecuente reflejo en las cuentas fiscales: son casi el 8% de la recaudación fiscal. También tiene impacto positivo sobre la ocupación. Las estimaciones indican que el sector agroalimentario explicaría alrededor del 18%–22% de la ocupación total en un cálculo restrictivo y poco menos del 35% en otro más abarcativo. Una perspectiva de largo plazo indica que la actividad se ha tornado sumamente dinámica con contribuciones sustantivas al PIB, los saldos netos en el comercio exterior, la recaudación e incluso la ocupación.

Las claves del nuevo agro

¿Cuáles son las razones que conducen a este salto productivo? Aunque la producción se duplicó en menos de dos décadas, la frontera productiva se expandió en muy menor medida (pasó –aproximadamente– de 20 millones de hectáreas a otra de 24 millones, que se “expanden” a casi 32 millones cultivadas dada la práctica de doble cultivo anual). Descartado el argumento “expansión de la frontera agrícola”, las causalidades remiten a dos aspectos:

- La forma de organización.

- El modelo (asociado) de generación, adaptación y difusión de innovaciones (la producción por hectárea también creció: un 55% en maíz, un 23% en soja y un 16% en trigo –comparando el primer lustro de la década de los 90 con el último quinquenio–).

La organización de la producción: las redes de producción

El modelo productivo previo se articuló en base a la posesión de la tierra (o su alquiler) destinada al desarrollo de un conjunto acotado de actividades con una alta integración de las mismas en base a una fuerte dotación de capital. La actividad en su conjunto se conformaba a partir de miles de productores que operaban en un negocio cíclico, con elevados riesgos climáticos y/o comerciales; a menudo, las crisis inducían a mecanismos de intervención pública destinados a sostener las rentabilidades mínimas y/o, en otros casos (opuestos), al establecimiento de impuestos al comercio exterior que captaban excedentes aleatorios originados en factores externos a la actividad (devaluaciones; incrementos de los precios internacionales).

¿Cómo se organiza actualmente la producción agraria? Crecientemente, y para los cultivos más relevantes, se incorporan nuevos agentes económicos (con sus respectivos papeles) a la producción que van conformando redes productivas a partir de:

(1) Una creciente separación entre los propietarios de las tierras y las empresas que desarrollan las actividades. Ello estatuye y/o recrea el papel de los contratistas como actores dinámicos del modelo; se suman, además, una larga lista de proveedores de servicios y/o insumos industriales asociada con la complejidad de las nuevas tecnologías agrarias; como resultado, el agro desverticaliza y terceriza su producción, conformando redes de subcontratistas (símil de los proveedores de los encadenamientos industriales).

(2) Una mayor sofisticación en el proceso de producción destinado a mejorar rendimientos, bajar costes y asegurar calidad; tal sofisticación proviene –vía insumos– del sistema industrial que, crecientemente, operan como proveedores de tecnología; en otras palabras, el agro incorpora a la industria como parte relevante de su proceso.

(3) Muchos subcontratistas tienen asentamientos territoriales distintos del lugar en donde operan; se separa el lugar donde se desarrolla la producción del origen territorial de quien la lleva a cabo (consecuentemente, el espacio donde se verifica territorialmente el efecto multiplicador de la actividad); el “nuevo” agro se relocaliza territorialmente.

Un elemento homologa y alinea la conducta de todos los operadores: la parte sustantiva del éxito comercial de cada uno de ellos depende del éxito del conjunto de la actividad. Así, el agro fue afinando una forma de organización que incorpora/genera nuevas empresas, mejora la eficiencia colectiva en el uso de los recursos y modifica el esquema previo de reparto de la renta.

Las innovaciones en el agro argentino

La contracara del modelo productivo es la organización en red del subsistema de generación, adaptación y difusión de innovaciones. Entre los años 60 y 70 y en el marco de la denominada revolución verde, la producción agropecuaria local incorporó, aunque tardía e imperfectamente, la mecanización, el uso de fertilizantes/biocidas y las semillas híbridas. Más tarde, la introducción masiva del cultivo de la soja y el comienzo de la siembra directa[1] en reemplazo de la convencional sentaron las bases para la adopción de futuras tecnologías. En los años 90 se introdujeron las primeras semillas transgénicas. La posibilidad de disponer de genes y adelantos biotecnológicos (provenientes del exterior), por un lado, y de variedades de semillas (locales) altamente compatibles con las condiciones de climas y suelos locales, por el otro, facilitaron el “armado” de un nuevo paquete técnico. Concomitantemente se sumaron dos elementos: (1) la disponibilidad local de maquinaria y tecnologías de proceso para la siembra directa; y (2) la abundante oferta de biocidas y fertilizantes (en condiciones similares a las vigentes en los mercados internacionales).

La incorporación de estas tecnologías, transformó el modelo consolidado en las décadas anteriores, ingresando la actividad primaria en una nueva fase de aceleración de cambio técnico, vinculado con la tempana adopción internacional de ciertos insumos clave (semillas transgénicas y siembra directa). El nuevo paquete técnico fue adoptado y adaptado por la sociedad local con un escaso retraso respecto de su lanzamiento internacional.

A lo largo de este proceso se fue reconfigurando el esquema de innovación. A diferencia del esquema previo –donde el epicentro de las innovaciones, el conocimiento y las decisiones tecnológicas era el productor–, en el modelo en consolidación existe una multiplicidad de actores que intervienen en el proceso. En lo referente a la generación de tecnologías, destaca el peso relevante de los proveedores de semillas (empresas multinacionales que provienen de la industria química y/o farmacéutica en alianzas con fitomejoradores y/o criaderos locales previamente establecidos) en ofertas asociadas con insumos complementarios (desde inoculantes hasta herbicidas incluyendo la financiación); otro segmento remozado es el referido al de maquinaria agrícola que introduce tanto nuevos equipos como mejora (vía incorporación de electrónica a la metalmecánica) en las prestaciones previas. A su vez, los sistemas educativos formales (universidades, etc.) con diversos matices y velocidades, van readaptando sus formaciones curriculares, en línea con los nuevos avances, para la formación del recurso humano. Complementariamente, las instituciones públicas de ciencia y tecnología (el Instituto Nacional de Tecnología Agraria –INTA– y otros institutos de investigación y universidades) operan como “generadores” de tecnologías pre–competitivas que (por diversas vías) fluyen al sistema. La difusión de innovaciones –guiada preponderantemente por la rentabilidad–, además de red pública, se ve complementada por otros agentes económicos: (1) los centros de servicios de los proveedores de insumos, que a través de coberturas nacionales no sólo venden productos sino que, a menudo, se convierten en espacios de asesoramiento; (2) el accionar de instituciones privadas (pero sin fines de lucro individual) dedicadas a fomentar y/o desarrollar la innovación (como la Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola –AACREA– o la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa –AAPRESID–); (3) nuevas (y/o remozadas) entidades gremiales organizadas por cadenas de producción que cuentan a la problemática tecnológica entre sus objetivos centrales (Asociación Argentina del Girasol –ASAGIR–, ACSOJA y MAIZAR); (4) los contratistas; (5) las normas de calidad que imponen los demandantes industriales y los exportadores; y (6) la presencia de (renovadas) intervenciones públicas (locales e internacionales) referidas a normatización de productos, procesos, normas ambientales y otras complementarias que también modelan indirectamente el desarrollo innovativo de la actividad.

Paulatinamente se configura una red de innovaciones –formada por instituciones, empresas, operadores individuales e incluso organizaciones gremiales– que en conjunto se convierte en una serie de relaciones donde fluyen conocimientos, codificados (vía insumos) o decodificados (a través de asesoramiento y/o contacto directo). La creciente sofisticación del paquete agronómico traslada parte del poder de decisión desde el productor al oferente de insumos, maquinarias, subcontratistas, organizaciones de ciencia y tecnología y gremiales, e, incluso, a compradores ubicados “aguas abajo” en la actividad. Nuevamente existe un hilo conductor que (con diversos matices y densidades) articula el accionar de los componentes de la red: el éxito individual depende del éxito del conjunto.

Generación de rentas, impuestos al comercio exterior y conflictos

A partir de estos cambios estructurales, en el último bienio la producción local se reimpulsó ante las vigorosas demandas externas: mayor demanda de alimentos, biocombustibles, biomasa, e, incluso por el uso de los granos como activo de especulación, aumentaron los precios internacionales y generaron sustantivas rentas en esta actividad.

Socialmente, el tema tiene varias aristas: (1) afecta el precio interno de los alimentos y con ello detiene el proceso de mejora en la distribución del ingreso; (2) implica una posible fuente de financiamiento para el desarrollo (y/o el fortalecimiento fiscal en vista al repago de la deuda externa); y (3) obliga a una revisión de la distribución de la riqueza (a partir de una fuerte revalorización de los activos relacionado con “lo primario” –es decir, el precio de la tierra–). A nivel privado, todos y cada uno de los agentes económicos que integran la red de producción tratan de captar parte de la renta, en un proceso donde existen diversas y múltiples asimetrías financieras, económicas, tecnológicas e incluso de información.

Frente al ascenso en los precios externos, el gobierno modificó los impuestos al comercio exterior. Inicialmente, y apuntando a controlar precios domésticos, en el caso del trigo y del maíz se establecieron mecanismos que intentan desdoblar los precios de la materia prima –el grano– según destino (consumo local o exportaciones), con un intricado mecanismos de compensaciones para otras actividades agroalimentarias que los tienen como insumos (la molinería, la producción de pollos, de carne vía feed lot, etc.). En lácteos y carnes a los (iniciales) impuestos al comercio exterior (del orden del 15%) le siguieron lisa y llanamente las restricciones cuantitativas para exportar. Adicionalmente, las escalas –para oleaginosas, con mínimo consumo interno– se establecieron inicialmente en un 13%. Luego pasaron al 23,5%, a inicios de 2007 se le adicionaron otros cuatro puntos y a mediados de dicho año treparon al 37,5%.

En el interior de la red de producción también se produjeron reacomodamientos. Los precios de los insumos claves (herbicidas, insecticidas, semillas, silos bolsa/plásticos etc.) se deslizaron siguiendo las cotizaciones internacionales (a partir de la alta concentración de sus ofertas en unas pocas grandes empresas multinacionales); lentamente se fueron reacomodando los precios de los combustibles y de algunos impuestos (especialmente los provinciales u otros que se calculan sobre los flujos) y el valor de los alquileres; los eslabones más débiles –operadores pequeños, pools de siembra de poca envergadura, proveedores de servicios de siembra, etc.– tuvieron menos posibilidades de captar rentas emergentes de las nuevas condiciones. Como es previsible, los contratistas que se expandieron en base a mejoras tecnológicas en zonas menos favorecidas fueron los más afectados por los efectos de las medidas.

La escalada de precios –ocurrida entre fines de 2007 y principios de 2008– indujo al gobierno a colocar retenciones móviles crecientes (que elevaron los gravámenes a niveles superiores al 45% y más aún dependiendo de los precios externos); la medida fue resistida y desató un conflicto social que llevó a la posterior derogación parlamentaria de la medida.

La reacción de la oferta reflejó la estructura productiva de la red; en aquellos –pocos– casos donde existe una oferta concentrada (fertilizantes, herbicidas, semillas híbridas, silos bolsas) los precios crecieron acompañando las expectativas de los precios internacionales de la soja; en otros –mayoritarios– donde existe una oferta interna muy competitiva (algunos proveedores de insumos desconcentrados, proveedores de servicios, contratistas, pequeños productores integrados), ello no ocurrió con lo cual el sistema de retenciones desmejoró sustantivamente su ecuación económica (e incentivó el conflicto); en definitiva, el Estado, en su intento por captar parte de la renta, utilizó un instrumento genérico sobre el conjunto de la actividad sin considerar las heterogeneidades internas de la red productiva (una alternativa es utilizar instrumentos impositivos que recaigan sobre el flujo de recursos y/o el nivel de riqueza, específico para cada segmento que conforma la red).

La norma tuvo, adicionalmente, un efecto negativo no contemplado: destruyó el mercado de futuro de granos; y con ello: (1) acotó al mínimo la posibilidad de financiarse a partir de ventas a futuro; (2) eliminó del horizonte temporal la perspectiva de ganancias extraordinarias (imán que mueve al capitalismo); (3) introdujo una extrema volatibilidad institucional en un negocio que tiene ciclos de maduración largos y una forma de organización basada en contratos. Es decir afectó una porción sustantiva de la estructura básica de funcionamiento de la red. En menos de un año hubo cuatro modificaciones de alícuotas de los impuestos al comercio exterior en distintos períodos que van desde la decisión de siembra a su cosecha y venta. Las tensiones condujeron a un paro agrario que se prolongó durante varios meses y concluyó con la derogación parlamentaria de la medida, hecho que no significó una solución de mediano y largo plazo al conflicto por el reparto de la renta generada ni de su utilización social.

Conclusiones: Crecientemente y por diversas razones, el agro argentino ha ido modificando su forma de organización interna en pro de conformar redes de producción e innovación basadas en relaciones que van más allá de los intercambios comerciales puntuales regidos por los precios y que involucran el desarrollo de capacidades técnicas y productivas derivadas, no sólo de la productividad individual, sino también de la calidad de los vínculos de intercambio entre los diversos actores que conforman la actividad.

Actualmente, el agro evidencia hoy un dinamismo similar al registrado a principios del siglo XX. En el marco de un proceso co–evolutivo ha ido generando nuevos perfiles empresarios, formas de financiamiento, articulaciones con la industria y los servicios (aguas arriba y aguas abajo), e incluso, instituciones. Pero en un contexto local e internacional muy dinámico, esta realidad aún con algunos rasgos de excelencia, es sólo un punto de partida acotado en su proyección futura si no se refuerzan los aspectos menos favorables del sistema y se sientan las bases de recreación permanente de competitividad a futuro.

Los recientes incrementos en los precios internacionales inyectaron rentas adicionales que fueron rápidamente descontadas por los nodos mas concentrados de la red y por el propio Estado a través de la elevación de los impuestos al comercio exterior bajo al forma de retenciones móviles; menos favorecidas resultaron empresas medianas y pequeñas que se dedican a la producción y/o la provisión de insumos; se trata de un segmento de claro dinamismo innovador que vio lesionada sus expectativas y con ello sus conductas futuras.

Las retenciones móviles, más allá de captar muy imperfectamente las rentas adicionales, pusieron en riesgo el propio modelo de organización. Ante una reducción en los niveles absolutos de ingresos (y con ello de rentas esperadas y de convalidación de incrementos en los precios de los activos) y un cambio en las reglas de juego que afectan elementos esenciales del modelo –las condiciones de entorno sobre la cuales se pactan los contratos; los mercados de futuro– el conjunto de agentes económicos que la componen se abroqueló en la protesta.

En vistas a los resultados, esta herramienta –las retenciones móviles– ha demostrado ser poco eficiente en diversos aspectos: (1) para captar parte de la cuasi renta sectorial y asignarla al desacople de los precios locales de los internacionales (para mejorar la distribución del ingreso); (2) para generar las condiciones que permitan afianzar y profundizar (hacia la agroindustria) el desarrollo actual de la actividad; (3) para afectar el gravamen al verdadero sujeto rentista (el dueño) del factor fijo (la tierra) y en simultáneo mantener las señales de precio para los agentes económicos que dinamizan la red.

Las políticas públicas carecieron de una visión sistémica de la actividad y utilizaron instrumentos más acordes con el viejo modelo agrario que con el actual sistema de producción en red. Ausentes quedaron, en la solución de corto plazo, para las partes del conflicto, la visión estratégica en el marco de las enormes posibilidades que abren las favorables condiciones internacionales para afianzar un proceso de desarrollo que se había iniciado en la post crisis de 2000.

Notas:

[1] Proceso productivo que permite implantar las semillas sin remover la tierra (arado, rastrado, sembrado, rastrado) con una apreciable reducción de costes, mejora en el mantenimiento de los suelos y uso de la humedad.

El miedo a los transgénicos

Por Pere Puigdomènech, Centre de Recerca en Agrigenòmica. CSIC-IRTA-UAB (EL PERIÓDICO, 23/08/08):

En el mes de julio entró en el Parlament una petición popular para pedir que Catalunya sea declarada libre de transgénicos. En los próximos meses, el Parlament debatirá esta petición tras comprobar que cuenta con el número de firmas necesarias. Este tipo de declaraciones están previstas en las normativas vigentes en Europa y necesitan un fuerte apoyo por razones muy definidas. La petición llega en un momento en el que el futuro de las tecnologías aplicadas para la producción agrícola están en el centro de intensas discusiones en todo el mundo.
El cultivo de plantas modificadas genéticamente se está extendiendo en todo el mundo hasta sobrepasar este año los 100 millones de hectáreas. Se trata de grandes cultivos como la soja, el maíz, el algodón y la colza en superficies minoritarias de otras plantas como la papaya o el clavel. Las modificaciones genéticas que han sido introducidas van dirigidas sobre todo a hacer que las plantas resistan a plagas de insectos o que permitan la utilización de algún herbicida. En Europa solo se cultiva un maiz resistente a un insecto, el taladro, contra el que el maiz no presenta una resistencia natural.

LA INTRODUCCIÓN de estas variedades se realiza en el marco de unas regulaciones definidas en todo el mundo desde finales de los años 80 y modificadas en Europa en el 2001 y 2003. Tratan de asegurar que las nuevas variedades de plantas no planteen ningún problema para la salud humana o animal o para el medioambiente distinto de las variedades no modificadas. Una planta modificada puede ser aprobada en Europa para ser cultivada o solo para ser importada. Una vez aprobada, esta puede ser comercializada en toda Europa. En este sentido, Catalunya está, hasta que no se decida lo contrario, en el marco del Estado español, de la Unión Europea y de la Organización Mundial del Comercio que impiden poner barreras al libre comercio de productos como las semillas, sus granos y sus derivados. En Europa, los productos derivados de las plantas modificadas genéticamente para consumo humano o animal deben ir etiquetadas con la correspondiente información.
¿Significa esto que un país no puede declarar que no quiere una de estas plantas? Las normativas europeas prevén que un país pueda declarar que no quiere comercializar alguna de estas plantas. Es lo que se llama una cláusula de salvaguardia que contempla que cuando un país piensa que alguna de estas plantas puede producirle un problema de salud o de medioambiente en su territorio puede pedir que se le permita prohibir la introducción en su casa. Esto significa que debe hacerse una demanda para una planta específica y que hay que aportar datos que demuestren que en el territorio en cuestión se dan unas características tales que si se introdujera una de estas plantas se produciría un perjuicio para la salud o el medioambiente.
Países como Austria, Hungría o Grecia han presentado demandas en este sentido, pero el examen de los datos aportados por parte del panel científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria encargado del tema aun no ha encontrado ningún caso en el que se demostrara que podría presentarse algún riesgo. Hay voces que piden una revisión del sistema, pero de momento no está en marcha.
Habría que definir también lo que quiere decirse con ausencia de transgénicos. Ya hemos dicho que hay que distinguir entre cultivo e importación. Si se propusiera no importar ningún grano o derivado de un producto transgénico, esto significaría detener la importación de maíz o soja, un componente esencial de los piensos con que se alimenta nuestro ganado y que vienen de países como Estados Unidos o Argentina, que son los mayores cultivadores de transgénicos del mundo. O también asegurar que el algodón con el que se fabrica gran cantidad de prendas de vestir no procede de plantas modificadas genéticamente.
Incluso el papel de nuestros euros lleva fibra de algodón que quizá procede de una planta transgénica. Para el cultivo, en nuestro país solo se utiliza un maíz que los agricultores deciden plantar porque sus semillas les permiten proteger sus cosechas del ataque del taladro. La experiencia ha demostrado que los agricultores saben decidir con prudencia cuándo y cómo utilizar estas nuevas semillas que les salvan de importantes pérdidas.

EN TODO el mundo se está produciendo un intenso debate sobre cómo responder a las demandas en la agricultura. Nos hallamos en un entorno complejo en el que la demanda de alimentos aumenta mientras nos preguntamos sobre los efectos ambientales de la agricultura intensiva y en no poder aumentar la superficie cultivada. Todo esto ocurre en medio de cambios climáticos, con el precio del petróleo afectando a la agricultura y en una economía globalizada en la que los alimentos pueden recorrer miles de kilómetros antes de llegar al consumidor. Desde el mismo momento del inicio de la agricultura, los agricultores han sabido incorporar las tecnologías que se desarrollaban para responder a las demandas de productos para nuestra alimentación, pero también para producir fibras, medicamentos, plantas ornamentales y también combustibles. Cómo queremos situarnos en este entorno tecnológico es una discusión compleja, el uso de plantas transgénicas es un buen síntoma.

Cambiar la política agrícola europea

Por Pep Riera, payés (EL PERIÓDICO, 14/07/08):

De la política agraria común (PAC) la gente conoce a menudo los aspectos más folclóricos y perversos, como son las jugosas subvenciones que reciben la duquesa de Alba y la reina de Inglaterra o, años atrás, las montañas de leche y mantequilla almacenadas después de haberlas retirado del mercado, que a veces acababan su singladura pudriéndose. En realidad, la PAC nació con el Tratado de Roma, hace 51 años, en el contexto de una Europa que salía de la posguerra, en el marco de los seis estados que fundaron el Mercado Común, en los que la producción propia de alimentos no llegaba al 65% de sus necesidades. Unos países que habían sufrido la segunda guerra mundial, que recordaban las cartillas de racionamiento y unos precios altísimos en los alimentos de primera necesidad. Pese a que en 1957 se registraba una fuerte recuperación de la economía basada en el impulso de la industria, la agricultura no seguía el mismo ritmo y los recursos que una familia media destinaba a la cesta de la compra eran de casi el 70% de sus ingresos.

ES EN ESTE contexto que en el artículo 39 del Tratado se define una política agraria común para relanzar la agricultura y la ganadería en la vertiente productivista, estabilizar los precios, incrementar las rentas de los agricultores y equilibrar los diferentes territorios agrícolas con enormes diferencias de productividad y, por tanto, de renta. Hay que tener en cuenta, también, la obsesión de alemanes y franceses por controlar la inflación a partir de los precios de los alimentos, componente básico en el cálculo del IPC, ya que entonces ponderaban mucho.

La PAC se articuló con unos aranceles comunes elevadísimos que desconectaron el Mercado Común del mercado mundial, con una política de precios y de mercados que pretendía garantizar los intereses de los agricultores; con la retirada de excedentes, que se compraban y se almacenaban, y los intereses de los consumidores, evitando los precios al alza en años de mala cosecha, vaciando los silos o autorizando, si era preciso, importaciones a precios más bajos. Esas políticas sirvieron para garantizar una estabilidad en los precios agroalimentarios y también un progresivo incremento de las producciones, tanto en los sectores protegidos, generalmente de la agricultura continental, como en los que funcionaban según las leyes del mercado, la agricultura mediterránea.

Paralelamente a esas políticas intervencionistas, en el campo se estaba produciendo la revolución verde según el modelo americano: mecanización, abonos químicos, pesticidas, nuevos sistemas de riego y cada vez más tecnología.

Durante los años 60, y en un espacio de tiempo corto, la suma de la PAC y los cambios en los sistemas de producción provocaron excedentes en muchos sectores, principalmente en los más mecanizados. Esos excedentes empezaron a ser un grave problema de espacio físico para el almacenaje, y también económico, porque desequilibraba los presupuestos de la PAC. No tener claros los objetivos de la PAC hizo que los responsables políticos de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) rechazaran medidas estructurales como las que proponía el holandés Mansholt.

Se acabó aprobando lo peor: exportar al mercado mundial todo lo que sobraba, aunque fuera al precio de tener que subvencionar la diferencia entre los precios elevados del mercado interior y los mucho más bajos de los mercados exteriores.

Y con esta medida –conocida como dumping (venta por debajo del precio)–, ya tuvieron la guerra declarada, especialmente con la primera gran potencia exportadora, EEUU, que nos acusó de prácticas ilícitas que distorsionaban el comercio mundial. Porque esta distorsión convirtió a Francia en el segundo país exportador de cereal del mundo. Y fue en el marco del GATT (los acuerdos para el libre comercio) en el que los negociadores americanos exigieron abiertamente a la UE de los Quince un cambio en las medidas proteccionistas de la PAC, principalmente en los aranceles y en las subvenciones a la exportación. Y eso que ellos también ayudaban a su agricultura, a menudo con presupuestos muy superiores a los de la UE, pero lo hacían con un sistema mucho más pragmático que mantenía su mercado interior conectado al mercado mundial.

La anunciada reforma de la PAC, que empezó a aplicarse en 1992, fue la consecuencia del pulso en el seno del GATT entre las dos grandes potencias y que ganó EEUU, imponiendo el desarme arancelario y la eliminación de las subvenciones a la exportación, los grandes obstáculos para las exportaciones americanas.

AQUELLA reforma fue una nueva ocasión perdida, porque no se aprovechó la crisis para impulsar una serie de medidas estructurales de modernización, de acuerdo con las exigencias de los mercados, de las competencias en materia de política agraria que conservaban los estados miembros, y la necesidad europea de contar con una agricultura fuerte y competitiva. En su lugar, se optó por un sistema de ayudas a la producción que en teoría debía compensar la pérdida de renta de los agricultores, por la conexión con el mercado mundial, con precios a la baja que en la práctica ha servido para beneficiar a la agricultura más rica y a una serie de personajes y empresas que nada tienen que ver con el oficio de agricultor. Y que van desde la duquesa de Alba hasta la reina de Inglaterra, el príncipe de Mónaco o Mario Conde.

Todo este desaguisado, que nada tiene que ver con el artículo 39 del Tratado de Roma, que nunca se ha derogado, se paga con dinero público. Como ahora se habla de nuevo de reformar la PAC, los que ya nos ponemos a temblar nos preguntamos: ¿lo harán con los mismos criterios que en las reformas anteriores?

La agricultura, un sector estratégico

Por Elena Espinosa Mangana, ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (EL PAÍS, 03/06/08):

La Conferencia sobre Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO va a significar la certificación oficial de la existencia de la crisis de precios y suministros de productos agrícolas y de alimentos que estamos padeciendo en los últimos dos años.

Con independencia de la respuesta humanitaria necesaria para atender la dramática situación de la alimentación de millones de personas, la Conferencia va a reforzar el carácter estratégico de la agricultura y la alimentación.

Se admite comúnmente que el suministro energético o las cuestiones territoriales y militares son cuestiones estratégicas, pero se tiende a olvidar, sobre todo en los países desarrollados, que la alimentación y la agricultura son también elementos de la misma consideración. Para hacer posible la existencia y organización de una sociedad humana, lo primero es garantizar su alimentación.

Estamos en el mundo de la globalización, pero no está garantizada la alimentación de la población. En el horizonte de las perspectivas abiertas por la crisis, la globalización no aporta las soluciones necesarias para la agricultura y la alimentación.

Cabe preguntarse si una mayor orientación al comercio mundial de alimentos es la solución ante la crisis agroalimentaria tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. No podemos olvidar que el 80% de los 3.000 millones de personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza viven en regiones rurales y principalmente son pequeños agricultores. Exponerlos sin más a las vicisitudes del comercio internacional cada vez más volátil no parece una solución responsable.

La producción de alimentos depende de la climatología y los ciclos biológicos y a veces concurren circunstancias adversas en varias regiones que afectan a la oferta global. El cambio climático planea sobre estas dependencias con graves amenazas y retos para el futuro. En todo caso, pequeñas variaciones al alza o a la baja de la oferta respecto a la demanda originan importantes incrementos de los precios o el hundimiento de los mismos. En ambos casos, la factura la pagan los sectores y países más desfavorecidos.

Resulta claro que los países en desarrollo importadores de alimentos deben esforzarse en aumentar su producción local y regional para evitar la dependencia, más que en producir para la exportación. Los programas de ayuda al desarrollo y de cooperación internacional deberían orientarse en ese sentido.

Parece evidente que será preciso incrementar la oferta mundial de alimentos y materias primas. Ante las previsiones de que para 2050 la población mundial llegará a 9.000 millones de personas, la producción de alimentos tendrá que aumentar, e incluso duplicarse. Nuevas inversiones, mejoras tecnológicas, uso razonable del agua en regadío, material genético adecuado, y en general, todo lo que corresponda al reto del I+D en laagricultura, puede y debe utilizarse de una forma compatible con el respeto al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Estos planteamientos afectan igualmente a los países desarrollados. Es legítima su preocupación de tener un cierto grado de autoabastecimiento y es conveniente su contribución al comercio mundial y especialmente al abastecimiento de las poblaciones y países con mayores dificultades.

En los países desarrollados, esta contribución a la producción de alimentos y a las demás funciones de la agricultura sobre el territorio y el medio ambiente pasa por asumir sin complejos el carácter estratégico de la agricultura. Ello implica la existencia de políticas agrarias, de las que la Política Agrícola Común (PAC) es la que nos corresponde a los países de la Unión Europea y de la que nos podemos sentir legítimamente orgullosos.

Tenemos una PAC coherente con el sentimiento de solidaridad de nuestra sociedad con los países en desarrollo, que recoge además otras preocupaciones como la gestión sostenible de los recursos naturales, el respeto al medio ambiente y al bienestar animal. La Unión Europea es el primer importador mundial de productos agrarios de países en desarrollo (por delante de EE UU, Japón, Canadá y Australia juntos). Importa el 80% de las exportaciones agrarias de África, el 45% de las de América Latina y el 60% de las exportaciones agrarias de los Países Menos Avanzados (PMA). Todo ello, con una tendencia creciente en la evolución total de las importaciones agrarias.

Esta situación es el resultado de un sistema de preferencias arancelarias que comienza por ofrecer de manera unilateral acceso libre a todas las importaciones provenientes de los Países Menos Avanzados a través del programa “Todo menos Armas” (EBA en sus siglas en inglés) aprobado en febrero de 2001 y que además se complementa ofreciendo preferencias a los países en función de su grado de desarrollo (Acuerdos de Partenariado Económico, Sistema de Preferencias Generalizadas, entre otras iniciativas).

Además, la PAC reformada ha disminuido radicalmente las ayudas que distorsionan el comercio y ha renunciado a subvencionar exportaciones. Por otra parte, el Código de buenas prácticas agrarias y las condiciones requeridas para poder recibir ayudas garantizan la contribución de la agricultura al desarrollo sostenible de nuestras regiones rurales. Con todo ello, tenemos una PAC que ha sabido responder a las críticas del pasado y que continúa su proceso de adaptación para responder a los retos del futuro.

El coste de la PAC está en consonancia con las funciones y servicios que realiza la agricultura, especialmente después de los ajustes y esfuerzos de simplificación que se vienen realizando con las últimas reformas. La gestión del gasto de la PAC es un ejemplo de transparencia.

Pero más importante que el debate sobre el coste de la PAC y las políticas agrarias es que los ciudadanos estén convencidos de las funciones y servicios que les presta la agricultura y de la necesidad de abandonar estereotipos caducados. Que la agricultura sea una de las actividades más antiguas de la civilización no quiere decir que no haya hecho un esfuerzo de evolución, adaptación e incorporación de todo tipo de tecnologías, que permiten mantener una actividad económicamente viable y medio ambientalmente sostenible. El oficio de agricultor es una actividad digna de toda consideración personal, profesional y social.

Europa debe producir más alimentos

Por Vicente Albero, ex ministro de Agricultura (EL PAÍS, 30/05/08):

La deducción más inmediata de la opinión pública cuando se habla de crisis alimentaria es sencilla: hambre. Si faltan alimentos es que hay hambre en el mundo. Nada más cierto y más falso al mismo tiempo.

Hace 20 años había tanta o más población desnutrida en el planeta, pero nadie hablaba de crisis. En Europa se frenaba la producción de alimentos o procedíamos a su destrucción utilizando recursos públicos, simplemente para mantener unos precios mínimos que hicieran viable el mantenimiento de nuestra agricultura. ¿No había hambrientos en el mundo? Claro que los había, pero eran tan pobres y tan mal gobernados que no tenían capacidad para pagar los precios que el mercado les exigía. En términos económicos no generaban demanda. No existían como clientes, sólo eran objeto de ayudas humanitarias en las que además el valor de la materia prima era casi irrelevante, costaba más el almacenamiento, el transporte y la distribución que los propios alimentos. (El comentario popular siempre se expresaba con cierto escándalo: “Si sobra tanta comida, que se la regalen a los que no la tienen”. Evidentemente, no sólo era regalarla, había que ponerla allí donde estaba la necesidad, y eso resultaba muy caro).

Siempre había exceso de oferta. No existía “crisis alimentaria”, se reducía la producción o se articulaban sistemas imaginativos y a menudo aberrantes para hacer desaparecer los excesos de stocks (hidrogenar la mantequilla para convertirla en margarina, algo así como transformar oro en plomo, la alquimia al revés, o destilar vino para vender el alcohol resultante a la décima parte de su coste, fueron unas de las tantas genialidades que se utilizaron en su momento). Las mismas burocracias arbitristas y similares grupos de intereses han conseguido poner en marcha la producción de energía a base de alimentos, justo en el momento en que la carencia de una parte importante de los antiguos famélicos ha pasado de demanda potencial a demanda real.

Millones de pobres cada vez son menos pobres y ya disponen de recursos económicos para ir al mercado y comprar. Y lo primero y más urgente es la comida. Y empieza la crisis. Los stocks se habían mantenido bajos y las producciones contenidas por falta de expectativas, y de pronto “se ha juntado el hambre con las ganas de comer”, con el añadido casi estrambótico, aunque no determinante, de los biocombustibles.

Se presenta un escenario nuevo en el que la vieja Europa va a tener que incrementar su producción para alimentar a países pobres, básicamente de Extremo Oriente, que están dispuestos a pagar las materias primas por encima incluso de lo que nosotros mismos las comprábamos. Es una paradoja que nunca se había contemplado ni como posible ni como plausible, China o Vietnam vendiéndonos productos industriales incluso de alta tecnología y Europa pagando con trigo o maíz. A la vista de lo que está sucediendo, sería sumamente arriesgado especular sobre el futuro de los intercambios. Dado el poco éxito de anteriores previsiones, es probablemente más prudente afrontar el corto plazo.

De momento es evidente que la Unión tiene una capacidad y una tecnología agraria en todos los tramos del proceso productivo que puede abastecer una gran parte de la demanda insatisfecha, teniendo en cuenta los niveles de precios alcanzados en el mercado mundial, aun asumiendo el aumento de los costes vinculados al petróleo, desde el gasóleo a los fertilizantes. Los términos actuales de la política agrícola de la Unión deberán modificarse en algunos casos sustancialmente. De hecho, ya se está haciendo, aunque el bagaje histórico de los excedentes puede pesar aún en los análisis de la Comisión Europea.

La industria transformadora tendrá que incrementar su productividad y ajustar los márgenes para reducir en lo posible el impacto sobre los consumidores. Dada la altísima calidad de la alimentación española, es perfectamente posible que se produzca una reducción de los volúmenes y de la tipología de los productos para poder asimilar un excesivo incremento de precios, y eso evidentemente no sería positivo para un sector industrial como el alimentario, que es uno de los más potentes de nuestro país y con mejores perspectivas de futuro.

En este contexto, la agricultura, ya de por sí empleadora de un gran número de mano de obra inmigrante, estará en condiciones de absorber una parte del contingente excedentario procedente de la construcción, lo que vuelve a convertir al sector primario en un factor estabilizador.

Sería innecesario insistir en que cuando tan necesitados estamos de un desarrollo urgente de las políticas de I+D+I, tanto el sector estrictamente productivo, agricultura, ganadería, acuicultura, así como el transformador de alimentos, son en España un magnífico ejemplo de sabia y eficaz colaboración entre el sector público y los agentes privados que han producido resultados espectaculares. Colaboración y resultados que tanto echamos de menos en muchos otros sectores en donde batimos el récord de falta de patentes producto de un uso poco eficaz de los recursos. Hay crisis que ayudan a resolver otras crisis.

Una llamada a la acción

Por Mijaíl Gorbachov, ex xpresidente de la URSS y premio Nobel de la Paz. Traducción, Toni Tobella (EL PERIÓDICO, 18/05/08):

Parece como si la crisis mundial de alimentos hubiera pillado con la guardia baja a los dirigentes políticos e incluso a los especialistas en el tema. Lo que al principio se llamó “el tsunami silencioso” ya no respeta el silencio. Muchos países, incluyendo algunos que son críticamente importantes para una estabilidad regional y mundial, ya han sido testigos de tensiones e incluso disturbios por el tema de los alimentos.

Hay que destacar varias causas de esta crisis: el creciente consumo de alimentos en China y la India, países en rápido desarrollo; el aumento de la demanda de biocombustibles, como el etanol, fundamentalmente elaborados a base de cereales, y los cambios en las condiciones climatológicas causados por el calentamiento global y la escasez de agua.

La primera es una tendencia inevitable, y debemos alegrarnos de que centenares de millones de personas salgan de la pobreza y puedan comprar alimentos dignos. Nuestro planeta es perfectamente capaz de alimentarles: los expertos calculan que con las tecnologías agrícolas existentes, la producción mundial debería bastar para alimentar a 8.000 millones de personas.

Los motivos fundamentales de la repentina crisis son obra de la mano del hombre, fruto de la acción –o falta de acción– de los políticos.

¿Acaso no se les avisó del calentamiento global y de la necesidad de tomar medidas para hacerle frente y adaptarse? La producción de etanol nos la presentaron como una forma ecológicamente beneficiosa de reducir nuestra dependencia del petróleo. Pero no se calibró con tiento, y el resultado ha sido una auténtica ironía: los contribuyentes de un buen número de países subvencionan la conversión de cereales en etanol, reduciendo así los recursos alimenticios. Esto genera un círculo vicioso, que demuestra una vez más que no existen soluciones simples ni varitas mágicas.

EL DIRECTOR general de la FAO, organismo de las Naciones Unidas, Jacques Diouf, tenía razón cuando afirmó hace poco que la crisis se estaba gestando desde hacía décadas y que era el resultado de “políticas desacertadas durante los últimos 20 años”. Mientras, por un lado, entre 1990 y 2000, se reducían a la mitad las ayudas a la agricultura en los países en vías de desarrollo, el mundo industrializado mantenía los generosos subsidios a sus agricultores. Las cosas son así: que ellos perezcan o se pongan a nadar en el oleaje del mercado global, mientras los nuestros van obteniendo ayudas.

A medida que la situación evoluciona, ¿seguirán los países el principio de sálvese quien pueda o mostrarán finalmente la fuerza y capacidad de trabajar conjuntamente y actuar de forma eficaz? La respuesta no está muy clara. Algunos países productores de alimentos ya han impuesto sus límites a las exportaciones para mantener precios bajos y evitar enfados entre la gente. Es una reacción comprensible, pero a largo plazo no funcionará. Se necesitan soluciones a escala internacional.

El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, convocó hace poco una reunión de los directores de 27 organizaciones internacionales para coordinar la respuesta de la comunidad mundial. Se creó una especie de task force, que sería un buen primer paso. Además, los países ricos han otorgado 500 millones de dólares para ayuda urgente para alimentos. No es mucho dinero, pero es un principio.

La sociedad civil mundial también está interviniendo a través de la ayuda que ofrecen las organizaciones humanitarias no gubernamentales.

Eso está muy bien, pero yo aún me pregunto qué está haciendo el Consejo de Seguridad, que según la Carta de las Naciones Unidas “tiene una responsabilidad fundamental en mantener la paz y la seguridad internacionales”. ¿Acaso no se detecta ninguna amenaza para la paz y estabilidad desde el edificio de la ONU en East River?

“Me sorprende”, declaró Diouf, “que no me hayan convocado al Consejo de Seguridad de la ONU” para informar urgentemente de la situación. Parece como si los diplomáticos estuvieran allí demasiado acostumbrados a trabajar como bomberos que responden ante unas crisis que ha degenerado en hostilidades. Este, evidentemente, es un trabajo necesario, pero el desarrollo de medidas de prevención es aún más importante. Cuando la situación estalle, con el aumento del número de inmigrantes hambrientos, mientras las naciones luchan por el agua, ya será demasiado tarde.

¿CÓMO PUEDE ser que mientras los parlamentos nacionales celebran sesiones sobre problemas urgentes, recurriendo a toda la experiencia disponible y buscando soluciones, no sucede lo mismo a escala internacional?

El Consejo de Seguridad aún no se ha convertido en un centro de gestación de políticas que pudiese concentrar la mente de los dirigentes mundiales en los problemas reales. En las auténticas prioridades, más que en las sesgadas que conocemos hoy.

Una vez más, todo se resume en unas prioridades distorsionadas. Es función del Consejo de Seguridad corregir el sistema de prioridades mundial y adaptarlo a los nuevos retos. Es imperativo empezar ahora, sin esperar a la reforma del consejo, que por supuesto es necesaria. Mientras que es cierto que la ausencia de países importantes como la India, Brasil, Japón, Alemania y Suráfrica del grupo de miembros permanentes está mal y debe corregirse, y que el ámbito del consejo debería incluir la seguridad económica y medioambiental, ¿por qué no se cambia la agenda y ya incluimos a estos países en la discusión? El problema es la inercia. Pero la crisis de los alimentos nos recuerda que la inercia mata.

Lula culpa a los países ricos de "distorsionar" el comercio y causar la crisis alimentaria

Por EDUARDO DAVIS (EFE) – Brasilia – (El País.com, 17/04/2008)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha defendido hoy las energías limpias y ha culpado de la crisis de los alimentos a los países más ricos, que, según él, “distorsionan” el comercio mundial e “impiden” el desarrollo de los más pobres.

“Me espanto cuando quieren relacionar el aumento de los alimentos con los biocombustibles”, “cuando no hablan del impacto de la subida del petróleo en el precio de los alimentos” y “cuando no hablan del impacto de los subsidios agrícolas”, ha declarado Lula en la inauguración de la fase ministerial de la XXX Conferencia Regional de la FAO.

“Tampoco hablan de los fertilizantes, vendidos cada vez más caros por las multinacionales de los países más ricos”, ha insistido Lula, quien se ha referido en particular a la crisis alimentaria que ha ocasionado serios problemas en más de treinta países, todos incluidos entre los más pobres del mundo.

“Los países pobres no pueden seguir asumiendo las culpas de los más ricos”, que “aprueban instrumentos como el Protocolo de Kioto y dejan la responsabilidad de cuidar el ambiente en los más pobres”, a los que por evitar la desforestación les ofrecen créditos de emisión de gases de efecto invernadero que luego no pagan, ha dicho el mandatario.

Según el líder brasileño, “los países pobres no son los causantes de los altísimos precios del petróleo” ni quienes “distorsionan” el comercio mundial, pero son las “víctimas” de la crisis alimentara.

“Relegar a los más pobres es un crimen”

Lula ha aprovechado la apertura de la conferencia de la FAO para responder al relator de la ONU, Jean Ziegler, quien sostuvo que el uso de biocombustibles es un “crimen contra la humanidad”, por su supuesta influencia en los precios de los alimentos.

“El verdadero crimen contra la humanidad es relegar a los países pobres a la miseria” y cerrarles la puerta del desarrollo, ha indicado el presidente, cuyo país es uno de los mayores productores de etanol de caña del mundo.

En opinión de Lula, la crisis se debe a los “carísimos precios” del petróleo, que impactan en el transporte y en toda la cadena productiva, a las cosechas afectadas por el cambio climático, a la especulación en los mercados de materias primas y a que “hoy hay más bocas para alimentar, porque los pobres comenzaron a comer”

Según el presidente brasileño, la solución pasa por “producir más y mejor”, pero también por doblar el codo de los países ricos en el pulso que desde hace años se mantiene en la Ronda de Doha. “Europa y Estados Unidos tienen que ceder y quienes tienen que ganar son los pobres”, ha declarado Lula.

En ese marco, ha instado a “acabar con el proteccionismo” agrícola y a adoptar la seguridad alimentaria “como política de Estado global”, porque “las estructuras actuales” del comercio no están hechas para incluir, sino para “relegar a los más pobres a la miseria”.

De las bolsas de hambre a la obesidad

Por Pere Puigdomènech, miembro del Grupo Europeo de Ética de las Ciencias y las Nuevas Tecnologías (EL PAÍS, 15/03/08):

Nuestra relación con la comida en este principio del siglo XXI es una de las mejores demostraciones de las paradojas y contradicciones que vive nuestra sociedad que pretendemos moderna y globalizada. Existen en el mundo enormes bolsas de hambre y malnutrición que disminuyen pero que no acabamos de resolver. Sin embargo, crece -incluso en los países en desarrollo- el número de personas para las que la obesidad es un problema. El porcentaje de humanos viviendo en ciudades crece de forma imparable y nos alejamos de los lugares de producción de alimentos que llegan a nuestros platos siguiendo largas rutas y diversas transformaciones que dan vida a la industria alimentaria. Sin embargo, al mismo tiempo, la imagen del alimento criado con los cánones de una agricultura tradicional idealizada nos guía a menudo al decidir lo que comemos. La demanda global de alimentos en cantidad y en calidad sigue creciendo, y a ella responde una agricultura intensiva a la que además le pedimos que nos provea de otros productos como combustibles. Sin embargo, sabemos que nuestra agricultura es agresiva con el medio ambiente y no deseamos que se ganen terrenos de cultivos sobre terrenos todavía no explotados. Por si todo esto fuera poco nos enteramos con sorpresa de la aparición de tecnologías como la clonación de animales o las plantas modificadas genéticamente. Cuando hay que tomar decisiones sobre ellas nuestras contradicciones afloran en todo su esplendor.

Tomemos la clonación de animales de granja. Cuando hace algo más de 10 años nació Dolly se abrió una nueva página en la historia de la biología. Sería posible reprogramar las células que dan lugar a los diferentes órganos de nuestro cuerpo y conseguir tejidos idénticos a nosotros mismos que reparasen los que están dañados, aunque aparecía el fantasma de la clonación de humanos. Pero esta misma parecía prometedora para algunos de los que trabajan en la mejora de los animales de granja, ya que se podría utilizar para producir parentales de aquellos animales que producen mejor y más leche o carne. Unas 500 vacas y cerdos clonados ya están creciendo en Estados Unidos y se espera la llegada a Europa en cualquier momento de semen de toros clonados o de carne procedente de sus descendientes. Las normas internacionales de comercio dictan que sólo pueden ponerse barreras por razones de seguridad alimentaria. A ambos lados del Atlántico tenemos prestigiosas agencias que velan por la seguridad de nuestros alimentos y que coinciden en que no hay ninguna razón para pensar que los productos procedentes de animales clonados planteen problemas para la salud. Sin embargo, en Europa nos preguntamos qué ventajas reales plantean estos animales mientras que su creación implica problemas de bienestar animal, su uso sistemático puede reducir la diversidad de especies en las que basamos nuestra alimentación y se debe respetar la voluntad del consumidor que no parece muy inclinado a aceptarlos en su comida. Sobre la mesa de la Comisión Europea están las opiniones, entre ellas la del Grupo Europeo de Ética de las Ciencias, que deberían ayudarla para tomar una decisión complicada pero informada.

Más complicado para los responsables políticos es el problema de las plantas modificadas genéticamente. Porque éstas sí han demostrado ventajas en su uso, pero también han concitado unas reacciones violentas y organizadas en su contra. Se trata de plantas a las que mediante métodos moleculares se les ha introducido un gen que no existía en la especie. Cuando en 1983 se demostró que hacer este tipo de modificaciones sería posible ya se vio que la tecnología abría muchas posibilidades de aplicación, pero podría llegar a producir riesgos que habría de minimizar. Por ello desde 1986, en Estados Unidos, y desde 1990, en Europa, se han dictado unas normativas muy rigurosas que permiten el uso de esta nueva tecnología con la mayor cautela. En el mundo se plantaron en 2007 unos 100 millones de hectáreas de estas plantas, esencialmente soja, maíz, algodón y colza. Las modificaciones introducidas en estas plantas favorecen un cultivo más fácil y las protegen del ataque de insectos. La realidad es que la agricultura de algunos países ha cambiado de forma radical tras la aplicación de estos cultivos. En Argentina, por ejemplo, la superficie de soja se ha multiplicado y su exportación es esencial para la economía argentina. Esta soja se usa esencialmente para dos cosas: para producir aceite que se usa sobre todo en los países del este de Asia y para pienso que se usa en Europa en gran cantidad. La demanda de grasa para cocinar ha crecido de tal manera que en los países más pobres hay una escasez que afecta la nutrición de su gente. En Europa, con la prohibición de las harinas cárnicas tras la crisis de las vacas locas, la soja importada de América, transgénica en su mayoría, es imprescindible para los piensos y algo parecido ocurre con el maíz. En este momento, tal como ha alertado la FAO, los precios de los alimentos están aumentando de tal forma que pone en peligro el acceso a ellos de capas crecientes de la población más pobre. Estremece pensar lo que hubiera ocurrido si no hubiera habido plantas modificadas genéticamente. Sin embargo, la oposición a estas plantas sigue intensa.

Por todo ello, los gobiernos tratan de informarse mediante comités de expertos cuyo valor reside en la calidad de la opinión que producen y en su independencia. Sorprende por ello que en un país como Francia, a la hora de tomar decisiones sobre las plantas modificadas genéticamente, el Gobierno de Sarkozy haya actuado de forma precipitada. Ante la complejidad de la cuestión y las presiones contradictorias que se ejercen sobre el Gobierno francés se ha publicado un informe poco elaborado y del que algunos políticos han querido extraer unas conclusiones no sustentadas en él. Por ello 12 de los 15 científicos que participaron en el ejercicio han protestado públicamente. La credibilidad del trabajo realizado cae por los suelos.

Pero ante la comida es difícil reaccionar fríamente. A mediados del siglo XIX la filosofía materialista utilizó la frase: “Somos lo que comemos” para transmitir la idea de que somos parte del mundo material. En la actualidad la misma frase se está utilizando más bien por aquellos que quieren transmitir que en la comida hay algo más que un material necesario para nuestra vida. Para la parte opulenta de nuestro mundo, la función de la comida es otra que la de alimento. La comida es una forma de arte, es parte de nuestro estilo de vida, una forma de comunicarnos entre nosotros y de expresar nuestras convicciones. Y parecemos olvidar que hoy la comida es un producto industrial, un elemento de comercio global, algo que tiene que producirse eficientemente, que está afectado por los equilibrios globales y que lo va a estar más con el aumento de la población y el cambio climático.

La aplicación de nuevas tecnologías a la búsqueda de alimentos existe desde antes de que la historia existiera. En el origen de las sociedades humanas está la identificación de unas especies y variedades que, extendidas por todo el mundo, dieron lugar a la agricultura y la ganadería que conocemos. Ello no se hizo sin conflictos, como nos lo demuestra la lucha entre el agricultor y el cazador que aparece en toda la literatura comenzando por la historia de Caín y Abel. En el siglo XX la aplicación de múltiples tecnologías agronómicas y genéticas ha permitido, no sin desequilibrios, alimentarnos hasta ahora. Para afrontar los retos que tenemos delante de nosotros no podemos permitirnos dejar de utilizar cualquier tecnología que ayude a asegurar la producción de alimento abundante y saludable. Junto a ellas hemos desarrollado mecanismos sociales y científicos que nos permiten utilizarlas con toda prudencia. Utilizar sabiamente tecnologías y mecanismos de reflexión y control es imprescindible para afrontar la problemática compleja que se avecina.