>Adopciones a cara descubierta

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Por Pascual Ortuño Muñoz, Director General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya (EL PERIÓDICO, 16/11/08):

Las instituciones jurídicas van conformándose a lo largo de la historia, y se adaptan a la realidad social en la que las normas deben operar. La función de la norma jurídica es la de regular las relaciones sociales que por su relevancia lo necesitan, y también la de expresar el ideal del deber ser, según la conciencia social, el ethos al que se refería ya Aristóteles.

En materia de adopción, las coyunturas sociales han marcado siempre esta institución de manera muy significativa. En la antigua Roma se popularizó la adopción como consecuencia del descenso de la natalidad debido a la elevación del nivel de vida en la época imperial, y el rechazo de las familias patricias a poner en riesgo la vida de sus esposas en partos que, en aquella época, representaban siempre un peligro para la vida de las madres. Se prohibió por ley transmitir la herencia a quien no fuese hijo, con lo que se incentivaron las adopciones, que siempre fueron constituidas de forma solemne, pública y sin esconder la condición adoptiva del vínculo, que era un honor tanto para el adoptado, por su incorporación a una familia reconocida, como para los adoptantes, por su generosidad.

EN EL SIGLO XIX, la adopción estuvo a punto de desaparecer de nuestro sistema, debido a las críticas que recibía del ámbito religioso, ya que se escondían detrás de ella historias y relaciones que no concordaban mucho con la moral de la época. Hasta la mitad del siglo XX, la clasificación de los hijos, a efectos hereditarios, era muy tajante. Los hijos sacrílegos, como fue el caso de Rosalía de Castro, no tenían derecho ni siquiera a conocer la identidad de su madre y, lógicamente, los adoptivos molestaban mucho a los naturales, por cuanto les quitaban una parte de la herencia.

La adopción siempre ha sido abierta en nuestro país. Hasta 1987 se constituyó ante notario en un documento público donde se especificaba la porción de herencia que se atribuía al hijo adoptivo. Con posterioridad, se ha constituido ante el juez, por lo que, conceptualmente, la adopción nunca ha sido clandestina.

En la actualidad, el derecho al conocimiento del propio origen es de los que está especialmente protegido en todas las declaraciones de derechos humanos y en todos los textos constitucionales sin excepción. Los avances de la biomedicina han puesto punto final a cualquier posición dubitativa sobre la necesidad de que toda persona tenga el derecho a conocer su herencia genética.

NO OBSTANTE lo anterior, ha habido una cierta práctica oscurantista que ha propiciado la ocultación del origen adoptivo de algunas personas. Como fenómeno amparado legalmente lo hallamos remontándonos a la ley especial que se promulgó en plena posguerra española, a raíz del problema que se había creado con los llamados “hijos de la guerra”. Eran los niños abandonados por toda una serie de circunstancias que son de dominio público, y de las que es un impactante testimonio el poema Casa de Misericòrdia, del recién galardonado premio Nacional de Poesía Joan Margarit. La justificación de la ocultación se basaba en el bien del menor, que se fundamentaba en el propósito de ahorrarle el conocimiento de su origen ilícito.

Ha sido el Tribunal Constitucional el que ha declarado inconstitucional el artículo de la ley del registro civil que facultaba al anonimato. Similares problemas se pusieron de manifiesto en las adopciones de los hijos de represaliados por la dictadura argentina, por la atrocidad moral que representa la posibilidad de llamar “padre” al asesino de la propia madre.

En la actualidad, los psicólogos infantiles especializada en esta materia, como se puso de manifiesto en el Congreso Internacional de Adopción celebrado en Barcelona en 1997, que tuve el honor de presidir cuando ejercía como juez de familia de Barcelona, consideran que debe otorgarse la condición de obligación legal la de comunicar a los hijos su origen, no solo por respeto al derecho fundamental del mismo, sino también para salvaguardar su salud mental, puesto que los problemas que se generan cuando la persona adulta toma conciencia de que quienes consideraba sus padres lo han engañado son muy graves. Cuántas madres adoptantes no entienden que los hijos que han criado y educado rompan con ellas por considerarse estafados en algo tan esencial para su identidad.

LA INSERCIÓN de esta obligación en el futuro Código Civil de Catalunya no hace otra cosa que recoger lo que ya hicieron en tiempo las leyes de Noruega, Suecia e Italia, entre otras, y no puede extrapolarse a los hijos de madres solteras, pues en la relación de estos con su progenitora no ha intervenido en absoluto la Administración pública, contrariamente a lo que sucede en el caso de las adopciones, en las que incluso la mayor parte de los países de procedencia de niños adoptados exigen que el país de acogida garantice este conocimiento al menor.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Adopción internacional de alto riesgo

Por Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de Esade (EL PAÍS, 22/11/07):

La lamentable actuación de la organización El Arca de Zoé en Chad puede provocar un incremento de las restricciones por parte de algunos países a los procesos de adopción internacional.

Seguramente, la finalidad del iluminado fundador de esta organización francesa, Eric Breteau, y sus colegas que participaron en la rocambolesca misión para “salvar vidas de niños desamparados” no pretendía que los 103 niños fueran adoptados en el país galo. Todo apunta a que sus métodos, absolutamente contrarios a los de cualquier ONG humanitaria, iban más bien orientados a conseguir una evacuación ilícita de los menores, introducirlos en Francia como supuestos solicitantes de asilo y entregarlos en régimen de acogida temporal a las familias que se habían inscrito a través de la web de la organización en el programa “Operación de evacuación de los huérfanos de Darfur”. Sea como fuere, toda esta situación está dañando la imagen y la credibilidad del sistema de adopciones internacionales.

La población chadiana y sudanesa está encolerizada. Allí, como en cualquier parte del mundo, no hay nada que pueda provocar tanta alarma social como el secuestro y tráfico de niños. Y aún más si algunas voces extremistas hacen correr el rumor de que El Arca de Zoé es un entramado dirigido por traficantes de países ricos con la finalidad de colocar los niños en las redes ilegales de adopción con destino a las familias europeas. La extraordinaria cobertura mediática que amplifica todo lo acontecido a los niños, supuestamente huérfanos de Darfur, está incidiendo notablemente en la opinión pública de otros muchos países africanos.

En Chad y Sudán, de acuerdo con la tradición musulmana, la adopción está prohibida. No así en Congo, donde varias familias españolas vivieron el pasado verano una situación de incertidumbre al desplazarse al país para recoger a sus hijos adoptados y encontrarse con la negativa inicial, luego subsanada, de nuestra embajada a entregarles el visado para sus hijos ante el riesgo de que hubiese habido tráfico de menores.

Ahora el ministro de Justicia de la República del Congo, motivado por los acontecimientos de Chad, ha anunciado la suspensión de todos los procesos de adopción de niños congoleses, así como la sorprendente intención de su Gobierno de investigar la situación de los niños que ya han sido adoptados por familias españolas. Una muestra de la creciente inquietud y cautela que existe en varios países africanos respecto de las adopciones internacionales.

La adopción internacional siempre ha tenido defensores y detractores. Más allá de la polémica generada por sucesos como los de Chad, cabe recordar que la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que todos los menores tienen derecho a conocer a sus padres y, en la medida de lo posible, a ser criados por éstos. De acuerdo con el enunciado del Convenio, Unicef sostiene que las familias que necesiten apoyo para mantener a sus hijos deberían recibirlo y sólo tendrían que considerarse formas sustitutivas de cuidado de los niños en caso de no tener familiares, o de que no estén dispuestos o no sean capaces de hacerse cargo de ellos. En tal caso, lo ideal sería que los niños crecieran en otro ámbito familiar de su país de origen. Si esto no fuera posible, la adopción internacional es una solución preferible a su permanencia en orfanatos u otros centros de atención institucional.

En las últimas décadas ha aumentado de forma muy significativa el número de personas de países ricos deseosas de adoptar niños de otros países. Puede hablarse de un fenómeno internacional que ha avanzado de forma paralela al propio proceso de globalización económica. Se estima que anualmente se realizan unas 45.000 adopciones internacionales. Los registros oficiales constatan que España es el segundo país con más adopciones de este tipo, detrás de Estados Unidos. En 2006 los españoles adoptaron 4.472 niños procedentes de otros países, un 17% menos que el año anterior debido a las nuevas restricciones establecidas por China y Rusia, de donde llegan la mayoría de los pequeños adoptados por familias españolas.

En mayo de 1995 entró en vigor el Convenio de La Haya sobre Protección del Niño y Cooperación en materia de Adopción Internacional que instaura un sistema de colaboración entre los Estados para evitar el secuestro, la venta o el tráfico de menores. El objetivo principal del Convenio es asegurar que las adopciones internacionales se realicen garantizando el interés superior del niño, pero también favorece a los progenitores adoptivos al darles seguridades de que sus hijos no han sido objeto de prácticas inadecuadas. La década larga de vigencia del Convenio ha aportado avances notables. Uno de ellos es la situación de los menores separados de sus padres durante conflictos armados o desastres naturales. Actualmente se prioriza la necesidad de localizar a posibles familiares antes de plantearse la posibilidad de adopción. Con todo, la ineludible aplicación rigurosa del Convenio por parte de los Estados ha sido muy desigual.

Guatemala es uno de los países que ratificó en 2002 el Convenio de La Haya pero que no lo ejecuta de conformidad con los buenos usos acordados internacionalmente. La ONG Casa Alianza, defensora de los derechos humanos, ha denunciado reiteradamente las graves anomalías de muchos procesos de adopción en virtud de los cuales los niños guatemaltecos son separados violentamente, y con todo tipo de engaños, de sus padres. De hecho, varios países europeos, entre ellos España, decidieron ya hace unos años suspender todas las adopciones procedentes de Guatemala. Asimismo, Naciones Unidas, ante las nuevas denuncias de corrupción de abogados y notarios implicados en el lucrativo tráfico de menores con destino a Estados Unidos, ha solicitado recientemente al Gobierno guatemalteco que suspenda todos los procesos de adopción de niños hasta que se modifiquen las reglas de adopción en el país.

La comunidad internacional ha de hacer todo lo posible para erradicar el mal llamado “negocio de la adopción” que viola los derechos fundamentales de los niños y de sus familias principalmente en los países pobres. Esperemos que la crisis de Chad no sea utilizada demagógicamente por algunos Gobiernos para introducir restricciones a la adopción internacional con finalidades superfluas y que en nada contribuyan al cumplimiento del Convenio de La Haya y a las buenas prácticas de actuación derivadas del mismo. En cambio, es absolutamente imprescindible que los Gobiernos tengan la determinación de impulsar legislaciones y normativas específicas sobre la adopción internacional que aseguren en toda circunstancia la protección de los menores. Al mismo tiempo, deben aprovecharse estas reformas para solucionar las burocracias ineficaces que tanto perjuicio y frustración ocasionan a los futuros padres cuando emprenden un proceso de adopción.

El proyecto de ley sobre adopción internacional que el Gobierno español aprobó el pasado mes de junio es un paso adelante en esta obligación de aportar más garantías para padres y menores. Algunas de las disposiciones que incorpora refuerzan los compromisos ya adquiridos en los tratados internacionales firmados por España. En otros aspectos, se aportan mejoras como la ampliación del periodo de vigencia del certificado de idoneidad de dos a tres años, espacio de tiempo que se ajusta mucho más a la duración real del procedimiento de adopción.

Uno de los puntos débiles del proyecto de ley es que no reconoce en su integridad la complejidad del trabajo de las entidades colaboradoras de adopción internacional (ECAI). Tampoco insiste suficientemente en la labor de apoyo que estas entidades deben prestar a las familias. Éstas esperan que las ECAI no sean sólo simples gestoras administrativas, sino también sus acompañantes y asesoras en esta carrera de obstáculos en la que normalmente se convierte el largo y duro camino hasta la llegada de sus hijos adoptivos.

Una ley tan relevante como la de adopción internacional debe suscitar un consenso amplio entre las diferentes fuerzas parlamentarias y recibir las contribuciones de unas y otras para que el proyecto presentado por el Gobierno quede mejorado sustancialmente en su actual recorrido parlamentario. Es el momento para que nuestros representantes establezcan un marco legislativo que dote de las máximas garantías a nuestro sistema de adopción internacional.

Adopción internacional de alto riesgo

Por Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de Esade (EL PAÍS, 22/11/07):

La lamentable actuación de la organización El Arca de Zoé en Chad puede provocar un incremento de las restricciones por parte de algunos países a los procesos de adopción internacional.

Seguramente, la finalidad del iluminado fundador de esta organización francesa, Eric Breteau, y sus colegas que participaron en la rocambolesca misión para “salvar vidas de niños desamparados” no pretendía que los 103 niños fueran adoptados en el país galo. Todo apunta a que sus métodos, absolutamente contrarios a los de cualquier ONG humanitaria, iban más bien orientados a conseguir una evacuación ilícita de los menores, introducirlos en Francia como supuestos solicitantes de asilo y entregarlos en régimen de acogida temporal a las familias que se habían inscrito a través de la web de la organización en el programa “Operación de evacuación de los huérfanos de Darfur”. Sea como fuere, toda esta situación está dañando la imagen y la credibilidad del sistema de adopciones internacionales.

La población chadiana y sudanesa está encolerizada. Allí, como en cualquier parte del mundo, no hay nada que pueda provocar tanta alarma social como el secuestro y tráfico de niños. Y aún más si algunas voces extremistas hacen correr el rumor de que El Arca de Zoé es un entramado dirigido por traficantes de países ricos con la finalidad de colocar los niños en las redes ilegales de adopción con destino a las familias europeas. La extraordinaria cobertura mediática que amplifica todo lo acontecido a los niños, supuestamente huérfanos de Darfur, está incidiendo notablemente en la opinión pública de otros muchos países africanos.

En Chad y Sudán, de acuerdo con la tradición musulmana, la adopción está prohibida. No así en Congo, donde varias familias españolas vivieron el pasado verano una situación de incertidumbre al desplazarse al país para recoger a sus hijos adoptados y encontrarse con la negativa inicial, luego subsanada, de nuestra embajada a entregarles el visado para sus hijos ante el riesgo de que hubiese habido tráfico de menores.

Ahora el ministro de Justicia de la República del Congo, motivado por los acontecimientos de Chad, ha anunciado la suspensión de todos los procesos de adopción de niños congoleses, así como la sorprendente intención de su Gobierno de investigar la situación de los niños que ya han sido adoptados por familias españolas. Una muestra de la creciente inquietud y cautela que existe en varios países africanos respecto de las adopciones internacionales.

La adopción internacional siempre ha tenido defensores y detractores. Más allá de la polémica generada por sucesos como los de Chad, cabe recordar que la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que todos los menores tienen derecho a conocer a sus padres y, en la medida de lo posible, a ser criados por éstos. De acuerdo con el enunciado del Convenio, Unicef sostiene que las familias que necesiten apoyo para mantener a sus hijos deberían recibirlo y sólo tendrían que considerarse formas sustitutivas de cuidado de los niños en caso de no tener familiares, o de que no estén dispuestos o no sean capaces de hacerse cargo de ellos. En tal caso, lo ideal sería que los niños crecieran en otro ámbito familiar de su país de origen. Si esto no fuera posible, la adopción internacional es una solución preferible a su permanencia en orfanatos u otros centros de atención institucional.

En las últimas décadas ha aumentado de forma muy significativa el número de personas de países ricos deseosas de adoptar niños de otros países. Puede hablarse de un fenómeno internacional que ha avanzado de forma paralela al propio proceso de globalización económica. Se estima que anualmente se realizan unas 45.000 adopciones internacionales. Los registros oficiales constatan que España es el segundo país con más adopciones de este tipo, detrás de Estados Unidos. En 2006 los españoles adoptaron 4.472 niños procedentes de otros países, un 17% menos que el año anterior debido a las nuevas restricciones establecidas por China y Rusia, de donde llegan la mayoría de los pequeños adoptados por familias españolas.

En mayo de 1995 entró en vigor el Convenio de La Haya sobre Protección del Niño y Cooperación en materia de Adopción Internacional que instaura un sistema de colaboración entre los Estados para evitar el secuestro, la venta o el tráfico de menores. El objetivo principal del Convenio es asegurar que las adopciones internacionales se realicen garantizando el interés superior del niño, pero también favorece a los progenitores adoptivos al darles seguridades de que sus hijos no han sido objeto de prácticas inadecuadas. La década larga de vigencia del Convenio ha aportado avances notables. Uno de ellos es la situación de los menores separados de sus padres durante conflictos armados o desastres naturales. Actualmente se prioriza la necesidad de localizar a posibles familiares antes de plantearse la posibilidad de adopción. Con todo, la ineludible aplicación rigurosa del Convenio por parte de los Estados ha sido muy desigual.

Guatemala es uno de los países que ratificó en 2002 el Convenio de La Haya pero que no lo ejecuta de conformidad con los buenos usos acordados internacionalmente. La ONG Casa Alianza, defensora de los derechos humanos, ha denunciado reiteradamente las graves anomalías de muchos procesos de adopción en virtud de los cuales los niños guatemaltecos son separados violentamente, y con todo tipo de engaños, de sus padres. De hecho, varios países europeos, entre ellos España, decidieron ya hace unos años suspender todas las adopciones procedentes de Guatemala. Asimismo, Naciones Unidas, ante las nuevas denuncias de corrupción de abogados y notarios implicados en el lucrativo tráfico de menores con destino a Estados Unidos, ha solicitado recientemente al Gobierno guatemalteco que suspenda todos los procesos de adopción de niños hasta que se modifiquen las reglas de adopción en el país.

La comunidad internacional ha de hacer todo lo posible para erradicar el mal llamado “negocio de la adopción” que viola los derechos fundamentales de los niños y de sus familias principalmente en los países pobres. Esperemos que la crisis de Chad no sea utilizada demagógicamente por algunos Gobiernos para introducir restricciones a la adopción internacional con finalidades superfluas y que en nada contribuyan al cumplimiento del Convenio de La Haya y a las buenas prácticas de actuación derivadas del mismo. En cambio, es absolutamente imprescindible que los Gobiernos tengan la determinación de impulsar legislaciones y normativas específicas sobre la adopción internacional que aseguren en toda circunstancia la protección de los menores. Al mismo tiempo, deben aprovecharse estas reformas para solucionar las burocracias ineficaces que tanto perjuicio y frustración ocasionan a los futuros padres cuando emprenden un proceso de adopción.

El proyecto de ley sobre adopción internacional que el Gobierno español aprobó el pasado mes de junio es un paso adelante en esta obligación de aportar más garantías para padres y menores. Algunas de las disposiciones que incorpora refuerzan los compromisos ya adquiridos en los tratados internacionales firmados por España. En otros aspectos, se aportan mejoras como la ampliación del periodo de vigencia del certificado de idoneidad de dos a tres años, espacio de tiempo que se ajusta mucho más a la duración real del procedimiento de adopción.

Uno de los puntos débiles del proyecto de ley es que no reconoce en su integridad la complejidad del trabajo de las entidades colaboradoras de adopción internacional (ECAI). Tampoco insiste suficientemente en la labor de apoyo que estas entidades deben prestar a las familias. Éstas esperan que las ECAI no sean sólo simples gestoras administrativas, sino también sus acompañantes y asesoras en esta carrera de obstáculos en la que normalmente se convierte el largo y duro camino hasta la llegada de sus hijos adoptivos.

Una ley tan relevante como la de adopción internacional debe suscitar un consenso amplio entre las diferentes fuerzas parlamentarias y recibir las contribuciones de unas y otras para que el proyecto presentado por el Gobierno quede mejorado sustancialmente en su actual recorrido parlamentario. Es el momento para que nuestros representantes establezcan un marco legislativo que dote de las máximas garantías a nuestro sistema de adopción internacional.

>Adopción internacional de alto riesgo

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Por Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de Esade (EL PAÍS, 22/11/07):

La lamentable actuación de la organización El Arca de Zoé en Chad puede provocar un incremento de las restricciones por parte de algunos países a los procesos de adopción internacional.

Seguramente, la finalidad del iluminado fundador de esta organización francesa, Eric Breteau, y sus colegas que participaron en la rocambolesca misión para “salvar vidas de niños desamparados” no pretendía que los 103 niños fueran adoptados en el país galo. Todo apunta a que sus métodos, absolutamente contrarios a los de cualquier ONG humanitaria, iban más bien orientados a conseguir una evacuación ilícita de los menores, introducirlos en Francia como supuestos solicitantes de asilo y entregarlos en régimen de acogida temporal a las familias que se habían inscrito a través de la web de la organización en el programa “Operación de evacuación de los huérfanos de Darfur”. Sea como fuere, toda esta situación está dañando la imagen y la credibilidad del sistema de adopciones internacionales.

La población chadiana y sudanesa está encolerizada. Allí, como en cualquier parte del mundo, no hay nada que pueda provocar tanta alarma social como el secuestro y tráfico de niños. Y aún más si algunas voces extremistas hacen correr el rumor de que El Arca de Zoé es un entramado dirigido por traficantes de países ricos con la finalidad de colocar los niños en las redes ilegales de adopción con destino a las familias europeas. La extraordinaria cobertura mediática que amplifica todo lo acontecido a los niños, supuestamente huérfanos de Darfur, está incidiendo notablemente en la opinión pública de otros muchos países africanos.

En Chad y Sudán, de acuerdo con la tradición musulmana, la adopción está prohibida. No así en Congo, donde varias familias españolas vivieron el pasado verano una situación de incertidumbre al desplazarse al país para recoger a sus hijos adoptados y encontrarse con la negativa inicial, luego subsanada, de nuestra embajada a entregarles el visado para sus hijos ante el riesgo de que hubiese habido tráfico de menores.

Ahora el ministro de Justicia de la República del Congo, motivado por los acontecimientos de Chad, ha anunciado la suspensión de todos los procesos de adopción de niños congoleses, así como la sorprendente intención de su Gobierno de investigar la situación de los niños que ya han sido adoptados por familias españolas. Una muestra de la creciente inquietud y cautela que existe en varios países africanos respecto de las adopciones internacionales.

La adopción internacional siempre ha tenido defensores y detractores. Más allá de la polémica generada por sucesos como los de Chad, cabe recordar que la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que todos los menores tienen derecho a conocer a sus padres y, en la medida de lo posible, a ser criados por éstos. De acuerdo con el enunciado del Convenio, Unicef sostiene que las familias que necesiten apoyo para mantener a sus hijos deberían recibirlo y sólo tendrían que considerarse formas sustitutivas de cuidado de los niños en caso de no tener familiares, o de que no estén dispuestos o no sean capaces de hacerse cargo de ellos. En tal caso, lo ideal sería que los niños crecieran en otro ámbito familiar de su país de origen. Si esto no fuera posible, la adopción internacional es una solución preferible a su permanencia en orfanatos u otros centros de atención institucional.

En las últimas décadas ha aumentado de forma muy significativa el número de personas de países ricos deseosas de adoptar niños de otros países. Puede hablarse de un fenómeno internacional que ha avanzado de forma paralela al propio proceso de globalización económica. Se estima que anualmente se realizan unas 45.000 adopciones internacionales. Los registros oficiales constatan que España es el segundo país con más adopciones de este tipo, detrás de Estados Unidos. En 2006 los españoles adoptaron 4.472 niños procedentes de otros países, un 17% menos que el año anterior debido a las nuevas restricciones establecidas por China y Rusia, de donde llegan la mayoría de los pequeños adoptados por familias españolas.

En mayo de 1995 entró en vigor el Convenio de La Haya sobre Protección del Niño y Cooperación en materia de Adopción Internacional que instaura un sistema de colaboración entre los Estados para evitar el secuestro, la venta o el tráfico de menores. El objetivo principal del Convenio es asegurar que las adopciones internacionales se realicen garantizando el interés superior del niño, pero también favorece a los progenitores adoptivos al darles seguridades de que sus hijos no han sido objeto de prácticas inadecuadas. La década larga de vigencia del Convenio ha aportado avances notables. Uno de ellos es la situación de los menores separados de sus padres durante conflictos armados o desastres naturales. Actualmente se prioriza la necesidad de localizar a posibles familiares antes de plantearse la posibilidad de adopción. Con todo, la ineludible aplicación rigurosa del Convenio por parte de los Estados ha sido muy desigual.

Guatemala es uno de los países que ratificó en 2002 el Convenio de La Haya pero que no lo ejecuta de conformidad con los buenos usos acordados internacionalmente. La ONG Casa Alianza, defensora de los derechos humanos, ha denunciado reiteradamente las graves anomalías de muchos procesos de adopción en virtud de los cuales los niños guatemaltecos son separados violentamente, y con todo tipo de engaños, de sus padres. De hecho, varios países europeos, entre ellos España, decidieron ya hace unos años suspender todas las adopciones procedentes de Guatemala. Asimismo, Naciones Unidas, ante las nuevas denuncias de corrupción de abogados y notarios implicados en el lucrativo tráfico de menores con destino a Estados Unidos, ha solicitado recientemente al Gobierno guatemalteco que suspenda todos los procesos de adopción de niños hasta que se modifiquen las reglas de adopción en el país.

La comunidad internacional ha de hacer todo lo posible para erradicar el mal llamado “negocio de la adopción” que viola los derechos fundamentales de los niños y de sus familias principalmente en los países pobres. Esperemos que la crisis de Chad no sea utilizada demagógicamente por algunos Gobiernos para introducir restricciones a la adopción internacional con finalidades superfluas y que en nada contribuyan al cumplimiento del Convenio de La Haya y a las buenas prácticas de actuación derivadas del mismo. En cambio, es absolutamente imprescindible que los Gobiernos tengan la determinación de impulsar legislaciones y normativas específicas sobre la adopción internacional que aseguren en toda circunstancia la protección de los menores. Al mismo tiempo, deben aprovecharse estas reformas para solucionar las burocracias ineficaces que tanto perjuicio y frustración ocasionan a los futuros padres cuando emprenden un proceso de adopción.

El proyecto de ley sobre adopción internacional que el Gobierno español aprobó el pasado mes de junio es un paso adelante en esta obligación de aportar más garantías para padres y menores. Algunas de las disposiciones que incorpora refuerzan los compromisos ya adquiridos en los tratados internacionales firmados por España. En otros aspectos, se aportan mejoras como la ampliación del periodo de vigencia del certificado de idoneidad de dos a tres años, espacio de tiempo que se ajusta mucho más a la duración real del procedimiento de adopción.

Uno de los puntos débiles del proyecto de ley es que no reconoce en su integridad la complejidad del trabajo de las entidades colaboradoras de adopción internacional (ECAI). Tampoco insiste suficientemente en la labor de apoyo que estas entidades deben prestar a las familias. Éstas esperan que las ECAI no sean sólo simples gestoras administrativas, sino también sus acompañantes y asesoras en esta carrera de obstáculos en la que normalmente se convierte el largo y duro camino hasta la llegada de sus hijos adoptivos.

Una ley tan relevante como la de adopción internacional debe suscitar un consenso amplio entre las diferentes fuerzas parlamentarias y recibir las contribuciones de unas y otras para que el proyecto presentado por el Gobierno quede mejorado sustancialmente en su actual recorrido parlamentario. Es el momento para que nuestros representantes establezcan un marco legislativo que dote de las máximas garantías a nuestro sistema de adopción internacional.

Los niños como negocio

Por Jesús López-Medel, diputado del PP por Madrid (EL PERIÓDICO, 18/11/07):

Guatemala. Julio del 2000. Tres años antes se habían suscrito los acuerdos de paz. Acababa así una guerra civil en la que, junto a la guerrilla y el Ejército, fuerzas paramilitares cometieron un brutal genocidio de casi 300.000 mayas. Para trasmitir las ventajas de la participación política mediante los cauces democráticos, y no con la utilización de la violencia, acudí allí para estar con los dirigentes del Frente Revolucionario que poco antes eran, evidentemente, proscritos e ilegales.

Fue una experiencia política extraordinaria. Aún más, humana. Convivir con ellos me permitió conocer e introducirme en la profunda Guatemala y en aldeas recónditas. Lo que más me sobrecogió fue la gran abundancia de niños en unas condiciones de gran penuria. A los seis años ya son mano de obra vendiendo productos, realizando labores agrarias o trabajos infames.

ME INTERESÉ por sacar algunos de allí, acogerlos y traerlos a España para adoptarlos. Consulté en la embajada. Pero la información fue desalentadora por la ausencia de garantías jurídicas y morales sobre el sistema legal vigente en el país. Meses después, volví allí y me entrevisté con una abogada especializada en estos temas. Por la elevada suma (cinco millones de pesetas de entonces), me facilitaban en muy pocos meses un niño que yo podía elegir. Y ello con todas las bendiciones legales y administrativas.

Comprendo que algunas personas puedan plantearse la pregunta moral de si en caso de duda del origen del niño pueden cerrarse los ojos y pensar que por encima de esas sombras está (además del interés propio) el asegurar un futuro afectivo y de prosperidad a una criatura que en ese lugar y condiciones solo tendría garantizadas penuria y desesperanza.

Sin embargo, aunque todo pudiese tener apariencia de legalidad, mi decisión, tras leer un informe rotundo de Unicef, fue desistir. Desde entonces se han destapado varios escándalos sobre tráfico de niños en Guatemala. España y casi todos los países (salvo EEUU) cerraron las puertas a la adopción allí.

Hace dos meses acudí a Guatemala como observador internacional de la Organización de Estados Americanos en las elecciones. Aún conociendo el tema del tráfico de niños por esa experiencia y lo que leía en internet, recibí un gran impacto. Lo que sabía era poco frente a lo que pude ver y escuchar por mí mismo. Asistí a espectáculos obscenos y repugnantes de compra de niños. ¡En el propio hotel! Era constante la entrada de mujeres con bebés, en otros casos embarazadas, y era inevitable que, sentado en el vestíbulo, oyese las conversaciones entre las partes contratantes. Total impunidad. Además, varios hoteles ofrecen entre sus servicios una sección de “adopciones”.

Pero, además de los casos de transacciones de niños con consentimiento de sus familias a cambio de un dinero, y la abundancia de madres de alquiler, también existe allí algo infame en el siglo XXI: el secuestro de niños. El Estado ha permitido un auténtico tejido de negocio de élites profesionales inmunes a la justicia. Para el socialdemócrata, recién elegido presidente, Álvaro Colom, es un reto acabar con esa podredumbre. Le recordaremos los compromisos que expresó al preguntarle sus planes en presencia del embajador de España, también interesado por el asunto.

Pero Guatemala no es, evidentemente, el único lugar donde esto sucede. Los hechos recientes de Chad lo revelan. El asunto mereció especial interés informativo al haber sido apresados unos compatriotas. ¿Cuántos días habrían sido noticia en nuestra prensa estos tremendos hechos si no se hubiera detenido a unos franceses y a una tripulación española?

ME ALEGRO DE que los españoles apresados salieran de allí, pero desde entonces la noticia desapareció. En mi mente siguen los niños centroafricanos que iban a ser transportados de modo manifiestamente ilegal y llevados a la civilización (?) que, bajo la apariencia de salvar a unos niños, es capaz de propiciar algo tan aberrante como el tráfico de personas. También pienso en los que impunemente y con éxito han podido sacar antes de ése y otros lugares. Una amiga que había intentado adoptar un niño del Congo hace un año (en un fracaso claro de la Generalitat y de la entidad privada irresponsable), me escribió un sms: “Todos hablan de los franceses y españoles detenidos, pero ¿quién se acuerda de los niños?”.

Lamentablemente, en nuestros países tan avanzados hay redes conectadas allí con la venta de niños, por no hablar del reciente caso de explotación en Etiopía por una oenegé catalana. No somos inocentes, al menos por la ausencia de control de las organizaciones intervinientes. También dudo de la inocencia de personas o entidades de Chad y países próximos, con altos niveles de corrupción, que participan en el negocio.

Se aprueba este jueves en el Congreso la ley de adopción internacional. Su valoración es positiva. Debemos reforzar las garantías jurídicas exigibles a todos los intervinientes en adopciones para asegurar un respeto escrupuloso de las normas locales e internacionales. También para castigar severamente su vulneración, incrementar los controles, coordinarnos mejor y salvaguardar los valores éticos exigibles.

Los niños como negocio

Por Jesús López-Medel, diputado del PP por Madrid (EL PERIÓDICO, 18/11/07):

Guatemala. Julio del 2000. Tres años antes se habían suscrito los acuerdos de paz. Acababa así una guerra civil en la que, junto a la guerrilla y el Ejército, fuerzas paramilitares cometieron un brutal genocidio de casi 300.000 mayas. Para trasmitir las ventajas de la participación política mediante los cauces democráticos, y no con la utilización de la violencia, acudí allí para estar con los dirigentes del Frente Revolucionario que poco antes eran, evidentemente, proscritos e ilegales.

Fue una experiencia política extraordinaria. Aún más, humana. Convivir con ellos me permitió conocer e introducirme en la profunda Guatemala y en aldeas recónditas. Lo que más me sobrecogió fue la gran abundancia de niños en unas condiciones de gran penuria. A los seis años ya son mano de obra vendiendo productos, realizando labores agrarias o trabajos infames.

ME INTERESÉ por sacar algunos de allí, acogerlos y traerlos a España para adoptarlos. Consulté en la embajada. Pero la información fue desalentadora por la ausencia de garantías jurídicas y morales sobre el sistema legal vigente en el país. Meses después, volví allí y me entrevisté con una abogada especializada en estos temas. Por la elevada suma (cinco millones de pesetas de entonces), me facilitaban en muy pocos meses un niño que yo podía elegir. Y ello con todas las bendiciones legales y administrativas.

Comprendo que algunas personas puedan plantearse la pregunta moral de si en caso de duda del origen del niño pueden cerrarse los ojos y pensar que por encima de esas sombras está (además del interés propio) el asegurar un futuro afectivo y de prosperidad a una criatura que en ese lugar y condiciones solo tendría garantizadas penuria y desesperanza.

Sin embargo, aunque todo pudiese tener apariencia de legalidad, mi decisión, tras leer un informe rotundo de Unicef, fue desistir. Desde entonces se han destapado varios escándalos sobre tráfico de niños en Guatemala. España y casi todos los países (salvo EEUU) cerraron las puertas a la adopción allí.

Hace dos meses acudí a Guatemala como observador internacional de la Organización de Estados Americanos en las elecciones. Aún conociendo el tema del tráfico de niños por esa experiencia y lo que leía en internet, recibí un gran impacto. Lo que sabía era poco frente a lo que pude ver y escuchar por mí mismo. Asistí a espectáculos obscenos y repugnantes de compra de niños. ¡En el propio hotel! Era constante la entrada de mujeres con bebés, en otros casos embarazadas, y era inevitable que, sentado en el vestíbulo, oyese las conversaciones entre las partes contratantes. Total impunidad. Además, varios hoteles ofrecen entre sus servicios una sección de “adopciones”.

Pero, además de los casos de transacciones de niños con consentimiento de sus familias a cambio de un dinero, y la abundancia de madres de alquiler, también existe allí algo infame en el siglo XXI: el secuestro de niños. El Estado ha permitido un auténtico tejido de negocio de élites profesionales inmunes a la justicia. Para el socialdemócrata, recién elegido presidente, Álvaro Colom, es un reto acabar con esa podredumbre. Le recordaremos los compromisos que expresó al preguntarle sus planes en presencia del embajador de España, también interesado por el asunto.

Pero Guatemala no es, evidentemente, el único lugar donde esto sucede. Los hechos recientes de Chad lo revelan. El asunto mereció especial interés informativo al haber sido apresados unos compatriotas. ¿Cuántos días habrían sido noticia en nuestra prensa estos tremendos hechos si no se hubiera detenido a unos franceses y a una tripulación española?

ME ALEGRO DE que los españoles apresados salieran de allí, pero desde entonces la noticia desapareció. En mi mente siguen los niños centroafricanos que iban a ser transportados de modo manifiestamente ilegal y llevados a la civilización (?) que, bajo la apariencia de salvar a unos niños, es capaz de propiciar algo tan aberrante como el tráfico de personas. También pienso en los que impunemente y con éxito han podido sacar antes de ése y otros lugares. Una amiga que había intentado adoptar un niño del Congo hace un año (en un fracaso claro de la Generalitat y de la entidad privada irresponsable), me escribió un sms: “Todos hablan de los franceses y españoles detenidos, pero ¿quién se acuerda de los niños?”.

Lamentablemente, en nuestros países tan avanzados hay redes conectadas allí con la venta de niños, por no hablar del reciente caso de explotación en Etiopía por una oenegé catalana. No somos inocentes, al menos por la ausencia de control de las organizaciones intervinientes. También dudo de la inocencia de personas o entidades de Chad y países próximos, con altos niveles de corrupción, que participan en el negocio.

Se aprueba este jueves en el Congreso la ley de adopción internacional. Su valoración es positiva. Debemos reforzar las garantías jurídicas exigibles a todos los intervinientes en adopciones para asegurar un respeto escrupuloso de las normas locales e internacionales. También para castigar severamente su vulneración, incrementar los controles, coordinarnos mejor y salvaguardar los valores éticos exigibles.

>Los niños como negocio

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Por Jesús López-Medel, diputado del PP por Madrid (EL PERIÓDICO, 18/11/07):

Guatemala. Julio del 2000. Tres años antes se habían suscrito los acuerdos de paz. Acababa así una guerra civil en la que, junto a la guerrilla y el Ejército, fuerzas paramilitares cometieron un brutal genocidio de casi 300.000 mayas. Para trasmitir las ventajas de la participación política mediante los cauces democráticos, y no con la utilización de la violencia, acudí allí para estar con los dirigentes del Frente Revolucionario que poco antes eran, evidentemente, proscritos e ilegales.

Fue una experiencia política extraordinaria. Aún más, humana. Convivir con ellos me permitió conocer e introducirme en la profunda Guatemala y en aldeas recónditas. Lo que más me sobrecogió fue la gran abundancia de niños en unas condiciones de gran penuria. A los seis años ya son mano de obra vendiendo productos, realizando labores agrarias o trabajos infames.

ME INTERESÉ por sacar algunos de allí, acogerlos y traerlos a España para adoptarlos. Consulté en la embajada. Pero la información fue desalentadora por la ausencia de garantías jurídicas y morales sobre el sistema legal vigente en el país. Meses después, volví allí y me entrevisté con una abogada especializada en estos temas. Por la elevada suma (cinco millones de pesetas de entonces), me facilitaban en muy pocos meses un niño que yo podía elegir. Y ello con todas las bendiciones legales y administrativas.

Comprendo que algunas personas puedan plantearse la pregunta moral de si en caso de duda del origen del niño pueden cerrarse los ojos y pensar que por encima de esas sombras está (además del interés propio) el asegurar un futuro afectivo y de prosperidad a una criatura que en ese lugar y condiciones solo tendría garantizadas penuria y desesperanza.

Sin embargo, aunque todo pudiese tener apariencia de legalidad, mi decisión, tras leer un informe rotundo de Unicef, fue desistir. Desde entonces se han destapado varios escándalos sobre tráfico de niños en Guatemala. España y casi todos los países (salvo EEUU) cerraron las puertas a la adopción allí.

Hace dos meses acudí a Guatemala como observador internacional de la Organización de Estados Americanos en las elecciones. Aún conociendo el tema del tráfico de niños por esa experiencia y lo que leía en internet, recibí un gran impacto. Lo que sabía era poco frente a lo que pude ver y escuchar por mí mismo. Asistí a espectáculos obscenos y repugnantes de compra de niños. ¡En el propio hotel! Era constante la entrada de mujeres con bebés, en otros casos embarazadas, y era inevitable que, sentado en el vestíbulo, oyese las conversaciones entre las partes contratantes. Total impunidad. Además, varios hoteles ofrecen entre sus servicios una sección de “adopciones”.

Pero, además de los casos de transacciones de niños con consentimiento de sus familias a cambio de un dinero, y la abundancia de madres de alquiler, también existe allí algo infame en el siglo XXI: el secuestro de niños. El Estado ha permitido un auténtico tejido de negocio de élites profesionales inmunes a la justicia. Para el socialdemócrata, recién elegido presidente, Álvaro Colom, es un reto acabar con esa podredumbre. Le recordaremos los compromisos que expresó al preguntarle sus planes en presencia del embajador de España, también interesado por el asunto.

Pero Guatemala no es, evidentemente, el único lugar donde esto sucede. Los hechos recientes de Chad lo revelan. El asunto mereció especial interés informativo al haber sido apresados unos compatriotas. ¿Cuántos días habrían sido noticia en nuestra prensa estos tremendos hechos si no se hubiera detenido a unos franceses y a una tripulación española?

ME ALEGRO DE que los españoles apresados salieran de allí, pero desde entonces la noticia desapareció. En mi mente siguen los niños centroafricanos que iban a ser transportados de modo manifiestamente ilegal y llevados a la civilización (?) que, bajo la apariencia de salvar a unos niños, es capaz de propiciar algo tan aberrante como el tráfico de personas. También pienso en los que impunemente y con éxito han podido sacar antes de ése y otros lugares. Una amiga que había intentado adoptar un niño del Congo hace un año (en un fracaso claro de la Generalitat y de la entidad privada irresponsable), me escribió un sms: “Todos hablan de los franceses y españoles detenidos, pero ¿quién se acuerda de los niños?”.

Lamentablemente, en nuestros países tan avanzados hay redes conectadas allí con la venta de niños, por no hablar del reciente caso de explotación en Etiopía por una oenegé catalana. No somos inocentes, al menos por la ausencia de control de las organizaciones intervinientes. También dudo de la inocencia de personas o entidades de Chad y países próximos, con altos niveles de corrupción, que participan en el negocio.

Se aprueba este jueves en el Congreso la ley de adopción internacional. Su valoración es positiva. Debemos reforzar las garantías jurídicas exigibles a todos los intervinientes en adopciones para asegurar un respeto escrupuloso de las normas locales e internacionales. También para castigar severamente su vulneración, incrementar los controles, coordinarnos mejor y salvaguardar los valores éticos exigibles.