¿De quién son los valores?

Por Pilar Rahola (LA VANGUARDIA, 10/09/08):

Analizado en superficie, parece simple. La izquierda, que es muy buena, quiere legislar derechos civiles pendientes, y la derecha, que es muy mala, se opone, como es costumbre, amparada en la cruz y el tradicionalismo. Unos aseguran que lo suyo es la ética, y los otros se protegen bajo el paraguas de la moral. Y así, como si fuera una improvisada tómbola de ideas, aparecen en el panorama temas de enorme calado, cuyo debate merecería más profundidad, menos retórica y mucha menos demagogia. Personalmente estoy a favor de mejorar la ley sobre el aborto, que me parece, actualmente, un auténtico desaguisado, cuyos agujeros negros permiten muchas tropelías. Y también estoy convencida de que el derecho a una muerte digna necesita una buena ley que lo ampare. No estoy tan de acuerdo en el momento elegido, ya que me parece más una decisión táctica, para marear la dañada perdiz de la economía, que la asunción de un compromiso político. Abrir la manzana de la eutanasia y del aborto justo cuando la gente acaba de volver del verano y se encuentra con la dura realidad de sus bolsillos no me parece muy decente. Puede que sea una estricta cuestión de prioridades por mi parte, pero lo es: no hay mayor prioridad que atajar la crisis que sufren los ciudadanos. Sin embargo, con lo que estoy radicalmente en contra es con el planteamiento del debate, como si fuera una simple y descarnada elección, fácilmente resoluble en términos de maniqueísmo ideológico. Es decir, los de izquierdas a un lado, los de derechas al otro, y la legión de despistados, como Dios, en todas partes y en ninguna. Y así, mordaza en ristre, todos a tener posición simple en la enorme complejidad de estos debates delicados. Como si fueran departamentos estancos, como si los valores de una sociedad fueran propiedad de uno u otro partido, como si las consignas hubieran ganado, definitivamente, su batalla contra las ideas. Como si la ideología al uso resolviera, cual receta milagrosa, todos los enigmas. ¿Dónde está el catecismo, me pregunto, de la buena Mafalda?Lo siento, pero disiento. Primero, porque ni la izquierda es tan buena, ni la derecha tan mala, ni viceversa, ni los límites ideológicos pueden definir estos temas transversales que calan hondo en los principios de cada cual. Hay votantes del PSOE que no están de acuerdo con el aborto o la eutanasia, y hay votantes fieles del PP que consideran necesaria su legalidad. Tampoco se trata de una cuestión religiosa, sino aún más profunda, vinculada al sistema de valores que cada cual edifica para ir por el mundo. Además, siendo temas complejos, no se pueden merendar con un simple “esto es de izquierdas”. O peor aún, los otros están en contra “porque son de derechas”. Esta actitud, que niega el debate, frivoliza de tal forma la resolución de los problemas, que anula toda su complejidad. El derecho a debatir la complejidad de los problemas más hondos está en la esencia misma de la libertad, hasta el punto de que una no existe sin la otra. Por ello, cuando veo a Zapatero subido a la poltrona del mitin, zarandeando a los que están en contra del aborto o la eutanasia, como si fueran trogloditas habitaran en el inhóspito territorio del oscurantismo, me siento realmente incómoda. Porque no abre ningún debate sano. Al contrario, anula el derecho a debatir. Incluso, pues, participando de las propuestas que se plantean, no puedo participar de esta especie de aquelarre de aquellos que no están tan alegremente imbuidos de la verdad socialista. Y darle en el cogote a la Iglesia, eso ya es de manual. Cada vez que Zapatero tiene un serio problema de gestión – como es el caso-, pone en la diana a la Iglesia, porque machacar a la Iglesia siempre distrae al personal. Y, además, sale gratis.

¿De quién son los valores que definen una sociedad?, me pregunto en el titular. De todos, y ahí está el quid de la cuestión, que ningún partido puede patrimonializar dichos valores, como si suya fuera la verdad sobre la vida y la muerte. Como si, en realidad, se tratara de verdades absolutas. Realmente, ¿son debates tan ideológicos, tan simples? ¿Entonces, por qué habitan en la transversalidad? Si queremos hacer un serio favor a la salud democrática de nuestras sociedades, y tenemos el sano objetivo de construir una sociedad más justa, no podemos reducir a la miseria de una consigna programática lo que es un profundo debate sobre nuestra identidad social. La eutanasia es un claro ejemplo que no puede resumirse con el banal y maniqueo “progres a favor” y “fachas en contra”, propio de un estúpido pingpong dialéctico. Primero, porque el tema es muy complejo, segundo, porque hay motivos en contra que son sensatos, tercero, porque hay motivos a favor que son frívolos, y cuarto, porque las sociedades maduras debaten con madurez sus complejidades, sus retos y sus miedos. De ahí que aún más importante que el aborto o la eutanasia, es la capacidad de debatir profundamente sobre ello. Negar el debate, repartir cartas de naturaleza progresista y enviar a galeras a todos los que no tienen el tema claro es una perversión de la democracia. Porque niega el mayor de sus tesoros: el derecho a la duda.

¿Vida humana amenazada?

Por César Nombela, catedrático de la Universidad Complutense (ABC, 23/08/08):

La vida humana se materializa en la de cada ser humano que viene a este mundo. Naturalmente, la referencia a la vida humana puede desbordar lo estrictamente biológico. Pero, el conocimiento de la Biología de nuestra especie, extraordinariamente enriquecido por el avance de la Ciencia actual, resulta esencial igualmente para su valoración. Digo valoración, porque el verdadero progreso no supone otra cosa que asentar el valor de la persona, la dignidad de todos y cada uno de los individuos que integramos la familia humana. La especie humana es la única especie biológica dotada de inteligencia, capaz de reflexión y, por tanto, susceptible de un comportamiento ético.

La profundización en el ser biológico del hombre es esencial para nuestro conocimiento de la naturaleza, así como fundamento de la Medicina avanzada de la que hoy podemos disfrutar. Pero, los hechos demostrados y las teorías que los pretenden explicar e interpretar, son fácilmente distorsionados, por parte de algunos. No faltan quienes, con una visión reduccionista, pretenden que la nueva información biológica rompe o modifica los criterios de valor, establecidos a lo largo de tantos siglos. He aquí la primera amenaza, desproveer al hombre de lo esencial de su naturaleza. Cuando se asume que, a determinadas especies de simios se les deben reconocer derechos humanos, ya que su genoma puede tener más de un 98 por ciento de homología con el genoma humano, se incurre en una notable simplificación argumental. En muchos casos, cabe dudar de que quienes lo proponen sepan tan si quiera lo que significa la homología genética. ¿Acaso tendría sentido señalar que el ratón es un ser humano al 90 por ciento, porque su genoma muestra ese porcentaje de homología con el nuestro? Y, ¿qué hacer con muchos microbios que pueden llegar al 30 por ciento de homología con el genoma humano, tal vez reclamar para ellos el 30 por ciento de los derechos humanos?

Aunque la evolución biológica, en sus grandes patrones de emergencia de las especies, no sea demostrable experimentalmente, no cabe duda de que toda la información científica sí demuestra que la especie humana comparte los esquemas generales de la organización de los seres vivos y su evolución. Pero, igualmente prueba que constituye una especie diferenciada de las demás, la única dotada de inteligencia, de capacidad de prever las consecuencias de sus actos, y de elegir entre alternativas en función de su valor moral. La pregunta básica del ser humano, sobre el sentido de su existencia, ha tenido y seguirá teniendo respuestas variadas, porque la libertad para pensar, otra característica única, llevará a ello. Pero, los nuevos hallazgos de la Biología no se pueden invocar como axiomáticos para desproveer a la vida humana de su dignidad intrínseca. Frente a los planteamientos bioéticos que pretenden acabar con la especial valoración de la vida humana -para Singer es hora de suprimir la idea de que la vida humana es sagrada- o frente a quienes, desde un pensamiento débil, buscan reducir toda realidad a la interpretación que de ella se quiera hacer, es preciso seguir llamando la atención sobre cómo el conocimiento científico puede reforzar la apuesta por el hombre, por la dignidad de todos los individuos que integran la especie.

La vida de cada uno tiene un comienzo y un final. A lo largo de la Historia, la interpretación de lo que ocurre en estas dos situaciones ha carecido con frecuencia de una base biológica sólida, que pudiera servir como punto de referencia para su valoración ética. Una valoración que exige dar el salto a ese contexto de valores, pero que no puede prescindir de la observación objetiva de la realidad. El comienzo de la vida de cada individuo de la especie humana -hoy bien lo sabemos- se produce con la fecundación de los gametos, óvulo y espermatozoide para dar el cigoto; es algo que no podía estar claro cuando ni siquiera se conocía la realidad de la célula, ni mucho menos de los componentes que la integran y del programa que dirige su desarrollo.

Pero, los avances científicos, desde el siglo XIX, especialmente en las últimas décadas, van perfilando un conjunto de datos que no se puede ignorar. Desde la concepción se va configurando el destino biológico del nuevo individuo. Su desarrollo embrionario supone, desde los primeros instantes, la activación de un programa -específico y único- con la expresión de genes, con la asociación funcional de sus productos (proteínas), con la especificación de compartimentos que determinan un patrón de desarrollo, y con la activación del programa de diálogo biológico con la madre que lo habrá de gestar. En medio de este conjunto de datos, tan sugerente y demostrativo de que el desarrollo comienza con la concepción y sólo terminará con la muerte, resulta difícil encontrar justificación a los esfuerzos de algunos por identificar estadios intermedios. Entre ellos están los de definir la sustantividad o suficiencia constitucional, como acontecimientos dentro del desarrollo embrionario humano, que deben modificar la valoración ética de la vida de quien va a nacer.

El problema es que la cuestión desborda lo que puede ser una mera discusión filosófica, para condicionar leyes y normas de convivencia. Sabido es que muchas sociedades occidentales han aceptado el aborto provocado como una opción de la propia mujer, como si la vida del nasciturus que se desarrolla en su seno fuera totalmente disponible a su decisión, al menos en algunas etapas de la gestación. La aplicación -sin duda, delictiva pero relativamente fácil- en nuestro país de leyes despenalizadoras, que ha llevado a las trituradoras a fetos de siete meses de gestación, despierta una profunda sensación de horror. Importa mucho, por tanto, señalar que la defensa de la vida del ser humano representa un auténtico imperativo de la especie. Las leyes abortistas, por muy establecidas que puedan estar en algunos estados, siguen sin contar con el consenso general, somos muchos los que nos oponemos.

La evolución cultural, y el desarrollo de la técnica, nos muestran que el hombre tiene una especial responsabilidad con la naturaleza. Esa responsabilidad comienza con su propia vida, como especie. No se trata de insistir en persecuciones penales, sino de encontrar un nuevo espacio de diálogo, para una mayoría social. Los que compartimos la idea de que la mujer que decide destruir al nuevo ser que lleva en su seno vive una auténtica tragedia. O la de quienes creemos que acabar deliberadamente con la vida humana, aceptando la eutanasia, supone un auténtico fracaso del progreso que hemos podido alcanzar. Los datos científicos cada vez nos ayudan mejor a definir la vida humana, su desarrollo, su comienzo y su (inevitable) final natural. Reforzar su valoración y conjurar sus amenazas es nuestra responsabilidad, como seres dotados de libertad.

El aborto, un debate maniqueo

Por José Antonio Martín Pallín, Magistrado emérito del Supremo (EL PERIÓDICO, 25/01/08):

El aborto no es un conflicto fomentado o apoyado por una determinada corriente ideológica ni por un Gobierno de signo determinado. No es tampoco una cuestión religiosa a la que solo se enfrenta la Iglesia católica en estos momentos electorales. Su existencia es casi tan antigua como la humanidad y no puede afrontarse desde el estrecho marco de una determinada concepción de la vida o la moral. Los filósofos Ferrater Mora y Priscilla Cohn sostienen que no se trata de un conflicto entre lo justo y lo injusto, lo moral y lo inmoral o entre no matar y matar, sino más bien un conflicto entre los valores positivos: el de la santidad de la vida y la libertad.

Los grupos provida, ante la falta de argumentos científicos, reducen la solución del problema a una cuestión de verdad revelada. El óvulo, desde el momento en que es fecundado por un espermatozoide, es ya un ser humano con plenitud de derechos y libertades. Desde este punto de vista, es lógico equiparar aborto y asesinato. No obstante, parecen conformarse con que las penas del aborto sean sensiblemente menores: de uno a tres años de prisión.

EL DEBATE sobre la interrupción voluntaria del embarazo olvida con frecuencia a la protagonista de la tragedia, que no es otra que la mujer embarazada. Su decisión está precedida de una atormentada reflexión, e incluso sus secuelas perduran después de haberse decidido. Los que se erigen en paladines de la vida reclaman el monopolio de la moralidad y de la ética, tanto pública como privada, y no admiten la posibilidad de su regulación, sea cual sea la corriente científica que explique el alcance del fenómeno de la fecundación. Desde el momento en que se produce la fecundación, la mujer debe poner su útero al servicio de la gestación. Ahora bien, el producto de la concepción es absolutamente dependiente de la actividad biológica de la madre, tanto si decide abortar como si lleva una vida insana que pueda repercutir en la viabilidad, malformación o salud del feto.

El rechazo de los provida se extiende a las políticas educativas orientadas a evitar los embarazos y, con ello, los abortos. La formación sexual y las técnicas anticonceptivas también son condenables desde su estrecha visión de la vida y la libertad.

El Gobierno socialista, en 1986, abordó un reto inaplazable. Lo más adecuado hubiera sido introducir en nuestro sistema legal los supuestos de aborto derivados de la inmadurez del embrión, durante las primeras 23 o 24 semanas, límite de la viabilidad extrauterina del feto. En este plazo, la madre podría decidir la interrupción del embarazo después de ser informada de las medidas sociales y económicas de que dispone en el caso de que decida llevar a término la gestación. A pesar de algún precedente en derecho comparado que no permite admoniciones de tipo moralista, creo que no existen razones para que, si la gestante lo solicita, pueda recabar información sobre el alcance moral o ético de su decisión.

En los supuestos de grave malformación del feto, la limitación del aborto a las primeras 22 semanas de embarazo debería tener excepciones rigurosamente controladas y fiscalizadas por una comisión de facultativos de distinta procedencia, e incluso con intervención del Ministerio Fiscal y los jueces.

Cuando el embarazo sea consecuencia de hecho que pueda ser calificado, a primera vista, como violación, creo aconsejable extender la posibilidad de meditar la decisión por encima de las 12 semanas, hasta las 22, como en el supuesto anterior.

El debate más intenso se produce en los casos de peligro para la vida o para la salud de la madre. Considero que no pueden existir límites, una vez diagnosticado el riesgo. Al punto crítico se llega cuando lo que está en juego es la salud psíquica de la madre. Nadie discute que, con arreglo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, el concepto salud abarca tanto la física como la mental o psíquica. Los diagnósticos sobre impactos mentales son más inciertos, e incluso aleatorios según la personalidad de la mujer afectada.

EL LEGISLADOR español, creo que de manera equivocada, homologó el concepto de salud, equiparando ambas modalidades sin limitación de plazos. En los casos de afectación de la salud psíquica, habrá que calibrar las circunstancias con rigor y cortar las posibilidades de abortar a partir de las 23 semanas. La gestante ha tenido tiempo suficiente para despejar sus traumas que podrían aliviarse ofreciéndole asesoramiento social. No es clínicamente acertado admitir la interrupción del embarazo, como ahora permite la ley, con el informe de dos especialistas, sin mayores filtros y comprobaciones. En estos casos, para admitir la excepcionalidad de la interrupción del embarazo debería ser necesario que el diagnóstico fuera revisado por una comisión mucho mas amplia y multidisciplinar.

Nadie es partidario del aborto, ni es tan frívolo como para equipararlo a una operación de cirugía estética. Se trata de ayudar a la mujer embarazada para que decida libremente, sin que su dignidad, constitucionalmente garantizada, se vea atacada por el castigo del derecho penal. En definitiva, que la tolerancia se imponga a la intolerancia y a los dogmatismos morales cuya supremacía es indemostrable si no es por la vía de la imposición y de la fuerza.

El aborto, un debate maniqueo

Por José Antonio Martín Pallín, Magistrado emérito del Supremo (EL PERIÓDICO, 25/01/08):

El aborto no es un conflicto fomentado o apoyado por una determinada corriente ideológica ni por un Gobierno de signo determinado. No es tampoco una cuestión religiosa a la que solo se enfrenta la Iglesia católica en estos momentos electorales. Su existencia es casi tan antigua como la humanidad y no puede afrontarse desde el estrecho marco de una determinada concepción de la vida o la moral. Los filósofos Ferrater Mora y Priscilla Cohn sostienen que no se trata de un conflicto entre lo justo y lo injusto, lo moral y lo inmoral o entre no matar y matar, sino más bien un conflicto entre los valores positivos: el de la santidad de la vida y la libertad.

Los grupos provida, ante la falta de argumentos científicos, reducen la solución del problema a una cuestión de verdad revelada. El óvulo, desde el momento en que es fecundado por un espermatozoide, es ya un ser humano con plenitud de derechos y libertades. Desde este punto de vista, es lógico equiparar aborto y asesinato. No obstante, parecen conformarse con que las penas del aborto sean sensiblemente menores: de uno a tres años de prisión.

EL DEBATE sobre la interrupción voluntaria del embarazo olvida con frecuencia a la protagonista de la tragedia, que no es otra que la mujer embarazada. Su decisión está precedida de una atormentada reflexión, e incluso sus secuelas perduran después de haberse decidido. Los que se erigen en paladines de la vida reclaman el monopolio de la moralidad y de la ética, tanto pública como privada, y no admiten la posibilidad de su regulación, sea cual sea la corriente científica que explique el alcance del fenómeno de la fecundación. Desde el momento en que se produce la fecundación, la mujer debe poner su útero al servicio de la gestación. Ahora bien, el producto de la concepción es absolutamente dependiente de la actividad biológica de la madre, tanto si decide abortar como si lleva una vida insana que pueda repercutir en la viabilidad, malformación o salud del feto.

El rechazo de los provida se extiende a las políticas educativas orientadas a evitar los embarazos y, con ello, los abortos. La formación sexual y las técnicas anticonceptivas también son condenables desde su estrecha visión de la vida y la libertad.

El Gobierno socialista, en 1986, abordó un reto inaplazable. Lo más adecuado hubiera sido introducir en nuestro sistema legal los supuestos de aborto derivados de la inmadurez del embrión, durante las primeras 23 o 24 semanas, límite de la viabilidad extrauterina del feto. En este plazo, la madre podría decidir la interrupción del embarazo después de ser informada de las medidas sociales y económicas de que dispone en el caso de que decida llevar a término la gestación. A pesar de algún precedente en derecho comparado que no permite admoniciones de tipo moralista, creo que no existen razones para que, si la gestante lo solicita, pueda recabar información sobre el alcance moral o ético de su decisión.

En los supuestos de grave malformación del feto, la limitación del aborto a las primeras 22 semanas de embarazo debería tener excepciones rigurosamente controladas y fiscalizadas por una comisión de facultativos de distinta procedencia, e incluso con intervención del Ministerio Fiscal y los jueces.

Cuando el embarazo sea consecuencia de hecho que pueda ser calificado, a primera vista, como violación, creo aconsejable extender la posibilidad de meditar la decisión por encima de las 12 semanas, hasta las 22, como en el supuesto anterior.

El debate más intenso se produce en los casos de peligro para la vida o para la salud de la madre. Considero que no pueden existir límites, una vez diagnosticado el riesgo. Al punto crítico se llega cuando lo que está en juego es la salud psíquica de la madre. Nadie discute que, con arreglo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, el concepto salud abarca tanto la física como la mental o psíquica. Los diagnósticos sobre impactos mentales son más inciertos, e incluso aleatorios según la personalidad de la mujer afectada.

EL LEGISLADOR español, creo que de manera equivocada, homologó el concepto de salud, equiparando ambas modalidades sin limitación de plazos. En los casos de afectación de la salud psíquica, habrá que calibrar las circunstancias con rigor y cortar las posibilidades de abortar a partir de las 23 semanas. La gestante ha tenido tiempo suficiente para despejar sus traumas que podrían aliviarse ofreciéndole asesoramiento social. No es clínicamente acertado admitir la interrupción del embarazo, como ahora permite la ley, con el informe de dos especialistas, sin mayores filtros y comprobaciones. En estos casos, para admitir la excepcionalidad de la interrupción del embarazo debería ser necesario que el diagnóstico fuera revisado por una comisión mucho mas amplia y multidisciplinar.

Nadie es partidario del aborto, ni es tan frívolo como para equipararlo a una operación de cirugía estética. Se trata de ayudar a la mujer embarazada para que decida libremente, sin que su dignidad, constitucionalmente garantizada, se vea atacada por el castigo del derecho penal. En definitiva, que la tolerancia se imponga a la intolerancia y a los dogmatismos morales cuya supremacía es indemostrable si no es por la vía de la imposición y de la fuerza.

Aborto: lo que ‘protege’ el Código Penal

Por Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado (EL PAÍS, 17/01/08):

Lo malo de los problemas mal resueltos es que nunca abandonan la escena como problemas. A lo que se une el hecho de que las soluciones a medias irrumpen en ésta de un modo que contribuye a agudizarlos. Tal es lo sucedido con el deficiente tratamiento legal del aborto, que, sin dar una salida satisfactoria al drama de las mujeres presa de embarazos no deseados, actúa sobre ellas en forma de una brutal amenaza sobrepenalizadora.

La torpe reducción de un hondo conflicto existencial a delito, presto a ser usado para calentar algún tipo de opinión – y, con mayor o menor intensidad represiva, en función de que exista o no un sujeto policial o judicial más o menos activable a tenor de ciertos presupuestos ideológicos- es algo abierto a manipulaciones oportunistas y generador de inseguridad jurídica.

El aborto es un verdadero universal en la historia de la humanidad. Para los aficionados al historicismo escatológico, diría que más antiguo que la Iglesia y el Estado y que los sobreviviría. A despecho del atávico ensañamiento persecutorio de la primera mediante el uso instrumental del segundo. Y a pesar también de esta triple evidencia.

Primero: no existe el aborto-deporte, así, ni hay ni nunca hubo riesgo de que la adopción del sistema de plazos pudiera alentar la expansión del fenómeno; que, sin embargo, conocidamente se nutre de la acción obstaculizadora de las diversas formas de contracepción (de vieja estirpe eclesial).

Segundo: la conminación penal del aborto nunca ha operado a favor de la vida, pues la evolución estadística del mismo es impermeable a las vicisitudes de la persecución. Por la razón elemental de que las acciones humanas que responden a una profunda necesidad personal ofrecen invariable resistencia al influjo del Código Penal. Así, resulta que la interrupción del embarazo y la reacción punitiva discurren en paralelo, con patente indiferencia de las cifras de la primera al desarrollo de los índices de criminalización. De donde se sigue una aleccionadora consecuencia: si la persecución penal del aborto no es realmente útil para proteger embriones no deseados, haciendo que lleguen a término, entonces es sólo un conjuro. (Algo que, por afinidad subcultural, explica el encendido fervor que suscita en ciertos medios religiosos). Pero, ojo, un conjuro que sólo sirve para añadir sufrimiento al sufrimiento, en especial en las mujeres con más bajos niveles de renta, las más expuestas.

Tercero: la opción del aborto-delito tal como aparece acogida en nuestro Código Penal (¡el “de la democracia”!) favorece, paradójicamente, la forma de empleo mágico-religioso a que acabo de aludir, por lo que sus efectos nada tienen que ver con la defensa de la vida. Ni la futura de los nascituri, ni la calidad de la de las embarazadas a su pesar. Y responde a una filosofía jurídica de fondo que es francamente liberticida y atentatoria contra la dignidad de éstas. Porque los códigos de los Estados constitucionales no imponen a nadie, por vía de obligación ni de pena, gravámenes que comprometan tanto la autonomía moral y social de la persona, como el representado por una maternidad coactiva, con todo lo que ésta implica.

No tengo la menor duda de que el aborto es un mal. Y por eso, creo que hay que poner a contribución todos los esfuerzos constitucionalmente legítimos en una sociedad pluralista, para reducir su incidencia. Y esto es algo que no se hace con agitaciones y cruzadas como las emprendidas y azuzadas, tan oportunamente, por algún movimiento político-religioso. Y tampoco con actitudes como las de la derecha política en la materia, que demoniza el aborto (o el divorcio, o el matrimonio homosexual: lo que toque) cuando son otros quienes lo llevan al BOE (aunque sea de forma harto insatisfactoria en el caso del primero); para mantenerlo luego de manera vergonzante si es ella misma quien gobierna. A sabiendas de contar con el no menos vergonzante silencio eclesiástico… hasta que convenga tácticamente cambiar el paso.

Como he recordado alguna vez, Quintano Ripollés, prestigioso penalista y magistrado conservador, escribió hace cuarenta años: “Fuera del mantenimiento del crimen de aborto como la destrucción de la obra divina que es toda criatura humana, las demás razones son bien poco convincentes, cuando no abiertamente cínicas”. Y, en efecto, tenía razón Quintano: algo hay de cinismo. También en el caso del legislador, que tal vez pueda engañar, pero no engañarse. Porque cuando, como ocurre, la OMS contabiliza anualmente en el mundo algo así como medio centenar de millones de abortos, es claro que lo que aquél tiene delante no es la opción entre aborto sí o aborto no, sino sólo decidir qué tipo de aborto quiere propiciar: el clandestino y, con frecuencia, séptico, o el regular realizado en las mínimas condiciones de dignidad y de salubridad para las que tienen que padecerlo.

Aborto: lo que ‘protege’ el Código Penal

Por Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado (EL PAÍS, 17/01/08):

Lo malo de los problemas mal resueltos es que nunca abandonan la escena como problemas. A lo que se une el hecho de que las soluciones a medias irrumpen en ésta de un modo que contribuye a agudizarlos. Tal es lo sucedido con el deficiente tratamiento legal del aborto, que, sin dar una salida satisfactoria al drama de las mujeres presa de embarazos no deseados, actúa sobre ellas en forma de una brutal amenaza sobrepenalizadora.

La torpe reducción de un hondo conflicto existencial a delito, presto a ser usado para calentar algún tipo de opinión – y, con mayor o menor intensidad represiva, en función de que exista o no un sujeto policial o judicial más o menos activable a tenor de ciertos presupuestos ideológicos- es algo abierto a manipulaciones oportunistas y generador de inseguridad jurídica.

El aborto es un verdadero universal en la historia de la humanidad. Para los aficionados al historicismo escatológico, diría que más antiguo que la Iglesia y el Estado y que los sobreviviría. A despecho del atávico ensañamiento persecutorio de la primera mediante el uso instrumental del segundo. Y a pesar también de esta triple evidencia.

Primero: no existe el aborto-deporte, así, ni hay ni nunca hubo riesgo de que la adopción del sistema de plazos pudiera alentar la expansión del fenómeno; que, sin embargo, conocidamente se nutre de la acción obstaculizadora de las diversas formas de contracepción (de vieja estirpe eclesial).

Segundo: la conminación penal del aborto nunca ha operado a favor de la vida, pues la evolución estadística del mismo es impermeable a las vicisitudes de la persecución. Por la razón elemental de que las acciones humanas que responden a una profunda necesidad personal ofrecen invariable resistencia al influjo del Código Penal. Así, resulta que la interrupción del embarazo y la reacción punitiva discurren en paralelo, con patente indiferencia de las cifras de la primera al desarrollo de los índices de criminalización. De donde se sigue una aleccionadora consecuencia: si la persecución penal del aborto no es realmente útil para proteger embriones no deseados, haciendo que lleguen a término, entonces es sólo un conjuro. (Algo que, por afinidad subcultural, explica el encendido fervor que suscita en ciertos medios religiosos). Pero, ojo, un conjuro que sólo sirve para añadir sufrimiento al sufrimiento, en especial en las mujeres con más bajos niveles de renta, las más expuestas.

Tercero: la opción del aborto-delito tal como aparece acogida en nuestro Código Penal (¡el “de la democracia”!) favorece, paradójicamente, la forma de empleo mágico-religioso a que acabo de aludir, por lo que sus efectos nada tienen que ver con la defensa de la vida. Ni la futura de los nascituri, ni la calidad de la de las embarazadas a su pesar. Y responde a una filosofía jurídica de fondo que es francamente liberticida y atentatoria contra la dignidad de éstas. Porque los códigos de los Estados constitucionales no imponen a nadie, por vía de obligación ni de pena, gravámenes que comprometan tanto la autonomía moral y social de la persona, como el representado por una maternidad coactiva, con todo lo que ésta implica.

No tengo la menor duda de que el aborto es un mal. Y por eso, creo que hay que poner a contribución todos los esfuerzos constitucionalmente legítimos en una sociedad pluralista, para reducir su incidencia. Y esto es algo que no se hace con agitaciones y cruzadas como las emprendidas y azuzadas, tan oportunamente, por algún movimiento político-religioso. Y tampoco con actitudes como las de la derecha política en la materia, que demoniza el aborto (o el divorcio, o el matrimonio homosexual: lo que toque) cuando son otros quienes lo llevan al BOE (aunque sea de forma harto insatisfactoria en el caso del primero); para mantenerlo luego de manera vergonzante si es ella misma quien gobierna. A sabiendas de contar con el no menos vergonzante silencio eclesiástico… hasta que convenga tácticamente cambiar el paso.

Como he recordado alguna vez, Quintano Ripollés, prestigioso penalista y magistrado conservador, escribió hace cuarenta años: “Fuera del mantenimiento del crimen de aborto como la destrucción de la obra divina que es toda criatura humana, las demás razones son bien poco convincentes, cuando no abiertamente cínicas”. Y, en efecto, tenía razón Quintano: algo hay de cinismo. También en el caso del legislador, que tal vez pueda engañar, pero no engañarse. Porque cuando, como ocurre, la OMS contabiliza anualmente en el mundo algo así como medio centenar de millones de abortos, es claro que lo que aquél tiene delante no es la opción entre aborto sí o aborto no, sino sólo decidir qué tipo de aborto quiere propiciar: el clandestino y, con frecuencia, séptico, o el regular realizado en las mínimas condiciones de dignidad y de salubridad para las que tienen que padecerlo.

¿Abortos de más de 22 semanas?

Por Germán Sáenz de Santa María, ginecólogo y abogado (EL MUNDO, 21/12/07):

Es metafísicamente imposible que un cuerpo geométrico sea a la vez un triángulo y un cuadrado, e igualmente que un embarazo se pueda interrumpir, ya que no es susceptible de continuarse, si acaso se podrá terminar. De igual manera no existen abortos de más de 22 semanas. España, en el ejercicio de su soberanía, ha decidido que el aborto es la terminación del embarazo antes de la semana 22 de gestación. Por un lado, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a efectos de elaborar las estadísticas dispone: «Se considera aborto a la interrupción de la gestión antes de la viabilidad fetal, considerada ésta legalmente hasta las 22 semanas de gestación». Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística fija el mismo plazo legal y lo fundamenta: «La Estadística de Muertes Fetales Tardías supone una mayor uniformidad en su contenido y una mejor adecuación a la terminología médico-biológica, ya que, según queda dicho, el concepto de aborto significa exclusivamente la expulsión o extracción del claustro materno de un producto de la concepción no viable».

Y con razón, ya que sólo a partir de la semana 22 cumplida se dan partos con una cierta tasa de supervivencia fetal. La terminación de un parto, entre las semanas 23 a la 28, constituye un parto inmaduro. Los criterios varían según organismos internacionales y países. La tendencia es bajar a la semana 20, para así considerarlo.

Los datos aproximados de supervivencia de un feto sano nacido en España indican que a partir de la semana 23 vivirán cerca del 50%, el porcentaje ronda el 70% con 25 semanas y se acerca al 90% con 27 semanas. Todo esto, poniendo a su disposición los más avanzados medios de neonatología, tal y como la conciencia social y la Ley imponen.

El artículo 417 bis del antiguo Código Penal despenalizó el aborto en ciertos supuestos y el Real Decreto 2409/1986 que lo desarrolla no puede ir más allá de la Ley; en la actualidad, dan contenido al artículo 145.1 del Código Penal. En puridad, no fue una Ley reguladora de la interrupción voluntaria del embarazo, así lo denominó el citado Real Decreto. La Ley que reformó el Código Penal fue de despenalización del aborto en determinados supuestos. Por imperativo legal, en España el límite absoluto del aborto es de 22 semanas. Ni un día más.

Desde ese momento, toda terminación de un embarazo con el ánimo de quitarle la vida al feto, en términos estrictamente jurídicos, inextricablemente unido a la biología y el estándar de la atención sanitaria en España, sólo cabe entenderse como un presunto delito tipificado por los artículos 139 y 140 del Código Penal de asesinato para los autores principales y en el 141 para los cómplices.

¿Cómo puede entenderse que una asociación de clínicas privadas, autorizadas para realizar abortos, se halla arrogado el derecho a poner el límite de 26 semanas, según su portavoz, y que con la fundada sospecha de que algunas clínicas están quitando la vida a seres humanos de hasta 28-30 semanas de vida, los operadores jurídicos básicos de nuestro Estado de Derecho -Jueces y Fiscales- sigan tipificándolos como presuntos delitos de abortos ilegales y muestren tan timorato comportamiento ante tan gravísimos presuntos delitos?

Las causas pueden resumirse en tres. La primera es la posición de la jerarquía católica, que sitúa moralmente al mismo nivel el que un ovulo recién fecundado no se pueda implantar en el útero por llevar la mujer un DIU, con un asesinato. De ahí deriva, entre otras razones, el descrédito de las posiciones de la jerarquía eclesiástica.

Otra de las causas es la batalla absurda y reaccionaria en extremo de no pocos jueces y fiscales -en algún caso violando incluso la Ley-, en especial de Málaga, que ha desprestigiado a la Administración de Justicia como garante de estos Derechos ahora presuntamente vulnerados. Con su pertinaz y desmedida actuación han llevado a cierta desorientación y resistencia a someter a la tutela judicial estos asuntos, por parte de jueces y fiscales, ya que instintivamente generan un fuerte rechazo y desconfianza en el cuerpo social.

Por último, es comprensible la enorme reticencia a imputar a las mujeres tales delitos. Ni más ni menos que de presunto asesinato de su propio hijo, justo lo que dice el clero, ya desde la quinta semana de embarazo. De la más insensata represión y discriminación contra la mujer, a la reinstauración fáctica del Derecho Romano Antiguo que otorgaba al pater familiae el derecho a exponer, a vender como esclavo y hasta a matar a sus propios hijos. Eso sí, actualizado a los tiempos modernos, incluyendo ahora a la mater familiae. De una solución parcial e incompleta del enorme problema de la violencia en el ámbito doméstico, sin que falte el más puro oportunismo y manipulación política, ésta es una de sus más nefastas consecuencias.

De esas lluvias estos lodos y de esos vientos estas tempestades. Es duro, pero muy duro, asumir que en nuestra civilizada España, en plena vigencia del Estado de Derecho, se estén produciendo miles de presuntos delitos de asesinato en la más absoluta impunidad, durante años, en la total desorientación legal, ética y moral de nuestra sociedad. Cada palo que aguante su parte de culpa, pero acabar con esta situación es una tarea inaplazable de nuestro grupo social.

Cierto que un ser nacido con tan poca edad gestacional será débil y dependerá de los demás, al igual que lo hace una persona en cáncer terminal o en coma. En la España actual, compartimos la firme convicción de prestar asistencia a cada ser humano, no importa a qué coste y cómo vaya a quedar físicamente si conseguimos salvarle la vida. Un orgullo, un deber y un derecho: pleno, absoluto e irrestricto desde que se trata de un ser humano de 23 semanas de vida. Simplemente porque nuestro grupo social así lo ha querido.

En esta situación, debería cambiar la ley de forma que se establecería, primero, una fase de derecho irrestricto de la mujer a decidir si quiere tener ese hijo o no, hasta las 12-14 semanas de gestación. Otra de severa regulación por parte de los poderes públicos de la etapa de conflicto entre la salud de la madre y del nuevo ser que empieza a adquirir derechos, hasta la semana 22. Por último, tipificar de manera clara y distinta que a partir de la semana 23 hay un nuevo ser humano en plenitud de derechos y que atentar contra su vida es un delito de asesinato.

Cambiar una ley es un procedimiento largo y sometido al criterio de oportunidad por el poder legislativo, del momento oportuno y si es o no necesario cambiarla. Reformar un Real Decreto requiere una propuesta del ministro, el informe del Consejo de Estado y la aprobación del Consejo de Ministros. El artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1980 del Consejo de Estado permite al Gobierno darle trámite de urgencia y no hay problema alguno para que antes de las elecciones se lleve a cabo una reforma que exija biometría fetal e indicación para terminar el embarazo por especialistas totalmente ajenos a los centros donde se vaya a realizar la intervención, así como una obligación estricta de comunicación a la administración competente de días y horas en que se realizan tales intervenciones. La situación actual se podría haber producido igualmente con una ley como la holandesa, la más permisiva de la Unión Europea.

En cualquier caso, se trata de nuestra Ley y debemos cumplirla hasta que el legislador tenga a bien cambiarla. Jueces y fiscales han de cuidar especialmente que se aplique y nadie pueda privar a ningún ciudadano de ningún Derecho. Ante todo, el derecho a la vida desde el momento en que la Ley lo garantiza.

¿Abortos de más de 22 semanas?

Por Germán Sáenz de Santa María, ginecólogo y abogado (EL MUNDO, 21/12/07):

Es metafísicamente imposible que un cuerpo geométrico sea a la vez un triángulo y un cuadrado, e igualmente que un embarazo se pueda interrumpir, ya que no es susceptible de continuarse, si acaso se podrá terminar. De igual manera no existen abortos de más de 22 semanas. España, en el ejercicio de su soberanía, ha decidido que el aborto es la terminación del embarazo antes de la semana 22 de gestación. Por un lado, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a efectos de elaborar las estadísticas dispone: «Se considera aborto a la interrupción de la gestión antes de la viabilidad fetal, considerada ésta legalmente hasta las 22 semanas de gestación». Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística fija el mismo plazo legal y lo fundamenta: «La Estadística de Muertes Fetales Tardías supone una mayor uniformidad en su contenido y una mejor adecuación a la terminología médico-biológica, ya que, según queda dicho, el concepto de aborto significa exclusivamente la expulsión o extracción del claustro materno de un producto de la concepción no viable».

Y con razón, ya que sólo a partir de la semana 22 cumplida se dan partos con una cierta tasa de supervivencia fetal. La terminación de un parto, entre las semanas 23 a la 28, constituye un parto inmaduro. Los criterios varían según organismos internacionales y países. La tendencia es bajar a la semana 20, para así considerarlo.

Los datos aproximados de supervivencia de un feto sano nacido en España indican que a partir de la semana 23 vivirán cerca del 50%, el porcentaje ronda el 70% con 25 semanas y se acerca al 90% con 27 semanas. Todo esto, poniendo a su disposición los más avanzados medios de neonatología, tal y como la conciencia social y la Ley imponen.

El artículo 417 bis del antiguo Código Penal despenalizó el aborto en ciertos supuestos y el Real Decreto 2409/1986 que lo desarrolla no puede ir más allá de la Ley; en la actualidad, dan contenido al artículo 145.1 del Código Penal. En puridad, no fue una Ley reguladora de la interrupción voluntaria del embarazo, así lo denominó el citado Real Decreto. La Ley que reformó el Código Penal fue de despenalización del aborto en determinados supuestos. Por imperativo legal, en España el límite absoluto del aborto es de 22 semanas. Ni un día más.

Desde ese momento, toda terminación de un embarazo con el ánimo de quitarle la vida al feto, en términos estrictamente jurídicos, inextricablemente unido a la biología y el estándar de la atención sanitaria en España, sólo cabe entenderse como un presunto delito tipificado por los artículos 139 y 140 del Código Penal de asesinato para los autores principales y en el 141 para los cómplices.

¿Cómo puede entenderse que una asociación de clínicas privadas, autorizadas para realizar abortos, se halla arrogado el derecho a poner el límite de 26 semanas, según su portavoz, y que con la fundada sospecha de que algunas clínicas están quitando la vida a seres humanos de hasta 28-30 semanas de vida, los operadores jurídicos básicos de nuestro Estado de Derecho -Jueces y Fiscales- sigan tipificándolos como presuntos delitos de abortos ilegales y muestren tan timorato comportamiento ante tan gravísimos presuntos delitos?

Las causas pueden resumirse en tres. La primera es la posición de la jerarquía católica, que sitúa moralmente al mismo nivel el que un ovulo recién fecundado no se pueda implantar en el útero por llevar la mujer un DIU, con un asesinato. De ahí deriva, entre otras razones, el descrédito de las posiciones de la jerarquía eclesiástica.

Otra de las causas es la batalla absurda y reaccionaria en extremo de no pocos jueces y fiscales -en algún caso violando incluso la Ley-, en especial de Málaga, que ha desprestigiado a la Administración de Justicia como garante de estos Derechos ahora presuntamente vulnerados. Con su pertinaz y desmedida actuación han llevado a cierta desorientación y resistencia a someter a la tutela judicial estos asuntos, por parte de jueces y fiscales, ya que instintivamente generan un fuerte rechazo y desconfianza en el cuerpo social.

Por último, es comprensible la enorme reticencia a imputar a las mujeres tales delitos. Ni más ni menos que de presunto asesinato de su propio hijo, justo lo que dice el clero, ya desde la quinta semana de embarazo. De la más insensata represión y discriminación contra la mujer, a la reinstauración fáctica del Derecho Romano Antiguo que otorgaba al pater familiae el derecho a exponer, a vender como esclavo y hasta a matar a sus propios hijos. Eso sí, actualizado a los tiempos modernos, incluyendo ahora a la mater familiae. De una solución parcial e incompleta del enorme problema de la violencia en el ámbito doméstico, sin que falte el más puro oportunismo y manipulación política, ésta es una de sus más nefastas consecuencias.

De esas lluvias estos lodos y de esos vientos estas tempestades. Es duro, pero muy duro, asumir que en nuestra civilizada España, en plena vigencia del Estado de Derecho, se estén produciendo miles de presuntos delitos de asesinato en la más absoluta impunidad, durante años, en la total desorientación legal, ética y moral de nuestra sociedad. Cada palo que aguante su parte de culpa, pero acabar con esta situación es una tarea inaplazable de nuestro grupo social.

Cierto que un ser nacido con tan poca edad gestacional será débil y dependerá de los demás, al igual que lo hace una persona en cáncer terminal o en coma. En la España actual, compartimos la firme convicción de prestar asistencia a cada ser humano, no importa a qué coste y cómo vaya a quedar físicamente si conseguimos salvarle la vida. Un orgullo, un deber y un derecho: pleno, absoluto e irrestricto desde que se trata de un ser humano de 23 semanas de vida. Simplemente porque nuestro grupo social así lo ha querido.

En esta situación, debería cambiar la ley de forma que se establecería, primero, una fase de derecho irrestricto de la mujer a decidir si quiere tener ese hijo o no, hasta las 12-14 semanas de gestación. Otra de severa regulación por parte de los poderes públicos de la etapa de conflicto entre la salud de la madre y del nuevo ser que empieza a adquirir derechos, hasta la semana 22. Por último, tipificar de manera clara y distinta que a partir de la semana 23 hay un nuevo ser humano en plenitud de derechos y que atentar contra su vida es un delito de asesinato.

Cambiar una ley es un procedimiento largo y sometido al criterio de oportunidad por el poder legislativo, del momento oportuno y si es o no necesario cambiarla. Reformar un Real Decreto requiere una propuesta del ministro, el informe del Consejo de Estado y la aprobación del Consejo de Ministros. El artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1980 del Consejo de Estado permite al Gobierno darle trámite de urgencia y no hay problema alguno para que antes de las elecciones se lleve a cabo una reforma que exija biometría fetal e indicación para terminar el embarazo por especialistas totalmente ajenos a los centros donde se vaya a realizar la intervención, así como una obligación estricta de comunicación a la administración competente de días y horas en que se realizan tales intervenciones. La situación actual se podría haber producido igualmente con una ley como la holandesa, la más permisiva de la Unión Europea.

En cualquier caso, se trata de nuestra Ley y debemos cumplirla hasta que el legislador tenga a bien cambiarla. Jueces y fiscales han de cuidar especialmente que se aplique y nadie pueda privar a ningún ciudadano de ningún Derecho. Ante todo, el derecho a la vida desde el momento en que la Ley lo garantiza.

Frente a la ofensiva antiabortista

Por Cristina Almeida Castro, abogada (EL PAÍS, 15/12/07):

Ya nada me asombra después de ver, horrorizada, cómo ha degenerado la política en estos últimos años, en la que “todo vale” con tal de intentar hundir al contrario. Aunque en los últimos años me he apartado de los cargos públicos y de las instituciones -después de 40 años de militancia hoy no milito en ningún partido político, pero sigo conservando cada vez de forma más clara mis ideas de izquierda-, he decidido hacer pública mi voz contra lo que siempre ha sido una constante: que los grupos supuestamente “antiabortistas” se conviertan en los controladores del ejercicio de unos derechos reconocidos a las mujeres dentro de los supuestos legales; ya en su día critiqué la Ley que dejó el ejercicio de un derecho dentro del Código Penal, pero que, en cualquier caso, reconoció el derecho a interrumpir un embarazo en los supuestos establecidos en dicho Código, y siempre que se hicieran en clínicas legalmente habilitadas para ello por las respectivas Comunidades Autónomas, que a su vez son las responsables de su vigilancia.

Todo esto ha funcionado con normalidad y sin graves problemas con la Administración que, renunciando ella misma a su obligación de prestar estos servicios, los ha venido concertando con esas clínicas privadas, autorizadas por ella misma, con lo que evitaba tomar medidas contra los médicos que ya por pura fórmula se declaraban objetores. Cosa bien simple si se trataba de abortos: quizás no fuera tan fácil si se objetara por otras causas, como no hacer transfusiones de sangre por ser Testigo de Jehová, etcétera.

Todo ha funcionado así desde el año 1985, en el que el Tribunal Constitucional aprobó la Ley sometiéndola a determinadas reformas, con lo que todos quedaron contentos, al haber ganado Alianza Popular el recurso que interpuso entonces ante dicho Tribunal; las mujeres quedaron en manos de quien quisiera revisar los criterios médicos que aconsejaban un aborto. Así ha venido pasando con novios que denunciaban a sus novias, a las que ellos mismos habían llevado a abortar; maridos que alegaban el aborto como un hecho negativo de la esposa cuando trataban de divorciarse, etcétera. Casi todas estas denuncias han sido rechazadas por los Tribunales, aunque el daño que se le producía a muchas mujeres ya estaba conseguido.

Nunca había causado problemas la Ley, excepto a las mujeres, por el riesgo que corrían por la justificación dada para abortar. Ni siquiera en los ocho años de su Gobierno el Partido Popular hizo nada para reformarla e incluso respaldó a las clínicas autorizadas que, por cierto, les estaban resolviendo un problema que ellos no sabían resolver en la Sanidad Pública.

Pero lo más llamativo del caso eran las actuaciones de grupos supuestamente católicos, supuestamente antiabortistas y supuestamente por la vida, que para nada respetaban la Ley, mucho menos a las mujeres. A esos grupos les debía preocupar la vida del no nacido, porque la de los ya creciditos no les importaba lo más mínimo, y se dedicaban y dedican a pegar, insultar, amenazar y causar lesiones al personal que trabaja en esas clínicas que realizan abortos y a las mujeres que acuden a las mismas. Son numerosas las denuncias existentes contra ellos, y las condenas dictadas en su contra.

A través de una grabación con cámara oculta de unos periodistas daneses, realizada hace más de tres años, investigada por la Generalitat de Cataluña, que no encontró ninguna conducta delictiva en el actuar de las clínicas, ahora, de repente, y después de un año de esta revisión, de nuevo un grupo cristiano antiabortista presenta una querella criminal en la que cuenta una serie de horrores que dicen haber comprobado ellos mismos buscando dos años en las bolsas de basura, encontrando trituradoras, etcétera. Lo cuentan sin pruebas ni nada parecido y los ciudadanos, ayudados por muchos medios de comunicación, se quedan estupefactos ante tanto horror; más bien ante tan inventado horror. Pero esto no es nuevo. Se puede recordar incluso lo ocurrido en Pamplona, donde la denuncia de una asociación familiar tuvo pintada toda la ciudad con los nombres de los médicos que hicieron el “único aborto realizado en la Seguridad Social”; estos médicos después fueron absueltos, pero nadie obligó a la vigilante asociación familiar a que limpiara la ciudad de sus insultos, ni que indemnizara a esos profesionales por los graves daños producidos.

Así podría contar los numerosos sumarios iniciados contra muchas clínicas, que eran consecuencia de denuncias falsas de estos grupos, que se archivaban pero que ya habían dejado al albur de quien llevaba la investigación el reclamar las fichas de las mujeres que habían pasado por allí. Otra vez las mujeres indefensas.

En este último episodio, la sociedad parece callada. Ahora nos quedamos callados ante las mentiras, ante la vuelta a la acción de estos mismos grupos a los que se les permite hablar de terror; de restos humanos; de trituradoras, cuando la Administración sabe perfectamente el protocolo que deben seguir las clínicas, todas las clínicas, autorizadas por ella. Siento vergüenza porque lejos de ser la Administración la que responda ante un cúmulo de irregularidades, que ella debe evitar, siga el paso a los que para nada respetan ni los derechos reconocidos a las mujeres, ni el derecho de éstas a su intimidad.

Y también parece que ignoran la propia Ley aprobada y aceptada por todos cuando hablan de grandes plazos que, al parecer, no son compatibles con la Ley vigente, y con la que, repito, nunca estuve de acuerdo. Esa Ley estuvo más de dos años en el Tribunal Constitucional sin poder siquiera aplicarse, porque la entonces Alianza Popular (hoy Partido Popular) interpuso un recurso previo de inconstitucionalidad que la paralizó; entre las modificaciones que obligó a realizar el Tribunal se incluía como causa de realización de un aborto legal, y sin sometimiento a plazo alguno: “Cuando exista un grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer y así lo acredite un médico especialista”. Subrayo lo de psíquica, porque en la primitiva Ley propuesta por el malvado PSOE, se dejó de proteger la salud psíquica de las mujeres y fue el Constitucional el que ordenó incluir en la Ley dicha protección.

Nadie se pregunta si se han realizado abortos en avanzado estado de gestación cuando existe un grave peligro para la vida o la salud de la madre, y quizás sólo se asustan de las mentiras formuladas sin aportar pruebas. Cualquier autoridad responsable en la materia sabe que la mayoría de las interrupciones se hacen dentro de las primeras semanas de embarazo, y sólo excepcionalmente, y ante gravísimos casos de peligro para la mujer, se utilizan plazos más prolongados, como permite la Ley.

Durante cuatro años han intentado que nos creyéramos las patrañas urdidas desde la política, con la inestimable ayuda de los medios de comunicación implicados en estos montajes. Y ahora, por si también cuela y pueden rascar algún voto equivocado, se prestan a este otro montaje del horror, como si las mujeres nos dedicáramos a embarazarnos durante meses, y esperar al día antes del parto para abortar.

Qué extraño es que esto ocurra ahora. Que se hagan inspecciones y se exijan requisitos que ya tiene de antemano la Administración en su poder al acreditar a cualquiera de las clínicas. Y qué raro es que en esta ocasión sólo se vayan a algunas clínicas y, sobre todo, que en cierto modo se avalen los métodos ilegales usados por esos grupos, que además de propagar sus mentiras se dedican a amenazar de muerte a trabajadoras de esas clínicas, a causarles lesiones y a intimidar a las mujeres que intentan ejercer un derecho reconocido en la Ley. Como siempre, los grupos que intentan controlar una sociedad libre para convertirla a una ideología que no cuenta en absoluto con el respaldo democrático de la misma, sospechosamente reciben ayudas importantes de algunas administraciones. Yo, en nombre de las personas perseguidas por estos grupos, ¡no me callo!

Frente a la ofensiva antiabortista

Por Cristina Almeida Castro, abogada (EL PAÍS, 15/12/07):

Ya nada me asombra después de ver, horrorizada, cómo ha degenerado la política en estos últimos años, en la que “todo vale” con tal de intentar hundir al contrario. Aunque en los últimos años me he apartado de los cargos públicos y de las instituciones -después de 40 años de militancia hoy no milito en ningún partido político, pero sigo conservando cada vez de forma más clara mis ideas de izquierda-, he decidido hacer pública mi voz contra lo que siempre ha sido una constante: que los grupos supuestamente “antiabortistas” se conviertan en los controladores del ejercicio de unos derechos reconocidos a las mujeres dentro de los supuestos legales; ya en su día critiqué la Ley que dejó el ejercicio de un derecho dentro del Código Penal, pero que, en cualquier caso, reconoció el derecho a interrumpir un embarazo en los supuestos establecidos en dicho Código, y siempre que se hicieran en clínicas legalmente habilitadas para ello por las respectivas Comunidades Autónomas, que a su vez son las responsables de su vigilancia.

Todo esto ha funcionado con normalidad y sin graves problemas con la Administración que, renunciando ella misma a su obligación de prestar estos servicios, los ha venido concertando con esas clínicas privadas, autorizadas por ella misma, con lo que evitaba tomar medidas contra los médicos que ya por pura fórmula se declaraban objetores. Cosa bien simple si se trataba de abortos: quizás no fuera tan fácil si se objetara por otras causas, como no hacer transfusiones de sangre por ser Testigo de Jehová, etcétera.

Todo ha funcionado así desde el año 1985, en el que el Tribunal Constitucional aprobó la Ley sometiéndola a determinadas reformas, con lo que todos quedaron contentos, al haber ganado Alianza Popular el recurso que interpuso entonces ante dicho Tribunal; las mujeres quedaron en manos de quien quisiera revisar los criterios médicos que aconsejaban un aborto. Así ha venido pasando con novios que denunciaban a sus novias, a las que ellos mismos habían llevado a abortar; maridos que alegaban el aborto como un hecho negativo de la esposa cuando trataban de divorciarse, etcétera. Casi todas estas denuncias han sido rechazadas por los Tribunales, aunque el daño que se le producía a muchas mujeres ya estaba conseguido.

Nunca había causado problemas la Ley, excepto a las mujeres, por el riesgo que corrían por la justificación dada para abortar. Ni siquiera en los ocho años de su Gobierno el Partido Popular hizo nada para reformarla e incluso respaldó a las clínicas autorizadas que, por cierto, les estaban resolviendo un problema que ellos no sabían resolver en la Sanidad Pública.

Pero lo más llamativo del caso eran las actuaciones de grupos supuestamente católicos, supuestamente antiabortistas y supuestamente por la vida, que para nada respetaban la Ley, mucho menos a las mujeres. A esos grupos les debía preocupar la vida del no nacido, porque la de los ya creciditos no les importaba lo más mínimo, y se dedicaban y dedican a pegar, insultar, amenazar y causar lesiones al personal que trabaja en esas clínicas que realizan abortos y a las mujeres que acuden a las mismas. Son numerosas las denuncias existentes contra ellos, y las condenas dictadas en su contra.

A través de una grabación con cámara oculta de unos periodistas daneses, realizada hace más de tres años, investigada por la Generalitat de Cataluña, que no encontró ninguna conducta delictiva en el actuar de las clínicas, ahora, de repente, y después de un año de esta revisión, de nuevo un grupo cristiano antiabortista presenta una querella criminal en la que cuenta una serie de horrores que dicen haber comprobado ellos mismos buscando dos años en las bolsas de basura, encontrando trituradoras, etcétera. Lo cuentan sin pruebas ni nada parecido y los ciudadanos, ayudados por muchos medios de comunicación, se quedan estupefactos ante tanto horror; más bien ante tan inventado horror. Pero esto no es nuevo. Se puede recordar incluso lo ocurrido en Pamplona, donde la denuncia de una asociación familiar tuvo pintada toda la ciudad con los nombres de los médicos que hicieron el “único aborto realizado en la Seguridad Social”; estos médicos después fueron absueltos, pero nadie obligó a la vigilante asociación familiar a que limpiara la ciudad de sus insultos, ni que indemnizara a esos profesionales por los graves daños producidos.

Así podría contar los numerosos sumarios iniciados contra muchas clínicas, que eran consecuencia de denuncias falsas de estos grupos, que se archivaban pero que ya habían dejado al albur de quien llevaba la investigación el reclamar las fichas de las mujeres que habían pasado por allí. Otra vez las mujeres indefensas.

En este último episodio, la sociedad parece callada. Ahora nos quedamos callados ante las mentiras, ante la vuelta a la acción de estos mismos grupos a los que se les permite hablar de terror; de restos humanos; de trituradoras, cuando la Administración sabe perfectamente el protocolo que deben seguir las clínicas, todas las clínicas, autorizadas por ella. Siento vergüenza porque lejos de ser la Administración la que responda ante un cúmulo de irregularidades, que ella debe evitar, siga el paso a los que para nada respetan ni los derechos reconocidos a las mujeres, ni el derecho de éstas a su intimidad.

Y también parece que ignoran la propia Ley aprobada y aceptada por todos cuando hablan de grandes plazos que, al parecer, no son compatibles con la Ley vigente, y con la que, repito, nunca estuve de acuerdo. Esa Ley estuvo más de dos años en el Tribunal Constitucional sin poder siquiera aplicarse, porque la entonces Alianza Popular (hoy Partido Popular) interpuso un recurso previo de inconstitucionalidad que la paralizó; entre las modificaciones que obligó a realizar el Tribunal se incluía como causa de realización de un aborto legal, y sin sometimiento a plazo alguno: “Cuando exista un grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer y así lo acredite un médico especialista”. Subrayo lo de psíquica, porque en la primitiva Ley propuesta por el malvado PSOE, se dejó de proteger la salud psíquica de las mujeres y fue el Constitucional el que ordenó incluir en la Ley dicha protección.

Nadie se pregunta si se han realizado abortos en avanzado estado de gestación cuando existe un grave peligro para la vida o la salud de la madre, y quizás sólo se asustan de las mentiras formuladas sin aportar pruebas. Cualquier autoridad responsable en la materia sabe que la mayoría de las interrupciones se hacen dentro de las primeras semanas de embarazo, y sólo excepcionalmente, y ante gravísimos casos de peligro para la mujer, se utilizan plazos más prolongados, como permite la Ley.

Durante cuatro años han intentado que nos creyéramos las patrañas urdidas desde la política, con la inestimable ayuda de los medios de comunicación implicados en estos montajes. Y ahora, por si también cuela y pueden rascar algún voto equivocado, se prestan a este otro montaje del horror, como si las mujeres nos dedicáramos a embarazarnos durante meses, y esperar al día antes del parto para abortar.

Qué extraño es que esto ocurra ahora. Que se hagan inspecciones y se exijan requisitos que ya tiene de antemano la Administración en su poder al acreditar a cualquiera de las clínicas. Y qué raro es que en esta ocasión sólo se vayan a algunas clínicas y, sobre todo, que en cierto modo se avalen los métodos ilegales usados por esos grupos, que además de propagar sus mentiras se dedican a amenazar de muerte a trabajadoras de esas clínicas, a causarles lesiones y a intimidar a las mujeres que intentan ejercer un derecho reconocido en la Ley. Como siempre, los grupos que intentan controlar una sociedad libre para convertirla a una ideología que no cuenta en absoluto con el respaldo democrático de la misma, sospechosamente reciben ayudas importantes de algunas administraciones. Yo, en nombre de las personas perseguidas por estos grupos, ¡no me callo!