El nacionalismo petrolero, la industria del petróleo y la seguridad energética
Tema: En este ARI se evalúan las consecuencias del reciente resurgimiento del nacionalismo petrolero para las empresas petroleras internacionales y nacionales y para la seguridad energética.
Resumen: El propósito del presente documento es evaluar las consecuencias del reciente resurgimiento del nacionalismo petrolero para las empresas petroleras internacionales y nacionales y para la seguridad energética. Comenzaremos con un análisis del fenómeno del nacionalismo petrolero, su naturaleza y sus causas. Posteriormente pasaremos a describir la estructura de la industria del petróleo y el comportamiento, incluidos los puntos fuertes y débiles, de sus elementos constitutivos, las empresas petroleras nacionales e internacionales. Ello nos permitirá discutir, en este contexto, el impacto del nacionalismo petrolero en el sector. Más adelante abordaremos la cuestión, compleja y a menudo mal entendida, de la seguridad del suministro energético. ¿Es el nacionalismo petrolero otra nueva amenaza? Y, de ser así, ¿hay alguna forma de atenuarla o eliminarla?
Análisis
El nacionalismo petrolero
La primera aparición de este fenómeno suele relacionarse con la nacionalización de las petroleras extranjeras que operaban en México en 1938. Pero en realidad ya se habían producido nacionalizaciones antes, cuando la Unión Soviética sucedió a la Rusia zarista o en Bolivia en 1937, cuando el Gobierno militar expropió los intereses locales de Standard Oil (actual Exxon). La intervención de los Gobiernos en el sector del petróleo no es exclusiva de los países productores del tercer mundo. Sólo dos meses antes de la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill, por aquel entonces primer lord del Almirantazgo, consiguió finalmente persuadir al Parlamento y al Gobierno de Su Majestad de que adquirieran el 51% de las acciones de la Anglo-Persian Oil Company, algo que no fue una nacionalización en toda regla pero sí un modo de garantizar que pudiera ejercerse un control interno en caso de emergencia. Posteriormente, en la década de 1920, tres países europeos (Francia, España e Italia) crearon petroleras estatales (Compagnie Française des Pétroles, Campsa y AGIP, respectivamente).
Tras la nacionalización que tuvo lugar en México, a principios de la década de 1950 Mossadegh, entonces primer ministro de Irán, trató de nacionalizar los bienes de la Anglo-Iranian Oil Company (actual BP) en el país. Aquel episodio fue dramático pero de corta duración, y terminó gracias a la tremenda presión política que ejercieron el Reino Unido y EEUU.
En la década de los 60 se produjeron nacionalizaciones completas o parciales en Irak y Libia y, en la de los 70, en el resto de los países de la OPEP. La culminación de esta tendencia llega con la Revolución iraní de 1979. Sin embargo, en la década de los 90 parece apreciarse cierta inversión de esa tendencia con la apertura, por parte de una serie de países miembros de la OPEP (con Venezuela y Argelia entre los más destacados), de sus sectores upstream a petroleras extranjeras.
El nacionalismo petrolero que surge en la década de 2000 es un nuevo fenómeno, similar en algunos aspectos a episodios anteriores, pero distinto en otros. En esta ocasión el fenómeno gira fundamentalmente en torno a Venezuela, Bolivia y Rusia, aunque también tiene ramificaciones en otros lugares.
Los episodios anteriores
El caso soviético es sencillo, un claro ejemplo de ideología marxista: los medios de producción deben estar en manos del Estado. Aquel era un fenómeno ideológico y político. Sin embargo, es interesante señalar que la nacionalización se vio retrasada por la implantación de la Nueva Política Económica (NPE) de Lenin en 1921. Rusia se encontraba sumida en el caos y su economía estaba en un estado lamentable. Lenin justificó la NPE alegando que la economía necesitaba la tecnología “imperialista” para recuperarse. Los beneficios esperados eran de tal importancia que justificaban un aplazamiento de la aplicación de los principios fundamentales del marxismo. Stalin, que aún no había llegado al poder, se mostraba receloso al respecto: creía que, sin duda, los extranjeros eran espías. Finalmente terminó imponiéndose su visión.
El caso de México se diferencia en algunos aspectos. Todo empezó bastante antes de la nacionalización de 1938, con la aprobación de la Constitución mexicana de 1917. Una de las cláusulas de su Artículo 27 disponía que el subsuelo era propiedad del Estado mexicano, lo cual quiere decir que quienes poseían la propiedad de la superficie de un terreno no tenían derechos de propiedad sobre los recursos subterráneos, sino que eran meros concesionarios. A las petroleras extranjeras que operaban en México no les hizo ninguna gracia. Aquí podemos apreciar un importante indicio de un principio que tiene su origen en el Derecho napoleónico y que actualmente es ampliamente aceptado (aunque no en el caso de la propiedad privada en EEUU), si bien es cierto que, en muchos países, las empresas con contratos a largo plazo pueden “reservar” el petróleo al que tienen acceso. Algunos consideran que esto contraviene el principio de la “soberanía del Estado sobre los recursos”; otros se lo toman con más tranquilidad, dado que las empresas no pueden enajenar su derecho sobre esas reservas y, ciertamente, no pueden llevárselas consigo cuando abandonan el país. El derecho de enajenación es el elemento clave de la plena propiedad.
Aun así, desde 1917 hasta principios de la década de 1930 la situación entre las petroleras extranjeras y el Gobierno de México era de precaria paz, con períodos de calma alternados con períodos de tensión. Al igual que Rusia en la época de Lenin, México se dio cuenta en esa época de que necesitaba aportaciones de inversores extranjeros tanto en el sector del petróleo como en otros sectores de su renqueante economía. Las cosas cambiaron con el acceso de Cárdenas a la Presidencia en 1934. Según Yergin (The Prize, p. 273), Cárdenas era “un ferviente nacionalista y un radical político” y, lo que es más importante, opinaba que la “presencia de la industria petrolera extranjera en México resultaba dolorosa e irritante”. Los resultados de las empresas se convirtieron en motivo de decepción al descender su producción de petróleo en un sorprendente 80% entre principios de la década de 1920 y principios de la de 1930, y surgió un gran resentimiento por lo que se consideraban actitudes arrogantes y colonialistas.
En marzo de 1938, Cárdenas firmó la orden de expropiación que le otorgó el poder sobre la industria del petróleo en México. Las presiones del Reino Unido y EEUU no lograron conseguir que se revocara la ley. El inicio de la Segunda Guerra Mundial, sólo 18 meses más tarde, modificó los parámetros estratégicos, y por lo tanto la nacionalización mexicana sobrevivió.
Mossadegh no tuvo tanta suerte. Las relaciones entre la Anglo-Iranian y los iraníes nunca fueron muy felices. Mucho antes que Mossadegh, el Sha Reza Pahlevi ya había amenazado con nacionalizar la Anglo-Iranian en la década de los 30. Los iraníes desconfiaban de los británicos, a quienes consideraban una potencia colonial opresora cuyas malintencionadas políticas afectaban a Irán y, por extensión, a todo Oriente Medio. El hecho de que la Anglo-Iranian registrara unos beneficios por sus operaciones en Irán muy superiores a los ingresos que recibía el país del petróleo generaba gran resentimiento. La personalidad del presidente de la Anglo-Iranian, Sir William Fraser, tampoco ayudaba demasiado. Era un sujeto rígido y poco diplomático al estilo del viejo colonialismo del siglo XIX.
En marzo de 1951, un primer ministro iraní, el general Razmara, nombrado en 1950, decidió, tras muchas deliberaciones y vacilaciones, manifestarse en contra de la nacionalización solicitada por una amplia facción del Parlamento y por importantes fuerzas populares de Irán. Cuatro días después del discurso que pronunció en el Parlamento anunciando su decisión, fue asesinado. En torno a esa época tuvieron lugar una serie de asesinatos políticos de “títeres británicos”. Mossadegh fue elegido primer ministro por el Parlamento, con el mandato de aplicar una ley de nacionalización del petróleo aprobada durante el interregno por un Parlamento sumamente nacionalista. Tanto la Anglo-Iranian como el Gobierno británico opusieron gran resistencia. Irán no podía vender su petróleo, considerado un “bien robado” y sujeto a una amenaza de litigio. No escaseaban los suministros en el mercado internacional del petróleo. El Gobierno estadounidense, que había tratado de mediar, empezó a perder la paciencia con Mossadegh. Le preocupaba su radicalismo en aquella época de “Caliente” Guerra Fría. Se tomó la decisión de provocar un cambio de régimen y, tras una serie de dramáticos acontecimientos, Mossadegh fue derrocado y detenido en agosto de 1953.
En diciembre de 1961, Irak revocó el 99,5% de la concesión otorgada a IPC (una empresa propiedad conjunta de todas las Grandes). Aquella fue la primera medida unilateral adoptada por un país productor de petróleo desde los acontecimientos que habían tenido lugar en Irán en 1951. Sin embargo, a IPC se le permitió conservar prácticamente todas sus áreas de producción, aunque las nuevas exploraciones y explotaciones se vieron afectadas. La nacionalización no se completó hasta 1972. Libia expropió los activos de BP tras la revolución de 1969.
A la “revolución del precio del petróleo” de 1973 le siguió una ola de nacionalizaciones, tanto completas (Kuwait, Venezuela, Argelia y Qatar) como parciales (Nigeria, Abu Dhabi y Libia). El proceso de nacionalización en Arabia Saudí fue lento y no se completó hasta la década de los 80. La revolución iraní de 1979 llevó a la nacionalización del sector del petróleo en ese país.
La ola de nacionalizaciones que tuvo lugar en la década de 1970, al igual que algunos acontecimientos previos ya mencionados, se vio impulsada por un deseo de adquirir independencia económica a nivel nacional. La descolonización que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial había favorecido la independencia política, pero el dominio extranjero del sector petrolero en los países productores de petróleo del tercer mundo implicaba que la independencia no era completa. Después de todo, el petróleo era el único recurso económico importante de esos países.
La historia de esos variados episodios revela que las relaciones entre los Gobiernos anfitriones y las petroleas extranjeras han sido a menudo tensas y poco cordiales y que en distintos momentos a partir de principios del siglo XIX han surgido problemas relativos a expropiaciones y variaciones unilaterales de las condiciones de los contratos. En este documento no hemos enumerado todos los acontecimientos acaecidos en relación con este tema, sino sólo los más significativos.
La historia también puso de relieve, de alguna forma, las múltiples causas del denominado “nacionalismo petrolero”, una etiqueta comodín que oculta (debido a su generalidad) más de lo que revela. Merecen atención tres factores importantes:
(1) La desconfianza, ampliamente generalizada en el pasado y aún en nuestros días, suscitada en los países en desarrollo por las potencias extranjeras, consideradas exponentes del antiguo colonialismo o de un nuevo imperialismo, y por quienes, de una forma u otra, actúan como sus agentes. Ése fue claramente el caso de México, Irán, la Unión Soviética, Libia, Irak, etc.
(2) La importancia del petróleo como principal, y en ocasiones único, recurso importante de que disponen los países exportadores de petróleo del tercer mundo. Los Gobiernos de esos países no pueden permitirse renunciar al control sobre ese recurso, que genera la mayor parte de sus ingresos presupuestarios y de exportación.
(3) El descontento que a veces provocan los resultados de las petroleras extranjeras o los contratos cuando se vuelven demasiado desfavorables para el país de acogida por cambios en las circunstancias.
Cualquiera de estos factores, o la combinación de algunos de ellos, hará que los Gobiernos traten de modificar las condiciones de los contratos o de expropiar (casi siempre con algún tipo de compensación económica) parte, o la totalidad, de los activos de una empresa.
Es importante señalar que las relaciones entre los inversores extranjeros del sector del petróleo y los países anfitriones nunca son fáciles. Es más, la sensación de que las entidades extranjeras explotan al país de acogida, y de que éste debería tener control sobre sus propios recursos, siempre está presente. [1] Sin embargo, esto no quiere decir que a las petroleras extranjeras no se les vaya a permitir la entrada a esos países, ni que la relación entre ambos vaya a terminar mal siempre, con litigios y expropiaciones. Los países que necesitan aportaciones de carácter financiero, directivo o tecnológico de las petroleras para llevar a cabo exploraciones y explotaciones petrolíferas y producir y comercializar ese recurso recurrirán a esas empresas y cooperarán con ellas hasta que llegue el día en que (de forma acertada o errónea) consideren que una empresa nacional puede continuar con el trabajo.
El resurgimiento del nacionalismo petrolero
Como ya se ha mencionado anteriormente, la tendencia del nacionalismo petrolero, que alcanzó su punto álgido a finales de la década de los 70, pareció invertirse en algunos países en las décadas de los 80 y 90. Venezuela adoptó una política de apertura y Argelia y Qatar invitaron a petroleras internacionales a entrar en sus sectores upstream de petróleo y gas. Irán negoció una serie de duros contratos con varias petroleras importantes e incluso Irak, por aquel entonces sometido a sanciones internacionales, negoció con una serie de empresas borradores de memorandos de entendimiento que les permitirían invertir en el país cuando se levantaran esas sanciones. Kuwait puso en marcha el Proyecto Kuwait, cuyo objetivo era implicar a las petroleras internacionales en la explotación de los yacimientos de petróleo situados en el norte del país, cerca de la frontera con Irak. La oposición del Parlamento kuwaití ha retrasado hasta nuestros días la conclusión de esa iniciativa. El colapso de la Unión Soviética acabó con la barrera ideológica que evitaba que el capital privado (tanto local como extranjero) tomara la posesión de los medios de producción e invirtiera en ellos.
Los motivos de la inversión de esta tendencia son variados. El motivo principal fue la percepción de que las petroleras estatales de los países en cuestión (Sonatrach en Argelia, QGPC –actual QP– en Qatar y KPC en Kuwait) eran incapaces (por falta de tecnología o experiencia de dirección) de ejecutar proyectos importantes en el sector upstream de la industria del petróleo. Esos países se dieron cuenta, con pragmatismo, de que necesitaban la contribución de empresas extranjeras. El caso de la política venezolana de apertura es mucho más complejo. Éste se vio motivado por varios factores: por un lado, la necesidad de explotar recursos de petróleo pesado en el cinturón del Orinoco (PDVSA podía fácilmente llevar a cabo la extracción pero habría tenido problemas para transformar el crudo pesado en productos ligeros) y, por otro, el deseo de la dirección de PDVSA de aumentar su exposición internacional –y por ende, mejorar el prestigio de la empresa– y crear una situación que pudiera evitar que el Gobierno le impusiera las cuotas de la OPEC. Para Rusia, el cambio de política es sencillamente consecuencia de la caída de un régimen. Y en cuanto a Irak e Irán, la apertura se debió a la difícil situación interna que vivían, como consecuencia de la imposición de sanciones internacionales (Irak) y la pérdida de personal cualificado tras una revolución (Irán).
Las cosas volvieron a cambiar a principios de este siglo. Habían llegado al poder nuevos Gobiernos (Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia y Putin en Rusia) y todos ellos, por diferentes motivos, empezaron a manifestar cada vez mayor descontento con las políticas petroleras adoptadas por los regímenes políticos anteriores. Ése fue el elemento común de las actuaciones de Chávez, Morales y Putin.
Al Gobierno de Chávez le impactaron las regalías sumamente bajas que pagaban las empresas extranjeras que operaban en el cinturón del Orinoco. Los ingresos que obtenía el Gobierno de cada barril también se consideraban bajos, y no sólo por las regalías; la totalidad del régimen fiscal aplicado a los crudos pesados resultaba desfavorable para el país. Había también otras cuestiones: el desarrollo de la orimulsión, que en el pasado podía haber tenido sentido (aunque resulta dudoso), pasó a percibirse cada vez más como un “sinsentido” económico y se modificaron, o no se renovaron, una serie de contratos; también se descubrieron pruebas de que Venezuela estaba vendiendo crudo a sus refinerías en EEUU (y, forzosamente, al mercado exterior) con descuentos, lo cual hizo que se tomara la decisión de retirar la inversión en refinería en EEUU, una decisión que no se aplicó con vigor debido al extraordinario aumento de los márgenes de refinado.
Por lo que respecta a los inversores extranjeros del sector del petróleo, lo que importó realmente en Venezuela fueron la modificación del régimen fiscal, que aumentó sus obligaciones fiscales, y la decisión de incrementar la participación de PDVSA en joint ventures con las petroleras, algo que podría interpretarse como una nacionalización parcial. Como siempre, la compensación económica ofrecida por el Gobierno fue considerada insuficiente por los propietarios anteriores. Es posible que, en consecuencia, ExxonMobil lleve adelante el litigio con el que ha amenazado.
En Bolivia, Evo Morales fue elegido presidente en diciembre de 2005, con un programa político en que la cuestión de la “soberanía del Estado sobre los recursos de gas y petróleo” ocupaba un lugar prominente. Morales prometió que la “nacionalización” incrementaría los ingresos públicos y que ese incremento se destinaría a reducir la pobreza. He escrito nacionalización entre comillas porque ese término tan utilizado por el Gobierno boliviano y los medios de comunicación no se empleó con el sentido que tiene realmente. Lo que se buscaba, y lo que se consiguió, fue una renegociación de los contratos de exportación con Brasil y Argentina, algo que era inevitable: el precio del gas en los contratos anteriores al Gobierno de Morales era increíblemente bajo, por lo que era inevitable que se modificara antes o después, pero igual de importante resulta el hecho de que Bolivia necesita vender su gas y que Brasil necesita parte de esos suministros.
En Rusia, Putin se dio cuenta de dos hechos importantes poco después de llegar al poder. El primero es que Rusia presenta una dependencia económica crucial de los ingresos del gas y del petróleo para su balanza de pagos y su presupuesto estatal. Rusia es una economía de hidrocarburos pero, de momento, no una economía industrial avanzada. En todas las economías de hidrocarburos, el Gobierno trata de conseguir todo el control que puede sobre el sector del gas y el petróleo. Ese control puede ser absoluto (como en el caso de México o algunos países del Golfo) o permitir relaciones con inversores extranjeros (la mayoría de los países OPEP y no OPEP). En ambos casos, de lo que se trata es de conseguir un control gubernamental.
Ése es el motivo de que Putin no pudiera tolerar los intentos de Jodorowsky de impulsar una política contraria al concepto de control gubernamental, una política que preveía una liberalización y una expansión de los intereses del sector privado, acogía con agrado las enormes inversiones de una gran petrolera como ExxonMobil y rechazaba la intervención o regulación del Gobierno. Jodorowsky también tenía ambiciones políticas en oposición a Putin, algo que podría haber precipitado su caída en desgracia.
Putin también desea aumentar el tamaño del sector público de gas y petróleo de Rusia (aunque, ciertamente, no ha cerrado la puerta a la inversión privada, tanto rusa como extranjera) y ha apoyado los planes de expansión de Gasprom, un gigante bajo control mayoritariamente estatal (disponer de una gran corporación estatal o quasi estatal de gas/petróleo es una característica típica de las economías de hidrocarburos). Gasprom no es el monstruo que sugirió un eurodiputado polaco en una cena celebrada con ocasión de una conferencia en Bruselas hace unos meses (dijo que las medidas expansionistas de Gasprom en Europa eran como el avance del ejército nazi en la década de 1940). Deberíamos adoptar un enfoque más imparcial con respecto a Gasprom y sus objetivos y preguntarnos, sinceramente, por qué su deseo de expandirse internacionalmente en esta época de globalización actual debería considerarse amenazante o irracional.
El segundo hecho que llamó la atención de Putin fueron las deficiencias observadas en los contratos de participación en la producción firmados en tiempos de Yeltsin. Los enfrentamientos con Shell y sus socios de Sakhalin 2 se debieron en parte a un contrato de participación en la producción insatisfactorio que había dejado de reflejar las condiciones existentes en ese momento. En la cláusula de recuperación del coste de ese contrato no se estipulaba ningún máximo (normalmente entre el 70% y el 80% cada año), lo cual implicaba que el Gobierno no iba a recibir ningún ingreso (salvo las regalías) desde el inicio de la producción hasta que la empresa recuperara todos sus costes. Ese contrato pasó a ser incluso más desfavorable para el Gobierno cuando Shell declaró que los costes se habían duplicado, lo que significaba que el Gobierno no iba a recibir ningún ingreso (salvo las regalías) durante un período de tiempo muy superior al inicialmente previsto. Dadas esas circunstancias, tenía que modificarse el contrato.
Por lo que sé, no fue así, pero en cambio Putin usó su influencia para perseguir su otro objetivo: aumentar el tamaño de Gasprom.
¿Ha vuelto el nacionalismo petrolero a la escena mundial?
¿Ha vuelto el nacionalismo petrolero a la escena mundial? Y, de ser así, ¿cuáles son los motivos de su resurgimiento y cuál es la naturaleza de este fenómeno?
Tres series de acontecimientos han llevado a muchos observadores del escenario petrolero mundial a sostener que, en la actualidad, ha vuelto a reaparecer ese fenómeno. Y, por lo general, culpan de ello a los elevados precios del petróleo. Pero no se trata sólo de eso. Los acontecimientos que tuvieron lugar en Venezuela, Bolivia y Rusia (y que siguen desarrollándose) presentan un rasgo común: la insatisfacción por las condiciones de los contratos firmados por Gobiernos anteriores con las petroleras extranjeras. Ciertamente, esa insatisfacción también ha surgido en otros lugares (como en Argelia con Repsol/Gas Natural y en Kazajistán con ENI y tres de sus socios, todos ellos superpetroleras), algo que ha llevado a los Gobiernos a exigir una modificación de los contratos o, en algunos casos, su rescisión, a riesgo de provocar litigios.
El aumento de los precios del petróleo a partir de 2003 tuvo un doble efecto: por un lado cristalizó la percepción de que el porcentaje de los ingresos derivados del petróleo que iban a parar a manos del Gobierno en virtud de los contratos existentes era demasiado bajo y, por otro, dio a los Gobiernos la confianza necesaria para crear confrontación, al no necesitar las aportaciones financieras de los inversores extranjeros tanto como antes. Bajo todo esto subyacían dos constantes de comportamiento que, como ya hemos visto, representaron un papel principal en la historia del nacionalismo petrolero que se ha detallado anteriormente: (1) el recelo con que se percibe a los extranjeros, a quienes se relaciona con un antiguo o un nuevo “imperialismo”; y (2) la necesidad de los países altamente dependientes del gas y del petróleo de ejercer, en cuanto pueden, control sobre el sector de los hidrocarburos.
También resulta interesante señalar que las peticiones de un Gobierno de modificar un contrato rara vez, por no decir nunca, proceden del mismo Gobierno que lo firmó. Parece ser necesario un cambio de régimen para ello, por el simple motivo de que el Gobierno que firmó el contrato no querrá admitir (expresa o implícitamente) que se equivocó, y en algunos casos no querrá que salga a la luz la verdad sobre posibles irregularidades.
¿Desempeña el radicalismo político algún papel? Sí, en el caso de Venezuela y Bolivia, pero creo que no en el caso de Rusia.
El nacionalismo petrolero no se limita a los países que se mencionan en este documento y que recientemente han adoptado medidas contra los inversores extranjeros. Es un fenómeno antiguo y muy extendido tanto en los países productores como en los consumidores. A veces se encuentra latente, listo para reaparecer en una situación de emergencia o cuando el equilibrio de poder pasa a inclinarse del lado de los productores. A veces se ve frustrado en algunos países productores cuando éstos carecen de la experiencia o los recursos necesarios para gestionar el sector del gas/petróleo por ellos mismos.
En los países productores, todo radica en la cuestión de que un valioso recurso no renovable, que además es el único activo económico importante del país, deba ser dejado (cuando sea posible) en manos extranjeras.
En los países consumidores, el petróleo se considera un producto estratégico y como tal justifica una serie de medidas, políticas e injerencias en el mercado cuando el interés nacional se ve sometido a una amenaza, ya sea real o imaginaria.
El impacto en la industria del petróleo
Es importante distinguir entre petroleras estatales y petroleras (privadas) internacionales, ya sean grandes petroleras o petroleras independientes. Las petroleras privadas tienen acceso a un pequeño porcentaje de las reservas de hidrocarburos del mundo. Y, sin embargo, su producción en relación con las reservas es muy superior a la de las petroleras estatales. Llevan a cabo una explotación intensiva, lo que significa que sus yacimientos empezarán a experimentar un descenso natural relativamente pronto. El pequeño tamaño y el rápido descenso de sus reservas explican la urgencia de su búsqueda de acceso a nuevos recursos. Sin embargo, esos intentos se ven limitados por una serie de factores. Uno de ellos es el nacionalismo petrolero. Otro es la búsqueda de mayores tasas de rendimiento del capital invertido, que limita las oportunidades de inversión.
Las distintas petroleras estatales presentan diferentes recursos y capacidades. Una o dos de ellas son capaces de emprender y gestionar grandes proyectos. Otras presentan limitaciones financieras o bien falta de trabajadores cualificados y/o deficiencias de gestión. La actitud acerca de la participación de una petrolera extranjera en el sector upstream variará en función de la magnitud de esas deficiencias.
El argumento que suele esgrimirse es que la nacionalización petrolera, cuando implica expropiaciones, aumenta los activos de las petroleras nacionales y reduce los de las internacionales, manteniendo igual el resto. Pero la realidad es mucho más compleja que eso.
Puede que una petrolera nacional que haya adquirido nuevos activos no sea capaz de gestionarlos con la misma eficacia que una petrolera internacional. Cuando esto sucede, se resienten tanto la producción como las inversiones (necesarias para contrarrestar el descenso natural de los yacimientos de petróleo o para crear capacidad adicional neta). Así, la producción en Venezuela podría resentirse debido al drástico debilitamiento de PDVSA por el despido de aproximadamente la mitad de sus empleados, que no fue resultado del nacionalismo petrolero, sino de una situación excepcional en que la empresa estatal se vio implicada, de distintas formas, en un intento de derrocar al Gobierno del presidente Chávez. Lo cierto, sencillamente, es que PDVSA se vio debilitada. La decisión del Gobierno venezolano de aumentar su participación en joint ventures que operan en el cinturón del Orinoco (y que podría provocar la marcha de ExxonMobil y Conoco) plantea la duda de si PDVSA sería capaz de reemplazar a esas empresas en la realización del trabajo. La respuesta es afirmativa por lo que respecta a la extracción del crudo pesado y negativa, aunque con reservas, por lo que respecta al tratamiento de ese crudo para la producción de productos ligeros derivados del petróleo. Es probable que las petroleras internacionales ralenticen sus inversiones dada la incertidumbre existente en torno al rumbo que tomarán en el futuro las políticas venezolanas en materia de petróleo.
En Bolivia, esa misma incertidumbre podría también inhibir a los inversores extranjeros. En ambos casos, sin embargo, esa inhibición sólo podrá ser relativa para aquéllos que hayan firmado contratos, ya que éstos suelen incluir estipulaciones sobre el nivel de actividad que el inversor está obligado a realizar.
Mi opinión personal es que, más allá de la pérdida de dinamismo observada en Yukos, en Rusia ni la producción ni las inversiones se verán gravemente afectadas por las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno. Gasprom es capaz de gestionar los activos que adquirió y las empresas extranjeras, cuando se les ofrece la oportunidad, están más que dispuestas a operar en Rusia, como pone de manifiesto el reciente acuerdo firmado por TOTAL para explotar el yacimiento de gas de Shtokman. Resulta interesante señalar que el gran interés de TOTAL en estar presente en Rusia le indujo a aceptar un contrato de servicios, algo que tradicionalmente las petroleras internacionales han considerado anatema.
La nacionalización petrolera, más allá de cómo se defina, no se limita a esos tres países. Como ya hemos mencionado, es un fenómeno antiguo y bastante universal. Limita de distintas formas la participación de las empresas privadas en el sector upstream del petróleode diversos países:
(a) En México (gas y petróleo) y en Arabia Saudí (petróleo) no se permite a los inversores privados acceder al sector upstream. Actualmente, tampoco se permite en Kuwait; en el caso de este país, el Gobierno está dispuesto a permitir ese acceso para la explotación de los yacimientos del noreste del país, aunque hasta la fecha la oposición de la Asamblea Nacional kuwaití no le ha permitido alcanzar su objetivo.
(b) En principio, la mayoría de los demás países exportadores de petróleo permiten el acceso a su sector upstream, aunque siempre con restricciones. En algunos casos, como el de Irán, esas restricciones son tan duras que no resultan atractivas para las grandes empresas.
Otro problema es el descontento de los Gobiernos con los contratos de participación en la producción y otro tipo de contratos firmados en la década de 1990, que genera conflictos entre los Gobiernos y las empresas. Este problema no se limita a Venezuela, Bolivia y Rusia. También se ha planteado en Ecuador, Argelia (con Anadarko y Repsol/Gas Natural) y, actualmente, en Kazajistán (con ENI y sus socios). A las petroleras no les gusta que se modifiquen los contratos que les son favorables. En algunos casos, su actitud (como recurrir al extraño concepto de la inviolabilidad de los contratos o amenazar con un litigio cuando podrían conseguirse buenos resultados renegociando) no ayuda. Si el conflicto desemboca en la rescisión de un contrato, el acceso de la petrolera extranjera queda limitado. Aquí cabe señalar que este problema no debe atribuirse al nacionalismo petrolero. Todas las relaciones bilaterales en que entran en juego contratos a largo plazo pueden conllevar disputas, modificaciones o renegociaciones cuando las circunstancias cambian radicalmente. Se trata básicamente de una cuestión económica o comercial. El problema es que una disputa puede llevar a un Gobierno a reaccionar de forma desproporcionada o a adoptar medidas políticas radicales, a veces como consecuencia de las presiones de los medios de comunicación o la opinión pública, ya que esa disputa dejará entrever, a los ojos de la opinión pública, que la empresa extranjera estaba, de alguna forma, “explotando” al país.
Como resultado de todo esto (y de otros factores como el caos vivido en Irak, el malestar social de Nigeria y las sanciones impuestas por la ONU y EEUU a una serie de países exportadores de petróleo), el porcentaje del anhelado sector upstream en que pueden operar las petroleras internacionales se ha restringido. Las oportunidades de inversión parecen más limitadas de lo que serían en un mundo abierto.
Las petroleras han respondido a este desafío, en primer lugar aumentando sus inversiones en gas natural y desarrollando el sector del gas natural licuado (GNL), posteriormente adentrándose en el terreno de la frontera tecnológica, especialmente en el ámbito del petróleo submarino extraprofundo, y, por último, interesándose en nuevos campos como el petróleo no convencional, los renovables, los biocarburantes, el gas a líquido y el carbón a líquido. En el aspecto financiero, han aumentado el volumen de fondos que esas petroleras “retornan” a sus accionistas. En resumen, se han adaptado migrando del petróleo fácil a proyectos más caros y pasando de invertir a adquirir sus propios valores.
Las petroleras internacionales ya habían conseguido adaptarse bastante bien anteriormente, tras el fin del sistema de concesiones en muchos países de la OPEP en la década de los 70. El shock fue muy considerable y causó una baja: Gulf, una de las Siete Hermanas originales, desapareció. Las demás sobrevivieron llevando a cabo una magnífica labor de explotación de fuentes de recursos no OPEP en el Mar del Norte, Alaska y otros varios lugares.
La seguridad de los suministros
El problema aquí radica en posibles interrupciones o reducciones del suministro que provoquen subidas de precios o una escasez física que el mecanismo de precios no consiga eliminar por un motivo u otro. Las interrupciones del suministro pueden deberse a una gran cantidad de factores, acontecimientos o políticas, entre los que figuran huracanes, terremotos, accidentes técnicos graves, guerras, disturbios, nacionalizaciones, etc. Sólo este último factor guarda relación con el nacionalismo petrolero.
Podría argumentarse que, en ausencia de nacionalismo petrolero, la capacidad de producción petrolífera sería superior a la actual, lo cual podría haber conducido a precios más bajos y a una mayor demanda de petróleo. ¿Quiere esto decir que el excedente de capacidad, un estabilizador del mercado esencial, habría sido superior al existente hoy en día? Quizá no. Y digo quizá porque, en ese escenario, las petroleras internacionales habrían dispuesto de una mayor proporción de la industria y, por lo general, este tipo de empresas no suele, de forma voluntaria, disponer de un excedente de capacidad.
La seguridad de los suministros de petróleo exige un colchón de capacidad tanto en el sector upstream como en el downstream. Precisamente fue la existencia de ese colchón de crudo lo que permitió salvar la situación en Arabia Saudí (y, en un momento dado, en Kuwait y Abu Dhabi) en la década de 1990, cuando Irak invadió Kuwait, o cuando EEUU y sus aliados intervinieron militarmente en Irak en 2003.
Conclusión: La seguridad de los suministros no sólo se ve amenazada por el nacionalismo petrolero, sino también por otra serie de factores, que a menudo tienen un efecto más considerable. Por lo que respecta a las catástrofes naturales, poco se puede hacer aparte de proteger las plantas e instalaciones en regiones con tendencia a sufrir huracanes y terremotos. Los accidentes técnicos pueden prevenirse con un buen mantenimiento y un diseño sólido. Todo esto puede costar mucho dinero. Las guerras, las revoluciones y los disturbios tienen motivaciones políticas y sociales. ¿Han contribuido de alguna forma las petroleras internacionales a este fenómeno sin darse cuenta? Puede que lo hicieran en los viejos tiempos del colonialismo. Las sanciones impuestas unilateral o multilateralmente sobre el petróleo (como las impuestas a Libia, Irán, Irak y Sudán) han limitado los suministros al dificultar la inversión. En este punto existe una contradicción entre las preocupaciones de los países de la OCDE en materia de seguridad del suministro y la propensión a imponer sanciones. Dicho esto, es a ellos a quienes corresponde encontrar una solución. A largo plazo, un pico en laproducción de petróleo podría causar problemas, a menos que la demanda también alcance un pico antes que el suministro. Pero trataremos de abordar esa cuestión cuando se presente.
[1] En junio de 1963, la difunta profesora Edith Penrose escribió lo siguiente en la reseña de un libro publicada en The Economic Journal (p. 322): “En primer lugar,… las empresas sólo tienen una perspectiva verdaderamente internacional hasta cierto punto; son occidentales, y sus intereses están estrechamente vinculados a los de las potencias occidentales. En segundo lugar, los habitantes de los países productores de crudo no creen que esas empresas actúen independientemente de sus Gobiernos y, de hecho, no eximirán de responsabilidad a las potencias ‘imperialistas’ en las acciones de sus empresas”.
The high representative for Bosnia still runs it like a feudal fiefdom
Simon Tisdall suggests that Serbia and Russia are creating a crisis in Bosnia in order to strengthen their hand in the delicate negotiations over Kosovo’s future status (World Briefing: Bosnian nightmare returns to haunt EU, November 13). According to Tisdall, “Belgrade has opened a dangerous new front” and “egged on” Bosnian Serb troublemakers. More ominously, he implies that Russia is calling the shots.In fact, the political crisis in Bosnia could be seen as the product of foreign machinations, but not the actions of the Serbs and Russians. Widespread protests, the resignation of prime minister Nikola Spiric earlier this month and the threat of further ministerial resignations have been a response to arbitrary and high-handed interventions in the political process by the EU and international high representative, Miroslav Lajcak.
Last month I gave a presentation to the Bosnian parliament, with the UK ambassador Matthew Rycroft, on the path to the EU; the clear response from parliamentarians was a frustration with the lack of respect and autonomy accorded to elected representatives by the international community. Twelve years after the Bosnian conflict was apparently resolved with the Dayton agreement, the international high representative still runs Bosnia as if it was a feudal fiefdom. He has the power to impose legislation and dismiss elected politicians without any right of appeal.
Tisdall states merely that Lajcak “publicly fell out with Bosnian Serb leaders over proposed reforms”. He tells us that Serbian and Russian political leaders are claiming that the international community is in danger of destabilising Bosnia, and that the high representative is “in danger of exceeding his powers” – the clear assumption is that these claims are not true.
But the constitutional crisis was instigated by Lajcak’s attempt to impose major changes on Bosnian state institutions, radically altering the framework of the Dayton peace agreement, without consulting either politicians or the public. These new measures would mean that decisions made by governing institutions no longer require support from all three of Bosnia’s segmented ethnic communities (Bosnian Muslims, Croats and Serbs). Effectively, state institutions would no longer have to take into account the opinions of Serb representatives of the Republika Srpska entity.
The high representative presented this controversial change as merely a bureaucratic technicality, an administrative measure designed to facilitate “good governance” in the tiny state, denouncing Bosnian Serb concerns as “overemotional, irresponsible and insufficiently rational”.
Lajcak has come under entirely legitimate criticism, both inside and outside Bosnia, for his authoritarian stance. The Serbian government, a Dayton signatory, is entirely within its rights to argue against the unilateral imposition of major changes to the agreement, as is the Russian government. There is no conspiracy to create problems for the EU; unfortunately the EU’s high-handed actions in Bosnia have been quite sufficient to create this crisis.
Armas nucleares, de ayer a hoy
En medio de tanta especulación sobre el famoso “choque de civilizaciones”, sobre todo en su versión más reduccionista de confrontación entre islam y occidente, tenemos dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que es relativamente fácil deconstruir (a la manera de un Ferran Adrià) estos dos conceptos, para ver que su complejidad interna, su heterogeneidad, nos obligan a un esfuerzo de análisis considerable, pero limita la credibilidad de un escenario de confrontación tan global como simplista.
La mala noticia es que, por culpa de tales reduccionismos, estamos perdiendo de vista la emergencia de nuevos fenómenos de desorden mundial, que constituyen en sí mismos una poderosa amenaza, entre otras cosas y más allá de la voluntad política de sus responsables directos porque los medios de acción que hay sobre la mesa son aterradores. Estamos hablando de las armas nucleares, de modo que no se trata tanto de la emergencia de una nueva amenaza, como de una vuelta al escenario de un viejo conocido.
Y ES QUE con las armas nucleares han pasado cosas muy curiosas. Por un lado, nos tuvieron en vilo –a la humanidad entera– durante más de cuatro décadas. Vayan a cualquier hemeroteca de los años cincuenta, sesenta, setenta y ochenta, y a lo largo de una semana ordinaria (esto es, sin crisis como la de los misiles de Cuba de 1962) podrán constatar que las armas nucleares estaban cuatro o cinco días en las primeras páginas, ya se tratara de pruebas nucleares, de amenazas nuevas, o –cuando había suerte– de negociaciones. De todo ello salió progresivamente una de las cosas más insólitas de la llamada guerra fría, y que se estudia todavía hoy en los centros especializados como claro ejemplo de la alta racionalidad que alcanzó el mundo bipolar.
Por ejemplo, los dos bloques, o mejor dicho, sus jefes (Estados Unidos y la URSS) podían enfrentarse en varios sitios del planeta, incluso a través de guerras como las de Corea o Vietnam, y luego Afganistán, pero al mismo tiempo y en paralelo negociar complejos tratados sobre armas nucleares como los Salt I y Salt II en 1972 y 1979, por no mencionar el polémico TNP (Tratado de No proliferación Nuclear) que consagró en 1968 un arbitrario pero securizante invento jurídico. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que, casualmente, eran los únicos que tenían entonces armas nucleares, decidieron que nadie más podía tener. Bien, pero mal, porque en la actualidad estamos viviendo momentos de gran inestabilidad en torno a la cuestión de las armas nucleares, pero a los países que no firmaron el TNP no les es exigible que lo cumplan, y los que lo firmaron y lo incumplen, reciben tratos tan dispares como Corea del Norte e Irán por parte de la comunidad internacional.
Con todo, lo cierto es que a partir de 1991, la presencia mediática de las armas nucleares decayó radicalmente, como si el fin de la guerra fría hubiera conllevado su desaparición. Lo que de verdad decayó fue el uso político que de ellas hicieron ambos bloques, y en versión más discreta, China, Reino Unido y Francia. Y sin embargo, siguieron existiendo, aunque algunos tratados de reducción se aplicaron de modo constructivo.
SEGÚN LAS cifras disponibles, en el 2006 entre EEUU y Rusia tienen casi 11.000 cabezas nucleares inmediatamente operativas, aunque hay que señalar otras 10.000 y 5.000 más (respectivamente de EEUU y Rusia) que están almacenadas pero no operativas. Sumemos a ello las 700, 350 y 150 cabezas nucleares de Reino Unido, Francia y China, y fíjense que no hemos entrado en calcular las que tienen Israel, India y Pakistán, países que no son firmantes del TNP.
La cuestión es saber por qué, si estas armas todavía existen y son operativas, y por tanto muy destructivas, cómo es que ya no salen en los periódicos o casi. Se habla de los casos de Corea del Norte, que tiene calderilla y, como es bien conocido, cobrará una fortuna por deshacerse de ella, e Irán, que no tiene armas nucleares, y el problema está de momento a otro nivel.
SOLO NOS queda, hay que insistir en ello, la explicación basada en el uso político del arma nuclear, de su exhibición, de sus posibilidades de negociación. Y éste es el meollo del caso. Por un lado hay que considerar algunos aspectos específicos de la actual política exterior de Estados Unidos, como la reactivación del proyecto guerra de las galaxias, con el proyecto de despliegue de diversos sistemas militares en países que, además de haber pertenecido a la zona de control soviética, están en la puerta de Rusia. Por el otro, la descarada ambición de Putin de restituir a Rusia el estatus de “la otra superpotencia” que tuvo en la guerra fría. Con todo esto, Putin y Bush están reabriendo la cuestión nuclear, rearmándose, y a la vez desmontando un complejo entramado de control de armamentos, convencional pero sobre todo nuclear: desde los tratados Salt I y Salt II (años setenta), pasando por los de armas intermedias INF y de armas nucleares estratégicas Start I y II de los años ochenta y noventa. Nos están llevando a un nuevo escenario de guerra fría que ni siquiera tiene antagonismos ideológicos de talla, solo lo que queda como razón última de la política en escenarios como el del mundo actual: el estatus y el poder.
La crisis política belga
Los cinco meses transcurridos desde la celebración, el pasado 10 de junio, de las elecciones en Bélgica, sin que hasta el día de hoy haya sido posible la formación de un nuevo gobierno, son una muestra reveladora de la situación de crisis política que vive Bélgica en el momento presente. Pero más importante que la duración temporal, llamativamente excesiva en cualquier caso, del periodo de negociaciones entre las distintas formaciones políticas para conseguir cerrar un acuerdo de gobierno, es la naturaleza de los problemas que se están planteando en este proceso, que sobrepasan ampliamente los límites propios de las crisis gubernamentales para situarse en una dinámica que alimenta una crisis de Estado de desenlace incierto.
En relación con el Gobierno, cuyas dificultades para su formación originan la presente crisis, es preciso tener presente que en Bélgica, a diferencia de otros países, su composición viene predeterminada constitucionalmente sobre la base del principio de la paridad lingüística, exigiéndose un número igual de ministros pertenecientes a cada una de las dos grandes comunidades lingüísticas, neerlandófona y francófona. Así mismo, y por lo que se refiere a las cámaras parlamentarias, éstas funcionan sobre la base de los grupos lingüísticos -integrados por diputados y senadores francófonos o neerlandófonos- cuando se trata de aprobar determinadas leyes que puedan afectar a la estructura lingüístico-comunitaria del país (que es precisamente lo que más conflictividad suscita). Resulta obvio que con estos condicionantes relativos a la composición del gobierno y al funcionamiento de las cámaras parlamentarias, tanto la formación de aquél como asegurar el respaldo de éstas al ejecutivo comporta una complejidad y unas dificultades añadidas que inevitablemente repercuten en el funcionamiento institucional.
Pero más allá de estas peculiaridades en la configuración de las instituciones parlamentarias belgas, el auténtico problema de fondo nos remite a la aguda fractura comunitaria que segmenta a la población belga. Una fractura que no sólo tiene manifestaciones en el plano político -las actuales dificultades para formar gobierno serían una de ellas-, sino que tiene carácter global afectando a la sociedad belga en su conjunto, incluyendo también, cada vez con más nitidez, factores de orden económico y financieros (distribución de los recursos financieros del Estado). Se trata de una componente de carácter estructural, tanto por lo que se refiere a la sociedad como al Estado belgas, que condiciona de forma determinante el proceso político en su conjunto así como las diversas opciones y principales decisiones políticas en Bélgica.
A lo largo de las últimas décadas -desde finales de los sesenta a mediados de los noventa- Bélgica ha experimentado un proceso de profunda transformación del Estado, particularmente en lo que concierne a su forma de organización territorial. Partiendo de un modelo inicial de carácter unitario centralizado, ha seguido una evolución de signo progresivamente descentralizador a través de sucesivas revisiones constitucionales -las más importantes en 1970, 1980 y 1993, además de otras menores- que ha transformado a Bélgica, primero en Estado autonómico (revisiones constitucionales de 1970 y 1980) y finalmente (revisión constitucional de 1993) en un Estado federal con características muy peculiares. En especial por lo que se refiere a la doble estructura, comunitaria y regional, en que se basa su singular modelo federal.
A diferencia de otros sistemas federales (y también autonómicos), el belga se articula a través de una doble red: la comunitaria, integrada por las tres comunidades lingüístico-culturales -flamencos neerlandófonos, francófonos, tanto bruselenses como valones, y la pequeña comunidad germanófona de habla alemana-; y, simultáneamente, la regional, integrada por la región flamenca, la valona y la bruselense. Ni el ámbito competencial comunitario coincide con el regional ni tampoco el ámbito territorial ni el de la población que forma parte de cada una de ellas. Así, por ejemplo, Bruselas es una región (pero no una comunidad) que acoge tanto a miembros de la comunidad francófona como neerlandófona; y ni Flandes ni Valonia coinciden en su delimitación territorial con el ámbito territorial de la población de expresión lingüística neerlandófona o francófona. Se trata, en definitiva, de un modelo particularmente complejo que puede llegar a dificultar extraordinariamente, como ocurre ahora, llegar a acuerdos comunes; en efecto, es preciso conjugar no sólo los intereses enfrentados de las distintas comunidades lingüísticas, sino también los no menos enfrentados de las regiones, que no tienen por qué coincidir, como se está poniendo de manifiesto en esta crisis, con aquéllos; así, por ejemplo, los intereses de los valones (francófonos) tienen muy poco que ver, particularmente en el plano económico y social, con los de los bruselenses (mayoritariamente francófonos) por mucho que ambos pertenezcan a la misma comunidad lingüística.
Pero más allá de la complejidad y de las peculiaridades reseñadas en el singular modelo federal belga, lo que realmente constituye el dato más relevante en relación con la crisis política que vive Bélgica actualmente es la ausencia de mecanismos de cooperación entre las comunidades y regiones, y entre ambas y el Estado. A falta de instrumentos de cooperación intercomunitarios e interregionales, se ha ido configurando un modelo, primero autonómico y finalmente federal, basado de forma exclusiva en la sobreprotección de los intereses propios de cada comunidad y región frente a las demás (y frente al Estado), abriendo así una dinámica de confrontación intercomunitaria e interregional de creciente intensidad y de desenlace incierto. Esta es precisamente la situación actual y en este marco es preciso encuadrar la prolongada crisis gubernamental belga en el momento presente.
Sería erróneo considerar que se trata, simplemente, de una crisis de gobierno (aunque ésta sea su manifestación en este momento) de carácter coyuntural, que pueda ser cerrada mediante un acuerdo que haga posible la formación de una nueva coalición de gobierno para la legislatura que ahora se abre tras las elecciones. Siendo ello necesario, la cuestión decisiva en Bélgica es afrontar la crisis estructural, derivada de la aguda fractura intercomunitaria e interregional, que afecta de lleno al Estado en su conjunto y que conduce inevitablemente al bloqueo de su funcionamiento institucional (la actual crisis de gobierno es la muestra más expresiva). En este sentido, no estaría de más que la experiencia de estos últimos meses sirviese para que las formaciones políticas belgas tomasen conciencia colectivamente de la necesidad de abordar sin dilación esta cuestión.
Sólo el restablecimiento de instrumentos de cooperación entre las comunidades y las regiones, y entre éstas y el Estado, puede aportar los elementos que hagan posible una alternativa compartida, intercomunitaria e interregional, a la aguda crisis política que viene sufriendo Bélgica en este último periodo. De no ser así, lo más previsible es que esta crisis crónica se siga reproduciendo en lo sucesivo de forma recurrente pero con una carga de conflictividad intercomunitaria e interregional creciente que dificulte cada vez más encontrar salidas viables. Y bien podría ocurrir finalmente que en alguna de las próximas crisis lo que haya que dilucidar no sea ya la formación de un nuevo gobierno, sino la propia continuidad y existencia del Estado.
¿Pequeños países con suerte?
En su conjunto, las democracias pequeñas de Europa Occidental han sido excepcionalmente afortunadas. Más libres y ricos que cualquier otro lugar del mundo, países como Holanda, Bélgica y Suiza parecerían tener poco de qué preocuparse. Sin embargo, los tres han tenido presencia en los medios últimamente, y no por razones felices.
Hoy la fuerza política con más éxito de Suiza es el Partido del Pueblo Suizo, de Christoph Blocher. El material de propaganda del partido lo dice todo. Un cartel muestra tres ovejas blancas expulsando a una oveja negra de la bandera suiza.
E imágenes de drogadictos y mujeres musulmanas con pañuelos en la cabeza se contrastan en una película promocional con escenas idílicas de los Alpes y bancos que funcionan con eficiencia: la Suiza del Partido del Pueblo.
Vlaams Belang, el partido nacionalista flamenco, puede no ser el mayor partido de Bélgica, pero ha tenido buenos resultados en las elecciones locales. Igual que el Partido del Pueblo Suizo, Vlaams Belang se alimenta del resentimiento popular hacia los inmigrantes – especialmente los musulmanes- de la UE y, por supuesto, hacia los valones de habla francesa, de quienes los nacionalistas flamencos quisieran un divorcio. Este último sentimiento está convirtiéndose en una verdadera amenaza a la supervivencia de Bélgica.
Aunque el Gobierno holandés sigue manejado principalmente por democristianos tradicionales y predecibles, crece el populismo de derechas. El Partido de la Libertad, de Geert Wilders, quiere prohibir el Corán, detener la inmigración musulmana y quitar la ciudadanía holandesa a los delincuentes que vengan de un entorno inmigrante. El nuevo movimiento Orgullo de Ser Holandés, encabezado por Rita Verdonk, ex ministra de Integración, promueve una versión algo más respetable de esta línea dura.
Estos partidos y movimientos comparten la sensación de que los nativos han sido abandonados por las elites políticas liberales, que parecen incapaces o no dispuestas a limitar la marea de inmigración, criminalidad e islamismo, así como la erosión de la soberanía nacional por parte de la burocracia de la UE y el capitalismo global.
La elección de Nicolas Sarkozy en Francia tiene al menos algo que ver con sentimientos similares. Pero los temores de ser devorados por una marea de extranjeros y dominados por potencias externas son más agudos en los países más pequeños, donde las elites políticas parecen particularmente impotentes. El caso holandés es el más sorprendente, ya que, a diferencia de Bélgica, Holanda no tiene una tradición de populismo de derechas ni comparte la insularidad de Suiza.
El caso de Ayaan Hirsi Ali, nacida en Somalia y autora del éxito de ventas Infiel, ilustra muy bien los resentimientos populares y la relativa apertura de la sociedad holandesa. Los holandeses han recibido numerosas críticas, en algunos casos exageradas, por el trato que recibió de su país adoptivo. Ha recibido amenazas de muerte de extremistas islámicos desde que renunció a su fe musulmana – de hecho, desde que la denunció-, y se ha visto obligada a vivir como una virtual fugitiva, si bien bajo la protección del Estado holandés. Antes de mudarse a Estados Unidos, fue obligada a abandonar su apartamento en La Haya debido a las quejas de los vecinos, y casi se le retiró el pasaporte.
Los comentaristas de EE. UU. han acusado a los holandeses de “cobardía inaceptable”. Salman Rushdie la llamó “la primera refugiada de Europa Occidental desde el holocausto”. El modo en que el Gobierno holandés manejó el asunto no fue elegante. Pero no estoy seguro de cuántos gobiernos pagan por la protección de sus ciudadanos privados que viven en el extranjero. EE. UU. no paga por proteger a sus ciudadanos que están bajo amenaza, incluso dentro de su propio territorio.
Es difícil imaginar muchos países donde una joven africana pueda llegar a convertirse en miembro famosa del Parlamento apenas después de diez años de haber pedido asilo. Sin embargo, las razones de su ascenso no son completamente sanas. Sean cuales sean los méritos de sus argumentos contra el fanatismo islámico o las costumbres africanas, especialmente las referidas al trato hacia las mujeres, prestó respetabilidad a un fanatismo diferente: el resentimiento nativo hacia los extranjeros, en particular los musulmanes. De hecho, contrariamente a lo que han escrito ciertos comentaristas, no fueron los cobardes liberales quienes hicieron que Hirsi Ali dejara el país por sus opiniones políticamente incorrectas sobre el islam. Fue traicionada por su propia ex aliada, Rita Verdonk, y una variedad de xenófobos holandeses.
Pero la verdad en estos asuntos cuenta menos que las emociones. Y las emociones en este caso revelan un elemento de lo que los alemanes llaman Schadenfreude, o regocijo ante la desgracia ajena: miren cómo hasta los holandeses, que siempre se jactan de su liberalismo y tolerancia superiores, han respondido como cobardes cuando sus principios se han puesto a prueba.
Es verdad que los holandeses, orgullosos y cómodos dentro de sus estrechas fronteras, con frecuencia han mirado – igual que los suizos- al mundo exterior con ciertos aires de autosuficiencia. Y por eso hoy están siendo castigados. Ése es también el destino natural de ser un pequeño país con suerte en Europa Occidental.
Keeping Faith With Colombia
The proposed free-trade agreement with Colombia has stalled in Congress. The success and stability of Colombia and the Pan-American region depend on our ability to recognize the importance of this agreement to the United States, to Colombia’s economy, to human rights progress and to enhanced U.S. national security.
This fall I spent several days in Colombia, meeting with President Álvaro Uribe and other high-ranking officials in the government and military. I visited refugee camps, economic development zones and counter-drug operations. The Colombia I recently visited is drastically different from the place I visited seven years ago when I served as the U.S. national drug czar.
Colombia’s transformation from a failing state in 2000 to a progressive democracy today is a U.S. foreign policy triumph. In less than a decade, Colombia’s national leaders have made significant achievements reducing violence and the number of illegal groups, as well as improving the country’s human rights situation. The murder rate is at its lowest in 20 years, and kidnappings have decreased by 80 percent. Among the illegal armed groups that have plagued Colombia, 45,000 fighters have been demobilized. The three principal narco-guerrilla groups (AUC, FARC, ELN) have lost nearly all of their political credibility and have suffered more than 13,000 desertions. In addition, the economy has grown robustly, unemployment has declined significantly, and foreign investment has increased dramatically. Colombia’s human rights record also continues to improve. The level of violence against union members and the number of politically motivated homicides are still unacceptable, but the rates of such incidents are down significantly.
The illegal production of cocaine and heroin remains a major challenge for Colombia. However, more than 525 drug traffickers have been extradited during the Uribe administration — by far the most extraditions ever from any country to the United States. The effectiveness of the counter-drug campaign is clear: 66 percent of Colombia’s opium production has been eliminated.
Álvaro Uribe is an extremely popular leader. This Harvard- and Oxford-educated lawyer has accomplished near political miracles in successfully negotiating with criminal groups. Acts of terrorism have decreased 63 percent during his tenure. All of Colombia’s major roads are open for civilian travel for the first time in the country’s modern history. Uribe has also left his mark on the legal system. He has moved jurisdiction for human rights abuses from military to civil courts and appointed the first civilian (and woman) to head the military justice system.
Colombia has made great strides in recent years, but, as with any entity undergoing tremendous change, the roots of political and economic progress are still shallow. Significant disruption could compromise the country’s future.
Approving the free-trade agreement would enable Colombia to continue on its positive course.
Consider three reasons this agreement is necessary:
First, Colombia is an independent, free-market, democratic and long-standing ally of the United States. The value of a relationship with such a strategically located country cannot be underestimated. Aid to Colombia has been supported by a bipartisan congressional majority in the Bush administration and in administrations past. Abandoning Colombia now would jeopardize its security and be a catalyst for human rights regression.
Second, failure to pass the agreement would cast Hugo Chávez and the Venezuelan regime as the best alternative model for Latin America. Such a choice would weaken Colombia’s thriving democracy.
Third, the terms of the agreement would further decrease unemployment by 2 percent — eliminating potential threats posed by additional fighters who are demobilized. Hunger is an enemy that has produced thousands of illegal drug cultivators, but the agreement would help ensure that they have legal, productive employment.
We are facing an unprecedented opportunity to reinforce a U.S. foreign policy triumph that involves a valued ally. Colombia already possesses duty-free access to U.S. markets, thanks to congressional approval of the Andean Trade Preference Act. The benefits of the proposed free-trade agreement lie in its mandate for economic openness, the rule of law and transparency — elements that are critical to Colombia’s long-term growth, stability and security.
Uribe has worked effectively and at great personal peril to combat violence and poverty while promoting economic development. He has improved the lives of his fellow citizens and the security of our hemisphere. We have a strategic and moral obligation to stand behind his successful leadership of a nation at war — a nation that is only three flying hours from Miami.
The negotiations are done, and this historic agreement has been passed by the Colombian legislature. Support for Colombia and the trade agreement is smart foreign policy. Congress has a responsibility to act now.
El nuevo inquisidor de Sevilla
A finales de febrero, la Sevilla que Dostoievski escogió como espléndido marco de su célebre historia de El Gran Inquisidor sirvió de escenario al estreno del montaje teatral de Peter Brook sobre el momento culminante en que el responsable del Santo Oficio encarcela a Jesucristo cuando éste regresa a la tierra 15 siglos después. Para el cardenal sevillano, la reaparición supone una gran incomodidad que le hará pagar caro al resucitado ordenando su muerte. Hasta que le llega la hora, Jesús soporta estoicamente la pena accesoria de escuchar las increpaciones de aquel guardián de la ortodoxia en medio de «una noche española, cálida y olorosa a limoneros y laureles».
En una hora de monólogo, con el gran inquisidor frente al silente personaje de Jesús, emerge el pesimismo de Dostoievski, que ve al hombre como ser sin grandeza al que basta un trozo de pan para alejarle de los ideales de libertad y responsabilidad que predica Jesús en su adelantada parusía. Sabiéndose arbitrario y cruel, el gran inquisidor demuestra conocer mejor la condición humana que el hijo del creador del mundo.
Ese memorable diálogo sin respuestas, en el que uno habla y el otro calla sin otorgar, llevó al gran filósofo de la libertad Isaiah Berlin a concluir que el paternalismo puede crear las condiciones de la libertad, pero niega la libertad misma. El paternalismo no deja de ser «el mayor despotismo inimaginable», según Kant, y no hace del hombre un ser libre sino más felices a los «esclavos».
La libertad, para que no quede en metáfora o retórica huera, exige la ausencia de intimidación y de dominación por parte del poder. Por eso, «ser libre no es nada, pero hacerse libre supone el mismo cielo». De ahí que la libertad nunca se alcance si se ignoran las cadenas, aunque se engalanen con flores, o si se suscribe aquel servil ¡Vivan las caenas! con el que el gentío acompañó el retorno al absolutismo de Fernando VII.
A la luz de esos principios, junto a la solidaridad inestimable de amigos, conocidos y saludados -por seguir el escalafón de Josep Pla-, ayer por la mañana, en mi condición de director de EL MUNDO de Andalucía, me senté en el banquillo de los acusados, codo con codo con mi compañero Javier Caraballo, a raíz de la querella del presidente de la Junta, Manuel Chaves. Todo deriva de la noticia del espionaje al socialista Benjumea, ex presidente de la Caja San Fernando -hoy Cajasol, una vez fusionada con El Monte- y detrás del cual se encontrarían altos cargos del PSOE, según la confesión grabada al espía que siguió sus movimientos desde que las dos entidades se opusieron a la Caja Unica de la actual ministra y entonces consejera, Magdalena Alvarez. La polvareda del AVE de Valladolid, los socavones de Barcelona y el tren de lavado de Málaga parecen rescoldos del fuego que causó en las cajas esa gran pirómana política que es Mandatela Alvarez cuando se le cruzan los cables de la soberbia.
Del procedimiento judicial nada diré, dado mi escrupuloso respeto a quienes nos han de juzgar, aunque deudor de las lecturas de Quevedo y conocedor de sus pleitos con su gran perseguidor el conde-duque de Olivares sepa que «ningún vencido tiene justicia, si lo ha de juzgar su vencedor». Dicho esto y sentado que Chaves está en su derecho a reivindicar el honor supuestamente herido ante la Justicia, nadie puede ignorar que el presidente andaluz y del PSOE ha pretendido abrir un proceso político contra un periódico que le resulta incómodo y, para ello, no le ha importado tratar de instrumentalizar la Justicia.
En su deriva autoritaria, ha ido ampliando su poder a base de anular la capacidad del Parlamento y ahora pretende amordazar a la prensa crítica sentándola en el banquillo para escarmiento general. Como no debiera desconocer aquello de Tocqueville de que la prensa es por excelencia el instinto democrático de la libertad, el querellante Chaves pretende convertir a los medios en meros altavoces. No le bastan ya Canal Sur y la prensa adicta, sino que usa la publicidad institucional y la concesión de licencias audiovisuales para hipotecar la línea editorial de casi todos los demás medios.
Chaves ha logrado dotarse de la patente de corso que hubiera querido para sí Alfonso Guerra cuando le estalló el escándalo de su apicarado hermano y que comprobará estupefacto cómo un caso de nepotismo como el que protagoniza la parentela del presidente de la Junta no sale en los periódicos ni cuando la oposición lleva el asunto al Parlamento. En esas condiciones, puede edificar con toda naturalidad un régimen andaluz que reproduce el modelo caudillo-clientela y que restaura el viejo caciquismo.
Cuando eso ocurre, el presidente querellante puede fijar el valor de su honor en esos 840.000 euros que Chaves reclama. Si se tiene en cuenta que injuriar al Príncipe de Asturias se ha saldado en primera instancia con 3.000 euros, se puede comprobar en qué delirante alta estima se tiene el presidente de la Junta, cuando más le hubiera valido dejar que una comisión parlamentaria esclareciera este episodio especialmente turbio. Pero ya se sabe que, desde que se descubrió el impago del crédito personal que le otorgó la fenecida Caja de Jerez, no ha permitido que la luz se haga en el Parlamento y ahora quiere asegurarse el silencio de los taquígrafos. Como dijo el clásico del liberalismo, «cerrar puertas es cegarse deliberadamente a la verdad, condenarse a un error incorregible».
No deja de sorprender que Chaves sólo considere perjudicado su honor cuando las revelaciones las hace este periódico, pues mientras se querella contra EL MUNDO elude hacerlo contra otros medios que luego publicaron sustancialmente la misma información usando sus fuentes, e incluso colgaron en su web -como en uso de su derecho hizo Abc- el vídeo de la prueba. Honor de tuerto, desde luego. Y más aún sorprende que se olvide o renuncie -él sabrá- a querellarse contra el espía que dijo trabajar a las órdenes de quienes sientan a este periódico en el banquillo. ¿Cómo explicar esta actitud, qué puede cualificar la acción de EL MUNDO frente a las de los otros medios y, lo más importante, qué puede temer de ese informante para no perseguirlo judicialmente? La suerte de su entonces jefe de escoltas y luego promovido a alcalde de Sanlúcar la Mayor, donde -¡oh sorpresa!- acaban de dar un gran pelotazo los sobrinísimos de Felipe González, tal vez explique su contribución a la revancha del presidente del PSOE.
En esas circunstancias, quién puede dudar de que Chaves lo que busca es dar un escarmiento al periódico que, por desistimiento general, le ha colocado en más aprietos y al que acusa de constituir la única oposición en Andalucía, tratando de ningunear a las fuerzas políticas y de desfigurar la naturaleza de un medio de comunicación.
A lo largo de sus 16 años como presidente, descontando el paréntesis del bienio 94-96 en que estuvo en minoría frente a PP e IU y hubo de sacar los enseres personales de la residencia privada que se agenció a costa del contribuyente, dos veces se le ha visto realmente descompuesto: una, cuando el presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, le declaró la guerra y hubo de firmar una paz humillante con quien amenazó con modos de gánster a él y a sus consejeros, según admitían; y otra, en su batalla contra los rebeldes presidentes de las cajas.
En este último caso, sus edecanes le urgían a que actuara, si no quería que no le respetaran ni los concejales de pueblo. Puso en danza aquella frase que González le tomó al oído al panameño Omar Torrijos de «si te aflojas, te aflojan» y que Chaves repite cuando está atacado de los nervios. Y, en medio de aquella guerra fratricida, EL MUNDO estuvo allí para contar el espionaje. No esperé el Premio Andalucía de la Junta, pero tampoco sentarnos en el banquillo y penar la veracidad por una revelación de primer orden. Luego, el episodio se ha repetido con el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, espiado por guardias civiles fuera de servicio y agentes del CNI merodeando su casa, tras ver asaltada la sede corporativa y robado un ordenador clave.
Está visto que algunos no escarmentamos, pese a ver sistemáticamente como los delitos políticos quedan impunes en Andalucía y los únicos que terminan acusados son los periodistas que se juegan el tipo y la hacienda denunciándolos. Así ha sido durante mis más de 20 años de director de periódico, aquí y en Diario 16 de Andalucía, pero aun así no ha habido día en que no aprecie el riesgo de la libertad y orgullosamente esté dispuesto a hacer frente a mi responsabilidad.
Esto es justo lo que hice ayer por la mañana en el edificio de la Audiencia de Sevilla, aunque sepa que, desgraciadamente, la verdad -bien lo sabía El Gran Inquisidor de Dostoievski- no goza de un poder inherente del que carezca la mentira para prevalecer sobre «las prisiones y las hogueras», como sentenciara Stuart Mill. Ni siquiera cuando los hechos hablan a voces.
Un mundo de complejidad abrumadora
Los partidos políticos reformistas y socialistas de Occidente tienen que debatirse con la distancia creciente -incluso hostilidad- que existe entre los ciudadanos y las clases políticas. Los partidos capaces de movilizar por agravios concretos consiguen conservar sus bases o adquirir otras nuevas, pero los partidos con proyectos a largo plazo tienen que esforzarse para mantenerse a flote. La senadora Hillary Clinton cree aconsejable hacer campaña para la presidencia sin un proyecto. Los socialdemócratas alemanes están tratando desesperadamente de volver a sus raíces ideológicas, los socialistas franceses están en pleno caos conceptual, y los laboristas, que están en el poder, también tienen sus problemas. El nuevo Partido Demócrata de Italia intentará reparar el tejido político y social desgarrado por la derecha, pero no promete una gran transformación institucional.
Los partidos actuales, seguramente, disponen de tanto talento como sus predecesores, pero tienen menos capacidad de movilización. Sus dificultades programáticas nacen de que el mundo se ha vuelto mucho más complejo. Nuestro lenguaje político es incapaz de captar las transformaciones contra las que nos enfrentamos. No es extraño que los ciudadanos de a pie, medio siglo después de que Raymond Aron proclamara le fin de l’age idéologique, se sientan escépticos ante los llamamientos a avanzar hacia horizontes lejanos. La vida en sus calles y sus lugares de trabajo ya es bastante dura. La clara pérdida de energía del bloque reformista y socialista pone de manifiesto su falta de convicción. De hecho, en muchas partes de Europa, algunos han confiscado el término “reforma” con el fin de usarlo para referirse a la reducción del Estado de bienestar.
El conflicto entre los defensores del mercado y los protagonistas del Estado de bienestar es real. También es real la posición de los procesos económicos en las instituciones y tradiciones sociales. Las recetas esquemáticas no sirven. La “movilidad laboral” es un lema abstracto, mientras que las familias, los hogares y las redes sociales de apoyo tienen una concreción histórica. Ningún país puede soportar grandes disparidades de rentas durante mucho tiempo sin perder su sentido de nación. Entonces, en el vacío que se produce, florecen las locuras ultranacionalistas. Al final, los incentivos diferenciales, teóricamente necesarios para aumentar la riqueza nacional, pueden acabar destruyendo la capacidad productiva total del país.
La defensa compulsiva de las identidades nacionales (o étnicas y regionales, dentro de los Estados) aumenta a medida que las fronteras externas e internas son cada vez más porosas. Es visible la corriente de inmigrantes hacia Europa occidental y Estados Unidos (y la Rusia europea). Las migraciones del campo a la ciudad dentro de Brasil, China, India y Suráfrica tienen también serias repercusiones sociales internacionales. Los miles de millones de trabajadores baratos añadidos a la fuerza del trabajo industrial en todo el mundo amenazan a la antigua aristocracia laboral mundial en Europa y Estados Unidos.
Está claro que los grandes bancos y empresas industriales y de servicios son internacionalistas. Para ellos, el aumento de la rentabilidad va unido al incremento de escala, de modo que lo que buscan no es un consenso con Washington sino un consenso de dimensiones mundiales, con repercusiones desastrosas para un sector importante de la población estadounidense. Las inversiones internacionales no mejoran necesariamente el desarrollo a largo plazo de las infraestructuras, la expansión de los recursos sociales ni el bienestar de los sistemas que las reciben. Unos gobiernos que no quieren ni pueden mantener controlado el capital nacional mucho menos pueden regular el capital internacional del que depende. El poder militar estadounidense no puede mejorar, ni siquiera defender, el nivel de vida del país. Y absorbe unos recursos morales y materiales que, por tanto, no pueden utilizarse para cubrir nuestras carencias culturales y sociales. La democracia occidental y su acompañamiento indispensable, el Estado de bienestar, presuponían la función central del homo faber, el ser humano productivo. ¿En qué queda la dignidad del trabajo cuando a cualquier empleado se le puede sustituir de forma instantánea? Una cultura derivada de las ideas cristianas de comunidad, aunque después se secularizaran, nos hizo pensar en la feliz coexistencia del ámbito público y el personal. La producción homogeneizada e industrializada de la cultura borra las diferencias entre lo público y lo privado, lo internacional y lo nacional, lo nacional y lo local. La defensa de la identidad se ha vuelto patológicamente agresiva, a menudo xenófoba, sobre todo cuando las identidades son, en parte, ficticias. Hay millones de personas que, liberadas del trono y el altar tras un siglo de modernidad y dos siglos de Ilustración, no pueden soportar la mezcla de una aparente autonomía cultural y una subordinación económica de hecho. Hoy volvemos a encontrarnos con las guerras civiles espirituales de los años treinta y cuarenta, y no sólo en Polonia, sino en el corazón de Europa occidental.
No es exclusivo de los europeos. Sin un pasado medieval ni la experiencia de la Revolución francesa, Estados Unidos cuenta con una violenta derecha cristiana que se siente incómoda ante la sexualidad franca y la libre curiosidad científica. El confucianismo en China, el budismo en Japón, el hinduismo en India, el islam y el judaísmo tienen sus propios fundamentalismos. Marx creía que la modernización capitalista disolvería inevitablemente los cultos locales y la religión universalista. Su más duro crítico en el siglo XX, Max Weber, pensaba lo mismo. Se equivocaron. Ahora disponemos de un capitalismo desmesuradamente celebrado y una modernidad en retroceso. Los seres humanos están contribuyendo a hacer la tierra inhabitable, pero ése es un problema que no podrá resolverse mientras no nos ofrezcan un principio de gobierno a escala mundial. Es comprensible la perplejidad de quienes redactan los programas de los partidos: se enfrentan a una complejidad abrumadora y no saben por dónde empezar.
La ciencia de todos
Que estemos celebrando oficialmente el año de la ciencia o que el primo de Rajoy se haya puesto de moda son cosas que sólo pueden explicarse porque la ciencia se ha convertido en un asunto público, en una cuestión de ciudadanía. Desde hace algunos años han hecho aparición en el escenario público una serie de temas y problemas que eran insólitos en la agenda política: conservación de la naturaleza, seguridad de la alimentación, clima mundial, código genético, contaminación, enfermedades, salud en general. En la política se tramitan asuntos que hasta ahora apenas eran objeto de atención o interesaban únicamente a unos técnicos especialistas.
En última instancia, este interés se debe a que estamos inmersos en unos experimentos colectivos que se escapan de los límites más o menos manejables de un laboratorio. Una de las peculiaridades de estos experimentos sociales consiste en que no se llevan a cabo en el interior de un laboratorio y que carecen de reglas establecidas. El científico tradicional trabajaba con modelos y simulaciones que podían ser repetidos, probados y asegurados. Era posible experimentar previamente con animales, materiales o software. El experimento clásico basaba su éxito en la posibilidad de reducir y simplificar la naturaleza en unas dimensiones que eran controlables en el laboratorio. Mientras que en el laboratorio se trabaja con un modelo más pequeño, nuestros experimentos colectivos se llevan a cabo en la magnitud original, sin que exista la posibilidad de repetir el experimento, reducirlo o acumular conocimientos acerca de las causas y consecuencias de nuestras acciones. No hay ninguna reducción posible del experimento colectivo, nada que lo sustituya, por lo que tiene que ser llevado a cabo sin la suficiente certeza. Esa extensión del laboratorio convierte a la sociedad en un ensayo general. De ahí que las cuestiones de la ciencia interesen ya a todos, generando preocupación y esperanza, o demandando participación.
Nuestra dificultad radica en la complicación que supone el hecho de que el laboratorio actual sea todo el planeta. Los experimentos se hacen a escala uno igual a uno, en tiempo real. El calentamiento de la tierra, la configuración global de la economía o la producción alimentaria son ejemplos elocuentes de este modo de experimentar. La especial inquietud o irritación que estos experimentos producen obedece a sus dimensiones incontrolables, a su carencia de regulación y a las dificultades de establecer algo parecido a una marcha atrás.
Paralelamente a todos estos procesos la ciencia ha perdido el monopolio del saber asegurado. La ciencia no puede sino decepcionar la expectativa de procurar un saber fiable, cierto y exento de riesgos. Los otros sistemas sociales vienen a compensar esta especie de inexactitud social. Los criterios para juzgar la calidad y la relevancia del saber ya no son definidos únicamente por los científicos. La producción del saber se convierte en algo reflexivo y con deudas sociales, que la sitúa frente a unas modificadas obligaciones de legitimación.
Nuestro gran problema consiste en cómo llevar a cabo la reintegración social de la ciencia cuando sabemos que están en juego asuntos demasiados importantes como para dejarlos únicamente en manos de los especialistas. En nuestros experimentos colectivos no funciona aquella división del trabajo en la que tenía sentido la figura del experto como mediador entre la producción del saber y la sociedad. Nadie es un mero aplicador de innovaciones que proceden de no se sabe dónde. No tiene nada de extraño que consumidores, ciudadanos, gobernantes aspiren a hacerse oír y participar en los experimentos colectivos. La política de la ciencia y de la naturaleza se ha constituido como un asunto central de la nueva ciudadanía. Ya no estamos en la época en la que los expertos hablaban acerca de datos incontrovertibles y gracias a su saber ponían punto final a toda discusión política. La democratización de la ciencia no significa abolir la diferencia entre el experto y el que no lo es, sino en politizar esa diferencia.
La democracia exige hoy una cierta recuperación de soberanía sobre las cosas y los procesos naturales bajo las condiciones de la actual complejidad. Se trataría de resistir al prejuicio de que no hay alternativa (o sea, política) porque el mundo es incontestable y está definido por unos privilegiados. Recientemente hablaba Hans Magnus Enzensberger de unos “golpistas en el laboratorio” que quieren poderes absolutos y no someter sus decisiones a procesos de deliberación pública. El ecologismo, los movimientos antiglobalización o las organizaciones de consumidores responden a esta exigencia de participación, con una lógica muy similar al combate que se libró, en otro tiempo, contra las monarquías absolutas para dejar de ser súbditos y pasar a codefinir el mundo común. Lo que menos ha cambiado es que se trata precisamente de la misma batalla por reducir las voces autoritarias a una conversación democrática.
A singular vision
Russia’s parliamentary elections, on December 2, pose the first big test for the system of “managed democracy” pioneered by Vladimir Putin.
Judging by the latest opinion polls, everything is going perfectly – from his government’s point of view.
The president’s party, United Russia, is set to win a landslide victory, with about 60% of the vote. The liberal opposition will be routed, while modest success for the Communist rump will add authenticity to the proceedings. And Putin, who is ostensibly stepping down next March after two terms, will be free to pick his next job.
Whether his new post is prime minister, president emeritus, chief executive of Russia Inc or simply resident Kremlin eminence grise, in the manner of Ivan Grozny, does not really signify. Upwards of 80% of Russians firmly expect Putin will continue as chief guide and arbiter of the nation’s fate; over 50% would make him president for life.
So well managed is Putin’s “managed democracy” (aka “sovereign democracy”) that political opponents wonder aloud whether there is any point in having elections at all.
That may be the next step. But for now, the Duma polls are a test bed, of sorts, for March’s presidential elections.
Many suspect that, if Putin has his way, Russia’s next president will be an easily manipulated nobody plucked from his predecessor’s pocket. Fairly or not, the placeman most likely to succeed is said to be Viktor Zubkov, elevated from obscurity to the prime minister’s office in September. His chief political quality is loyalty.
Putinism, as the managed democracy phenomenon is coming to be known, depends on firm central control of all the main levers of power and influence – and is thus not dissimilar to some Soviet era “isms” of varying respectability. According to Mikhail Kasyanov, a former prime minister, the system has been gradually refined since 2004, when Putin won re-election.
“Increased regulation of political parties, civil society and NGOs, the cancellation of elections for regional governors, changes to the Duma election procedures, and raising the threshold for parties to win parliamentary seats are all measures that have advanced this cynical approach,” Kasyanov said.
Absolute, centralised controls on internal security forces, on expanded state monopolies and on the electronic mass media were also part of Putinism’s toolbox, he said. Anti-democratic trends at home had been mirrored in foreign policy during the same period, for example by Moscow’s attempts to manipulate Ukraine’s elections and its unhelpful stance on Iranian sanctions. And the decision to withhold visas from international election observers was typical of the new chauvinism.
Speaking to the Russia Foundation in London today, Kasyanov warned that a “KGB spirit” was dominating and haunting his country. If Russian voters and the outside world “swallowed” parliamentary elections that were certain to be deeply flawed, and accepted the theft of the presidential poll as well, then a “dark totalitarian future” awaited Russia.
Kasyanov said his People for Democracy and Justice party was in talks with other opposition groups, including Yabloko and Garry Kasparov’s Other Russia, to try to agree a shared platform and a single presidential candidate. If a united front was achieved, he said, it could command more than 20% support.
“There is still a hope that the presidential election can be ‘normal’,” he said. But he did not appear very optimistic. Even if the Kremlin juggernaut fails to crush them entirely, Russia’s opposition parties, notorious for internecine feuding, may do the job themselves.
Just as Russia once exported Marxist revolution, it may now be creating an international market for Putinism. While the western democracies have grown vociferous in their criticism of Russia’s subversive state, “managed democracy” is gaining a growing number of fans elsewhere.
Former Soviet republics in Azerbaijan, Belarus and central Asia are following fashions set in Moscow. Developing countries such as Venezuela and numerous African and Asian states are swinging that way, too.
More often than not, instinctively undemocratic, oligarchic and corrupt national elites find that an appearance of democracy, with parliamentary trappings and a pretence of pluralism and transparency, is much more attractive, and manageable, than the real thing.
Putinism, as it is now evolving, fundamentally challenges American assumptions that the 21st century will see the inevitable triumph of “western values”. In Putin’s controlled, shuttered world, liberal democracy is a plot, not an opportunity. He will certainly “win” next month’s election battle. And his brainchild could yet win the wider war.
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